Uno de cada cuatro reos en penales mexicanos es reincidente; la mayoría por robo

La corrupción, las violaciones a los procesos judiciales y la inseguridad dentro de los propios penales fueron otras mediciones hechas por el INEGI.

Uno de cada cuatro reos que actualmente se encuentran en alguno de los 338 Centros Penitenciarios federales, estatales y municipales de todo el país es reincidente, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016.

Los delitos por los que fueron sentenciados en la ocasión anterior a su nuevo arresto fue el robo (60%), la posesión ilegal de drogas (12.9), la portación ilegal de armas (9.7), las lesiones (8.8) y el homicidio (5.4).

Con cárceles viejas, corrupción y sin personal, la CDMX busca reinsertar a jóvenes infractores

Los dos motines ocurridos en mayo pasado en el centro tutelar para menores de San Fernando de la CDMX dejó al descubierto las estructuras de poder allí operantes; por esos hechos se investiga a 26 funcionarios, la mayoría custodios, que privilegiaban la entrada de sexoservidoras y objetos prohibidos.

Las paredes y techos de San Fernando, una de las seis comunidades para jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad de México, se caen literalmente a pedazos por la corrosiva humedad. Los baños de los dormitorios son cuartos nauseabundos, donde varios garrafones de agua hacen la función de cisternas rotas. El drenaje de las duchas está tapado desde hace meses. Y por los pasillos oscuros brotan charcos de agua que se filtran por los recovecos de esta vieja cárcel que tiene más de 100 años de antigüedad.

En estas instalaciones el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tiene la obligación de rehabilitar a 108 jóvenes que, al corte del 15 de julio, están presos por cometer homicidio, secuestro, o extorsión, o robo con violencia.

Dos riñas ocurridas en mayo pasado en la comunidad de San Fernando, donde hubo varios internos lesionados y uno de los menores perdió un ojo,  han dejado en evidencia tres cosas: décadas de abandono institucional cuando se trata de políticas para reinsertar a estos jóvenes a la sociedad; que las estructuras de poder existentes en centros penitenciarios para adultos se reproducen acá y carencia de herramientas y personal para lograr una adecuada reinserción de estos jóvenes problema.

De acuerdo con datos oficiales, de los 125 millones de pesos (mdp) que recibió  en 2016 la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) del Gobierno del CDMX, 32 mdp (alrededor del 25% del presupuesto) se prevé que sea para la manutención de los jóvenes y el mantenimiento de las instalaciones que albergan los seis centros de internamiento operantes en la CDMX; los 90 mdp restantes (75% del presupuesto) serán ‘absorbidos’ en el pago de sueldos y prestaciones para los funcionarios de la institución.

Partidas clave como la compra de útiles educativos, medicinas, artículos deportivos y materiales como madera, utilizada en los talleres de carpintería donde se les enseña un oficio a los jóvenes infractores, están en cero. No se les otorgó ni un solo peso.

Por otro lado, no hay presupuesto para contratar a personal cualificado para trabajar en la reinserción de los jóvenes. Según datos oficiales al corte del 15 de julio, sólo había cuatro psicólogos para los 214 internos de las seis comunidades. Esto es, en promedio, un psicólogo por cada 53 jóvenes.

En un informe elaborado por la DGTPA, entregado el pasado lunes 25 de julio a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), la dependencia solicitaba que por lo menos se contratara a 30 psicólogos más para las comunidades, y otros 14 para atender a los 324 jóvenes que enfrentan su proceso en libertad bajo medidas como acudir a terapias y realizar trabajos comunitarios.

En San Fernando, la comunidad más poblada con 108 jóvenes, no hay un solo psicólogo para dar un seguimiento individualizado a los internos, por lo que la DGTPA pide que se contraten por lo menos 11.

En cuanto a los terapeutas, psicólogos especializados en terapias grupales y que cuentan con estudios superiores de maestría, en San Fernando hay tres para 108 internos (uno para 36). La DGTPA solicita la contratación de por lo menos nueve más.

Además, los custodios que se encargan de la seguridad de los centros, 185 para las seis comunidades, son Policías Bancarios de la CDMX. Lo cual, a pesar de contar con capacitación en derechos humanos y tener un protocolo para el trato con los adolescentes, ha generado relaciones nocivas con los internos, reconocen funcionarios de la DGTPA.

Tras las dos riñas de mayo, la DGTPA despidió a 40 funcionarios e interpuso 26 denuncias contra servidores públicos, la mayoría custodios, por permitir introducir a las comunidades sexoservidoras; “objetos prohibidos” como celulares, tabletas electrónicas, desarmadores y drogas como hachís o mariguana.

El despido de estos funcionarios generó reacciones negativas entre los integrantes de la Comisión de Reclusorios de la ALDF, que públicamente criticaron la medida, por lo que pidieron a la Secretaría de Gobernación de la CDMX, cabeza de la DGTPA, el cese de lo que llaman “hostigamiento laboral”.

Desde entonces, las críticas para los funcionarios de la DGTPA arrecian:

Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), reconoce que aunque el deterioro de los centros de internamiento no es nuevo –tienen recomendaciones acumuladas desde 1995-, la situación que se ha agravado en el presente año, pues la instancia a su cargo ha recibido 69 quejas por violaciones a derechos humanos en las seis comunidades de internamiento para adolescentes.

Lo cierto es que la situación que actualmente impera en los centros va más allá de dos riñas y de autoridades que sin personal y recursos se enfrentan a una problemática añeja.  Fruto de una política fallida son las paupérrimas condiciones en las que opera la comunidad de San Fernando y las estructuras de poder existentes entre jóvenes y guardias.

Animal Político constató en un recorrido en San Fernando que hay internos denominados “padrinos” que mantienen el control y el orden en algunos dormitorios a cambio de “privilegios”, como tener más pantallas de televisión, calzado deportivo y comida.

“Cicatrices de batalla”

Abel se pone en guardia ante la inesperada visita de extraños. Se levanta de la litera de este dormitorio del patio 1 de San Fernando, le baja el volumen al estéreo de donde salen letras de Gangsta Rap, y farfulla alguna maldición entre dientes.

-¿A qué vienen aquí? –pregunta hosco el joven de unos 18 años cuyo verdadero nombre está protegido por el anonimato, mientras se envuelve en una cobija ocultando la ‘charrasca’ que lleva en el hombro; unas abultadas cicatrices que algunos internos se hacen con la cuchilla de un sacapuntos a modo de ‘tatuaje’, para granjearse el estatus del ‘corregendo’ que ya estuvo en la correccional.

Jaime, uno de los ‘operadores de vida cotidiana’ cuya función es servir de orientador para los jóvenes, encoge los hombros y sonríe, como si ya esperara la pregunta.

-Pues aquí trabajo, mijo. Perdón si te molesta –le contesta algo sarcástico.

Abel tensa la mandíbula. Se acomoda de nuevo la cobija para taparse desde el cuello hasta los pies, y se sienta en una de las literas vacías para clavar los ojos en los extraños que lo incomodan.

Frente a él, la imagen de una Santa Muerte trazada al carboncillo en la pared observa con una sonrisa descarnada a Jaime y a los otros cuatro funcionarios que caminan hasta el centro del dormitorio. 

Abel tiene privilegios. Por ejemplo, a diferencia del resto de las literas, la suya está cubierta con lonas para impedir que los policías bancarios que custodian la comunidad metan las narices en sus asuntos. Además, tiene más tenis de los permitidos. Incluso, el altar repleto de ofrendas a la Santa Muerte no está autorizado.

Abel es un ‘padrino’. Una especie de jefe que controla los dormitorios de su zona.

Dos compañeros de Abel entran en la habitación. Saludan de mano a todos los funcionarios y uno de ellos les pregunta con una sonrisa cándida que cuándo van a tener de nuevo “un celular” para hacer sus llamadas.

Desconcertada, una de las funcionarias que acompaña a Jaime niega con la cabeza.

-Eso ya no está permitido –le contesta-. Sólo se puede hablar por el teléfono de la comunidad.

La funcionaria niega que sea habitual que los internos tengan celulares, aunque admite que hace unos meses era un privilegio común.

-Antes había cuatro celulares comunitarios que las familias recargaban desde afuera –explica-. Se supone que los tutores que trabajan con los chavos hacían los enlaces, pero no había control.

La mujer encoge los hombros.

-Imagínate, con esos celulares llamaban a quien fuera. Podía ser a sus familias o parejas. Pero también podían usar el celular para hacer extorsiones o secuestros virtuales.

Los orientadores salen del dormitorio. Abel prende de nuevo la música a todo volumen y los observa altivo marcharse.

“Las señales en mi cara son cicatrices de batalla –fluye el Rap a través del estéreo -. Este perro callejero muerde y ladra”. 

Otra realidad

En otro cuarto del patio 2, el cuadro es muy distinto. El barracón tiene las mismas paredes desconchadas y baños en malas condiciones; situación endémica en San Fernando y en otras comunidades. Aquí no hay literas cubiertas con lonas que delimiten cotos de poder, no hay altares a la Santa Muerte, y por las ventanas se filtran los rayos del mediodía sin que lonas de felpa lo impidan. Incluso, el aire que se respira es más liviano.

En este dormitorio no hay privilegios, presume Jaime apuntando con la barbilla a los cuatro jóvenes que entraron al cuarto, para explicar que la estrategia es “aislar lentamente a los ‘padrinos’”.

-Estamos eliminando las estructuras de poder, pero con estos chavos hay que ir poco a poco –recalca-. En un mes no puedes cambiar prácticas de hace 60 años, porque puedes tener problemas serios.

Jaime no lo dice explícitamente. Pero algunos de esos problemas sucedieron en mayo, cuando en apenas seis días estallaron dos intentos de motín en San Fernando.

Décadas de abandono

Martín, otro ‘operador de vida cotidiana’ quien pide anonimato, opina en cambio que tanto los motines de mayo, como todo lo que se muestra en este recorrido por San Fernando –instalaciones ruinosas, privilegios, estructuras de poder- son el resultado de “décadas de abandono” de las autoridades y no de una crisis súbita.

Por ejemplo, dice, además de la falta de psicólogos, terapeutas, y de talleristas que enseñen a los internos oficios como la carpintería, no hay suficientes ‘operadores de vida cotidiana’, quienes resultan clave para mantener el control de los dormitorios y que éste no recaiga en el ‘padrino’.

En este sentido, aunque el promedio de operadores por interno en las comunidades no es tan bajo, 47 para 214 (1 por cada 5), la DGTPA señala en su informe que esta plantilla solo alcanza para cubrir los turnos de mañana. Por lo que en las tardes las labores de reinserción de los jóvenes recaen en organizaciones civiles como Reinserta, y sobre todo en los policías bancarios. 

-En una comunidad hay autoridad que se debe respetar, hay responsabilidades y obligaciones –expone Martín-. En cambio, los de seguridad sólo hacían alianzas con los chavos para tenerlos tranquilos y que no molestaran, y para que fueran a sus talleres y a la escuela.

Y como consecuencia, dice el funcionario, la labor de los talleristas, pedagogos, y de los operadores de vida cotidiana, se vio emborronada por esos “acuerdos” entre policías y ‘padrinos’.

-Había chavos que comían en el mismo espacio que los policías –tercia ahora Jaime-. Y en una comunidad donde tener más tenis que el resto te da un estatus superior, esto generaba que el joven se empoderara frente a la autoridad y frente a quienes trabajamos con ellos.

-U otro privilegio era el ‘pase extra’ –añade-, que consistía en conceder que pasara una sexoservidora a la comunidad para que el joven tuviera relaciones sexuales en el comedor con el permiso de algunos policías.

Posterior al recorrido, y ante los señalamientos expuestos por los funcionarios entrevistados, Animal Político buscó a la Dirección General de la Policía Bancaria de la CDMX para conocer su postura, pero ésta no ofreció respuesta alguna.

“Háganle como puedan”

La última parada del recorrido por los dormitorios de San Fernando antes de visitar los pocos talleres que siguen en funcionamiento, como los de carpintería y serigrafía, es el cuarto de Miguel; un joven de baja estatura, mandíbula prominente y músculos fibrosos.

Miguel está próximo a quedar libre tras varios años de condena, comenta Jaime. Y aunque eso debería ser una buena noticia, el funcionario dice que están preocupados porque afuera ningún familiar lo espera, ni tampoco recibirá seguimiento de ninguna autoridad porque no hay políticas públicas para ello.

Básicamente, su único chance serán las pocas organizaciones civiles que trabajan específicamente con este tipo de jóvenes, aunque otro problema es que muchos de ellos no quieren recibir ayuda, por lo que sin una “guía” afuera que los oriente, el riesgo de reincidir es alto.

-En realidad, existe un abandono múltiple de estos chavos –reflexiona Jaime, quien comienza a enumerar sus argumentos.

En primer lugar, muchos de los internos vienen de familias en las que la madre es la cabeza “porque el padre los abandonó”, plantea. En segundo, las familias se desentienden del proceso de reinserción del joven.

“Simplemente llegan, nos depositan al joven, y sólo vienen los fines de semana a comer con él”. En tercero, existe un abandono del Estado, “porque no inyectan recursos para mejorar las instalaciones, ni para contratar personal, ni para generar políticas públicas de reinserción y de seguimiento”.

Y cuarto, también hay un abandono de la sociedad civil. Porque hay organizaciones que tienen “criterios de inclusión y exclusión”. Y cuando se trata de jóvenes que estuvieron presos por homicidio, secuestro o extorsión, “los excluyen” de sus programas.

Tras la reflexión, Jaime admite que sí hay una crisis en las comunidades para adolescentes en conflicto con la ley, pero no solo por los motines de mayo, sino por toda una falla sistémica que lleva años sin ser atendida y sin que nadie le preste atención.


-Cuando las autoridades encargadas o los familiares de estos chavos llegan aquí, nos los dejan, y nos dicen: háganle como puedan – concluye el funcionario apuntando con la barbilla al patio donde ocurrieron las riñas de mayo, mientras que algunos pedazos de pared se desmoronan en el piso producto de la corrosiva humedad del inmueble.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/falla-reinsercion-menores-infractores-cdmx/

La corrupción en cárceles de México hace de penales en EU un juego de niños, dice exreo

“Las prisiones en Estados Unidos no son un día de campo, pero en México las cárceles son otro mundo”, dijo a El Daily Post un expandillero de 25 años que ya pisó también las rejas del otro lado de la frontera.

Después de haber sido condenado a seis años de prisión por robo con violencia en el Estado de México, el expandillero de 25 años y también deportado Williams Castro podría presumir el dudoso honor de haber pasado tiempo en prisión en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos.

Castro, con poco espacio en el cuerpo para más tatuajes y ex miembro de la pandilla Bad Boys de Los Ángeles, fue encarcelado en Estados Unidos por manejar ebrio en varias ocasiones. Posteriormente fue deportado a México, donde pronto volvió a tener problemas con la ley. Para él, la vida tras las rejas en Estados Unidos fue cosa de niños comparado con la corrupción y la violencia que atestiguaría dentro del sistema penitenciario mexicano.

“Las prisiones en Estados Unidos no son un día de campo, pero en México las cárceles son otro mundo”, dijo a El Daily Post un Castro hoy reformado que trabaja previniendo la formación de pandillas en la ciudad de México con la organización no gubernamental Cauce Ciudadano. “En México, el dinero y las conexiones lo son todo si quieres sobrevivir”.

A medida que México empuja una amplia reforma de su sistema de justicia penal, la podredumbre dentro de las cárceles en el país ha sido pasada por alto. Sin embargo, una serie de tragedias carcelarias violentas, y la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán de un penal de máxima seguridad en julio de 2015, ilustran la profundidad de la decadencia de su sistema penitenciario.

Los prisioneros son los jefes

Los legisladores mexicanos se encuentran actualmente en las etapas finales del debate de una Ley Nacional de Ejecución Penal para regular un sistema jurídico que abogados, grupos de derechos humanos y ex convictos insisten está plagado de abusos.

Estando en la cárcel en el Estado de México, Williams Castro dice que vio un sistema en el que cualquier objeto personal, los privilegios y la protección física tienen un precio. Los internos más viejos actúan como usureros, y los guardias son frecuentemente sobornados para hacerse a un lado cuando algunos prisioneros llevan a cabo venganzas violentas.

“Teníamos un dicho, decíamos que era el hotel más caro del mundo”, bromeó Castro. “En EU, para bien o para mal, las prisiones son administradas como instituciones públicas. Las cosas se hacen de acuerdo con reglas. En México, los internos hacen las reglas”.

La gravedad del problema quedó en evidencia de manera atroz en febrero pasado, cuando un enfrentamiento entre bandas rivales en la prisión de Topo Chico en Monterrey se saldó con la muerte de casi 50 reclusos. Días antes el Papa Francisco había visitado una prisión en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez como parte de su visita oficial de Estado a México.

Poco antes de la medianoche del 10 de febrero, dos grupos de presos, aparentemente facciones rivales del Cártel de Los Zetas comenzaron a pelear entre ellos e incendiaron el almacén de comida y las áreas de descanso. Una carnicería se desató: decenas de reos murieron a golpes o consumidos por las llamas.

Una investigación posterior de las autoridades reveló que la prisión tenía una sobrepoblación de 35% y estaba dominada por dos grandes bandas cuyos líderes vivían a todo lujo, disfrutando incluso de acceso a teléfonos celulares, computadoras portátiles y saunas.

“Topo Chico es un caso extremo de lo que puede salir mal cuando el sistema es tan disfuncional”, dijo Layda Negrete, una abogada e investigadora que ha participado en el debate sobre la reforma de las prisiones. “Cada prisión en México está sujeta a una lucha interna por el control, y en Monterrey esta batalla llevó al desastre”.

Terrible hacinamiento

Después de pasar 27 años tras las rejas en Sudáfrica, Nelson Mandela dijo la famosa frase de que nadie conoce realmente a un país hasta que está dentro de una de sus cárceles. Esa máxima aplica completamente a México.

De acuerdo con un estudio publicado a principios de este mes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la actualidad hay 247 mil personas encarceladas en México, a pesar de que el gobierno reporta que el sistema penitenciario tiene capacidad física para apenas 190 mil presos. En uno de los casos más graves, una cárcel de Puebla tenía 266 reclusos hacinados en una instalación construida para albergar a sólo 46 personas.

Según el mismo informe, de 130 prisiones estatales, 95 carecen de guardias y personal adecuados y 104 juntan a convictos sentenciados con personas en espera de juicio. Sanciones alternativas, como la libertad condicional o el servicio a la comunidad son raras en México, donde el 96.4 de todos los sentenciados están encarcelados, muchos de ellos por delitos relativamente menores.

“La cárcel es el último eslabón de la cadena del sistema de justicia”, dijo María Sirvent, presidenta de Documenta, una organización humanitaria con sede en la Ciudad de México. “Cuando la prisión falla, el sistema falla. Ha sido un elemento ausente en la lucha de las autoridades para combatir la delincuencia”.

Por otra parte, la CNDH estima que el 70% de las cárceles del país son “gobernadas” o “cogobernadas” por los presos y el crimen organizado. Según el ex preso Williams Castro, estos gobiernos internos pueden estar constituidos por pandillas formadas dentro de la cárcel, por bandas callejeras que están en el desde el exterior, o incluso, como en el caso de Topo Chico, por miembros de temibles cárteles de la droga.

“Dentro de la mayoría de las cárceles mexicanas, el comercio de mercancías y la venta de favores son controlados por estos grupos, y casi siempre lo hacen con la complicidad de los funcionarios carcelarios”, dijo Castro. “Si tienes contactos en alguna de las bandas, estarás bien y obtendrás lo que necesitas. Si no es así, estás en serios problemas”.

Condenas injustas

La impunidad en México es alta. La Secretaría de Gobernación calcula que hasta 99% de los crímenes quedan sin castigo. Sin embargo, como se ve en el documental de 2008 “Presunto culpable”, muchos ciudadanos terminan siendo condenados erróneamente con pruebas débiles o por falta de asesoría judicial.

Rebeca Álvarez, un ama de casa de la Ciudad de México, insiste en que este es el caso de su hermano Felipe, de 38 años, un exmaletero del aeropuerto que fue condenado a 10 años de prisión acusado de tráfico de drogas después de que manipuló por error una maleta con cocaína.

Álvarez, miembro de la organización Madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur, que apoya la reforma, ha documentado una serie de abusos por parte de las autoridades penitenciarias, incluyendo la negación de atención médica esencial, el confinamiento injustificado y la tortura a los reos por parte de los guardias.

“No estamos abogando por un sistema en el que los criminales violentos sean tratados a la ligera”, dijo Álvarez. “Lejos de eso, se trata de tener un sistema que se rija de acuerdo con la ley. De lo contrario, ¿cómo podemos, como sociedad, decir que se está haciendo justicia?”.

Sin embargo, con México sumido en un largo período de violencia por la guerra contra las drogas y altas tasas de criminalidad, la simpatía del público por los derechos de los internos es comprensiblemente baja.

“Este no es un tema que preocupe al ciudadano común sin experiencia personal en el sistema (carcelario)”, dijo Layda Negrete. “Ha quedado en las familias de los presos y en los activistas que buscan reformar el sistema de justicia la responsabilidad de exigir una mayor rendición de cuentas”.


En este contexto, ¿hay alguna posibilidad para la readaptación real de los presos? ¿Qué pasará con los reos cuando vuelvan a integrarse a la sociedad, si es que eso es posible? ¿Quién mantendrá el poder de las cárceles?

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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, EL DAILY POST.
AUTOR: PAUL IMISON.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-corrupcion-en-carceles-de-mexico-hace-de-penales-en-eu-un-juego-de-ninos-dice-exreo/

Falla la reinserción social: la mitad de los reos en penales federales volvieron a delinquir

Las políticas de reinserción no funcionan, advierte la Auditoría Superior que además detectó uso de recursos destinados a penales en autos blindados para funcionarios de gobernación, o en contratación irregular de transportes aéreos ejecutivos.

De 2007 a 2014 el número de presos reincidentes en los Centros Federales de Readaptación Social  (CEFERESOS) se multiplicó más de 600 por ciento. Pasó de solo mil 484 internos en 2007 a casi 10 mil 900 en 2014. Ya es prácticamente la mitad de toda la población penitenciaria en dichos reclusorios.

“Las políticas de reinserción social no están funcionado” concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al evaluar el desempeño en 2014 del Sistema Nacional Penitenciario en México.

El dictamen de la auditoría advierte que si bien más del 88 por ciento de los 24 mil 776 internos en los CEFERESOS fueron involucrados en actividades de reinserción social, estas parecen tener un efecto nulo pues hasta 2014 el 45 por ciento de esos internos ya había reincidido en cometer uno o más delitos en el pasado tras ser liberados.

Y aunque existen proyectos como el diseño de un plan integral de reinserción social y un nuevo instrumento de clasificación de población penitenciaria, lo cierto es que los niveles de reincidencia delictiva han experimentado un crecimiento notable en los últimos años.

Lo anterior, sin olvidar que el 41 por ciento de los centros federales de reclusión cerraron en 2014 con problemas de sobrepoblación y cuatro penales de alta seguridad tenían condiciones de hacinamiento crítico.

“Los incipientes avances en el fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario ponen de manifiesto una continuidad en los tratamientos de reinserción deficientes (…) esto pone en riesgo la reinserción a la sociedad de los 24 mil 776 internos recluidos en los CEFERESOS, así como la contención de su reincidencia y, en consecuencia, la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública.

El deficiente tratamiento de la población penitenciario tiene un impacto también en los beneficios de preliberaciones, los cuales han decrecido de forma sostenida en los últimos siete años, revela el dictamen.

En 2007 por ejemplo, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó que se concedieron cuatro mil 464 beneficios de preliberación para internos que mostraron un buen comportamiento durante por lo menos la mitad de su periodo de reclusión, pero para el 2014 solamente fueron 150. Es una reducción del 97 por ciento en la concesión de este beneficio.

De acuerdo con la auditoria, en promedio actualmente solo se otorga un beneficio de preliberación por cada 140 solicitudes.

El dictamen establece que estos datos corresponden en su mayoría  al sistema penitenciario federal pues a nivel estatal la OADPRS argumenta no contar con la información, pese a ser la institución responsable del funcionamiento de la política pública en materia de reinserción social. Lo anterior fue objeto de una recomendación específica dirigida a Gobernación.

“Resulta necesario evaluar la pertinencia de analizar las causas por las que no contó con información de los estados en materia de reinserción social y, con base en ello, implemente medidas para corregir la omisión con objeto de contar con información pertinente para la instrumentación de la política penitenciaria” indica el dictamen.

Reos federales, motor de hacinamiento

La ASF advirtió que al cierre del 2014 había poco más de 58 mil internos en condiciones de hacinamiento en los penales estatales del país, de los cuales,  26 mil 410 son internos de nivel federal que en teoría tendrían que estar en un CEFERESO.

Aunque la capacitad instalada en los penales federales se ha incrementado progresivamente en los últimos años hasta 31 mil espacios, los auditores consideraron que el OADPRS no ha coadyuvado a despresurizar realmente los penales estatales, pues prácticamente 1 de cada 2 internos en sobrepoblación en las entidades es un reo federal

La sobrepoblación en los penales estatales, subraya el dictamen, es un problema en crecimiento Pasó de 22.5 por ciento en el 2010 a más de 34 por ciento en el 2014. En 24 de las 32 entidades del país hay sobrepoblación penitenciaria.

Una clasificación realizada por la auditoria advierte que en 14 de las entidades el hacinamiento es crítico pues los índices de sobrepoblación superan el 20 por ciento. Los casos más graves son el estado de México con una sobrepoblación del 144 por ciento, Nayarit con 140 por ciento, Hidalgo con 108 por ciento, Morelos con 81 por ciento, y Jalisco con 80.5 por ciento.

En cuanto a los CEFERESOS la auditoría identificó que si bien no existía una sobrepoblación general, había cuatro de estos centros con un nivel de hacinamiento crítico hasta abril de 2015. Los casos más críticos eran el CEFERESO 2 Occidente con una sobrepoblación de 88 por ciento, y el CEFERESO 1 Altiplano de 32.4 por ciento.

En ese contexto la ASF emitió una recomendación al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social para que realicen una “distribución heterogénea” de los internos, pues mientras existen centros federales por debajo de su capacidad, hay otros con condiciones de sobrepoblación.

Poco dinero y mal usado

La Auditoría Superior de la Federación advirtió que entre 2012 y 2015 el presupuesto destinado al Sistema Nacional Penitenciario a través del OADPRS ha sufrido una reducción sistemática lo que ha dificultado que las deficiencias en materia de espacio y  reinserción entre otras, puedan solventarse.

Por este motivo dicha instancia emitió una recomendación dirigida a la Cámara de Diputados para que la política de prevención social sea considerara prioritaria en temas presupuestales y no sufra de deducciones.

Pero si bien el dinero es poco, lo cierto es que un porcentaje del que se recibe también es mal gastado por el OADPRS dependiente de la Secretaría de Gobernación, como se desprende de la auditoría financiera realizada con motivo del análisis de la Cuenta Pública 2014.

Los auditores detectaron irregularidades en el gasto de poco más de 60 millones de pesos destinados al gasto para fortalecer la infraestructura de los centros penitenciarios federales. De los sistemas penitenciarios locales no hubo información disponible.

Por ejemplo, los auditores ubicaron que en 2014 el OADPRS desembolsó 16 millones de pesos para la compra de siete vehículos blindados para el traslado de funcionarios, bajo el argumento de ser necesarios por temas de “seguridad pública y nacional”.

La primera irregularidad es que no se justificó realmente la necesidad de contar con esos vehículos, pero además, los auditores identificaron que tres de esos automóviles blindados terminaron asignados al transporte de funcionarios de la Secretaría de Gobernación que ni siquiera tienen que ver con el área de reclusorios.

Los auditores también detectaron irregularidades en la contratación de servicios de transporte aéreo ejecutivo para funcionarios de los penales, pues no se proporcionó evidencia del procedimiento de selección de los proveedores de ese servicio, además de que se eligieron empresas que no estaban en el padrón de contratistas de seguridad nacional.

Otro ejemplo. La Secretaría de Gobernación a través del OADPRS firmó en diciembre de 2013 un contrato por un monto de más de nueve millones de pesos para producción de manuales en materia “Capacitación Penitenciaria”, así como para el diseño de un “Programa de Formación”, y otras acciones similares.

El problema es que los auditores no encontraron un solo registro o evidencia documental de que se haya proporcionado el referido servicio, o se hayan entregado los manuales, o cualquier otra prueba mínima de que se cumplió el contacto comprometido.


Por estas y otras irregularidades la Auditoría Superior de la Federación emitió 14 recomendaciones a la Secretaría de Gobernación, además de diez promociones de responsabilidades administrativas para que se sancione a los servidores públicos que resulten responsables del mal manejo de los recursos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/falla-la-reinsercion-social-la-mitad-de-los-reos-en-penales-federales-volvieron-a-delinquir/