Socorro Flores Liera, primera jueza mexicana en la Corte Penal Internacional

La embajadora mexicana María del Socorro Flores Liera fue electa ayer lunes 21 de diciembre, por la 19 Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, para convertirse en jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) para el periodo 2021-2030.

Según lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado emitido ayer por la noche, la elección de la embajadora mexicana es “reflejo del compromiso” del Gobierno de México con la justicia internacional “para combatir la impunidad de los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto”.

Los Moreira, denunciados ante la Corte Penal Internacional

Con base en declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos, decenas de organizaciones civiles mexicanas denunciaron ante la Corte Penal Internacional a los hermanos Moreira, gobernadores de Coahuila, por su presunta complicidad en los atroces crímenes cometidos durante sus gobiernos contra la población civil. Académicos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas consideran que, si se comprueba la implicación de los Moreira, pueden atribuirse al Estado mexicano delitos como las masacres de Allende y Piedras Negras.

Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no sólo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.

Las familias de Allende llevarán a los Moreira a la corte de La Haya

La organización Familias Unidas, que agrupa a familiares de víctimas de desaparición en Coahuila, prepara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Coahuila. La abogada de la asociación, Ariana Denise García Bosque, detalló que la demanda es en contra de los perpetradores, pero también de los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por omisión, como son los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Recientemente, Sergio Aguayo,  académico del Colegio de México, fue demandado por el ex Gobernador Humberto Moreira por difamación. Por su parte, el también articulista sostuvo que el trasfondo es precisamente una investigación que realiza sobre lo sucedido en Allende.

El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés enfrenta nuevas acusaciones por la masacre de Allende. La documentación sobre las desapariciones forzadas llevadas a cabo durante su gestión y la de su hermano Rubén Moreira Valdez será llevada ante la Corte Penal Internacional (CPI) antes de que acabe el año por Familias Unidas, una asociación que agrupa a familiares de las víctimas.

Ariana Denise García Bosque, representante legal de la Asociación, detalló que los testimonios de un juicio en Texas se sumarán a la documentación de la asociación en la denuncia internacional.

“Podríamos hablar de un hecho aislado, en donde no necesariamente una persona de la función pública tuviera la obligación de ver lo que está sucediendo, pero hablando de estos hechos tan terribles como los de Allende o la denuncia que se hizo ante el Estado con la Comisión de Derechos Humanos diciendo la ilegalidad del GATE [Grupo de Armas y Tácticas Especiales] podríamos aventurarnos y decir que sí se podría deducir una responsabilidad”, dijo la activista.

En días pasados, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un ex miembro del cártel de Los Zetas, acusó que altos funcionarios de la administración del Gobernador Humberto Moreira recibieron dinero del cártel a cambio de operar con libertad.

Las declaraciones fueron presentadas durante un juicio en Texas en contra del supuesto líder Zeta Marciano Millan Vázquez. Los pagos se hicieron a través de Vicente Chaires Yañez, asistente personal de Moreira, y de Jesús Torres Charles, ex Procurador estatal, según la declaración del testigo difundida por el diario estadounidense San Antonio Express News.

Sobre Allende, familias de las víctimas y organización han acusado que fueron Los Zetas, ayudados por la omisión de las fuerzas de seguridad pública local, quienes perpetraron en los municipios de Allende y Piedras Negras la masacre y desaparición de hasta 300 personas. A la fecha sólo han sido reconocidas 28 desapariciones y 11 asesinatos, por parte de las autoridades.

La denuncia en la que trabaja García Bosque desde hace tres años no será la primera que se presente por el caso Allende ante la CPI. Esta semana el aspirante a Gobernador, Armando Guadiana Tijerina, presentó una demanda por delitos de lesa humanidad ante la Corte de La Haya.

“Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes”, dijo García.

La mayoría de desapariciones en Coahuila fueron realizadas en grupo, detalló Blanca Martínez Bustos, integrante de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, hace un mes y durante la presentación del informe “Atrocidades innegables” de Open Society. Para muestra un botón, dijo, pues el Centro Juan de Larios registró entre el 2007 y el 2015 un total de 494 personas desaparecidas, agrupadas en 164 casos.

En entrevista con SinEmbargo, García Bosque explicó por qué se puede decir que los Gobiernos de los hermanos Moreira cometieron desapariciones forzadas:

—¿Cómo están documentando la información de desapariciones forzadas?

—Tenemos tres años trabajando. Sabemos de antemano que presentar una denuncia de esa naturaleza en la CPI no se trata sólo de ir a decir que está pasando algo. Al día de hoy tiene más sustento lo que estamos trabajando, porque es de todos sabido que en Estados Unidos hay un juicio, en contra de una persona que tiene presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ya se recopiló la totalidad de los documentos que se necesitaban, de los testimonios y ahorita estamos trabajando para presentar todo esto ante la CPI.

—¿Qué testimonios incorporan y qué relación tendrá el juicio con la denuncia?


—Tenemos lo vertido y que es público, a través de diferentes publicaciones como el San Antonio Express News. Y, obviamente, los archivos que se convierten en públicos del juicio. Tenemos testimonios donde aparecen nombres que son de personas que nosotros registramos como desaparecidas. Es por eso que se vincularía este testimonio con lo que ha acontecido en el estado. Además, tenemos casos desde el 2007, pese a que la asociación empezó a trabajar en el 2013. Se han acercado a nosotros personas que tenían temor de denunciar la desaparición, a raíz del reproche de la propia autoridad, de hacerlos desistir, con la consigna de que si denunciaban podía suceder algo peor.

—¿Tienen ustedes registrado algún indicio de ocultamiento u alteración de los casos de desapariciones por parte de las autoridades estatales?

—Han sido dos ocasiones en las que el estado ha manejado teorías de lo que supuestamente aconteció en Allende. La primera de ellas fue en el 2014 con un hallazgo de hasta 4 mil fragmentos de osamentas, de acuerdo con la versión del Procurador. Públicamente dijeron que estos fragmentos eran imposibles de cotejar con el ADN de sus familias. No pasaron ni 15 días, cuando ya teníamos publicaciones en las que les estaban entregando los restos a las familias. Pero más allá de eso, el Gobernador del estado [Humberto Moreira] en una entrevista pública reconoció que no eran restos sino que se les había entregado tierra del lugar de los hechos, e hicieron una justificación de que esto había sido una entrega simbólica a petición de las familias. Lo que preguntamos fue que si esto era una entrega simbólica por qué también se han estado entregando actas de defunción.

—¿De cuántos actas estaríamos hablando?

—Se hace presumible, por información de quien aquel entonces era Subprocurador en el área de no localizados, de que se trataba de 11 casos.

—¿Y cuántos testimonios integrarán la denuncia que presentarán ante la CPI?

—No podríamos dar una cifra en cuanto a los testimonios, porque de un solo caso podrían desprenderse varios testimonios. Aquí el punto es que hablamos de dos etapas en las que se han perpetrado desapariciones en el estado. Una es el desafortunado caso de Allende en donde se empiezan a perpetrar desapariciones desde el 2009, aunque no es sino hasta el 2012 cuando se habla del terror que implementaron estos grupos criminales. Y a partir del 2013, tenemos otro tipo de desapariciones, documentadas por nosotros como desaparición forzada y que fueron perpetradas por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales [GATE] del Gobierno del Estado, que ahora se denomina Fuerza Coahuila.

—¿Cómo operaba el GATE?


—El detalle es que realizaron detenciones arbitrarias, después de eso mantenían oculta a la persona. Los testimonios que se desprenden aseveran que privaban de la libertad a una persona. La familias salían a las instituciones a buscarlos, para ver si se encontraban detenidos en alguna celda, y encontraban una negativa. A veces pasaban hasta tres o cuatro días para que las familias pudieran tener conocimiento de dónde estaban. A esto se le llama desaparición forzada, porque es una desaparición, seguida por el ocultamiento de una persona, y sus perpetradores fueron directamente una corporación policial. Tenemos 15 personas aún no localizadas [15 de 85 casos de desaparición forzada].

—¿Qué sucedió con los que sí aparecieron?

—Las demás, al se encontrados, tenemos testimonios vivos de que fueron objetos de tortura por parte de esa corporación. Esta corporación llamada GATE no tenía sustento legal cuando comenzó a operar. Se habla de su creación desde el 2009, y para el 2015 esta corporación no había sido reconocida dentro de un marco jurídico. Que omite la ley orgánica de la Comisión estatal de Seguridad, porque no existía. Posterior a ello, pues hacen un cambio de denominación llamarle a esa corporación Fuerza Coahuila.

—Tanto las presuntas desapariciones cometidas por la GATE, como las de Allende se cometieron durante el Gobierno de Humberto Moreira y del actual Gobernador Rubén Moreira. ¿La denuncia tendrá alguna implicación para ellos?

—Obviamente, aquí hablamos de una participación de los perpetradores. Pero también hablamos que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, todos los funcionarios superiores: es decir, Gobernador, Secretario de Gobierno, Procurador y Comisionado de Seguridad, todos tienen responsabilidad por omisión. Ellos estaban obligados por ver y velar por la seguridad de todos los ciudadanos del estado. Resulta a veces imposible de creer que estas personas no se dieron cuenta jamás de lo que estaba sucediendo. Entonces, cabría una posibilidad de responsabilidad para los funcionarios. Ya en su momento cada instancia tendría que advertir si sí o no, de acuerdo a las obligaciones de cada funcionario. Y ver si tenía la obligación o el deber de saber lo que estaba sucediendo.

—¿Cómo influirá la denuncia ya presentada por un aspirante a Gobernador Armando Guadiana a la que ustedes pueda presentar?

—Supongo que es un proceso muy aparte. Desconozco exactamente los rubros que están manejando en esa denuncia. Nosotros estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Los más evidentes son homicidio, tortura y desaparición forzada. Existe la participación de un ente del Estado, concretamente, de los directivos del centro penitenciario. Esto va documentado en la denuncia por los manejos que han hecho el estado. Tomando en cuenta la pura declaración del estado en cuanto este supuesto error de que se introdujeron personas al centro penitenciario y que ahí fueron calcinadas. Se habla de un número de hasta 150 personas. Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2016/3069074

Denuncian en La Haya al Estado de Coahuila por masacres

CIUDAD DE MÉXICO: Familiares de personas desaparecidas de la región norte de Coahuila informaron que presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno de la entidad por delitos de lesa humanidad.

Arianna García Bosques, representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, destacó la posible omisión de las autoridades estatales en la masacre de Allende y en el Cereso de Piedras Negras, donde más de 300 personas fueron ejecutadas en 2011.

“Hemos trabajado (la denuncia) desde hace un año con organismos internacionales de derechos humanos que nos asesoran en materia legal internacional, y yo creo que en un par de meses estaríamos presentándola en la Corte Penal internacional”, dijo.

García Bosques señaló que el juicio que se sigue en Texas, Estados Unidos, en contra de Marciano Millán Vázquez, exintegrante de la delincuencia organizada, ha dejado al descubierto diversas omisiones e irregularidades que permitieron las masacres, por lo que esperarán a que se dicte sentencia contra el imputado para obtener información que engrose la denuncia.

El pasado miércoles 13, el empresario Armando Guadiana Tijerina también demandó al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad.

En el documento entregado ante el fiscal de la Corte, Guadiana expone “la falta de acciones por parte del gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila”.

Asimismo, señala “las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos a plena luz del día; esto aunado a que parte de las víctimas, según lo han reconocido las autoridades, fueron ingresadas ilegalmente al penal de Piedras Negras, donde fueron torturados y asesinados”.

Explica también que “en la masacre de Allende perdieron la vida mujeres, ancianos y jóvenes, y no se ha dicho cuántos niños murieron en este hecho tan lamentable, que marcó la vida de los coahuilenses. No se puede dejar pasar por alto que las autoridades se quieran lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado quien actuó solo en perjuicio de las víctimas”.


Añade: “Es relevante destacar que en el penal de Piedras Negras, donde coahuilenses fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados y asesinados, es de control y operación estatal; es imposible pensar que un civil sin autorización judicial fuera ingresado a dicho centro penitenciario”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447810/denuncian-en-la-haya-al-estado-de-coahuila-por-masacres

Guadiana denuncia a Moreira ante Corte Penal Internacional

CIUDAD DE MÉXICO: Después de surgir en cortes de Justicia de España y Texas, el nombre de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, salió de nuevo en una denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por Santana Armando Guadiana Tijerina, aspirante a la candidatura para gobernador independiente de esa entidad.


El también empresario acusó al gobierno de Moreira de “participar de manera activa en los crímenes de lesa humanidad” perpetrados durante las masacres de Allende y del Penal de Piedras Negras en marzo de 2011.

En la denuncia contra funcionarios del gobierno de Coahuila, dirigida al fiscal de la CPI el pasado 12 de julio, el empresario minero aseveró que el gobierno estatal no actuó para detener la masacre y desaparición de cerca de 300 personas cometida por integrantes de Los Zetas en Allende durante más de una semana “a plena luz del día”.

Asimismo, Guadiana Tijerina aseguró que muchas de las víctimas de Los Zetas fueron trasladadas al Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras –una institución controlada por el gobierno estatal–, donde fueron torturadas y masacradas.

Ese penal “servía de matadero para desaparecer, torturar y asesinar a las víctimas de Los Zetas”, denunció el empresario.

Agregó que “el gobierno facilitó el ingreso de las víctimas a un centro penitenciario a su cargo, no obstante de que no había orden de aprehensión en contra de los reos, así mismo permitió la tortura de las víctimas, su asesinato y la calcinación de sus cuerpos, después que los metieron al penal no se volvió a saber nada de ellos”.

Como elementos de prueba, el empresario se basó en 77 reportajes periodísticos publicados en medios nacionales y locales.

El 18 de marzo de 2011, una cuarentena de camionetas con hombres fuertemente armados cerraron el acceso al municipio de Allende y empezaron la masacre de cerca de 300 personas así como la destrucción de 70 casas de la población, mismas que “posteriormente fueron baleadas, saqueadas y destruidas con buldozers”, planteó Guadiana.

En su denuncia, el coahuilense mencionó el testimonio que rindió el empresario Humberto Uribe Tapia –vinculado con Los Zetas– en una Corte de Justicia de Texas, en el que aseveró que Humberto Moreira recibió cuatro millones de dólares de ese cártel a cambio de su protección, afirmación que el exgobernador desmintió el mismo día.

Ayer, una fuente judicial de Texas confirmó a proceso.com.mx que la Corte Federal de Distrito Oeste División San Antonio investiga a Moreira por lavado de dinero que el servidor público habría desviado del erario estatal.

Si bien la acusación se limita a señalar la actuación de autoridades estatales, la denuncia de hechos también involucra a varias dependencias federales, desde el gobierno federal hasta los militares.

“Se ha revelado que las autoridades tanto municipales como estatales estaban enteradas de los sucesos criminales señalados y no actuaron para defender a las víctimas y nada informaron a la ciudadanía”, denunció.

“A unos cuantos kilómetros de Allende se encuentra un cuartel del ejército mexicano, mismo que no se explica la razón por la cual no intervino”, añadió.

Según la argumentación jurídica de Guadiana, la CPI debe tomar el caso ya que “el Estado de Coahuila y el Gobierno de la República Mexicana no están dispuestos a llevar a cabo una investigación imparcial y mucho menos el enjuiciamiento en perjuicio de ningún funcionario público involucrado en la masacre de Allende y de Piedras Negras”.

El texto continúa: “El gobierno se ha lavado las manos con el argumento de que fueron Los Zetas los causantes de la masacre, sin observar que estos actuaron con la complicidad activa de varios cuerpos de seguridad”.

Y recuerda que “en México no se le persigue (a Moreira) por ningún delito, mientras en los Estados Unidos de Norteamérica está investigado y acusado por delitos graves y en España fue apresado por supuesto lavado de dinero y vínculos con Los Zetas”.

Asimismo, planteó que “en la matanza de Allende no se respetó a los niños, mismos que fueron desaparecidos junto con sus padres y también asesinados (…) Violencia extrema contra infantes que debe motivar la intervención de la Corte de Derecho Penal”.

El empresario también señaló que, con el apoyo de su hermano Rubén Moreira –actual gobernador de la entidad, entonces presidente del PRI estatal–, Humberto Moreira tomó medidas para controlar la seguridad y las finanzas del estado después de su abandonar el cargo de gobernador.


Para ello, creó una Fiscalía General y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), a los que dotó de autonomía e independencia respecto al Poder Ejecutivo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/447672/guadiana-denuncia-a-moreira-ante-corte-penal-internacional

La denuncia por masacre contra el gobierno de Coahuila, en la Corte Penal Internacional

Señala "una serie de hechos graves cometidos por acción o por omisión por el gobierno del estado de Coahuila, México, que desencadenaron en la muerte de más de 300 coahuilenses en manos de grupos criminales protegidos por el gobierno en todos sus niveles".

El empresario coahuilense Armando Guadiana Tijerina denunció al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad.

En su denuncia, que fue compartida en su versión en español y en inglés a Aristegui Noticias, sostiene que no hay duda de que en la matanza de Allende y poblados vecinos, igual que en el penal de Piedras Negras, hubo complacencia de las autoridades con grupos criminales.

De no proceder su denuncia, advirtió, “tales crímenes de lesa humanidad quedarían impunes”.

Aquí el documento:

https://www.scribd.com/document/318553713/PN-Terminado-Guadiana

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/la-denuncia-por-masacre-contra-el-gobierno-de-coahuila-en-la-corte-penal-internacional-documento/

Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán… paso libre a la Corte Penal Internacional

MÉXICO, D.F: Las masacres de Tlatlaya y Apatzingán, así como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, abrirían la puerta para que este año la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “pueda afirmar que en México se están cometiendo delitos de lesa humanidad y, en su caso, crímenes de guerra”, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros.

Redactor de una de las peticiones a la Fiscalía de la CPI para que intervenga en México, Sandoval afirma en entrevista que esos tres casos engrosaron el expediente presentado en noviembre de 2011 con el apoyo de 23 mil firmas.

En contacto permanente con el personal de esa fiscalía, encabezada por Fatou Bensouda, Sandoval alerta: es muy probable que el caso de México sea anunciado este año como objeto de un análisis preliminar.

“Cuando se presentó en 2011 la comunicación, se nos dijo que estábamos locos, que nunca iba a prosperar la petición; pero ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto hay temor, están viendo que va a proceder y tratan de cabildear el asunto”, advierte.

Frente al activismo de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, el gobierno de Peña Nieto intensificó su ofensiva para evitar la intervención de Bensouda…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2008 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ (REPORTAJE ESPECIAL).