‘Mamá Rosa’ llega al Senado

Los legisladores realizaron un punto de acuerdo en el que piden a la PGR investigar si Rosa del Carmen Verduzco intenta abrir un nuevo albergue en Michoacán de manera clandestina.

El Senado de la República pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) verificar si Rosa del Carmen Verduzco, “Mamá Rosa”, está reorganizando su albergue o si da atención a personas, a espaldas de las autoridades.

En un punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara alta, los senadores exhortaron a la PGR y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que den un informe sobre el seguimiento que se ha dado a las personas sancionadas y a quienes fueron rescatados del albergue “La Gran Familia”, y sobre si Verduzco continúa con su labor de forma clandestina.

La senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y promotora del punto de acuerdo, afirmó que las autoridades deben verificar que Verduzco realmente sea inimputable, como la declaró la PGR, y si continúa con sus actividades en Zamora.

“Se esgrimió que no podía ser procesada porque es una persona que sufre demencia senil, es una persona incapaz y, por lo tanto, no se puede aplicar la ley como debió haber sido.

“Sin embargo, posteriormente encontramos largas entrevistas donde no encontramos, ni por asomo, la posibilidad de que pudiera padecer alguna incapacidad mental. Y ahora estamos ante la situación de que vuelve otra vez a las andanzas y vuelve otra vez a recluir en su casa a personas en situación de vulnerabilidad”, expuso De la Peña.

Reporte Índigo publicó que Rosa del Carmen Verduzco continúa apoyando a quienes fueron “rescatados” por la PGR en el operativo en “La Gran Familia”, y no pudieron insertarse en otros albergues.

Unos 70 adultos de los 138 que fueron liberados por la PGR han vuelto a deambular por las calles de Zamora, en Michoacán, donde en algunos domicilios, “Mamá Rosa” les provee comida.

“La Gran Familia”, el albergue que era manejado por Verduzco, fue intervenido por las autoridades y se detuvo a seis personas, sobre quienes pesan cargos de secuestro y trata de personas.

A “Mamá Rosa” se le consideró inimputable por su avanzada edad y su deteriorado estado de salud, por lo que no se le fincó ninguna responsabilidad y se le dejó en libertad.

De ese albergue fueron rescatados 596 personas: 278 niños, 174 niñas y 138 mayores de edad, que vivían en condiciones de hacinamiento e insalubridad, y sufrieron abuso psicológico y sexual.

“Es un tema que a todos nos avergüenza, como país, definitivamente nos llevó a ser conocidos en el mundo como un asunto que parecía que ya no existía, sin embargo, comprobamos que más de 500 personas, la mayoría menores de edad, se encontraban en condiciones infrahumanas”, sostuvo De la Peña.

En el punto de acuerdo, los senadores pidieron a la PGR que se les informe sobre el destino de las personas que sí fueron imputadas por cometer un delito, pues consideraron que se trata de actos de delincuencia organizada, por la forma en que actuaban los hoy detenidos.

“El asunto debe ser abordado desde todas las aristas. Desde la óptica de la vulneración de las niñas, los niños y los adolescentes; desde la omisión del estado mexicano para velar por la legalidad, sobreponiendo el principio constitucional del interés superior de la niñez.

“Y porque al parecer la señora Verduzco, quien goza de libertad (…) sigue albergando, de manera irregular, a personas en el domicilio que actualmente ocupa”, expresó en tribuna Irma Zulema Cobián, senadora por el PAN.


Los senadores plantearon la necesidad también de realizar un censo de todos los centros de atención a personas vulnerables en el país para evitar que se susciten nuevas violaciones a los derechos humanos en sedes clandestinas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA

Mamá Rosa aún podría ser juzgada; tiene 12 denuncias pendientes

Aunque las autoridades determinaron que Rosa Verduzco no podría ser juzgada por su "avanzada edad", afectados del albergue La Gran Familia buscan que reciba castigo por abusos.

Angélica Barrera no olvida que durante cinco años, Rosa Verduzco, encargada del albergue La Gran Familia, le impidió ver a su hijo Hugo, recluido ahí desde los 11 años.

No está conforme con la resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) que declaró inimputable a Mamá Rosa y busca que lo ocurrido a su hijo y decenas más, no quede impune. “Quiero que se haga justicia y no la dejen libre”, dice.

Ella, junto con otros afectados, interpusieron 12 denuncias que incluyen los delitos de privación ilegal de la libertad, maltratos e incluso tráfico de órganos, que Verduzco aún deberá enfrentar. Además, está pendiente una averiguación iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que no ha sido consignada, señala Juan Manuel Estrada Juárez, director de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos FIND.

En julio pasado, la PGR realizó un operativo donde rescató a 596 personas, de las cuales 492 eran menores de edad y aunque los testimonios de las víctimas durante las siguientes semanas incluyeron denuncias de maltratos, encierro y abusos, no consiguieron que Rosa Verduzco fuera juzgada debido a su “avanzada edad”, según informó el procurador, Jesús Murillo Karam en julio de 2014.

Días después del operativo federal, familiares y afectados, interpusieron 12 denuncias en Guadalajara, Jalisco, de donde son originarios, que aún siguen su curso. La autoridad estatal se declaró incompetente para la investigación por lo que las averiguaciones previas ya fueron turnadas a la unidad de la PGR en Zamora, Michoacán.

Entre estas denuncias está la de un joven de 20 años quien acusa que durante su estadía en el albergue le quitaron un riñón para venderlo. El joven asegura que la cicatriz es prueba de ello, sin embargo, aunque Estrada solicitó la realización de un peritaje para comprobarlo, “no lo han hecho”.

Además, Estrada advierte que si bien la PGR consignó una primera denuncia que originó el operativo, hay una averiguación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) iniciada debido a los testimonios de las víctimas que aún no ha sido consignada.

“Cuando interviene la PGR iba en la búsqueda de tres menores, que es cuando se hace el operativo. Entrando ahí se hace otra averiguación que no se ha consignado. Salió inimputable en la primera, pero la SEIDO tiene otra averiguación en su contra que tiene las declaraciones de todos los que estaban detenidos. ¿Qué esperan para consignarla?”, dice en entrevista.

El director de FIND confía en que los procesos legales logren llevar a juicio a Rosa Verduzco para determinar su responsabilidad por los abusos denunciados por algunos jóvenes. Advierte que de repetirse el argumento de la “inimputabilidad”, podría apelarse a más recursos legales, entre ellos, la exigencia de un peritaje más complejo para evaluar las facultades físicas y mentales de la mujer de 80 años.

Sin embargo, una muestra de que Mamá Rosa está en plena capacidad es que hasta la primera semana de diciembre, tenía a su cargo a seis personas en su casa, un lugar cerca del antiguo albergue. Pero en enero ya suman 10 personas, según Estrada.

“La señora está consciente. Sabía lo que hacía, manejaba el dinero. Se aprovechó de los jóvenes”, les cambió el nombre lo que significa una supresión del estado civil, por lo que debería enfrentar los cargos, dice el activista.

También la CNDH deberá dar seguimiento a una queja interpuesta por Estada en julio pasado por la violación a derechos de los jóvenes que mantenía Mamá Rosa en el albergue incluso contra su voluntad.

En tanto, Angélica asegura que continuará con la denuncia porque los golpes y el secuestro que sufrió su hijo no pueden quedar impunes. Aunque en 2010 ella intentó recuperar a su hijo que fue llevado al albergue por el DIF de Guadalajara, Rosa Veruzco le pidió 5 mil pesos, luego 10 mil pesos para que pudiera llevarse a Hugo. “Cuando llegué con el dinero me pidió 50 mil pesos y eso ya no lo pude juntar”, relata la madre.

Al intentar regresar, los vigilantes del albergue le impidieron acercarse y tuvieron que pasar casi cinco años y un operativo federal para que Angélica pudiera ver a su hijo que ya cumplió 22 años. En ese tiempo acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y Michoacán, pero nada hicieron por su caso. “(Verduzco) Tenía a todas las autoridades compradas”, dice.


La mujer, dedicada al trabajo doméstico y madre de seis hijos, asegura que Mamá Rosa “quiso llenarse los bolsillo y perjudicó a tantas familias”, y aunque hubo quejas previas “no hicieron nada”. Por eso recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió con ella y otras víctimas y solo pide “que la señora pague lo que hizo”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Desde 2005, el gobierno evaluó y aprobó anualmente las condiciones del albergue de “Mamá Rosa”

A través del Programa de Coinversión Social, Rosa Verduzco recibió recursos federales y estatales porque, según los reportes, su albergue cumplía con lo necesario para mejorar la vida de grupos vulnerables.

El albergue de Rosa Verduzco, “Mamá Rosa”, fue evaluado anualmente por el gobierno federal entre 2005 y 2013 para garantizar que en éste se impulsaran proyectos para mejorar la vida de grupos vulnerables.
A través del programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) el gobierno federal evaluó al albergue y le entregó recursos para diferentes proyectos que tenían el objetivo de dar una vida de “mayor confort” a los habitantes de la Gran Familia y que “pudieran ingresar de manera integral a la vida social de la que fueron excluidos”.

En ninguna de las evaluaciones realizadas en esos años —durante las gestiones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— el albergue obtuvo una calificación reprobatoria y más bien se consideró que en la Gran Familia se contribuía a “mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y al cumplimiento de las metas del milenio”, así como a “evitar la discriminación y la exclusión”.

El 15 de julio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) ingresó al albergue en el que vivían 438 niños y 158 adultos y detuvieron a Rosa Verduzco y a sus colaboradores por ser presuntos responsables de malos tratos, abuso sexual y privación de la libertad.


Tras el operativo —que incluyó la participación del Ejército— las imágenes que muestran las condiciones insalubres en las que vivían los habitantes de la Gran Familia dieron la vuelta al mundo.

Actualmente, seis de los ocho colaboradores de “Mamá Rosa” están presos y enfrentan cargos de secuestro y trata de personas. Y aunque la PGR declaró en julio de 2014 que no podía imputar cargos a Rosa Verduzco por padecer un trastorno senil, un año antes el Indesol consideró que tenía la capacidad de coordinar un proyecto para “incrementar y garantizar una mejor calidad de vida” de los habitantes de la Gran Familia.

Los recursos que “Mamá Rosa” recibió del programa de Coinversión Social como representante legal de la Gran Familia ascienden a un millón 182 mil 286 pesos de parte del gobierno federal y 193 mil 344 del gobierno de Michoacán.

Y para acceder a éstos, el albergue se sometió a evaluaciones previo a la entrega de los recursos y a otras más tras el ejercicio de éstos, pues Rosa Verduzco cada año presentó un reporte sobre cómo el gasto cumplió con su función de mejorar la vida de los habitantes de la Gran Familia.

La calificación promedio que obtuvo en el periodo 2005-2013 previo a la entrega de recursos fue de 82.2 puntos, en un máximo de 100 y cuando el mínimo para recibir el dinero es de 70.

Pero en el puntaje posterior, tras el ejercicio del monto, la calificación promedio de la Gran Familia ante Indesol es de 98.16 puntos, en una escala del 0 al 100.


Los proyectos que año a año presentó Rosa Verduzco para participar en este programa —que se caracteriza porque con recursos federales y estatales se complementa la inversión que hace una Asociación Civil en beneficio de grupos vulnerables— tenían como objetivo “ingresar de manera integral a la vida social” a los habitantes del albergue.

En 2007, por ejemplo, se presentó el proyecto, “Renovando las condiciones de vida en la Gran Familia” cuya descripción y objetivos cita “equipar los dormitorios, el comedor comunitario y las aulas destinadas para la realización de diversas tareas con la finalidad de que 549 miembros de la Gran Familia tengan un descanso placentero, mayor confort para que puedan desenvolver sus actividades diarias con mayor entusiasmo, promover y reforzar su dignidad, lo que les permitirá ingresar de manera integral a la vida social de la cuál fueron excluidos”.

Indesol decidió que el proyecto y la Asociación Civil —la Gran Familia— cumplían con las condiciones para mejorar la calidad de vida de los grupos que atendía y autorizó la entrega de 120 mil pesos de recursos federales y el gobierno de Michoacán entregó otros 30 mil.

El último año que el albergue de Rosa Verduzco fue evaluado y participó en el programa de Coinversión Social fue 2013, cuando recibió 160 mil pesos del gobierno federal para “Mejorar los bienes y servicios de los integrantes de la Gran Familia, con la finalidad de incrementar y garantizar una mejor calidad de vida, la cuál redundará en el mejoramiento de los índices educativos, artísticos y musicales que se ofrecen a 429 niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de la vulnerabilidad social”.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregados tras una solicitud de información pública, fuera del programa de Coinversión Social en 2014 se autorizaron 500 mil pesos para la construcción de dos aulas en el albergue, de los cuáles, hasta el ingreso de PGR, se había entregado el 50%.


Por su parte, la Secretaría de Educación Pública indicó que en los últimos quince años no realizó “donaciones, entregas ni presupuesto asignado como parte del algún programa federal en el que haya estado inscrita la casa hogar La Gran Familia”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVA.

Acusan que el DIF se desentiende de los jóvenes del albergue de Mamá Rosa

Esta es la historia de Adriana y su hija Sofía, que padece Síndrome de Down. Después de que las autoridades clausuraron el albergue de Rosa Verduzco, no recibiero apoyo del DIF.

Solo tiene un año y nueve meses y está luchando por sobrevivir. Sofía, como la llamaremos, nació en el albergue La Gran Familia –que dirigía Rosa Verduzco– y tiene Síndrome de Down. Cerca de la mitad de los niños con estas características tienen defectos congénitos en el corazón,m pero Sofía nunca recibió una atención médica adecuada ni la rehabilitación que se le debería dar.
Cuando el pasado 15 de julio la PGR desarticuló el internado de Verduzco, más conocida como Mamá Rosa, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se hizo cargo de la custodia de las 536 personas que allí vivían. La mamá de Sofía, Adriana, fue reubicada con la bebé y su otra hija de seis años en una casa hogar para madres.

Adriana, de 29 años, no aguantó un nuevo encierro y decidió irse. Se refugió en Zamora con un antiguo compañero del internado que ya estaba fuera antes del operativo. Pero seguía en shock. Adriana había sido abandonada en el albergue a los 8 años y llevaba 21 años allí dentro. Quería hacerse cargo de su vida pero le faltaban las herramientas necesarias. Su bebé empezó a tener problemas respiratorios. Y la llevó al DIF estatal de Michoacán. En el DIF le diagnosticaron una cardiopatía y la internaron en una casa cuna. De tratamiento recibía un medicamento con las mismas sustancias que la viagra. A Adriana no le dieron apoyo ni acompañamiento. 

“El estado está rebasado, no han podido atender a las víctimas”, explica Areli Rojas, directora de Y quién habla por mi?, fundación que atiende a menores víctimas del delito y que se integró en una mesa interinstitucional con el gobierno y otras organizaciones para dar seguimiento al caso de La Gran Familia. En ella participan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Sistema DIF y organizaciones de la sociedad civil que atienden a infancia.

“El DIF no ha cumplido, sus albergues están a reventar y no tiene la capacidad de atender a tantos niños. A los que tenían familias les reubicó pero no les da seguimiento, y de los discapacitados se despreocupó. La CEAV solo actúa en horario de oficina, como si las víctimas tuvieran horario. Todo es atención de la sociedad civil y de funcionarios particulares que se implicaron fuera de su mandato”, critica Rojas.

Rojas descubrió la situación de Adriana y sus hijas a través de una de estas funcionarias y se le acercó. Gracias al apoyo de otras organizaciones y activistas por los derechos de las personas con discapacidad como Katia D’Artigues, pudo ubicar a Adriana con sus dos hijas en la Casa de la Mamá Soltera –que manejan religiosas en el Distrito Federal– y darle una revisión médica adecuada a Sofía. Cuando Sofía llegó al hospital pensaban que se iba a morir. Presentaba una cardiopatía congénita a la que se le había sumado una infección en el hígado y en las vías urinarias dado el tratamiento inadecuado para su corta edad. Lleva un mes ingresada en el Instituto Nacional de Pediatría. “Si se les llega a morir la bebé hubiera sido responsabilidad del Estado”, señala Rojas.

Esta activista no entiende porqué la CEAV no hizo estudios para diagnosticar a Sofía, ni porqué no aplican la ley de víctimas. Los internos de La Gran Familia entran en calidad de víctimas como establece la Ley General de Víctimas y por tanto requieren la restitución y reparación del daño, así como medidas especiales de apoyo físico y psicológico de seguimiento que asegure la no repetición. Esta misma legislación supone, por ejemplo, que cualquier víctima puede acceder a servicios de salud gratuitos, pero aún así Rojas tuvo que presionar a la CEAV para que lo tramitase. El patrón se repite con otros casos.

Mariamar Estrada, directora de Ayuda y Solidaridad coincide con Rojas: “No hubo apoyo gubernamental, ni del DIF, ni de la Junta de asistencia privada, al menos con los cerca de 60 que llegaron al Distrito Federal. Por ejemplo si el niño es del Zamora, el DIF del DF no lo puede recibir, no puede ser así de fracturado”, espeta.   

Ayuda y Solidaridad participó al inicio del operativo en el diagnóstico de los niños. Atendieron a 150 niños en el internado. Después les asignaron 47 niños que trasladaron al DF. Otra decena, abandonados a su suerte, fueron llegando por su propio pie. Ayuda y Solidaridad es un albergue para chicas de la calle donde viven 98 mujeres. Ahora además viven otras 4 chicas procedentes de la Gran Familia. Tres son adolescentes, la cuarta tiene 19 años y una pequeña discapacidad.

El DIF no se hace cargo de mayores de edad, aún y cuando presenten alguna discapacidad. “Cumpliendo 18 están metidos en un problema más grave. Y si es adulto y discapacitado de cualquier tipo más difícil todavía, no hay nada, no hay planeado nada en México para ellos”, denuncia Estrada. Es sábado y va a haber una comida de navidad para reagrupar lúdicamente al medio centenar de ex hijos de Mamá Rosa que están en el Distrito Federal.

Cristina irrumpe en el despacho. Le trae una fragancia a Mariamar para darle las gracias. Se funden en abrazos. Estrada chulea lo bien que luce Cristina, que no se llama así. Pasó 9 años en la Gran Familia, junto a su hermano gemelo. Cuando salieron su padre los reclamó pero al regresar a la casa familiar también regresó la violencia. A las semanas se escapó. Regresó a Ayuda y Solidaridad donde la habían remitido mientras se tramitaba la petición de su padre. Dos meses después, Cristina trabaja de mesera en una cafetería de Tlalpan, a pocas cuadras de su residencia con las Hermanas Trinitarias. En enero regresa a retomar su preparatoria. Tiene 19 años y muchas ganas de salir adelante.

“Se trata de eso, de darles herramientas para salir adelante. No solo que no vuelvan a vivir condiciones como las de donde los sacamos, sino de enseñarles a pescar. Pero no hay un proyecto gubernamental para eso, no hay nada”, concluye Estrada. Mientras Areli Rojas, de ¿Y quién habla por mi?, exige que se cree y que, en el caso de Sofía, al menos se le de seguimiento cuando salga del hospital, y se le ponga una cuidadora para que Adriana pueda trabajar y hacerse cargo de su otra hija, de seis años.


La  Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, la perredista Verónica Juárez, asume que se está fallando con las obligaciones del Estado. “No es un asunto de humanidad sino de restitución de los derechos de los menores y adultos que allí se encontraban. Hay que darles seguimiento”, considera Juárez quién reconoce que su propia Comisión descuidó el tema ante la discusión sobre la recién promulgada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.