Designa INAI a quienes revisarán perfiles de candidatos a consejeros del INE

Sergio López Ayllón y César Iván Astudillo evaluarán las trayectorias de los aspirantes a ocupar el cargo de consejero electoral de 2017 a 2026. Son tres los espacios que quedarán vacantes a partir del 4 de abril.

Sergio López Ayllón y César Iván Astudillo Reyes fueron designados como integrantes del Comité Técnico de Evaluación que analizará y evaluará los perfiles y trayectorias de las y los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que ejercerán el cargo por nueve años, de 2017 a 2026.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó los nombramientos, en función de la facultad que le otorga el artículo 41 de la Constitución, en donde se establece que el Comité Técnico de Evaluación se debe conformar por siete personalidades de conocido prestigio: tres, nombradas por la Cámara de Diputados; dos, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y dos, por el Instituto.

En un comunicado, el INAI recordó que el 22 de febrero pasado, la comisionada presidente, Ximena Puente, recibió el oficio con el que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, solicitó al INAI el nombramiento de dos personalidades.

En respuesta, el Pleno del Instituto votó y aprobó en sesión pública el acuerdo ACT/EXT/PUB/27/02/2017.02, mediante el cual designó, por unanimidad, a López Ayllón y Astudillo Reyes, como integrantes del Comité Técnico de Evaluación, encargado de evaluar el cumplimiento, los requisitos constitucionales y legales, así como la idoneidad de los aspirantes a desempeñar el cargo de consejeros electorales del INE.

Los consejeros electorales Arturo Sánchez, Beatriz Galindo y Javier Santiago concluyen su periodo el 4 de abril, por lo que con estos primeros pasos inicia el proceso de su relevo.

El INAI detalló las trayectorias de los dos integrantes nombrados por el INAI.

Sergio López Ayllón cuenta con una carrera académica profesional de más de 30 años, con amplio reconocimiento nacional por sus Investigaciones en materia de transparencia y derecho a la información, derecho público, regulación y sociología del derecho.

Desde 2010, ha sido reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Nacional Nivel III y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, así como de otras asociaciones científicas nacionales e internacionales.

Ha contribuido en la creación y consolidación del entonces IFAI, del sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema de Centros Públicos de Investigación. Además, fue miembro del comité que evalúa a los candidatos a formar parte de este órgano colegiado, así como de la comisión de selección que designó a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Forma parte de diversas organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, la Red por la Rendición de Cuentas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Actualmente dirige el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

César Astudillo Reyes es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel II, desde el año 2010; cuenta con amplia experiencia académica en materia de derecho constitucional así como con actividades de Investigación en la materia.

Imparte Cátedras en la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las materias de derecho electoral, derecho parlamentario, derecho constitucional, teoría de la constitución y derechos humanos.

Desde el año 2006, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que fungió como coordinador del área de Derecho Electoral, durante el período comprendido de 2011 a 2014.

Asimismo, es presidente de la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y cuenta con diversas publicaciones académicas y artículos periodísticos en materia de Derecho Electoral, así como más de 10 años de experiencia en materia electoral.


Destaca su participación en 2014 como Coordinador de la Comisión de Evaluación de Ensayos en el Proceso de Selección de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales de 18 Entidades Federativas, así como su participación como coordinador del Programa de Análisis del Libro VI del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los Procedimientos Electorales del Voto a los Mexicanos en el Extranjero.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2702/mexico/designa-inai-a-quienes-revisaran-perfiles-de-candidatos-a-consejeros-del-ine/

Google puede ser demandada en México

Ciudad de México. Una sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estableció un criterio jurídico que pone contra la pared a la empresa Google, pues estableció que la firma trasnacional sí puede ser demandada en los tribunales mexicanos, aunque su domicilio fiscal esté en Montail View, California, en Estados Unidos.

Al determinar que los tribunales mexicanos sí son competentes para resolver demandas civiles contra Google, la octava sala civil estableció que una demanda por daño moral interpuesta por un mexicano contra la empresa (por varios millones de dólares) debe ser resuelta en México y no ante los tribunales de Santa Clara, California, como lo quería la compañía de búsqueda de información por internet.

Entre 2012 y 2015, las demandas civiles por daño moral presentadas en tribunales de la ciudad de México contra la compañía fundada por Larry Page y Sergey Brin (ambos se conocieron en la Universidad Stanford en 1995) se han incrementado considerablemente, pues en 2012 sólo había registro de tres juicios y para 2015 el número de demandas llegó a 89, según registros del Poder Judicial capitalino.

La mayoría de las demandas son por el hecho de que Google permite que su buscador ubique páginas que difunden calumnias, blogs que usurpan la identidad de personas o imagines privadas o de menores de edad no autorizadas para su difusión.

La resolución de la octava sala civil en que fija competencia para los tribunales mexicanos en las demandas contra Google surgió del juicio iniciado por una demanda que interpuso en 2015 el abogado mexicano Ulrich Richter Morales.

El abogado postulante y activista ciudadano demandó a Google por daño moral, mientras que a sus directivos los denunció penalmente por ser cómplices del delito de usurpación de identidad, ya que se negaron a borrar de los resultados de su motor de búsqueda la dirección de un blog que usurpa la identidad del litigante.

Richter interpuso el juicio de daño moral contra Google por permitir la difamación de su nombre a través de ese blog que se difunde a través del motor de búsqueda de la empresa trasnacional.

En entrevista, Richter explicó que su blog original es http://ulrichrichterm.blogspot.mx, y de éste, alguien generó un blog "pirata" que usurpa su identidad, y cuya dirección es http://ulrichrichtermoraless.blogspot.mx/.

Pero es éste el primero en aparecer en el motor de búsqueda de Google.

Según Richter, la información contenida en el blog pirata puede tipificarse dentro del supuesto establecido en el artículo 211Bis del Código Penal para el Distrito Federal, de usurpación en su identidad, y contempla una pena de uno a 5 años de prisión y de 400 a 600 días multa.

El abogado demandante responsabilizó a Lino Cattaruzzi, director general de Google México, de negarse a retirar la información con que se usurpa su identidad.

Desde hace un año, Richter Morales ha sido sujeto de una cruzada en su contra a partir de que tomó el caso de María Fernanda Fosado Bracho, quien demandó por la custodia de su hija a Juan Manuel Rubalcava, hermano del delegado con licencia de Cuajimalpa Adrián Rubalcava, involucrado en la ejecución de campañas sucias contra personajes políticos y medios de comunicación en las redes sociales.

El abogado, también autor de los libros Manual del Poder Ciudadano. Lo que México Necesita y De la Protesta a la Participación Ciudadana, presentó su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el 14 de agosto de 2014 en la que le pide a la trasnacional Google información de quienes están usando su servicio Blogspot para emitir mensajes para involucrarlo con lavado de dinero.

Fuente: La Jornada

Autor: Alfredo Méndez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/02/google-puede-ser-demandada-en-mexico

La PGR deberá informar sobre 38 operadores financieros de grupos criminales

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar información de 38 presuntos operadores financieros de diferentes organizaciones delictivas, capturados por la Policía Federal.

Dicha información deberá incluir los siguientes datos: nombre del grupo criminal al que pertenecían, situación jurídica, cantidad de averiguaciones previas iniciadas en su contra y números de expedientes.

Al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Inai), el pleno del organismo precisó que la PGR deberá proporcionar el nombre de este grupo de personas, detenidas entre septiembre de 2013 y julio de 2014, que cuentan con una sentencia condenatoria ejecutoriada irrevocable.

Ello debido a que “existe un interés público en conocer a quiénes se les comprobó que atentaron contra bienes jurídicos como la estabilidad económica, la seguridad del sistema financiero del país y la seguridad nacional”.

En cuanto a las personas cuya culpabilidad no haya sido comprobada, el pleno resolvió que su nombre deberá clasificarse como confidencial hasta que exista una sentencia condenatoria irrevocable en su contra pues, de lo contrario, su difusión afectaría su vida privada al relacionarlas con una acusación aún no probada o improcedente.

En su respuesta inicial a una particular que requirió la información, la PGR la orientó a presentar su solicitud ante la Policía Federal (PF) con el argumento de que ésta fue la que reportó y detuvo a las 38 personas.

Inconforme, la solicitante presentó un recurso de revisión ante en el INAI, mismo que fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana.

Al analizar el caso, la comisionada advirtió que si bien las 38 personas en cuestión fueron detenidas por la PF, también fueron puestas a disposición de la PGR para la investigación correspondiente.

Además, afirmó que la PGR no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, pues turnó la petición a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda pero omitió a otras unidades competentes que pueden contar con lo la información solicitada.

También sostuvo que la PGR está en posibilidad de identificar a las 38 personas referidas porque participó conjuntamente con la PF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el programa para la prevención, investigación y análisis de lavado de dinero, en cuyo contexto se llevaron a cabo las detenciones motivo del recurso en revisión.

Así, la comisionada propuso al pleno del Inai revocar la respuesta de la PGR e instruirle a entregar a la requirente la información de las 38 personas detenidas que operaban estructuras financieras de organizaciones delictivas, omitiendo únicamente el nombre de aquellas que no cuenten con una sentencia condenatoria irrevocable.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

Ordena Ifai a PGR revelar número de cuerpos enterrados clandestinamente en Veracruz

Debe reportar los cuerpos localizados entre 2011 y febrero de 2015.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que busque y dé a conocer el número de cuerpos inhumados ilegalmente en Veracruz, que hayan sido localizados entre  2011 y febrero de 2015.

Dicha información requerida deberá estar desglosada de la siguiente manera:

número de cuerpos identificados
número de cadáveres entregados a sus familiares
si alguno de ellos era de nacionalidad centroamericana
La petición se deriva de una solicitud realizada por un particular, luego de que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y la Dirección General de Servicios Periciales, respondieron no haber localizado documento alguno con las características requeridas por el solicitante.

La PGR manifestó que su Comité de Información confirmó la inexistencia de la información.

Inconforme con la respuesta emitida, el ciudadano presentó un recurso de revisión ante el instituto de transparencia, el cual fue turnado al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

“En alegatos, el sujeto obligado reiteró la inexistencia  y agregó que, al ser el delito de inhumación en su generalidad del orden común y no del ámbito federal, no está obligada a contar con la información solicitada. Precisó que la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz  es la encargada de recibir las denuncias y llevar a cabo las correspondientes investigaciones por ese delito”, señala el comunicado del Ifai.


“En el análisis del caso, el comisionado ponente expuso que si bien por regla general, la investigación del delito de inhumación ilegal es un acto plasmado como delito del orden común, también es tipificado por el orden federal, como lo prevé el artículo 280 del Código Penal Federal”, abundó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ordena IFAI a Pemex revelar entrega de recursos al sindicato

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó este miércoles a Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar, en un plazo de 10 días hábiles, datos sobre recursos asignados de 1994 a 2014 al sindicato de la paraestatal en su sección de Tabasco, tal y como lo solicitó un usuario de la ley de transparencia.

Tras debatir en el pleno del IFAI el tema, a propuesta del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el organismo resolvió hoy un caso sin precedente en México, luego del cual ya todos los sindicatos deberán rendir cuentas de los recursos que reciban de las entidades públicas.

Hace más de cuatro meses el peticionario solicitó a Pemex Gas y Petroquímica Básica le hicieran llegar el listado electrónico con todos y cada uno de los recursos que le fueron transferidos a la sección sindical tabasqueña de 1994 al 2014.

Sin embargo, la paraestatal solicitó prórroga para entregar la información y días después el propio sindicato se amparó para evitar que Pemex entregara al ciudadano la información requerida.

No obstante, luego de que un juez federal desechara la solicitud de amparo, el organismo autónomo garante atrajo el caso y se asumió como la autoridad competente para resolver el recurso de revisión que había interpuesto el peticionario.

Fue así que este miércoles el IFAI resolvió en el pleno ordenar a la paraestatal entregar al ciudadano la información requerida.

Acuña Llamas destacó la relevancia del caso, pues sienta el precedente de que ahora en adelante ya ningún sindicato estará exento de ser escrutado en cuando a los recursos que reciban de las entidades públicas gubernamentales.

El comisionado federal dijo que el recurso de amparo había sido hasta ahora el instrumento más recurrente para que los sindicatos no entregaran o no permitieran que se entregara a los ciudadanos información de cuántos recursos les son transferidos, sin embargo, esto llega a su fin y ya todos los organismos gremiales deberán rendir cuentas ante la ley y la sociedad.


Según el Sistema de Consulta de Registro de Asociaciones de la STPS, en México se encuentran registradas mil 694 organizaciones sindicales, tanto del sector privado como de organismos públicos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

El Ifai se autoevaluará para medir su eficacia

La comisionada presidenta, Ximena Puente, presentó una herramienta para "medir la eficacia e impacto de los programas y acciones de la institución".

El Instituto Federal de Acceso a la Información presentó una herramienta de autoevaluación para conocer el desempeño de sus programas y áreas.

El Sistema de Evaluación y Desempeño Institucional (SEDI), tiene como objetivo “medir la eficacia e impacto de los programas y acciones de la institución”, afirmó la comisionada presidenta Ximena Puente.


Agregó que con esta herramienta se permitirá “alinear nuestro desempeño institucional con el objetivo de garantizar el derecho de todas y todos los mexicanos a la información pública”.

Comunicado IFAI OA 045 15:

  Comunicado IFAI OA 045 15

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Gobierno federal vuelve “confidenciales” 12 millones de expedientes… en apenas 2 años

En las oficinas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el órgano de la Transparencia Mexicana, se ha formado una montaña de preguntas que no encuentran respuesta. Y es una montaña que crece hacia lo alto y lo ancho con un ritmo desbocado. En dos años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer en poco más del 50 por ciento el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy existen 12 millones 120 mil 71, según consta en el órgano de la Transparencia Mexicana.

El Archivo General de la Nación –conservador de los archivos de la administración pública- contribuyó por su parte con este catálogo. Al acervo del periodo conocido en México como “Guerra Sucia”, que se encuentra en la Galería uno, le puso la categoría de “confidencial”. Ya no puede acudirse a ese pasado de sombras y dolor que aún entraña muchas personas sin localizar y muchas preguntas.


Para quedarse con dudas, no es necesario viajar por la Historia. El Gobierno Federal le puso lazo a información vital sobre asuntos que en el presente agobian a los ciudadanos; por ejemplo el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, el Centro de Planeación Estratégica con el que la Presidencia inhibe el espionaje de otros países, o el diagnóstico de la Guerra contra el Crimen Organizado. Tampoco puede saberse qué dicen las encuestas que manda a hacer ex professo sobre su persona y en las que gasta millones de pesos el Presidente.

¿Cuál es el protocolo de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en México ahora que 43 normalistas no se encuentran en ningún rincón? ¿Qué diagnóstico recibió el Presidente Enrique Peña Nieto sobre la Guerra en contra del Crimen Organizado en 2012 de manos de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)? ¿Qué funcionarios del Estado Mayor Presidencial permitieron que el Zócalo se convirtiera en estacionamiento en septiembre de 2014 durante el Segundo Informe de Gobierno? ¿Qué hace la empresa Productos de Consumo Omega con 128 millones de pesos en un centro de datos para la Oficina de la Presidencia? ¿Cuánto se le pagó a Alfonso Waitshman, maquillista de la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, en un viaje a China? ¿Qué le dicen las encuestas al Presidente, mandadas a hacer sobre su imagen? ¿Está enfermo el Presidente Peña Nieto? ¿Hay un gasto para que el recién nombrado Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, actúe apegado a la Ética?

Dudas que forman una montaña tanto de papel como de archivos digitales en la oficina del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) que jamás en su historia de 13 años había tenido en su entraña un cúmulo tan grande de negativas para brindar información. En dos años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer en poco más del 50 por ciento el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy están ahí 12 millones 120 mil 71, según consta en el Índice de Expedientes Reservados [http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados].

Cada pregunta entraña una historia gestada en el interés nacional. Las han hecho ciudadanos, investigadores, periodistas, estudiantes tesistas o abogados que día con día, han contribuido a formar este inmenso cuestionario al Gobierno Federal a través del IFAI. Ninguna encuentra respuesta. En algunos casos, las entidades cuestionadas han respondido que la información es inexistente. Pero lo que prevalece para negar datos es la clasificación por periodos que van de dos hasta doce años. De modo que la mayoría de esos asuntos no se conocerá hasta después de 2018; es decir, cuando la presente administración federal haya concluido su mandato y las siguientes decidan o no quitarle la categoría de “reserva”.

Ernesto Gómez Magaña, experto en Transparencia de la Organización no Gubernamental Contraloría Ciudadana, piensa que “la Rendición de Cuentas es un puente tendido entre dos partes. De un lado están los ciudadanos. Del otro, los Gobiernos. Para que los segundos brinden explicaciones de sus actos, los primeros deben pedir, exigir, preguntar”.

Pero hasta ahora, no hay entidad de la administración pública que no haya decidido ponerle un lazo a su información. La que más lo ha hecho es la Procuraduría General de la República (PGR) con un millón 695 mil 921 expedientes. Luego, se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un millón 341 mil 784. El tercer lugar de este índice lo tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con 967 mil 838.

Para no responder, la administración federal se ha cobijado sobre todo, con los argumentos legales de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que permiten bajo varios criterios mantener en reserva la información gubernamental. Los más socorridos son la seguridad nacional, el menoscabo de negociaciones con otros países, el posible daño a la estabilidad financiera o la puesta en riesgo de la vida de algunas personas.

El Archivo General de la Nación –sujeto obligado del IFAI- contribuyó por su parte con el catálogo de información confidencial y clasificada. Al acervo del periodo conocido en México como “Guerra Sucia”, que se encuentra en la Galería uno, se le puso la categoría “confidencial”, por lo que no puede consultarse a menos que se lleve una pregunta directa; es decir, datos precisos de un expediente.

¿Por qué estaba abierta esa galería? El 27 de noviembre de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) firmó un Acuerdo para formar la Procuración de Justicia por Delitos Cometidos Contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp) la cual, a través de un comité interdisciplinario para la reparación del daño, solicitó a las dependencias federales la apertura de archivos. La Fiscalía desapareció en 2206, pero ese pasado de sombras y dolor siguió documentado ahí, en el AGN, repartido en miles de averiguaciones previas, fotos, publicaciones, revelaciones de espionaje o las acciones de la extinta Dirección Federal de Seguridad.

Tras la firma del acuerdo foxista, víctimas e investigadores de esa etapa de México convirtieron a la consulta en una acción cotidiana. Se buscaban fichas bibliográficas, se pedía acceso a documentos; siempre había alguien en esa área del AGN buscando algo. ¿Por qué pudo clausurarla el presente Gobierno? En enero de 2012, el entonces Presidente Felipe Calderón promulgó la Ley Federal de Archivos que tres años después, le permitió a la presente administración cerrar ese archivo fundamental en la memoria del país.

Clasificar no es una acción a la que haya recurrido en especial la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. El Gobierno foxista –encargado de inaugurar la Ley General de Transparencia con la instalación del IFAI- dejó seis millones de carpetas clausuradas. Algunas de ellas se refieren al crecimiento de su patrimonio, el gasto de su campaña electoral y los gastos de la Oficina de la Primera Dama, Martha Sahagún. Todo ello no se podrá conocer hasta 2018.

Los asuntos que más clasificó el sucesor de Fox en Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), tienen relación con averiguaciones previas que surgieron durante el combate al crimen organizado. De modo que dos años después de su salida de la casa oficial de Los Pinos, no es posible un conteo certero del número de víctimas mortales y de desaparecidos en ese pasaje de México calificado por todas las visiones expertas como traumático.

LO QUE NO PUEDE SABERSE EN NUESTRA CASA

En octubre de 2013, el semanario alemán Der Spiegel publicó que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos se había infiltrado en los archivos de la Presidencia de México. La proeza había llegado hasta el correo electrónico del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, según los datos que proporcionó Edward Snowden, ex empleado de la CIA. Tras la revelación, en los archivos del IFAI consta que el Estado Mayor presidencial construyó un Centro de Planeación Estratégica para lo cual, adjudicó mediante licitación directa el contrato AD-SN-020 de tres años por 128 millones de pesos, a las empresa Productos de Consumo Omega.

Ese consorcio brindará “servicio integral de infraestructura y aprovisionamiento del centro de datos para la oficina de la Presidencia de la República”.

Un ciudadano preguntó quién adueña esta empresa y cuál es su trabajo. Ninguno de estos datos le fue proporcionado porque la información tiene clasificación hasta después de 2018.

Hay rutas que ya no se siguen. Por ejemplo, las que tienen relación con la búsqueda de personas desaparecidas o sin paradero conocido. En 2014, el flujo de preguntas que conduciría a métodos de búsqueda cesó por parte de los peticionarios. Y es que si un ciudadano se empeñara en conocer cuál es el protocolo del Gobierno Federal para buscar a quien de repente desaparece de la faz de México; por ejemplo, esos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos cuya ausencia ha descarrilado al Gobierno, no llegaría a nada.

El 15 de febrero de 2013, la Junta de Gobierno de la entonces Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) clasificó por un periodo de 12 años el protocolo de búsqueda dado que su contenido “encuentra relación directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”. Esa procuraduría se convirtió en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y tiene 257 expedientes guardados y de los que le heredó el gobierno anterior, sólo ha desclasificado uno.

SinEmbargo ha sido uno de los peticionarios de la CEAV. Y la respuesta que obtuvo fue un legajo que indica: “La motivación de esta clasificación se hace consistir en (que) el presente protocolo contiene la recopilación de mejores prácticas en materia de búsqueda y localización de personas, así como procedimientos de inteligencia aplicados al tema, que van desde técnicas de entrevista hasta métodos de análisis de información”.

Más allá del número de desaparecidos, hay ciudadanos que le han requerido a la Presidencia de la República, en qué diagnóstico se ha basado la Guerra en contra del Crimen Organizado y si el ex Presidente Felipe Calderón dejó algún documento que brinde luces en ese sentido. La Primera Magistratura reconoce que así fue, que el mandatario anterior dejó un diagnóstico titulado “Panorama Nacional”; pero en una sesión ordinaria del IFAI se determinó que esa información sería clasificada como reservada por 12 años porque se trataba de un asunto de “seguridad nacional”.

¿POR QUÉ WAITSHMAN APARECE EN EL IFAI?

“Amigos me desconecto unos días de las redes sociales porque me voy a China q emociooooooooooon nos vemos en una semana y documento los momentos”, escribió el maquillista Alfonso Waithsman. Su siguiente Tweet fue para publicar una foto de sí mimo con las letras: “China … allá voooooy”. Era 11 de noviembre de 2014 y en México, frente al Palacio Nacional, un grupo identificado como anarquista se atrevió a quemar la Puerta Mariana del recinto.

Si las redes sociales se han convertido en canales comunicantes de los funcionarios públicos (El Presidente las usa para expresar condolencias o felicitaciones; las dependencias publican ahí sus agendas; el director general de la Conagua, David Korenfeld se disculpó en Twitter sobre el uso de un helicóptero), también son un indicador social. Y a Alfonso Waitshman aquella vez no le fue bien. Cientos de tuiteros estimaron que la presencia del maquillista en la comitiva presidencial era un dispendio, un signo de ostentación.

Por eso, hay ciudadanos que le han requerido a la Presidencia de la República a través del IFAI los recibos de honorarios del maquillista de Angélica Rivera. Tanto por el viaje a China como por otros eventos en los que también trabajó como El Grito de Independencia. La Presidencia ha sostenido que en sus archivos esa información es “inexistente”.

Y tampoco está el nombre del funcionario cuya orden permitió que el Zócalo se convirtiera en estacionamiento de camionetas Suburban en septiembre de 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto rindió su Segundo Informe de Gobierno.

¿QUÉ PIENSAN DE MÍ LOS MEXICANOS?

El Presidente más telegénico; el que cuando celebró el triunfo de las elecciones llevó “fans” al edificio de su partido, el Revolucionario Institucional, en vez de los campesinos y obreros que acudían de manera tradicional; arribó a su segundo año de Gobierno con la peor calificación para un mandatario en el mismo momento político. Sólo tiene el 40 por ciento de aceptación, según promedian los resultados de las encuestadoras GEA-ISA, Ulises Beltrán y el diario Reforma.

El pasado 27 de marzo, en Tlaxcala, el Primer Mandatario, expresó: “Yo estoy entregado a servir y cumplir los objetivos que trazamos para México, realmente no hemos hecho un esfuerzo para trabajar para la popularidad sino por realmente asegurar que México tenga calidad de vida en su población, haya condiciones de mayor bienestar, podamos abatir los niveles que por muchos años hemos tenido en rezado: pobreza y desigualdad, y lograr que México pueda crecer económicamente”.

Pero en el POT se ha escrito un relato paralelo. Sólo en encuestas, el Presidente ha invertido 65.3 mdp, según documentos de la Coordinación de Opinión Pública de la Presidencia. Hay que decir que hasta hace poco ese gasto era mucho mayor. El ex Presidente Felipe Calderón pagó en sus primeros dos años de gobierno 141.6 mdp en lo mismo, poco más de la mitad de la cantidad que reporta el gobierno peñista.

Hoy es posible conocer lo que preguntó Calderón Hinojosa a través de las respuestas de la Presidencia en el IFAI: el 1 de diciembre de 2006 mandó encuestar sobre: “Para usted, ¿quién es ahora el Presidente legítimo de México? Las respuestas le susurraron: “Calderón con 93.1 por ciento y Andrés Manuel López Obrador con 4.8 por ciento”. Sobre todo, el ex mandatario ordenó hacer encuestas sobre la aceptación de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto como oponentes rumbo a la Presidencia. De paso, pidió estudios de opinión sobre el nivel de aprobación de su esposa Margarita Zavala, el impacto respecto de la muerte de quien fuera Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y hasta las creencias sobre la presunta culpabilidad del cantante Kalimba, acusado de violación en 2008. Así, en su sexenio se gastaron 275.7 mdp sólo en encuestas.

¿Qué pregunta Peña Nieto? ¿Qué le informan? ¿Qué le susurran al oído? ¿Qué le dicen las encuestas de popularidad para las cuales –él dice- no trabaja? Los ciudadanos, los periodistas o los investigadores lo sabrán una vez que concluya el presente sexenio. El IFAI determinó que los resultados de las encuestas y estudios de opinión que empresas privadas levantan para la Presidencia de la República son información reservada hasta el 1 diciembre de 2018; es decir, cuando tome posesión su sucesor.

El consejo del IFAI debatió sobre las encuestas presidenciales debido a dos recursos de revisión derivados de un par de solicitudes. En una, un ciudadano le pidió a la Presidencia los documentos generados en 2013 por la empresa Sr. & Friends S. A. de C. V., relativos a un análisis coyuntural, análisis retrospectivo y/o prospectivo, mapa de actores políticos y análisis de Twitter. En la otra, el peticionario quiso las bases de datos de las encuestas realizadas en 2013 y 2014 cuyos números de contrato están publicados en el POT. Con tal de no revelar la información, la Presidencia recurrió al IFAI que le dio la razón.

Por lo pronto, Sr. and Friends es la empresa más beneficiada entre las que hacen análisis político y estrategias de comunicación, con 2.7 mdp el 17 de agosto de 2013 y cinco mdp en el mismo mes, pero de 2014.

Un ciudadano envió un requerimiento el 21 de agosto de 2013 a través del IFAI: “Solicito a la Presidencia de la República las encuestas que ha realizado en el último semestre sobre la percepción de la sociedad respecto de las acciones de gobierno y sobre la percepción de la sociedad sobre la imagen del Presidente Enrique Peña Nieto”.

La solicitud fue turnada para su atención a la Coordinación de Opinión Pública que respondió: “… En relación a la solicitud y de conformidad con el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se hace de su conocimiento que la información solicitada ha sido clasificada como reservada debido a su vigente relevancia para la toma de decisiones, es decir, forma parte de los insumos para el proceso deliberativo de instrumentación o redefinición de las políticas. La revelación de estas medidas, antes de su puesta en marcha, podría incidir en las mismas, dando como resultado que no tengan el impacto deseado …”

LOS SESENTA DÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Lo anterior ocurre mientras Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública está por cumplir sesenta días en un cargo que durante dos años permaneció acéfalo. La fecha de su nombramiento, el pasado 3 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto le dio la encomienda de investigar los contratos otorgados a la compañía que construyó la casa que posee en Ixtapan de la Sal, así como los de la llamada “casa blanca” de su esposa, Angélica Rivera Hurtado. Es decir, el Grupo Higa, el que también le vendió una propiedad con una hipoteca laxa al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Hasta ahora, no ha informado absolutamente nada.


Los parámetros éticos del desempeño del Secretario tampoco pueden conocerse. La Secretaría de la Función Pública informó a través del IFAI que no existe nada al respecto en sus archivos. Así, con sus 227 mil 356 expedientes archivados, esa dependencia contribuyó con el cúmulo de expedientes que ahora mantiene clausurados el Gobierno Federal.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1303365.

Dictamen completo de la Ley de Transparencia (documento)

Este es el documento que llegó a la Cámara de Diputados la semana pasada, luego de que el dictamen fuera aprobado por el Senado.

El pleno del Senado aprobó, el pasado miércoles 18 de marzo, la Ley General de Transparencia, la cual obligará a los tres niveles de gobierno, sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos, partidos y otros entes a transparentar su información y rendir cuentas sobre los recursos públicos que utilizan.


El dictamen aprobado por los senadores llegó a la Cámara de Diputados, y lo compartimos con los usuarios de este sitio de noticias:

20150319-V by Aristegui Noticias:

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PGR (otra vez) se niega a entregar el expediente de Tlatlaya, ahora por falta de copias

Pese a dos señalamientos públicos del IFAI, la Procuraduría rechazó proporcionar una versión pública de la averiguación y los peritajes. La respuesta no fue validada por el Comité de Información de la misma Procuraduría.

La Procuraduría General de la República (PGR) negó transparentar la investigación realizada por el homicidio de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, ahora con el argumento de que, tras una búsqueda “minuciosa y exhaustiva”, no encontró una copia de la averiguación que consignó.

En dos ocasiones este año, el 14 de enero y el 24 de febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) había advertido a la Procuraduría que estaba obligada a entregar versiones públicas del expediente, ya que no procedían los argumentos esgrimidos para no hacerlo, como la reserva del mismo o el que ya no lo tuviera tras enviarlo a un juzgado.

Pero en un documento fechado el 9 de marzo, entregado como respuesta a una solicitud hecha por este reportero, la PGR otra vez rechazó entregar los datos solicitados en torno a los peritajes practicados.

“El 29 de octubre del 2014 el Agente del Ministerio Público (…) ejerció acción penal ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, estado de México, remitiendo la averiguación previa con su respectivo pliego de consignación en original y duplicado, sin que haya dejado copia en sus archivos” señaló la Procuraduría en el oficio sin firma.

La averiguación y el pliego de consignación que la PGR dice ya no tener, son nada más y nada menos los expedientes en donde se encuentras enumeradas y asentadas todas las pruebas con las que fueron consignados once militares por los hechos ocurridos en Tlatlaya, aunque solo tres de ellos acusados de homicidio.

Para dar esta respuesta, la PGR había solicitado una ampliación al periodo original de 20 días que marca la ley con el objetivo, según dijo la misma dependencia, de realizar una búsqueda “minuciosa y exhaustiva” de la información requerida.

En el documento entregado tras ese periodo, la dependencia señaló que turnó directamente la petición de información a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizado (SEIDO) que a su vez solicitó los datos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de Fuego, en donde contestaron que ya no tienen nada.

A diferencia de solicitudes de otra naturaleza, la Procuraduría no reportó que se hubiera hecho una búsqueda en otras áreas como la fiscalía de procesos o la de delitos cometidos por servidores públicos.

Aunque la PGR tiene un Comité de Información responsable de verificar la legalidad y justificación de las respuestas que dan las distintas áreas a solicitudes de transparencia, como ocurre en otras dependencias, en el documento entregado se reconoce que el mismo no fue consultado bajo el argumento de que la SEIDO “no está sujeta a la autoridad de ese comité” como señala el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

El “no” reiterado

A finales de octubre del año pasado, la PGR consignó ante un juez la averiguación relacionada con la ejecución extrajudicial de civiles a manos de soldados, ocurrida el 30 de junio del 2014 en la localidad San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya.

Los principales acusados fueron tres soldados del 102 batallón de Infantería, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a los que se les imputó homicidio. El único mando involucrado, según la procuraduría, fue el teniente Ezequiel Rodríguez, procesado por encubrimiento.

A partir de ese anuncio, la PGR recibió una solicitud de transparencia para que se dieran a conocer los peritajes del caso, pero se negó a hacerlo argumentando que el expediente estaba reservado por doce años.

Tras los recursos de revisión, el 14 de enero de este año el IFAI señaló públicamente que la Procuraduría debería dar a conocer una versión pública del expediente luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos clasificó el caso como de graves violaciones a los derechos humanos, lo que anula la imposición de la reserva.

En febrero la PGR volvió a rechazar nuevas solicitudes para conocer detalles del expediente, pero ahora se justificó diciendo que el caso ya no lo tenía porque había sido consignado. Los comisionados del IFAI, Oscar Guerra y Areli Cano, le insistieron nuevamente a la Procuraduría para que proporcionar una versión pública del expediente y no actuara de forma negligente, lo que no ha hecho hasta ahora.

La PGR no solo le ha negado la información a los ciudadanos y medios de comunicación. La diputada Margarita Elena Tapia, coordinadora de la comisión especial para la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya en Cámara de Diputados, reveló que tampoco les proporcionaron datos.

La legisladora dijo en una entrevista radiofónica que el argumento que les ha dado la PGR es que el caso está en curso. Este planteamiento es contrario a lo que ha expuesto en las solicitudes de transparencia respecto a que es un caso cerrado y envido a los juzgados.

Potencia en opacidad

En 2014 el IFAI dio a conocer las diez dependencias de toda la administración federal que tienen el dudoso honor de liderar el mayor número de quejas por la falta de respuesta a solicitudes de transparencia. La PGR, con más de mil 800 quejas hasta febrero de ese año, ocupaba el cuarto sitio, solo superada por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La entonces comisionada Jacqueline Peschard señaló que la Procuraduría era una de las dependencias en donde se “habían encontrado problemas” para transparentar la información requerida por los ciudadanos en general.


En un lapso de siete años, el IFAI reportó que presentó ante la Función Pública casi 40 denuncias en contra de funcionarios de la misma Procuraduría que de plano no acataron las resoluciones del pleno y continuaron negando la información solicitada. Dicha cantidad fue muy superior al segundo sitio que ocupó la Policía federal con seis denuncias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

Ordena Ifai amplio informe sobre actuación del Ejército en caso Iguala

México, DF. Al resolver un nuevo recurso relacionado con la actuación del Ejército en el periodo en que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer una búsqueda exhaustiva de su documentación y entregar una información pública de todos los partes relacionados con la actuación del 27 batallón del Ejército, con base en Iguala, Guerrero, entre el 25 y el 30 de septiembre.

En su proyecto de resolución, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey señaló que esta determinación se tomó a partir de la consideración de que la desaparición de los estudiantes ya ha sido considerado como un caso en el que se registraron violaciones graves a los derechos humanos.

En consecuencia, señaló, es importante el conocimiento público de la información.

Recordó que no es el primer caso que el Ifai ha resuelto sobre la actuación del ejército en aquellos días, pero el recurso ahora interpuesto, abarca un periodo más amplio de los reportes militares de la actividad del citado batallón, antes y después de los hechos en los que presuntamente están involucrados autoridades.


Por tal motivo, se consideró viable la petición del solicitante de obtener una versión pública, en donde se eliminen sólo aquellos datos personales que no hayan hecho públicos la autoridad y por tanto obliga a la Sedena a entregar la documentación requerida. Esto a partir de que el pleno del Ifai no admitió la argumentación de incompetencia que alegó la dependencia para rechazar la solicitud.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA

Ordenan a la PGR hacer pública averiguación del caso Ayotzinapa

Por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar la versión pública de la indagatoria sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de tres más el pasado 26 de septiembre.

El pleno del órgano de transparencia decidió por unanimidad, revocar la respuesta de la PGR a un particular a quien le indicó que la información está reservada por tratarse de una averiguación previa en trámite, en la que diversas personas y funcionarios públicos han sido consignados y están sujetos a proceso penal.

La PGR, que preside Jesús Murillo Karam, señaló al requirente que existen dos indagatorias por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y los diversos que pudiesen acreditarse pero se negó a proporcionarle la información debido a que la averiguación previa está en trámite.

Sin embargo, la comisionada ponente Areli Cano recordó que la PGR no puede invocar el carácter de reservado cuando se trata violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Por su parte, el comisionado Joel Salas refirió que el pasado 27 de enero la PGR dio su informe final en el que señala que en la averiguación previa se investigaron delitos distintos a la desaparición forzada y que aún está pendiente analizar todas las constancias para verificar si es posible imputar este delito.

“De inmediato surgieron denuncias sobre la ausencia de pruebas jurídicas y científicas contundentes, así como que de los padres de familia no fueron informados de las conclusiones reportadas, tal como se había comprometido” la PGR, apuntó el comisionado.

Por ello pidió que toda autoridad involucrada en el caso cumpla con el principio de máxima publicidad y divulgue la información generada.

Salas expresó su confianza en que los legisladores protegerán los avances de más de una década en materia de transparencia y evitarán retrocesos o propuestas en la ley secundaria “que vayan en contra del espíritu de la reforma constitucional”.

En su oportunidad, la comisionada Patricia Kurczyn recordó que el caso Ayotzinapa ha lastimado a la sociedad mexicana y del mundo, por lo que no puede pasar desapercibida una resolución tendiente a revisar este grave problema de violación a los derechos humanos.

El comisionado Oscar Guerra insistió en que esta información debe conocerse y que el acceso a ésta debe ser visto como un derecho humano. Aclaró que el Ifai no pretende invadir ninguna otra competencia en ese ámbito como podría ser el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Creo que no hay invasión de competencias, se habla de la posibilidad de que la comisión en algún momento se viese presionada por este Instituto si nosotros hiciéramos una calificación del acontecimiento en que cayera como de violación grave de derechos humanos, creo que no es, ni tiene que ser el caso”, afirmó.

En tanto, el comisionado Eugenio Monterrey defendió el hecho de que la sociedad pueda observar, protegiendo los datos personales de cualquier investigación, la procuración y la administración de la justicia.

“Ese es el verdadero efecto de aplicar, por parte del organismo garante, esta excepción a la reserva”, explicó.

Tras presentar sus argumentos, los comisionados determinaron revocar la respuesta de la PGR e instruirle a entregar al particular una versión pública de la averiguación solicitada.

En dicha versión se deberán omitir los datos personales de los presuntos responsables, las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del Ministerio Público y servidores públicos con funciones operativas.

Los nombres que no podrán ser protegidos son los de aquellos servidores públicos que presuntamente participaron en esos hechos y que ya son públicos, además de que han sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.

La resolución del IFAI se da a dos semanas de que el instituto instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar fotografías y registros tomados a los normalistas por el Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, así como informes sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.


El plazo para que la Sedena proporcione dicha información vence el próximo viernes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ley de transparencia debe tener altos estándares: Guerra Ford

"Queremos que haya una definición precisa de lo que es seguridad nacional, esto va ayudar a todos", sostuvo el comisionado del Ifai.

La ley general de transparencia debe aprobarse con altos estándares; el tema de transparencia a nivel nacional es lo que se discute, es un asunto fundamental para transitar a una democracia electoral y de contenidos, señaló el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Ifai), Óscar Guerra Ford.

En entrevista para Aristegui CNN, dijo que los comisionados del Ifai “han asumido una postura conjunta, entregando un decálogo a senadores que deberían ser considerados”.

Recordó que “hicimos llegar al Senado, diez puntos relevantes en la definición de lo que será la ley en materia de transparencia”.

Y explicó que “lo que hay ahorita en las comisiones del Senado es una iniciativa, a partir de ahí hay documentos de trabajo que han surgido de escuchar a diferentes sectores de la sociedad”.

“Todavía no hay ningún predictamen, harán audiencias públicas para escuchar otra vez a los sujetos obligados, a la sociedad civil”, agregó.

Guerra Ford dijo que el primer punto de los diez consiste en “que el Ifai pueda, como lo hace ahora, tener una excepción a la causal de reserva de averiguaciones previas y de documentación relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es decir que cuando una información sea solicitada por cualquier persona de una averiguación previa o documentación o determinado acontecimiento y esta sea reservada porque es una causal de reserva, el Ifai pueda analizar si este acontecimiento se convierte o puede ser calificado como una violación grave de derechos humanos o crimen de lesa humanidad para hacer la excepción y ordenar la entrega de esta información en versiones públicas”.

“Así lo hemos hecho, hemos resuelto en casos como el de San Fernando, el de Tlatlaya y hay un proyecto para el caso Iguala, creemos que es fundamental que la gente pueda acceder a información que impacta a la sociedad”, añadió.

Sostuvo que “no queremos invadir ninguna función, pero queremos que se pueda acceder a la información en un tiempo razonable”.

“El Senado considera que puede haber una intromisión en las funciones y competencias en derechos humanos. No lo creemos así… nosotros lo calificamos para dar acceso a la información, esto no nos va impedir que en algún momento podamos coincidir, porque hay parámetros, no es discrecionalmente”, aseveró.

Guerra Ford afirmó que el Ifai “tomará una decisión muy responsable y apegada siempre a derecho para estos casos, creemos que debe de continuar así y se debe de pronunciar el Ifai para poder abrir la información de que sean los hechos menores, nadie los quiere, pero que sí llegan a acontecer, lo mínimo que tenga la población es información de lo que sucedió”.

El comisionado apuntó que “en la reforma constitucional quedó una excepción para los recursos que resuelva el Ifai, y quedó la excepción de seguridad nacional y con una sola instancia que sería la Consejería Jurídica, eso ya está en la Constitución y no nos estamos oponiendo, pero lo que sí queremos es que haya una definición precisa de lo que es seguridad nacional, esto va ayudar a todos, a los ciudadanos que soliciten información, a las autoridades y obviamente a la Consejería Jurídica y en su momento hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Estamos pidiendo que haya posibilidad de que el tercer interesado, en este caso el solicitante o recurrente en su momento, pueda participar en ese sentido dado que será afectado, está bien que la Suprema Corte resuelva, pero sí queremos que se acote porque si no va a estar recurriendo la Consejería Jurídica cuestiones al no estar definidas a la interpretación”.


“Si queremos todos ganar confianza, la transparencia es la suma de confianzas, ahora que se hicieron las reformas estructurales, la de telecomunicaciones, energética, obviamente se habló de que todos los procesos de licitación hay entrada de inversión extranjera y nacional, para aumentar la competitividad tendría que ser transparentes. Hay un principio económico que dice que la competencia perfecta se puede dar cuando hay información perfecta”, abundó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.