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Tres jóvenes fueron de vacaciones a Mazatlán y desaparecieron; “ya no somos libres de conocer el país”, lamenta madre de víctima

Los jóvenes José Isaías, Enrique y Santiago desaparecieron en el municipio de Concordia, Sinaloa, cuando regresaban de un fin de semana de vacaciones en Mazatlán. Sus familias los buscan desde San Juan del Río, Querétaro, de donde son originarios.

“Nosotros aquí los estábamos esperando, pero ya no llegaron”, dice la señora Maritza, madre de José Isaías García, quien lleva dos meses y 11 días sin regresar a su casa en San Juan del Río, Querétaro. Un viaje de celebración a Mazatlán, Sinaloa, se convirtió en el inicio de semanas de incertidumbre para los familiares de tres jóvenes queretanos que ahora están desaparecidos.

José Isaías, de 23 años de edad, salió de viaje al destino turístico con sus amigos, los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez, para festejar su cumpleaños. Como ya había visitado el estado norteño en otras ocasiones, estaba emocionado por pasar un fin de semana en la playa.

“Ellos ya venían de regreso de sus vacaciones”, comparte Maritza en entrevista. “Venían por Concordia, Sinaloa, y se pierde la señal de comunicación con ellos, ellos ya venían rumbo al estado de Querétaro”.

Las familias de Isaías, Santiago y Enrique estaban pendientes de su trayecto a través de GPS, pero alrededor de las 18 horas, cuando atravesaban el área de Concordia, a menos de 50 kilómetros de distancia de Mazatlán, perdieron la señal y no volvieron a tener noticias de los muchachos.


Violencia asedia Sinaloa

Al día siguiente, aún sin información sobre los tres amigos, la señora Maritza y los familiares de Santiago y Enrique se dirigieron a una oficina del Ministerio Público en San Juan del Río para levantar una denuncia por la desaparición de su hijo y sus compañeros.

“Nos indicaron los pasos a seguir, y se ha tenido el apoyo del gobierno del estado (de Querétaro)”, relata. “Para podernos dar el enlace de todas las personas, como la Comisión de Búsqueda para llevar precisamente la búsqueda de los muchachos, y hacer la coordinación con el estado de Sinaloa”.

Las autoridades emitieron las fichas de búsqueda para Isaías, Santiago y Enrique, quienes viajaban en una camioneta gris marca Toyota. Por parte del gobierno sinaloense, ofrecieron a las familias apoyo para trasladarse al norte del país para participar en acciones de búsqueda, pero dada la situación de violencia que atraviesa el estado, consideraron más seguro hacerla a la distancia por el momento.


Desde septiembre de 2024, una ola de violencia azota la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, que paralizó a la población y provocó la suspensión de actividades en escuelas y comercios. Los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, Los Mayos y Los Chapos, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, se han expandido a las comunidades aledañas, mientras que los asesinatos, enfrentamientos armados y desaparición de personas ha incrementado en los últimos meses.

Entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, la entidad registró oficialmente mil 333 hombres y mujeres desaparecidos, un promedio de 5 personas diarias durante esos nueve meses.

“Nos han dicho que nosotros tenemos derecho de ir, estamos en toda la libertad de nosotros ir igual al campo, pero ahorita igual como familia vemos que por seguridad es peligroso el traslado, y ellos mismos nos dicen que ahorita sí está un poco peligroso para ir. Por eso nos están apoyando a través de comunicación vía celular, para darnos información del avance”.


“Son parte de nuestra familia”: mamá de jóven desaparecido en Sinaloa

La señora Maritza lleva presente a Isaías, Santiago y Enrique como parte de su familia, pues si bien los últimos dos jóvenes no llevan su sangre, tuvieron múltiples convivencias juntos.

“Son buenos hijos, son buenos amigos y buenos nietos”, dice. “Son parte de nuestra familia y se fueron (de vacaciones) con la confianza y la felicidad de ir a festejar y pasársela un fin de semana en Sinaloa con Isaías”.


A la fecha, no hay avances en la investigación sobre su paradero, por lo que la mamá de Isaías hace un llamado a la ciudadanía a compartir sus fichas de búsqueda y apoyar con cualquier información que pueda ayudar a que los jóvenes regresen a casa.

“Tenemos mucha fe en que pronto ellos puedan regresar con bien. Hay dos familias muy dañadas ante esta situación y esta violencia que se ve sobre nuestro país, porque ya no somos libres de conocer nuestro país, y es muy preocupante”, remarca Maritza.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Eliminar la prisión automática y el arraigo: las últimas batallas de la actual Suprema Corte

Pese a que la Presidencia solicitó a la Corte abstenerse de pronunciarse sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, el pleno del Máximo Tribunal se perfila para discutir dos asuntos que podrían derivar en la eliminación o restricción de dichas figuras, señaladas como contrarias a los derechos humanos.

Antes de que entren en septiembre las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electos tras las elecciones judiciales, el Máximo Tribunal del país perfila discutir dos asuntos que podrían eliminar o limitar las figuras de prisión preventiva oficiosa y el arraigo, pese a que la Presidencia del país solicitó que se abstuvieran de pronunciarse al respecto.

Se trata de la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso García Rodríguez vs México, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al país al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo; así como una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la prisión automática. Asuntos que están en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, respectivamente. 

La discusión de ambos asuntos llegará en un contexto político muy difícil para la Suprema Corte, no sólo porque la mayoría de sus integrantes serán reemplazados por ministras y ministros nuevos que llegarán después de la elección judicial del pasado 1 de junio, sino porque llega después de la aprobación de otras reformas constitucionales que ampliaron la lista de delitos que ameritan el uso de la llamada prisión automática y la eliminaron la facultad que podía tener la Corte para revisar reformas constitucionales.

En otras palabras, las decisiones que tome la Corte en las próximas semanas podrían colocar a México en riesgo de incurrir en responsabilidad internacional, al incumplir una sentencia de un organismo internacional. Esto podría derivar en consecuencias jurídicas para el Estado mexicano, o bien, en la eliminación de una figura legal que permite a las autoridades mantener en prisión a personas sin necesidad de justificar su encarcelamiento ante un juez.

Corte perfila analizar sentencia de la CoIDH contra México por uso de la prisión automática

En primer lugar, antes de que acabe su periodo, la Suprema Corte perfila abordar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que condenó a México al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso, precisamente, de la prisión preventiva oficiosa.

En su resolución por el caso García Rodríguez vs México, emitida en abril de 2023, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano reformar la Constitución para que la prisión preventiva sea justificada, con valoración judicial, y no aplicada de forma automática.  

Así como lo señaló Simón Hernández León, defensor de derechos humanos, la Suprema Corte estará en la disyuntiva entre defender los derechos fundamentales y superar su criterio de jerarquía que indica que las restricciones contenidas en la Constitución están sobre las sentencias internacionales o sumarse al desacato de prácticamente la totalidad del Estado mexicano, según un artículo de opinión publicado en el diario El Universal.

Un desacato que se evidenció aún más con la aprobación del llamado “Plan C”, en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de la Unión ampliaron la lista de delitos que ameritan el uso de la llamada prisión preventiva oficiosa y eliminaron la revisión judicial de reformas constitucionales, generando así una “responsabilidad internacional agravada”.


Luego, la presidencia de México solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación abstenerse de revisar los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa, con el argumento de que la decisión debía recaer en las ministras y ministros que fueran electos el 1 de junio.

“Dada la relevancia del criterio que se fijará en dicho expediente y atendiendo a que el 1° de septiembre de 2025 las ministras y ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que retire el proyecto de resolución listado para su estudio, discusión y eventual resolución y que este sea realizado por la integración que derive de las elecciones al Poder Judicial de la Federación”, señala el escrito firmado 26 de mayo de 2025. 

El documento fue enviado luego de que el ministro Jorge Pardo Rebolledo repartió su proyecto de sentencia sobre el expediente 3/2023 -que no es público-, relativo a la recepción de sentencias de tribunales internacionales, en el que propone que se determine la inaplicación del arraigo y de la figura de prisión preventiva oficiosa, atendiendo así la resolución de la CoIDH. 

Por ello, en la presunta responsabilidad internacional agravada estarían implicados tanto gobernadores, la Fiscalía General de la República (FGR) y secretarías de estado como la de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, como la propia Presidencia de la República que envió la carta a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. 

Farjat proponen nuevas reglas para aplicar la prisión automática

Como segundo asunto, la Suprema Corte perfila discutir el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 49/2021, en el que la ministra Ríos Farjat propone que lo establecido en el artículo 19 de la Constitución, respecto a que “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente”, debe interpretarse como una facultad de las personas juzgadoras para ordenar abrir un debate sobre el análisis de la imposición (o no) de esta medida, sin que sea necesario que el Ministerio Público lo solicite. 

En otras palabras, la ministra no propone eliminar la prisión preventiva oficiosa ni la liberación inmediata de personas en prisión, sino que propone un nuevo criterio de interpretación sobre esta figura, en el que que las personas acusadas por uno de los llamados “delitos graves” no sean encarceladas de forma automática, sino que exista una obligación por parte de las autoridades de debatir las razones para dejar a alguien en prisión. 

“Su proyecto de sentencia sobre la prisión preventiva oficiosa no la inaplica, sino que la reinterpreta conforme al marco constitucional y convencional de los derechos humanos […] Quienes sostengan lo contrario, sin más, se colocan del lado del Estado punitivo, no de la justicia ni de la protección de los derechos fundamentales”, señaló el abogado Francisco Burgoa, especialista en derecho constitucional, en publicación en su cuenta de X. 

Originalmente, la CNDH fue la que promovió esta acción de inconstitucionalidad en la que formuló en sus conceptos de invalidez distintos argumentos para evidenciar que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es inconstitucional e inconvencional, por no tener un carácter de “excepcional” y violentar los derechos humanos a la presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso. 

Pero hasta la propia CNDH, que impulsó estas y otras acciones jurídicas a nivel nacional e internacional contra la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, terminó justificando esta medida, alineándose así con el oficialismo.

En su proyecto, la ministra Ríos Farjat establece cuatro lineamientos obligatorios para que al solicitar, analizar y determinar la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, las personas juzgadoras, fiscales, defensoras y asesoras jurídicas, tanto del fuero federal como del fuero local, puedan hacerlo de forma clara, respetuosa de derechos humanos y compatible con los estándares internacionales. 

Primero: que la necesidad de aplicar una medida cautelar como la de prisión preventiva oficiosa debe estar respaldada por datos de prueba. 

Segundo: que la gravedad del delito es relevante, aunque por sí mismos no son suficientes para imponer la prisión de forma “automática”. 

Tercero: que el agente del Ministerio Público puede acreditar o justificar la necesidad de imponer esta figura con base en las pruebas que considere pertinentes, incluyendo evaluaciones de riesgo que hagan las autoridades. 

Cuarto: que en los casos en los que exista una víctima u ofendida es “insoslayable” que deba ser notificada en la audiencia para que pueda manifestar el riesgo que pudiera representar que la persona imputada no sea sujeta a la medida de prisión preventiva. 

“Sentado lo anterior, se concluye que la aplicación de la figura de la prisión preventiva oficiosa no encuentra un soporte argumentativo válido en términos de un margen nacional de apreciación que justifique la forma en que sacrifica los derechos humanos a la presunción de inocencia, la libertad personal, la igualdad ante la ley, así como el desarrollo a un proyecto de vida. 

Esto es así, pues aun cuando es cierto que varios indicadores dan cuenta de que México atraviesa por una importante crisis delictiva, ello no constituye una justificación válida en términos históricos, sociales o de idiosincrasia nacional para restringir esos derechos humanos a través de la imposición de esa medida privativa de la libertad, sin distinción, siempre que se procesen cierto tipo de delitos”, señala el proyecto.


Eliminar la prisión automática, la eterna lucha de la Corte contra el gobierno

La propuesta de la ministra Ríos Farjat y el ministro Pardo Rebolledo también llega en medio de un complicado contexto político y jurídico en México resultado de las reformas constitucionales de 2024, que incluyó la reforma judicial por la que se impuso que jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto popular y no por preparación jurisdiccional. 

A esto se suma el hecho de que la nueva composición de la Suprema Corte, cuyos perfiles fueron 100 % coincidentes con los acordeones difundidos ampliamente por Morena, tiene fuertes afinidades con el oficialismo, incluso varios son funcionarios o exfuncionarios del gobierno morenista.

Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la figura de la prisión preventiva oficiosa frente a la situación de inseguridad que vive el país, con la presencia de grupos de la delincuencia organizada, tal y como lo hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Frente a la situación actual pienso que es correcto que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, eso tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso, entonces esa es la discusión que se presenta ahora y hay quien de la oposición está en contra de ello, pero tampoco plantean otras opciones, entonces es una medida que se toma frente a la situación actual y las condiciones en las que viven nuestro país frente a una situación de grupos de delincuencia organizada”, dijo. 

Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó en octubre de 2021 la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes donde se dio cuenta de que el 70 % de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son personas de escasos recursos.  

Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusadas de delitos menores como pequeños robos o narcomenudeo, son las principales víctimas de esta medida, situación que incluso evidencia el por qué no han bajado los niveles de violencia en el país pese a que hay más detenidos. 

Más aún, la investigación reveló que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021 la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir que son inocentes, pasó de ser de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.

Para aprobar el asunto del ministro Pardo Rebolledo, la Corte necesita apenas 6 votos para reconocer que México desacató la sentencia de la CoIDH, mientras que la acción de inconstitucionalidad de la ministra Farjat necesita de 8 votos a favor. 

El 24 de noviembre de 2022, la Suprema Corte resolvió el último asunto importante sobre la prisión preventiva oficiosa: la acción de inconstitucionalidad 130/2019 bajo la ponencia del ahora ministro en retiro Luis María Aguilar Morales. 

En ella se determinó como inconstitucional la ampliación del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el asunto no cuenta con sentencia al día de hoy, mientras que esta lista fue ampliada una vez más por los Poderes Ejecutivo y Legislativo que ahora pretenden esperar a las y los nuevos ministros para resolver estos asuntos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Hallan con vida a hombre que fue "levantado" en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas

En 2023 fue el año con la mayor concentración de casos de desapariciones en Chiapas, con 304 personas que continúan desaparecidas.

La tarde del pasado lunes 16 de junio, alrededor de las 16.30 horas, hombres armados encapuchados irrumpieron en una cantina de la comunidad Vicente Guerrero, en el municipio de Ocozocoautla, para llevarse por la fuerza a Héctor Zúñiga Trejo; su desaparición ha dejado miedo en el poblado de campesinos que denuncia la presencia de individuos que se pasean con armas en camionetas. 

La comunidad que se encuentra a escasos 15 kilómetros de la ciudad capital, denuncia la presencia y actividad de la delincuencia organizada en la zona; los pobladores señalan que al lugar no ha llegado la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una unidad de élite creada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y desplegada en puntos estratégicos de Chiapas con equipo especializado para enfrentar al crimen organizado.

A seis meses de la llegada a la gubernatura de Ramírez Aguilar, Chiapas registra una disminución significativa de algunos delitos de alto impacto, como los homicidios, las extorsiones y las desapariciones por la Estrategia de Construcción de la Paz; pero ahora más personas se están atreviendo a denunciar, como las madres de cuatro adolescentes de 15 y 16 años de edad, estudiantes de secundaria y preparatoria que se encuentran desaparecidos desde agosto del año pasado en el municipio de Arriaga en la región de la costa.

Diez meses después, las familias de Yuritzi Pérez Fericano, de 16 años edad; Martín Gustavo Ramos Cruz, de 15 años de edad; Ángel Fabrizio Santiago Torales, de 15 años; y Emmanuel Alemán Camacho, de 16 años, pedirán en una peregrinación que ha convocado la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la intervención de las autoridades.

Las familias de los jóvenes, a los que consideran “educados, estudiosos y trabajadores”, se movilizarán diez meses después de su desaparición forzada; aseguran que funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas los mantuvieron atemorizados, para que no publicaran nada en redes sociales sobre la desaparición, porque entonces los secuestradores se podrían enojar y no devolverlos con vida.

La Fiscalía no te busca

La desaparición forzada el pasado lunes de Héctor Zúñiga Trejo en el municipio de Ocozocoautla generó entre los habitantes una profunda preocupación, ya que cuentan, hace meses entraron al caserío cinco camionetas, los muchachos que estaban platicando en una banqueta les hicieron bulla, los hombres regresaron, los golpearon y les advirtieron que no se pasaran de valientes. 

Héctor, de 29 años, dedicado a la compra y venta de ganado, relata su hermana Iris, fue la mañana del lunes a entregar en la camioneta de su padre unas vacas al rastro municipal, y de regreso se fue con sus amigos a tomar unas cervezas, pero como siempre lo hacía, avisó en el chat de la familia donde se encontraba, incluso envió una foto. 
“La última conexión que tuvimos con él fue a las 4 de la tarde, de ahí vimos que no le llegaban los mensajes, por lo que mi papá fue a buscarlo; en la cantina quedó la camioneta abandonada con los cristales abajo, en el establecimiento no había nadie, cuando le preguntamos a sus amigos y al cantinero dijeron que no sabían nada y que no vieron nada”. 
Héctor, narra su hermana, fue llevado junto con otro amigo, pero a él lo regresaron al siguiente día todo golpeado, “está en shock, dice que fue vendado. Lo fueron a tirar en la colonia”.

La familia de Héctor denunció su desaparición ante el ministerio público de Ocozocoautla; Iris comenta que ella preguntó que seguía después de la denuncia, le dijeron: “Vamos a darle difusión y cuando tengamos algo, les hablamos”. Iris dice que pidió que se rastreara el celular de su hermano, pero le dijeron que no se podía porque estaba apagado. 

Saldrán a marchar por las desapariciones en Arriaga

En la ciudad de Arriaga, un municipio colindante con el estado de Oaxaca, los pobladores saldrán el próximo domingo 22 de junio en una marcha peregrinación para demandar el regreso con vida de los cuatro adolescentes y de los demás desaparecidos.  

En esa localidad, los habitantes relatan otras desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que se dio como parte de la lucha entre las organizaciones criminales que desde 2020 se mantuvieron enfrentadas por la lucha del control de territorio.
“Amigos y familia, quien guste apoyarme con su valiosa presencia este 22 de junio, a las 05:00 horas saliendo del Calvario, procesión de las antorchas, con faroles y velas, con ropa blanca y si gustas foto”, dice la convocatoria que se ha lanzado para que se usan los parientes de otros desaparecidos en Arriaga.
Las madres de los cuatro jóvenes desparecidos, señalan que, hasta ahora, la única información que tienen sobre la desaparición de sus hijos, son las fichas que emitió la Fiscalía General del Estado, pero diez meses después, los secuestradores no les han enviado mensajes.

Las mujeres están convencidas de que sus hijos puedan regresan a casa y puedan continuar con sus estudios, porque soñaban con ir a la universidad y servir a la comunidad como médicos, ingenieros y maestros.

Las desapariciones

La crisis de desapariciones en Chiapas, es un fenómeno complejo y doloroso, gran parte está ligada a la confrontación de grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio, si bien, el delito disminuyó, las desapariciones es una realidad persistente y preocupante, que no solo no desaparece, sino que en algunas zonas y en ciertos segmentos de la población, muestra un recrudecimiento, afirman organizaciones de la sociedad civil. 

En 2023 fue el año con la mayor concentración de casos de desapariciones en Chiapas, con 304 personas que continúan desaparecidas. 

En 2024 las desapariciones forzadas se incrementaron entre los meses de enero y octubre, se duplicaron las cifras de jóvenes y niñeces desaparecidas, con 208 casos activos solo en ese periodo, lo que representa un disparo del 90 por ciento en denuncias vigentes en comparación con 2023, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

No se protegerá a nadie por caso de “mini refinería” clandestina, advierte Sheinbaum

"Nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible ilegal”, incluso si las investigaciones puedan alcanzar a funcionarios de Pemex, dijo la presidenta.

Ante el hallazgo de una “mini refinería” clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que su gobierno no protegerá “a nadie” y que la investigación se hará “tope donde tope”, incluso si en ella participaban funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

El pasado miércoles 18, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que autoridades federales encontraron y desmantelaron un inmueble donde se fabricaba diésel artesanal, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, y que se recuperaron 500 mil litros de crudo; sin embargo, ninguna persona fue detenida.

Cuestionada este viernes sobre ese hecho y si las investigaciones podrían alcanzar a funcionarios de Pemex, la mandataria federal afirmó:  
“Nosotros no vamos a proteger a nadie, número uno. Ahora, las investigaciones, pues hay que tener su, no se pude dar más información porque justamente están bajo investigación, pero nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible ilegal”. 
Luego del trastabilleo, la prensa le preguntó si en la operación de esta mini refinería podrían estar involucrados funcionarios especializados de Pemex, debido al conocimiento técnico requerido para cometer ese tipo de huachicol.

Ella respondió: “En particular ayer en este lugar, digamos, para hacer una refinería de este tipo requieres ingenieros químicos esencialmente, pueden trabajar en Pemex o no. Entonces, ya la investigación nos va a dar, pero que sepan pues que se está haciendo la investigación y tope donde tope”. 

Sheinbaum Pardo fue cuestionada en el sentido de que las autoridades de seguridad dan este tipo de golpes al crimen organizado, pero sin detener a nadie. Entonces, argumentó que su gobierno trabaja con la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir la red de delincuencia organizada vinculada con prácticas de huachicol o robo de combustible. 

“Hay prácticas que tienen que ver con combustible importado que se han puesto muchos controles, combustible que se importaba con otros permisos, por ejemplo, llegaba diésel y se decía que era nafta y se decía que tenía cierto tipo de permiso”, explicó. 

La mandataria federal destacó que también se ha puesto “muchos controles” con las aduanas y se emitieron reglas para que no haya ciertos permisos temporales, que en algún momento se otorgaban. 

Y aunque dijo que no tiene información de si esa actividad ilícita se hacía en años anteriores, desde que inició su administración “se están poniendo controles en las aduanas y también en combustibles que pudieran venir de otros orígenes, petróleo crudo, en fin, tras redes de posible corrupción que pudiera haber en algunas áreas”. 

La morenista aseguró que se realiza una investigación “muy profunda” sobre este delito, además del trabajo “muy intensivo” de la Guardia Nacional (GN), la SSPC y las aduanas “para poder incautar todos los almacenamientos y transporte de combustible ilegal y se está haciendo todas las investigaciones para llegar al fondo de las distintas redes que se dedican a este delito”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.