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Un ataúd en San Lázaro: diputados aprueban crear ley en telecomunicaciones; oposición acusa riesgo de censura

Pese a los señalamientos de la oposición por riesgo de censura, Morena y aliados aprobaron la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Una corona fúnebre y un ataúd montados en el Pleno de la Cámara de Diputados enmarcaron la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación que los partidos de oposición han calificado como “ley censura” y que Morena defiende a capa y espada con sus aliados.

La discusión de la reforma para emitir esta ley arrancó a las 11:00 horas, con una intervención de diputados priistas que metieron al Pleno un ataúd blanco y una corona fúnebre para advertir sobre los posibles riesgos de censura que esta ley puede traer. “Murió la libertad”, decía una leyenda escrita sobre el ataúd color blanco.

Los priistas ingresaron estos objetos al recinto legislativo durante el discurso de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero, quien criticó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones para crear una nueva Comisión que formará parte del gobierno y que regulará la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en el país.

“La minuta propone eliminar al IFT y concentrar todas las funciones en la Agencia Digital, lo que equivale a entregar al Poder Ejecutivo el control total sobre el espectro radioeléctrico, la supervisión de medios y la vigilancia del contenido de internet”, mencionó Fuensanta Guadalupe Guerrero, diputada del PRI.

Pese a los señalamientos de la oposición, los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron la minuta con 369 votos, junto con Movimiento Ciudadano (MC) que se unió a ellos. Solo el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron el proyecto con 104 votos en contra y hubo tres abstenciones de diputados de MC.

En una segunda votación, en la que se rechazaron todas las propuestas de modificación, Morena, el PT y el PVEM aprobaron la minuta en lo particular con 343 votos. Mientras MC, el PRI y el PAN se unieron en esta ocasión para emitir 129 votos en contra.

Una vez aprobada esta reforma, la Cámara de Diputados la enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El debate de la ley de telecomunicaciones entre acusaciones por riesgo de censura

San Lázaro inició el debate de una reforma para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo que concluiría la lista de asuntos que enlistó para su primer periodo extraordinario de sesiones de este año.

La discusión en la Cámara de Diputados arrancó con mociones suspensivas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), quienes buscaron frenar el inicio del debate con el argumento de violaciones al procedimiento legislativo, ya que Morena y sus aliados dispensaron los trámites de la reforma para que fuera discutida directamente en el pleno y así evitar una primera discusión en las comisiones.

“Podemos pasarles que sean unos puercos legislativos, pero no unos trompudos, ya basta porque son unos abusadores”, reclamó Carmen Rocío González, diputada panista.

Movimiento Ciudadano, que en esta ocasión votó a favor de la minuta promovida por Morena y sus aliados, defendió que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no tiene mecanismos para que el gobierno cometa actos de censura, aunque la desconfianza en las autoridades alimenta ese idea.

“Nosotros no estamos aquí para tapar errores, como la desaparición del IFT, pero tampoco para repetir mentiras. No aceptamos la manipulación y la polarización. Quien dice que esta es la misma iniciativa que se presentó en abril, miente, quien dice que esto abre la puerta a una dictadura digital, engaña”, comentó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano.

MC adelantó su voto a favor porque la iniciativa original propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió modificaciones, luego de que el Senado organizó un parlamento abierto en el que participaron organizaciones sociales y expertos en telecomunicaciones.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación del artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales y que en su momento fue calificado como un intento de censura del gobierno a los medios de comunicación.

El PAN también ha alegado que esta nueva legislación permite, en su artículo 182, que el gobierno pueda solicitar a las empresas de telecomunicaciones la geolocalización en tiempo real de equipos telefónicos con fines de investigación de delitos, aunque este apartado ya existe en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Adrián González Naveda, diputado del Partido del Trabajo, defendió que el acceso a la geolocalización en tiempo real será regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 303 establece que el Ministerio Público podrá acceder a esta información luego de pedir autorización a un juez.

“En el artículo 182 queda explícito que toda solicitud tendrá que ser de autoridad competente, por escrito fundado y motivado, y en el artículo 183 nuevamente se hace alusión a la ley en la materia, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló Naveda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Remesas caen 4.59% en mayo de 2025; mayor descenso en 12 años

Durante mayo de 2025 los flujos de remesas familiares disminuyeron 4.59 por ciento anual a 5 mil 360 millones de dólares, lo que se sumó al descenso de abril del mismo año, de 12.14 por ciento, según datos a conocer, el 1 de julio de 2025, por el Banco de México (BANXICO).

Dicha reducción fue la mayor disminución en 12 años para un mismo, dado que en mayo de 2013, la reducción fue de 10.40 por ciento. Por su parte, las remesas enviadas por residentes en México al exterior fueron de 86 millones de dólares, lo que representó una disminución anual de 26.8 por ciento.

Con estos resultados, en mayo de 2025 el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo registró un nivel de 5 mil 274 millones de dólares, menor al de 5 mil 501 mdd reportado en el mismo mes de 2024.

Asimismo, con datos ajustados por estacionalidad, en el quinto mes de 2025 los ingresos por remesas avanzaron a una tasa mensual de 4.2 por ciento, en tanto que los egresos se contrajeron 11.2 por ciento. Así, en mayo de 2025 el superávit de la cuenta de remesas fue de 5 mil 027 millones de dólares, mayor al de 4 mil 809 mdd observado en abril previo.

El monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero–mayo de 2025 resultó de 24 mil 375 millones de dólares, inferior al de 25 mil 120 mdd registrado en el mismo lapso de 2024 y que implicó una caída anual de 3.0 por ciento.

Además, durante el periodo enero–mayo de 2025, el 99.1 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 24 mil 138 millones de dólares. Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie, así como las money orders representaron el 0.7 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 180 y 57 millones de dólares, en el mismo orden.

Durante los primeros cinco meses de 2025, los egresos por remesas sumaron 474 millones de dólares, cifra menor a la de 576 mdd reportada en igual periodo de 2024 y que significó una reducción anual de 17.7 por ciento.

•De esta manera, en el periodo enero–mayo de 2025 el saldo superavitario de la cuenta de remesas se ubicó en 23 mil 901 millones de dólares, monto inferior al de 24 mil 544 mdd observado en el lapso enero–mayo de 2024 y que representó una disminución anual de 2.6 por ciento.

Aunado a lo anterior, el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses (junio 2024–mayo 2025) fue de 64 mil 002 millones de dólares, menor al valor acumulado a doce meses registrado en abril pasado de 64 mil 260 mdd (mayo 2024–abril 2025).

Asimismo, en los últimos doce meses (junio 2024 mayo 2025), el monto acumulado de las remesas enviadas al exterior resultó de 1,207 millones de dólares, que se compara con el flujo acumulado a doce meses reportado en abril previo de 1,238 millones de dólares (mayo 2024–abril 2025).

Así, el superávit de la cuenta de remesas para los últimos doce meses (junio 2024–mayo 2025) se situó en 62 mil 795 millones de dólares, inferior al saldo acumulado a doce meses observado en abril de 2025 de 63 mil 022 mdd (mayo 2024–abril 2025).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Diputados pagan con dinero público medias becas para sus maestrías y doctorados

Diputados y empleados de la Cámara estudiarán posgrados con fondos públicos: San Lázaro cubrirá 50% de maestrías y doctorados en Administración Pública, con un gasto de más de cinco millones de pesos.

La Cámara de Diputados pagó la mitad de la maestría y doctorado en Servicios Públicos a trabajadores y legisladores de San Lázaro en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

Del erario esta cámara pagará la mitad del posgrado a 80 trabajadores y legisladores por un monto total de cinco millones 416 mil 425 pesos para que puedan cursar la maestría y doctorado en Administración Pública.

De acuerdo con documentos públicos de Diputados, el convenio con el instituto es para que 53 trabajadores y legisladores cursen el grado de maestría y 27 de doctorado en Administración Pública en la generación 2025-2027 pagando sólo la mitad. 

Clases a distancia

Según el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025, se establece que 53 diputados cursarán la maestría por un monto de cinco millones 843 mil 250 pesos, pero la Cámara de Diputados erogará dos millones 921 mil 625 pesos sin IVA incluido y el resto deberá ser cubierto por los alumnos. Así, los 53 estudiantes deberán cubrir en general 20 mensualidades de 146 mil 81 pesos.

El convenio fija que la Unidad de Capacitación y Formación Permanente (UCFP) será el órgano legislativo que designe a los diputados que tomarán la maestría, y el INAP realizará el proceso de admisión de los aspirantes. 

El anexo técnico establece que los aceptados como alumnos serán responsables en lo individual de la acreditación de las 18 asignaturas académicas que conforman el programa.

El convenio detalla que la maestría en Administración Pública cuenta con el reconocimiento de validez oficial que le otorga la SEP y se realizará del 10 de marzo de 2025 al 8 de marzo de 2027. 
Además, establece que la impartición de la maestría se realizará a distancia mediante la plataforma designada por el INAP. Las asignaturas se impartirán los lunes y jueves de 17 a 21 horas. 
El convenio fija que los gastos de titulación y certificación de los estudios de la maestría serán cubiertos por los trabajadores y diputados seleccionados.

En el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025 se estable que la Cámara de Diputados y el INAP ofrecerá el doctorado en Administración Pública Generación 2025-2027 para 27 legisladores y trabajadores de la Cámara de Diputados. 

El convenio detalla que el costo de la maestría para la veintena de alumnos es de cuatro millones 989 mil 600 pesos, pero la Cámara de Diputados sólo pagará la mitad, dos millones 494 mil 800 pesos sin IVA incluido; de esa manera, los alumnos deberán cubrir el resto; es decir, en su conjunto se harán responsables de 20 mensualidades de 124 mil 740 pesos.
Los documentas aclarar que los descuentos se realizarán vía nómina. 
El anexo técnico detalla que el INAP impartirá las 11 asignaturas académicas que integran el doctorado con una duración de 60 horas que impartirá el instituto, con validez de la SEP.

Igual que en la maestría, los gastos de titulación y certificación de los estudios para el doctorado deberán ser cubiertos por los legisladores o empleados de San Lázaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Sheinbaum revela fechas para la reapertura fronteriza al ganado mexicano

A lo largo de este 2025, autoridades sanitarias de México han reportado casos confirmados del gusano barrenador en Oaxaca y Veracruz.

La reapertura de la frontera entre Estados Unidos y México para el ganado comenzará a partir del 7 de julio, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual se da casi dos meses después del cierre debido a las medidas de control relativas al gusano barrenador.

“Ayer se logró un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Siguen las mesas de trabajo para poder acelerar esta apertura, dijo en conferencia.

Compartió las fechas que este lunes dio a conocer el gobierno estadounidense:
  • 7 de julio se abre la frontera de Agua Prieta, Sonora.
  • 14 de julio Puerto Palomas, Chihuahua.
  • 21 de julio San Jerónimo, Chihuahua.
  • 18 de agosto Acuña, Coahuila.
  • 15 de septiembre Columbia, Nuevo León.
“Estamos todavía trabajando para el punto de exportación de Nogales, Sonora, pero por lo menos ya hay un primer acuerdo y seguimos trabajando con ellos para poder acelerar que sea mucho más rápido”, aseguró.

La mandataria federal dijo que el argumento del gobierno de Estados Unidos es que quieren abrir primero para ver cómo se comporta el tema del gusano barrenador.

“Les hemos insistido de que está contenido esta plaga, esta situación para el ganado y está particularmente en algunos lugares del sur de país, que no ha llegado al norte, pero bueno, lo importante es que ya hay un acuerdo de cómo se va a abrir y que siguen las mesas de trabajo”, indicó.

A lo largo de este 2025, autoridades sanitarias de México han reportado casos confirmados del gusano barrenador en Oaxaca y Veracruz.

La larva del “coquerel”, como también se le conoce, devora la carne viva de animales de sangre caliente, incluyendo humanos, causando miasis, una enfermedad que puede ser mortal si no se atiende.

Frente a los brotes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó en mayo la suspensión inmediata de las importaciones de ganado bovino, equino y bisonte desde México, lo que paralizó uno de los canales más dinámicos de exportación pecuaria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Más homicidios, más desapariciones, menos detenciones... un fracaso llamado Guardia Nacional

Los índices de capturas, decomisos de droga y contención de la violencia de la GN (creada por AMLO en 2019) exhiben una corporación ineficiente; pese a ello, el gobierno de la 4T amplía sus atribuciones y permitirá a sus mandos militares actuar en política.

El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, asegura que, “sin lugar a duda”, ha sido “un fracaso” la Guardia Nacional, creada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador “para recuperar la seguridad del pueblo mexicano”.

Esa corporación militarizada, explica, no sólo falló en su propósito de recuperar la seguridad de los mexicanos, sino que en sus seis años de funcionamiento México se convirtió en un país más inseguro en el cual la violencia, el portafolio de negocios lícitos e ilícitos de los cárteles y los vínculos entre políticos y el crimen organizado se incrementaron como nunca.

Y eso ocurrió, destaca el académico, porque la Guardia Nacional (GN) es el eje “de un modelo de seguridad pública obsoleto”, que pone énfasis en el uso de la fuerza y cuya premisa es la militarización de la función policiaca.

Pese a ello, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que faculta a esa corporación militarizada a intervenir comunicaciones privadas y realizar operaciones encubiertas. Además, habilita a los militares de ese cuerpo a postulares a cargos de elección popular y a desempeñar cargos públicos civiles. 

Esta ampliación de facultades parece un premio por buen desempeño, pero los datos duros muestran todo lo contrario. El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, presentado hace unos días por Ernesto López Portillo, concluye que los resultados de la GN han sido “limitados y opacos”.

En promedio, cada uno de sus 130 mil elementos realiza únicamente 0.071 detenciones al año, una cifra 22 veces menor a las 1.6 captura de presuntos delincuentes que, en promedio, registran las policías estatales anualmente, revela la investigación.

Si se compara el raquítico índice de capturas de la GN con el de corporaciones de otros países con estructura, objetivos y funciones similares, como la Policía Nacional de Colombia, también se advierte un contraste abismal: los policías colombianos, que tienen jurisdicción en todo el territorio, detienen cada año en promedio a 1.2 presuntos delincuentes, 16 veces más que los guardias nacionales mexicanos.

Una explicación a estos datos tan contrastantes es que, en Colombia, pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro desarrolla diálogos de paz con la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos criminales, como el Clan del Golfo y La Oficina, no hay política de “abrazos, no balazos”. Y en México sí la hubo durante el sexenio de López Obrador.

En ese contexto, dice López Portillo, la Guardia Nacional se convirtió en una imagen y un “espejismo de seguridad” y en parte de la narrativa triunfalista del exmandatario, pero nunca ha sido una solución operativa al problema de inseguridad.

En enero de 2024 el entonces presidente López Obrador llegó a decir que México era “un país pacífico”, aunque se trató de un año en el que se padeció el proceso electoral más violento desde que se tiene registro, con 189 candidatos, políticos y funcionarios públicos asesinados. 

En contraste, el Índice de Conflictos 2024 de la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) ubicó a México como el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo.

De acuerdo con López Portillo, la GN es incapaz de responder al desafío de abatir los altos niveles de violencia en México porque tiene “una falla estructural enorme”: sus integrantes no han desarrollado competencias adecuadas en dos grandes niveles: la prevención, que es sobre todo trabajar con las comunidades, con el barrio; y el control, que es la parte de investigación de los delitos.

Más evidencias del descalabro

Otro dato sobre el desempeño de la GN es el de los homicidios, el principal indicador de violencia en un país. El 30 de junio de 2019, hace justamente seis años, al dar el banderazo de salida a esa institución policiaca militarizada, López Obrador dijo: “Vamos a entregar pronto buenas cuentas al pueblo de México”. Pero eso no ocurrió. Los asesinatos aumentaron 23% ese sexenio respecto del anterior, el de Enrique Peña.

Durante el gobierno de López Obrador, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, se registraron 193 mil 377 homicidios en México, 36 mil 219 más que en el sexenio de Peña (2012-2018) y un 59% más que en la administración de Felipe Calderón (2006-2012), quien comenzó el proceso de militarización de los organismos de seguridad pública.

Hasta 2006 la tasa de homicidios mostraba una tendencia a la baja. Ese año cerró con 9.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2023, el último año completo del gobierno de López Obrador, la tasa fue de 23.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

De acuerdo con el estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia”, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, esa cifra no refleja plenamente la dimensión de la violencia que vive México, ya que excluye un número indeterminado de desaparecidos, cuyos restos han sido hallados en fosas clandestinas. 

Con López Obrador y su modelo de seguridad hipermilitarizado, y basado en la Guardia Nacional, se registraron 51 mil 387 desapariciones en México, 57% más que en el sexenio de Peña Nieto y tres veces más que en el gobierno de Calderón, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Para López Portillo, los mismos datos oficiales demuestran que la apuesta de la Guardia Nacional –integrada por efectivos del Ejército en 77% de los casos y de la Marina en 10%– no logó reducir, como prometió López Obrador, los niveles de violencia en México.

Resultados magros; aprobación alta

El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” señala que, pese a sus deficiencias, la GN mantiene altos niveles de aprobación ciudadana (77.2%), lo que puede relacionarse con la confianza en las Fuerzas Armadas (86.7% en la Marina y 84.3% en el Ejército), aunque ese respaldo contrasta con su historial en materia de derechos humanos. 

De acuerdo con el trabajo, entre diciembre de 2018 y julio de 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 934 quejas contra la GN, incluyendo 183 por detenciones arbitrarias. 

Eso indica que la militarización en el país “ha estado marcada por la violación de los derechos humanos, la falta de controles civiles y el debilitamiento de las capacidades civiles de seguridad”, indica el estudio del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.

Y sostiene que “la militarización, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte del problema”.

Otro dato que ilustra la baja efectividad de la Guardia Nacional es su limitada participación en los decomisos de drogas. En 2023, por ejemplo, incautó dos toneladas de cocaína y 1.6 toneladas de metanfetaminas, mientras que la Armada aseguró 48 toneladas de cocaína y 367 toneladas de metanfetaminas. 

Ese mismo año la GN decomisó 211 kilogramos de fentanilo y el Ejército incautó mil 499 kilogramos de ese opioide sintético.

Cultura de la opacidad

Ernesto López Portillo advierte que un problema recurrente de la Guardia Nacional es que, al igual que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la cual está adscrita desde septiembre del año pasado, no rinde cuentas a nadie.

El Congreso, expone, debería ser un contrapeso y fiscalizar sus actuaciones, pero la mayoría de Morena y sus aliados en el Legislativo impide que eso ocurra. 
Nadie –alerta– se atreve a cuestionar nada a los generales y a los almirantes que dirigen la Guardia Nacional.  
Y considera que esa opacidad se acentuará con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que en el pasado permitió que se transparentara información que los militares nunca habían querido revelar, como la tasa de letalidad de las Fuerzas Armadas.

Sin fiscalización del Congreso y sin el INAI “nos vamos a quedar sin respuestas a muchas preguntas, ustedes como periodistas y nosotros como academia y sociedad civil”, agrega.

Tan relevante es el tema de la opacidad militar, indica el abogado, que el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero considera “indispensable” incluir la figura de supervisión externa en la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se procesa en el Legislativo.

La supervisión externa a los organismos de seguridad es “clave y estratégica porque necesitamos control y fiscalización” sobre lo que hacen estas corporaciones militarizadas que se caracterizan por su falta de transparencia, plantea López Portillo.

Una pregunta que se ha hecho en estos días el experto en seguridad es por qué el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quiere dar más facultades a la Guardia Nacional, pese a sus pobres resultados operativos, y al mismo tiempo busca ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según el Reglamento Interior de la SSPC que expidió la presidenta el 24 de junio último, la secretaría a cargo de Omar García Harfuch coordinará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tendrá funciones operativas en áreas en las que las que la Guardia Nacional se ha caracterizado por su ineficacia.

El nuevo reglamento, por ejemplo, prevé la creación de tres subsecretarías en la SSPC: la de Inteligencia e Investigación Policial, Política Criminal, Vinculación y Protección Civil y la de Prevención de las Violencias, además de 14 unidades especializadas y 53 direcciones generales enfocadas en delincuencia organizada, extorsión y secuestro, delitos transnacionales e investigaciones cibernéticas.

Una capacidad de esa envergadura haría de la SSPC, en los hechos, una policía nacional, aunque de carácter civil, no militar, como la Guardia Nacional, y parece ser la fórmula de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad pública sin tocar a la ineficaz corporación militarizada que le heredó López Obrador.

Las preguntas, entonces, son: qué va a hacer la Guardia Nacional, qué va a hacer la SSPC del civil García Harfuch (el hombre de confianza de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad), quién coordinará en el terreno las operaciones contra el crimen organizado, y qué tan profundas serán las fricciones entre civiles y militares a la hora de tomar decisiones.

López Portillo señala que “las preguntas que no podemos responder son muchas, pero lo que sí podemos saber es que no hay ningún medio institucional de contrapeso para la rendición de cuentas de la Guardia Nacional y eso es precisamente lo que no nos permite verificar y tener respuestas a esas preguntas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Iglesia lamenta que sus espacios 'se vean amenazados por la violencia'

Este martes un sujeto armado tomó de rehén a otro individuo dentro de una iglesia ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.

La Arquidiócesis Primada de México lamentó este martes que los “espacios destinados a la vida comunitaria y al encuentro fraterno se vean amenazados por la violencia”, luego de que un sujeto secuestrara a un hombre dentro de las instalaciones de la Parroquia de San Jorge Mártir, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, y fuera abatido por las autoridades.

Por la mañana de este martes un sujeto armado ingresó al Centro Pastoral de Atención a la Juventud, dentro de la Iglesia San Jorge, ubicada en la colonia San Juan de Aragón IV y V, y tomó como rehén a otro individuo “por un conflicto laboral”. Más tarde se dio a conocer que el secuestrador había sido abatido.

Por ello, la Arquidiócesis Primada de México hizo “un nuevo y urgente llamado a toda la sociedad a trabajar unida por la paz y la reducción de la violencia“, de acuerdo con un comunicado de la iglesia.

“Elevamos nuestras oraciones por la paz, por las víctimas de estos hechos violentos y por la conversión de quienes causan daño. Invitamos a quienes hayan sido afectados directa o indirectamente a acercarse a las oficinas de pastoral social de la Arquidiócesis para recibir acompañamiento espiritual y psicosocial“.

Detalló que la parroquia donde ocurrió el lamentables suceso es administrada pastoralmente por la comunidad de los Josefinos de San Leonardo Murialdo, que realiza parte de su misión evangelizadora y social.

Asimismo apuntó que, al momento de los hechos, se celebraba la Santa Misa de las 8:00 horas en el templo, y tanto los sacerdotes como los fieles estuvieron a salvo en todo momento.

“Agradecemos la intervención de las autoridades civiles y de seguridad, y reiteramos nuestra disposición a colaborar en la construcción de soluciones que prevengan estas situaciones”.

Señaló que este tipo de sucesos no solo daña a las víctimas directas, sino que fractura el tejido social, especialmente en las comunidades más vulnerables.

“Como Iglesia que peregrina en la Ciudad de México, reiteramos con firmeza nuestro llamado a promover una cultura de paz, en la que todas y todos asumamos la responsabilidad de construir condiciones más justas y humanas para convivir”.

La Arquidiócesis destacó que desde hace un par de años han impulsado la iniciativa ‘diálogos por la paz’ en diversas alcaldías de la ciudad; así como la creación centros de escucha, acompañado a víctimas de violencia y colaborado con organizaciones civiles y autoridades para abrir caminos de reconciliación, desarrollo humano y reinserción social.

Así también, con el objetivo de ayudar a las familias buscadoras, se han colocado buzones de paz en diversas parroquias, donde es posible dejar de forma anónima información sobre personas desaparecidas o posibles fosas clandestinas.

Por último, rememoró la invitación hecha por esta Arquidiócesis y la Conferencia del Episcopado Mexicano a sumarse activamente a la campaña de canje de armas, una acción concreta para reducir riesgos y fomentar ambientes más seguros. Para ello, la Arquidiócesis ha abierto los atrios de varios templos como espacios de colaboración con esta iniciativa.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dejaron operar al crematorio sin permisos y sin revisión desde hace más de 3 años

En audiencia judicial se fincaron cargos al dueño y al trabajador del negocio por ocultar y conservar los cuerpos ilícitamente, con lo que pueden alcanzar una pena de hasta 17 años de cárcel. También se exhibieron supuestas omisiones de la autoridad estatal encargada de supervisar y regular este tipo de establecimientos, que, ante el hallazgo de los 383 cadáveres, se declaró rebasada en sus facultades para actuar.

El crematorio donde fueron encontrados 383 cuerpos de personas no identificadas en Ciudad Juárez operaba de forma irregular y desde hace tres años no había sido revisado por las autoridades, así se informó en la primera audiencia realizada en contra de dos personas detenidas como presuntas responsables de conservar y ocultar esos cadáveres que se les entregaron para su incineración.

La tarde del lunes 30 de junio, el propietario y también responsable sanitario del Crematorio Plenitud, José Luis A.C., y su trabajador Facundo Teófilo M.R., fueron acusados de haber cometido dos delitos: ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente. A ambos se les impuso la medida cautelar de prisión justificada por un plazo de un año; y la siguiente diligencia quedó programada para el próximo 4 de julio a las 11 de la mañana.

Ante la acusación, los dos acusados decidieron no rendir declaración. A ambos se les menciona con su nombre y las iniciales de sus apellidos porque, por instrucciones judiciales, su identidad está bajo reserva por la presunción de inocencia.

Ante el juez, el agente del Ministerio Público (MP), Francisco Javier Rojas Esquivel, dio a conocer al Tribunal de Control que el titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS), Luis Carlos Tarín Villamar, informó, a través del oficio 2403/2025, que la última verificación sanitaria al crematorio se realizó el 7 de marzo del 2022, como parte de una comprobación de correcciones de irregularidades derivadas de un acta anterior. En esta revisión no se aplicó ninguna medida de seguridad. Es decir, el crematorio tenía tres años y tres meses sin supervisión.

Esta información contrasta con lo que Tarín Villamar expuso en una conferencia de prensa realizada la semana pasada, cuando declaró que la última revisión a esa instalación se había llevado a cabo en febrero de este año y aseguró que el negocio estaba funcionando de acuerdo con la norma. Además, afirmó que había una supervisión de ese crematorio y que se hacían revisiones “muy seguido”, toda vez que en el año del 2020 este establecimiento fue acreedor a otra sanción. Justificó la presencia de decenas de cadáveres diciendo que el trabajo había sobrepasado a los responsables del negocio.

En la diligencia judicial de este lunes, el fiscal también señaló que, a través del oficio 2401/2025, Tarín le informó a la representación social que, después del hallazgo de los cuerpos, así como de restos corporales, ropa, fauna nociva y documentación de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 –que estaban mezclados con fluidos corporales–, el personal a su cargo procedió a una suspensión total de esa instalación crematoria, debido a un manejo inapropiado de cadáveres, malas prácticas de higiene, falta de funcionamiento de dos cámaras de refrigeración, el horno crematorio fuera de operación y por falta de energía eléctrica.

El responsable de la dependencia encargada de la regulación y supervisión de los crematorios, Tarín Villamar, también presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y pidió la intervención de esa autoridad al reconocer que la situación en el crematorio Plenitud rebasaba sus facultades, se informó en la audiencia judicial.

Advierten de riesgo sanitario en zona de crematorio

En otra parte de la diligencia, el agente del Ministerio Público le expuso al juez de Control Apolinar Juárez Castro, que el negocio tampoco contaba con agua potable. Indicó que los cuerpos están en estado de descomposición, que entre estos había fauna nociva, como ratones, y que el sitio no contaba con un control sanitario, lo que representa un riesgo de salud para la población juarense, principalmente para las personas que viven o trabajan cerca del negocio.

“Los cuerpos estaban en completo estado de descomposición, sin ningún control sanitario. La acción (delictiva) recayó en almacenar los cadáveres… algo alarmante en nuestra comunidad; y las condiciones insalubres, indignas, una falta de respeto a los restos cadavéricos, roedores encima de los cadáveres, un riesgo sanitario para la comunidad, sin una medida para prevenir afectaciones para la salud pública”, argumentó el fiscal en la parte final de la diligencia, cuando expuso las razones por las que los acusados deben enfrentar el proceso penal en la cárcel y en contraposición de lo solicitado por los abogados defensores, quienes pedían una medida cautelar diversa a la prisión preventiva.

El fiscal a cargo, informó al Tribunal que el dictamen de impacto ambiental del crematorio venció el 3 de marzo del 2023. Esto con base en información proporcionada por el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, quien dio a conocer que el dictamen fue otorgado el 22 de febrero del 2022.

Sin energía eléctrica, agua y sin permiso ambiental vigente

La audiencia inició en la sala 1 de los juzgados locales, unos minutos después de las 3 de la tarde, con la formulación de cargos, pues horas antes se había ejecutado una orden de aprehensión en contra de ambos sospechosos.

Al momento de formular la acusación, el fiscal dijo que en el periodo comprendido del 7 de marzo del 2022 al 27 de junio de 2025, en las instalaciones del crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, colonia Granjas Polo Gamboa, José Luis A.C., en su carácter de propietario y Facundo Teófilo M.R., empleado del establecimiento, mantuvieron ocultos 383 cadáveres en estado de descomposición.

El representante social señaló que ambas personas no llevaron a cabo la cremación de los difuntos en el tiempo que ordenan las leyes vigentes, que es de 48 horas contadas a partir del fallecimiento. También refirió que el establecimiento no contaba con energía eléctrica, ni agua potable, tampoco con cámaras de refrigeración, ni un dictamen en materia ambiental vigente.

Los hechos fueron clasificados como el delito contemplado en el artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el ilícito federal establecido en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud.

“Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 30 a 90 días multa, a quien”, indica el artículo 202. En la fracción I dice: “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.

El artículo 462 señala que “se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”. La fracción I indica “al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos”.

Ante la acusación, los dos sospechosos guardaron silencio.

Entre las personas que declararon ante el Ministerio Público y que constituyen un dato de prueba en contra de ambos sospechosos, están al menos tres familiares de José Luis, su hermano, Rafael Arellano Cuarón; su madre, Rosa María Cuarón Rivera; y su esposa, Jesica Yaneth Bone Monte; así como peritos, agentes, el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, y el titular de COESPRIS Luis Carlos Tarín Villamar.

El primer dato de prueba citado por el fiscal fue el acuerdo de inicio de la investigación, que emitió otra fiscal el viernes 27 de junio, al tener conocimiento por medio de una nota periodística de que en un inmueble se encontraban decenas de cadáveres.

El segundo dato de prueba referido en la diligencia, es un informe policial del 27 de junio, realizado por varios agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida, quienes un día antes habían ido al crematorio, tras recibir una llamada telefónica a las 18:50 horas, en la que se les informaba que en un predio de la colonia Granjas Polo Gamboa había decenas de cuerpos.

Los agentes refirieron que al acudir al sitio encontraron un vehículo de capillas Plenitud; decenas de cuerpos apilados y en estado de descomposición en las habitaciones; percibieron olores fétidos, de putrefacción; también vieron una piscina con ropa, envases vacíos con olor a químicos, tanques de gas y dos bolsas con cadáveres, una con el nombre de Martha E. O., y otro con el nombre de Leobario L. Debido a las condiciones climatológicas y a la falta de equipo de protección, decidieron que los trabajos de recuperación de cuerpos e investigación iniciarían hasta el viernes 27 de junio.

La llamada inicial que se recibió en el puesto de mando del 911 y que se registró bajo el folio 0707425214, es otro dato de prueba. Los agentes municipales que respondieron a esa queja documentaron haber llegado a las 18:48 horas del jueves 26 de junio y percibieron un olor fétido que los condujo a un predio el cual estaba abierto e ingresaron.

En el patio, los municipales vieron una carroza abierta, observaron la cabeza de una persona recostada al interior del automotor y le preguntaron si necesitaba ayuda, al ver que no respondía se aproximaron y pudieron ver que no tenía signos vitales, que estaba acartonada. Luego se dirigieron a una habitación con una puerta en color blanco semi abierta y pudieron ver fluidos en el suelo, percibieron un olor penetrante y vieron una gran cantidad de cuerpos, algunos desnudos y otros con ropa, repartidos por varias habitaciones. Entonces procedieron a montar una vigilancia y avisaron a la Fiscalía.

El dueño del crematorio, José Luis, fue asegurado el viernes 27 de junio en las instalaciones de COESPRIS, en Pueblito Mexicano, y al día siguiente detenido, pero por el delito de resistencia de particulares, ya que presuntamente se mostró violento, aventó a un agente ministerial cuando se le cuestionó si “quemaba un cadáver y entregaba cuatro cenizas”.  

En la entrevista ministerial, el empresario José Luis A.C., de 37 años, dijo que es dueño del crematorio, el cual es un negocio familiar en el que empezó a participar en 2020 y tras la muerte de su padre, Luis Arturo Arellano Barnola, en 2023, se quedó a cargo.

José Luis también señaló que Facundo Teófilo lleva 40 años trabajando con esa familia y los últimos cinco años como encargado. Indicó que el crematorio daba servicio a las funerarias Luz Divina, Capillas Protecto, Latinoamericana y Amor Eterno.

El otro acusado, Facundo Teófilo, de 64 años, fue asegurado en su casa y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para una entrevista ministerial, en la que refirió que en el crematorio no había agua, ni energía eléctrica, ni cámaras de refrigeración, tampoco gas, y dijo que estaba imposibilitado para usar el horno crematorio. También aseguró que todo estaba bien en el establecimiento, excepto que estaba un poco atrasado con el trabajo, primero afirmó que tenía como seis cuerpos pendientes, después que 80 y luego que 160.

Presuntamente, él también se mostró agresivo, insultó a los agentes investigadores y fue detenido por resistencia de particulares. Posteriormente, la Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión y arrestos a ambos hombres.

La esposa del dueño del crematorio, Jesica Janeth Bone Montes, también fue entrevistada por el MP y dijo que José Luis estaba a cargo de contactar a las funerarias para el servicio de cremación, de recibir los cadáveres y de entregar las cenizas. Agregó que en varias ocasiones Facundo faltaba a trabajar, pero no lo podían despedir porque no era tan fácil encontrar a un trabajador con los conocimientos para laborar en un negocio de ese giro.

La mamá del empresario acusado, Rosa María Cuarón Rivera, también fue entrevistada en las instalaciones de la Fiscalía. Ella se identificó como propietaria del inmueble donde funcionaba el crematorio. Explicó que el negocio fue iniciado por su esposo, Luis Arturo Arellano Barnola, quien falleció hace dos años, y como ella tiene problemas de salud, su hijo José Luis lo administra y maneja desde hace dos años.

Casi al finalizar la exposición de datos de prueba, el fiscal citó un dictamen, una opinión técnica y mostró parte de una serie fotográfica tomada por la médico y perito de Servicios Periciales, Ana Lorena González Sánchez. La especialista determinó que el crematorio no estaba en condiciones de uso y señaló que debido al embalsamiento y los químicos usados no se puede establecer con precisión la data de muerte de los cadáveres, pero estimó que podrían tener más de un año en ese sitio.

Algunas de las fotografías mostradas por el representante social al juez correspondían a autorizaciones de cremación a nombre de la funeraria Luz Divina; tanques de gas en el interior; el yeso del techo cayéndose; y cuerpos amontonados que parecían carcomidos, mostrando un color negruzco, incluso con algunos con objetos encima, también restos de cadáveres en estado de descomposición, con gusanos.

Las imágenes fueron observadas por los acusados. José Luis mantuvo en todo momento la mirada fija en el agente del Ministerio Público que presentó la acusación.

Previo a que se formulara la acusación, una de los tres abogados que representó a los detenidos, Mara Aidée Ávila, le pidió al juez que no permitiera que se presentara imputación por el delito federal, al señalar que el juez que emitió la orden de aprehensión lo hizo solo respecto al delito del fuero común y se declaró incompetente por cuanto a la conducta delictiva contemplada en la Ley General de Salud.

El fiscal argumentó que ese era el momento procesal oportuno para dar a conocer el hecho delictivo y la clasificación jurídica tanto a los detenidos como al Tribunal de Control.

Al final, el juez Apolinar Juárez Castro consideró que la formulación de cargos es una facultad exclusiva del Ministerio Público, dijo que hay una conectividad delictiva y permitió que se presentaran cargos legales por ambos delitos.

Otra incidencia fue planteada al juez antes de la formulación, la intención del Ministerio Público de hacer privada la audiencia bajo los argumentos de que el informe forense debería permanecer en secrecía, la información podría causar un daño a las víctimas, en un futuro podrían configurarse otros delitos, que el hecho ha provocado una conmoción social y por un interés de obtener justicia.

Los abogados defensores dijeron que ellos estaban de acuerdo en que la diligencia fuera privada, pero por motivos diversos, como la protección de los datos de los acusados.

El juez concluyó que uno de los ejes rectores del sistema penal es la publicidad, que se imparta justicia de frente a la sociedad. También, expuso que un derecho de las víctimas es el acceso a la verdad, la publicidad no arriesga el proceso penal, y dijo que la comunidad tiene un alto interés en este tema, por lo que desechó la petición.

FUENTE: LA VERDAD JUÁREZ.
AUTOR: BLANCA CARMONA.

El dueño de Carso pide más dinero privado en infraestructura: el Gobierno no tiene

Slim Helú apuntó que la iniciativa privada puede fortalecer el desarrollo del país. Indicó que existe una situación delicada en el sector energético y mencionó las  finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex). "Las empresas han frenado proyectos y se van", aseguró.

El empresario Carlos Slim Helú hizo un llamado este martes, con motivo del Día Nacional del Ingeniero, para que haya más participación de la iniciativa privada en el desarrollo del país.

De acuerdo con publicaciones realizadas en X por Renato Flores, vocero de Grupo Carso, Slim aseguró que invirtiendo el 20 o 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) "no vamos a llegar a ningún lado", pues se necesita invertir para desarrollo, crecimiento y empleo. "Ahí entra la iniciativa privada (IP)", apuntó.
"Hay que invertir más, aumentarla en proporción al PIB, y debe agregarse el combate a la pobreza, no sólo dando dinero, sino capacitando a la gente para dar empleo y generar bienestar", agregó el empresario.
El ingeniero y presidente vitalicio de Grupo Carso también aseveró que las obras de infraestructura significan desarrollo y crecimiento para el país. "El Gobierno está consciente de que debe haber inversión privada y, además, no tiene dinero para invertir. Por eso no veo ningún obstáculo, pero también hay que insistir", anotó en el evento organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI).
"Hay recursos privados para financiar buenos proyectos, como la desalinización del agua o la reparación de las redes de distribución de agua potable que tienen severas fugas", sostuvo.
Carso ha sido contratista del Gobierno en múltiples ocasiones en el pasado. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a través de su división Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa), el consorcio participó en el proyecto del Tren Maya, específicamente en el tramo 2. La empresa fue contratada por Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para este tramo y presentó la mejor propuesta técnico-económica.


Slim Helú apuntó que existe una situación delicada en el sector energético y mencionó las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex). "Debido a que Pemex no está pagando a proveedores y productores, las empresas han frenado proyectos y se van. Hay que encontrar una solución para que Pemex esté en una mejor posición", dijo.
"Tenemos mucho retraso en infraestructura, pero tenemos problemas más delicados, como la situación financiera de CFE y el freno a la inversión privada en el sector eléctrico", afirmó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

ASF observa 660 millones de pesos por irregularidades Cuenta Pública 2024

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 660 millones de pesos en su primera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024. Del monto total señalado por irregularidades en el ejercicio de gasto federal 413 millones corresponden a entidades federativas y 248 millones fueron determinados a los entes federales.

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, precisó que 60% de lo observado es de los estados, 30 por ciento corresponde a entidades de la administración pública federal y 10 por ciento a diversas empresas productivas y subsidiarias, así como algunas secretarías de Estado.

Esta primera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024 contempla 152 auditorías de las cuales, 99 fueron ejecutadas por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, encabezada por Emilio Barriga Delgado; 19 por la Auditoría Especial de Desempeño, cuya titular es Arely Gómez González y, 34 por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, a cargo de Martín Sánchez Arroyo.

En esta primera entrega se están reportado más de 107 millones de pesos recuperados en favor de la Federación, de los cuales, nuevamente más del 90 por ciento derivó de las auditorías a las entidades federativas, indicó este 30 de junio de 2025.

Colmenares Páramo aseveró que se realizaron 19 auditorías de desempeño, de las cuales se desprendieron 18 recomendaciones para entes federales. La totalidad de éstas fueron acordadas con las entidades fiscalizadas, lo que se traduce en un nivel de eficacia del 100 por ciento en su determinación, ya que, al ser acordadas, se reconoce por parte de los entes fiscalizados la mejora detectada, abundó.

En total, la ASF estará realizando 2 mil 199 auditorías a diversos entes fiscalizados por la Cuenta Pública 2024, indicó ante legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Suárez Licona dijo que ampliar la fiscalización de mil 814 auditorías en 2018 a más de dos mil 300 en el ciclo 2023-2024 implica el fortalecimiento de la vigilancia sobre el uso de recursos.

Celebró que se iniciaran 400 expedientes por posibles faltas graves, que involucran más de 180 mil millones de pesos, y se promovieran 11 mil procedimientos por faltas no graves y la recuperación patrimonial por más de 13 mil millones de pesos. Cada hallazgo e irregularidad detectada debe tener consecuencias y sanciones, manifestó el legislador tricolor.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Guevara Rodríguez, consideró necesario recuperar el equilibrio en la fiscalización entre la Federación, estados y municipios; priorizar las auditorías donde realmente está el dinero y dejar de actuar como si el gasto federal fuera invisible o, incluso, intocable.

“A nuestra generación le toca alzar la voz, señalar lo que no funciona y construir instituciones sólidas, autónomas, genuinas, al servicio de la dignidad humana y del bien común”, apuntó.

La diputada morenista, Gissel Santander Soto, aseguró que “como nunca antes los municipios están siendo vigilados, acompañados y asesorados” y se pronunció por que el enfoque preventivo sea también regional y estratégico, y esté presente desde esta primera etapa.

OBSERVAN 2.7 MILLONES A BAJA CALIFORNIA

En su primera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024, la ASF observó 2 millones 729.9 miles de pesos por el Fondo de Aportaciones Múltiples (2 millones 720.3 miles de pesos) y 9 mil 500 pesos por la distribución de participaciones federales.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

Diputados “4T” extinguen la COFECE; crean la Comisión Nacional Antimonopolio

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, y en lo particular, en sus términos, la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes federales de Competencia Económica y la de Entidades Paraestatales, cuya finalidad es alinearse con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 20 de diciembre de 2024, en materia de simplificación orgánica.

En la cual, se extinguieron diversos órganos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), creando con ello la Comisión Nacional Antimonopolio, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal (APF), y sectorizado a la Secretaría de Economía (SE), enfocada como una autoridad antimonopolios “que contribuya al desarrollo del país y al bienestar de los mexicanos”, con cinco consejeros, cuyo periodo en el cargo será de siete años.

En lo general, la reforma se avaló con 323 votos a favor, 125 sufragios en contra y cero abstenciones, y en lo particular en sus términos por 302 votos a favor, 113 sufragios en contra y cero abstenciones. El decreto fue remitido al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Los sufragios a favor fueron emitidos por los legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM). Mientras que los votos en contra los emitieron los diputados federales de Acción Nacional (PAN), Revolucionarios Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

La minuta, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, estableció el rediseño institucional sobre las funciones del Estado en la rectoría económica del país, con el que se administrarán “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos y la supremacía del interés general, público y social”.

La Comisión Nacional Antimonopolio contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión y dotado de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento. Tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados del país, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para lo cual debe desempeñarse de manera profesional e imparcial en sus actuaciones.

Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley y su Reglamento, citar a declarar a las personas relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley.

Igualmente, realizar diligencias de inspección o recolectar datos a través de cualquier herramienta, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier autoridad pública para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley; ejercer su presupuesto y ordenar la suspensión de los actos o hecho constitutivo de una probable conducta prohibida.

Emitir opinión, a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, respecto de los anteproyectos de leyes, disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter general que pretendan emitir autoridades públicas, cuando puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes.

También, formular disposiciones regulatorias para el cumplimiento de sus atribuciones, así como su estatuto orgánico, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Con independencia de la emisión y publicación de las disposiciones regulatorias, la Comisión podrá expedir lineamientos y criterios técnicos, así como guías de carácter orientador para el efectivo cumplimiento de esta Ley.

Además, precisar al amparo de los convenios internacionales debidamente celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mecanismos de cooperación y coordinación con autoridades de competencia económica en el extranjero en materia de investigaciones y procedimientos previstos en esta Ley, así como el intercambio de todo tipo de información para efectos de lo anterior.

Imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, en términos de lo establecido en el Libro Cuarto de esta Ley.

Determinar la existencia de Agentes Económicos Preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia en estos sectores; declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y, en su caso, la imposición, modificación o extinción de las obligaciones impuestas a los Agentes Económicos Preponderantes en términos de lo establecido en esta Ley.

Establecer las medidas e imponer las obligaciones específicas que permitan la desagregación efectiva de la red local del Agente Económico Preponderante en el sector de las telecomunicaciones; compartir información y establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y, en su caso, con la Agencia; analizar, evaluar y, en su caso, autorizar los planes de separación estructural que le presenten los Agentes Económicos Preponderantes a efecto de reducir su participación nacional por debajo del cincuenta por ciento en el sector donde hayan sido determinados como preponderantes.

Fijar y ajustar, con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las tarifas por los servicios que preste, mismas que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y las demás que le confieran ésta y otras leyes.

La Comisión determinará la existencia de Agentes Económicos Preponderantes en los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión y les impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia.

Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como Agente Económico Preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de Radiodifusión o Telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos que proporcione la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones o, en su caso, la Agencia.

Mientras que el Pleno de la Comisión es el órgano de gobierno de la Comisión mismo que se integra por cinco personas comisionadas, incluyendo la persona comisionada presidente. Dichas personas comisionadas serán designadas en forma escalonada por la persona titular del Ejecutivo Federal y ratificados por el voto de la mayoría de las personas integrantes presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta.

Contempla a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Determina que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas en la Constitución Política, así como las actividades que realicen las empresas públicas del Estado y las que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

En el régimen transitorio expone que el nombramiento y ratificación de las primeras personas comisionadas que integrarán el Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio deberá realizarse en términos del artículo 13 Bis de la Ley Federal de Competencia Económica contenida en este Decreto.

Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de las Personas Comisionadas de la Comisión Nacional Antimonopolio, las primeras personas comisionadas concluirán su encargo el mismo día y mes en que hayan entrado en funciones de los años 2028, 2029, 2030, 2031 y 2032, respectivamente. La persona titular del Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la Cámara de Senadores, señalará los periodos respectivos.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, aseguró que la creación de una Comisión Nacional de Antimonopolios constituía una instancia con patrimonio propio, con fortaleza técnica y profesional, que permitiría combatir los poderes monopólicos del país, se aumentarían las sanciones e incrementarían las multas por este tipo de actividades que perjudican el bienestar del consumidor.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Brote de sarampión suma casi 3 mil casos en México; Chihuahua concentra más del 95%

"No tenemos problema en el número de vacunas y estamos reforzando la campaña en medios para que se vacunen las personas. Pero, conforme ha evolucionado el brote, lo que hemos observado es la necesidad de vacunar a los trabajadores migrantes que bajan de la sierra a los campos menonitas, donde se están contagiando", dijo el Secretario de Salud.

México ha registrado un total de dos mil 942 casos confirmados de sarampión al corte del 30 de junio, de los cuales dos mil 752 corresponden al estado de Chihuahua, entidad que concentra más del 95 por ciento del total nacional. El segundo estado con más casos es Sonora, con 79, informó la Secretaría de Salud (SSa).

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud, detalló que los casos confirmados de sarampión se respaldan con evidencia científica. Además, indicó que existen 255 casos en dictaminación, y que la tasa de incidencia, que llegó a ser de 69.4, actualmente se ubica en 2.22 casos por cada 100 mil personas.
“El mayor número de casos está concentrado en Chihuahua. Prácticamente más del 95 por ciento están ahí, donde hay dos mil 752 casos, de los cuales dos mil 416 han sido comprobados mediante PCR”, explicó.


Kershenobich afirmó que el brote se encuentra contenido en Chihuahua, pero alertó que las poblaciones más vulnerables son las personas migrantes y trabajadores agrícolas.

“No tenemos problema en el número de vacunas y estamos reforzando la campaña en medios para que se vacunen las personas. Pero, conforme ha evolucionado el brote, lo que hemos observado es la necesidad de vacunar a los trabajadores migrantes que bajan de la sierra a los campos menonitas, donde se están contagiando. Por eso extendimos 10 años el rango de edad de vacunación y vamos a incidir en este grupo para seguir conteniendo el brote e idealmente lograr que desaparezca”, declaró.

El funcionario federal indicó que, ante la evolución del brote, se contemplan medidas adicionales y recordó que la vacunación también ha sido ampliada para adultos hasta los 49 años, con el objetivo de cubrir al mayor número de personas posible y mantener el control del brote en Chihuahua.

Por otra parte también anunció que hoy se llevará a cabo una reunión en Chihuahua con representantes de las 32 entidades federativas, en la que se revisará el panorama mundial y regional del sarampión en las Américas.

“Se va a analizar la situación epidemiológica del brote, la vigilancia y los métodos de laboratorio. También se evaluará el funcionamiento de los equipos de respuesta federal y estatal, las coberturas de vacunación y los escenarios epidemiológicos”, explicó.

El Secretario de Salud destacó que actualmente las 32 entidades federativas cuentan con 4.5 millones de dosis de la vacuna triple viral (SRP) y 1.4 millones de la doble viral (SR), dirigidas a la población de entre 1 y 49 años de edad.

FUENTE: SIN EMBARGO.

Sheinbaum pide a SCJN actuar con apego a derecho, sin presión externa y transparencia

La Presidenta aclaró que no se trata de actuar contra ninguna empresa, sino de garantizar justicia para todas las personas sin privilegios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuar con apego a derecho, sin presiones externas y con total transparencia, especialmente en temas pendientes relacionados con grandes empresas, como el caso de la devolución fiscal solicitada por Movistar por más de cuatro mil 442 millones de pesos (mdp).

Durante la "mañanera del pueblo", Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre presuntas presiones de la empresa Movistar hacia la Corte, con el fin de que se le otorgue un beneficio fiscal. Un periodista también planteó que, según versiones, se estaría presionando para que se sustituya a la Ministra Lenia Batres, quien se ha opuesto públicamente a dicha devolución, justo cuando se aproxima el relevo del máximo tribunal del país el próximo 1 de septiembre.

“Que actúen conforme a derecho. Ellos son los que hablan mucho del Estado de Derecho, pues que actúen como tal y que no sean los vínculos de interés los que estén asociados a una resolución. Y si no hay posibilidad, que se lo dejen a la nueva Corte”, respondió la mandataria mexicana.


Y es que la mandataria también advirtió que a las y los ministros “no les faltan ganas” de concretar acuerdos que – insinuó– pudieron haber sido pactados con anterioridad. No obstante, advirtió que hoy todas sus resoluciones están bajo la mirada del pueblo: “Hoy están más visibles todas las decisiones que toman y el pueblo sabe una u otra decisión”, sentenció.

“Pues ganas no les faltan… de resolver a lo mejor acuerdos que hicieron en algún momento con alguien. Pero hoy están más visibles todas las decisiones que toman y el pueblo sabe una u otra decisión”, contestó al ser cuestionada sobre si existe el riesgo de que la Corte actual aproveche sus últimas semanas para tomar decisiones controvertidas.

Por otra parte, también al ser consultada sobre una intención de exclusión de una Ministra con el fin de modificar una votación, Sheinbaum consideró que justo los Ministros tienen que explicar públicamente este tipo de decisiones:.

“Esto de excluir a una ministra para poder sacar una votación como que no tiene mucha explicación. Que expliquen públicamente por qué consideran una u otra votación, porque son cuestiones del pueblo, impuestos que se dirigen a beneficios, a programas de bienestar, obras de infraestructura para el pueblo”, señaló.

Agregó que las ministras y ministros deberían ser transparentes y explicar públicamente las razones de su voto: “Y segundo, que actúen conforme a derecho y, si no pueden, que le dejen el paso a la nueva Corte”.

La Presidenta aclaró que no se trata de actuar contra ninguna empresa, sino de garantizar justicia para todas las personas sin privilegios.

“Nadie dice que actúen mal o que actúen contra una empresa. Todos tenemos derecho a la justicia: las empresas, la gente pobre, todos. Nadie por encima de la ley. Pero que expliquen, así como Lenia explicó públicamente —la ministra explicó públicamente— cuáles son las razones que ella plantea para no estar de acuerdo con esta devolución, pues que otros lo planteen también”, concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Madres buscadoras alertan sobre fosa masiva en Jalisco

Una fosa clandestina con al menos 34 cuerpos y 169 bolsas con restos humanos fue localizada en un predio de la colonia Las Agujas, en el municipio de Zapopan, Jalisco. El hallazgo, que comenzó el pasado 26 de febrero, podría corresponder a la fosa más grande descubierta en el país en lo que va del 2025, según reportaron madres buscadoras en la entidad.

El descubrimiento se dio cuando trabajadores que operaban maquinaria pesada en la zona encontraron una bolsa con restos humanos, lo que llevó a la intervención de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que desde entonces mantienen labores de recuperación e identificación en el lugar.

Hasta ahora, las autoridades han logrado identificar a 17 de las víctimas gracias a la colaboración de familiares, quienes reconocieron características físicas y objetos personales de sus seres queridos. Las tareas continúan con el uso de herramientas especializadas como georradares, binomios caninos y equipos de detección subterránea.

Jalisco sigue siendo el estado con mayor número de personas desaparecidas en México, con más de 15 mil 380 casos registrados, de acuerdo con datos oficiales. El hallazgo en Las Agujas se suma a una larga lista de sitios de exterminio en la entidad, evidenciando la crisis forense y la inacción estatal frente a la emergencia humanitaria.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Organizaciones rechazan paquete legislativo que legaliza vigilancia del Estado

Diversas organizaciones rechazaron el paquete legislativo aprobado el 24 y 25 de junio por la Cámara de Diputados, que amplía las facultades de vigilancia del Estado mexicano sin controles ni transparencia.

Las reformas permiten a las Fuerzas Armadas y al Centro Nacional de Inteligencia acceder a datos personales, geolocalización y bases de datos públicas y privadas sin autorización judicial ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Las organizaciones advierten que estas medidas consolidan un sistema de monitoreo estatal que vulnera derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.

En su posicionamiento, las organizaciones hicieron un llamado urgente al Senado de la República y al Congreso en su conjunto a frenar el avance de estas reformas, que calificaron como una amenaza directa al Estado democrático de derecho.

COMUNICADO:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

No hay censura ni espionaje en Ley de Telecomunicaciones, aseguran Sheinbaum y Merino

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la narrativa de críticas y señalamientos contra la Ley de Telecomunicaciones "es parte de la hipocresía y del engaño" que caracterizan a la oposición.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aseguró este martes que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones no implica ni espionaje ni censura por parte del Gobierno federal, y que los artículos cuestionados ya existían en la Ley vigente desde 2014, aprobada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“El Gobierno ni espía ni censura”, dijo durante la conferencia de prensa matutina, donde explicó que el artículo 183 del dictamen actual es igual, en su redacción, al de la Ley vigente. Dicho artículo establece que los operadores de telecomunicaciones están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que marcan las leyes.
Merino detalló que ni este artículo ni el 190 de la Ley actual contemplan acceso directo del órgano regulador a la información, sino que remiten a lo dispuesto en otras leyes. En particular, al hablar de otras leyes, se refiere al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no ha sido reformado desde 2016, el cual regula los mecanismos para solicitar la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados por concesionarios de telecomunicaciones.


El funcionario federal leyó el artículo, el cual refiere que el Ministerio Público puede solicitar a un juez de control, por cualquier medio, que requiera dicha información a los concesionarios cuando se trate de hechos bajo investigación. Además, especifica que los datos que no constituyan medio de prueba serán destruidos.

“Lo que hace la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a los operadores que deben colaborar en los términos del Código de Procedimientos Penales, que establece con claridad la necesidad de solicitar a un juez de control la autorización para estos mecanismos”, explicó.

Respecto al tema de la censura, Merino dijo que las críticas al dictamen se basan en un malentendido sobre los derechos de las audiencias. Recordó que estos derechos están previstos en el artículo 6º constitucional y que el dictamen actual los restituye, tal como estaban contemplados en la ley de 2014.

Además, el titular de de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones aclaró que el procedimiento inicia únicamente cuando una audiencia presenta una queja ante el defensor de audiencias del medio correspondiente. A partir de ahí, y sólo si procede, la autoridad puede emitir un apercibimiento para que el medio se apegue a dichos derechos, los cuales incluyen contenidos diversos, no discriminación, igualdad de género, distinción entre publicidad y contenido, y programación infantil.

“Es decir, no hay ningún acto de censura por parte de la autoridad”, dijo.

Finalmente, el funcionario desmintió que la plataforma Llave MX permita la suplantación de identidad. “Al día de hoy, Llave MX no permite suplantar la identidad de nadie”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la versiones, las críticas hacia la reforma a la Ley de Telecomunicación, con respecto a que dicen que se espía, es parte de la narrativa de la oposición que actúa con “hipocresía y del engaño”.

“Dicen que la Ley de Telecomunicaciones le llaman ahora la 'Ley Espía'. Es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la Ley. No se modificó nada. Que es a solicitud de un Juez poder tener información de un teléfono. Que eso existe ahora y existe desde que se aprobó la Ley en su momento”, dijo la mandataria.

Sheinbaum coincidió con Merino al destacar que con la reforma no cambia nada de la Ley anterior a esta, pero que la oposición insiste en que su Gobierno lo está espiando.
“ ¿cómo vamos a espiar? Primero, ni el interés hay. Es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país, y que en caso de temas de seguridad pueda haber información de las empresas telefónicas, igual que estaba antes”, dijo.

Y añadió: “Nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente de va a ir con la finta. Pues no. Hay que informar. Nada cambió en la Ley de lo que ellos argumentan que ahora el Gobierno va a espiar a personas. No. No cambió nada, absolutamente nada en esa Ley que tuviera que ver con algún espionaje. Nada”.

Con respecto a los señalamientos de presunta censura en esa ley, reclamó que no se reconozca que las derechos tienen derechos:

“ las audiencias tienen derechos. ¿Quiénes son las audiencias? Todos nosotros que escuchamos la radio, la televisión, y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira o que no debería de haber salido, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora o radio, y ellos tienen la obligación de aceptar ese reclamo. Eso dicen que es censura. ¿Cómo va a ser censura que los que escuchamos o los que escuchan la radio y la televisión ahora sí tengan derechos de reclamar?”, dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.