Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.
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lunes, 30 de septiembre de 2019
Lo que el viejo régimen y su comparsa no le perdonan al GIEI
Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.
miércoles, 22 de marzo de 2017
Mecanismo del GIEI sigue vigente en caso Ayotzinapa: CIDH
En conferencia de prensa al concluir el 161 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, los comisionados resumieron los logros y avances, incluyendo el caso de Ayotzinapa (http://www.oas.org/es/cidh/default.asp).
miércoles, 12 de octubre de 2016
Si hay voluntad, destino de los 43 “se puede saber”: ex integrante del GIEI
"Falta saber los resultados de investigaciones sobre tortura" cometida contra los detenidos por el caso Ayotzinapa, dijo Claudia Paz y Paz.
El caso Iguala-Ayotzinapa “puede esclarecerse. Si se cuenta con la voluntad, el destino final de los estudiantes normalistas se puede saber. Y si las investigaciones se encausan se puede no sólo esclarecer la totalidad de los hechos sino determinar la totalidad de los responsables“, aseveró Claudia Paz y Paz, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que hay líneas de investigación pendientes por agotar, sobre la posible participación de otras autoridades en los hechos -municipales, estatales, federales o militares-, así como un “tema indispensable” que es “reconocer que el destino final de los estudiantes no fue el basurero de Cocula”.
En ese sentido, retomó el video expuesto por el GIEI en abril pasado, en el que se observa a Tomás Zerón -entonces director de la Agencia de Investigación Criminal- en las inmediaciones del Río San Juan, de Cocula, junto con uno de los presuntos responsables del asesinato de normalistas, lo cual no quedó registrado en el expediente el día que ocurrió.
“Es en el lugar (el Río San Juan) donde aparentemente aparece un fragmento de hueso que permite identificar a uno de los estudiantes (desaparecidos)… siembra una serie de dudas: qué estaban haciendo ahí, por qué no se registró en el expediente, por qué no se avisó al Equipo de Antropólogos Argentinos… estamos hablando de la posibilidad de la comisión de hechos delictivos”, acotó.
Indicó que debido a que no tiene acceso a la investigación actualmente, no puede valorar qué tan bien se han cumplido las recomendaciones que hizo el GIEI en abril.
No obstante, apuntó que aún “falta saber los resultados de investigaciones sobre tortura (de los detenidos), pues hay fuertes evidencias de que un número considerable de los procesados pudieron haber sufrido tortura”.
Aseveró que se debería saber si hay alguna persona procesada por estas investigaciones sobre la tortura a los procesados, “¿hay algún resultado concreto?, preguntó.
Y recomendó investigar la posible obstrucción de justiciaen este caso.
Señaló que aún hay personas prófugas relacionadas con los hechos, como Felipe Flores, director de la policía de Iguala cuando ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 2014.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1210/mexico/si-hay-voluntad-destino-de-los-43-se-puede-saber-ex-integrante-del-giei-en-cnn/
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que hay líneas de investigación pendientes por agotar, sobre la posible participación de otras autoridades en los hechos -municipales, estatales, federales o militares-, así como un “tema indispensable” que es “reconocer que el destino final de los estudiantes no fue el basurero de Cocula”.
En ese sentido, retomó el video expuesto por el GIEI en abril pasado, en el que se observa a Tomás Zerón -entonces director de la Agencia de Investigación Criminal- en las inmediaciones del Río San Juan, de Cocula, junto con uno de los presuntos responsables del asesinato de normalistas, lo cual no quedó registrado en el expediente el día que ocurrió.
“Es en el lugar (el Río San Juan) donde aparentemente aparece un fragmento de hueso que permite identificar a uno de los estudiantes (desaparecidos)… siembra una serie de dudas: qué estaban haciendo ahí, por qué no se registró en el expediente, por qué no se avisó al Equipo de Antropólogos Argentinos… estamos hablando de la posibilidad de la comisión de hechos delictivos”, acotó.
Indicó que debido a que no tiene acceso a la investigación actualmente, no puede valorar qué tan bien se han cumplido las recomendaciones que hizo el GIEI en abril.
No obstante, apuntó que aún “falta saber los resultados de investigaciones sobre tortura (de los detenidos), pues hay fuertes evidencias de que un número considerable de los procesados pudieron haber sufrido tortura”.
Aseveró que se debería saber si hay alguna persona procesada por estas investigaciones sobre la tortura a los procesados, “¿hay algún resultado concreto?, preguntó.
Y recomendó investigar la posible obstrucción de justiciaen este caso.
Señaló que aún hay personas prófugas relacionadas con los hechos, como Felipe Flores, director de la policía de Iguala cuando ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 2014.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1210/mexico/si-hay-voluntad-destino-de-los-43-se-puede-saber-ex-integrante-del-giei-en-cnn/
viernes, 23 de septiembre de 2016
Es claro que destino de los 43 no fue el basurero de Cocula: Buitrago
"Se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista", lamentó la ex integrante del GIEI.
A casi 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sostuvo que “era claro y es claro que el resultado final no fue el basurero de Cocula. Sobre esos elementos ya hay 5 dictámenes técnicos en ese sentido”.
Lo que queda, apuntó, es “seguir insistiendo y recordando que dentro de las recomendaciones habían otras líneas de investigación que podrían estar sustentadas en el expediente, demostrando incluso que los muchachos fueron separados”.
Hasta ahora, afirmó, “se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista”.
En entrevista para Aristegui CNN, habló sobre el documento de la PGR que establece que Tomás Zerón “afectó el derecho a la verdad”.
Consideró “preocupante encontrar que se hace una investigación seria, que arroja unos resultados, y la persona que hace la investigación es removida”, en referencia al visitador de la Procuraduría.
También, dijo, “resulta muy importante que en este momento surja esta información porque toda la actividad que se realiza el 28 de octubre 2014″, cuando Tomás Zerón, como director de la Agencia de Investigación Criminal acudió al Río San Juan, de Cocula, sin registrarlo en el expediente, “no tiene ninguna validez dentro de la investigación y empiezan a generarse una serie de dudas y vacíos que obligan a la PGR a investigar seriamente las actividades que se realizaron el 28 de octubre y el 29 de octubre cuando se encuentra la bolsa posteriormente en el río San Juan de Cocula”.
Recordó que se violó el debido proceso, y esto repercute en los resultados de la investigación y en los del juicio.
Buitrago llamó a la PGR a realizar al fin una “investigación exhaustiva seria y responsable sobre todo lo que se dejó de investigar”.
“Hay que investigar esos comportamientos y cuáles son las razones para haber procedido de esa manera”, refirió en cuanto a lo ocurrido con Zerón.
El documento referido, “no pienso que esté en el limbo”, sino que se debe hacer un seguimiento, pues “no puede quedar en el olvido”.
En el mismo sentido, concluyó que “se ha afectado la verdad en el caso Ayotzinapa, se debe rescatar esa verdad” y eso es esponsabilidad del Estado mexicano.
A su vez, Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, calificó como relevante el documento de la Visitaduría de la PGR, pues establece que sí hubo responsabilidad de Tomás Zerón, del MP y de algunos de los peritos, con su presencia no registrada en el expediente.
“¿Qué va a pasar con él?”, se preguntó.
En teoría, “tendrían que seguir los causes legales”, e investigar una posible responsabilidad de Zerón en lo encontrado en el río de Cocula.
Sin embargo, “estos mecanismos son muy débiles, porque están en una estructura muy jerárquica, donde cabe un amplio margen de discrecionalidad para guardarlo en un cajón”.
“Nos pone a la tarea a seguirle la pista, a seguir reclamando que se dé paso a las consecuencias tanto administrativas pero también penales y pensar en las responsabilidades políticas”, indicó.
Recordó que cuando Zerón pasó de la Agencia de Investigación Criminal al Consejo Nacional de Seguridad, la Presidencia no hizo ninguna alusión al documento de la PGR que señala que afectó la verdad de los hechos.
Al contrario, la Presidencia habla de un desempeño destacado de Zerón, lo cual es extraño y frustante para los familiares, comentó.
Esto solo demuestra que “acciones contrarias a la ley no tienen muchas consecuencias” en el país. Por lo tanto, urgió a la PGR a “dar continuidad y pleno peso a este documento”, el cual fue publicado por Aristegui Noticias esta semana.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2309/mexico/es-claro-que-destino-de-los-43-no-fue-el-basurero-de-cocula-buitrago-en-cnn/
Lo que queda, apuntó, es “seguir insistiendo y recordando que dentro de las recomendaciones habían otras líneas de investigación que podrían estar sustentadas en el expediente, demostrando incluso que los muchachos fueron separados”.
Hasta ahora, afirmó, “se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista”.
En entrevista para Aristegui CNN, habló sobre el documento de la PGR que establece que Tomás Zerón “afectó el derecho a la verdad”.
Consideró “preocupante encontrar que se hace una investigación seria, que arroja unos resultados, y la persona que hace la investigación es removida”, en referencia al visitador de la Procuraduría.
También, dijo, “resulta muy importante que en este momento surja esta información porque toda la actividad que se realiza el 28 de octubre 2014″, cuando Tomás Zerón, como director de la Agencia de Investigación Criminal acudió al Río San Juan, de Cocula, sin registrarlo en el expediente, “no tiene ninguna validez dentro de la investigación y empiezan a generarse una serie de dudas y vacíos que obligan a la PGR a investigar seriamente las actividades que se realizaron el 28 de octubre y el 29 de octubre cuando se encuentra la bolsa posteriormente en el río San Juan de Cocula”.
Recordó que se violó el debido proceso, y esto repercute en los resultados de la investigación y en los del juicio.
Buitrago llamó a la PGR a realizar al fin una “investigación exhaustiva seria y responsable sobre todo lo que se dejó de investigar”.
“Hay que investigar esos comportamientos y cuáles son las razones para haber procedido de esa manera”, refirió en cuanto a lo ocurrido con Zerón.
El documento referido, “no pienso que esté en el limbo”, sino que se debe hacer un seguimiento, pues “no puede quedar en el olvido”.
En el mismo sentido, concluyó que “se ha afectado la verdad en el caso Ayotzinapa, se debe rescatar esa verdad” y eso es esponsabilidad del Estado mexicano.
A su vez, Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, calificó como relevante el documento de la Visitaduría de la PGR, pues establece que sí hubo responsabilidad de Tomás Zerón, del MP y de algunos de los peritos, con su presencia no registrada en el expediente.
“¿Qué va a pasar con él?”, se preguntó.
En teoría, “tendrían que seguir los causes legales”, e investigar una posible responsabilidad de Zerón en lo encontrado en el río de Cocula.
Sin embargo, “estos mecanismos son muy débiles, porque están en una estructura muy jerárquica, donde cabe un amplio margen de discrecionalidad para guardarlo en un cajón”.
“Nos pone a la tarea a seguirle la pista, a seguir reclamando que se dé paso a las consecuencias tanto administrativas pero también penales y pensar en las responsabilidades políticas”, indicó.
Recordó que cuando Zerón pasó de la Agencia de Investigación Criminal al Consejo Nacional de Seguridad, la Presidencia no hizo ninguna alusión al documento de la PGR que señala que afectó la verdad de los hechos.
Al contrario, la Presidencia habla de un desempeño destacado de Zerón, lo cual es extraño y frustante para los familiares, comentó.
Esto solo demuestra que “acciones contrarias a la ley no tienen muchas consecuencias” en el país. Por lo tanto, urgió a la PGR a “dar continuidad y pleno peso a este documento”, el cual fue publicado por Aristegui Noticias esta semana.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2309/mexico/es-claro-que-destino-de-los-43-no-fue-el-basurero-de-cocula-buitrago-en-cnn/
martes, 21 de junio de 2016
La Policía Federal se coordinó con la de Iguala en los ataques de Ayotzinapa, revelan evidencias del GIEI
El subdirector de la Policía Federal, Luis Antonio Dorantes, habló dos veces por teléfono con el comandante de los agentes municipales, Felipe Flores Velázquez, cuando ocurrían las agresiones a un autobús frente al Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con los registros telefónicos.
Las comunicaciones telefónicas de los mandos policiacos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, confirmarían la coordinación entre la Policía Federal (PF) y la Municipal de Iguala en los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con las pruebas de las antenas de telefonía celular, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez (señalado como uno de los principales operadores de los ataques a los estudiantes) habló frecuentemente con la Policía Federal en momentos claves de las agresiones a los estudiantes.
Hay evidencia de que el subdirector de la PF de Iguala, Luis Antonio Dorantes, habló dos veces por teléfono con Flores Velázquez en el momento en el que ocurrían los ataques al autobús Estrella de Oro 1531 frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde 14 de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías de Iguala y de Huitzuco, según las investigaciones de los expertos internacionales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El chofer del camión declaró que observó dos patrullas de policías federales, que el semanario Proceso identificó a dos agentes como Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, los cuales siguen activos según la publicación.
Antes, el periódico El Financiero destacó la actuación de la PF la noche del 27 de septiembre a partir de una llamada telefónica a medianoche, en una operación coordinada por los subinspectores Luis Antonio Dorantes y José Carlos Hernández.
También los oficiales Víctor M. Colmenares, Arturo Gómez, y los suboficiales Marco Antonio Pérez Guzmán, Emanuel Arizpe y Alfonso Ugalde Cámara.
El GIEI informó que el subdirector de la PF de Iguala renunció pocos días después, y que diferentes testimonios ubican a agentes de esa corporación en varias escenas del crimen, por lo tanto, concluyeron que la PF sabía de la toma de autobuses de los normalistas y alertó a sus agentes para que estuvieran vigilantes en las carreteras, en la que podrían huir los normalistas.
En este contexto ocurrieron los ataques a cinco autobuses retenidos por los estudiantes en la terminal de Iguala, y al camión del equipo de fútbol de Los Avispones de Chilpancingo, cuando intentaron salir de la ciudad.
LOS FEDERALES Y “EL CAMINANTE”
Los expertos internacionales identificaron los teléfonos de 55 perpetradores, seleccionaron aquellos que poseían información en los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
En su informe final advirtieron que el análisis del GIEI sobre la telefonía se limitó a señalar en qué momento determinado número se conectó a qué radio base, y a qué escena relevante para el caso en sus cercanías.
Informaron que al menos seis policías de Iguala tuvieron comunicación con un número de teléfono reconocido en las agendas como “El Caminante”, al menos tres de ellos durante la persecución y detención de los estudiantes, pero su identidad no ha sido esclarecida por la PGR.
Indicaron que Flores Velázquez (quien está prófugo) declaró ante el Ministerio Público que habló con el capitán Luis Dorantes: “cuando eran las 9 de la noche con 24 minutos le marco por teléfono al Capitán D, quien es jefe de PF (Policía Federal de Caminos) de esta ciudad, y le informé textualmente la llamada que yo había recibido, ya que es la colaboración institucional que tenemos entre estas corporaciones policiacas, él me dice que tomara nota de ello y que estará en alerta”.
A partir del registro de las llamadas de Flores Velázquez, los expertos confirmaron que el policía realizó dos llamadas, primero a una persona que se encontraba en Acapulco, luego envió un mensaje desde el centro de Iguala y de este teléfono le devolvieron una llamada a las 9:39 de la noche, que tuvo una duración de 34 segundos.
Además Felipe Flores marcó su teléfono en la antena de Nicolás Bravo, localizada a espaldas del Palacio Municipal en el centro de la ciudad, y el usuario del número señalado se encontraba cerca de la antena denominada Margaritas, frente al Palacio de Justicia.
Pero no hay registros de lo que hablaron, y a esa hora los normalistas habían salido de la ciudad en uno de los autobuses atacados, el Estrella de Oro 1531 se encontraba ya en la zona del Palacio de Justicia, según el testimonio de los normalistas en el quinto autobús Estrella Roja que alrededor de esa hora estaba cerca de esa zona.
Con los registros se confirmó que el subdirector Antonio Dorantes habló con el Secretario de Seguridad Pública desde cerca de la antena del Palacio de Justicia en dos ocasiones, en el momento en que se estaban produciendo los ataques al autobús Estrella de Oro 1531, pero en las tarjetas informativas Luis Dorantes no mencionó los disparos ni heridos graves de los ataques. Registró “saldo en blanco”.
Posteriormente en su declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR), Dorantes dijo que informó a diferentes mandos superiores de la Policía Federal de Guerrero y al centro de mando nacional, lo que contrasta con sus reportes.
En su informe el GIEI destacó que el ex Secretario de Seguridad Pública mantuvo comunicación frecuente con un número telefónico, “en los momentos claves de los ataques y desde distintos escenarios, y en cada uno de esos escenarios hubo presencia de patrullas de la Policía Federal, según los testigos”.
Primero en la calle Juan Álvarez aproximadamente cuando dijo que habló con el subdirector de la PF de Iguala, en el Palacio de Justicia donde varios testigos dicen que hubo dos patrullas de Policía Federal, en el crucero de Santa Teresa a la hora en que se encontraba en la zona la PF, y 45 minutos después del ataque a varios vehículos, incluyendo el autobús de Los Avispones.
Por lo tanto, recomendaron para la investigación del caso que el contenido de las comunicaciones, como la identidad del usuario con quien habló frecuentemente Felipe Flores, sean determinadas con seguridad, “pero el GIEI señala que las pruebas de las antenas de telefonía muestran que se trataría de Policía Federal”.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ahora demandan el análisis de la comunicación de oficiales implicados y presuntos perpetradores a la PGR, porque los expertos solo tuvieron acceso a datos parciales, a pesar de que pidieron a la Procuraduría que hiciera solicitudes de información a las compañías de telefonía móvil desde abril de 2015.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-06-2016/3057073
De acuerdo con las pruebas de las antenas de telefonía celular, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez (señalado como uno de los principales operadores de los ataques a los estudiantes) habló frecuentemente con la Policía Federal en momentos claves de las agresiones a los estudiantes.
Hay evidencia de que el subdirector de la PF de Iguala, Luis Antonio Dorantes, habló dos veces por teléfono con Flores Velázquez en el momento en el que ocurrían los ataques al autobús Estrella de Oro 1531 frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde 14 de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías de Iguala y de Huitzuco, según las investigaciones de los expertos internacionales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El chofer del camión declaró que observó dos patrullas de policías federales, que el semanario Proceso identificó a dos agentes como Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, los cuales siguen activos según la publicación.
Antes, el periódico El Financiero destacó la actuación de la PF la noche del 27 de septiembre a partir de una llamada telefónica a medianoche, en una operación coordinada por los subinspectores Luis Antonio Dorantes y José Carlos Hernández.
También los oficiales Víctor M. Colmenares, Arturo Gómez, y los suboficiales Marco Antonio Pérez Guzmán, Emanuel Arizpe y Alfonso Ugalde Cámara.
El GIEI informó que el subdirector de la PF de Iguala renunció pocos días después, y que diferentes testimonios ubican a agentes de esa corporación en varias escenas del crimen, por lo tanto, concluyeron que la PF sabía de la toma de autobuses de los normalistas y alertó a sus agentes para que estuvieran vigilantes en las carreteras, en la que podrían huir los normalistas.
En este contexto ocurrieron los ataques a cinco autobuses retenidos por los estudiantes en la terminal de Iguala, y al camión del equipo de fútbol de Los Avispones de Chilpancingo, cuando intentaron salir de la ciudad.
LOS FEDERALES Y “EL CAMINANTE”
En su informe final advirtieron que el análisis del GIEI sobre la telefonía se limitó a señalar en qué momento determinado número se conectó a qué radio base, y a qué escena relevante para el caso en sus cercanías.
Informaron que al menos seis policías de Iguala tuvieron comunicación con un número de teléfono reconocido en las agendas como “El Caminante”, al menos tres de ellos durante la persecución y detención de los estudiantes, pero su identidad no ha sido esclarecida por la PGR.
Indicaron que Flores Velázquez (quien está prófugo) declaró ante el Ministerio Público que habló con el capitán Luis Dorantes: “cuando eran las 9 de la noche con 24 minutos le marco por teléfono al Capitán D, quien es jefe de PF (Policía Federal de Caminos) de esta ciudad, y le informé textualmente la llamada que yo había recibido, ya que es la colaboración institucional que tenemos entre estas corporaciones policiacas, él me dice que tomara nota de ello y que estará en alerta”.
A partir del registro de las llamadas de Flores Velázquez, los expertos confirmaron que el policía realizó dos llamadas, primero a una persona que se encontraba en Acapulco, luego envió un mensaje desde el centro de Iguala y de este teléfono le devolvieron una llamada a las 9:39 de la noche, que tuvo una duración de 34 segundos.
Además Felipe Flores marcó su teléfono en la antena de Nicolás Bravo, localizada a espaldas del Palacio Municipal en el centro de la ciudad, y el usuario del número señalado se encontraba cerca de la antena denominada Margaritas, frente al Palacio de Justicia.
Pero no hay registros de lo que hablaron, y a esa hora los normalistas habían salido de la ciudad en uno de los autobuses atacados, el Estrella de Oro 1531 se encontraba ya en la zona del Palacio de Justicia, según el testimonio de los normalistas en el quinto autobús Estrella Roja que alrededor de esa hora estaba cerca de esa zona.
Con los registros se confirmó que el subdirector Antonio Dorantes habló con el Secretario de Seguridad Pública desde cerca de la antena del Palacio de Justicia en dos ocasiones, en el momento en que se estaban produciendo los ataques al autobús Estrella de Oro 1531, pero en las tarjetas informativas Luis Dorantes no mencionó los disparos ni heridos graves de los ataques. Registró “saldo en blanco”.
Posteriormente en su declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR), Dorantes dijo que informó a diferentes mandos superiores de la Policía Federal de Guerrero y al centro de mando nacional, lo que contrasta con sus reportes.
En su informe el GIEI destacó que el ex Secretario de Seguridad Pública mantuvo comunicación frecuente con un número telefónico, “en los momentos claves de los ataques y desde distintos escenarios, y en cada uno de esos escenarios hubo presencia de patrullas de la Policía Federal, según los testigos”.
Primero en la calle Juan Álvarez aproximadamente cuando dijo que habló con el subdirector de la PF de Iguala, en el Palacio de Justicia donde varios testigos dicen que hubo dos patrullas de Policía Federal, en el crucero de Santa Teresa a la hora en que se encontraba en la zona la PF, y 45 minutos después del ataque a varios vehículos, incluyendo el autobús de Los Avispones.
Por lo tanto, recomendaron para la investigación del caso que el contenido de las comunicaciones, como la identidad del usuario con quien habló frecuentemente Felipe Flores, sean determinadas con seguridad, “pero el GIEI señala que las pruebas de las antenas de telefonía muestran que se trataría de Policía Federal”.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ahora demandan el análisis de la comunicación de oficiales implicados y presuntos perpetradores a la PGR, porque los expertos solo tuvieron acceso a datos parciales, a pesar de que pidieron a la Procuraduría que hiciera solicitudes de información a las compañías de telefonía móvil desde abril de 2015.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-06-2016/3057073
martes, 17 de mayo de 2016
La PGR le negó al GIEI data clave de guerrilleros, cuerpos, fosas o narcos, revela el expediente
El Ejército y la Policia Federal, entre otros, negaron al Grupo Interdisiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, los organigramas de los grupos criminales que operan en la entidad, así como las estructuras del EPR, del ERPI y otros grupos guerrilleros. Esta información la consideraban clave para establecer una ruta sobre qué grupo podría haber desaparecido a los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Los organigramas y estructuras de los principales cárteles de la droga en la entidad, así como de los grupos de guerrilla, las fosas clandestinas y exhumaciones hechas después el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, son parte de las solicitudes de información que promovió la unidad de investigación del caso Ayotzinapa, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A pesar de la insistencia de los oficios que emitió con carácter “extraurgente” el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, las peticiones no fueron atendidas o fueron respondidas de manera parcial, pues en su informe final los cinco expertos internacionales que acompañaron la investigación durante un año -con una serie obstáculos de las autoridades y dificultades a su labor-, insistieron en que sin una explicación de lógica de las estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad en México seguirá fragmentada e incompleta.
En la tercera parte de la averiguación previa de los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante un operativo en Iguala, difundido el viernes en Internet por la PGR, se encuentran los documentos oficiales integrados al expediente entre estos las insistentes solicitudes de información sobre los organigramas y estructuras de los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y La Familia Michoacana, sus zonas de influencia, miembros, actividades delincuenciales, modos de operación, así como las investigaciones que se han judicializado.
En particular la identificación de las estructuras que pertenecen a Sidronio Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los fundadores del cartel Guerreros Unidos buscado, con otros implicados, debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.
Además, los organigramas y análisis de las estructuras del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y otros posibles grupos guerrilleros que operan en Guerrero.
Esta información se solicitó al comisionado de la Policía Federal (PF), al Ejército y al Centro de Planeación y Análisis e información para el combate a la delincuencia organizada, además de a las procuraduría estatales de las entidades mencionadas, junto con el número de fosas clandestinas y los cuerpos exhumados del 26 de septiembre en adelante.
En los escritos insistieron en que “la información tendrá carácter de confidencial y su contenido no será divulgado para salvaguardar las garantías de secrecía respecto a sus actuaciones”.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitaron las investigaciones a la Policía federal por los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y entrevistas a las personas que estaban en esa fecha en la Dirección de Operaciones Regional: el titular del área de información, en la Dirección de Operaciones de Seguridad Nacional, el director general adjunto en la región Centro, divisiones de seguridad regional de la PF, la Coordinación Estatal de Guerrero de la Policía federal y al inspector general. En los oficios inmediatos no hay respuestas.
En ésta, la tercera etapa de la investigación, se retomó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 19 meses ya que se autorizaron y publicaron recompensas hasta de 1.5 millones por información que permita su localización.
Seguida de otra publicación de recompensas por el mismo monto para detener al director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, y al juez de la Policía Municipal de barandilla, José Ulises Bernabé García, “que presuntamente entregó a policías municipales de Cocula, a personal de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata conocidos como ‘Los Bélicos’, con la finalidad de entregarlos a Guerreros Unidos”.
Gracias a información periodística, ahora se sabe que Bernabé García pidió asilo político en Estados Unidos, que negó haber recibido a los normalistas desaparecidos en la cárcel de la Policía Municipal de Iguala o haber hablado con ellos en algún momento.
LO QUE PLANTEÓ EL GIEI
De las investigaciones de desapariciones forzadas, el GIEI señaló en su informe final, dado a conocer a finales de abril días antes de que los cinco expertos abandonaran México, que las autoridades de procuración de justicia deben tomar en cuenta, “la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas”, es decir, las redes criminales y a los agentes de Gobierno.
En este sentido, “deben conocer los criterios para orientar la investigación, tomando en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos (delictivos)”.
Destacaron que “a la llegada del grupo no existía en el expediente un análisis financiero de los distintos integrantes de Guerreros Unidos ni del cruce financiero entre ellos, ni de la posible cooptación de autoridades, o del uso de inteligencia para conocer la estructura y áreas de influencia del grupo, todos elementos fundamentales al analizar el contexto de la grupo criminal al cual se le atribuía la desaparición”.
Al salir del caso señalaron que la investigación estaba fragmentada en muchas averiguaciones previas relacionadas con los hechos, y advirtieron que “si las investigaciones se adelantan de manera aislada y no se buscan denominadores comunes que expliquen lógicas y estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad seguirá siendo encarada de manera fragmentaria e incompleta”.
“La articulación de diferentes investigaciones puede permitir el diseño de una estrategia con resultados más efectivos. El análisis de contexto es una herramienta que merece ser tenida en cuenta”, concluyen.
FUENTE: PROCESO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661383
A pesar de la insistencia de los oficios que emitió con carácter “extraurgente” el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, las peticiones no fueron atendidas o fueron respondidas de manera parcial, pues en su informe final los cinco expertos internacionales que acompañaron la investigación durante un año -con una serie obstáculos de las autoridades y dificultades a su labor-, insistieron en que sin una explicación de lógica de las estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad en México seguirá fragmentada e incompleta.
En la tercera parte de la averiguación previa de los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante un operativo en Iguala, difundido el viernes en Internet por la PGR, se encuentran los documentos oficiales integrados al expediente entre estos las insistentes solicitudes de información sobre los organigramas y estructuras de los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y La Familia Michoacana, sus zonas de influencia, miembros, actividades delincuenciales, modos de operación, así como las investigaciones que se han judicializado.
En particular la identificación de las estructuras que pertenecen a Sidronio Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los fundadores del cartel Guerreros Unidos buscado, con otros implicados, debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.
Además, los organigramas y análisis de las estructuras del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y otros posibles grupos guerrilleros que operan en Guerrero.
Esta información se solicitó al comisionado de la Policía Federal (PF), al Ejército y al Centro de Planeación y Análisis e información para el combate a la delincuencia organizada, además de a las procuraduría estatales de las entidades mencionadas, junto con el número de fosas clandestinas y los cuerpos exhumados del 26 de septiembre en adelante.
En los escritos insistieron en que “la información tendrá carácter de confidencial y su contenido no será divulgado para salvaguardar las garantías de secrecía respecto a sus actuaciones”.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitaron las investigaciones a la Policía federal por los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y entrevistas a las personas que estaban en esa fecha en la Dirección de Operaciones Regional: el titular del área de información, en la Dirección de Operaciones de Seguridad Nacional, el director general adjunto en la región Centro, divisiones de seguridad regional de la PF, la Coordinación Estatal de Guerrero de la Policía federal y al inspector general. En los oficios inmediatos no hay respuestas.
En ésta, la tercera etapa de la investigación, se retomó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 19 meses ya que se autorizaron y publicaron recompensas hasta de 1.5 millones por información que permita su localización.
Seguida de otra publicación de recompensas por el mismo monto para detener al director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, y al juez de la Policía Municipal de barandilla, José Ulises Bernabé García, “que presuntamente entregó a policías municipales de Cocula, a personal de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata conocidos como ‘Los Bélicos’, con la finalidad de entregarlos a Guerreros Unidos”.
Gracias a información periodística, ahora se sabe que Bernabé García pidió asilo político en Estados Unidos, que negó haber recibido a los normalistas desaparecidos en la cárcel de la Policía Municipal de Iguala o haber hablado con ellos en algún momento.
LO QUE PLANTEÓ EL GIEI
De las investigaciones de desapariciones forzadas, el GIEI señaló en su informe final, dado a conocer a finales de abril días antes de que los cinco expertos abandonaran México, que las autoridades de procuración de justicia deben tomar en cuenta, “la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas”, es decir, las redes criminales y a los agentes de Gobierno.
En este sentido, “deben conocer los criterios para orientar la investigación, tomando en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos (delictivos)”.
Destacaron que “a la llegada del grupo no existía en el expediente un análisis financiero de los distintos integrantes de Guerreros Unidos ni del cruce financiero entre ellos, ni de la posible cooptación de autoridades, o del uso de inteligencia para conocer la estructura y áreas de influencia del grupo, todos elementos fundamentales al analizar el contexto de la grupo criminal al cual se le atribuía la desaparición”.
Al salir del caso señalaron que la investigación estaba fragmentada en muchas averiguaciones previas relacionadas con los hechos, y advirtieron que “si las investigaciones se adelantan de manera aislada y no se buscan denominadores comunes que expliquen lógicas y estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad seguirá siendo encarada de manera fragmentaria e incompleta”.
“La articulación de diferentes investigaciones puede permitir el diseño de una estrategia con resultados más efectivos. El análisis de contexto es una herramienta que merece ser tenida en cuenta”, concluyen.
FUENTE: PROCESO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661383
martes, 3 de mayo de 2016
Lamenta iglesia salida del GIEI y le preocupa reforma de EPN sobre mariguana
Sobre el caso Ayotzinapa, dijo que "nuestras leyes y nuestras autoridades, tienen que estar abiertos a la búsqueda de la verdad"; sobre la droga considera que la situación conducirá a una "degradación humana".
En un desayuno con medios de comunicación, el secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, lamentó la salida del GIEI del país y criticó la propuesta del ejecutivo de incrementar el número de gramos permitidos para portar mariguana.
Miranda Guardiola criticó la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, en torno a la mariguana, particularmente el aspecto de permitir la portación para uso personal de 28 gramos del enervante, informó La Jornada.
Agregó que “una cosa es el uso medicinal y otra cosa es la permisividad, es dejar que el ser humano se degrade, eso no lo podemos permitir”.
Detalló que la iglesia Católica y diversos obispos del país han dado su aval al uso medicinal de esta sustancia, pero remarcó que haber propuesto un aumento al gramaje sólo creará más dificultades.
Subrayó que esta situación conducirá a una “degradación humana” que traerá una “serie de consecuencias negativas particularmente a los jóvenes, niños y a las familias”.
Salida del GIEI
Asimismo, el también obispo auxiliar de Monterrey lamentó la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras entregar el informe del caso Ayotzinapa, y afirmó que la búsqueda de la verdad debe seguir adelante, informó El Universal.
El líder católico dijo que la Iglesia quiere coadyuvar en el acompañamiento de las familias y que están abiertos a cooperar.
“Nuestras leyes y nuestras autoridades, tienen que estar abiertos a la búsqueda de la verdad, me parece lamentable que se corte un trabajo de investigación de búsqueda de la verdad, tiene que seguir adelante, por gente extranjera como ellos o por gente nuestra pero la búsqueda de la verdad debe ser siempre por delante”, afirmó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0305/mexico/lamenta-iglesia-salida-del-giei-y-le-preocupa-reforma-de-epn-sobre-mariguana/
. @monsalfonso comparte los alimentos con diversos medios de comunicación, laicos y religiosos, de todo el país pic.twitter.com/003tLQY6l8— CEM (@IglesiaMexico) 3 de mayo de 2016
Miranda Guardiola criticó la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, en torno a la mariguana, particularmente el aspecto de permitir la portación para uso personal de 28 gramos del enervante, informó La Jornada.
Agregó que “una cosa es el uso medicinal y otra cosa es la permisividad, es dejar que el ser humano se degrade, eso no lo podemos permitir”.
Detalló que la iglesia Católica y diversos obispos del país han dado su aval al uso medicinal de esta sustancia, pero remarcó que haber propuesto un aumento al gramaje sólo creará más dificultades.
Subrayó que esta situación conducirá a una “degradación humana” que traerá una “serie de consecuencias negativas particularmente a los jóvenes, niños y a las familias”.
Salida del GIEI
Asimismo, el también obispo auxiliar de Monterrey lamentó la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras entregar el informe del caso Ayotzinapa, y afirmó que la búsqueda de la verdad debe seguir adelante, informó El Universal.
El líder católico dijo que la Iglesia quiere coadyuvar en el acompañamiento de las familias y que están abiertos a cooperar.
“Nuestras leyes y nuestras autoridades, tienen que estar abiertos a la búsqueda de la verdad, me parece lamentable que se corte un trabajo de investigación de búsqueda de la verdad, tiene que seguir adelante, por gente extranjera como ellos o por gente nuestra pero la búsqueda de la verdad debe ser siempre por delante”, afirmó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0305/mexico/lamenta-iglesia-salida-del-giei-y-le-preocupa-reforma-de-epn-sobre-mariguana/
lunes, 2 de mayo de 2016
GIEI se despide con 20 recomendaciones a PGR para resolver caso Ayotzinapa
Testimonios y capturas pendientes; nuevas líneas de investigación; considerar otras violaciones a derechos humanos y dejar de criminalizar a las víctimas son parte de las tareas que le deja el grupo de expertos a la PGR.
Este 30 de abril concluyó el segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que entregó una serie de recomendaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que continúe con el caso.
En un comunicado, el grupo de expertos dio a conocer las 20 recomendaciones hechas a la dependencia:
Ahora que concluye esta etapa del caso, las líneas de investigación pendientes quedarán a cargo de la PGR, con quien el grupo de expertos tuvo fuertes diferencias al momento de investigar el caso.
Una de ellas fue la grabación de visitas al río San Juan, en Cocula, del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón que no fueron integradas en el expediente y que causaron una serie de acusaciones entre el funcionario y el grupo de especialistas.
El comunicado termina con un agradecimiento del GIEI tanto al Estado mexicano, como a los familiares del caso y a varios sectores de la sociedad por el seguimiento a la investigación.
“A todos ellos y a las instituciones del Estado mexicano, el GIEI les deja estas recomendaciones, los dos Informes Ayotzinapa I y II, y espera que el mecanismo de seguimiento que se articule entre las partes con la CIDH contribuya a mantener el apoyo internacional en este caso que ha conmovido a México y el mundo”, concluyó.
20 recomendaciones del GIEI para el caso Ayotzinapa:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/giei-se-despide-con-20-recomendaciones-a-pgr-para-resolver-caso-ayotzinapa/
En un comunicado, el grupo de expertos dio a conocer las 20 recomendaciones hechas a la dependencia:
- Unificar las causas penales. Esto para que pueden ser concentradas y juzgadas de manera integral.
- No fragmentar el expediente. Aquí piden incorporar al expediente todas las Averiguaciones Previas iniciadas, lo que será clave para determinar las responsabilidad de cada uno de los autores.
- Integrar toda la información de la noche de los hechos con la investigación al grupo criminal, en este caso Guerrero Unidos, para que la Oficina del Caso Iguala tenga al alcance toda la información y contexto.
- Considerar otras violaciones a derechos humanos y ampliar los cargos a los presuntos responsables
- Testimonios pendientes. El GIEI insiste en tomarle la declaración a personajes que considera clave en el caso, como los militares del 27 Batallón de Iguala, funcionarios del municipio y familiares de víctimas.
- Seguir la red de telefonía entre los presuntos responsables para identificar a más involucrados
- Hacer un estudio de balística entre los casquillos encontrados en las zonas clave del caso y las armas de policías de todos los niveles, así como una explicación de peritajes de balística que no fueron notificados.
- Establecer fechas concretas y no expectativas de los resultados de análisis de restos enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria.
- Incorporar al expediente la documentación militar disponible, desde los protocolos de actuación de las fuerzas armadas, hasta la recuperación de fotos y videos que involucren a militares.
- Investigar el tráfico de estupefacientes como una de las líneas de investigación para saber si tuvo alguna relación con los ataques a los normalistas.
- Identificación del quinto autobús en el caso así como investigar las versiones de los choferes y empresas de transporte.
- Investigar las denunciar de tortura detenidos por el caso.
- Determinar si actuaron legalmente cada uno de los servidores públicos involucrados cada etapa de los hechos.
- Realizar las capturas pendientes del caso, como la de Felipe Flores Velásquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala.
- Investigar los recursos de todos los presuntos responsables y determinar si su origen es legal o no.
- Investigar a funcionarios por presunta obstrucción de información en el caso.
- Cambiar la versión pública del caso como una “verdad histórica”, y agregar otros motivos por los cuales los estudiantes fueron atacados. Independientemente de que haya evidencia científica de los restos de uno de ellos.
- No interrumpir las diligencias y continuar con el proceso de búsqueda de los normalistas.
- Mantener el diálogo entre los familiares de las víctimas y la Procuraduría.
- Cese a la criminalización de los familiares de los desaparecidos y evitar nuevas maneras de victimizarlos.
Ahora que concluye esta etapa del caso, las líneas de investigación pendientes quedarán a cargo de la PGR, con quien el grupo de expertos tuvo fuertes diferencias al momento de investigar el caso.
Una de ellas fue la grabación de visitas al río San Juan, en Cocula, del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón que no fueron integradas en el expediente y que causaron una serie de acusaciones entre el funcionario y el grupo de especialistas.
El comunicado termina con un agradecimiento del GIEI tanto al Estado mexicano, como a los familiares del caso y a varios sectores de la sociedad por el seguimiento a la investigación.
“A todos ellos y a las instituciones del Estado mexicano, el GIEI les deja estas recomendaciones, los dos Informes Ayotzinapa I y II, y espera que el mecanismo de seguimiento que se articule entre las partes con la CIDH contribuya a mantener el apoyo internacional en este caso que ha conmovido a México y el mundo”, concluyó.
20 recomendaciones del GIEI para el caso Ayotzinapa:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/giei-se-despide-con-20-recomendaciones-a-pgr-para-resolver-caso-ayotzinapa/
viernes, 29 de abril de 2016
Sólo una pesquisa independiente dará credibilidad en caso Iguala: GIEI
Al salir de la sede de la PGR, Beristáin —quien asistió con Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, informó que durante el encuentro sí hablaron con la procuradora de Tomás Zerón de Lucio, “obviamente y le hemos señalado la importancia de que se tomen decisiones en ese sentido.
“Nosotros hemos traído toda la documentación que logramos tener, también de periodistas que tomaron esos videos, esas fotografías, y hemos traído los originales para dárselos a la Procuraduría.
“Hemos insistido en la importancia de que se investigue de forma independiente lo sucedido y que se tomen decisiones”, señaló el integrante del GIEI.
Dijo que durante su visita a la PGR sostuvieron dos encuentros, el primer de ellos con Arely Gómez para evaluar el trabajo y darle los mensajes finales y hacerle entrega de varias documentaciones: una con nuestras propuestas para la continuación de todo el trabajo que queda pendiente y la documentación videográfica de la escena del Río San Juan.
“También darle respuesta a algunas de las peticiones últimas que hicimos y las respuestas que tuvimos. Ella hará su propia valoración. Para nosotros es muy importante que transmitimos un mensaje a la más alta autoridad de la procuraduría sobre la importancia de que haya una respuesta positiva frente a las recomendaciones de nuestro informe".
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA MUÑOZ, GUSTAVO CASTILLO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/29/credibilidad-en-rio-san-juan-solo-con-investigacion-independiente-beristain
jueves, 28 de abril de 2016
Tomás Zerón llevó a detenido torturado y “tergiversó” la realidad: GIEI
"Ningún forense puede entrar a una escena del crimen, manipular la evidencia", precisaron.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes respondió al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien el miércoles dijo que su visita al río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre 2014 -que no consta en el expediente-, fue “legal y transparente“.
Carlos Beristain indicó que el detenido Agustín García Reyes fue llevado al lugar, con signos de tortura.
El inculpado tenía “numerosas lesiones físicas cuando fue llevado a dicho lugar… (tenía) 30 lesiones que no tenía tras su detención“, refirió.
García Reyes había rendido su declaración la madrugada del 28 de octubre según el expediente de la PGR, es decir, el mismo día que fue llevado a las inmediaciones del río en Cocula.
Además, el experto señaló que, en su video presentado el miércoles, Zerón “manipuló” la presencia de dos enviados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quienes nunca estuvieron en el río San Juan, sino que fueron invitados a recorrer el basurero de Cocula
“En ningún momento (los dos enviados) vieron a García Reyes (el detenido) en el lugar”, apuntó.
“Las afirmaciones del señor Zeron constituyen una tergiversación de la realidad”, sostuvo Beristain.
“El GIEI considera graves las declaraciones de Zerón”, agregó y llamó a hacer una investigación imparcial de los hechos, además de que “la Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma”. En el mismo sentido, pidió que “se tome declaraciones a todos los funcionarios”.
El comportamiento de Zerón, señaló Beristain, es en “contradicción con los estándares mínimos de investigación y por el contrario agravan el problema”.
“El problema es la falta de documentación, el no seguimiento de protocolos en la recolección de evidencias”, recalcó.
Al respecto, Francisco Cox aseguró que comportamiento de la Agencia de Investigación Criminal deja dudas.
Es “inaceptable” que un perito desestime pruebas in situ, sin dejar ningún registro, agregó.
Por su parte, Claudia Paz indicó que la presencia de la oficina del Alto Comisionado de la ONU ocurrió “cuando ya se había realizado lo que nosotros vimos en el video”.
“Ellos fueron invitados junto con la prensa al basurero de Cocula, nunca estuvieron presentes en el río San Juan”, precisó. Pero Zerón “está sugiriendo que ellos estuvieron presentes en el río San Juan”, cuando “no estuvieron presentes, acudieron por invitación de PGR, se dirigieron hacia el basurero de Cocula”.
Sin embargo, “ni la presencia de ellos en el sitio podría legalizar la visita” de Zerón, aclaró, la cual “se aparta de los estándares mínimos internacionales”, dijo la experta.
“Ningún forense puede entrar a una escena del crimen, manipular la evidencia, ninguno de nosotros podría ir a una escena del crimen, pasearse sobre la escena del crimen, escoger la evidencia, y volver un día después”, finalizó.
A su vez, Ángela Buitrago añadió que “la toma en donde aparecen los miembros que ha mencionado él como parte del organismo internacional se encuentran donde está el helicóptero y ese sitio es Cocula, no es el río San Juan”.
Insistió en que la presencia de Zerón en el río San Juan “no tiene ninguna acta circunstanciada sobre el día 28 de septiembre de 2014”.
“Si ese material (el video que presentó Zerón) pertenece a alguna investigación no tiene que estar en manos de una agencia de policía”, indicó.
Recordó que “jurídicamente una diligencia… donde hay una escena del crimen, o posible recolección de evidencia, debe quedar consignada desde el minuto cero”.
“Una escena del crimen que fue procesada, como lo vieron ustedes en el video que presenta Zerón, el 28 de octubre 2014, tendría que haber quedado registrada, más si es la arroja resultados (al día siguientes)”, sentenció.
Además, “un traslado de inculpado como se trata del señor García Reyes, quien había rendido declaración la madrugada del día en que lo trasladan, debía haber sido realizada con un protocolo… todo debe quedar documentado”.
Postura íntegra del GIEI sobre Zerón:
Postura del GIEI by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2804/mexico/tomas-zeron-llevo-a-detenido-torturado-y-tergiverso-la-realidad-giei/
Carlos Beristain indicó que el detenido Agustín García Reyes fue llevado al lugar, con signos de tortura.
García Reyes había rendido su declaración la madrugada del 28 de octubre según el expediente de la PGR, es decir, el mismo día que fue llevado a las inmediaciones del río en Cocula.
Además, el experto señaló que, en su video presentado el miércoles, Zerón “manipuló” la presencia de dos enviados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quienes nunca estuvieron en el río San Juan, sino que fueron invitados a recorrer el basurero de Cocula
“En ningún momento (los dos enviados) vieron a García Reyes (el detenido) en el lugar”, apuntó.
“Las afirmaciones del señor Zeron constituyen una tergiversación de la realidad”, sostuvo Beristain.
“El GIEI considera graves las declaraciones de Zerón”, agregó y llamó a hacer una investigación imparcial de los hechos, además de que “la Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma”. En el mismo sentido, pidió que “se tome declaraciones a todos los funcionarios”.
El comportamiento de Zerón, señaló Beristain, es en “contradicción con los estándares mínimos de investigación y por el contrario agravan el problema”.
“El problema es la falta de documentación, el no seguimiento de protocolos en la recolección de evidencias”, recalcó.
Al respecto, Francisco Cox aseguró que comportamiento de la Agencia de Investigación Criminal deja dudas.
Es “inaceptable” que un perito desestime pruebas in situ, sin dejar ningún registro, agregó.
Por su parte, Claudia Paz indicó que la presencia de la oficina del Alto Comisionado de la ONU ocurrió “cuando ya se había realizado lo que nosotros vimos en el video”.
“Ellos fueron invitados junto con la prensa al basurero de Cocula, nunca estuvieron presentes en el río San Juan”, precisó. Pero Zerón “está sugiriendo que ellos estuvieron presentes en el río San Juan”, cuando “no estuvieron presentes, acudieron por invitación de PGR, se dirigieron hacia el basurero de Cocula”.
Sin embargo, “ni la presencia de ellos en el sitio podría legalizar la visita” de Zerón, aclaró, la cual “se aparta de los estándares mínimos internacionales”, dijo la experta.
“Ningún forense puede entrar a una escena del crimen, manipular la evidencia, ninguno de nosotros podría ir a una escena del crimen, pasearse sobre la escena del crimen, escoger la evidencia, y volver un día después”, finalizó.
A su vez, Ángela Buitrago añadió que “la toma en donde aparecen los miembros que ha mencionado él como parte del organismo internacional se encuentran donde está el helicóptero y ese sitio es Cocula, no es el río San Juan”.
Insistió en que la presencia de Zerón en el río San Juan “no tiene ninguna acta circunstanciada sobre el día 28 de septiembre de 2014”.
“Si ese material (el video que presentó Zerón) pertenece a alguna investigación no tiene que estar en manos de una agencia de policía”, indicó.
Recordó que “jurídicamente una diligencia… donde hay una escena del crimen, o posible recolección de evidencia, debe quedar consignada desde el minuto cero”.
“Una escena del crimen que fue procesada, como lo vieron ustedes en el video que presenta Zerón, el 28 de octubre 2014, tendría que haber quedado registrada, más si es la arroja resultados (al día siguientes)”, sentenció.
Además, “un traslado de inculpado como se trata del señor García Reyes, quien había rendido declaración la madrugada del día en que lo trasladan, debía haber sido realizada con un protocolo… todo debe quedar documentado”.
Postura íntegra del GIEI sobre Zerón:
Postura del GIEI by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2804/mexico/tomas-zeron-llevo-a-detenido-torturado-y-tergiverso-la-realidad-giei/
Tomás Zerón tergiversa la realidad y su comportamiento es impropio: GIEI
Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, tergiversa la realidad y su comportamiento es impropio, criticaron este jueves 28 de abril integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Como respuesta a los dichos de Zerón, respecto a que su presencia en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014 había sido legal, los expertos resaltaron que ese conjunto de declaraciones confirman, en primer lugar, que la diligencia de aquel día no se encuentra registrada en algún expediente sobre el caso del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Carlos Beristain, del GIEI, dijo que no está en los expedientes el hallazgo de cuatro bolsas en el Río San Juan, a las que se refirió Zerón, respecto a la diligencia del día 28 de octubre, y que no se siguieron los protocolos adecuados para la toma de muestras por parte de los peritos de la PGR.
Zerón dijo en la conferencia del miércoles 27 de abril que en un video que mostró el GIEI el domingo pasado se observa a un perito recogiendo un posible indicio en el Río San Juan, y que “ese indicio se entregó a un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico” que ameritara incorporarlo a la averiguación previa.
Al respecto, el GIEI señaló que ese procedimiento fue incorrecto.
“El señor (Zerón) señala que un antropólogo forense descartó que el hueso sea de origen humano, sin embargo el GIEI señala que no puede realizarse ningún descarte sin tener algún registro de la acción, sin un acta sobre la evidencia y de evaluación de la muestra”, dijo Beristain, del grupo de especialistas.
Los expertos del GIEI se refirieron al traslado de un detenido al río San Juan, Agustín García Reyes, aquel día 28.
“Con base en el informe Ayotzinapa II recientemente, Agustín García Reyes mostraba para entonces numerosas lesiones físicas, que suponen indicios serios de tortura cuando fue llevado a dicho lugar. El informe médico de la PGR, del 28 de octubre de 2014, a las 00:50 de la madrugada, es decir, dos horas después de su ingreso en la SEIDO, y 7 horas después del primer informe médico realizado posteriormente a su detención, refiere la existencia de 30 lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval” en el momento de su detención, dijo Beristain.
El detenido, García Reyes, dijo al psicólogo en una evaluación que fue torturado, que le pusieron una bolsa en la cabeza, que le pegaron y lo electrocutaron.
En otro punto de su mensaje, los expertos mencionaron que el video que presentó Zerón para defender su actuación en la zona del Río San Juan está editado, y dijeron que la Agencia de Investigación Criminal debe quedar fuera del caso Ayotzinapa, para garantizar la imparcialidad mientras se hace una investigación sobre las irregularidades detectadas.
“El video presentado por el señor Zerón está editado, apareciendo una parte que muestra cuando estaba en la escena del río San Juan, con el detenido Agustín García Reyes, y después un corte en el que aparece la Marina, para indicar que había testigos. El GIEI quiere señalar que, según los testimonios recogidos, cuando se llevó a Agustín García Reyes se había retirado la custodia del lugar, por lo que la aparición de miembros de la Marina corresponde a un momento posterior”, dijo Beristain.
Zerón dijo que su presencia en la zona del río Cocula había sido atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sin embargo, los expertos del GIEI hablaron sobre una manipulación, ya que en ningún momento miembros de la ONU vieron al presunto responsable, García Reyes, ni estuvieron en el escenario del río San Juan.
El comportamiento de Zerón, dijeron integrantes del GIEI, entra en contradicción con los estándares mínimos de investigación.
“Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del Alto Comisionado a Cocula y posteriormente al basurero de Cocula, reitero, no al río San Juan, suponen una verificación del traslado del señor García Reyes y de las condiciones legales del mismo, constituyen un comportamiento impropio de un director de la Agencia de Investigación Criminal”, dijo Beristain.
El video que Tomás Zerón presentó este 26 de abril en conferencia de prensa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/tomas-zeron-tergiversa-la-realidad-y-su-comportamiento-es-impropio-giei/
Carlos Beristain, del GIEI, dijo que no está en los expedientes el hallazgo de cuatro bolsas en el Río San Juan, a las que se refirió Zerón, respecto a la diligencia del día 28 de octubre, y que no se siguieron los protocolos adecuados para la toma de muestras por parte de los peritos de la PGR.
Zerón dijo en la conferencia del miércoles 27 de abril que en un video que mostró el GIEI el domingo pasado se observa a un perito recogiendo un posible indicio en el Río San Juan, y que “ese indicio se entregó a un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico” que ameritara incorporarlo a la averiguación previa.
Al respecto, el GIEI señaló que ese procedimiento fue incorrecto.
“El señor (Zerón) señala que un antropólogo forense descartó que el hueso sea de origen humano, sin embargo el GIEI señala que no puede realizarse ningún descarte sin tener algún registro de la acción, sin un acta sobre la evidencia y de evaluación de la muestra”, dijo Beristain, del grupo de especialistas.
Los expertos del GIEI se refirieron al traslado de un detenido al río San Juan, Agustín García Reyes, aquel día 28.
“Con base en el informe Ayotzinapa II recientemente, Agustín García Reyes mostraba para entonces numerosas lesiones físicas, que suponen indicios serios de tortura cuando fue llevado a dicho lugar. El informe médico de la PGR, del 28 de octubre de 2014, a las 00:50 de la madrugada, es decir, dos horas después de su ingreso en la SEIDO, y 7 horas después del primer informe médico realizado posteriormente a su detención, refiere la existencia de 30 lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval” en el momento de su detención, dijo Beristain.
El detenido, García Reyes, dijo al psicólogo en una evaluación que fue torturado, que le pusieron una bolsa en la cabeza, que le pegaron y lo electrocutaron.
En otro punto de su mensaje, los expertos mencionaron que el video que presentó Zerón para defender su actuación en la zona del Río San Juan está editado, y dijeron que la Agencia de Investigación Criminal debe quedar fuera del caso Ayotzinapa, para garantizar la imparcialidad mientras se hace una investigación sobre las irregularidades detectadas.
Giei. Nadie puede autoinvestigarse. La misma persona que aparece en el video no puede hacer su propia averiguación (Zeron)— Centro Prodh (@CentroProdh) 28 de abril de 2016
“El video presentado por el señor Zerón está editado, apareciendo una parte que muestra cuando estaba en la escena del río San Juan, con el detenido Agustín García Reyes, y después un corte en el que aparece la Marina, para indicar que había testigos. El GIEI quiere señalar que, según los testimonios recogidos, cuando se llevó a Agustín García Reyes se había retirado la custodia del lugar, por lo que la aparición de miembros de la Marina corresponde a un momento posterior”, dijo Beristain.
Zerón dijo que su presencia en la zona del río Cocula había sido atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sin embargo, los expertos del GIEI hablaron sobre una manipulación, ya que en ningún momento miembros de la ONU vieron al presunto responsable, García Reyes, ni estuvieron en el escenario del río San Juan.
El comportamiento de Zerón, dijeron integrantes del GIEI, entra en contradicción con los estándares mínimos de investigación.
“Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del Alto Comisionado a Cocula y posteriormente al basurero de Cocula, reitero, no al río San Juan, suponen una verificación del traslado del señor García Reyes y de las condiciones legales del mismo, constituyen un comportamiento impropio de un director de la Agencia de Investigación Criminal”, dijo Beristain.
El video que Tomás Zerón presentó este 26 de abril en conferencia de prensa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/tomas-zeron-tergiversa-la-realidad-y-su-comportamiento-es-impropio-giei/
Los padres de los 43 están en riesgo, alerta el GIEI
A unos cuantos días de que los cinco expertos del GIEI abandonen el país, ya con las maletas hechas, su mayor preocupación es la seguridad de los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ciudad de México, 26 de abril: Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, lo más preocupante ahora es el futuro que espera a los padres de los jóvenes.
Y no sólo por la falta de justicia o de al menos avances en la investigación del crimen, sino por los potenciales riesgos de que sean sometidos a prácticas de criminalización o revictimización.
Esto, plantea el integrante del GIEI, Alejandro Valencia Villa, después de la difusión de conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de manera ilegal tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación.
“Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe”, dice el experto.
En entrevista con SinEmbargo, los integrantes del GIEI Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron como únicas del sistema judicial mexicano y observaron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones, dice Valencia, es enorme.
“O la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos vinculados, hay cadenas de mando, etcétera… Uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan”, dice Valencia.
“O volvemos al tema de las víctimas […] muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer”, agrega.
–Con los detalles de la información, si nos pudieran auxiliar un poco para ubicarnos, sobre el papel de “El Caminante”. No sé cuál sea la interpretación que hagan al margen de lo que se plasma en el expediente, de este personaje.
–Ángela Buitrago [AB] Digamos dentro de la investigación ‘El Caminante’ es uno de los interlocutores que tienen más contacto con las personas que están inculpadas hoy en día, que son parte, se investigan en términos de tiempos y frecuencias de llamadas. Es una línea de investigación que está dentro del expediente, que debería estar dirigida toda la mirada hacia esos elementos, para poder concluir y relacionar a ese cruce de agendas que se tienen. Definir quién era, qué relaciones tenía con otros actores, a cómo todos los antecedentes de esta persona pueden llevar a muchas conclusiones dentro de la investigación. Por qué la relación y la frecuencia que existe dentro de esa comunicación, en las horas críticas; por qué cuando se establecen esos patrones, lo que permite decir también que es una comunicación múltiple en horas que tendrían que llamar la atención desde el punto de vista investigativo.
–Alejandro Valencia [AV] Vemos que puede ser un enlace operativo importante, por eso, en los hechos.
–En el informe ustedes detallan con un diagrama con todos los que tuvo relación. Que habló hasta con Guerreros Unidos, ¿por qué no está detenido este personaje?
–[AB] Porque no se ha individualizado. No se sabe quién es.
–¿Cuál fue el tratamiento que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) a este personaje inicialmente?
–[AB] Lo tienen como punto de observación. Ese cuadro sale a raíz que puede estar ahí y nosotros solicitamos toda la información para corroborar las líneas de investigación.
–Con respecto a toda la investigación, nos gustaría ver si ustedes podrían identificar a alguno de los funcionarios que estuvieren manipulando la investigación, ¿se podrían fincar responsabilidades aquí en México?
–[AB] Mira, nosotros somos cuidadosos: lo primero que nosotros ponemos a disposición de la autoridad mexicana son los elementos que hemos visto, pero nosotros no asignamos responsabilidades, ni en el tema de quiénes se llevaron a los muchachos, ni en ningún otro tema. La autoridad es la que tiene que investigar y fallar. Para nosotros decir ‘los hacemos responsables de’, se necesita de un juicio, una investigación y una cantidad de cosas. Pero sí ponemos de precedente que hay una serie de elementos que fueron retrasados o una interrupción que decimos nosotros a partir de enero, que significa que hay un tema que debe llamar a la reflexión en términos de por qué se hizo. Lo segundo es que en particular se encontraron unos elementos y se encuentra material gráfico y fílmico para poder llegar a un momento dado, a que por lo menos se diga y se constante que en el expediente y averiguación eso no existe. Si no existen esas constancias, si no existe esa acta, si se trasladó a un inculpado y existen unas personas que se desplazan un día antes de lo que dice toda la AP01/2015 [la averiguación previa sobre el caso Iguala], pues por lo menos en un formalismo como es el mexicano en donde todo tiene que ser registrado, todo tiene que tener acta, todo tiene que tener constancia, inclusive, verificación por testigos de asistencia, no encuentro una explicación para que no esté. Además es evidente de que hay material que se recoge ese día que no está registrado en el expediente. Ponemos todo eso sobre la mesa para decir ‘mire, aquí tenemos estos elementos y la lectura nuestra es de que se debe investigar, saber qué pasó’. No podemos decir que quedemos satisfechos de que eso sucede y que no se haga, estamos diciendo el competente es la fiscalía y los jueces para asignar responsabilidades.
–¿Qué papel jugó aquí Tomás Zerón [De Lucio, Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR] en la investigación con ustedes? ¿En la manipulación? Porque él estuvo ese día en el río.
–Ustedes tuvieron contacto con los más altos niveles y grupos políticos en México, que tuvieron relación en el caso Ayotzinapa. Si le pusieran nombre, ¿quién sí mostró apertura y quién se cerró? ¿Qué personas en concreto se cerraron con ustedes?
–[AB] Yo desde el campo investigativo tengo que decir que hubo una apertura por parte de la Procuradora Arely [Gómez González], tuvimos una apertura que nos ayudó mucho por parte de la Policía Federal (PF), que nos acompañó a las diligencias en particular la división de Gendarmería y tuvimos una apertura, en términos de grupo que eso lo tenemos claro, para mí del subsecretario [Roberto] Campa.
–¿Y quiénes se cerraron?
–[AB] Quienes se abrieron, te contesté.
–Pero mi pregunta también es: ¿Quiénes se cerraron?
–[AB] Lo que pasa es que si te estoy diciendo quiénes se abrieron, técnicamente creo que de todos modos, esos son por lo menos para mí, se lo reconozco en la parte de la apertura. El tema es que también hubo muchas cosas que no caminaron bien.
–¿Qué cosas no caminaron bien?
–[AB] Nosotros solicitamos con mucho tiempo de antelación la entrevista con personas que estaban inculpadas por segunda oportunidad, ahí hubo un cierre completo. En el segundo mandato no hubo posibilidad de entrevistar a estas personas. Tuvimos pretensión de conocer muchas de las AP [Averiguaciones Previas] con tiempo para poder evaluar qué relación tenían con el caso, y tampoco se pudieron conocer esas averiguaciones previas. Cuando hablas en esos términos, lo que estás diciendo es puede haber buena voluntad, pero en el camino están quedando todos esos hechos que generaron ese cierre que nosotros percibimos en enero de 2016.
–¿Hubo cerrazón del Ejército?
–Pero todas estas cerrazones o los problemas que tuvieron en el camino, ¿provenían directamente de la PGR?
–[AB] Son áreas diferentes. El tema del Ejército no lo maneja la PGR, directamente quien se encarga de manejar eso es el Secretario de Gobierno y sobre esos elementos sale el jefe de la institución a decir que no habrá acceso, nos tacha de extranjeros, nos dice que los extranjeros no podemos entrevistar a los militares, pero más que entrevistar a los militares, era conseguir el material que podía ayudarnos en la investigación: un informe, bitácoras, documentos que tuvieran relación con el hecho. Ahí hay claro una manifestación desde el principio de que eso no va a suceder.
–Nos pueden dar una radiografía, un balance de, ¿cómo observaron este intestino del Estado mexicano?, ¿hubo pugnas?, ¿quiénes son?
–[AV] Lo que hicimos fue presentar unas recomendaciones como línea de diagnóstico, pero en particular más del sistema mexicano y más específica de la investigación penal en el caso como éste. Ni siquiera un diagnóstico a profundidad, es una pincelada a partir de un caso, decir qué cosas de la investigación penal mexicana nos preocupa de una manera muy general, como un abre bocas.
–Ayer, Francisco Cox [otro integrante del GIEI] contestó cuando les preguntaron: ¿Con qué sabor de boca se iban? Y dijo ‘con el peor’ . Esa fue la respuesta. ¿Si ustedes pudieran decir con nombre y apellido quién o quiénes deberían de salir de su puesto, de las personas con las que estuvieron tratando y ser investigado por las autoridades mexicanas en relación al caso Ayotzinapa, quiénes serían estas personas?
–[AB] Ahí te quiero precisar el contexto en que lo dijo Francisco: con el peor, porque no pudimos encontrar a los desparecidos, el contexto de esa afirmación es que nosotros hubiéramos querido realmente encontrar a los muchachos. Nosotros no nos vamos con un sentido peyorativo frente al Estado mexicano. Nosotros hacemos esa manifestación en torno que no encontramos a los muchachos. Hecha esa aclaración, volvemos a lo mismo: nosotros no podemos hacer un juicio de responsabilidad sobre nadie; le compete al Estado mexicano realizar las indagaciones, a la sociedad mexicana hacer una fiscalización de todo esto, pero nosotros no somos quiénes para decir quién es responsable o no.
LAS REVELACIONES DEL CASO
–¿Qué revela el caso Ayotzinapa?
–[AV] Muchas cosas y lo que hemos intentado mirar es la punta del iceberg de la desaparición forzada en este país. Revela los dilemas a los que están sometidos las víctimas, de violaciones a derechos humanos. Revela cómo es la investigación penal de un caso de derechos humanos, para nosotros es una radiografía que permite ver muchas cosas en México.
–[AB] Debe ser un modelo, no debe ser aislado, nosotros tuvimos acceso a otras AP.
–[AV] Lo que nosotros señalamos, modestia aparte, es que debe haber lecciones aprendidas, a partir de nuestro trabajo, unas lecciones aprendidas frente a estos temas: cómo hacer una investigación en materia de derechos humanos en México, cómo deben ser los criterios para atención a las víctimas, cómo se deben desarrollar las búsquedas de las persona desaparecidas. Creemos que ahí estamos dando un aporte que esperamos sea recogido por algunos sectores, y sobre todo por las instituciones.
–Ustedes hablaban de toda esta burocracia a la que se enfrentaron siendo expertos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿qué será para un mexicano común?
–[AV] El formalismo nos impresionó mucho. Uno está acostumbrado a un sistema legal escrito, es formal, pero aquí salimos realmente impresionados de lo excesivo en muchas formas. Por eso nos sorprende tanto este episodio del video, del 28 de octubre. Aquí para que un detenido vaya a una reconstrucción de hechos se necesitan un montón de permisos, de cosas y esto que pasó acá [en el río San Juan] nos llama tanto la atención. Un caso que lo ilustra es la situación de Julio César Mondragón: cómo una diligencia de exhumación por pedir una identificación de ADN tardó tres meses. Decimos sí había un grupo detrás de ellos, con toda la atención del mundo, qué será para un cuidando común que haga una diligencia de exhumación.
–[AB] Una de las garantías de un Estado democrático, es el acceso a la justicia.
–¿Qué observaron en México que sea particular sólo a los procedimientos de la justicia mexicana, aparte de estos formalismos?
–[AB] Parto de la base de una desconfianza institucional que debe surgir de algún conocimiento, pienso yo, ha de surgir de alguna percepción en las base social.
–¿Más grave que en Colombia?
–[AB] Claro. Por ejemplo, en Colombia, el documento público se reputa auténtico; es decir, es auténtico porque lo presenta un funcionario, que no necesita nada más. Aquí presenta un funcionario público un documento, lo tiene que ratificar, certificar, exhibir de nuevo su carnet, poner testigos, y eso a la vez el agente del Ministerio Público (MP) tiene que hacer un documento donde ponga el resumen de ese documento que rindió el perito para que tenga validez probatoria. Si bien es cierto nosotros somos formalistas, porque el sistema inquisitivo de nosotros es formalistas, digamos [aquí] es la forma por la forma, porque mientras tú haces todo eso, que gastas más o menos unas tres horas en un solo informe que puede tener 500, 600 o 700 páginas; entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Que lleve la ratificación del Ministerio Público, que lleve la notificación del funcionario, la fotocopia del documento, que además no se me vaya a pasar el testigo de asistencia. O sea, cada diligencia necesita un MP, dos testigos de asistencia mínimo; entonces, eso te hace que en el fondo nadie se preocupe por qué fue lo que me dijo o el contenido, si no cómo tengo que acreditar el documento en el expediente, y eso quita mucho tiempo. Y si una de las cosas que requieren estos casos es la velocidad y la vertiginosidad de la prueba es el análisis, ¿a qué hora te queda tiempo si tienes que hacer tanto documento, tanta formalidad?
–[AV] Hay muchas cosas, mucho de lo que está en esas recomendaciones es porque lo vemos muy singularizado aquí: el tema de los testimonial y la prueba confesional, aquí eso tiene un valor enorme frente a otros contextos, o la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos, vinculados, hay cadenas de mando, etcétera; uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan, o volvemos al tema de las víctimas, tal vez porque no habido una suficiente experiencia en muchos temas. Por ejemplo, el tema de memoria de víctimas, muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer…
–Digamos que los mecanismos que activan la impunidad aquí son más…
–[AB] Sofisticados…
–Y eso ¿cómo opera? ¿Cómo responden cuando están haciendo una pregunta, cuando estamos tratando de investigar, qué actitud perciben?
–[AB] Primero, una desconfianza muy grande y eso lo ve uno, porque quizá nunca se entendió la verdadera dimensión de lo que quería la medida cautelar; uno. Y dos, porque somos extranjeros, eso sí nos lo han recalcado infinidad de veces, y tres: digamos que se logró con el nuevo equipo un acercamiento en ese sentido, de que se trataba de trabajar en conjunto, pero también creo, y es un tema que hay que evaluar mucho, es que una decisión de Estado debe asumirse con la connotación clara de que se aceptó. Entonces, si somos ambivalentes, pues nadie sabe qué es lo que realmente se quiere. Entonces, creo que se tendría que marcar muy claro la correspondencia entre lo que quiere quien asumió el compromiso y el resto de las instituciones, o definitivamente se asumió el compromiso en un sentido diferente al que cree que se asumió. Esas son dos cosas que se tienen que definir claramente.
–[AV] Y ha caído en lo formal; entonces, a veces todas las cosas son muy formales. Y uno dice aquí no solamente es el formalismo, aquí venimos a trabajar. También aquí el tema de la opinión pública, la imagen ante la opinión pública importa mucho a las instituciones.
–El Gobierno mexicano, ¿aceptaría que vinieran a México sólo por este asunto de la imagen internacional?
–[AB] Esa es una pregunta para el Gobierno mexicano.
–[AV] Sí, pero la presión internacional creo que sí fue un elemento capital para la constitución del grupo…
–¿Cómo se quedan las familias? ¿Qué riesgos ven alrededor? ¿A qué debemos estar atentos?
–[AV] Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe; es decir, independientemente de nuestro informe y las recomendaciones, nos importan más ellos, porque mal que bien nosotros nos convertimos en un paraguas, ellos se sentían ya acompañados; decíamos ‘si no sólo era una labor de esperanza, sino que estamos haciendo un labor de compañía’, y pues si nos vamos y para ellos fue muy imprevista esta salida. Entonces sí, uno ve. Lo hemos visto en las reuniones, incluso unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo; es decir, sentimos que se van a sentir solos, y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización por una parte, como de criminalización por la otra, nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos. Es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, temor que esto pase a mayores, que incluso se agraven las situaciones estas de victimización y de pronto de seguridad, y sobre todo cuando nos pierden a nosotros. Es, digamos, un golpe duro a sus esperanza, y como que si las vías legales se empezaran a agotar y lo que nos han manifestado ellos, que si la movilización social, que si la protesta, que si tendrán que regresar a eso; y nosotros les indicamos, ‘miren, por favor no, insístanle en el caso, en las vías legales, miren la Comisión Interamericana no los quiere dejar solos, ustedes tienen unos peticionarios responsables’… Pero uno no sabe, como dijimos, hay que estar muy atentos y estar con ellos…
–¿Estas escuchas son las que les dan estos indicios?
–[AV] Sí, justamente esos son como los radares, los focos que nos prenden las alertas, la alarmas frente a estos episodios.
–[AB] Y un punto importantísimo que creo que deberían trabajar es el tema de la visibilización de las víctimas, porque en este país están invisibles. Y con una crisis tan grave en términos de desaparición, en términos que uno ve que gracias al caso Ayotzinapa, y lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá nunca hubiera existido, pero gracias al caso Ayotzinapa se encontraron muchísimos cuerpos de muchísimas desapariciones. Entonces, digamos que el tema es que el Gobierno sea receptivo de verdad, que dimensiones el tema pero además visibilice a la víctima. La víctima tiene que salir del ostracismo en el que la tienen, pero además de la marginación en que la tienen. Ayer había una señora en el evento que ha reclamado justicia por todas partes y el expediente ni siquiera se ha movido… Es un caso tras otro. No ha cerrado, ha aumentado y todos los días hablamos de cinco, seis, siete; ahorita el caso más reciente que ocurrió de seis personas, y yo creo que el Estado tiene que empezar a responder…. Entonces la pregunta es: no solamente son las víctimas del caso de los normalistas; ahí se representó una gran parte de lo que podrían haber hecho con las víctimas, pero las víctimas son miles de miles. Estamos hablando de 27 mil desapariciones, multiplica eso por víctimas indirectas, familias enteras, estamos hablando de cerca de tres o cuatro millones de personas, muy grave, me parece. Y el Estado, yo pienso, que sí tiene que visibilizar eso. Y en el caso en particular nuestro, de los desaparecidos que es por lo que estábamos en México, es necesario que apoyen y trabajen, y por eso el grupo promovió, en compañía de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas], un protocolo que elaboraron, en particular el grupo que tienen el conocimiento de eso, que son Carlos [Beristáin] y Alejandro, en términos de cómo lograr también efectivamente la reparación a la víctima, la restitución, el acompañamiento y no revictimizar, en términos de que el Estado ahora empiece a señalar con el dedo a las víctimas cuando al contrario, tienes que acogerlas…
–¿Sospechan que el resto de los papás o quienes han salido a la opinión pública estén intervenidos?
–[AB] Nosotros no podemos sospechar algo. Nosotros sólo hablamos cuando tenemos elementos. Pero además el tema particular es que eso se debe investigar.
–[AV] La intervención telefónica, eso debe ser con una intervención legal, judicial… A nosotros sí nos llama la atención eso: que aquí los medios de comunicación pues filtran información, incluso alguna que nosotros ni siquiera conocemos, hasta cosas del caso nosotros las conocemos por la prensa…
–¿Eso no se ve, por ejemplo, en Colombia?
–[AB] Sí, en Colombia se ve, y hay revistas que utilizan ese medio; pero, en lo judicial, inmediatamente lo que se hace es desechar esa evidencia, porque es ilegal, a todas luces eso no sirve para nada, pero además también investigar por qué hay filtración…
–¿Cómo definirían la justicia mexicana?
–[AB] Yo pienso que en cualquier sistema de justicia, no puedo desconocerlo, porque también lo viví en mi país, y desde el conocimiento académico de los sistemas: el sistema de justicia es un monstruo, un aparato muy grande, mientras no tenga coordinación y no tenga áreas especializadas en los temas, tendrá complejidades. Pero pienso que el aparato de justicia en México, como cualquier aparato, con sus defectos y virtudes, es el aparato que escogió la institucionalidad, y eso lo que hay que tratar es que mejore y que las críticas sean aceptadas. O sea, si a ti te dicen: ‘mire, por donde va no está bien’ y tú te empecinas, dice un amigo mío ‘un error una vez se acepta, pero cuando se insiste en el error ya muestra una intención’. Entonces, en justicia pasa lo mismo, si te estás dando cuenta que estás equivocando el camino, lo que uno tiene que hacer es recogerse e irse al otro lado. Pero el aparato como aparato tiene bondades, tiene una bondad por lo menos de un órgano investigador, tiene periciales y hay periciales muy buenos; lo que pasa es que aquí hay elementos que también hay que mirar que no solamente dependen de las normas sino de los valores de las personas; entonces, no le podemos cargar todo al sistema ni al diseño del sistema. Cuando tienes un muy buen sistema, pero malos seres humanos, el sistema no funciona..
–¿Y qué recomendación le dan a la sociedad civil mexicana, para que mejoremos esto?
–[AB] Que fiscalicen. El mejor secreto para la justicia es la publicidad, y el sistema democrático garantiza que el Estado se pone bajo el escrutinio de la sociedad, y ahí es donde debe reaccionar la sociedad: ‘bueno, sí, me estás diciendo esto’, y voy a poner un ejemplo, y si suena es coincidencia, por ejemplo, ‘me están diciendo que hubo 43 quemados en el basurero’, pura coincidencia, ¿qué debe hacer la sociedad? Muéstreme las pruebas. Y si las pruebas son contundentes o no, eso es un elemento.
–Exigir pruebas…
–[AB] ¡Claro! Te voy a poner el ejemplo que salió ayer: el quinto bus es una línea cerrada, y ya vi una comunicación del Estado en donde dice que el quinto bus es una línea cerrada. Yo quisiera preguntar cómo cierran una línea cuando tienes tantas dudas. Si no se sabe por qué mintieron o sí mintieron, si no se sabe si el documento sí lo escribió o no lo escribió (el chofer del quinto autobús), salvo el tema del dictamen pericial; tres, tengo cinco testigos que me están diciendo que sí lo escribió, no tengo conclusiones sobre las pruebas en Estados Unidos del FBI. Pregunta: ¿cómo cierro el caso, y cómo le agoto a la sociedad el tema de que cerré el caso?
–[AV] Lo otro es que reconozcan a las víctimas, que acompañen a las víctimas; es decir, miren más a las víctimas, eso le diría a la sociedad civil. Creo que eso es como ver a la persona que ha sido afectada, tenerla muy en cuenta, creo que eso es central…
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/SHAILA ROSAGEL, SANDRA RODÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1652885
Y no sólo por la falta de justicia o de al menos avances en la investigación del crimen, sino por los potenciales riesgos de que sean sometidos a prácticas de criminalización o revictimización.
Esto, plantea el integrante del GIEI, Alejandro Valencia Villa, después de la difusión de conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de manera ilegal tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación.
“Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe”, dice el experto.
“Lo hemos visto en las reuniones incluso, unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo […] Y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización, por una parte, como de criminalización, por la otra… nos preocupa mucho y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos; es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, nos da temor que esto pase a mayores”, agrega.
En entrevista con SinEmbargo, los integrantes del GIEI Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron como únicas del sistema judicial mexicano y observaron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones, dice Valencia, es enorme.
“O la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos vinculados, hay cadenas de mando, etcétera… Uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan”, dice Valencia.
“O volvemos al tema de las víctimas […] muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer”, agrega.
–Ángela Buitrago [AB] Digamos dentro de la investigación ‘El Caminante’ es uno de los interlocutores que tienen más contacto con las personas que están inculpadas hoy en día, que son parte, se investigan en términos de tiempos y frecuencias de llamadas. Es una línea de investigación que está dentro del expediente, que debería estar dirigida toda la mirada hacia esos elementos, para poder concluir y relacionar a ese cruce de agendas que se tienen. Definir quién era, qué relaciones tenía con otros actores, a cómo todos los antecedentes de esta persona pueden llevar a muchas conclusiones dentro de la investigación. Por qué la relación y la frecuencia que existe dentro de esa comunicación, en las horas críticas; por qué cuando se establecen esos patrones, lo que permite decir también que es una comunicación múltiple en horas que tendrían que llamar la atención desde el punto de vista investigativo.
–Alejandro Valencia [AV] Vemos que puede ser un enlace operativo importante, por eso, en los hechos.
–En el informe ustedes detallan con un diagrama con todos los que tuvo relación. Que habló hasta con Guerreros Unidos, ¿por qué no está detenido este personaje?
–[AB] Porque no se ha individualizado. No se sabe quién es.
–¿Cuál fue el tratamiento que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) a este personaje inicialmente?
–[AB] Lo tienen como punto de observación. Ese cuadro sale a raíz que puede estar ahí y nosotros solicitamos toda la información para corroborar las líneas de investigación.
–Con respecto a toda la investigación, nos gustaría ver si ustedes podrían identificar a alguno de los funcionarios que estuvieren manipulando la investigación, ¿se podrían fincar responsabilidades aquí en México?
–[AB] Mira, nosotros somos cuidadosos: lo primero que nosotros ponemos a disposición de la autoridad mexicana son los elementos que hemos visto, pero nosotros no asignamos responsabilidades, ni en el tema de quiénes se llevaron a los muchachos, ni en ningún otro tema. La autoridad es la que tiene que investigar y fallar. Para nosotros decir ‘los hacemos responsables de’, se necesita de un juicio, una investigación y una cantidad de cosas. Pero sí ponemos de precedente que hay una serie de elementos que fueron retrasados o una interrupción que decimos nosotros a partir de enero, que significa que hay un tema que debe llamar a la reflexión en términos de por qué se hizo. Lo segundo es que en particular se encontraron unos elementos y se encuentra material gráfico y fílmico para poder llegar a un momento dado, a que por lo menos se diga y se constante que en el expediente y averiguación eso no existe. Si no existen esas constancias, si no existe esa acta, si se trasladó a un inculpado y existen unas personas que se desplazan un día antes de lo que dice toda la AP01/2015 [la averiguación previa sobre el caso Iguala], pues por lo menos en un formalismo como es el mexicano en donde todo tiene que ser registrado, todo tiene que tener acta, todo tiene que tener constancia, inclusive, verificación por testigos de asistencia, no encuentro una explicación para que no esté. Además es evidente de que hay material que se recoge ese día que no está registrado en el expediente. Ponemos todo eso sobre la mesa para decir ‘mire, aquí tenemos estos elementos y la lectura nuestra es de que se debe investigar, saber qué pasó’. No podemos decir que quedemos satisfechos de que eso sucede y que no se haga, estamos diciendo el competente es la fiscalía y los jueces para asignar responsabilidades.
–¿Qué papel jugó aquí Tomás Zerón [De Lucio, Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR] en la investigación con ustedes? ¿En la manipulación? Porque él estuvo ese día en el río.
–[AB] Lo que nosotros podemos decir es que el jefe de la división criminalística es él. Nosotros podemos decir es que él aparece en el video del 28 de octubre de 2014, y que por esa razón y frente la presencia del jefe máximo de la división de criminalística, pues tendría que explicarse las razones por las cuáles no hay constancia de esos actos. Creo que eso es lo que tiene que verificar el Gobierno mexicano o la Fiscalía de la PGR.
–Ustedes tuvieron contacto con los más altos niveles y grupos políticos en México, que tuvieron relación en el caso Ayotzinapa. Si le pusieran nombre, ¿quién sí mostró apertura y quién se cerró? ¿Qué personas en concreto se cerraron con ustedes?
–[AB] Yo desde el campo investigativo tengo que decir que hubo una apertura por parte de la Procuradora Arely [Gómez González], tuvimos una apertura que nos ayudó mucho por parte de la Policía Federal (PF), que nos acompañó a las diligencias en particular la división de Gendarmería y tuvimos una apertura, en términos de grupo que eso lo tenemos claro, para mí del subsecretario [Roberto] Campa.
–¿Y quiénes se cerraron?
–[AB] Quienes se abrieron, te contesté.
–Pero mi pregunta también es: ¿Quiénes se cerraron?
–[AB] Lo que pasa es que si te estoy diciendo quiénes se abrieron, técnicamente creo que de todos modos, esos son por lo menos para mí, se lo reconozco en la parte de la apertura. El tema es que también hubo muchas cosas que no caminaron bien.
–¿Qué cosas no caminaron bien?
–[AB] Nosotros solicitamos con mucho tiempo de antelación la entrevista con personas que estaban inculpadas por segunda oportunidad, ahí hubo un cierre completo. En el segundo mandato no hubo posibilidad de entrevistar a estas personas. Tuvimos pretensión de conocer muchas de las AP [Averiguaciones Previas] con tiempo para poder evaluar qué relación tenían con el caso, y tampoco se pudieron conocer esas averiguaciones previas. Cuando hablas en esos términos, lo que estás diciendo es puede haber buena voluntad, pero en el camino están quedando todos esos hechos que generaron ese cierre que nosotros percibimos en enero de 2016.
–¿Hubo cerrazón del Ejército?
–[AB] Bueno eso es evidente. Hubo manifestaciones públicas del jefe de esa institución y desde el principio. Cuando nosotros intentamos entrevistar a los miembros del 27 Batallón, también solicitamos una información muy relevante para la investigación, las bitácoras, los informes de inteligencia. Supimos que ellos tomaron algunas fotografías y videos y esa información no fue ni suministrada ni a nosotros ni a la PGR, que era la autoridad de este país encargada de la investigación del caso.
–Pero todas estas cerrazones o los problemas que tuvieron en el camino, ¿provenían directamente de la PGR?
–[AB] Son áreas diferentes. El tema del Ejército no lo maneja la PGR, directamente quien se encarga de manejar eso es el Secretario de Gobierno y sobre esos elementos sale el jefe de la institución a decir que no habrá acceso, nos tacha de extranjeros, nos dice que los extranjeros no podemos entrevistar a los militares, pero más que entrevistar a los militares, era conseguir el material que podía ayudarnos en la investigación: un informe, bitácoras, documentos que tuvieran relación con el hecho. Ahí hay claro una manifestación desde el principio de que eso no va a suceder.
–Nos pueden dar una radiografía, un balance de, ¿cómo observaron este intestino del Estado mexicano?, ¿hubo pugnas?, ¿quiénes son?
–[AB] Nosotros no pudimos observar eso porque no nos metimos a la parte muy interna, de lo que tu llamas el intestino mexicano. Lo que pudimos observar desde nuestra competencia y para lo que veníamos es que sí hay una ambivalencia en determinados miembros. Qué podamos hacer un diagnóstico de Gobierno, mal lo haríamos. Lo segundo que podemos decir es que, y voy a utilizar una palabra que utilizó uno de los miembros del Gobierno, es que el Estado no es monolítico y cada uno tiene su posición, cada quien tiene una participación determinada, pero hacerlo nosotros, creo que les corresponde a ustedes que conocen realmente el manejo interno de acá.
–[AV] Lo que hicimos fue presentar unas recomendaciones como línea de diagnóstico, pero en particular más del sistema mexicano y más específica de la investigación penal en el caso como éste. Ni siquiera un diagnóstico a profundidad, es una pincelada a partir de un caso, decir qué cosas de la investigación penal mexicana nos preocupa de una manera muy general, como un abre bocas.
–Ayer, Francisco Cox [otro integrante del GIEI] contestó cuando les preguntaron: ¿Con qué sabor de boca se iban? Y dijo ‘con el peor’ . Esa fue la respuesta. ¿Si ustedes pudieran decir con nombre y apellido quién o quiénes deberían de salir de su puesto, de las personas con las que estuvieron tratando y ser investigado por las autoridades mexicanas en relación al caso Ayotzinapa, quiénes serían estas personas?
–[AB] Ahí te quiero precisar el contexto en que lo dijo Francisco: con el peor, porque no pudimos encontrar a los desparecidos, el contexto de esa afirmación es que nosotros hubiéramos querido realmente encontrar a los muchachos. Nosotros no nos vamos con un sentido peyorativo frente al Estado mexicano. Nosotros hacemos esa manifestación en torno que no encontramos a los muchachos. Hecha esa aclaración, volvemos a lo mismo: nosotros no podemos hacer un juicio de responsabilidad sobre nadie; le compete al Estado mexicano realizar las indagaciones, a la sociedad mexicana hacer una fiscalización de todo esto, pero nosotros no somos quiénes para decir quién es responsable o no.
–¿Qué revela el caso Ayotzinapa?
–[AV] Muchas cosas y lo que hemos intentado mirar es la punta del iceberg de la desaparición forzada en este país. Revela los dilemas a los que están sometidos las víctimas, de violaciones a derechos humanos. Revela cómo es la investigación penal de un caso de derechos humanos, para nosotros es una radiografía que permite ver muchas cosas en México.
–[AB] Debe ser un modelo, no debe ser aislado, nosotros tuvimos acceso a otras AP.
–[AV] Lo que nosotros señalamos, modestia aparte, es que debe haber lecciones aprendidas, a partir de nuestro trabajo, unas lecciones aprendidas frente a estos temas: cómo hacer una investigación en materia de derechos humanos en México, cómo deben ser los criterios para atención a las víctimas, cómo se deben desarrollar las búsquedas de las persona desaparecidas. Creemos que ahí estamos dando un aporte que esperamos sea recogido por algunos sectores, y sobre todo por las instituciones.
–Ustedes hablaban de toda esta burocracia a la que se enfrentaron siendo expertos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿qué será para un mexicano común?
–[AV] El formalismo nos impresionó mucho. Uno está acostumbrado a un sistema legal escrito, es formal, pero aquí salimos realmente impresionados de lo excesivo en muchas formas. Por eso nos sorprende tanto este episodio del video, del 28 de octubre. Aquí para que un detenido vaya a una reconstrucción de hechos se necesitan un montón de permisos, de cosas y esto que pasó acá [en el río San Juan] nos llama tanto la atención. Un caso que lo ilustra es la situación de Julio César Mondragón: cómo una diligencia de exhumación por pedir una identificación de ADN tardó tres meses. Decimos sí había un grupo detrás de ellos, con toda la atención del mundo, qué será para un cuidando común que haga una diligencia de exhumación.
–[AB] Una de las garantías de un Estado democrático, es el acceso a la justicia.
–¿Qué observaron en México que sea particular sólo a los procedimientos de la justicia mexicana, aparte de estos formalismos?
–[AB] Parto de la base de una desconfianza institucional que debe surgir de algún conocimiento, pienso yo, ha de surgir de alguna percepción en las base social.
–¿Más grave que en Colombia?
–[AB] Claro. Por ejemplo, en Colombia, el documento público se reputa auténtico; es decir, es auténtico porque lo presenta un funcionario, que no necesita nada más. Aquí presenta un funcionario público un documento, lo tiene que ratificar, certificar, exhibir de nuevo su carnet, poner testigos, y eso a la vez el agente del Ministerio Público (MP) tiene que hacer un documento donde ponga el resumen de ese documento que rindió el perito para que tenga validez probatoria. Si bien es cierto nosotros somos formalistas, porque el sistema inquisitivo de nosotros es formalistas, digamos [aquí] es la forma por la forma, porque mientras tú haces todo eso, que gastas más o menos unas tres horas en un solo informe que puede tener 500, 600 o 700 páginas; entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Que lleve la ratificación del Ministerio Público, que lleve la notificación del funcionario, la fotocopia del documento, que además no se me vaya a pasar el testigo de asistencia. O sea, cada diligencia necesita un MP, dos testigos de asistencia mínimo; entonces, eso te hace que en el fondo nadie se preocupe por qué fue lo que me dijo o el contenido, si no cómo tengo que acreditar el documento en el expediente, y eso quita mucho tiempo. Y si una de las cosas que requieren estos casos es la velocidad y la vertiginosidad de la prueba es el análisis, ¿a qué hora te queda tiempo si tienes que hacer tanto documento, tanta formalidad?
–[AV] Hay muchas cosas, mucho de lo que está en esas recomendaciones es porque lo vemos muy singularizado aquí: el tema de los testimonial y la prueba confesional, aquí eso tiene un valor enorme frente a otros contextos, o la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos, vinculados, hay cadenas de mando, etcétera; uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan, o volvemos al tema de las víctimas, tal vez porque no habido una suficiente experiencia en muchos temas. Por ejemplo, el tema de memoria de víctimas, muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer…
–Digamos que los mecanismos que activan la impunidad aquí son más…
–[AB] Sofisticados…
–Y eso ¿cómo opera? ¿Cómo responden cuando están haciendo una pregunta, cuando estamos tratando de investigar, qué actitud perciben?
–[AB] Primero, una desconfianza muy grande y eso lo ve uno, porque quizá nunca se entendió la verdadera dimensión de lo que quería la medida cautelar; uno. Y dos, porque somos extranjeros, eso sí nos lo han recalcado infinidad de veces, y tres: digamos que se logró con el nuevo equipo un acercamiento en ese sentido, de que se trataba de trabajar en conjunto, pero también creo, y es un tema que hay que evaluar mucho, es que una decisión de Estado debe asumirse con la connotación clara de que se aceptó. Entonces, si somos ambivalentes, pues nadie sabe qué es lo que realmente se quiere. Entonces, creo que se tendría que marcar muy claro la correspondencia entre lo que quiere quien asumió el compromiso y el resto de las instituciones, o definitivamente se asumió el compromiso en un sentido diferente al que cree que se asumió. Esas son dos cosas que se tienen que definir claramente.
–[AV] Y ha caído en lo formal; entonces, a veces todas las cosas son muy formales. Y uno dice aquí no solamente es el formalismo, aquí venimos a trabajar. También aquí el tema de la opinión pública, la imagen ante la opinión pública importa mucho a las instituciones.
–El Gobierno mexicano, ¿aceptaría que vinieran a México sólo por este asunto de la imagen internacional?
–[AB] Esa es una pregunta para el Gobierno mexicano.
–[AV] Sí, pero la presión internacional creo que sí fue un elemento capital para la constitución del grupo…
–¿Cómo se quedan las familias? ¿Qué riesgos ven alrededor? ¿A qué debemos estar atentos?
–[AV] Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe; es decir, independientemente de nuestro informe y las recomendaciones, nos importan más ellos, porque mal que bien nosotros nos convertimos en un paraguas, ellos se sentían ya acompañados; decíamos ‘si no sólo era una labor de esperanza, sino que estamos haciendo un labor de compañía’, y pues si nos vamos y para ellos fue muy imprevista esta salida. Entonces sí, uno ve. Lo hemos visto en las reuniones, incluso unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo; es decir, sentimos que se van a sentir solos, y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización por una parte, como de criminalización por la otra, nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos. Es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, temor que esto pase a mayores, que incluso se agraven las situaciones estas de victimización y de pronto de seguridad, y sobre todo cuando nos pierden a nosotros. Es, digamos, un golpe duro a sus esperanza, y como que si las vías legales se empezaran a agotar y lo que nos han manifestado ellos, que si la movilización social, que si la protesta, que si tendrán que regresar a eso; y nosotros les indicamos, ‘miren, por favor no, insístanle en el caso, en las vías legales, miren la Comisión Interamericana no los quiere dejar solos, ustedes tienen unos peticionarios responsables’… Pero uno no sabe, como dijimos, hay que estar muy atentos y estar con ellos…
–¿Estas escuchas son las que les dan estos indicios?
–[AV] Sí, justamente esos son como los radares, los focos que nos prenden las alertas, la alarmas frente a estos episodios.
–[AB] Y un punto importantísimo que creo que deberían trabajar es el tema de la visibilización de las víctimas, porque en este país están invisibles. Y con una crisis tan grave en términos de desaparición, en términos que uno ve que gracias al caso Ayotzinapa, y lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá nunca hubiera existido, pero gracias al caso Ayotzinapa se encontraron muchísimos cuerpos de muchísimas desapariciones. Entonces, digamos que el tema es que el Gobierno sea receptivo de verdad, que dimensiones el tema pero además visibilice a la víctima. La víctima tiene que salir del ostracismo en el que la tienen, pero además de la marginación en que la tienen. Ayer había una señora en el evento que ha reclamado justicia por todas partes y el expediente ni siquiera se ha movido… Es un caso tras otro. No ha cerrado, ha aumentado y todos los días hablamos de cinco, seis, siete; ahorita el caso más reciente que ocurrió de seis personas, y yo creo que el Estado tiene que empezar a responder…. Entonces la pregunta es: no solamente son las víctimas del caso de los normalistas; ahí se representó una gran parte de lo que podrían haber hecho con las víctimas, pero las víctimas son miles de miles. Estamos hablando de 27 mil desapariciones, multiplica eso por víctimas indirectas, familias enteras, estamos hablando de cerca de tres o cuatro millones de personas, muy grave, me parece. Y el Estado, yo pienso, que sí tiene que visibilizar eso. Y en el caso en particular nuestro, de los desaparecidos que es por lo que estábamos en México, es necesario que apoyen y trabajen, y por eso el grupo promovió, en compañía de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas], un protocolo que elaboraron, en particular el grupo que tienen el conocimiento de eso, que son Carlos [Beristáin] y Alejandro, en términos de cómo lograr también efectivamente la reparación a la víctima, la restitución, el acompañamiento y no revictimizar, en términos de que el Estado ahora empiece a señalar con el dedo a las víctimas cuando al contrario, tienes que acogerlas…
–¿Sospechan que el resto de los papás o quienes han salido a la opinión pública estén intervenidos?
–[AB] Nosotros no podemos sospechar algo. Nosotros sólo hablamos cuando tenemos elementos. Pero además el tema particular es que eso se debe investigar.
–[AV] La intervención telefónica, eso debe ser con una intervención legal, judicial… A nosotros sí nos llama la atención eso: que aquí los medios de comunicación pues filtran información, incluso alguna que nosotros ni siquiera conocemos, hasta cosas del caso nosotros las conocemos por la prensa…
–¿Eso no se ve, por ejemplo, en Colombia?
–[AB] Sí, en Colombia se ve, y hay revistas que utilizan ese medio; pero, en lo judicial, inmediatamente lo que se hace es desechar esa evidencia, porque es ilegal, a todas luces eso no sirve para nada, pero además también investigar por qué hay filtración…
–¿Cómo definirían la justicia mexicana?
–[AB] Yo pienso que en cualquier sistema de justicia, no puedo desconocerlo, porque también lo viví en mi país, y desde el conocimiento académico de los sistemas: el sistema de justicia es un monstruo, un aparato muy grande, mientras no tenga coordinación y no tenga áreas especializadas en los temas, tendrá complejidades. Pero pienso que el aparato de justicia en México, como cualquier aparato, con sus defectos y virtudes, es el aparato que escogió la institucionalidad, y eso lo que hay que tratar es que mejore y que las críticas sean aceptadas. O sea, si a ti te dicen: ‘mire, por donde va no está bien’ y tú te empecinas, dice un amigo mío ‘un error una vez se acepta, pero cuando se insiste en el error ya muestra una intención’. Entonces, en justicia pasa lo mismo, si te estás dando cuenta que estás equivocando el camino, lo que uno tiene que hacer es recogerse e irse al otro lado. Pero el aparato como aparato tiene bondades, tiene una bondad por lo menos de un órgano investigador, tiene periciales y hay periciales muy buenos; lo que pasa es que aquí hay elementos que también hay que mirar que no solamente dependen de las normas sino de los valores de las personas; entonces, no le podemos cargar todo al sistema ni al diseño del sistema. Cuando tienes un muy buen sistema, pero malos seres humanos, el sistema no funciona..
–¿Y qué recomendación le dan a la sociedad civil mexicana, para que mejoremos esto?
–[AB] Que fiscalicen. El mejor secreto para la justicia es la publicidad, y el sistema democrático garantiza que el Estado se pone bajo el escrutinio de la sociedad, y ahí es donde debe reaccionar la sociedad: ‘bueno, sí, me estás diciendo esto’, y voy a poner un ejemplo, y si suena es coincidencia, por ejemplo, ‘me están diciendo que hubo 43 quemados en el basurero’, pura coincidencia, ¿qué debe hacer la sociedad? Muéstreme las pruebas. Y si las pruebas son contundentes o no, eso es un elemento.
–Exigir pruebas…
–[AB] ¡Claro! Te voy a poner el ejemplo que salió ayer: el quinto bus es una línea cerrada, y ya vi una comunicación del Estado en donde dice que el quinto bus es una línea cerrada. Yo quisiera preguntar cómo cierran una línea cuando tienes tantas dudas. Si no se sabe por qué mintieron o sí mintieron, si no se sabe si el documento sí lo escribió o no lo escribió (el chofer del quinto autobús), salvo el tema del dictamen pericial; tres, tengo cinco testigos que me están diciendo que sí lo escribió, no tengo conclusiones sobre las pruebas en Estados Unidos del FBI. Pregunta: ¿cómo cierro el caso, y cómo le agoto a la sociedad el tema de que cerré el caso?
–[AV] Lo otro es que reconozcan a las víctimas, que acompañen a las víctimas; es decir, miren más a las víctimas, eso le diría a la sociedad civil. Creo que eso es como ver a la persona que ha sido afectada, tenerla muy en cuenta, creo que eso es central…
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/SHAILA ROSAGEL, SANDRA RODÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1652885
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