El sistema acusatorio adversarial –el cual permite los juicios orales–, que debía haber entrado plenamente en vigor en 2016 en México luego de ocho años de ajustes y entrenamiento, aún no se ha aplicado de manera cabal. Y ahora está en riesgo, pues ya hay en el Legislativo algunas propuestas para reformarlo. En opinión de especialistas, no es que ese sistema no funcione, sino que no se ha mostrado interés en capacitar a los encargados de implementarlo y operarlo en el día a día.
Todavía no ha sido puesto en operación de manera completa el nuevo sistema de justicia penal y los gobernadores de todo el país ya quieren reformarlo, porque le achacan el aumento de la inseguridad en México.
