Tras la liberación de los jóvenes bajo las reservas de ley, los padres de familia, los abogados y los propios estudiantes anunciaron que presentarán una denuncia ante Derechos Humanos por la serie de irregularidades que cometió la Procuraduría poblana para tratar de responsabilizarlos en los ataques con explosivos ocurridos el 27 de marzo y el 1 de junio en esta ciudad.
En la rueda de prensa estuvieron los estudiantes acusados Ana Rosa Zilli Colorado y Dulce Carolina Parra Escalona, de la Facultad de Medicina; Carlos Arafat Rosas Villegas, Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Shariff Guerrero Contreras y Erick López Cruz, de la Facultad de Sociología.
Vélez denunció que aunque los jóvenes fueron detenidos desde las cuatro de la madrugada del viernes, fue hasta las 11:30 de la noche de ese día que les permitieron tener acceso a la averiguación previa para conocer de los supuestos delitos que les imputaban, así como de las pruebas en las que se basaban para su detención.
“Lo único que encontramos es una carta escrita a máquina, en una hoja simple, en la que un supuesto muchacho hace una denuncia anónima de que escuchó una plática de cuatro de los muchachos que hablan de las detonaciones que habían realizado, eso era todo lo que tenían contra ellos”, señaló la abogada, que formó parte del equipo de defensa de los jóvenes.
Además, señaló que en el expediente encontraron las impresiones de unas páginas de internet de un supuesto “Comité Invisible” que se adjudica los hechos del 27 de marzo cuando fue localizado un artefacto explosivo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla.
Así como imágenes de una cámara de vídeo de dos personas del sexo masculino que colocaron ese objeto en el INE, pero de los que no se pueden distinguir rasgos fisonómicos.
“Eso es todo lo que tienen, no hay ninguna prueba real que pueda involucrar a los siete estudiantes, no obstante el trato que tuvieron desde el momento de su detención fue como si fueran terroristas”, indicó la abogada.
Los siete jóvenes narraron que además de que dos de ellos fueron golpeados, los encañonaron, se les mantuvo incomunicados, no se les permitió les ingresaran alimentos, ni agua y se les sometió a un interrogatorio sin que se les precisara su situación, ni de qué se les acusaba. Primero se dijo que eran testigos, luego que tres eran indiciados; después que tres estaban libres de cargos y ahora que los siete están aún como indiciados.
Vélez, quien forma parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Cese al Hostigamiento Social en Puebla, dijo que la actuación de la Procuraduría en el caso de estos jóvenes no es nuevo, pues igual ha procedido en otras detenciones de los llamados presos políticos, como es el caso de la campesina Enedina Rosas.
“Esto no es nuevo, lo mismo vivimos con la detención de la señora Enedina, después de que los detienen inician la fabricación de los supuestos indicios, porque hasta hoy les puedo decir, que en la averiguación no hay nada que pueda incriminarlos”, aseguró.
Hokabet Quintero agregó que en el expediente no había ninguna orden de cateo, ni citatorios de presentación que según la Procuraduría ya había enviado a los jóvenes y bajo lo cual justificaron los operativos policíacos que usaron para detenerlos.
“Al momento que llegamos (los abogados) estaban haciendo un interrogatorio inducido para cada uno por separado, para que ellos pudieran responsabilizarse unos a otros y pudieran armar así el posible delito”, explicó.
“Lo único que los señala es ese anónimo que llegó de la nada, de verdad que hasta ofende la inteligencia, pruebas de ese calibre”, declaró Quintero.
Pese a esto, las abogadas manifestaron que la averiguación, que tiene el número 220/2015, se mantiene abierta supuestamente por el delito de tentativa de daño en propiedad, por lo que existe el riesgo de que la Procuraduría vuelva a aprehender a los jóvenes, aunque se supone que tres de ellos ya fueron exculpados totalmente.
Ya cálmense, les dijeron
Según Arafat Rosas, cuando por la madrugada fueron puestos en libertad, los elementos de la Procuraduría de Justicia de Puebla, les advirtieron a los siete que se mantuvieran visibles porque que en cualquier momento les podrían volver a llamar o detener. “Nos dicen que nos calmemos, que arreglemos nuestras vidas, que ya no participemos en las marchas”, relató.
El estudiante de Sociología contó que unos 20 ministeriales, que se trasladaban en cinco vehículos, ingresaron a su casa por la fuerza alrededor de las cuatro de la mañana cuando él y su familia dormían. Lo encañonaron y le advirtieron que realizarían un cateo en el que buscaban mechas, gasolina, estopa, gas y armas.
Agregó que además de computadoras, celulares y una camioneta de su propiedad, los policías ministeriales se llevaron carteles, lonas, le preguntaron por sus actividades en el movimiento “YoSoy132” y en la Asamblea General en Solidaridad con Ayotzinapa. “Pero en ningún momento encuentran absolutamente nada”, refirió.
Los siete jóvenes acusados coincidieron en señalar que en los interrogatorios además de preguntarles si sabían hacer bombas molotov y si conocían de explosivos, se les preguntó con insistencia si trabajaban o enviaban notas para el periódico La Jornada de Oriente.
Arafat señaló que luego de que fueron liberados esta madrugada intentaron regresar a sus casas pero se encontraron con que no pueden entrar porque tienen sellos de la Procuraduría, además de que sus celulares, computadoras y hasta la camioneta, no se las han regresado, porque se consideran parte de la investigación.
“Estamos en una situación de peligro, la verdad que si tememos por nuestra vida y nuestra libertad, aunque no hicimos absolutamente nada”, reclamó el joven.
“A nosotros se nos señala como a muchos presos que hay actualmente en Puebla, sin pruebas reales, sólo se nos criminaliza porque hemos sido jóvenes que de manera pacífica y legal siempre nos hemos manifestado, hemos organizado foros, círculos de estudio, pero en ningún momento hemos alterado el orden ni afectado la propiedad ni de particulares ni del Estado”, puntualizó.
Dijo que la experiencia por la que ellos pasan, debe dejar en claro para los poblanos que el Gobernador Rafael Moreno Valle es “un dictador” que puede encarcelar a quien quiera sin contar con pruebas, como ocurre en el caso de los 139 presos políticos que actualmente hay en Puebla.
Alzar la voz, un delito
Antonio Parra Ortega y Juan José Guerrero, padres de Dulce Carolina Parra y de Shariff Guerrero, respectivamente, pidieron que cese la persecución contra sus hijos que, aseguraron, no tiene otro sustento que las actividades sociales y políticas que los estudiantes han llevado a cabo.
“¿Ser activista o alzar la voz es un delito acá en Puebla?”, reclamó Parra Ortega, “yo me pregunto si es un delito tener ideales, o querer cambiar a México, a Puebla, ¿ser estudiante y ser joven es delito?”.
El padre de familia señaló que temen por la seguridad de sus hijos y que pueda ocurrir una represión similar a la de Ayotzinapa, Guerrero.
“Nuestro temor como padres de familia es que esto no vaya a ser un segundo Guerrero, que nos los desaparezcan que nos los torturen o que los violenten. Vivimos en un México, y todos lo saben, que ser joven en México, ya se está convirtiendo en un delito”, manifestó.
Por su parte, Guerrero recordó que esta es la segunda vez en este año que su hijo Shariff es detenido, ya que el 19 de enero, fue arrestado cuando participaba en una marcha en protesta por la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Puebla.
“Sencillamente me lo secuestraron, lo desaparecieron, fueron muchas horas que como padre de familia te desesperas fuimos a buscarlo a un lado y otro y no estaba”, recordó, “no es la primera vez que lo reprimen porque, como joven que es, tiene ganas de expresarse”.
Además, se quejó de que aunque, al momento de ser detenido, su hijo presentaba una herida en la cara, no le permitieron tener atención médica.
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: GABRIELLA HERNÁNDEZ
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