Ejidatarios frustran desalojo y exigen pago justo por tierras expropiadas para Toyota en Guanajuato

APASEO EL GRANDE, Gto: Funcionarios del gobierno del estado, acompañados por un notario público y elementos de las fuerzas de seguridad estatales, se presentaron este viernes ante ejidatarios de Caleras de Amexhe para notificarles que deben desalojar sus tierras, ya que éstas “fueron expropiadas y serán entregadas a Toyota”.


Sin embargo, hijos del dueño del predio de 7.5 hectáreas señalaron que aunque se les depositó una cantidad, no se ha liquidado el monto de la expropiación, además que “estamos en negociación porque no estamos de acuerdo con lo que el gobierno quiere pagar, y no es justo que nos echen para fuera así nomás”.

Empleados de la Secretaría de Desarrollo Económico se presentaron con el notario Jorge Durón a fin de consumar el desalojo. Incluso, llevaron grúas para retirar la maquinaria agrícola con la que los campesinos del lugar estaban preparando la tierra para sembrar.

Guillermo Ledezma, uno de los campesinos, dijo que ocho familias viven de trabajar 7.5 hectáreas que están a nombre de uno de los ejidatarios (hijos del dueño), y de ellas sacan 130 toneladas de maíz durante seis meses del año y 49 toneladas de cebada los otros seis meses.

Por ello, aseguró que no han aceptado que el gobierno les pague 1.4 millones de pesos por hectárea, sino que piden 2.5 millones “y, cuando termine la negociación, les dejamos las tierras”.

“Dicen que van a expropiar porque ya habíamos perdido, no muestran orden ni nada. No estamos de acuerdo con que paguen como ellos quieren”, dijo.

Mientras tanto, hombres y mujeres del ejido que se encontraban en el lugar no se movieron del terreno.

Después de un par de horas, los funcionarios y el notario optaron por retirarse del lugar, junto con los elementos de las fuerzas del estado.

A mediados del año pasado se conoció que exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados a un poderoso grupo empresarial de Monterrey (Garza Ponce), sacaron ventaja de la compraventa de los terrenos para la instalación de la armadora automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, pues crearon una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares, los cuales revendieron al gobierno del estado a un precio mayor.

El gobierno del estado pagó por lo menos 290 millones de pesos más por esta intermediación, en una operación que según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez fue legal y no presenta irregularidades, aunque se ha negado a abrir la información sobre los procesos de adquisición.


Una revisión efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) exoneró a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de cualquier posible acto de corrupción o de proporcionar información privilegiada para la inmobiliaria que hizo su agosto con estas tierras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473103/ejidatarios-frustran-desalojo-exigen-pago-justo-tierras-expropiadas-toyota-en-guanajuato

Auditoría de Guanajuato exonera al Ejecutivo en la compra de terrenos para Toyota

GUANAJUATO, Gto: Con 25 votos a favor y 11 en contra, el Congreso local aprobó el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) que exonera al Ejecutivo de cualquier irregularidad en la adquisición de 600 hectáreas para la instalación de la empresa armadora Toyota.


En tribuna, diputados del PRI, PRD y Verde Ecologista (PVEM) recordaron que ellos ya habían advertido que la auditoría no arrojaría información que reflejara anomalías, como la especulación inmobiliaria de la que ejidatarios acusaron al gobierno estatal y a la empresa inmobiliaria JAOS & SGB –conformada por exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón–, conocida como “Toyotagate”.

Mexicanos Unidos contra la Corrupción reveló que JAOS obtuvo ganancias cercanas a los 300 millones de pesos al anticiparse a la compra de predios –incluso con el registro de uno de los exfuncionarios como ejidatario– y posteriormente revenderlos al gobierno estatal, que las adquirió a un precio superior.


La diputada Guadalupe Velásquez, del PRI, y los coordinadores parlamentarios del PVEM y el PRD, Beatriz Manrique y Gerardo Silva, respectivamente, señalaron las limitaciones de la ASEG para revisar todo el proceso de compra-venta, lo que impidió conocer los alcances de las posibles anomalías que a mediados de año hicieron públicas los ejidatarios y medios de comunicación.

“¿Cómo es posible que Mexicanos Unidos contra la Corrupción haya distinguido la presunta cadena de corrupción y nuestro órgano especializado no haya notado tan evidente detalle?”, cuestionó Velásquez, quien refirió que la empresa inmobiliaria JAOS T& SGB se formó el mismo día en que se anunció la instalación de Toyota en Apaseo el Grande, donde se construye su planta actualmente.

A su vez, Beatriz Manrique, del PVEM, sostuvo que la Auditoría Superior del Estado “revisó justo aquello en lo que no podía encontrar nada distinto a lo que se encontró”, como lo advirtió hace meses, cuando dijo que sería difícil que esta revisión despejara sospechas sobre el manejo de la tierra “y de quién y cómo le abrió la puerta a esos inversionistas para que fueran saurinos y adivinaran dónde comprar”.

El perredista Gerardo Silva coincidió con Manrique al señalar que desde antes de que se aprobara la auditoría –solicitada por el gobernador Miguel Márquez cuando se conocieron las compras hechas a los exfuncionarios federales– se dudaba que la revisión esclarecería las dudas.

“En aquél entonces manifesté: dudo mucho que tengamos resultados a través de esta auditoría, porque los trabajos de la misma no se iban a enfocar en la empresa que compró barato y vendió muy caro. No se va a esclarecer la operación. Me atrevo a decir: fraude”, soltó Silva.

Añadió: “La empresa engañó a los campesinos porque sabía que ahí se instalaría la armadora de autos, y me atrevo a decir que el gobierno también lo sabía y se prestó al engaño que se hizo a los campesinos, autorizando la compra de terrenos, y hoy sabemos que incluso sin avalúo previo como lo establece la Ley de Contrataciones Públicas”.

Por ello, a nombre del grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contrataciones Públicas del estado, con el objetivo de que no se pague por un predio un precio superior al del avalúo realizado en la última compra-venta, para aquéllos inmuebles que hubieran sido enajenados en los tres años anteriores a la fecha de la operación.

Con esta iniciativa, agregó, se pretende “terminar con el tráfico de influencias y de la información pública privilegiada que conlleva un intermediarismo voraz que vende muy caro lo que compró muy barato”.


En contraparte, diputados de la mayoría panista defendieron el resultado del órgano fiscalizador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466625/auditoria-guanajuato-exonera-al-ejecutivo-en-la-compra-terrenos-toyota

Toyota pidió a Márquez comprar y transmitir terreno para planta en Guanajuato

LEÓN, Gto: En un capítulo más sobre la compra de los terrenos para la instalación de la planta de Toyota en Apaseo El Grande por parte del gobierno estatal, hoy se divulgó una carta en la cual la empresa planteó al gobernador Miguel Márquez Márquez que se encargara directamente de hacer la adquisición de tierras y posteriormente la transmisión de la propiedad a la armadora japonesa.


Firmada por Mike Bafan, director de Toyota México, la carta está dirigida al mandatario estatal. En ella, la empresa dice estar enterada de que este gobierno tiene como política no involucrarse en la compra de tierras de uso industrial, sino que otorga el apoyo financiero para que sea la misma empresa la que negocie de manera directa la adquisición de los terrenos para instalarse.

Pero más adelante, el presidente de Toyota México pide al gobernador Márquez de manera específica que sea su gobierno el que adquiera un predio denominado La Mariscala y luego transmita la propiedad a la empresa de Toyota que se le indique “ya que esto es una condición necesaria para nuestro establecimiento en el estado de Guanajuato”.

Sigue: “Nuestra petición no sólo obedece a políticas de nuestra empresa, sino a una práctica globalmente aceptada como condición indispensable para el establecimiento de la industria automotriz terminal”, refiere el documento enviado a medios por activistas por la transparencia de la asociación Ciudadanos Hartos.

En junio, el gobierno estatal fue acusado por integrantes del Ejido de Caleras de Ameche, en Apaseo El Grande, de fomentar la compra especulativa de predios a los ejidatarios, quienes denunciaron que se habían pagado precios diferenciados y que una inmobiliaria intervino en una parte de la compraventa, obteniendo ganancias millonarias.

Posteriormente, Mexicanos contra la Corrupción exhibió a la inmobiliaria JAOS & SGB, formada por dos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, uno de los cuales se hizo pasar por ejidatario para comprar diversas extensiones, que luego el gobierno del estado le compró a precios más elevados.

Los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre las adquisiciones de la inmobiliaria de los exfuncionarios del sexenio calderonista y las hechas por el gobierno estatal indican que éste compró a un sobreprecio que rebasó los 270 millones de pesos.

En respuesta, el gobernador Márquez negó estos señalamientos, calificó de normal la intervención de una empresa como JAOS en estos procesos y quiso dejar en claro que aunque su administración no compra tierras para este tipo de inversiones, lo hizo a petición de Toyota.

A mediados de noviembre, al colocarse la primera piedra de la planta de la armadora, el propio Mike Bafan dijo a los medios que “no se forzó al gobierno de Guanajuato a hacer algo que no quisiera hacer” y que Toyota se mantuvo al margen “de un tema que era del estado” al referirse al proceso de compraventa.

Este mismo lunes, el gobernador Márquez reconoció la existencia de esta misiva enviada por Toyota con la petición de comprar tierras, lo que calificó como “una práctica global”.

“Sí nos señalaron en un oficio donde al final del día nos comentaban que la política de la empresa y a nivel global es que donde se instalan ellos, los gobiernos son los que les dan los terrenos, sí es eso y sí está en una carta”, señaló en entrevista en León.

Agregó que no hizo público el documento porque Toyota le pidió que se manejara de manera reservada entre ambas partes.

Márquez Márquez rechazó que esto pueda reabrir el expediente sobre la adquisición de las tierras por parte del gobierno estatal. “Ya estuvo bueno de especulaciones, ya se hizo una auditoría integral, yo mismo la solicité; dejemos que trabajen las empresas, que generen empleos”, pidió.


Ratificó también que tiene “la conciencia tranquila” –en su momento su respuesta fue “a mí que me investiguen la CIA y el FBI”– y que en la adquisición de las 600 hectáreas para la planta japonesa se cumplió con la ley.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465217/toyota-pidio-a-marquez-comprar-transmitir-terreno-planta-en-guanajuato

Guanajuato: Márquez compró a ex funcionarios panistas 259.99 hectáreas con un sobreprecio

El informe entregado al Congreso de Guanajuato, señala que el Gobierno de Miguel Márquez Márquez compró de manera directa a la empresa JAOS & SGB –de ex funcionarios panistas– un total de 26 predios que equivalen a 259.99 hectáreas ubicadas en la comunidad de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande para instalar la ensambladora de Toyota, que se suman a las 10.17 hectáreas que le fueron expropiadas a la empresa vinculada con políticos locales en enero pasado: en total, el gobierno pagó a esta empresa 270.16 hectáreas.

El Gobierno de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, compró de manera directa a la empresa JAOS & SGB, un total de 26 predios que equivalen a 259.99 hectáreas ubicadas en la comunidad de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande para instalar la ensambladora de Toyota.

Además de estas compras directas, se le expropiaron a JAOS & SGB un total de 10.17 hectáreas, que fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato, el 22 de enero del 2016, y que corresponde a seis predios, que la empresa compró a particulares con antelación. En total, el gobierno pagó a esta empresa 270.16 hectáreas.

Lo anterior, según el informe presentado, el pasado 14 de junio, por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, al Congreso de Guanajuato con el propósito de esclarecer cómo se han adquirido las 607 hectáreas que el Gobierno estatal regalara a la ensambladora japonesa.

Una investigación de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la empresa JAOS & SGB compró cerca de 294 hectáreas a los ejidatarios de Caleras de Ameche y luego las revendió al gobierno estatal con un sobreprecio cercano a los 290 millones de pesos.

A raíz de esta y otras publicaciones, incluyendo la que realizó Zona Franca, los diputados locales exigieron al ejecutivo estatal que se iniciara una investigación sobre los procesos de compra-venta y expropiación con los que han ido siendo adquiridos estos predios.

Esta solicitud fue aceptada el martes 14 de junio por el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, quien solicitó al Congreso local su intervención para que ordenen a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) una investigación integral.

Ese mismo día, Guillermo Romero Pacheco entregó a los diputados un informe del estatus de estas adquisiciones, desglosándolas en propiedad social y privada.

En estos documentos, que fueron recibidos por la Legislatura actual a las 10:01 de la mañana del 14 de junio, se explica que de acuerdo al Artículo Cuarto del Decreto Gubernativo Número 9, publicado en el Periódico Oficial el 20 de noviembre de 2015, se permite la formalización para adquirir las 607 hectáreas que requiere Toyota.

Respecto a la propiedad privada, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable enlista cada uno de los 26 predios comprados de manera directa a la empresa JAOS & SGB, cuyos accionistas son José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ellos dos cercanos a Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi, quienes son propietarios de la empresa Losrram, misma que tiene vínculos cercanos al Gobierno de Guanajuato.

Estos 26 predios suman 259.99 hectáreas, de las cuales sólo 231.77 han sido cedidas por el gobierno estatal a la empresa Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V., y 28.22 hectáreas quedan pendientes de transición.

En el documento entregado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable al Congreso Local se informa de otros 25 predios que fueron expropiados, equivalentes a 210.83 hectáreas, sin embargo, no se especifica si pertenecían a ejidatarios de Caleras de Ameche o a la empresa JAOS & SGB.

Sólo, conforme a lo publicado en el Periódico Oficial del 22 de enero de 2016, se pudo averiguar que 10.17 hectáreas de las 210.83 expropiadas, pertenecían a JAOS & SGB.


De las hectáreas expropiadas, sólo 155.45 han sido cedidas formalmente por el gobierno de Guanajuato a la empresa japonesa, es decir, que en estos momentos Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V. tiene en su posesión 387.22 de las 607 que necesita para su planta armadora.

El documento de 5 páginas entregado por la Secretaría de Desarrollo Económico al Congreso Local no especifica los montos de compra en los casos de venta directa, y tampoco las indemnizaciones en los casos de expropiación ni las personas o empresas afectadas.

El gobierno de Guanajuato determinó reservar la información de la adquisición de estas 607 hectáreas hasta septiembre de 2020, por considerar que de hacer públicos estos datos se pondría en riesgo esta y futuras inversiones.


Sin embargo, el Gobernador Miguel Márquez Márquez ya informó que estarán entregando al Congreso Local y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato los datos que soliciten para poder realizar la investigación sobre el proceso de adquisición de estos predios.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/CARMEN MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-06-2016/3055449

La Secretaría de Desarrollo de Guanajuato entrega el informe de compra de terrenos donados a Toyota

Luego de reunirse con la bancada, el coordinador de la fracción del PAN, Éctor Jaime Ramírez adelantó que van a votar a favor de la auditoría solicitada por el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez.

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato envió siete meses después el primer informe sobre el proceso de compra de los predios que serán donados a la empresa Toyota.

A través de un escrito recibido en la Secretaría General del Congreso el martes, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco, envió el documento que será entregado a los 36 diputados este jueves en la sesión de pleno.

En el decreto aprobado por el Congreso del Estado para la desafectación de las 607 hectáreas que van a ser compradas para donarse a la armadora se aprobó desde noviembre, pero fue hasta siete meses después y ante la exigencia de los mismos diputados que se envió la información.

El artículo cuarto del decreto número 9 dicta:

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable deberá informar en forma puntual al Congreso del Estado sobre la formalización de los procedimientos de adquisición y las ulteriores enajenaciones que se realicen, en cumplimiento al presente Decreto
El secretario general del Congreso, Christian Cruz Villegas, confirmó que el documento está en la Secretaría General, pero que podrá ser público hasta este jueves.

“Es un documento administrativo que será visto mañana en la sesión, mañana en pleno se dará lectura y terminaría su carácter de reservado por el trámite administrativo. Con el tema del parlamento abierto lo estaremos posicionando pero en este momento no es de conocimiento de los diputados, yo no tengo ninguna instrucción de reflejarlo como público”.

En el artículo cuarto del decreto aprobado por el Congreso el 17 de noviembre, se establece como obligación del Gobierno del Estado informar los avances de la compra de terrenos.

Christian Cruz también expuso que llegó un segundo documento del gobierno del estado, en la que el gobernador pide que se audite el proceso por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

“Si hay la voluntad política se estaría generando un punto de acuerdo, ese punto de acuerdo podrá tener dos caminos: subirlo incluso inmediatamente a la sesión o que se enlistase en la siguiente semana. La decisión es de la Junta de Gobierno. Se requiere la votación de las dos terceras partes para la auditoría integral”.

En la sesión de pleno de este jueves se darán a conocer los detalles del informe y de la auditoría solicitado por el gobierno del estado.

PAN ADELANTA VOTO A FAVOR

El coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Éctor Jaime Ramírez Barba, comentó que como fracción van a impulsar la auditoría integral.

Adelantó que en la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política el PAN va a proponer que el punto de acuerdo vaya en sentido positivo, pero se necesitaría del voto a favor del resto de las fracciones parlamentarias.

Después de la reunión semanal con la bancada, Ramírez Barba consideró que es necesaria la intervención de la ASEG, como lo pidió el mismo gobernador, Miguel Márquez.


“El gobernador introdujo la solicitud para que evaluemos si se hace la auditoria, proponer que se lleve a cabo, espero contar con el voto de los compañeros, de los grupos políticos y de las representaciones para que se haga”.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/CARMEN PIZANO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-06-2016/3054971

El Gobernador de Guanajuato solicitará a la Auditoría estatal que investigue compra de terrenos para Toyota

Esto luego de que la semana pasada su reacción inicial fue simplemente descartar que su Gobierno favoreció a la empresa cuyos accionistas son José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordés, dos personas que mantienen nexos con Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi, dos empresarios que financiaron la campaña del ahora Gobernador de Guanajuato.

El Gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que hoy solicitará al Congreso Local que la Auditoría Superior del Estado realice una investigación integral sobre los procesos de compra de terrenos donde se instalará Toyota, donde se incluyen 295 hectáreas que fueron adquiridas a la empresa JAOS & SGB, una empresa de la que el funcionario evitó hablar.

“Hoy mismo yo estoy solicitando auditoría, que la haga el Órgano de Fiscalización (ahora Auditoría Superior del Estado), pues es el autorizado, es el Congreso del Estado, estoy solicitando la auditoría y hoy estaré enviando un oficio para que hagan la auditoría integral, de veras el que nada debe ya no teme y ya lo he dicho”, mencionó.

Esto luego de que la semana pasada su reacción inicial fue simplemente descartar que su Gobierno favoreció a la empresa cuyos accionistas son José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordés, dos personas que mantienen nexos con Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi, dos empresarios que financiaron la campaña del ahora Gobernador de Guanajuato.

Márquez Márquez recordó que por decreto, el Gobierno del estado debe informal puntualmente al Congreso Local sobre todo el proceso de compra y aseguró que esto se cumplirá: “para nada hay falta de transparencia, yo ya les dije que a mí que esculquen, yo no tengo ningún problema”.

Sin afirmar o negar tener una relación con Santiago Germán Bordés o José Antonio Ortega Serrano, Miguel Márquez Márquez se limitó a decir que los contratos entre JAOS & SGB y los ejidatarios de Caleras de Ameche fueron tratos privados.

-¿No le parece sospechoso que la empresa haya tenido información privilegiada como para comprar los terrenos con demasiada anticipación?, se le cuestionó al Gobernador.

-No, no, yo insisto que yo tengo un documento en donde yo explico que nosotros no compramos tierras, pero fue una condición que Toyota nos puso y tuvimos que comprar, y está muy claro ahí-, respondió intentando justificar que que previo al cierre de acuerdos con Toyota, es decir en 2014, el Gobierno estatal no prevía comprar tierras.

Cuestionado en específico sobre el costo promedio de 357.21 pesos por metro cuadrado que el Gobierno pagó a JAOS & SGB por 34.11 hectáreas, documentadas por Zona Franca, el Gobernador negó haber favorecido a la empresa: “yo le puedo asegurar que se le pagó 148 pesos, a todos parejitos”.

Miguel Márquez Márquez negó que estas presuntas irregularidades sobre la compra de terrenos para Toyota pueda dañar su imagen personal o quitarle el sueño de ser considerado por Acción Nacional como un contendiente a la candidatura para la elección presidencial de 2018.


“Cuando tú actúas derecho y de frente, pues tampoco tienes por qué agachar la cabeza y esconderte, ni maíz, yo no estoy dispuesto a esto. A mí no me trae nada (repercusiones), ni me quita el sueño, a mí lo que me quita el sueño es cuando no esté bien con mi conciencia y lo demás sale sobrando”, manifestó.

FUENTE: SIN EMBARGO/ ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/CARMEN MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-06-2016/3054505

Toyota–Guanajuato: Fue ganar ganar, con campesinos y con el erario; estuvieron con FCH en SRA

En los linderos de Guanajuato y Querétaro, donde la empresa Toyota planea instalar una planta armadora, el Gobierno guanajuatense habría pagado un precio mucho mayor por 31 terrenos a JAOS & SGB SAPI de C.V. Se trata de una empresa constituida por José María Garza Treviño y Santiago Germán Bordes, quienes fueron funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. A los ejidatarios, esa empresa los habría sometido a engaño y presión para pagarles una cantidad mucho menor de la que al final le cobró al Gobierno de Miguel Márquez Márquez, según una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

El Gobierno de Guanajuato, de Miguel Márquez Márquez, habría pagado por 31 terrenos, 290 millones de pesos –un precio mayor que el costo real- a la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V. para luego donarlos a la empresa Toyota que planea instalar una planta armadora en Apaseo El Grande, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Se trata de una de las mayores inversiones de la ensambladora automotriz en México, de mil millones de pesos, según anunció el Presidente Enrique Peña Nieto el 15 de abril de 2015. Pero el pasado 9 de junio, el diario Reforma dio a conocer que un grupo de ejidatarios sostiene que la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V habría adquirido la tierra a bajo precio y con engaños. A su vez, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el Gobierno del estado le compró los terrenos a esa empresa a un precio mucho mayor.

La empresa fue constituida por José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), ambos funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

De inmediato, en un acto en la capital del estado, Márquez Márquez, Gobernador guanajuatense, deslindó a su Gobierno de presuntas irregularidades en la adquisición de los terrenos destinados a Toyota en el municipio de Apaseo el Grande. Esta fue su explicación:

“Nosotros hemos sido muy claros y específicos: compramos a 148 pesos el metro cuadrado a todos y eso es parejo; los contratos entre privados es un asunto que no obedece a nosotros”.


 LA FORMA EN QUE SE HABRÍA OPERADO

Según la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V. fue constituida en Monterrey el 13 de junio de 2014 a través de la compañía GP Bienes Inmuebles, dedicada a la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda. Quedó a nombre del empresario José María Garza Treviño.

Era 8 de julio de 2014 -habían pasado 25 días de la constitución de la empresa- y representantes legales de JAOS & SGB SAPI de C.V. compraron los primeros terrenos.

En septiembre, la agencia Bloomberg informó que la automotriz japonesa tenía interés en instalar una planta, sin precisar la ubicación de la misma. Entre octubre y diciembre de 2014, JAOS & SGB adquirió las escrituras de otras cinco parcelas. Luego, el 15 de abril de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció de manera oficial que Toyota instalaría una planta armadora en los terrenos que para ese momento, habría adquirido JAOS & SGB.

Entre mayo y julio de 2015, la empresa intermediaria formalizó la compra de 169 hectáreas que serían revendidas al Gobierno estatal con un precio dos veces mayor. En septiembre de ese año concretaron la compra de otros 15 predios que serían revendidos al Gobierno con un sobreprecio de hasta 42 veces el precio original.

Al final, el Gobierno estatal pagó a JAOS & SGB SAPI de C.V, un precio de 290 millones de pesos, mientras que los campesinos propietarios de los terrenos fueron obligados a vender sus propiedades por medio de amenazas de despojo y a precios menores.


 LOS HOMBRES DETRÁS DE JAOS & SGB

Las siglas de la empresa intermediaria que adquirió los terrenos en Guanajuato corresponden a José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB). Ambos fueron funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; el primero como cordinador de programas institucionales y el segundo como Director de Área.

Al concluir la administración federal panista, Ortega Serrano y Germán Bordes se asociaron con Abraham Cherem Mizrahi, quien fue Jefe de enlace en la Secretaría de Gobernación y en la Oficina de la Presidencia durante el mismo sexenio, para fundar el despacho Law, Social and Agro Advisors Consulting (LASC), dedicado a negociar la liberación de tierras con el objetivo de desarrollar obras públicas, inmobiliarias e industriales.

En 2014, Ortega Serrano y Germán Bordes constituyeron la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V:, a través de la compañía GP Bienes Inmuebles, propiedad del empresario José María Garza Treviño, señalado por la revista Expansión como uno de los 100 empresarios más importantes de México. Por su parte, Germán Bordes es consejero, apoderado legal y negociador de la empresa, mientras que Ortega Serrano y Cherem Mizrahi son socios en esta compañía.


Ese mismo año, Franco Herrera Sánchez, Subsecretario de Atracción de Inversiones en el Gobierno de Guanajuato, fue puesto a cargo del proyecto de inversión para Toyota, por lo que conocía las necesidades de ubicación y características de los terrenos para instalar la armadora en ese estado. Herrera Sánchez estuvo a cargo de la negociación de la compra de terrenos con JAOS & SGB.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-06-2016/3052905

Se deslinda Toyota de irregularidades en la compra-venta de predios en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de la revelación que hizo Mexicanos contra la Corrupción sobre las irregularidades en la compra-venta de terrenos para la instalación de una planta de manufactura de la automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato, la armadora se deslindó de haber participado en ese proceso.

“Toyota no ha participado en momento alguno en procesos de compra-venta de bienes raíces con particulares ni empresas”, aseguró en un comunicado.

De acuerdo con la filial de la armadora japonesa, el ofrecimiento del gobierno guanajuatense de entregarle un predio es considerado como parte de los incentivos que se brindan en todo el mundo para la instalación de plantas automotrices.

“Se estableció la entrega de un predio de aproximadamente 600 hectáreas para la construcción de la planta, además del desarrollo de infraestructura que beneficiará también a la comunidad y a la región”, destacó.

El gobierno de Guanajuato, agregó, ha realizado las gestiones de adquisición del predio directamente con los distintos propietarios.

Y reiteró su compromiso con la comunidad de Guanajuato, en especial con la población de Apaseo el Grande, para que todas las operaciones del proyecto se apeguen a los principios de legalidad, ética y transparencia que rigen las operaciones de la empresa en todo el mundo.

En abril de 2015 Toyota anunció una inversión de mil millones de dólares para la construcción de una planta de manufactura en Guanajuato, como parte de su estrategia de largo plazo para la construcción de una planta para la región de Norteamérica.

Según se dio a conocer, dicha planta generará 2 mil empleos directos, además de que atraerá a numerosos proveedores a la zona.

Ayer, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer que dos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados al poderoso grupo empresarial de Monterrey Garza Ponce, sacaron ventaja de la compra-venta de los terrenos para la instalación de la automotriz japonesa, al crear una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares.

Estos revendieron al gobierno del estado, que pagó por lo menos 290 millones de pesos más por la intermediación, en una operación que, según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez, es legal y no presenta irregularidades.

El pasado 26 de abril, Apro publicó que ejidatarios de Caleras de Ameche denunciaron presiones de funcionarios del gobierno del estado e irregularidades en los procesos de compraventa.

“No estamos en contra del desarrollo del estado y del municipio, pero sí queremos igualdad y congruencia en su decir y su actuar. Tal vez sus funcionarios les están ocultando la verdad”, señalaron integrantes del Comisariado ejidal.

El periódico Correo publicó la víspera que de 31 terrenos, los intermediarios le vendieron al menos 17 al gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, específicamente del encargado de este proceso, el subsecretario de Atracción de inversiones Franco Herrera.

Originalmente los predios fueron comprados por los intermediarios hasta en cuatro pesos el metro cuadrado, y luego los revendieron al estado en 161 pesos.

Las siglas de la empresa corresponden a José Antonio Ortega Serrano y a Santiago Germán Bordes, ambos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el gobierno del panista Felipe Calderón.

La empresa fue constituida en junio del 2014 en Monterrey. Menos de un mes después ya estaba comprando predios. En dicha empresa, Germán Bordes figura como consejero y apoderado legal, y José Antonio Ortega es socio.


Bordes simuló ser ejidatario y se integró al comisariado de Caleras de Ameche –localidad ubicada en la zona donde se comprometió la instalación de Toyota– en Apaseo el Grande, y compró 12 hectáreas, que luego revendió a su propia empresa, JAOS & SGB, para que ésta la vendiera a su vez al gobierno del estado, que pagó a un valor mucho más alto con dinero del erario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443658/se-deslinda-toyota-irregularidades-en-la-compra-venta-predios-en-guanajuato

Comisión especial vigiló la compra transparente de tierras para Toyota: gobierno de Guanajuato

“Toyota no ha participado en momento alguno, en procesos de compra-venta de bienes raíces con particulares ni empresas”, indicó la empresa en el comunicado.

El gobierno de Guanajuato dijo haber hecho una excepción en su política de no comprar tierras “para facilitar la llegada” de Toyota y buscar la generación de progreso en el estado. Esto en respuesta al reportaje elaborado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad que revela que el gobierno estatal compró terrenos a sobreprecio a una empresa intermediaria.

“Decidimos llevar a cabo la compra, coincidimos con los ideales de Toyota de ser una empresa que a su llegada genere progreso en un ambiente de cordialidad y excelente vecindad.
“En el estado de Guanajuato hemos recibido más de 8 mil millones de dólares en 180 proyectos de inversión y en ninguno de ellos Gobierno del Estado ha participado en la compra de tierra”, señaló el Ejecutivo estatal en un comunicado.

La administración de Miguel Márquez Márquez dijo que la compra de tierras se hizo con toda transparencia y el proceso fue vigilado por una comisión especial.

En un comunicado, el gobierno detalló que la comisión acompañó el proceso de compra en todo momento y está encabezada por el Secretario de Gobierno y en donde participan las secretarías de Desarrollo Económico  Sustentable, Transparencia y Rendición de Cuentas, Finanzas Inversión y Administración y la Coordinación General Jurídica.

Horas antes, Toyota se deslindó del proceso de compra-venta de los terrenos que el gobierno de Guanajuato le cedió para la construcción de una planta de manufactura, ubicada en el municipio de Apaseo el Grande.

“Como es del conocimiento público, el Gobierno de Guanajuato ha realizado las gestiones de adquisición del predio directamente con los distintos propietarios del mismo. Toyota no ha participado en momento alguno, en procesos de compra-venta de bienes raíces con particulares ni empresas”, indicó la empresa en el comunicado emitido la tarde de este jueves 9 de junio.

Además, Toyota reitera su compromiso con la comunidad de Guanajuato, “y en especial con la población de Apaseo el Grande”, para que todas las operaciones del proyecto se apeguen a los principios de legalidad, ética y transparencia “que rigen las operaciones de la empresa en todo el mundo”.

El comunicado de Toyota se dio a conocer horas después de que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dijo que su administración cumplió con la normatividad en la compra de las tierras que su gobierno regaló a la armadora automotriz.

“Nosotros compramos parejo, ya transacciones privadas que se hayan realizado no nos toca a nosotros”, dijo Márquez y añadió, “han comprado ya cientos de hectáreas en toda esa zona, se están desarrollando parques. Hay más de 1,500 hectáreas que se han comprado ahí”.

Un reportaje elaborado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela que el gobierno de Guanajuato compró terrenos a sobreprecio a una empresa intermediaria.

La empresa, JAOS & SGB SAPI de CV, cuyo dueño casi único es el empresario regiomontano José María Garza Treviño, compró terrenos en menos de 4 pesos el metro cuadrado, los cuales revendió un mes después al gobierno de Guanajuato en 161 pesos el metro cuadrado.


El comunicado completo de Toyota y el del gobierno de Guanajuato:

  Posicionamiento Toyota de México by http://www.animalpolitico.com

  Comunicado Tierras Toyota by http://www.animalpolitico.com

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/toyota-se-deslinda-de-terrenos-que-le-regalo-el-gobierno-de-guanajuato/

El Cártel de Los Güeros: los exfuncionarios detrás del caso Toyota

Ex funcionarios del sexenio calderonista y empresarios compraron terrenos que vendieron a sobreprecio al gobierno del panista Miguel Márquez. Los campesinos que denuncian haber sido engañados y forzados a vender, apodaron a esos intermediarios como Los Güeros. Esta es la segunda parte del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Cuando dejó su empleo en la Procuraduría Agraria en 2012, el ciudadano Santiago Germán Bordes tenía, según su declaración patrimonial, apenas 8 mil 600 pesos en el banco y ningún inmueble a su nombre; tres años después, ya era dueño de 58 hectáreas con valor de 55 millones de pesos.

Por increíble que parezca, su enriquecimiento lo logró tras convertirse en ejidatario. O mejor dicho, al volverse campesino.

Con ese camuflaje, Germán Bordes compró decenas de hectáreas que luego vendió a una empresa en la que es miembro del Consejo de Administración, la cual a su vez las revendió al Gobierno de Guanajuato para obsequiárselas a la trasnacional japonesa Toyota.

Con el auxilio de un empleado que también simuló ser campesino convenció, e incluso presionó a ejidatarios de que les vendieran sus tierras a precios muy bajos, las cuales luego fueron vendidas al Gobierno guanajuatense hasta 42 veces más caras.

Estos “campesinos”, a quienes los ejidatarios apodaron como Los Güeros, colaboran en una empresa que fungió como intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde Toyota proyecta instalar una planta armadora de autos.


La intermediaria compró los terrenos a precios diferenciados, pero siempre muy bajos. El menor precio fue en una parcela de 6.6 hectáreas, en donde pagó 158 mil pesos, que equivale a 2 pesos con 39 centavos el metro cuadrado y un mes después lo revendió al Gobierno en 148 pesos el metro cuadrado.

Otro ejemplo fue la compra de 19 mil 622 metros cuadrados en 74 mil 674 pesos (3.8 pesos el metro) que fue revendida en un mes en 3 millones 171 mil pesos (161 pesos el metro cuadrado).

Sobreprecio de 290 millones

Esta maquinación en la compra de tierras involucró al Gobierno de Guanajuato que encabeza el panista Miguel Márquez, quien pagó 481 millones de pesos por 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones.

El sobreprecio pagado con recursos públicos fue del 150%, equivalente a 290 millones de pesos, de acuerdo con los avalúos bancarios de los predios, obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los avalúos realizados a finales de agosto de 2015 por peritos de ABC Capital, fijaron en 65 pesos el precio del metro cuadrado en los terrenos donde se proyecta instalar la planta de Toyota; dos meses después el Gobierno de Guanajuato pagó en promedio cada metro cuadrado en 164 pesos.

Al menos 17 de los 31 terrenos fueron comprados muy baratos por la intermediaria y luego revendidos muy caros al Gobierno, con sólo un mes de diferencia.


Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2015, el ejidatario Elpidio Rodríguez vendió su parcela de dos hectáreas en 200 mil pesos (equivalente a 10 pesos el metro cuadrado) y 36 días después fue revendida al Gobierno guanajuatense en 2 millones 915 mil pesos (146 pesos el metro).

La ruta del dinero

¿Quiénes están detrás de este lucrativo negocio? La ruta del dinero apunta a Monterrey, al despacho de un empresario que ya antes había sido acusado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con políticos de Nuevo León.

JAOS & SGB fue constituida el 13 de junio de 2014, en Monterrey, por el empresario José María Garza Treviño, a través de su compañía GP Bienes Inmuebles, que posee el 99.9% de las acciones.

La empresa podría haberse creado exprofeso para la compra masiva de tierras en la zona donde se instalaría Toyota.


El 8 de julio de 2014, a los 25 días del nacimiento de JAOS & SGB, sus representantes concretaron las primeras adquisiciones de predios en el ejido Caleras de Ameche. La compra de parcelas inició nueve meses antes de que el presidente Enrique Peña Nieto formalizara el anuncio de que en ese lugar se instalaría una planta armadora de la automotriz japonesa Toyota. ¿Tenían información privilegiada?

El dueño casi absoluto de la intermediaria es uno de los 100 empresarios más importantes del país, según la lista anual de la revista Expansión. Es el Presidente de Grupo GP, que abarca los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.


En una investigación publicada en junio de 2014 en Reporte Índigo, Garza Treviño fue señalado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con un cuñado del actual embajador de Uruguay, Felipe Enríquez.

Negocio de ex funcionarios

JAOS y SGB son las siglas de dos ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que se dedican al negocio de comprar y vender terrenos ejidales.

Los funcionarios se llaman José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes coincidieron en el anterior sexenio en la Procuraduría Agraria; el primero se desempeñaba como coordinador de programas institucionales, mientras que el otro fue director de área.

Germán Bordes tiene participación triple en la empresa JAOS & SGB, pues desde su fundación es integrante del Consejo de Administración, apoderado legal y negociador en la compra y venta de tierras. Su paso por la Procuraduría Agraria le dio el conocimiento y la experiencia para negociar con ejidatarios.


Al concluir el anterior sexenio, Germán Bordes se asoció con Ortega Serrano y con Abraham Cherem Mizrahi, un panista que también trabajó en el sexenio de Felipe Calderón como jefe de enlace en Gobernación y en la Presidencia de la República. Los tres fundaron el despacho Law, Social and Agro Advisors Consulting (LASC), que se dedica a negociar la liberación de tierras para obras públicas y desarrollos inmobiliarios e industriales.

Un domicilio, muchos intereses


La firma de consultoría agraria creada por los ex funcionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, con otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes.

La dirección de Caballo Calco 28, en Coyoacán, es el domicilio de LASC (la consultoría de JAOS, SGB y Cherem), pero también es la sede de la notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien a su vez aportó esa dirección para inscribir la empresa Losrram SA de CV, de la que es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, uno de los socios de la intermediaria que compró los terrenos para la armadora de Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato.

Tantas coincidencias no son casualidad: los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios.

LASC lo hizo en Chiapas, al negociar la liberación del derecho de vía para dos carreteras; Losrram negoció con ejidatarios del pueblo mágico de Pozos, al norte de Guanajuato, para impulsar un desarrollo turístico y residencial de 152 hectáreas, y JAOS & SGB le compró más de 294 hectáreas a campesinos para la nueva planta armadora de Toyota.

En los tres casos recibieron recursos públicos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos para esta investigación: LASC cobró 19 millones de pesos en tres contratos por invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el proyecto de Losrram fue beneficiado con más de 100 millones de pesos de fondos estatales y federales, mientras que JAOS & SGB obtuvo una utilidad superior a los 200 millones de pesos, al fungir como intermediaria del Gobierno de Guanajuato en la compra de tierras para Toyota.

La red de amigos

Los socios de las tres empresas tienen vínculos de negocios y de amistad.

Ignacio Soto Borja, titular de la notaría ubicada en Caballo Calco 28, está asociado con Daniel Esquenazi Beraha en al menos dos empresas dedicadas a promover el proyecto inmobiliario de Pozos, el cual presumen en redes sociales que será el nuevo San Miguel de Allende.

Ambos, a su vez, tienen vínculos de negocios con Víctor Manuel Lizárraga Erosa, accionista minoritario de JAOS & SGB.

Los tres son copropietarios de un predio de 80 hectáreas en el ejido Aquiles Serdán, del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, en donde proyectan un desarrollo turístico de playa.

Esquenazi, Soto Borja y Lizárraga tienen en su círculo de amigos en Facebook e Instagram a Juan José García Henríquez, al que apodan ‘Picho’, uno de los responsables de negociar la compra de tierras para JAOS & SGB; para cumplir su encomienda, Picho llegó a ostentarse como campesino en la compra-venta de al menos 26 hectáreas. Su amistad y cercanía la expresan en mensajes fraternos e intercambios de bromas en redes sociales.

Esquenazi también es amigo en redes del panista Abraham Cherem Mizrahi, ex jefe de enlace en la Presidencia de la República con Felipe Calderón, y uno de los socios de LASC.


Mientras que José Antonio Ortega Serrano, socio de Cherem, tiene en su red de amigos a Esquenazi, a ‘Picho’ y a Ignacio Soto.

El enlace en el Gobierno

Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato, fue el funcionario estatal que negoció con los representantes de JAOS & SGB la compra de terrenos. Su nombre y firma aparece en los planos de deslinde y actas.

Fue, además, uno de los negociadores para la inversión de Toyota. Dado que estuvo a cargo de ese proyecto desde el 2014, Herrera Sánchez habría tenido información de primera mano de las necesidades y características del terreno solicitado por la armadora de capital japonés.

Su delicada labor de negociador no le impidió trabar amistad con sus contrapartes.

En su círculo de amigos en Facebook, el funcionario tiene a Juan José García Henríquez, ‘Picho’, quien cumplió doble labor al servicio de JAOS & SGB: como improvisado ejidatario en la compra de tierras y como su apoderado general en los contratos y en el decreto de expropiación.

Además, es amigo en redes de José Antonio Ortega Serrano (cuyo nombre corresponde a las iniciales JAOS), el socio de la empresa LASC, de ex funcionarios del anterior sexenio panista.

El Subsecretario de Atracción de Inversiones estuvo involucrado en 2013 en la compra irregular de un terreno de tres hectáreas, para construir el edificio de seguridad C4 en Salamanca.

El terreno lo vendió la empresa Inmobiliaria y Servicios Benher, propiedad de su hermano Alejandro, a un precio de 41 millones 953 mil pesos, pese a que había avalúos que estimaban que el costo real del inmueble era de 24 millones 469 mil pesos, según consta en una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización de Guanajuato.

Organizaciones ciudadanas acusaron en aquella ocasión a Franco Herrera de haber sido el intermediario en la venta del terreno.

El deslinde oficial

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscó al funcionario guanajuatense para preguntarle si su amistad con dos personas vinculadas a JAOS representaba un conflicto de intereses, pero se negó a responder.

En conversación telefónica este miércoles, dijo que no haría ninguna declaración al respecto, porque la compra de terrenos para Toyota todavía no concluía.

Herrera Sánchez aseguró que no sabía que JAOS & SGB había fungido como intermediaria, al comprar tierras baratas que luego había revendido caras al Gobierno de Guanajuato. Sin embargo, Herrera Sánchez es el funcionario encargado de autorizar el polígono donde se instalará la armadora, incluyendo los deslindes de esos terrenos.

En todo caso -añadió- la compra de cientos de hectáreas que hizo desde 2014 la empresa eran para un parque industrial y su uso se cambió cuando Toyota decidió instalarse en Guanajuato.

La decisión de Toyota de instalarse en el ejido de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande, fue tomada en abril de 2015 en Japón, una semana antes de que la inversión la anunciara el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pínos, sostuvo el Subsecretario.

Sin embargo, otro funcionario guanajuatense -quien habló con la condición del anonimato- confió que desde 2014 ya se había presentado a Toyota la alternativa del terreno que en forma muy anticipada compró una empresa de capital regiomontano.

Vía telefónica ayer una vocero de Toyota dijo que las negociaciones para instalar la planta en esos terrenos se dieron hasta después del presidente Enrique Peña Nieto.

El Gobierno de Guanajuato se limitó a expresar como postura oficial que la compra de tierras para Toyota se hizo en forma legal y a un precio parejo de 148 pesos el metro cuadrado, tanto a ejidatarios, pequeños propietarios como vía expropiaciones.

Documentos en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestran, en cambio, que el precio promedio pagado por 294 hectáreas fue de 164 pesos.

Integran a ejido a falsos campesinos

En una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, Juan José García Henríquez y Santiago German Bordes fueron incluidos como ejidatarios de la comunidad Caleras de Ameche.

German Bordes habría aprovechado la experiencia obtenida en su paso como funcionario de la Procuraduría Agraria, para encontrar los resquicios legales que les permitieran integrarse al ejido. Una vez instalados en la comunidad de Caleras de Ameche, lograron escriturar a su nombre 17 parcelas, según consta en los títulos de propiedad parcelarios obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.


En una consulta realizada en los expedientes del Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande, aparece la anotación de que 14 parcelas pasaron a manos de los dos ex funcionarios en una operación valuada en cero pesos. Cinco de esos terrenos fueron traspasados como permuta (intercambio) en junio de 2015.

A los dos meses, las parcelas fueron vendidas a la empresa JAOS & SGB, en la cual trabajan los dos falsos ejidatarios, según documentos de las transacciones. Luego, las tierras fueron revendidas al Gobierno de Guanajuato.

En 12 contratos de compra-venta de las tierras del ejido de Caleras de Ameche, Santiago German Bordes se identificó como un campesino originario del Distrito Federal, con dirección en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia La Florida, de la Ciudad de México. El domicilio en realidad corresponde a una vivienda en una de las zonas residenciales más exclusivas.


Los reporteros buscaron a esta persona en su casa, pero no se concretó la entrevista.

En otras cinco escrituras aparece como ejidatario el apoderado general de JAOS & SGB, Juan José García Henríquez, quien ante un notario público afirmó que era campesino originario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en la calle Camino Antiguo a Marfil, en Guanajuato Capital.

Antes de vender cada terreno, notificó al ejido y a su entonces esposa, Ana Daniela Sosa Barba (actual regidora suplente y funcionaria del Ayuntamiento de Guanajuato) el derecho de preferencia de compra, según consta en los documentos.


Se le buscó vía telefónica, pero nunca contestó. Tampoco respondió los mensajes ni se le encontró en el domicilio que reportó en Guanajuato en la zona residencial de Marfil.

Desde que se constituyó la empresa JAOS & SGB en 2014, García Henríquez fue registrado como su representante legal.

Complicidades y supuestas amenazas

Francisco Rodríguez Gómez, tesorero del comisariado ejidal de Caleras de Ameche, relató que desde mediados de 2014 los representantes de JAOS & SGB –a quienes apodaban ‘Los Güeros’- se hicieron pasar como campesinos, para adquirir las tierras.

Incluso, en una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, se les integró como ejidatarios, y con ese nombramiento, pudieron gestionar a su nombre títulos de propiedad parcelarios, ante el Registro Agrario Nacional.

“Aquí el que los arrimó fue el comisariado ejidal, señor Refugio Rubio Ciciliano, fue el que los trajo, los arrimó a la asamblea, y los convocó a junta ante notario público para que hiciera válido… para reconocerlos como avecindados”, relató el tesorero.

La integración de ‘Los Güeros’ al ejido provocó división entre los vecinos.

“Unos votaron en contra y otros a favor. El chiste es que se aceptó con la condición de que ellos, el avecindado, no tenía que causarle problemas al ejido, en cuanto causaran problemas podían ser rechazados o expulsados, y es lo primero que nos hicieron”.

El divisionismo provocó que la directiva del ejido se partiera en dos: “El comisariado ejidal fue el primero que negoció con estos señores intermediarios. Y de este lado (de los inconformes) se vino el secretario, el tesorero y consejo de vigilancia”.

¿Cómo le hicieron los ‘Los Güeros’ y el comisariado ejidal para quedarse con las tierras?, preguntó el representante de los inconformes. Y él mismo respondió: con amenazas.

“Ya nos habían dicho que de todos modos teníamos que vender nuestras tierras baratas y el primer obstáculo que nos pusieron, precisamente a mí, vinieron y clausuraron el levantamiento de agua del río para poder regar las parcelas, argumentando que no tenía concesión”.

Los campesinos comprobaron ante la Comisión Nacional del Agua que había una resolución presidencial que les permitía utilizar un río para riego. Y la intimidación pasó a otro nivel.

“Después vinieron las amenazas de que de todos modos teníamos que vender”.

-¿Quiénes amenazaron?

-Los Güeros.

-¿Los de la empresa JAOS?

-Ajá. De hecho, nos decían: tienen que vender barato, ya no va a ser de voluntad, va a ser de fuerzas.

A los que se negaban a vender, les advertían que el Gobierno de Guanajuato procedería a la expropiación de las tierras, a un precio todavía más bajo.

“Aquí mis compañeros sí están con el temor de que lleguemos a mayores, pero ¿a dónde vamos, si todo el tiempo hemos vivido aquí?”.

Mencionó que son 20 los ejidatarios que se negaron a vender a los intermediarios sus parcelas, las cuales miden 180 hectáreas.

Pese a que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, aseguró que él mismo intervino para negociar la compra de las tierras, los campesinos lo desmienten.

“Él nunca se ha acercado a nosotros para poder platicar de frente”, dijo el tesorero del ejido.

“Es injusto lo que está haciendo el Gobierno, porque debería de venir y dialogar. Nunca nos oponemos a vender, pero una cosa justa”.

La negativa para vender es que tanto los intermediarios como el Gobierno ofrecían un bajo precio por sus parcelas.

Los campesinos piden que les paguen a 250 pesos el metro cuadrado, pero la empresa intermediaria llegó a comprar hasta en 4 pesos el metro.

Ganan hasta con expropiación

El 14 de diciembre de 2015, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, firmó un decreto de expropiación de 8.17 hectáreas que la empresa JAOS & SGB había adquirido en una comunidad del municipio de Apaseo el Grande.

El Gobierno pagó en promedio en 145.5 pesos cada metro cuadrado expropiado, mientras que la empresa compró el metro en 86.7 pesos en promedio.

Tan sólo con este decreto expropiatorio, la empresa ganó 4 millones 810 mil pesos, respecto al precio al que había comprado meses antes los terrenos.

Esta ganancia se sumó a los más de 200 millones que había ganado como intermediaria en la compra-venta de otras 287 hectáreas.

La expropiación la pagó el Gobierno a más del doble del valor comercial de las tierras. Los avalúos bancarios cotizaban esos predios en apenas 65 pesos el metro cuadrado.

En las comparecencias que la Secretaría de Gobierno realizó previo a la expropiación, se presentó como apoderado general de JAOS & SGB Juan José García Henríquez, el mismo personaje que en otros documentos oficiales aparecía como campesino y vendedor de parcelas.

A García Henríquez lo apodan “Picho”, y su nombre aparece tanto en el decreto de expropiación como en las actas de venta de predios al Gobierno de Guanajuato.


Pese a las evidencias de irregularidades, el gobernador Miguel Márquez dijo que la compra de los terrenos para Toyota se apegó a la normatividad. En declaraciones a la prensa de Guanajuato, dijo que las transacciones y negociaciones privadas que se hicieron de manera previa no le tocaban al Gobierno del Estado. Para él, todo está en regla.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad .
AUTOR: VALERIA DURÁN, RAÚL OLMOS.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/el-cartel-de-los-gueros-los-exfuncionarios-detras-del-caso-toyota/