En el marco del primer año de vigencia de la Ley, cumplido este 26 de junio, las organizaciones señalaron que resulta “sumamente preocupante” la adopción, por parte de la SCJN, de una tesis de jurisprudencia “que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional”.