En resolución definitiva de mayo de 2012, la Corte ordenó a Peña que sus empleados, los titulares de Semarnat, Medio Ambiente y Agua, dejaran de bombear el agua del río Yaqui hacia los campos de golf y empresas de la capital de Sonora (donde tiene agua de más con sus presas, ríos y los 600 pozos de la costa de Hermosillo), porque robaban el líquido que pertenece al municipio de Cajeme, al Valle del Yaqui (donde el agua apenas alcanza para un cultivo de tres que deberían ser) y a los siete pueblos yaquis. Incluso esa resolución obliga a Profepa para que las cuatro dependencias suspendan ese robo que abusando del poder, el ahora encarcelado desgobernador panista Guillermo Padrés impuso; y quien también se construyó una presa particular para regar sus cultivos. Esto fue hace seis años y es hora que Peña se mantiene en desacato, sin que la Corte le haya dado 
La gobernabilidad de México ya es un asunto del pasado. La reciente cancelación de una gira del presidente Enrique Peña Nieto a Reynosa, Tamaulipas, es el más emblemático ejemplo de cómo el gobierno federal perdió –si es que alguna vez intentó llevar a cabo– la llamada “guerra” contra el crimen organizado.
El día 16 de octubre en un acto público, el presidente Enrique Peña Nieto, mostrando su enojo, comentó sobre la renuncia del ahora exprocurador Raúl Cervantes y le echó la culpa a la vorágine política que se presenta en los tiempos actuales. La renuncia es una más que se presenta en la actual administración, en este caso es la primera en la Procuraduría General de la República, que ya lleva tres titulares. De alguna manera, la causa de esa renuncia es el tema del nombramiento del fiscal anti-corrupción.