A través de Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Estado Mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa, con el asumió la responsabilidad de concretar, incluyendo la investigación, búsqueda efectiva, salud y medidas de no repetición por la desaparición forzada.