Asume mexicano Eduardo Ferrer, presidencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

El jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de 49 años de edad, y originario de Tijuana, Baja California, asumió desde este lunes 1 de enero del 2018, la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica.

Mac-Gregor Poisot se convirtió así en el tercer jurista nacido en México que llega a ocupar el principal cargo del más importante tribunal de justicia de América, encargado de la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Los otros dos mexicanos que fueron presidentes de la CIDH son: Héctor Fix-Zamudio, de 1990 a 1993, y Sergio García Ramírez, de 2004 a 2007.

Merecemos justicia y la verdad: víctimas narran en la CoIDH el abuso que sufrieron en Atenco

Esta es la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso sobre los abusos que sufrieron durante un operativo en Atenco en mayo del 2006.

Cinco mujeres relataron la violencia y el abuso sexual que sufrieron por parte de policías durante el operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.

Este jueves cinco de las 11 mujeres peticionarias del caso, dan testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Llegó la hora: Víctimas del caso Atenco enfrentarán al Estado mexicano en la CoIDH

Después de una espera de 11 años, siete meses y 12 días, desde que fueron ultrajadas y vejadas, las 11 mujeres de Atenco enfrentarán al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en busca de justicia.

Representadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las víctimas -de un grupo de más de 30 que fueron agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, cuando gobernaba el Estado de México el actual presidente Enrique Peña Nieto- se presentarán en audiencias públicas este jueves 16 y viernes 17 en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, en el contexto de 120 Periodo de Sesiones.

Peña será investigado en la Corte Interamericana por el caso de las mujeres vejadas en Atenco

Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco vejadas por uniformados durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegara a la Corte Interamericana. Pero su desdén y el de algunos de sus antiguos colaboradores a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocaron que el asunto llegara a esa instancia, que en el último trimestre de este año analizará el caso. Es primera vez que se toman como objeto de análisis las declaraciones públicas de Peña Nieto para investigarlo.

CIUDAD DE MÉXICO: Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.

Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

Ante violencia del crimen organizado, Corte Interamericana ordena a México proteger a la comunidad indígena Choréachi

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Resolución en la que ordena al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección a la vida de las personas en la comunidad indígena rarámuri de Choréachi.

El 25 de marzo, la Corte Interamericana emitió la resolución que ordena al Estado mexicano tomar medidas provisionales para proteger a la comunidad de Choréachi, conocida como Pino Gordo en el municipio de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua.

Este órgano está facultado por el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para dictar medidas provisionales a favor de la comunidad indígena de Choreachi  “en caso de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas, a fin de garantizar su vida, integridad personal, así como la seguridad colectiva de todos sus miembros”.

Llega a la Corte Interamericana caso de 3 primos desaparecidos por militares en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih: La CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso de los primos Alvarado, considerado la primera desaparición forzada registrada en Chihuahua, quienes fueron privados de la libertad el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura.


El caso 12.916 se refiere a la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes por agentes estatales, en este caso militares, y a la fecha las víctimas continúan desaparecidas y gran parte de sus familiares exiliados en Estados Unidos, debido a que han sido amenazados.

La CIDH puntualiza en su portal que “este caso constituye el primero en cuanto a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México”.

En ese sentido, abunda, “la relevancia del caso obedece a que se trata de una problemática actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión y de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas”.

También explica que esos hechos son un ejemplo de los factores que contribuyen a que se presente ese delito, que no sea investigado ni sancionado como consecuencia de múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción.

“El caso ofrece a la Corte Interamericana la posibilidad de pronunciarse sobre otras violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que sufren los núcleos familiares de las víctimas desaparecidas”.

Los primos Alvarado fueron privados de su libertad por militares, de acuerdo con pruebas que se desahogaron en la CIDH, que cuenta con elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios públicos que indicaron tener conocimiento o haber recibido información en cuanto a que las víctimas se encontraban bajo custodia del Estado, entre otros elementos, además de múltiples informes de diversos organismos que consideraron que existen indicios suficientes en cuanto a la participación del Ejército en este caso.

“Cuando los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información, les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, y se activaron mecanismos de encubrimiento. Con base en lo anterior, la Comisión calificó los hechos como desaparición forzada”, señala el comunicado de la CIDH.

Ello evidencia la impunidad en el caso y que la aplicación de la justicia militar en este asunto resultó violatoria del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.

“El Estado incumplió el deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable, tanto respecto de la búsqueda de las víctimas desaparecidas como respecto del esclarecimiento y la individualización y sanción de los responsables. Adicionalmente, hubo violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra, y el desplazamiento forzado de algunos de ellos”, añade el comunicado.

En el informe, la Comisión recomendó al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes y, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares, según sus deseos, los restos mortales.

El Estado también debe conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de las tres víctimas de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el fin de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan, así como reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como moral, y disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos.

“México debe además adoptar medidas para responder a la problemática de la desaparición forzada y su especial incidencia en el estado de Chihuahua, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad investigativa de casos de desaparición forzada de personas y la resolución de los factores estructurales que generan impunidad en estos casos”.

Incluso, “México debe además asegurar que las autoridades de la justicia penal militar se abstengan de obstaculizar investigaciones en casos de desaparición forzada”, advierte el organismo regional.


La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el miércoles 9 debido a que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463489/llega-a-la-corte-interamericana-caso-3-primos-desaparecidos-por-militares-en-chihuahua

Llega comitiva de la CIDH a Guerrero; se reúne con padres de los 43

Tixtla, Gro. Una comitiva encabezada por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, llegó a las instalaciones de la Escuela Rural de Ayotzinapa, para continuar con el trabajo del mecanismo de seguimiento para el caso de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014 en Iguala.

Estudiantes, maestros y representantes del Centro Agustín Pro, encabezados por Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, representados por Abel Barrera, dieron la bienvenida a esta comisión de la CIDH en la que además participan Enrique Gil Botero, relator de país y coordinador del mecanismo de seguimiento; Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, con lo que se inicia una nueva etapa en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas.


La comitiva de la CIDH sostendrá aproximadamente hora y media una reunión a puerta cerrada con los padres de familia de los normalistas desaparecidos así como con los con los abogados de Tlachinollan y Agustín Pro.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/11/llega-comitiva-de-la-cidh-a-guerrero-se-reune-con-padres-de-los-43

Urge CIDH a Peña indagar si crimen de juez está ligado a casos que tuvo a su cargo

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a esclarecer el asesinato de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de Distrito en Materia de amparo y juicios civiles federales con sede en Toluca, ocurrido el pasado 17 de octubre, así como a dar garantías de seguridad a los impartidores de justicia del país.

En un comunicado, el organismo de la OEA condenó el crimen y conminó a “incluir entre las hipótesis de la investigación la posibilidad de que el crimen esté vinculado a las causas que el juez tuvo a su cargo” y advirtió que “ha recibido información sobre otros casos de asesinatos, agresiones y amenazas contra jueces y juezas en México”.

La CIDH expresó su preocupación por el homicidio de Bermúdez Zacarías, quien fue ejecutado de un tiro en la cabeza en las inmediaciones de su domicilio en el municipio de Metepec, muy próximo al penal de alta seguridad del Altiplano.

El organismo llamó al Estado mexicano a “adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de juezas y jueces y de todos los operadores de justicia en el país”.

El organismo tomó nota “de las palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien lamentó la muerte del juez (…) y pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), atraer el caso, realizar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades”.

Al recordar que casos como el de Bermúdez, es obligación del Estado investigar de oficio, la CIDH reconoció la declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, sobre la importancia de garantizar la seguridad a los impartidores de justicia, de manera que puedan tomar decisiones de forma imparcial.


“En efecto, es indispensable que México garantice la seguridad de sus operadores de justicia, porque de lo contrario el ejercicio de la función jurisdiccional puede verse gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia”, agregó la CIDH.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461254/urge-cidh-a-pena-indagar-crimen-juez-esta-ligado-a-casos-a-cargo

Anuncia CIDH viaje a México para dar seguimiento al caso Ayotzinapa

WASHINGTON: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que estará en México del 9 al 12 de noviembre para instrumentar el Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar 409/14, emitida por el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La CIDH indicó que en su visita a México se realizará la presentación pública de un plan de trabajo para sostener reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento, y los especialistas sostendrán encuentros con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa.

La intención de la visita es verificar el cumplimiento de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), puntualizó.

El Mecanismo es coordinado por el Relator de la CIDH para México, Enrique Gil Botero, quien cuenta con el respaldo de los especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva.

“La primera visita contará con la participación del presidente de la CIDH, James Cavallaro, y del secretario ejecutivo, Paulo Abrao.

A través de un comunicado de prensa, la CIDH –órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA)– informó que durante su visita, la delegación realizará actividades en la Ciudad de México y en Ayotzinapa.

El Plan de Trabajo del Mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso, así como la frecuencia con que se pretenden realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario.

“La CIDH tiene expectativa de que las recomendaciones del GIEI sean debidamente cumplidas, y el Mecanismo sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas”, apuntó en una declaración por escrito el presidente del organismo.

El establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento fue acordado entre los peticionarios de la medida cautelar y el gobierno de México, y el pasado 29 de julio fue decidido por la CIDH mediante una resolución.

La medida establece que el objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el GIEI en sus dos informes, así como en el marco de la medida cautelar, principalmente la resolución 42/16.

A partir de dicha decisión, la CIDH y el gobierno de México sostuvieron conversaciones sobre la financiación del mismo. El 9 de septiembre pasado, ambas partes finalizaron un acuerdo sobre la integridad de los recursos necesarios para poner en marcha el Mecanismo.


“Es fundamental avanzar en la implementación de las recomendaciones con celeridad y tener en cuenta la centralidad de los derechos de las víctimas en todo ese proceso. Buscamos colaboración integral de las autoridades nacionales y locales, de todos los poderes del Estado, para que se pueda atender cada recomendación de los informes del GIEI y de la Medida Cautelar”, indicó Gil Botero, coordinador del Mecanismo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460023/anuncia-cidh-viaje-a-mexico-dar-seguimiento-al-caso-ayotzinapa

El caso Atenco, que involucra al Presidente Peña Nieto, ya está en la Corte, informa la CIDH

La CIDH informó que envió este día a la CoIDH el caso Atenco y aseguró que “este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este día ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso Atenco.

11 mujeres han buscado instancias internacionales tras no haber hallado justicia en los tribunales mexicanos, y hace dos semanas se dio el anuncio de que la CIDH remitiría el caso, formalmente llamado Mariana Selvas Gómez y otras, a la CoIDH, lo que ocurrió este día.

En un comunicado la Comisión señaló que “el caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos”.

Señaló que estableció que la detención de las once mujeres “fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos” y que acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.


Apuntó que tras analizar la prueba disponible, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas, por parte de agentes estatales,.

Señaló que encontró que las mujeres sufrieron “tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención”. Mientras que sus familiares tuvieron “afectaciones a la integridad psíquica y moral”.

Respecto al Gobierno mexicano señaló que la “Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable”.

Detalló además que la CIDH recomendó “al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico”.

Además de “continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad”, lo que incluye, dice el comunicado, “las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión”.

Y “disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Además de “adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso”.

La CIDH recordó que durante la tramitación del caso el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin embargo, señaló que tras haber evaluado el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, “la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas”.

Y señala “Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”.


“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, señaló la CIDH.

FUENTE: SIN EMBARGO.
FECHA: 27 SEPTIEMBRE 2016.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-09-2016/3097634

Corte Interamericana de Derechos Humanos admite expediente sobre violaciones sexuales cometidas por policías en Atenco en 2006

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH), el expediente de los hechos cometidos en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde policías cometieron violaciones sexuales, entre otras violaciones a los derechos humanos, durante un operativo policíaco.

Según información del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la CORIDH atraerá el caso denominado: “Mariana Selvas Gómez y otras”, mujeres de origen mexicano y extranjero que enfrentaron violencia sexual por parte de policías en dichos días, luego de que fuera recibida la notificación el pasado viernes, 18 de noviembre, por las organizaciones representantes de once de las víctimas que presentaron el caso ante la CIDH: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), y CEJIL.

Agregaron que el caso fue presentado a la CIDH el 28 de abril de 2008 y que “involucra detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, violaciones perpetradas por policías estatales y federales durante la represión violenta de una protesta social ocurrida en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco”, detallan. Las víctimas, afirman, han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades ya que los hechos continúan en la impunidad, aseguran.

Explicaron que la instancia internacional defensora de los derechos humanos, admitió el caso “ante la posibilidad de violación de los derechos a la integridad personal (incluyendo el derecho a no ser sometida a torturas), libertad y seguridad personales, garantías judiciales, protección judicial, protección de la honra y de la dignidad, e igualdad ante la ley”, y reiteró, dicen, su competencia para considerar la presunta violación de la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, relacionada con la Convención de “Belém do Pará” que México ha firmado y ratificado para su aplicación y cumplimiento.

Detallan que a partir de la notificación de admisibilidad, las organizaciones peticionarias tienen tres meses para presentar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidas al Estado mexicano para que, en un plazo similar, presenten su defensa sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, advirtió que “este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del Estado”.

Ante estos hechos, el CEJIL dijo confiar, “en que la justicia internacional en este caso servirá para reparar a las víctimas por las violaciones de derechos humanos causadas, para investigar diligentemente otros actos de violencia sexual y tortura, así como para que se adopten medidas eficaces de prevención de la violencia contra las mujeres y su investigación efectiva” y consideró que un pronunciamiento de la CIDH en este caso serviría para que se adopten medidas eficaces de prevención del uso arbitrario y desmedido de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.

Durante la represión ejercida en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, medios nacionales e internacionales señalaron que durante las detenciones varias mujeres fueron agredidas física y sexualmente por policías.

Según información de Cimacnoticias, entre las mujeres que fueron agredidas se encontraban una mujer indígena de origen mazahua, dos españolas, una chilena y una alemana. De inmediato se hicieron las denuncias por parte de las víctimas que fueron acompañadas por organizaciones civiles para exigir justicia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano.

Dichas denuncias están integradas en un dictamen en el que se señalan tres momentos en los que los abusos sexuales fueron perpetrados, el primero durante la detención de las víctimas, el segundo al ser ingresadas a los camiones que fueran utilizados para su traslado al penal de “Santiaguito” y finalmente en los mismos vehículos durante el traslado. Por su parte, las mujeres detenidas el cuatro de mayo señalan hasta cinco lugares diferentes en los que enfrentaron estos abusos.

Según el informe los abusos enfrentados por las víctimas consistieron en “manoseos y pellizcos en varias partes del cuerpo, hasta la penetración vaginal con dedos y otros objetos, frotamientos y en algunos casos la imposición de sexo oral”.

Por otro lado, el dictamen señala que, en cuanto a las detenciones realizadas, existen contradicciones en las declaraciones y que la mayoría de las denunciantes indica no poder identificar plenamente a sus agresores y que de las 50 mujeres “aseguradas”, 31 denunció haber sufrido violencia sexual.


Han pasado ya diez años de estos hechos y de que las víctimas acompañadas por organizaciones civiles continúan exigiendo justicia, la “reparación integral del daño y la no repetición”, y esta respuesta llega luego de que, según información de La Jornada, el 5 de mayo de 2015, 11 víctimas, acudieran a la CIDH para denunciar al Estado mexicano, y en concreto a Enrique Peña Nieto, quien en 2006 fuera gobernador del estado de México, que no persistiera en evitar que la instancia internacional emitiera un informe del caso.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-admite-expediente-sobre-violaciones-sexuales-cometidas-por-policias-en-atenco-en-2006/

Llama CoIDH a EPN a atender reclamos por violaciones a derechos

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Roberto Caldas, hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que atienda los reclamos formulados por víctimas de violaciones a garantías fundamentales.

En el marco de la 55 sesión extraordinaria de la CoIDH, realizada en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Caldas aseguró que es necesario que el Estado mexicano atienda esos casos para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño.

También aseguró que México presenta retos en materia de desapariciones forzadas, ataques a periodistas, desplazados, así como en agresiones a activistas.

“Es una realidad evidente que México encara hoy grandes retos en materia de derechos humanos, como todos los países de la región, familias cuyos hijos se encuentran sin paradero, periodistas cuyas voces buscan ser acabadas. Defensoras y defensores de los derechos humanos cuyas vidas corren grave peligro, miles de personas que decidieron emprender el camino de la migración en la búsqueda de un mejor porvenir”, sentenció Caldas.

En respuesta, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en el gobierno federal hay un compromiso de que se castiguen “sin miramiento” las violaciones a los derechos humanos, cuando éstas sean comprobadas, a fin de que no haya impunidad para los responsables.

Ante ministros de la SCJN y jueces de la CoIDH, Osorio Chong expresó el reconocimiento del gobierno de Peña Nieto a la “importante labor de las y los defensores de los derechos humanos en nuestro país”, mujeres y hombres –dijo– que en muchas ocasiones, con pocos recursos, pero siempre con gran vocación y entrega, trabajan día con día para hacer realidad los derechos, lo mismo en las ciudades que en las regiones alejadas de nuestro país.

También señaló que en su relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el gobierno mexicano está acatando y cumpliendo todas las sentencias y resoluciones de la CoIDH, institución que destaca por su consistencia, objetividad y seriedad de su actuación.

“Tengan la seguridad de que así como lo hemos hecho hasta ahora, seguiremos trabajando muy de cerca con ustedes, avanzando por el camino de la cercanía y el diálogo, abriéndonos al escrutinio de la ciudadanía y de los organismos autónomos nacionales e internacionales”, dijo en el evento realizado en la sede de la SCJN.

En su turno, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, sostuvo que los derechos humanos son condiciones esenciales para la dignidad del ser humano, constituyen el mínimo indispensable para la plenitud de las personas.

Luego señaló que estos órganos jurisdiccionales, ya sea regionales o nacionales, son el “pilar fundamental” para la defensa de las libertades, para garantizar el acceso a la justicia y para consolidar nuestras democracias.

“El fortalecimiento del Sistema Interamericano redundará en beneficios para nuestros pueblos, hermanados por la lengua, las costumbres y sistemas jurídicos semejantes que, afortunadamente, pueden dialogar entre sí”, dijo.

Aguilar Morales también ratificó el compromiso de la Corte en favor de las libertades y derechos reconocidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

“La pobreza, el desempleo, la carencia en materia educativa, la discriminación, la inseguridad o la impunidad colocan en situación de extrema vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes; a migrantes, personas mayores, a personas con alguna discapacidad o a personas en búsqueda de refugio y asilo, a personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y a personas y comunidades en general, de ahí la importancia al respeto de los derechos humanos”, puntualizó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).


Finalmente, destacó que, de 2011 a la fecha, la Suprema Corte ha emitido criterios y jurisprudencias recogiendo resoluciones y sentencias de la CoIDH, en cumplimiento al mandato del artículo primero de la Carta Magna.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/451906/llama-coidh-a-pena-a-atender-reclamos-violaciones-a-derechos