Mostrando entradas con la etiqueta Crisis de derechos humanos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Crisis de derechos humanos. Mostrar todas las entradas
jueves, 17 de enero de 2019
AMLO hereda de Peña “catástrofe en DDHH”: HRW; 4,600 denuncias contra militares, desde Calderón
La organización también destacó que la utilización de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad ha dejado, desde 2012, más de 4 mil 600 denuncias por supuestos abusos cometidos por militares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). También alertó que la tortura es habitual en México.
Human Rights Watch (HRW) alertó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió de su antecesor, Enrique Peña Nieto, una “catástrofe” de derechos humanos originada por la violencia y los abusos generalizados de militares, policías y agentes del Ministerio Público.
lunes, 9 de abril de 2018
Activistas piden a candidatos propuestas claras para atender la crisis de derechos humanos
Durante la presentación de la plataforma www.mexicosinmiedo2018.mx, Tania Reneaum y Ana Cristina Ruelas, directoras de las oficinas en México de AI y Artículo 19, expresaron su preocupación por la ausencia de los derechos humanos en la agenda de Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala, e invitaron a los ciudadanos a cuestionar a los presidenciables a través de sus cuentas de Twitter.
miércoles, 28 de marzo de 2018
Con Peña, balance desfavorable en derechos humanos: CNDH
No obstante, el ombudsman Luis Raúl González Pérez reconoce al presidente porque "no hemos recibido de su parte ningún intento de intromisión".
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que durante los poco más de 5 años de la administración de Enrique Peña Nieto, “hasta hoy el balance no es favorable. México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado Democrático de Derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza“.
jueves, 8 de junio de 2017
Los riesgos del nuevo Acuerdo Global México-Unión Europea
Al mismo tiempo, propusieron un “Acuerdo global de derechos humanos” con medidas concretas contra la impunidad en México antes de cualquier nuevo pacto económico.
lunes, 27 de febrero de 2017
México, sumido en violencia generalizada: AI
"Seguimos encontrando fosas, se siguen violentando los derechos de las familias", lamentó.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habló sobre el reciente informe presentado por dicha organización, el cual retrata “graves violaciones a los derechos humanos” en 153 países.
Del caso específico de México, apuntó que es “un país sumido en una situación de violencia generalizada”, mientras que la respuesta militarizada ha terminado no sólo por romper los tejidos sociales sino generar graves violaciones, como la tortura que “se sigue practicando de forma generalizada”.
En entrevista para Aristegui CNN, señaló que tenemos a un “presidente que ha prometido grandes cambios”, sin embargo “seguimos encontrando fosas, se siguen violentando los derechos de las familias”.
En el ámbito global de los derechos humanos, el informe “es un diagnóstico bastante pesimista, bastante catastrófico, pues estamos atravesando por momentos de gran dificultad en el ejercicio y la protección de derechos humanos de las grandes mayorías”.
Expuso que actualmente el mundo está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos, con líderes políticos que utilizan retóricas de odio y discriminación para avanzar en sus agendas políticas. “La elección de Donald Trump pone muy claramente cómo estos líderes políticos haciendo uso de estas retóricas, ofreciendo soluciones simplistas a los graves problemas sociales que enfrentan los países, están tomando poder político”, comentó.
Recordó que además vivimos de las peores crisis en materia de desplazamiento forzado y otra tendencia catastrófica son los altos índices de represión contra activistas defensores de los derechos humanos.
Sobre América explicó que “sufre una importante regresión en materia de derechos humanos”; por ejemplo, “las limitantes a la libertad de expresión en Venezuela han sido una constante”.
Respecto al muro que pretende construir Trump en la frontera con México, Guevara Rosas aseveró que esta barrera significaría una división no sólo con México sino con todo el continente.
“El muro reflejaría precisamente esta división discriminatoria de lo que Estados Unidos pretende ser, bajo la administración de Trump, y lo que Estados Unidos en realidad es”, apuntó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2702/mexico/mexico-sumido-en-violencia-generalizada-ai-en-cnn/
Del caso específico de México, apuntó que es “un país sumido en una situación de violencia generalizada”, mientras que la respuesta militarizada ha terminado no sólo por romper los tejidos sociales sino generar graves violaciones, como la tortura que “se sigue practicando de forma generalizada”.
En entrevista para Aristegui CNN, señaló que tenemos a un “presidente que ha prometido grandes cambios”, sin embargo “seguimos encontrando fosas, se siguen violentando los derechos de las familias”.
En el ámbito global de los derechos humanos, el informe “es un diagnóstico bastante pesimista, bastante catastrófico, pues estamos atravesando por momentos de gran dificultad en el ejercicio y la protección de derechos humanos de las grandes mayorías”.
Expuso que actualmente el mundo está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos, con líderes políticos que utilizan retóricas de odio y discriminación para avanzar en sus agendas políticas. “La elección de Donald Trump pone muy claramente cómo estos líderes políticos haciendo uso de estas retóricas, ofreciendo soluciones simplistas a los graves problemas sociales que enfrentan los países, están tomando poder político”, comentó.
Recordó que además vivimos de las peores crisis en materia de desplazamiento forzado y otra tendencia catastrófica son los altos índices de represión contra activistas defensores de los derechos humanos.
Sobre América explicó que “sufre una importante regresión en materia de derechos humanos”; por ejemplo, “las limitantes a la libertad de expresión en Venezuela han sido una constante”.
Respecto al muro que pretende construir Trump en la frontera con México, Guevara Rosas aseveró que esta barrera significaría una división no sólo con México sino con todo el continente.
“El muro reflejaría precisamente esta división discriminatoria de lo que Estados Unidos pretende ser, bajo la administración de Trump, y lo que Estados Unidos en realidad es”, apuntó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2702/mexico/mexico-sumido-en-violencia-generalizada-ai-en-cnn/
jueves, 23 de febrero de 2017
Grave crisis de derechos humanos en México a diez años de la “guerra contra el narcotráfico”: AI
En su apartado de México, la organización global -que trabaja en más de 150 países y territorios para poner fin a los abusos contra los derechos humanos- sostiene que la tortura y los tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, son una práctica cotidiana en el país, donde varias de las leyes en esta materia siguen sin resolverse en el Congreso de la Unión.
Tras cumplirse una década de esta “guerra contra el narco”, los registros oficiales indican que hay un aumento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país y los índices de violencia y de violaciones a los derechos humanos también están en aumento.
En 2016 se aceleró la crisis de derechos humanos en América Latina, según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17. El documento señala un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como de las violentas estrategias de represión en la región.
Países como México, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron algunos de los más afectados por los abusos y la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos.
En México, señala el documento, se registraron 36,056 homicidios hasta finales de noviembre de 2016, la cifra más alta desde que inició el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Un año antes, en 2015, la cifra fue de 33,017 homicidios.
El informe presenta los principales temas violatorios de los derechos humanos y repasa los más recientes como son Nochixtlán, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Atenco y Ayotzinapa.
Destaca que México es uno de los casos más graves y señala que “la impunidad por tortura y otros malos tratos sigue siendo casi absoluta”. La procuraduría de este país informó que se estaban revisando 4,715 expedientes de investigación por este tipo de abusos, pero había más de 3000 peticiones pendientes de tramitación.
Presentado por Erika Guevara-Rosas y Tania Reneaum Panszi, directoras para las Américas y para México de Amnistía Internacional, respectivamente, el informe reprocha que por tercer año consecutivo las autoridades no hayan publicado las cifras de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.
El informe señala que, según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29.917 personas desaparecidas (22.414 hombres y 7503 mujeres), registra además el asesinato de 11 periodistas.
Reneaum Panszi explica que al revisar las cifras de desaparecidos y homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, así como las violaciones a la libertad de reunión, surge un hilo conductor en todas las situaciones: “Vemos la omisión del Estado al momento de cuidar a sus ciudadanos. Todos los apartados nos muestran una falencia del gobierno por establecer un entorno seguro y digno donde las personas puedan sentirse tranquilas en el ejercicio de la ciudadanía”.
Dentro de la complejidad del caso mexicano, otra situación de violación constante a los derechos humanos es la enorme afluencia de migrantes que recibe anualmente, debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos. Se calcula que cada año unas 400 mil personas indocumentadas cruzan la frontera sur de México; el documento muestra que hasta octubre de 2016 se habían presentado 6898 solicitudes de asilo, pero solo se les concedió la condición de refugiados a 2162 personas. El 93 por ciento de las solicitudes provenían de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Reseñan también las numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. La Procuraduría General de la República (PGR) notificó que sólo a nivel federal “revisa” 4 mil 715 expedientes de investigación de casos de tortura.
En este informe también se reporta la violencia endémica contra las mujeres y las niñas. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituyen un importante obstáculo para abordar el problema.
El informe completo de AI documenta la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2016, con cinco reseñas regionales y el análisis individual de los 159 países y territorios.
En esta crisis las personas en movimiento son un blanco de las retóricas de odio de líderes internacionales. México debe, ahora más que nunca, responder por los derechos de las personas en movimiento en ambas fronteras. Tiene la oportunidad de convertirse en un país de asilo y pelear la retórica venenosa que pone en riesgo la vida de los migrantes y las personas refugiadas; muchas de ellas connacionales pero también procedentes de Centroamérica que huyen de sus hogares por la violencia extrema comenta Amnistía Internacional.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/grave-crisis-derechos-humanos-mexico-diez-anos-la-guerra-narcotrafico-ai/
miércoles, 22 de febrero de 2017
Ejecuciones, tortura y desapariciones, fallas de México en derechos humanos durante 2016: AI
Te presentamos las violaciones a derechos humanos que México no resolvió en 2016 y que fueron documentadas por Amnistía Internacional en su reporte 2016.
En México persiste la impunidad por violaciones a derechos humanos. De acuerdo con el reporte anual de Amnistía Internacional de 2016, la mayoría de ellas se cometen contra civiles, indígenas, mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas.
Estas son las 10 violaciones a derechos humanos que México no resolvió en 2016 y que fueron documentadas por la organización defensora.
Fuerzas de seguridad
Durante 2016, la violencia aumentó notablemente en el país: las autoridades registraron 36,056 homicidios hasta el final de noviembre, la cifra más elevada desde el inicio de la presidencia de Enrique Peña. En 2015, el total de homicidios fue de 33,017.
La organización documentó que como respuesta a las manifestaciones multitudinarias de maestros, las autoridades llevaron a cabo operativos policiales, algunos de los cuales “se saldaron con muertes y heridas de civiles”.
Ejecuciones extrajudiciales
De acuerdo con el reporte, en 2016 “los autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de impunidad; esos delitos no se investigaban adecuadamente”.
Por tercer año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas; el hallazgo de fosas comunes en todo el país se dio “a iniciativa de grupos familiares más que de las autoridades o expertos forenses oficiales”.
En Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio del año pasado, un operación policial dejó como saldo ocho personas muertas y decenas resultaron heridas durante una manifestación contra la reforma educativa.
Otros casos que continúan impunes, según el reporte, son los homicidios de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, Estado de México, en 2014; la muerte de 43 personas en un operativo militar en Tanhuato, Michoacán, en 2015 y los homicidios de 16 personas a manos de policías federales y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, Michoacán, también en 2015.
Tortura
La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR informó que en 2016 se revisaron a nivel federal 4,715 expedientes por casos de tortura.
En 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la presentación de cargos por tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un video donde se veía a policías y soldados torturando a una mujer.
También, en abril de 2016, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado en 2008 una operación en la que se torturó, asesinó y se eliminó el cadáver de una persona en Chihuahua.
Aunque, de acuerdo con Amnistía, “en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la PGR para supuestos de posible tortura; en 2016 habían más de 3 mil peticiones pendientes de tramitar, muchos de ellos sin un dictamen médico oficial, por lo que las investigaciones no avanzaron”.
Migrantes y refugiados
El número de solicitantes de asilo en México fue récord. Hasta octubre se habían recibido 6,898 solicitudes, de las cuales el 93% correspondía a personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala.
La aplicación del Programa Integral Frontera Sur aumentó las operaciones de seguridad en la frontera sur de México, lo que resultó en frecuentes informes de extorsión, expulsiones masivas de migrantes, secuestros y otros abusos.
Hasta noviembre, 174 mil 526 personas habían sido capturadas y detenidas; 136 mil 420 fueron deportadas.
Desapariciones forzadas
Al concluir 2016, según el gobierno, 29,917 personas se hallaban “en paradero desconocido”.
De acuerdo con el reporte, “las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas”.
Periodistas y defensores de derechos humanos
Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio en 2016.
Las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos continuaron y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no brindó protección adecuada a estas personas, de acuerdo con Amnistía Internacional.
Comunidad LGBT
En 2016, el Congreso rechazó dos anteproyectos de ley que garantizaban de manera expresa para contraer matrimonio sin discriminación y para adoptar.
Violencia contra mujeres y niñas
En abril, miles de personas protestaron en el país para exigir el fin de la violencia contra las mujeres.
El mecanismo de “Alerta de Género” se activó en Jalisco y Michoacán, aunque la falta de datos precisos sobre la violencia de género constituyó un obstáculo para abordar el problema, reportó la organización.
Pueblos indígenas
Para AI, continúa pendiente el debate legislativo para un marco legal sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/derechos-humanos-amnistia-2016/
Estas son las 10 violaciones a derechos humanos que México no resolvió en 2016 y que fueron documentadas por la organización defensora.
Fuerzas de seguridad
Durante 2016, la violencia aumentó notablemente en el país: las autoridades registraron 36,056 homicidios hasta el final de noviembre, la cifra más elevada desde el inicio de la presidencia de Enrique Peña. En 2015, el total de homicidios fue de 33,017.
La organización documentó que como respuesta a las manifestaciones multitudinarias de maestros, las autoridades llevaron a cabo operativos policiales, algunos de los cuales “se saldaron con muertes y heridas de civiles”.
Ejecuciones extrajudiciales
De acuerdo con el reporte, en 2016 “los autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de impunidad; esos delitos no se investigaban adecuadamente”.
Por tercer año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas; el hallazgo de fosas comunes en todo el país se dio “a iniciativa de grupos familiares más que de las autoridades o expertos forenses oficiales”.
En Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio del año pasado, un operación policial dejó como saldo ocho personas muertas y decenas resultaron heridas durante una manifestación contra la reforma educativa.
Otros casos que continúan impunes, según el reporte, son los homicidios de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, Estado de México, en 2014; la muerte de 43 personas en un operativo militar en Tanhuato, Michoacán, en 2015 y los homicidios de 16 personas a manos de policías federales y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, Michoacán, también en 2015.
Tortura
La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR informó que en 2016 se revisaron a nivel federal 4,715 expedientes por casos de tortura.
En 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la presentación de cargos por tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un video donde se veía a policías y soldados torturando a una mujer.
También, en abril de 2016, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado en 2008 una operación en la que se torturó, asesinó y se eliminó el cadáver de una persona en Chihuahua.
Aunque, de acuerdo con Amnistía, “en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la PGR para supuestos de posible tortura; en 2016 habían más de 3 mil peticiones pendientes de tramitar, muchos de ellos sin un dictamen médico oficial, por lo que las investigaciones no avanzaron”.
Migrantes y refugiados
El número de solicitantes de asilo en México fue récord. Hasta octubre se habían recibido 6,898 solicitudes, de las cuales el 93% correspondía a personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala.
La aplicación del Programa Integral Frontera Sur aumentó las operaciones de seguridad en la frontera sur de México, lo que resultó en frecuentes informes de extorsión, expulsiones masivas de migrantes, secuestros y otros abusos.
Hasta noviembre, 174 mil 526 personas habían sido capturadas y detenidas; 136 mil 420 fueron deportadas.
Desapariciones forzadas
Al concluir 2016, según el gobierno, 29,917 personas se hallaban “en paradero desconocido”.
De acuerdo con el reporte, “las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas”.
Periodistas y defensores de derechos humanos
Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio en 2016.
Las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos continuaron y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no brindó protección adecuada a estas personas, de acuerdo con Amnistía Internacional.
Comunidad LGBT
En 2016, el Congreso rechazó dos anteproyectos de ley que garantizaban de manera expresa para contraer matrimonio sin discriminación y para adoptar.
Violencia contra mujeres y niñas
En abril, miles de personas protestaron en el país para exigir el fin de la violencia contra las mujeres.
El mecanismo de “Alerta de Género” se activó en Jalisco y Michoacán, aunque la falta de datos precisos sobre la violencia de género constituyó un obstáculo para abordar el problema, reportó la organización.
Pueblos indígenas
Para AI, continúa pendiente el debate legislativo para un marco legal sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/derechos-humanos-amnistia-2016/
martes, 24 de enero de 2017
Denuncian crisis permanente de derechos humanos en Querétaro
Acompañado por víctimas de violación a sus garantías fundamentales, señaló en conferencia de prensa que la defensoría ha formulado seis recomendaciones al gobernador del estado, el panista Francisco Domínguez Servién, y en ninguna se ha reparado el daño.
Mencionó que priva la simulación porque se aceptan las recomendaciones, pero no hay sanción para los servidores públicos responsables de esas violaciones, ya sean estatales o municipales, por lo cual “hay una negativa permanente a reparar el daño motivo de la violación a los derechos humanos… Total impunidad”, asentó.
Inclusive, añadió, tenemos ejemplos de servidores públicos que ya fueron objeto de una recomendación y vuelven a repetir violaciones a las garantías fundamentales, añadió.
Ericka Martínez, en compañía de su esposo Fernando Rojo, denunció que hace cuatro años fue víctima de negligencia médica durante el parto en el Hospital General de San Juan del Río, lo que ocasionó daños neurológicos irreversibles a su recién nacida, Amairani, quien posteriormente falleció.
“La niña venía en perfecto estado, pero caí en manos de practicantes. Hicieron que fuera parto normal, aunque era cesárea, porque tenía preeclampsia”. La bebé nació con el cordón umbilical alrededor del
cuello (doble circular) “y al practicante se le hizo fácil jalar a la niña, le arrancó el cordón y la ahogó. Yo sigo peleando y me dicen que ningún doctor tuvo la culpa”. Su esposo también exigió justicia.
Leticia Miguel Benito, quien en 2015 también fue víctima de negligencia médica en parto, lo que ocasionó la muerte de su hijo. “Yo no tuve la dicha de tener a mi bebé en mis brazos, lo cargué cuando ya estaba en un ataúd”. Acusó que no le practicaron cesárea a tiempo.
José Carmen Bernal García ingresó al Hospital General de Querétaro el 3 de septiembre de 2015 por una cirugía de vesícula y resultó con el páncreas y pulmón perforado, extracción de 70 por ciento de su intestino y una pierna amputada.
Nava Alvarado señaló que a la víctima “trataron de comprarle su voluntad por 20 mil pesos para que se desistiera de sus acciones”.
También comentó que a García Bernal se le otorgaron medidas cautelares porque es víctima de “hostigamiento de servidores públicos de la coordinación para la protección y promoción de los derechos humanos en el gobierno del estado”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/24/denuncian-crisis-permanente-de-derechos-humanos-en-queretaro
martes, 6 de diciembre de 2016
Fox encaminó a los militares y FCH usó el “discurso miedo” que desató la crisis de DDHH: Inacipe
Diez años de guerra | Felipe Calderón Hinojosa creó un discurso del miedo que se ha vuelto perverso, dice Martín Gabriel Barrón Cruz, historiador e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Esa perversión, agrega, despliega la lógica de que el Estado brinda seguridad y que, por tanto, puede hacer lo que quiera con criminales, supuestos criminales y ciudadanos inocentes, lo cual ha dado paso a la peor crisis de violaciones de derechos humanos en la historia del país. Para Barrón Cruz, la lógica de ese discurso de los gobernantes es altamente represiva, al tiempo que la estrategia contra la inseguridad no da resultados.
La participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en tareas de seguridad pública no inició en el sexenio del ex Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, explica el historiador e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Martín Gabriel Barrón Cruz.
Desde 1996, y a petición del entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó las tesis jurisprudenciales que permitieron la paulatina militarización de las tareas de seguridad pública.
“Por tanto, en los últimos 20 años, lo que hemos visto son altibajos en toda esta presencia militar”, dice Barrón Cruz en entrevista con SinEmbargo.
En diciembre de 2006, sin embargo, y aun cuando se había promovido como “el Presidente del empleo”, Calderón Hinojosa convierte la “lucha contra el narcotráfico” en el eje de su Gobierno, desplegando operativos militares en diferentes regiones del país.
La decisión, en opinión de Barrón Cruz, es consecuencia de la falta de “legitimidad en las urnas” con la que el panista llegó a la Presidencia, con apenas un 20 por ciento del total de votos del padrón electoral.
“La solución fue elegir un tema principal para la agenda política: la seguridad pública”, dice Barrón en su libro “Gobernar con el Miedo. La lucha contra el narcotráfico”, publicado en 2015 por el Inacipe.
Historiador y criminólogo, Barrón Cruz plantea que el homicidio en México mostraba una tendencia descendente hasta 2007, de 35 mil 341 homicidios en 1997 a 25 mil 133 diez años después. A partir de 2008, sin embargo, despunta para cerrar ese sexenio con más de 121 mil víctimas, provocando “una espiral cada vez mayor de violencia”.
En la entrevista, Barrón Cruz plantea que, si bien la militarización ha sido una constante en las últimas dos décadas, el Gobierno mexicano ha mostrado no contar con una estrategia de seguridad pública transexenal. Una muestra, dice, es la creación de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno del panista Vicente Fox y su desaparición dos sexenios después, con el priísta Enrique Peña Nieto. Otra, agrega, es el anuncio de la creación de la Gendarmería Nacional que terminó convertida en una división más de la Policía Federal.
“Esto nos está hablando de que los proyectos ni aún van, ni aún vienen y ya están fracasando”, dice.
“Tan es así que, en 2014, se sacan el famoso decálogo con 10 propuestas para reformar la Constitución, para poder hacer una nueva estrategia de seguridad, y resulta que esos 10 puntos no están ni en el Programa Nacional de Seguridad ni en el Programa Nacional de Desarrollo. Entonces, es una improvisación, porque estamos fracasando”, agrega.
Y mientras en el contexto internacional persista además el enfoque prohibicionista norteamericano, menciona, las consecuencias de la llamada “la guerra contra las drogas” seguirán como hasta ahora en México.
“Mientras también Naciones Unidas siga estando bajo el dominio, el control de los Estados Unidos, de Rusia y los países que forman el Consejo de Seguridad, esto va a seguir igual, porque la razón es seguir teniendo un mercado, teniendo esta cantidad de drogas”, dice.
–Yo generalmente uso seis apreciaciones. Hemos visto un incremento en la delincuencia, nuevas formas de delincuencia, de la ejecución, los medios se han encargado de resaltar estos hechos y, la última, nos dice que pareciera que hay una protección al delincuente. Esto que acabo de decir es 1928, de un análisis en la Ciudad de México. Pareciera que el escenario que vivimos hoy es el de 1928, porque lo que ha pasado en el país es que no ha habido una política criminal; es decir, que cada seis años se inventa una nueva política de seguridad, y no hay una política homogénea en seguridad pública. No hay una política transexenal. Por eso tenemos escaladas, momentos, ciclos de mayor violencia o menor violencia. Entonces, este es el gran problema político del país: no hay estrategia transexenal de seguridad. Porque, si se revisa, por ejemplo, la lógica de Ernesto Zedillo: crea la Policía Federal Preventiva, el Sistema Nacional de Seguridad Pública; se crean organismos para darle vigencia a este Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública, implementa los primeros operativos, Ciudad Juárez, Michoacán Seguro, etcétera y, luego, con Calderón tenemos el nuevo modelo de la Policía Federal, desaparecemos algunas áreas y creamos otras, y se invierte cualquier cantidad de dinero. Originalmente, Calderón sólo recibió seis mil efectivos de Policía Federal, y al término del sexenio hay más de 35 mil. Entonces, imagina el crecimiento en el presupuesto para salarios, equipo, infraestructura para esa policía. Y luego resulta que, en la presente administración, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y la transformamos en Comisión Nacional de Seguridad. Entonces, esto me habla de que no hay una estrategia de seguridad. Si le sumas a esto, que se quería crear la Gendarmería y luego quedó como una división de la Policía Federal, pues esto nos está hablando que los proyectos ni aún van, ni aún vienen y ya están fracasando. Tan es así que, en 2014, se sacan el famoso decálogo con 10 propuestas para reformar la Constitución, para poder hacer una nueva estrategia de seguridad, y resulta que esos 10 puntos no están ni en el Programa Nacional de Seguridad ni en el Programa Nacional de Desarrollo. Entonces, es una improvisación, porque estamos fracasando.
–¿Ni aun la militarización podría ser considerada una política transexenal?
–Lo que tenemos son estas subidas y bajadas. Si lo viéramos en un momento histórico más largo, hasta la primera campaña antidrogas, de la operación Cóndor, es una campaña, pero contra la guerrilla. Paulatinamente, de la administración de [José] López Portillo a la de [Carlos] Salinas de Gortari, por ejemplo, estos tres Presidentes de alguna manera capotearon la situación de la militarización. Pero ya le toca a Ernesto Zedillo, y ahí hay un cambio, a partir de 1994, 1996 se da una presencia; Fox mete al general Macedo, pero no hay tanta injerencia en los temas, cosa que sí acontece con Calderón. Y ahorita lo que vemos es que están dándole cada vez más fuerza a las Fuerzas Armadas. Ahora, esto es interesante porque, viendo la evolución del Ejército, me recuerda siempre a un sociólogo estadounidense, Morris Janowitz, que en 1963 publicó un libro que se llama ‘El soldado profesional’. En el epílogo, dice que las Fuerzas Armadas de un país que constantemente se están preparando para la guerra, pero que jamás entran en combate, tienen el enorme riesgo de convertirse en fuerzas policiales. Y es exactamente lo que sucede en este país: nuestro Ejército se ha preparado a lo largo de su historia para entrar en conflicto pero no ha tenido conflicto, ni aun el de Chiapas, y esta famosa lucha a final de cuentas, que no es de los militares, sino que se les ha dado por una modificación en la Ley Orgánica la cuestión de seguridad interior.
¿Por qué se les dio? Porque en nuestro país, de acuerdo a la Constitución, debe existir otra institución que no existe: la Guardia Nacional.
–Si revisamos la Constitución, encontramos que existe la figura de una Guardia Nacional, que es la responsable de la seguridad interior; pero, como no existe, las atribuciones de la Guardia Nacional se las dimos al Ejército, modificamos la ley orgánica y les dimos estas funciones, pero si revisamos incluso las leyes orgánicas de hace años, hace más de 30 años, vamos a encontrar que no dice ‘seguridad interior’. Entonces, ahí hay un problema: les hemos ido dado atribuciones cuando la estructura de la Constitución no lo permite, pero sí en las leyes secundarias. Y viene el otro problema: un militar está capacitado para la guerra, no para detener ciudadanos. Entonces la formación y el adiestramiento militar es otro. Esto no se toca, pero hay una usurpación de funciones por parte de la Fuerzas Armadas.
–¿Fueron pasos atrás, porque se vieron hechos como en la Guerra Sucia, allanamientos, detenciones ilegales..?
–Eso fue lo que pasó, y por eso las violaciones a derechos humanos se multiplicaron y, si vemos, la multiplicación es a partir de 1996. Pero tenemos un problema en el país, por parte de las autoridades: en la no estrategia de la lucha al narcotráfico, lo que no han entendido en el Gobierno federal es que hay que diferenciar los escenarios. Por ejemplo, en los homicidios, hay cuatro: delincuentes contra delincuentes; es decir, delincuentes que se matan entre sí, por lo que quieran. Luego, un segundo escenario, que es de delincuentes contra autoridades; digamos, se matan autoridades porque están coludidas con el grupo rival cuando se llega a ocupar una plaza, por hacer o no hacer, puede haber auitoridades cumpliendo con su trabajo. Pero luego tenemos otro escenario, de este segundo, que es un subescenario, en el que las autoridades también están matando a delincuentes, y ahí tenemos el caso Tanhuato, Tlatlaya, tenemos otros. Yo lo decía desde 2011, pero que ya viendo algunos eventos ese año, ¿cuántos están ocultos en las Fuerzas Armadas como ejecuciones en las propias organizaciones delictivas? Entonces, tenemos también el aforismo que se usó el sexenio pasado de que los ciudadanos éramos victimas colaterales. No, ‘espérame: yo no tengo nada que ver, me quedé en medio de una balacera’; de delincuentes contra delincuentes o la autoridad me mató simplemente porque no cumplí con la orden, y hay casos. Tenemos el otro escenario, que sería delincuentes contra la sociedad, donde tenemos, por ejemplo, el evento de Michoacán, los granadazos de 2008, donde estallan las granadas, y por parte de toda la impunidad que hay en el país, de ese caso en particular, se juzgó a dos personas. El año pasado fueron exoneradas. Entonces, ¿qué pasó entonces con el hecho? ¿Por qué las dos personas acusadas ya están exoneradas? Entonces, ¿ese caso quedó impune? ¿Qué hace la autoridad? ¿Cuánto investiga? Porque, si no, pasará lo que sacó Calderón, cuando lo de (Villas de) Salvárcar, en Juárez, cuando dice que (las víctimas de una masacre) son pandilleros y se demostró que no eran…
–¿Qué papel tiene la impunidad en este discurso de que los que mueren son criminales?
–El problema es que el Estado se está cubriendo a sí mismo. Por ejemplo, de los resultados de la administración pasada nos dijeron que, más o menos, el número de personas detenidas en toda la estrategia nacional, se detuvo más de 185 mil personas. De éstos 185 mil, en el informe de la Policía Federal el sexenio pasado, dice que la Policía Federal logró detener a 75 mil personas de esas 185 mil, parece muchísimo. Pero la siguiente pregunta que formulo es: de esos 75 mil, ¿en cuántos lograste probar vínculos con la delincuencia organizada? El total fueron 2 mil 552; es decir, sigue siendo nada. Que el trabajo de la Policía Federal para probar efectivamente relaciones con la delincuencia organizada en el sexenio pasado es un total y absoluto fracaso, porque, en seis años, probar sólo 2 mil 552 casos, y eso, cuidado, hay que esperar cuántos de esos fueron sentenciados, que puede ser todavía infinitamente menor. Entonces, esa es la forma de demostrar con las propias estadísticas oficiales el fracaso de las estrategias de seguridad pública del Gobierno anterior.
–¿No será protección?
–¿Cuál es el papel de Estados Unidos, que mantiene la decisión hemisférica las drogas en todo el hemisferio?
–El Gobierno de Estados Unidos tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pone el dinero y pone las armas, y México pone la droga y pone los muertos. Así de crudo. Estados Unidos, mientras no cambie su política antidrogas, esto no va a mejorar en México. Curiosamente, si vemos hace años, el famoso M7, que eran los siete estados que tenían permitido el consumo de mariguana para fines médicos. Estos siete estados lograron ganar terreno y hoy son más de 15. Pero Estados Unidos, si lo vemos, nunca hemos visto detenciones de capos estadounidenses. Todos los capos y todos los malos son mexicanos. Este discurso tan trillado me hace pensar que, obviamente, toda la economía que genera el narcotráfico mexicano, no sólo para la economía nacional, que ahí la Cámara de Diputados hace años publicó un estudio donde dice que casi el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto es por lavado de dinero, cuando invertimos sólo el 1.5 en educación. Eso es para darnos una idea. Entonces, si eso acontece en México, ¿qué no acontecerá en Estados Unidos? O sea, la economía, parte de la economía mexicana y estadounidense se debe estar basando una parte en el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque tienen más de 25 millones de adictos a los cuales hay que surtirle droga, y esta cifra año tras año se va incrementando. Entonces, las estrategias antidrogas de Estados Unidos son muy modestas. Por ejemplo, las distintas estrategias dicen ‘la proyección es bajar el número de adictos a un millón’. Si están pensando en disminuir un millón, pero por otro lado se crece un millón y medio, pues tu estrategia no está dando resultados. Entonces, hay un problema: el mercado estadounidense debe seguir teniendo droga mexicana. Entonces, esto es algo muy perverso, porque implica que las autoridades estadounidenses también están involucradas en el narcotráfico, pero los malos son los mexicanos, los colombianos, los latinos (…) Ahí esta el operativo Rápido y Furioso, que lo único que demuestra es que al cartel que más armó el Gobierno de Estados Unidos fue el cartel de Guzmá Loera.
–¿No suena esto como una decisión geopolítica, por mantener un grupo?
–Parte de la no estrategia del Gobierno anterior, de estos diez años, es que originalmente solamente teníamos siete grandes cárteles: el de Sinaloa, los Arellano, el Golfo, Juárez y otros. Pero, con la lucha al narcotráfico, al final del sexenio se generaron 89 subgrupos, de siete se subdividieron en 89, y hoy hay 130. Entonces ¿contra quién combato? ¿A quién? Anteriormente, en la lógica de los tres cárteles, que les llamo de alguna manera ‘cárteles hermanos’, Juárez, Sinaloa y los Arellano, son familia extendida, ahí estaban subsumidos el cártel de los Beltrán Leyva y otros grupos que se fueron escindiendo; pero, al final de cuentas, la forma y la estructura de esto es un trabajo en familia, hijos, tíos, primos, etcétera, son los que conforman el cártel. Cosa muy distinta a lo que es el Cártel del Golfo, porque ellos tenían otra lógica, y más aún cuando aparecieron los Zetas y esto también provoca la división, y ¿cuándo se da la división del cártel del Golfo y los Zetas? Cuando, precisamente, en un error estratégico del Gobierno pasado mandan a Osiel Cárdenas a los Estados Unidos. El jefe puede estar en prisión, pero en el momento en que lo extraditan pierde el poder y el control y empieza la lucha interna en el propio grupo…
–Después de casi 30 años del asesinato del agente antidrogas norteamericano, Enrique Camarena, y de la detención Rafael Caro Quintero, que generó la división de estos que llama ‘cárteles hermanos’, él está libre, ¿qué opina?
–Caro Quintero, a final de cuentas, sabes que en esto hay mucha suspicacia, de alguna u otra manera se decía que iba a aplacar lo que estaba sucediendo, pero a final de cuentas, el hecho de estar en prisión por bastantes años, va perdiendo cierta forma de cómo estaban operando. A mí lo que me deja claro es que, precisamente, los ex agentes de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) o agentes de la DEA necesariamente están implicados con el narcotráfico en México. Tu ve cómo detuvieron a Joaquín Guzmán Loera y, obviamente, siempre va a salir la relación con los agentes de la DEA. El otro caso que poco se habla y muestra algunas cosas, es la detención del hijo de (Ismael) ‘Mayo’ Zambada, Vicente Zambada Niebla, curiosamente es extraditado a Estados Unidos después de seis meses; nunca fue procesado en México. Lo extraditan y el muchacho es enviado a la Corte de Chicago. Dentro de las primeras declaraciones que hay es que dice que hay un acuerdo entre su papá con la DEA, es lo primero que dice. El juez, obviamente, desestima lo que dice, pero ese es su argumento: que hay un acuerdo entre la DEA con su papá, y ahora es su testigo protegido de los Estados Unidos. O sea, esa figura del testigo protegido en los Estados Unidos es ‘dame información para yo seguir controlando, manejando’ y, supuestamente, detener.
–Todo parece una simulación: la droga sigue, no sabemos quién protege a quién… ¿Es esto una decisión geopolítica de Estados Unidos?
–Es decir, esto nos demuestra que mientras estaban sujetos al poder político de Estados Unidos….
–No había manera. Por eso, todas las estrategias que haga el Gobierno mexicano tienen que pasar por una parte del Gobierno de Estados Unidos.
–Finalmente, estando así la dependencia de EU, ¿observa en el futuro que pueda cambiar este enfoque de la prohibición?
–No. Esta lucha, en realidad y, curiosamente, en el último discurso que hizo Calderón ante Naciones Unidas, Calderón manifestaba y le echaba casi casi la culpa a Naciones Unidas, y a la vez le pedía que tenía que cambiar la política. Es quizá el único discurso coherente que escuché contra las drogas por parte de Calderón, al final de su administración. Pero la verdad es que, mientras también Naciones Unidas siga estando bajo el dominio, el control de los Estados Unidos, de Rusia y los países que forman el Consejo de Seguridad, esto va a seguir igual, porque la razón es seguir teniendo un mercado, teniendo esta cantidad de drogas, y puedes ver incluso los informes mundiales de drogas que emiten las Naciones Unidas, de 2007 a la fecha nos dicen que la producción de drogas está estable; es decir, que por más que se combate, la producción sigue siendo la misma y los precios, con los altibajos normales de la economía, siguen estables. Es decir, que está normalizado el mercado. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en que gente muera, tanto de las autoridades como da la parte delincuencial, si el mercado está estable?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-12-2016/3122507
Desde 1996, y a petición del entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó las tesis jurisprudenciales que permitieron la paulatina militarización de las tareas de seguridad pública.
“Por tanto, en los últimos 20 años, lo que hemos visto son altibajos en toda esta presencia militar”, dice Barrón Cruz en entrevista con SinEmbargo.
“En la administración de Vicente Fox (2000–2006), lo que vimos fue que la presencia militar se fue posicionando; es decir, secretarios, funcionarios, la propia llegada del general [Rafael] Macedo de la Concha a la Procuraduría General de la República (PGR); esto fue lo que de alguna manera consolidó lo que pasaba años atrás”, agrega.
En diciembre de 2006, sin embargo, y aun cuando se había promovido como “el Presidente del empleo”, Calderón Hinojosa convierte la “lucha contra el narcotráfico” en el eje de su Gobierno, desplegando operativos militares en diferentes regiones del país.
La decisión, en opinión de Barrón Cruz, es consecuencia de la falta de “legitimidad en las urnas” con la que el panista llegó a la Presidencia, con apenas un 20 por ciento del total de votos del padrón electoral.
“La solución fue elegir un tema principal para la agenda política: la seguridad pública”, dice Barrón en su libro “Gobernar con el Miedo. La lucha contra el narcotráfico”, publicado en 2015 por el Inacipe.
“Calderón recurre de manera reiterada al discurso de la inseguridad que genera la delincuencia organizada, en su vertiente de narcotráfico, ya que con ello espera restaurar el monopolio ‘perdido sobre las oportunidades de redención (y) necesita un refuerzo artificial, o al menos una extrema dramatización (tal y como queda de manifiesto en sus discursos) para inspirar un volumen suficiente de miedos a la vez que supera, eclipsa y relega a una posición secundaria la inseguridad generada por la economía”, agrega.
Historiador y criminólogo, Barrón Cruz plantea que el homicidio en México mostraba una tendencia descendente hasta 2007, de 35 mil 341 homicidios en 1997 a 25 mil 133 diez años después. A partir de 2008, sin embargo, despunta para cerrar ese sexenio con más de 121 mil víctimas, provocando “una espiral cada vez mayor de violencia”.
En la entrevista, Barrón Cruz plantea que, si bien la militarización ha sido una constante en las últimas dos décadas, el Gobierno mexicano ha mostrado no contar con una estrategia de seguridad pública transexenal. Una muestra, dice, es la creación de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno del panista Vicente Fox y su desaparición dos sexenios después, con el priísta Enrique Peña Nieto. Otra, agrega, es el anuncio de la creación de la Gendarmería Nacional que terminó convertida en una división más de la Policía Federal.
“Esto nos está hablando de que los proyectos ni aún van, ni aún vienen y ya están fracasando”, dice.
“Tan es así que, en 2014, se sacan el famoso decálogo con 10 propuestas para reformar la Constitución, para poder hacer una nueva estrategia de seguridad, y resulta que esos 10 puntos no están ni en el Programa Nacional de Seguridad ni en el Programa Nacional de Desarrollo. Entonces, es una improvisación, porque estamos fracasando”, agrega.
“Mientras también Naciones Unidas siga estando bajo el dominio, el control de los Estados Unidos, de Rusia y los países que forman el Consejo de Seguridad, esto va a seguir igual, porque la razón es seguir teniendo un mercado, teniendo esta cantidad de drogas”, dice.
“Incluso los informes mundiales de drogas que emiten las Naciones Unidas, de 2007 a la fecha nos dicen que la producción de drogas está estable; es decir, que por más que se combate, la producción sigue siendo la misma y los precios, con los altibajos normales de la economía, siguen estables. Es decir, que está normalizado el mercado. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en que gente muera, tanto de las autoridades como da la parte delincuencial, si el mercado está estable?”, cuestiona.–El país se transformó en estos 10 años. En términos criminales, que una sociedad se haya acostumbrado a ver estos crímenes, decapitaciones, personas colgadas en los puentes ¿qué efectos tiene?
–Yo generalmente uso seis apreciaciones. Hemos visto un incremento en la delincuencia, nuevas formas de delincuencia, de la ejecución, los medios se han encargado de resaltar estos hechos y, la última, nos dice que pareciera que hay una protección al delincuente. Esto que acabo de decir es 1928, de un análisis en la Ciudad de México. Pareciera que el escenario que vivimos hoy es el de 1928, porque lo que ha pasado en el país es que no ha habido una política criminal; es decir, que cada seis años se inventa una nueva política de seguridad, y no hay una política homogénea en seguridad pública. No hay una política transexenal. Por eso tenemos escaladas, momentos, ciclos de mayor violencia o menor violencia. Entonces, este es el gran problema político del país: no hay estrategia transexenal de seguridad. Porque, si se revisa, por ejemplo, la lógica de Ernesto Zedillo: crea la Policía Federal Preventiva, el Sistema Nacional de Seguridad Pública; se crean organismos para darle vigencia a este Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública, implementa los primeros operativos, Ciudad Juárez, Michoacán Seguro, etcétera y, luego, con Calderón tenemos el nuevo modelo de la Policía Federal, desaparecemos algunas áreas y creamos otras, y se invierte cualquier cantidad de dinero. Originalmente, Calderón sólo recibió seis mil efectivos de Policía Federal, y al término del sexenio hay más de 35 mil. Entonces, imagina el crecimiento en el presupuesto para salarios, equipo, infraestructura para esa policía. Y luego resulta que, en la presente administración, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y la transformamos en Comisión Nacional de Seguridad. Entonces, esto me habla de que no hay una estrategia de seguridad. Si le sumas a esto, que se quería crear la Gendarmería y luego quedó como una división de la Policía Federal, pues esto nos está hablando que los proyectos ni aún van, ni aún vienen y ya están fracasando. Tan es así que, en 2014, se sacan el famoso decálogo con 10 propuestas para reformar la Constitución, para poder hacer una nueva estrategia de seguridad, y resulta que esos 10 puntos no están ni en el Programa Nacional de Seguridad ni en el Programa Nacional de Desarrollo. Entonces, es una improvisación, porque estamos fracasando.
–¿Ni aun la militarización podría ser considerada una política transexenal?
–Lo que tenemos son estas subidas y bajadas. Si lo viéramos en un momento histórico más largo, hasta la primera campaña antidrogas, de la operación Cóndor, es una campaña, pero contra la guerrilla. Paulatinamente, de la administración de [José] López Portillo a la de [Carlos] Salinas de Gortari, por ejemplo, estos tres Presidentes de alguna manera capotearon la situación de la militarización. Pero ya le toca a Ernesto Zedillo, y ahí hay un cambio, a partir de 1994, 1996 se da una presencia; Fox mete al general Macedo, pero no hay tanta injerencia en los temas, cosa que sí acontece con Calderón. Y ahorita lo que vemos es que están dándole cada vez más fuerza a las Fuerzas Armadas. Ahora, esto es interesante porque, viendo la evolución del Ejército, me recuerda siempre a un sociólogo estadounidense, Morris Janowitz, que en 1963 publicó un libro que se llama ‘El soldado profesional’. En el epílogo, dice que las Fuerzas Armadas de un país que constantemente se están preparando para la guerra, pero que jamás entran en combate, tienen el enorme riesgo de convertirse en fuerzas policiales. Y es exactamente lo que sucede en este país: nuestro Ejército se ha preparado a lo largo de su historia para entrar en conflicto pero no ha tenido conflicto, ni aun el de Chiapas, y esta famosa lucha a final de cuentas, que no es de los militares, sino que se les ha dado por una modificación en la Ley Orgánica la cuestión de seguridad interior.
¿Por qué se les dio? Porque en nuestro país, de acuerdo a la Constitución, debe existir otra institución que no existe: la Guardia Nacional.
–Si revisamos la Constitución, encontramos que existe la figura de una Guardia Nacional, que es la responsable de la seguridad interior; pero, como no existe, las atribuciones de la Guardia Nacional se las dimos al Ejército, modificamos la ley orgánica y les dimos estas funciones, pero si revisamos incluso las leyes orgánicas de hace años, hace más de 30 años, vamos a encontrar que no dice ‘seguridad interior’. Entonces, ahí hay un problema: les hemos ido dado atribuciones cuando la estructura de la Constitución no lo permite, pero sí en las leyes secundarias. Y viene el otro problema: un militar está capacitado para la guerra, no para detener ciudadanos. Entonces la formación y el adiestramiento militar es otro. Esto no se toca, pero hay una usurpación de funciones por parte de la Fuerzas Armadas.
–¿Fueron pasos atrás, porque se vieron hechos como en la Guerra Sucia, allanamientos, detenciones ilegales..?
–Eso fue lo que pasó, y por eso las violaciones a derechos humanos se multiplicaron y, si vemos, la multiplicación es a partir de 1996. Pero tenemos un problema en el país, por parte de las autoridades: en la no estrategia de la lucha al narcotráfico, lo que no han entendido en el Gobierno federal es que hay que diferenciar los escenarios. Por ejemplo, en los homicidios, hay cuatro: delincuentes contra delincuentes; es decir, delincuentes que se matan entre sí, por lo que quieran. Luego, un segundo escenario, que es de delincuentes contra autoridades; digamos, se matan autoridades porque están coludidas con el grupo rival cuando se llega a ocupar una plaza, por hacer o no hacer, puede haber auitoridades cumpliendo con su trabajo. Pero luego tenemos otro escenario, de este segundo, que es un subescenario, en el que las autoridades también están matando a delincuentes, y ahí tenemos el caso Tanhuato, Tlatlaya, tenemos otros. Yo lo decía desde 2011, pero que ya viendo algunos eventos ese año, ¿cuántos están ocultos en las Fuerzas Armadas como ejecuciones en las propias organizaciones delictivas? Entonces, tenemos también el aforismo que se usó el sexenio pasado de que los ciudadanos éramos victimas colaterales. No, ‘espérame: yo no tengo nada que ver, me quedé en medio de una balacera’; de delincuentes contra delincuentes o la autoridad me mató simplemente porque no cumplí con la orden, y hay casos. Tenemos el otro escenario, que sería delincuentes contra la sociedad, donde tenemos, por ejemplo, el evento de Michoacán, los granadazos de 2008, donde estallan las granadas, y por parte de toda la impunidad que hay en el país, de ese caso en particular, se juzgó a dos personas. El año pasado fueron exoneradas. Entonces, ¿qué pasó entonces con el hecho? ¿Por qué las dos personas acusadas ya están exoneradas? Entonces, ¿ese caso quedó impune? ¿Qué hace la autoridad? ¿Cuánto investiga? Porque, si no, pasará lo que sacó Calderón, cuando lo de (Villas de) Salvárcar, en Juárez, cuando dice que (las víctimas de una masacre) son pandilleros y se demostró que no eran…
–¿Qué papel tiene la impunidad en este discurso de que los que mueren son criminales?
–El problema es que el Estado se está cubriendo a sí mismo. Por ejemplo, de los resultados de la administración pasada nos dijeron que, más o menos, el número de personas detenidas en toda la estrategia nacional, se detuvo más de 185 mil personas. De éstos 185 mil, en el informe de la Policía Federal el sexenio pasado, dice que la Policía Federal logró detener a 75 mil personas de esas 185 mil, parece muchísimo. Pero la siguiente pregunta que formulo es: de esos 75 mil, ¿en cuántos lograste probar vínculos con la delincuencia organizada? El total fueron 2 mil 552; es decir, sigue siendo nada. Que el trabajo de la Policía Federal para probar efectivamente relaciones con la delincuencia organizada en el sexenio pasado es un total y absoluto fracaso, porque, en seis años, probar sólo 2 mil 552 casos, y eso, cuidado, hay que esperar cuántos de esos fueron sentenciados, que puede ser todavía infinitamente menor. Entonces, esa es la forma de demostrar con las propias estadísticas oficiales el fracaso de las estrategias de seguridad pública del Gobierno anterior.
–¿No será protección?
–Para mí es un discurso de decir: ‘estoy haciendo, pero no hago’. Es decir, cumplimos pero no obedecemos. Es una lógica muy perversa, porque lo que vemos, y es un poco lo que sostengo en lo que he escrito, ha sido que en el sexenio pasado lo que se generó fue un gobernar con el miedo. Es decir, un discurso de ‘tú quieres seguridad, okey, te voy a poner más policías, más seguridad, pero no te quejes. Si violo derechos humanos es porque lo pediste, porque yo estoy cumpliendo con mi función’. Entonces, este discurso se vuelve un discurso muy perverso porque, a final de cuentas, bajo la lógica de que te estoy brindando seguridad, puedo hacer lo que quiera. Entonces, ese es un discurso más complicado por parte de los gobernantes, porque entonces la lógica es altamente represiva. Creo que eso acontece en el país: que ha venido cada vez más, sobre todo en el sexenio pasado, ha venido esta lógica.
–¿Cuál es el papel de Estados Unidos, que mantiene la decisión hemisférica las drogas en todo el hemisferio?
–El Gobierno de Estados Unidos tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pone el dinero y pone las armas, y México pone la droga y pone los muertos. Así de crudo. Estados Unidos, mientras no cambie su política antidrogas, esto no va a mejorar en México. Curiosamente, si vemos hace años, el famoso M7, que eran los siete estados que tenían permitido el consumo de mariguana para fines médicos. Estos siete estados lograron ganar terreno y hoy son más de 15. Pero Estados Unidos, si lo vemos, nunca hemos visto detenciones de capos estadounidenses. Todos los capos y todos los malos son mexicanos. Este discurso tan trillado me hace pensar que, obviamente, toda la economía que genera el narcotráfico mexicano, no sólo para la economía nacional, que ahí la Cámara de Diputados hace años publicó un estudio donde dice que casi el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto es por lavado de dinero, cuando invertimos sólo el 1.5 en educación. Eso es para darnos una idea. Entonces, si eso acontece en México, ¿qué no acontecerá en Estados Unidos? O sea, la economía, parte de la economía mexicana y estadounidense se debe estar basando una parte en el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque tienen más de 25 millones de adictos a los cuales hay que surtirle droga, y esta cifra año tras año se va incrementando. Entonces, las estrategias antidrogas de Estados Unidos son muy modestas. Por ejemplo, las distintas estrategias dicen ‘la proyección es bajar el número de adictos a un millón’. Si están pensando en disminuir un millón, pero por otro lado se crece un millón y medio, pues tu estrategia no está dando resultados. Entonces, hay un problema: el mercado estadounidense debe seguir teniendo droga mexicana. Entonces, esto es algo muy perverso, porque implica que las autoridades estadounidenses también están involucradas en el narcotráfico, pero los malos son los mexicanos, los colombianos, los latinos (…) Ahí esta el operativo Rápido y Furioso, que lo único que demuestra es que al cartel que más armó el Gobierno de Estados Unidos fue el cartel de Guzmá Loera.
–¿No suena esto como una decisión geopolítica, por mantener un grupo?
–Parte de la no estrategia del Gobierno anterior, de estos diez años, es que originalmente solamente teníamos siete grandes cárteles: el de Sinaloa, los Arellano, el Golfo, Juárez y otros. Pero, con la lucha al narcotráfico, al final del sexenio se generaron 89 subgrupos, de siete se subdividieron en 89, y hoy hay 130. Entonces ¿contra quién combato? ¿A quién? Anteriormente, en la lógica de los tres cárteles, que les llamo de alguna manera ‘cárteles hermanos’, Juárez, Sinaloa y los Arellano, son familia extendida, ahí estaban subsumidos el cártel de los Beltrán Leyva y otros grupos que se fueron escindiendo; pero, al final de cuentas, la forma y la estructura de esto es un trabajo en familia, hijos, tíos, primos, etcétera, son los que conforman el cártel. Cosa muy distinta a lo que es el Cártel del Golfo, porque ellos tenían otra lógica, y más aún cuando aparecieron los Zetas y esto también provoca la división, y ¿cuándo se da la división del cártel del Golfo y los Zetas? Cuando, precisamente, en un error estratégico del Gobierno pasado mandan a Osiel Cárdenas a los Estados Unidos. El jefe puede estar en prisión, pero en el momento en que lo extraditan pierde el poder y el control y empieza la lucha interna en el propio grupo…
–Después de casi 30 años del asesinato del agente antidrogas norteamericano, Enrique Camarena, y de la detención Rafael Caro Quintero, que generó la división de estos que llama ‘cárteles hermanos’, él está libre, ¿qué opina?
–Caro Quintero, a final de cuentas, sabes que en esto hay mucha suspicacia, de alguna u otra manera se decía que iba a aplacar lo que estaba sucediendo, pero a final de cuentas, el hecho de estar en prisión por bastantes años, va perdiendo cierta forma de cómo estaban operando. A mí lo que me deja claro es que, precisamente, los ex agentes de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) o agentes de la DEA necesariamente están implicados con el narcotráfico en México. Tu ve cómo detuvieron a Joaquín Guzmán Loera y, obviamente, siempre va a salir la relación con los agentes de la DEA. El otro caso que poco se habla y muestra algunas cosas, es la detención del hijo de (Ismael) ‘Mayo’ Zambada, Vicente Zambada Niebla, curiosamente es extraditado a Estados Unidos después de seis meses; nunca fue procesado en México. Lo extraditan y el muchacho es enviado a la Corte de Chicago. Dentro de las primeras declaraciones que hay es que dice que hay un acuerdo entre su papá con la DEA, es lo primero que dice. El juez, obviamente, desestima lo que dice, pero ese es su argumento: que hay un acuerdo entre la DEA con su papá, y ahora es su testigo protegido de los Estados Unidos. O sea, esa figura del testigo protegido en los Estados Unidos es ‘dame información para yo seguir controlando, manejando’ y, supuestamente, detener.
–Todo parece una simulación: la droga sigue, no sabemos quién protege a quién… ¿Es esto una decisión geopolítica de Estados Unidos?
–Desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos sigue manejando el control de las drogas, porque esto es un mercado, esto es una economía. Y recordemos que la economía del mercado geopolítica de Estados Unidos es la economía de la guerra, en sus distintos tipos y vertientes; es decir, Irak, Afganistán, no importa la teoría conspiratoria de que ellos mismos tiraron las Torres Gemelas, no importa; es guerra y esa es la única manera de sacar la economía de Estados Unidos del letargo. Por eso dije: Estados Unidos pone las armas y pone el dinero, esa es la lógica. Ahora, desde un punto de vista de la guerra contra las drogas, se ha demostrado que es un total y absoluto fracaso. Y lo más paradigmático de esto es que quienes han firmado los acuerdos para decir que es un fracaso han sido los ex Presidentes, entre ellos Ernesto Zedillo, aquel que nos metió en todo esto; Vicente Fox también dice que es un fracaso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto es parte de una geopolítica. Mi pregunta es: si estuviste en el cargo máximo, ¿por qué no hiciste nada para abatir lo otro? Y eso es parte de la geopolítica de Estados Unidos: o haces lo que yo digo o no te apoyo.
–Es decir, esto nos demuestra que mientras estaban sujetos al poder político de Estados Unidos….
–No había manera. Por eso, todas las estrategias que haga el Gobierno mexicano tienen que pasar por una parte del Gobierno de Estados Unidos.
–Finalmente, estando así la dependencia de EU, ¿observa en el futuro que pueda cambiar este enfoque de la prohibición?
–No. Esta lucha, en realidad y, curiosamente, en el último discurso que hizo Calderón ante Naciones Unidas, Calderón manifestaba y le echaba casi casi la culpa a Naciones Unidas, y a la vez le pedía que tenía que cambiar la política. Es quizá el único discurso coherente que escuché contra las drogas por parte de Calderón, al final de su administración. Pero la verdad es que, mientras también Naciones Unidas siga estando bajo el dominio, el control de los Estados Unidos, de Rusia y los países que forman el Consejo de Seguridad, esto va a seguir igual, porque la razón es seguir teniendo un mercado, teniendo esta cantidad de drogas, y puedes ver incluso los informes mundiales de drogas que emiten las Naciones Unidas, de 2007 a la fecha nos dicen que la producción de drogas está estable; es decir, que por más que se combate, la producción sigue siendo la misma y los precios, con los altibajos normales de la economía, siguen estables. Es decir, que está normalizado el mercado. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en que gente muera, tanto de las autoridades como da la parte delincuencial, si el mercado está estable?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-12-2016/3122507
lunes, 22 de agosto de 2016
Llama CoIDH a EPN a atender reclamos por violaciones a derechos
En el marco de la 55 sesión extraordinaria de la CoIDH, realizada en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Caldas aseguró que es necesario que el Estado mexicano atienda esos casos para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño.
También aseguró que México presenta retos en materia de desapariciones forzadas, ataques a periodistas, desplazados, así como en agresiones a activistas.
“Es una realidad evidente que México encara hoy grandes retos en materia de derechos humanos, como todos los países de la región, familias cuyos hijos se encuentran sin paradero, periodistas cuyas voces buscan ser acabadas. Defensoras y defensores de los derechos humanos cuyas vidas corren grave peligro, miles de personas que decidieron emprender el camino de la migración en la búsqueda de un mejor porvenir”, sentenció Caldas.
En respuesta, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en el gobierno federal hay un compromiso de que se castiguen “sin miramiento” las violaciones a los derechos humanos, cuando éstas sean comprobadas, a fin de que no haya impunidad para los responsables.
Ante ministros de la SCJN y jueces de la CoIDH, Osorio Chong expresó el reconocimiento del gobierno de Peña Nieto a la “importante labor de las y los defensores de los derechos humanos en nuestro país”, mujeres y hombres –dijo– que en muchas ocasiones, con pocos recursos, pero siempre con gran vocación y entrega, trabajan día con día para hacer realidad los derechos, lo mismo en las ciudades que en las regiones alejadas de nuestro país.
También señaló que en su relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el gobierno mexicano está acatando y cumpliendo todas las sentencias y resoluciones de la CoIDH, institución que destaca por su consistencia, objetividad y seriedad de su actuación.
“Tengan la seguridad de que así como lo hemos hecho hasta ahora, seguiremos trabajando muy de cerca con ustedes, avanzando por el camino de la cercanía y el diálogo, abriéndonos al escrutinio de la ciudadanía y de los organismos autónomos nacionales e internacionales”, dijo en el evento realizado en la sede de la SCJN.
En su turno, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, sostuvo que los derechos humanos son condiciones esenciales para la dignidad del ser humano, constituyen el mínimo indispensable para la plenitud de las personas.
Luego señaló que estos órganos jurisdiccionales, ya sea regionales o nacionales, son el “pilar fundamental” para la defensa de las libertades, para garantizar el acceso a la justicia y para consolidar nuestras democracias.
“El fortalecimiento del Sistema Interamericano redundará en beneficios para nuestros pueblos, hermanados por la lengua, las costumbres y sistemas jurídicos semejantes que, afortunadamente, pueden dialogar entre sí”, dijo.
Aguilar Morales también ratificó el compromiso de la Corte en favor de las libertades y derechos reconocidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
“La pobreza, el desempleo, la carencia en materia educativa, la discriminación, la inseguridad o la impunidad colocan en situación de extrema vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes; a migrantes, personas mayores, a personas con alguna discapacidad o a personas en búsqueda de refugio y asilo, a personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y a personas y comunidades en general, de ahí la importancia al respeto de los derechos humanos”, puntualizó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Finalmente, destacó que, de 2011 a la fecha, la Suprema Corte ha emitido criterios y jurisprudencias recogiendo resoluciones y sentencias de la CoIDH, en cumplimiento al mandato del artículo primero de la Carta Magna.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/451906/llama-coidh-a-pena-a-atender-reclamos-violaciones-a-derechos
Castigo "sin miramiento" a violaciones a DH: Osorio Chong
jueves, 18 de agosto de 2016
En México, “la crisis más grave de derechos humanos” en AL: Chillier
"La militarización no sólo ha incrementado los niveles de violencia sino que no ha profesionalizado los mecanismos de investigación para combatir al narcotráfico", sentenció.
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), aseguró que en México se vive “la crisis más grave de derechos humanos en la región en este momento, no hay ninguna duda”.
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “durante las dictaduras en el cono sur, en Argentina, en Chile, la solidaridad internacional fue fundamental para confrontar las violaciones graves de los derechos humanos”.
Lo que se busca hoy en México es “ver de qué manera podemos cooperar para dar respuestas”, pues el gobierno sigue sin reconocer dicha crisis, señalada por varias organizaciones.
Apuntó que hay “casi 28 mil desaparecidos, más de 150 mil muertos, asesinatos, torturas sistemáticas, diagnósticos que no son inventados”.
Chillier señaló tres casos distintos que muestran tal crisis: la masacre en Tlatlaya, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y recientemente los 8 asesinatos en Nochixtlán. En los tres, intervino el Ejército, la policía municipal y estatal, así como la policía federal, en tres estados distintos.
Ante ello, hay una “falta de respuesta del Estado, falta de reconocimiento” a los altísimos niveles de impunidad.
Expuso que actualmente “rige un sistema democrático con todas sus imperfecciones”, por lo que consideró que “no se trata de la falta de instituciones o de leyes sino de la falta de voluntad política”.
Refirió que existe una “incapacidad de poder investigar”, pues “hace falta más inteligencia que fuerza”.
“La militarización no sólo ha incrementado los niveles de violencia sino que no ha profesionalizado los mecanismos de investigación para combatir al narcotráfico”, sentenció.
Para el director, el primer obstáculo es no reconocer “la crisis más grave en toda Latinoamérica”.
Rememoró la visita del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo Mauricio Macri.
Reveló que hubo acuerdos de cooperación donde el Estado mexicano va a “cooperar e incluso poner plata para investigaciones sobre las ramificaciones de algunos de los cárteles mexicanos en Argentina”. Lo anterior, le parece más “una estrategia del gobierno de blindarse hacia afuera, en lugar de hablar de las crisis de derechos humanos”.
Lo que trata el gobierno mexicano es exportar un “modelo (el militar) que no ha funcionado”, aseveró, pues “parecería que hay señales del gobierno argentino del presidente Macri que cree que este antimodelo puede ser la solución”.
“El problema es que en México no ha sido eficaz y ha tenido un costo enorme en violaciones a derechos humanos”, agregó.
“Este modelo no puede ser exportado a otros países”, sostuvo, pues “no hay diagnóstico sólido de cuál es el alcance del narco mexicano en Argentina”.
Chillier lamentó que en el país haya “mucha demagogia y pocas respuestas”, además de que persista el “paradigma prohibicionista” en materia de drogas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1808/mexico/en-mexico-la-crisis-mas-grave-de-derechos-humanos-en-al-chillier-en-cnn/
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “durante las dictaduras en el cono sur, en Argentina, en Chile, la solidaridad internacional fue fundamental para confrontar las violaciones graves de los derechos humanos”.
Lo que se busca hoy en México es “ver de qué manera podemos cooperar para dar respuestas”, pues el gobierno sigue sin reconocer dicha crisis, señalada por varias organizaciones.
Apuntó que hay “casi 28 mil desaparecidos, más de 150 mil muertos, asesinatos, torturas sistemáticas, diagnósticos que no son inventados”.
Chillier señaló tres casos distintos que muestran tal crisis: la masacre en Tlatlaya, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y recientemente los 8 asesinatos en Nochixtlán. En los tres, intervino el Ejército, la policía municipal y estatal, así como la policía federal, en tres estados distintos.
Ante ello, hay una “falta de respuesta del Estado, falta de reconocimiento” a los altísimos niveles de impunidad.
Expuso que actualmente “rige un sistema democrático con todas sus imperfecciones”, por lo que consideró que “no se trata de la falta de instituciones o de leyes sino de la falta de voluntad política”.
Refirió que existe una “incapacidad de poder investigar”, pues “hace falta más inteligencia que fuerza”.
“La militarización no sólo ha incrementado los niveles de violencia sino que no ha profesionalizado los mecanismos de investigación para combatir al narcotráfico”, sentenció.
Para el director, el primer obstáculo es no reconocer “la crisis más grave en toda Latinoamérica”.
Rememoró la visita del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo Mauricio Macri.
Reveló que hubo acuerdos de cooperación donde el Estado mexicano va a “cooperar e incluso poner plata para investigaciones sobre las ramificaciones de algunos de los cárteles mexicanos en Argentina”. Lo anterior, le parece más “una estrategia del gobierno de blindarse hacia afuera, en lugar de hablar de las crisis de derechos humanos”.
Lo que trata el gobierno mexicano es exportar un “modelo (el militar) que no ha funcionado”, aseveró, pues “parecería que hay señales del gobierno argentino del presidente Macri que cree que este antimodelo puede ser la solución”.
“El problema es que en México no ha sido eficaz y ha tenido un costo enorme en violaciones a derechos humanos”, agregó.
“Este modelo no puede ser exportado a otros países”, sostuvo, pues “no hay diagnóstico sólido de cuál es el alcance del narco mexicano en Argentina”.
Chillier lamentó que en el país haya “mucha demagogia y pocas respuestas”, además de que persista el “paradigma prohibicionista” en materia de drogas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1808/mexico/en-mexico-la-crisis-mas-grave-de-derechos-humanos-en-al-chillier-en-cnn/
Suscribirse a:
Entradas (Atom)