La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó su ‘Informe de Observación de la elección del Poder Judicial Federal 2025’, en el que advirtió que el proceso marcó un punto de inflexión en la vida democrática del país, al tiempo que evidenció “fallas estructurales, vacíos legales y una alarmante tendencia a someter la justicia a intereses políticos”.

De acuerdo con el documento, el organismo empresarial dio seguimiento a la jornada electoral con cobertura en más del 60% de los distritos electorales y presencia en el 65% del territorio nacional, gracias a la colaboración de sus socios, Centros Empresariales y organizaciones de la sociedad civil. El informe, que ya fue entregado al Instituto Nacional Electoral (INE), contiene análisis técnicos, jurídicos y ciudadanos que, en palabras de Coparmex, “consolidan evidencia” sobre un modelo electoral judicial que debe corregirse desde su origen.

Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de Coparmex, declaró que “este es un llamado de atención nacional. No podemos permitir que la justicia quede sujeta al cálculo político”. Añadió que, si bien la elección concluyó, “el verdadero desafío comienza ahora: garantizar que quienes fueron electos ejerzan su función con integridad, y que las fallas estructurales documentadas no se repitan en el proceso electoral judicial del 2027”.

Al cierre de la presentación, el presidente nacional de Coparmex advirtió sobre el riesgo de repetir estas fallas en futuras reformas. “Lo que vivimos con la reforma al Poder Judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros no puede repetirse con la reforma electoral que se avecina”, afirmó.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que aún no ve pistas de polarización ante la reforma electoral que se avecina, por lo que pidió esperar a conocer la propuesta en concreto para emitir posturas.

Taddei dijo que el INE tiene garantizado un lugar en los foros para desarrollar la reforma y que en breve podría reunirse con Pablo Gómez para trabajar con la comisión presidencial para analizar el tema.

‘Hay que acercarnos, a ver cuál es el programa de trabajo para poder participar, incidir, no es falta a la autonomía ni independencia buscar cómo sí incidir, y proporcionarles la información que se requiera…”.

Sostuvo que se puede aprovechar la reforma para estudiar temas que quedaron pendientes con la reforma judicial.

Por ejemplo, planteó que las elecciones intermedias de 2027 para renovar el Congreso y la segunda elección judicial se realicen por separado, con algunas semanas de diferencia, para ahorrar recursos y permitir desarrollar ambos procesos con éxito.

Cinco magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua fueron reasignadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) a mujeres que obtuvieron mayor votación que los candidatos, conforme a la recomposición que realizó el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de los resultados de la pasada elección del primero de junio.

Con esta modificación, las magistraturas se asignaron a Laura Guadalupe Ocón Bailón y Ilian Yasel Iradel Villanueva Pérez ( en materia penal), Sara Julieta Muñoz Andrade (en materia Familiar), así como Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola ( en materia Civil).

“Recordemos que el objetivo a cumplir es la paridad. Es el principio constitucional existente… y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, eso significa que se debe de asignar siempre por lo menos con el 50 por ciento de mujeres, como mínimo”, expuso.

Explicó que la alternancia es simplemente un sistema, una herramienta, que de acuerdo a sala superior no debe afectar derechos de mujeres, sino maximizar que las mujeres ocupen cargos de elección popular.

Tras escuchar la participación de la consejera Ávila, el consejo general del IEE aprobó los acuerdos mediante los cuales se modifican y asignan nuevas magistraturas, en acatamiento a las sentencias dictadas en los expedientes JIN-210/2025, JIN-231/2025, JIN-249/2025 y sus acumulados, para luego dar paso a la entrega de constancia de mayoría a las candidatas mujeres que obtuvieron más votación que los hombres en la pasada elección judicial.

Durante la sesión de este martes, el IEE también dio cumplimiento de la sentencia del expediente JIN-288/2025 y acumulados para llevar a cabo una modificación en la asignación de juezas y jueces de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial Morelos. Las personas asignadas fueron:

De esta manera Laura Cristina Acosta Reza, con una votación de 6 mil 839 votos, quedó entre las personas que resultaron asignadas, quedando fuera Hortencia Villalobos Martínez con una votación de 6 mil 767 sufragios.

En los tres casos se instruyó a las asambleas distritales correspondientes realizar la entrega de las constancias de mayoría y validez, se informó.

Cuatro personas afines al gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona e integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ocuparán el  Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado. Se trata de funcionarios de su gabinete y la hermana de su secretario General de Gobierno.

Además, a pesar de que no cumplen con el requisito del promedio mínimo de 8, cinco candidaturas resultaron electas para ser magistradas o magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. De esos perfiles, tres forman parte directamente de su gobierno.

El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí estará integrado por 15 magistradas y magistrados. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana asignó los cargos de magistraturas a ocho mujeres y siete hombres. 

Según el artículo 95 constitucional, que fue reformado en San Luis Potosí mediante la reforma judicial, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia se renovará cada dos años, de forma rotatoria, dependiendo del número de votos. 

Así que con 191 mil 664 sufragios, le corresponde a Lourdes Anahí Zarazúa Martínez la presidencia. Su ficha en ¡Conóceles! refiere que es magistrada de circuito en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Tras la elección judicial, al Tribunal Superior de Justicia de Tabasco lo integrarán 12 magistraturas, de las cuales dos hombres son cercanos al gobernador Javier May Rodríguez, como el magistrado Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, o funcionarios federales como Carlos Alberto Santiago Hernández.

En Tabasco, el Tribunal Superior de Justicia distribuye sus asuntos en dos tipos de salas: en materia Civil (con cinco integrantes) y materia Penal (con siete integrantes) y varias de las personas juzgadoras que lo conforman lograron mantenerse en su cargo tras la elección judicial. 

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado será electa por la mayoría de los integrantes del Pleno, por un periodo de cinco años, según el artículo 59 constitucional. La magistrada o magistrado no podrá ser reelecto para otro periodo. 

Además, al Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano recién creado a partir de la reforma judicial, lo integrarán tres magistradas que son militantes de Morena, que formaron parte de los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino Campos o con familiares en el gabinete del actual gobernador Javier May Rodríguez, tales como María de Lourdes Rabelo Estrada, Libertad Blanco Morales o Madeleine Casasús Ruz. El resto de sus integrantes son dos hombres.

De acuerdo con el artículo 55 constitucional, cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación.

En una decisión inédita, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua revocó anoche cinco magistraturas electas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) otorgadas por alternancia a hombres y ordenó su reasignación a mujeres candidatas que obtuvieron más votos en la pasada elección judicial del primero de junio.

Con esta resolución, el Instituto Estatal Electoral (IEE) deberá emitir un nuevo acuerdo de designación de las magistraturas en materia civil, familiar y penal, respetando el principio de paridad de género, considerando que hubo mujeres que obtuvieron una mayor votación.

Además de la resolución de las magistraturas del TSJ, en la sesión se resolvieron los juicios de inconformidad relativos a las elecciones de juzgadores en materia penal del Distrito Morelos y en la de juzgadores materia Laboral Distrito Bravos.

Ocho de las nueve ministras y ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán sancionados por irregularidades encontradas en gastos de campaña de la elección judicial, como no reportar gastos de campaña, uso indebido de cuentas bancarias y pagos excesivos en efectivo, determinó el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Hugo Aguilar Ortiz es el único que no será multado por irregularidades durante la fiscalización de su campaña, aunque sí recibirá una sanción de 39 mil 712.14 pesos por beneficiarse de los acordeones.

También se ordenó investigar la detección de propaganda a su favor en sobres con boletos de autobús Estrella Blanca. La ministra electa fue quien más irregularidades cometió entre todos las candidatas y los candidatos a la Corte.

Loretta Ortiz fue sancionada con 52 mil 270.68 pesos sin descuento por no utilizar una cuenta bancaria a su nombre solamente para el manejo de sus recursos de campaña, no reportar los egresos generados por mantas y banners que no estaban permitidos y no rechazó la publicidad pagada en internet por más de 30 mil pesos de parte de una persona no permitida por los lineamientos del INE. 

La multa original para Lenia Batres fue de 81 mil 008.24 pesos y quedó en 44 mil 690.30 pesos. En su campaña se detectaron irregularidades como no presentar muestras por concepto de gastos como gestión de eventos, pagos en efectivo de pasajes terrestres y aéreos por 29 mil 315 pesos y no realizó el registro contable de sus operaciones en tiempo real por más de 85 mil pesos. 

Asimismo, informó de manera extemporánea de 49 eventos de campaña, omitió utilizar una cuenta bancaria a su nombre exclusivamente para el manejo de sus recursos de la campaña, y no rechazó publicidad en páginas de internet pagada por una persona impedida por 40 mil 230.72 pesos.

Las anotaciones de los insumos y materiales utilizados por la ministra indican que se desconoce su procedencia y contó con la ayuda de varias personas para repartir volantes. 

Mientras que Loretta Ortiz utilizó camarógrafo, volantes y automóvil. Hugo Aguilar Ortiz dispuso de cantantes, grupos musicales, volantes, alimentos, carteleras, artistas, fotógrafo, camarógrafo, mesas, sillas, lonas, equipo de sonido, arrendamiento de inmuebles, pantallas de televisión y equipos de cómputo. 

Otro gasto irregular se reportó en un evento del próximo ministro presidente, celebrado el 28 de mayo en Oaxaca, cuando se realizó un ritual de buena suerte para el candidato como parte de su cierre de campaña. 

Irving Espinosa ocupó sillas, volantes, camarógrafo, fotógrafo, arrendamiento de inmuebles y servicio de live streaming. María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García no aparecen en el documento de verificación del INE. 

Yasmín Esquivel y Lenia Batres, con más publicaciones inequitativas en medios impresos

Las publicaciones a favor de la ministra en funciones aparecieron en medios como El Sol de Durango, El Universal, El Mexicano Ensenada, El Sur, entre otros. A diferencia de Yasmín Esquivel, ninguna de estas publicaciones apareció en portada. 

Loretta Ortiz apareció en cinco inserciones inequitativas, y en una ocasión con una leyenda que indica la publicación de los resultados de una encuesta en el medio De Peso de Yucatán que no menciona la empresa que realizó dicha encuesta. 

El instituto contabilizó tres publicaciones inequitativas de María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Hugo Aguilar, y cinco de Arístides Rodrigo Guerrero; mientras que de Giovanni Azael Figueroa e Irving Espinosa, los otros dos ganadores de un lugar en la Suprema Corte, no se identificó ninguna publicación. 

El artículo 37 de los lineamientos de fiscalización de la elección judicial prohíbe la contratación o adquisición de tiempos de radio y televisión para la promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales, anuncios espectaculares y bardas en la vía pública.  

En el análisis se especifica que dichas publicaciones no tienen la leyenda de inserción pagada. El INE analizó 300 publicaciones del 30 de marzo al 28 de mayo, periodo dispuesto para las campañas electorales. 

Todas las inserciones analizadas contienen invitación directa al voto, las redes sociales de las y los aspirantes, adjetivos calificativos, más de dos propuestas de campaña y la fecha de la jornada electoral. 

A partir del 1 de septiembre, la Corte reducirá su número de integrantes de 11 a nueve ministras y ministros electos por voto popular, tras el proceso electoral federal extraordinario realizado el 1 de junio. 

Con ello además se eliminaron las dos salas especializadas y la Corte operará únicamente en sesiones del Pleno, con nueve ministras y ministros.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declarar vacantes los cargos a magistraturas de circuito y juzgados de distrito en los que las personas que resultaron ganadoras en la elección no cumplieron con el promedio de ocho en licenciatura y de nueve en especialidad.

Con tres votos contra dos, el Tribunal resolvió que el Consejo General del INE excedió sus facultades e invadió las de los Comités de Evaluación, por lo que el Instituto deberá entregar la constancia de ganadores a las y los candidatos.

“Se revoca la determinación de inelegibilidad decretada por el Instituto Nacional Electoral al considerar que dicha autoridad carece de atribuciones para valorar el cumplimiento del requisito del promedio mínimo de 9, pues dicha función corresponde únicamente al Comité de Evaluación postulante. De ahí que tampoco debió decretar la vacancia de los diversos cargos. En consecuencia, se revocan los acuerdos controvertidos a fin de que se restituya el derecho de las ciudadanas y ciudadanos ganadores y se les proceda a entregar la constancia de mayoría”, señala la sentencia.

El pasado 26 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró inelegibles 45 candidaturas de la elección judicial —24 a magistraturas de circuito y 21 jueces de distrito— por no acreditar el requisito de promedio para ser electo.

Al menos tres integrantes del gobierno de la morenista Mara Lezama ocuparán las magistraturas de los tribunales Superior de Justicia y de Disciplina del Poder Judicial de Quintana Roo. Se trata de funcionarios como José de la Peña Ruiz de Chávez, jefe de la Oficina de la Gobernadora; Marco Antonio Torre Constantino, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Nelsy Lucely Trejo Puc, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

Lezama no sólo logró colocar como candidaturas para la elección judicial a personas afines a su gobierno o partido, también consiguió que todas sus propuestas para las nueve magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y las tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) resultaran ganadoras.

“Se aprobó la asignación de las candidaturas electas en favor del listado de candidaturas postuladas por el Poder Ejecutivo, en las elecciones de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas y jueces integrantes del Poder Judicial en el contexto del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025”, se lee en un boletín del Instituto Electoral local.

Esto ocurrió porque, como te contamos en este texto, la ciudadanía de Quintana Roo no votó por candidaturas en lo individual, sino por planillas. Las boletas mostraron la lista de aspirantes postulados por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en tres bloques y, para votar, sólo se pudo tachar en conjunto.

Aunque el espíritu de la reforma judicial era no politizar las elecciones, Mara Lezama, por medio de una solicitud que interpuso Carlos Felipe Fuentes del Río, su consejero Jurídico, logró cambiar el diseño original de las boletas electorales, según documentó Proceso.

Esto permitió garantizar que ciertos perfiles, avalados por distintos comités de evaluación, tuvieran un lugar seguro en el Poder Judicial estatal. Por ejemplo, siete de las 12 candidaturas al TSJ tenían garantizado su lugar, pues se repetían en las listas de los comités de los tres poderes; mientras que para el TDJ, Marco Antonio Torre Constantino apareció en los tres listados.

Dos funcionarios del gobierno de Lezama al Tribunal de Disciplina

En votación dividida, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó castigar con multas individualizadas de menos de 200 mil pesos a las candidatas y candidatos beneficiados por la operación acordeón en la pasada elección judicial.

Como parte del proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de la elección judicial, el INE determinó que 121 ganadores de un cargo judicial se hicieron acreedores a multas económicas, y siete más a amonestación pública.

Entre las personas sancionadas figuran los nueve futuros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: desde el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar (39 mil 712 pesos), hasta las ministras que repiten en el encargo: Loretta Ortiz (127 mil pesos), Yasmín Esquivel (95 mil pesos) y Lenia Batres (44 mil pesos).

Mientras que las multas en los estados que eligieron jueces y magistrados se distribuyeron así:

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes esperar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la existencia de irregularidades en el uso de acordeones durante la elección judicial. Lo anterior, ya que la mandataria mexicana mostró su completa desconfianza en el fallo emitido por el órgano electoral y cuestionó la coherencia del Consejo General del INE. Además, señaló que hay una intención de desvirtuar la elección del Poder Judicial.

Asimismo, Sheinbaum Pardo resaltó que la oposición busca desacreditar la elección: “Quieren desvirtuar la elección al Poder Judicial, principalmente los adversarios. Mejor que hayan decidido 13 millones de personas, a que haya decidido la Presidenta de la República. No hay manera, aunque algunos no les guste, no hay manera de debatirlo. Porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a las y los ministros…”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de multas a los candidatos de la elección judicial que aparecieron en acordeones previo a la jornada electoral, votación dividida seis contra cinco.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, dijo que la decisión no tiene base jurídica y previó que el asunto será devuelto por el Tribunal Electoral. “Pero la ilegalidad encontrada o manifiesta en nuestras voces o por otras voces no nos debe de llevar a este Instituto a intentar salir adelante con otra ilegalidad. Es decir, no hay un asidero jurídico que permite establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña”.

Se impuso una mayoría que coincidió en que los acordeones son ilegales y que sí hay base jurídica para sancionar a quienes se vieron beneficiados para obtener un puesto de elección popular.

Votos a favor de la sanción

La consejera Dania Ravel pidió también sancionar a los candidatos perdedores, con el 5 por ciento de su tope de gastos.

Uuc-kib Espadas Ancona afirmó que los ‘volantes’ o acordeones no pueden definir ninguna elección, según consultas que hizo como expertos en la materia. Afirmó que no hay evidencia de la impresión de millones de materiales para guiar el voto de la ciudadanía, pues además únicamente acudió a las urnas el 13 por ciento de la población.

Sin embargo, coincidió en que la impresión de estos materiales es ilegal y sí genera una afectación a la elección.

Votó a favor. Su intervención podría resumirse en la siguiente frase:

La consejera Norma de la Cruz se mostró en contra de la sanción, cuestionando el vínculo que hay entre el gasto y el supuesto beneficio para los candidatos.

Consideró que es una sanción ilegal y que no tiene base objetiva, ya que no hay prueba de que los acordeones tuvieron un beneficio directo para los ganadores.

El consejero Jorge Montaño consideró que no se acredita quién pagó los acordeones ni el papel que jugaron los candidatos de la elección judicial en su elaboración y distribución.

Sostuvo que no se puede fincar responsabilidad a un candidato solo por aparecer en estos materiales, por lo que votó en contra.

La consejera Rita Bell López votó en contra, argumentando que el expediente tiene pruebas indiciarias, pero no se llegó a probar que los candidatos pagaron los acordeones.

Sostuvo que en este caso se está intentando “sancionar en ausencia de pruebas plenas”, lo que afecta la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y la proporcionalidad de las sanciones.

Indicó que imponer sanciones a cualquier persona sin que se acredite plenamente su responsabilidad es jurídicamente improcedente, desproporcionado y contrario a la legalidad.

En otra ronda, Norma Irene de la Cruz, se pronunció por hacer valer los escritos de deslinde que escribieron los candidatos que aparecieron en los acordeones.

Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación en Zacatecas, y Manuel Mercado Ramos, juez sexto de distrito en Oaxaca con residencia en Salina Cruz, se quedaron sin empleo tras no resultar electos en la primera votación judicial organizada por el INE.

Con más de dos décadas de carrera en el Poder Judicial, denuncian que la elección fue una simulación, con resultados definidos desde antes de votar. No enfrentaron ningún procedimiento de remoción, no tienen derecho a jubilación, y hasta ahora, tampoco han recibido la indemnización constitucional que prometió la reforma. “Nos vieron la cara. Eso es parte de la molestia, porque no fue una contienda pareja, no fue una contienda legal”, acusan.

Para Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, la elección judicial del 1 de junio fue cualquier cosa menos equitativa. Asegura que desde el inicio hubo condiciones disparejas, favoritismos visibles y una simulación disfrazada de democracia. Mientras algunas candidaturas contaban con estructura política y respaldo oficial, otras —como la suya— se enfrentaron solas al proceso.

El caso de Álvarez Rodríguez no fue el único. En Aguascalientes se postularon cuatro magistrados en funciones: Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, Leonardo González Martínez, José Manuel Quistian Espericueta y David Pérez Chávez. Solo este último resultó electo, y su nombre —según la magistrada— estaba en los acordeones. “En Aguascalientes, el 100 % de las personas que estaban en un acordeón del partido en el poder fueron las que ganaron”, afirmó. Según el juez Saúl Mercado, en Oaxaca pasó lo mismo: de seis jueces de distrito en funciones solo ganaron dos. Quiroz Ayuso y Jaimes Morelos ganaron —dice— “por cantidades ridículas de votos”: 250 mil 280 y 235 mil 329, respectivamente. Ambos, asegura, estaban también en el acordeón promovido por el gobernador.

“Literalmente salgo al desempleo”: juez de Oaxaca

A medida que se acerca el 31 de agosto, jueces y magistrados en funciones han comenzado a despedirse públicamente en redes sociales. En sus últimas audiencias, algunos se quitan la toga como un acto simbólico.