Hermanos Cortez Vallarta exigen al gobierno y la TV reparación de daños y resarcir su imagen

CIUDAD DE MÉXICO: A menos de dos semanas de haber sido exonerados de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta exigen reparación de daños y resarcimiento de su imagen pública que se vio afectada tras haber sido detenidos por agentes federales a cargo del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.


En conferencia de prensa, los sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, pareja de Florence Cassez, exculpada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), narraron paso a paso su detención el 7 de mayo de 2009, así como las duras sesiones de tortura encaminadas a autoinculparse como miembros de la supuesta banda de Los Zodiaco.

Visiblemente afectados por las torturas ocurridas hace más de seis años en las que participaron al menos siete agentes federales, a los que han identificado plenamente, los hermanos Cortez Vallarta exigieron que se consigne la averiguación previa que integró en 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) por tortura.


Y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emita la recomendación correspondiente a la queja interpuesta momentos después de su detención.

Acompañados por familiares, entre ellos su madre y su tía, Yolanda y Guadalupe Vallarta Cisneros, su abogado Ángel Carrera Juárez y el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López, los sobrinos de Israel Vallarta señalaron que fueron puestos en libertad el 27 de febrero de 2016 del penal de máxima seguridad de Nayarit.

Sin embargo, dos días antes el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito resolvió a favor de su libertad la apelación 215/2015 contra la sentencia emitida por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit.

A pesar de que fueron puestos en libertad por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, el magistrado ponente de la sentencia dejó firme la acusación que se les imputó por portación de arma de fuego. No obstante, al tratarse de un delito cuya pena es de cuatro años de prisión, el juez decretó que el ilícito fue compurgado.

Guadalupe Vallarta sostuvo que la familia interpondrá un amparo contra la resolución del Tribunal Unitario pues pretenden que los jóvenes sean exonerados de todos los cargos y manifestó la confianza de la familia en que la liberación de Juan Carlos y Alejandro contribuya a que sean puestos en libertad los familiares que faltan: su hermano Sergio y sus tíos Israel, René y Mario Vallarta Cisneros.

Sobre la denuncia de tortura que interpuso la familia en 2009 ante la PGR –en ese entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – Guadalupe Vallarta apuntó que “no se ha obtenido la acción penal a pesar de que está acreditada la tortura por la misma PGR en la aplicación de los Protocolos de Estambul, para todos los involucrados en este caso”.

Resaltó que la tortura fue también acreditada en el caso de David Orozco, quien señaló a Juan Carlos y Alejandro de pertenecer a la banda de Los Zodiaco, “una banda que nunca existió”. Orozco murió el 5 de enero de 2015 “por las secuelas de la tortura”, añadió.

Tras reconocer la labor del relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, los hermanos Cortez Vallarta apuntaron que durante su reclusión en el Cefereso de Nayarit advirtieron que “la tortura es generalizada en México”, y que “la mayoría de quienes están en prisión fueron torturados, pero tienen miedo a denunciar”.

El abogado Ángel Carrera expuso que el Tribunal Unitario “tuvo que absolver en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, porque en el proceso no se pudo acreditar el modo, tiempo y lugar en que participaron los hermanos en la supuesta banda, además de que fue fundamental la resolución de la SCJN en el caso Cassez”.

Carrera señaló que la defensa se ha dificultado porque los Vallarta están recluidos en distintos centros penitenciarios federales, en Almoloya, Estado de México; Hermosillo, Sonora y Tepic, Nayarit, y que todos ellos presentan secuelas de tortura.

Adrián Ramírez señaló que en el proceso para resarcir la imagen de los jóvenes solicitarán “espacio en los espacios noticiosos de Televisa y TV Azteca para que frente a las cámaras se conozca que fueron absueltos, que son inocentes y que fueron víctimas de un montaje en el que participaron las televisoras”.

El defensor resaltó que desde junio del año pasado se inició el proceso ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que los jóvenes sean inscritos en el padrón y sean compensados por los daños sufridos.


Ramírez López agregó que como parte de la campaña contra la tortura, “se ha demostrado que en México no sólo es generalizada sino sistemática, por lo que necesitamos un efectivo castigo a los responsables por estos hechos, que destruyeron la vida de estos jóvenes”, afirmó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433688/hermanos-cortez-vallarta-exigen-al-gobierno-la-tv-resarcir-imagen

Cassez-Ayotzinapa: Montando montajes

MÉXICO, D.F: Montajes van, montajes vienen. Así funciona la justicia en México, fabricando culpables, extrayendo confesiones bajo tortura, aliándose con los medios para manufacturar mentiras. Llevando así a condenas colectivas, como en el caso de Florence Cassez, y a “mentiras históricas” como en el caso de Ayotzinapa.

Permitiendo que los administradores del aparato inquisidor usen a víctimas prestadas para cobrar venganzas ajenas o construir narrativas oficiales a conveniencia o legitimar las acciones ilegales del gobierno en el “combate a la inseguridad”. De esa manera se usa al sistema de justicia para crear leyendas mediáticas. Para armar grandes pantomimas. La parodia de la justicia con fines televisivos. Todo para darle al público un buen espectáculo.

Esa es la verdad que se desprende del espléndido libro de Emmanuel Steels El teatro del engaño. Buscando a Los Zodiaco, la banda de secuestradores que nunca fue. Esa es la verdad que encuentra quitándole envoltura tras envoltura a la cebolla, hurgando en expedientes, entrevistando acusados, confrontando a acusadores, investigando a los involucrados en la farsa que siempre fue el proceso de Florence Cassez e Israel Vallarta.

Culpables ante la opinión pública a pesar de la liberación de la primera y la ausencia de sentencia del segundo. Culpables por todo lo que Televisa y Televisión Azteca –de la mano de la AFI y la PGR– hicieron aquella noche de su supuesta “detención”. Un montaje de la operación “en vivo” que resultó no serlo y para el cual reporteros y conductores y policías se prestaron.

Una farsa que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino escenificaron para sustentar la narrativa de Felipe Calderón: la eficacia en el combate al crimen. Y que para ello se valieron de Israel Vallarta, el único ejemplo en la historia judicial de México donde un sospechoso es torturado frente a las cámaras. La tortura al servicio de los medios. Y las cámaras se vuelven cómplices.

Cómplices de un montaje que –al igual que Ayotzinapa– se organizó porque no existía una investigación, o para paliar sus carencias. Porque de haber sido culpables, los habrían capturado en flagrancia en el interior de la casa, en presencia de las víctimas. Porque había que inculpar a Cassez y a Vallarta porque era imperativo presentar a algún secuestrador detenido.

Porque la única manera de sostener que Israel y Florence eran secuestradores era hacer a las víctimas cómplices de la manipulación y la escenificación. No es casual que los secuestrados agradezcan su rescate una y otra vez a la AFI. Del núcleo del montaje policiaco-judicial –al igual que Ayotzinapa– desciende el montaje mediático, que a su vez produce pruebas para el montaje judicial.

En el caso Cassez, la Suprema Corte echó para abajo la obsesión de quienes argumentaron que las violaciones al debido proceso y la escenificación no afectaban el fondo del asunto. En el caso Ayotzinapa, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acaba de tumbar el montaje de Murillo Karam.

Mientras tanto, Israel Vallarta, por ser mexicano y no tener un gobierno extranjero que lo respalde, languidece en la cárcel. Torturado. Golpeado y sometido a toques eléctricos. Obligado a confesar algo que no hizo. Detenido arbitrariamente. Pudriéndose por ser el malo de una película que el gobierno –de la mano de las televisoras– escribió.

Él y sus familiares, a quienes la justicia es incapaz de procesar, juzgar, sentenciar. Condenados ya por un tribunal mediático mientras jueces y ministerios públicos siguen pedaleando en el lodo de la presunta investigación policial, paralizados por consignas políticas.

Como escribe Steels, “a Cassez se le atacó por ser francesa, a ellos se les ignora por ser mexicanos”. Como tantos más. Como los que el Estado torturó para extraer confesiones sobre Ayotzinapa y así montar una “verdad histórica”.

“Verdad” que evidencia la mentira que el gobierno preferiría ocultar. El ejercicio indebido del servicio público por autoridades judiciales y policiales. El abuso de autoridad. El delito contra la administración de la justicia. Pero en vez de ser procesados y castigados, los responsables de engañar, mentir y montar son recompensados con altos puestos o con impunidad. Helos en el entorno directo de Enrique Peña Nieto, con la protección blindada.

Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino y Humberto Castillejos y Eduardo Medina Mora y Alfredo Castillo y Luis Enrique Miranda Nava y Daniel Cabeza de Vaca y Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales. Los responsables de un acuerdo fraguado para garantizar la impunidad de los montajes. Los responsables de construir el sólido muro de contención frente a los –hasta ahora hipotéticos– intentos de la justicia para sancionar abusos del pasado.

La investigación abierta por la PGR iniciada en 2013 sobre las irregularidades del caso Cassez no ha ido a ningún lado, y con Arely Gómez –dados sus lazos con Televisa– seguramente no lo hará. En lugar de castigar a los autores del montaje se les ha protegido y premiado, incluso con un asiento en la Suprema Corte, como ocurrió con el exprocurador Medina Mora.


Él y tantos más en el actual gobierno, interesados en que Israel Vallarta siga siendo considerado como un secuestrador, como el líder de una banda que nunca existió, como culpable al igual que el resto de sus familiares encarcelados, con o sin sentencia. Interesados en mantener de la misma manera el montaje de Ayotzinapa, por la forma en la cual el cinismo ha permeado a toda una generación de policías y agentes del Estado.

Un grupo compacto que se protege entre sí y que a través de su silencio, su pasividad y su consigna de sepultar la verdad ha creado un modelo perverso. El modelo mexicano de inseguridad, de tortura generalizada, de violaciones sistemáticas a derechos elementales, de injusticia sin fin. El modelo que sólo cambiará si se enmiendan y se castigan los errores.

Si se reconoce y se pone fin a la simulación con la que actúa la PGR. Si se reconoce que la tortura en México es un mal generalizado. Porque si eso no ocurre, los montajes continuarán, las mentiras proseguirán y la batalla librada contra el crimen organizado será lo que ha sido: una lucha de fachada. Un montaje más.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER (ANÁLISIS)