Por: Draco Draculon lunes, julio 21, 2025/Comentarios: 0Aranceles,
Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló, el 21 de julio de 2025, que su Gobierno analizaba la posibilidad de imponer sanciones a Estados Unidos, por la importación de carne de pollo y cerdo, en respuesta a la cuota compensatoria impuesta al jitomate mexicano.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionada respecto a los procesos pendientes de dumping, en contra de ciertos productos de EE. UU.
“Tanto usted, como el secretario de Agricultura [Julio Antonio Berdegué Sacristán] advirtieron que también México tenía procesos por dumping contra Estados Unidos”, le planteó un reportero. “Sí, también los estamos revisando, los procesos”, dijo la mandataria nacional.
“Porque advertían que había un perjuicio contra el mercado en cuanto al pollo y las piernas de cerdo, ¿sí se están analizando estas sanciones?”, le insistió el periodista. “Sí, todo se está analizando, sí”, respondió Sheinbaum Pardo, quien manifestó que su Gobierno no pretendía confrontarse con el encabezado por su homólogo Donald Trump, pero sí pedía respeto para México.
“Obviamente, nosotros no queremos entrar en ninguna con el Gobierno de Estados Unidos, no le conviene a nadie, tenemos que ser responsables en eso; también, queremos que ellos respeten a México”, expresó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Sheinbaum Pardo informó que esta semana se presentarían las medidas para respaldar a los productores de jitomate que se pudieran ver afectados con la imposición de una cuota compensatoria del 17.09 por ciento en Estados Unidos.
“Hay que dar otras opciones, sobre todo para los pequeños productores, de que puedan procesar el jitomate en México y también tener mercado interno”, agregó la presidenta, quien afirmó, el 15 de julio de 2025, que seguiría peleando contra la decisión del Gobierno de Estados Unidos, de retirarse del acuerdo al que se llegó en 2019 y con el cual se suspendía la investigación contra México por considerar que había incurrido en prácticas desleales en la comercialización del tomate, producto al que aplicó un arancel de 17.09 por ciento, según informó, el día 14 del mismo mes y año, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por su siglas en inglés).
Empresas filiales de Grupo Azvi, que forma parte de la presunta trama de corrupción en España llamada caso Koldo, duplicaron sus ganancias en el país durante el sexenio de AMLO, luego de que los implicados viajaron a México en 2019 para obtener contratos del Tren Maya.
Empresas filiales a Grupo Azvi, acusada de entregar sobornos en España a cambio de contratos de obra pública en la trama conocida como caso Koldo, consiguieron 58 mil millones de pesos en total por contratos en México, tras la reunión de intermediarios con el entonces secretario de Infraestructura, Javier Jiménez Espriú, y el expresidente del Senado, Ricardo Monreal, en febrero de 2019.
Se trató de ocho contratos realizados entre 2019 y 2023 en las construcciones emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum –como jefa de gobierno de la Ciudad de México– como el Tren Maya, el Trolebús elevado de Iztapalapa y el Tren Interoceánico, como demuestran documentos oficiales obtenidos por Animal Político.
Gracias a estos contratos, Grupo Azvi aumentó en 262 % sus ganancias en México. Sólo de estos contratos consiguió 58 mil 390 millones de pesos. En contraste, con los ocho proyectos de infraestructura que hizo en México desde 2011, como parques eólicos y carreteras en Michoacán, obtuvo 809 millones de euros, alrededor de 16 mil millones de pesos, según informó en su página oficial. Es decir, su mayor bonanza vino con el gobierno de la autonombrada “cuarta transformación”.
En 2019, Construcciones Urales –perteneciente a Grupo Azvi– recibió el primer contrato del sexenio por 1 mil 100 millones de pesos. Fue entregado por la Secretaría de Marina (Semar) por la reparación de vías para el Tren Interoceánico, la obra de infraestructura más ambiciosa para el transporte de mercancías y desarrollo económico iniciada por el expresidente López Obrador. Esto, en participación conjunta con Consorcio Ferroviario FIT, S. A de C. V. y Regiomontana de Construcciones y Servicios, S.A.P.I de C.V.
Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Construcciones Urales, S. A. de C. V., y Construcciones Urales Procesos Industriales, S. A. de C. V., ambas de Azvi, obtuvieron cinco contratos por 1 mil 219 millones de pesos por la construcción de un tramo en el Trolebús elevado de Iztapalapa; dos de ellos por adjudicación directa y uno más por invitación a tres participantes.
Esta es una de las obras estrella en materia de movilidad para Sheinbaum. En 2022 se inauguró el primer tramo, cuando ella era aún Jefa de Gobierno de CDMX, y el segundo tramo se estrenó en mayo de 2025, ya como presidenta de México. Aunque la construcción del primer tramo arrancó con un retraso de dos años. “Es una obra innovadora, no hay ninguna obra como esa en ningún lugar del mundo; es un segundo piso donde no van vehículos, van trolebuses. Además es muy rápida, porque en vez de hora y media, el recorrido va a ser de 40 minutos”, dijo la presidenta.
Sin embargo, la obra no ha mejorado del todo el traslado para los habitantes del oriente del Estado de México, porque las unidades deben salirse de la zona confinada y circular por calles de Valle de Chalco y Chalco.
El periódico Reforma reveló que una de las obras involucradas en el caso Koldo fue el Tren Maya, mediante un contrato adjudicado a Construcciones Urales por 10 mil millones de pesos para el Tramo 3, cuyo costo final se duplicó.
Sin embargo, no fue el único. Animal Político revela ahora que en 2021, las dos empresas filiales de Azvi ganaron otro contrato por 36 mil millones de pesos, en consorcio con las empresas Bombardier Transportation México, S. A. de C. V., Alstom Transport México, Gami Ingeniería e Instalaciones.
El contrato PTM-12/2021, del 25 de mayo de 2020, detalla que se trató de la adquisición de material rodante (vagones) para el Tren Maya. Los servicios incluyeron “sistemas ferroviarios, material rodante, talleres, cocheras y puestos de control”.
Justamente en este tramo, construido por el consorcio, se registró el primer incidente al poco tiempo de que el Tren Maya inició operaciones. Hubo un descarrilamiento del cuarto vagón del tren D006 en la cercanía de la estación Tixkokob, Yucatán, en marzo de 2024.
De acuerdo con declaraciones judiciales de uno de los implicados, intermediarios y representantes del gobierno español, a través de su empresa estatal INDECO, habrían preparado el camino desde 2019 para beneficiar a compañías españolas en el Tren Maya, obra emblemática de López Obrador. Esta es la trama.
La presunta trama de corrupción
Azvi forma parte de la presunta trama de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, y por el que hay una investigación judicial en marcha. En ella están involucrados José Luis Ábalos, exministro de Transporte, su asesor y presunto operador del mandatario español, Koldo García, y el empresario Víctor Aldama.
Durante el desahogo del caso, el empresario Aldama ha hecho declaraciones judiciales en las que reconoció haber recibido sobornos a cambio de su intermediación para conseguir contratos de obra pública en España, y aseguró haber mediado para conseguir contratos del Tren Maya en México.
En su declaración de noviembre de 2024, Aldama explicó que él, Ábalos y García viajaron a México en febrero de 2019 para buscar contratos del Tren Maya. “Era un contrato muy importante y había muchas empresas españolas interesadas en entrar. Él (Koldo García) sabía de mis conocimientos y de mi llegada al gobierno de México y los contratos que tenía en México y me pide que le pueda echar una mano”.
En el video de la declaración completa publicada por el medio El Español, Aldama narra que Ábalos, el ministro de Transporte, tuvo reuniones con su homólogo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el entonces presidente del Senado, Ricardo Monreal.
Tras ese encuentro, vinieron otros que derivaron en acuerdos oficiales, incluso. “Luego se tuvieron reuniones para que toda la tecnificación y estudios de lo que pudiera ser del Tren Maya, hubiera un convenio de colaboración bilateral, e INECO (empresa estatal española) de alguna manera se lo proporcionara a México. (…) Estábamos hablando de 22 millones de euros”.
Efectivamente, INECO informó el 18 de diciembre de 2020 haber recibido un contrato por adjudicación directa para ser el ‘operador sombra’ de FONATUR durante tres años. Las actividades consistieron en “revisar la implementación del proyecto, prestando apoyo durante el periodo de construcción y como responsable de la definición de los requisitos de la operación y de las labores de mantenimiento”.
El objetivo de esta colaboración era que “el gobierno de España le proporcionara al gobierno de México, para darle más viabilidad a las empresas españolas para poder licitar y que tuvieran mayor puntuación”, agregó Aldama en su declaración.
El empresario también manifestó que las constructoras españolas le entregaban las ‘comisiones’ por haber mediado en la adjudicación de obras, y que luego las repartía con Ábalos y Koldo García.
En enero pasado, Grupo Azvi envió una carta al juez del caso para que sea considerada como perjudicada en el procedimiento y se le concediera “licencia a los efectos de presentar querella criminal” contra el Aldama. Porque, aseguró, esas declaraciones se refieren a hechos “completamente inciertos”, según dio a conocer el medio El Periódico.
La investigación judicial en España comenzó en 2022 por los contratos de adquisición de equipo de protección sanitaria durante la pandemia de Covid-19 y otorgados de manera directa para beneficiar a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. En la trama habrían participado Ábalos y Koldo García, entre otros.
Los contratos en México y el caso Koldo
Documentos oficiales confirman que las filiales de Grupo Azvi tuvieron mayor bonanza con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de 2019, el año en qué Aldama y la delegación española viajaron a México para encontrarse con funcionarios, comenzaron los multimillonarios contratos.
El primer contrato fue obtenido en participación conjunta del Consorcio Ferroviario FIT, S. A. de C. V., Construcciones Urales, S.A de C.V y Regiomontana de Construcciones y Servicios, S.A.P.I de C. V., por 1 mil 103 millones de pesos, para “la correción de 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z”.
Lo anterior según información publicada por la Semar en sus informes de avance y resultados del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
El segundo contrato fue por el Tren Maya, en participación conjunta de Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V., Construcciones Urales, S. A. de C. V. y Azvi, S. A. U., estas dos últimas pertenecientes a Azvi.
Fue firmado el 25 de mayo de 2020 para la construcción del Tramo 3 del Tren Maya, por 10 mil 192 millones. Sin embargo, el último registro de pago por este contrato ascendió a 19 mil 503 millones de pesos, según respondió Fonatur-Tren Maya a la solicitud 00027 del medio QRAgenda.
El tercer contrato fue por la adquisición de vagones para el Tren Maya y fue firmado en junio de 2021. De acuerdo al documento, el pago ascendió a 36 mil 563 millones de pesos. Este fue un proceso que se extendió por seis meses.
Aunque la licitación se lanzó por primera vez el 24 de noviembre de 2020, las juntas de aclaraciones (donde los posibles participantes exponen sus dudas del concurso) fueron diferidas varias veces, “derivado de la complejidad de las solicitudes de aclaraciones recibidas”.
Finalmente, las juntas de aclaraciones se cerraron 19 de marzo de 2021, y hasta el 26 de mayo de 2021 se dio el fallo del consorcio ganador, integrado por Construcciones Urales, S. A. de C. V., y Construcciones Urales Procesos Industriales, S. A. de C. V., Bombardier Transportation México, S. A. de C. V., Alstom Transport México, Gami Ingeniería e Instalaciones.
Los contratos por el Trolebús elevado comenzaron en octubre de 2020. El número DGOT-LPN-L-1-016-2020 fue por la primera fase de la obra. La Secretaría de Obras de la Ciudad de México pagó 382 millones de pesos a las empresas Gami Ingeniería e Instalaciones y Construcciones Urales.
Los siguientes tres contratos, para la misma obra, ocurrieron en 2023. El contrato DGOT-IR-L-1-004-2023 del 4 de enero fue por la instalación de fibra óptica y obras complementarias, por las que el gobierno de la Ciudad de México pagó 10 millones de pesos.
El 15 de enero de 2023, Construcciones Urales Procesos Industriales ganó la adjudicación directa para las obras de electromecánica, según consta en el contrato número DGOT-AD-L-1-005-2023, por 29 millones de pesos.
El último contrato ocurrió en octubre de 2023 para la “Continuidad (2da etapa) de la obra electromecánica del proyecto integral para la construcción del sistema de transporte eléctrico (trolebús), sobre calzada Ermita Iztapalapa (eje 8 sur) y obras complementarias”.
Según el documento número DGOT-AD-L-1-022-2023, el monto ascendió a 97 millones de pesos.
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado dijo que decidió nombrar a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco porque lo conocía desde años atrás y era una gente de trayectoria.
El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sostuvo que nunca sospechó de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, prófugo de la justicia por sus presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el senador descartó la posibilidad de que deje su cargo por este caso.
“La verdad no sospeché, si hubiese sospechado de él pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Nos veíamos todos los días, porque acudíamos a la mesa de seguridad y ahí se presentaba él y las demás autoridades”, comentó el morenista.
Dijo que conoce a Bermúdez Requena desde hace muchos años y recordó que cuando comenzó su gobierno en Tabasco, el 1 de enero de 2019, el responsable de Seguridad era el secretario del sexenio anterior, Jorge Aguirre, pero como no hubo reducción de incidencia delictiva propuso al exfiscal Mario Martínez, quien renunció tras seis meses en el cargo.
Luego puso a Hernán Bermúdez, quien ahora es buscado internacionalmente al ser señalado de fundar el grupo criminal en la entidad conocido como La Barredora.
“Yo decidí nombrar a Hernán Bermúdez, quien trabajaba en la Fiscalía General del Estado. El fiscal Jaime Lastra lo había invitado a ser director de la policía de investigación o un cargo así; yo conozco a Bermúdez desde hace muchos años. Es un policía de trayectoria en Tabasco. Lo conocí cuando yo era subsecretario de gobierno y él empezó como director operativo de Seguridad Pública, director de Operaciones y después fue el director general de Seguridad Pública, en esa época no existía la Secretaría y ahí en los siguientes gobiernos en Tabasco con Roberto Madrazo ocupó algún encargo, creo que como director de Prevención Social, con Manuel Andrade, incluso fue subsecretario de Readaptación Social, era una gente de trayectoria ahí en Tabasco”, detalló.
Adán Augusto reitera que está a disposición de las autoridades
Respecto al grupo criminal La Barredora, el exsecretario destacó que durante su sexenio como gobernador nunca escuchó ese nombre y la primera vez que lo hizo fue tras las primeras filtraciones de Guacamaya Leaks.
“Nunca escuché. Lo escuché, la primera ocasión, a través de las primeras filtraciones de un supuesto hackeo de Guacamaya Leaks, del grupo criminal La Barredora. La primera ocasión que escuché hablar de ello fue cuando yo estaba en la CDMX como secretario de Gobernación”, dijo.
En la entrevista, el senador reiteró que estar a disposición de las autoridades de la fiscalía para declarar sobre el caso.
Adán Augusto dice que sabe de la orden de aprehensión contra su exsecretario de Seguridad, pero prefiere no prejuzgar y esperará a que las autoridades deslinden responsabilidades.
Asimismo, López Hernández descartó la posibilidad de que deje la coordinación de la bancada de Morena:
“Voy a seguir trabajando en esto, e intentando contribuir, como lo he hecho a lo largo de muchísimos años, a que este movimiento continúe consolidándose”, aseguró.
Kelvin “N”, presunto feminicida de Karla, fue detenido tras un cateo en Tonalá: no aparece el rifle AR-15.
Elizabeth Canales, vicefiscal en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, dijo que Kelvin “N”, presunto feminicida de Karla, fue detenido tras un cateo en Tonalá y que el arma homicida, un rifle AR-15, no ha sido localizada.
Cabe mencionar que el primer nombre que se manejó del presunto agresor era “Kevin”, pero la funcionaria aclaró que es “Kelvin”.
“Se llevaron a cabo diversas investigaciones al asunto; dentro de la carpeta de investigación, en coordinación con los tres niveles de gobierno; posteriormente se tuvo el conocimiento para llevar a cabo la solicitud de orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional; el juez ante el Ministerio Público que realizó la petición y se hicieron diversos operativos, terminaron varios cateos”, expresó frente a medios comunicación.
“El último fue en Loma Dorada en Tonalá, y ahí se llevó a cabo, se logró la detención de Kelvin respecto al feminicidio que se tiene en investigación”, agregó.
Mencionó que se realizará el traslado al órgano jurisdiccional para establecer la hora. La captura se llevó a cabo en un inmueble “casa habitación”, sin que se haya encontrado el arma. Confirmó que el imputado es mecánico y tiene aproximadamente 24 años.
Elizabeth Canales, viscefiscal en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, dijo que Kelvin ‘N’, presunto feminicida de Karla, fue detenido tras un cateo en Tonalá y que el arma no ha sido localizada.
El feminicidio de Karla Bañuelos, ocurrido la madrugada del sábado 12 de julio de 2025 en la colonia Balcones de Oblatos, Guadalajara, ha generado una profunda indignación en Jalisco y en todo el país. La joven, de 28 años, fue asesinada presuntamente por su expareja, quien le disparó con un rifle AR-15 tras una discusión.
Testimonios compartidos en redes sociales describen que, momentos antes del ataque, Karla golpeó el vehículo del agresor con una escoba y le gritó: “¡Saca tu puto R!”, en referencia al arma. En un acto brutal, el hombre le disparó a quemarropa, terminando con su vida en el mismo domicilio donde ocurrió la confrontación.
Tras varios días de investigaciones y labores de inteligencia, el 14 de julio las autoridades localizaron el vehículo del presunto agresor, una camioneta SUV Chevrolet Equinox blanca con placas de Chihuahua, en la colonia Hacienda Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga. La localización del automóvil fue considerada una pieza clave en la integración de la carpeta de investigación.
Finalmente, el 21 de julio, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que Kelvin “N” fue detenido como presunto responsable del crimen. La noticia fue difundida a través de su cuenta oficial en X, donde reiteró que “en Jalisco el que la hace la paga”. Se espera que la Secretaría de Seguridad del estado y la Fiscalía brinden más detalles sobre la aprehensión, así como sobre el proceso judicial que enfrentará el acusado por este crimen que ha conmocionado a la sociedad jalisciense.
Las autoridades mexicanas extraditaron el día 21 de julio de 2025 a Jesús Leobardo Garibaldi López, alias “Compa Chuy”, a Estados Unidos para enfrentar cargos derivados de delitos contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó, a través de un comunicado, que la entrega de Garibaldi López ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez, donde agentes estadounidenses lo custodiaron durante su traslado a Arizona.
Según la institución de procuración de justicia, el acusado era líder de un grupo dedicado al tráfico de drogas, responsable de la distribución de importantes volúmenes de marihuana en Estados Unidos y de coordinar el traslado de las ganancias ilícitas hacia México.
“Jesús ‘G’ era el líder de una organización de tráfico de droga, responsable del contrabando y distribución de grandes cantidades de marihuana en territorio estadounidense, además de coordinar el transporte de las ganancias de dichas actividades ilícitas de los Estados Unidos a México”, detalló la FGR.
Garibaldi López era requerido por la justicia estadounidense para ser procesado en la Corte Federal para el Distrito de Arizona. La investigación contra “Compa Chuy” y su grupo criminal inició en agosto de 2013. Las autoridades estadounidenses lo acusaban de haber importado, almacenado y distribuido más de una tonelada de marihuana en Estados Unidos en dicho mes y año, además de cometer actividades relacionadas con lavado de dinero.
Como parte de las acciones vinculadas a la investigación, el Gobierno de México detuvo a Garibaldi López el 16 de abril de 2024, en el municipio de Huauchinango, Puebla, con una orden de detención provisional con fines de extradición. Posteriormente, el acusado agotó los recursos legales para evitar su entrega, sin lograrlo.
En 2013, Estados Unidos inició la indagatoria contra Garibaldi López y su grupo en Phoenix, Arizona, respecto a la distribución de drogas. El día 20 de octubre del mismo mes y año, la policía de esa ciudad arrestó a 39 integrantes de la organización y decomisó 12 kilos de marihuana, un kilo de cocaína, 5 kilos de metanfetaminas y más de 750,000 dólares en efectivo.
El Gobierno de México ejecutó la extradición como respuesta a los requerimientos de la justicia estadounidense respecto a los vínculos de Garibaldi López con el Cártel de Sinaloa y las acusaciones en su contra.
El gobernador Rubén Rocha Moya manifestó que los ataques a elementos de seguridad podrían estar relacionados con su labor o que "porque les tengan cierta desconfianza, pero nosotros no admitimos ni tenemos la probanza de que exista un nivel de corrupción que nos esté rebasando”.
Un agente de la Policía Municipal fue asesinado luego de que un grupo armado lo emboscara en la colonia Las Quintas, cerca de una caseta de la corporación, en Culiacán.
El ataque se dio apenas horas más tarde de la visita del Gabinete de Seguridad, que encabezaron los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Marina Armada de México, junto al titular de la Guardia Nacional (GN).
El agente fue identificado como Juan Carlos, quien viajaba a bordo de su automóvil sobre la calle Presa Raudales, entre Presa Don Martín y Presa Valsequillo, apenas a unos metros de las instalaciones de una caseta de la Policía Municipal.
En el atentado una mujer resultó herida, como víctima indirecta por una bala perdida, y más tarde murió en un hospital mientras recibía atención médica.
La mujer fue identificada como Efigenia, de 47 años, quien se encontraba sobre el bulevar Diego Valadez cuando fue impactada por una bala perdida y posteriormente trasladada al Hospital Civil para recibir atención médica, poco después de las 20:00 horas.
Al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya manifestó sobre estos ataques que pueden estar relacionados con su labor, pero otra puede ser por presuntos nexos con el crimen organizado, aunque de esto último no lo afirmó como tal.
“Nadie tiene certeza, decir que los atacaron por esto, hay muchas razones, una de ellas puede ser justamente por hacer el trabajo de policía de manera honesta y la otra puede ser porque les tengan cierta desconfianza, pero nosotros no admitimos ni tenemos la probanza de que exista un nivel de corrupción que nos esté rebasando”, dijo.
“Son presunciones de malos elementos, nosotros no lo hemos comprobado ni lo admitimos como tal, sino que estamos investigando de que hay en ese renglón”, añadió.
Al corte suman más de 45 policías locales asesinados durante la batalla entre Mayos y Chapitos desde septiembre de 2024 y 33 agentes de policías locales en este año.
Tras el ataque, elementos federales realizaron un despliegue en la zona, y se mantuvo hasta entrada la madrugada, sin embargo, no se reportaron personas detenidas por este operativo.
El sábado, los cuerpos de dos hombres, desnudos y con signos de tortura fueron hallados en la comunidad de Tepojaco, Tizayuca.
Un agente de investigación muerto y dos más lesionados fue el saldo de un enfrentamiento entre un grupo de personas armadas y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en Tula.
La noche del 20 de julio, en la colonia Iturbe, los elementos llevaban a cabo indagatorias relacionadas con una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad, en agravio de un civil.
Tras el tiroteo, la PGJEH y corporaciones de seguridad municipal y estatal, en conjunto con la Guardia Nacional y el ejército implementaron un operativo en la región Tula-Tepeji.
La Procuraduría informó sobre el inicio de investigaciones por este enfrentamiento; además, dijo que "refrenda su compromiso con los elementos de su División de Investigación, así como con la población", por los ataques previos contra agentes en Pachuca y Tizayuca en las semanas previas.
El pasado 5 de julio, al notificar una medida de protección en favor de una víctima, dos agentes de la Policía Investigadora adscritos al Centro de Justicia para Mujeres fueron secuestrados y torturados en la colonia La Loma, en Pachuca.
Aunque –hasta la mañana siguiente– fueron rescatados con vida, en estado crítico, las lesiones les causaron la muerte.
Por los hechos, cuatro personas fueron detenidas, integrantes de la secta El Angelito Negro 666.
En tanto que el 11 de julio, tres elementos de la PGJEH y un defensor particular fueron heridos tras un ataque a tiros durante una inspección en la colonia El Cid, en el municipio de Tizayuca.
Tras un operativo de respuesta, cinco personas fueron detenidas por policías de investigación, también dependientes de la procuraduría.
En ambos casos, las personas detenidas fueron vinculados a proceso.
Ataques y asesinatos
El sábado, los cuerpos de dos hombres, desnudos y con signos de tortura fueron hallados en la comunidad de Tepojaco, Tizayuca.
Asimismo, un ataque armado en la colonia Guadalupe, en el municipio de Villa de Tezontepec, también al sur del territorio hidalguense y colindante con el Estado de México, dejó un muerto y dos heridos, después de que sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra dos hombres y dos mujeres.
Por ambos casos, la PGJEH inició carpetas de investigación.
La protesta contra el desplazamiento de habitantes por el encarecimiento de la vivienda se trasladó ahora al sur, donde manifestantes alertan contra el desabasto de agua y el probable ecocidio.
Este domingo 20 de julio, alrededor de 600 personas se congregaron en la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, en la alcaldía Tlalpan, para manifestarse contra la gentrificación, un fenómeno que según advierten habitantes de diferentes demarcaciones, se acrecentará con la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026.
Al grito de “¡Vecino callado, será gentrificado!”, habitantes de toda la ciudad exigieron a la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, medidas contundentes para combatir el fenómeno de la gentrificación en la capital mexicana, pues calificaron la propuesta de 14 puntos de la morenista como un “curita” que no atiende la situación en profundidad y continúa favoreciendo intereses particulares.
Aunque según los propios datos del Gobierno capitalino, la gentrificación se concentra en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, durante la segunda protesta contra la gentrificación hubo habitantes de Tlalpan y Álvaro Obregón, quienes pidieron visibilizar el progreso de dicho fenómeno en el resto de la capital mexicana.
Sobre el caso de la alcaldía encabezada por la morenista Gabriela Osorio, hubo al menos 20 inconformes que acudieron con pancartas y letreros en contra de la construcción de un centro residencial en el parque Fuentes Brotantes, el cual defendieron como una importante zona de recarga para el subsuelo.
En contraste, denunciaron que la construcción del complejo implicará un ecocidio y un desabasto de agua para los habitantes de las zonas cercanas, así como el “posible” encarecimiento de vivienda digna para los habitantes que han construido su vida en esta parte de la CDMX.
En entrevista con Proceso, María Teresa Gutiérrez, habitante de Tlalpan, declaró: “Esperamos que el Gobierno escuche a la gente, no lo ha hecho, ha sido indiferente, queremos que haga valer los derechos de los ciudadanos, de los pueblos y barrios de Tlalpan”.
Y detalló que la situación para muchos habitantes de la demarcación es “terrible, como es posible que dicen que no hay agua y pronto ves que dan permisos desenfrenados, brutales.
Para Gutiérrez es importante que en la capital no solo se atienda el tema de la gentrificación en las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, como Condesa y Roma.
No es la única habitante que acudió a la protesta con esta exigencia.
Como ella, Ruth, residente de la alcaldía Álvaro Obregón, opinó que el problema va más allá de las zonas que presentan un “evidente crecimiento de la gentrificación”.
Para ella, la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implicó fracturas en su estilo de vida y el de sus vecinos: “La obra empezó a dar un proceso de terrenos de compra en engorda, empezaron a llegar las inmobiliarias con tarjetas del Gobierno a desalojar a la gente, en el 2018, a decirles que sus viviendas no tenían dueño e iban a ser expropiadas, los obligaron a vender”.
Y añadió: “Aquí el desplazamiento se da cuando los sacan de sus casas, ellos se tienen que ir a colonias más alejadas (…) algo que veníamos platicando era visibilizar que el Gobierno a través de las obras públicas está gentrificando, hay muestra de ello”.
Jóvenes contra la gentrificación
La protesta estuvo conformada principalmente por jóvenes que se pronunciaron por su derecho a una vivienda digna y asequible.
Vania Teresa Jiménez, habitante de Benito Juárez, compartió a Proceso su experiencia al enfrentar el mercado inmobiliario en la CDMX como una joven de 33 años: “La renta es cara, los salarios son ridículos, en cuánto está el salario mínimo, es casi imposible vivir sola dignamente, tienes que tener hasta tres o cuatro roomies (…) es más fácil para un extranjero acceder a una vivienda digna”.
Sobre la propuesta de 14 puntos que presentó Brugada con el objetivo de combatir la gentrificación, la manifestante opinó que se trata de una medida “curita”, que no atiende la problemática en realidad: “Yo de por sí no puedo entrar en los programas de vivienda, tengo entendido que es hasta los 29 años. Ni siquiera se preocupan por los jóvenes, es mínimo lo que les dan. Muchos tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo, con salarios irrisorios”.
En tanto, una integrante del bloque negro, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, dijo que es claro el motivo por el que este domingo 20 de julio salieron a manifestarse los jóvenes de la ciudad: “Estamos preocupados, no tenemos las mismas condiciones de antes para poder conseguir una propiedad, cada vez es más complicado y nos vemos forzados a movernos a las periféricas de la ciudad, mientras las zonas en las que se puede encontrar mejores condiciones de vida, son acaparadas por extranjeros o personas que ya cuentan con demasiados privilegios, mientras somos tantos los que enfrentamos condiciones complicadas, realidades del México profundo que el gobierno prefiere no voltear a ver”.
Al ser cuestionado sobre el impacto de los disturbios registrados en la manifestación, respondió: “Cuando les conviene es iconoclasia, cuando no, vandalismo”.
Pueblos originarios, también en pie de lucha
Otra de las voces que se pudieron escuchar en la protesta fue María Elizabeth Álvarez Reséndiz, habitante del pueblo de Xoco en Benito Juárez y miembro Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios en defensa de la Anáhuac, quien declaró: “El Gobierno para desplazarte, primero hace división, llega a cortar el tejido social. Si tú estás muy necesitado, lo aceptas. Eso fue lo que pasó en el pueblo de Xoco, ahí hubo gente de la alcaldía y del Gobierno. Yo estoy aquí porque sé lo que es que te destruyan su casa”.
La representante recordó la construcción del proyecto de Mitikah y describió cómo ha cambiado la vida para los vecinos del desarrollo departamental: “Te puedo decir que fue una vivencia, sé lo que se siente que lleguen las empresas con sus trabajadores a criminalizarte, a hacer lo que quieren hacer en tu territorio (…) a mí me deterioran mi vivienda, jamás la empresa se quiso hacer cargo de nada, ni el Gobierno, burlas, es más hasta fuimos reprimidos”.
También sentenció: “El Gobierno tiene una agenda que no es para los capitalinos”.
Dos consejeros nacionales se suman a la comisión encargada de evaluar a los políticos que busquen incorporarse a Morena: el periodista Epigmenio Ibarra y el antropólogo Armando Bartra.
Epigmenio Ibarra Almada y Armando Bartra Vergés son los dos consejeros nacionales de Morena que formarán parte de la comisión que evalúe los perfiles de políticos que pretendan integrarse al partido.
Ambos se suman a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde; la secretaria general, Carolina Rangel, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo.
Los cinco integrarán la nueva Comisión Evaluadora de Incorporaciones, cuya creación formalizó Morena este domingo, en su octava sesión extraordinaria, con la intención de filtrar los perfiles de políticos que busquen sumarse a las filas morenistas.
Los detalles de cómo operará el nuevo órgano aún están por definirse, pero de acuerdo con lo que adelantaron los nuevos integrantes, la comisión sesionará cada que haya una solicitud de afiliación de personajes pertenecientes a otros partidos políticos u organizaciones.
La comisión revisará sus antecedentes y sugerirá si se aprueba, se rechaza o se pausa la solicitud de afiliación para otro momento.
Afiliaciones polémicas en Morena
La nueva comisión busca evitar casos como el del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, que tras incorporarse a la bancada de Morena en el Senado tuvo un intento fallido de sumarse a las filas de ese partido.
En la misma sesión del Consejo Nacional de Morena de este domingo, entre los asistentes alguien recordó el episodio con un grito: “Fuera Yunes”.
Antes de las elecciones de 2018, Andrés Manuel López Obrador llamó a abrir las puertas del partido que fundó a políticos que les ayudaran a garantizar los triunfos. Ese criterio continuó hasta las elecciones de este 2025, lo que derivó en afiliaciones polémicas y criticadas dentro y fuera de Morena.
Otro caso polémico fue el de Lilly Téllez, que llegó con Morena al Senado en 2018, renunció poco después y se mantuvo con la bancada del PAN.
También destaca la incorporación del exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, exfuncionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto que se sumó al proyecto morenista previo a la elección presidencial de 2024. Y ahora ocupa un escaño en el grupo parlamentario de Morena en el Senado.
¿Quiénes son los nuevos evaluadores?
Epigmenio Ibarra es periodista y productor audiovisual, cofundador de la empresa Argos Comunicación, con la que ha producido telenovelas y series.
Cercano desde hace años al movimiento obradorista, Ibarra recibió del gobierno de Andrés Manuel López Obrador un crédito por 150 millones de pesos, a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en junio de 2020. El préstamo, que desató críticas en su momento, sería pagado inicialmente en 2024 pero la fecha fue modificada hasta 2027.
El consejero de Morena es autor de la serie documental Tren Maya, transmitida por la señal pública del Canal 14.
Al finalizar la sesión del Consejo de Morena el domingo pasado, Epigmenio Ibarra platicó de los criterios que debería seguir el nuevo órgano del que formará parte. El productor defendió la diversidad que debe tener el partido Morena para adaptarse a las condiciones del país.
“Lo que considero necesario es entender la complejidad del país y parecerse al país. Los movimientos revolucionarios —y este es un movimiento revolucionario— se distinguen por cosas que este movimiento revolucionario ha cambiado. En esta revolución cabemos todas y todos”, dijo.
En la breve entrevista, citó a Pedro Miguel, y argumentó que los movimientos de izquierda deben estar abiertos a personas que “hayan cometido errores”.
“La izquierda se distingue porque se abre, porque perdona, porque reconoce y admite también a aquellos que reconocen haber cometido errores, porque saben lo que hicieron pero que tienen un compromiso con el país”, agregó.
¿Quién es Armando Bartra?
En tanto, Armando Bartra adelantó que las evaluaciones que realicen de los distintos perfiles se realizarán bajo solicitud explícita y se enfocarán sólo en aquellos, con visibilidad y trayectoria que pueda afectar al partido Morena.
La Comisión Evaluadora de Incorporaciones no revisará perfiles de actuales militantes del partido, ya que esa es labor de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Armando Bartra, es antropólogo social, sociólogo y filósofo. Ha estado cercano al movimiento obradorista desde antes de la creación del partido Morena, del que es fundador.
Bartra ha sido investigador y académico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y la Universidad Autónoma Metropolitana.
Investigador nacional nivel III, fue asesor del recién desaparecido Consejo Nacional para Evaluar la Política de Desarrollo Social (Coneval).
También ha dirigido el suplemento mensual La Jornada del Campo y participó en la coordinación de proyectos para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Activistas se organizan contra la gentrificación y turistificación, mientras denuncian acoso policial y criminalización durante el Encuentro Nacional contra la Gentrificación en Oaxaca.
Mientras las autoridades del gobierno de Oaxaca anuncian que el estado tiene las puertas abiertas al mundo con motivo de la Guelaguetza 2025, que inicia este lunes, colectivos, organizaciones y jóvenes independientes se organizan para visibilizar los efectos del encarecimiento del costo de vida en la entidad por fenómenos como la turistificación y la gentrificación.
Después del Encuentro Nacional contra la Gentrificación que sostuvieron del 16 al 19 de julio en Oaxaca, representantes de colectivos de jóvenes del estado, y de otras entidades como Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán, se pronunciaron contra estos fenómenos de turistificación y gentrificación.
Los calificaron como “estrategias de despojo estructuradas desde el capital y el Estado, bajo el disfraz del desarrollo, modernización o revitalización de los espacios urbanos” y manifestaron que la vía para hacerles frente es la organización.
Durante una conferencia de prensa, los participantes indicaron que durante las plenarias y grupos de análisis, identificaron que las transformaciones de las ciudades y pueblos responden a una recomposición política y económica orientadas a generar rentabilidad y la apropiación simbólica y material de las culturas locales.
Estos procesos, señalan los activistas, se alimentan del desarraigo, la especulación, la privatización y la exclusión, y son sostenidos por las políticas públicas, instituciones, y actores corporativos como las plataformas digitales, cadenas hoteleras, cárteles inmobiliarios y están generando la mercantilización del hábitat, es decir, promueven la práctica de convertir espacios naturales, ecosistemas o territorios, en mercancías que pueden ser compradas, vendidas o explotadas con fines lucrativos.
Eso implica asignar un valor económico a elementos de la naturaleza, como tierras, recursos naturales o incluso servicios ecosistémicos, para su inclusión en el mercado.
Sin embargo, destacan, la turistificación y gentrificación no son transformaciones homogéneas sino que van adquiriendo formas dependiendo del territorio, por ejemplo se presentan como megaproyectos asociados con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; en la Costa con la privatización de las playas, en la Ciudad de México se observa con la financiación de las viviendas y la ampliación de la plataforma Airbnb. En Oaxaca con la apropiación y la reducción del patrimonio cultural convertido en mercancía turística y en Baja California con las inmobiliarias que amenazan las costas y los vínculos comunitarios.
“Consensuamos y al final consideramos que las problemáticas sirven para nombrar y definir la gentrificación y no que la gentrificación las nombre, que el concepto debe ser adaptado a las realidades que atraviesa cada comunidad o cada lucha”, explica Hannia, estudiante oaxaqueña de Gestión Cultural.
Hannia apunta que luego del encuentro observaron que los conceptos de turistificación y gentrificación resultan insuficientes para describir fenómenos como el desplazamiento de comunidades o el cambio de uso de suelo en las costas de Oaxaca, orientados a facilitar proyectos inmobiliarios.
Inmobiliarias que operan a través de FIBRAs
Activistas de la Ciudad de México pusieron sobre la mesa el tema de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAs) que son fideicomisos que funcionan como vehículos de inversión que se enfocan en el mercado inmobiliario, es decir a la compra, venta, alquiler y gestión de propiedades a través del cual varias empresas pueden generar ingresos y distribuir las ganancias entre sus inversionistas.
Estas FIBRAs funcionan como conglomerados y así realizan sus actividades sin que se identifique el nombre de las empresas.
Entre esos, mencionaron a Fibra Uno (FUNO) el primer y más grande fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) de México, que se dedica a la adquisición, operación, desarrollo y administración de un portafolio diversificado de propiedades, principalmente en los sectores industrial, comercial y de oficinas en la Ciudad de México.
Acoso policial durante encuentro contra la gentrificación en Oaxaca
Marcos Esmar, integrante del colectivo oaxaqueño Espiral del pensamiento crítico, denunció públicamente que durante las charlas y plenarias del encuentro hubo acoso policial. Patrullas y camionetas de la Policía Estatal vigilaban el lugar y las personas que transitaban del encuentro hacia sus casas eran seguidas y vigiladas en camionetas de la Policía Estatal.
“Se nos ha criminalizado, pero no vamos a victimizarnos y a decir que no somos nosotros. Les queremos decir que el gobierno de la 4T no es un gobierno de izquierda y lo demuestra todos los días con su cinismo y desfachatez, con su corrupción y demagogia, se los queremos dejar claro, somos una generación de jóvenes y colectivos no somos igual que ustedes”.
Construir nuevas formas de habitar las ciudades
A pesar de las estrategias mencionadas, los participantes de este encuentro sostienen que es importante reconocer la resistencia, pues es donde se articulan los saberes, “nuestra lucha es colectiva, autónoma y creativa, no buscamos solo frenar estos procesos sino construir nuevas formas de habitar”.
Esmar enfatizó que en medio de una crisis total: climática, social y ecológica, la organización es la única manera en que se le puede hacer frente a los problemas que nos aquejan como humanidad.
“La organización es la base, el corazón de nuestros pueblos y se van a seguir organizando gobierne quien gobierne. Ese es el mensaje y eso vamos a seguir difundiendo estemos donde estemos”, dijo.
El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como Comandante H y presunto fundador de la organización criminal “La Barredora”, hoy ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, espera obtener un amparo y protección de un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
La demanda de garantías fue promovida por el equipo legal de Bermúdez a los dos meses de que le fue dictada la orden de aprehensión por la que se mantiene prófugo desde el 12 de febrero de 2025 por su presunta participación en el referido grupo delictivo dedicado al narcotráfico, extorsión, robo de combustible y tráfico de personas migrantes.
El Comandante H reclama la orden de captura no solo de autoridades judiciales de Tabasco, con residencia en Villa Hermosa, sino también posibles actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta frontera y sus homólogos en Ciudad de México y otras ciudades.
Además, el quejoso señala a autoridades ejecutoras como son titulares de fiscalías federales y estatales, entre ellos los de esta entidad, así como los comisarios de diversas corporaciones policiales.
En el juicio de amparo iniciado en Tijuana en el mes de abril, a Hernán Bermúdez le fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado, tras exhibir una garantía de 16 mil pesos, protección que no será válida si le son reclamados delitos graves. Debido a la falta de diversos informes previos y justificados aún no se resuelve sobre la suspensión definitiva.
Hasta esta fecha han respondido con sus informes: el Comisionado de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en Tijuana; el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-1 Tijuana, de esta entidad; el administrador del Centro de Justicia Penal Federal de Tabasco, con residencia en Villahermosa; y el Juez de Control de la Región Nueve, con sede en Centro, Tabasco.
Otros que han remitido sus informes al juez de amparo son las administradoras de los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente y el Reclusorio Sur, además del administrador del centro similar que tiene su asentamiento en el Reclusorio Norte.
Ante la falta de diversos informes no solo se ha diferido la audiencia incidental para fallar sobre la suspensión definitiva, sino también se ha pospuesto en tres ocasiones la audiencia constitucional para resolver el fondo del juicio de derechos fundamentales.
Originalmente la audiencia constitucional estaba prevista para el 21 de mayo, pero se difirió al 20 de junio; después, la fecha cambió al 18 de julio; y finalmente la nueva fecha está programada para el 20 de agosto.
Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, emanado del partido Morena y a la postre secretario de Gobernación, en 2021 en el gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
El llamado Comandante H siguió en el cargo tras la partida de Adán Augusto, tras ser ratificado por el gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos. Este caso ha generado cuestionamientos sobre la gestión de López Hernández (hoy senador de la República), su posible conocimiento de las actividades ilícitas de su colaborador y las implicaciones políticas para Morena.
Entre los nuevos señalamientos públicos en contra de Hernán Bermúdez y La Barredora, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), advierte que existen reportes de inteligencia militar que vinculan al personaje y el grupo delictivo con el suministro de combustible robado (huachicol) para las obras del Tren Maya, cuyos tramos 4 y 5 fueron coordinados por Raúl Bermúdez Arreola, sobrino del Comandante H, que fue destituido de su cargo por acusaciones de corrupción.
Empleados, madres y activistas dan sus testimonios sobre lo que ocurre en el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses de la CDMX: cadáveres maltratados, donados ilegalmente, falta de insumos, autoridades omisas y revictimización de familiares.
La crisis que enfrenta el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses (Incifo) pasa por la falta de insumos, déficit de personal, maltrato de cuerpos y acumulación de cadáveres no identificados, problemas que han sido denunciados públicamente por personal de la propia institución sin que hasta el momento haya una solución.
A su vez, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de México han evitado pronunciarse de fondo sobre las condiciones en que opera el organismo forense.
El deterioro del funcionamiento del Incifo afecta la atención y dignidad de las víctimas directas e indirectas en la capital mexicana, quienes además denuncian prácticas cuestionadas, como la donación de cuerpos no identificados a instituciones educativas fuera de los tiempos legales establecidos. Esa situación agrava la vulnerabilidad de los restos humanos bajo custodia estatal y representa un nuevo nivel de revictimización al dificultar la identificación de personas desaparecidas y el acceso a la justicia, mientras la falta de insumos y personal sigue retrasando necropsias vitales para esclarecer homicidios, suicidios y accidentes.
En las instalaciones del Incifo el déficit de personal y las cargas excesivas de trabajo no sólo se reflejan en documentos apilados, también en cadáveres acumulados, con una tendencia a aumentar.
Un perito forense, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, compartió en entrevista: “Lo que hace como tres años eran cinco mil, en 2023, por ejemplo, fueron de seis mil 459 y en 2024, siete mil necropsias anuales. Si va a seguir aumentando tienen que prevenirlo”.
Al mismo tiempo los cuerpos acumulados en la institución corren el riesgo de ser donados, sin ser identificados y fuera de los tiempos legales, a una institución educativa, o incluso que se vulnere su derecho a ser tratados con dignidad en las propias instalaciones de la institución.
Existen pruebas de lo anterior: a finales de junio último, mientras los trabajadores del Incifo se encontraban en una protesta para exigir mejores condiciones laborales y solidarizarse con el paro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en redes sociales se filtraron videos con imágenes que evidencian el maltrato de cadáveres por parte de algunos peritos, entre ellos Andrés Oriol Morales, actual subdirector de Tanatología.
Los videos trascendieron en medios de comunicación, pero no fue así entre las autoridades del Poder Judicial, encargado del Incifo. De acuerdo con el perito entrevistado, ante sus inconformidades los trabajadores recibieron una “respuesta tibia” que se centró en un aumento salarial de 5% y no atendió las causas en profundidad; incluso, permitió que las violaciones a la dignidad de los cadáveres continúe impune, ya que el presidente magistrado, Rafael Guerra, sólo declaró al respecto que los videos fueron tomados hace un año.
“Parece que se le olvidó (a Guerra) ajustar las cuentas de los involucrados, o no quiso”, lamenta el perito sobres las irregularidades denunciadas.
“No hemos tenido ningún llamado por parte de la Contraloría para las quejas que se han metido. De hecho, Andrés Oriol, que ha salido en estos vídeos sobre maltrato de cadáver, igual continúa en sus funciones”, aseguró el profesional de las ciencias forenses que se dijo indignado ante la indiferencia de las autoridades.
Además alertó que, si la situación no es atendida, “estallará una crisis que no podrán negar ni esconder” en la que los principales afectados serán las víctimas directas e indirectas de la capital mexicana:
A veces no se dimensiona, pero nuestro trabajo está relacionado directamente con la atención a las víctimas. Hacemos todas las necropsias judiciales que están relacionadas con homicidio, suicidios, accidentes, aquellas que están relacionadas con fallecimientos de personas no identificadas.
Familias buscadoras, revictimización
Para las familias buscadoras no es una novedad la crisis que atraviesa el Incifo, pues desde hace más de un año denuncian maltrato por parte de los funcionarios que forman parte de la institución, así como la falta de personal y la poca ética en el manejo de cuerpos no identificados.
Después de la difusión del material gráfico que confirma los señalamientos, ante las víctimas indirectas de desaparición el Poder Judicial de la CDMX también mantiene silencio, así como el gobierno de Clara Brugada y la Fiscalía General de Justicia local.
El 8 de julio último, integrantes de los colectivos Colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia, Hasta Encontrarles CDMX y Una Luz en el Camino presentaron una denuncia en la Fiscalía capitalina y una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable de los actos vejatorios, contenidos contra cuerpos y restos humanos bajo resguardo del Estado en la capital del país.
Al cierre de esta edición, no hay avances en las indagatorias del recurso legal que presentaron las familias.
La madre buscadora Jaqueline Palmeros consideró en una conversación con Proceso que el Instituto de Ciencias Forenses requiere de una reestructuración institucional profunda que “no se está dando”.
Aún más, la también activista dijo que, con la situación actual en el instituto, los colectivos ven poco realistas los compromisos en materia forense que asumió la administración de Clara Brugada con la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, presentada en abril último ante la presencia del magistrado presidente.
Para la hermana buscadora Yadira González, el maltrato de cadáveres no es la única violación institucional de la que son víctimas las familias buscadoras:
Hay una práctica sistemática de donar los cuerpos sin tener una identificación plena, tenemos la información de que se estuvieron donando por muchos años o se siguen donando desde hace muchos años cuerpos con uno, dos o tres meses de haber llegado al Incifo, incluso tenemos algunos datos de días de haberse donado.
El cuerpo de su hijo fue donado
Sobre la donación de cuerpos fuera de los parámetros legales por parte del Incifo a instituciones educativas, Laura Cabañas acudió a las instalaciones de Proceso para dar testimonio sobre el caso de su hijo, Julio César Cervantes Cabañas, un hombre de 47 años, que desapareció el 20 de septiembre de 2021.
Aunque Cervantes Cabañas fue encontrado sin vida sobre la vía pública de la alcaldía Coyoacán en enero de 2024, su madre nunca fue notificada sobre el traslado del cuerpo al Incifo y pasaron 10 meses para que lograra localizarlo, sin el apoyo de las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas.
“Nunca me avisó ni la Fiscalía, ni el Incifo. Quien me avisó fue una persona del Instituto Nacional Electoral que tenía las huellas de mi hijo y las fue a cotejar al Incifo para ver si estaba ahí. Efectivamente, ahí estaba, ahí estuvo porque a los cinco días lo echaron para la escuela de medicina (del Instituto Politécnico Nacional IPN), lo donaron, lo traficaron, no entiendo”.
Laura Cabañas compartió que, después de recibir la visita del funcionario del INE, salió “corriendo” hacia las instalaciones del Incifo, ahí fue atendida por una doctora que le notificó que el cuerpo de Julio César Cervantes Cabañas había sido donado y le dijo: “Pero no se preocupe, dele gracias a Dios de que no fue echado a la fosa común”.
Frente a las cámaras, el rostro de la madre se descompuso y su voz se quebró en el momento en el que comenzó a describir las condiciones en las que recibió el cuerpo de su hijo: “Lleno de reactivos, negro, sin tráquea, sin lengua”.
“No ha habido justicia para mi hijo, ni por su asesinato, ni por el maltrato que sufrió después”, asegura la madre, para quien es necesario que las autoridades “aprendan de memoria el concepto de dignidad”.
Las autoridades realizaron un operativo que derivó en la detención de los tres sujetos en donde les fueron aseguradas armas de fuego, drogas, dinero en efectivo, entre otros objetos.
Un juez federal vinculó a proceso a Tomás “H”, alias "Max", Gabriela “M” y José “A”, presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por diversos delitos relacionados con el narcotráfico y portación de armas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de Distrito en Nayarit, con sede en Tepic, dictó la vinculación a proceso contra los tres por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo; Tomás “H” y José “A” por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y para Gabriela “M” por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de posesión y cohecho.
A los tres les fue impuesta la medida de prisión preventiva y el juez concedió a las partes tres meses para la investigación complementaria.
La FGR detalló que la detención de los tres sujetos supuestamente vinculados al CJNG derivó de una denuncia en la que se hizo del conocimiento de las autoridades de la comisión de probables hechos delictivos en la localidad de Heriberto Jara, en Ahuacatlán, Nayarit.
Al dar seguimiento a la denuncia, se realizó un operativo del que derivó la detención de los tres sujetos en un inmueble en donde les fueron aseguradas armas de fuego, drogas, dinero en efectivo, entre otros objetos.
Por: Draco Draculon lunes, julio 21, 2025/Comentarios: 0Guanajuato,
Nacional
Corren a funcionaria de Celaya que le dijo “a mí me cuesta 2 mil pesos que te desaparezcan” a un ciudadano. El alcalde morenista se deslinda.
Las imágenes de una funcionaria del sistema de aguas de Celaya, Guanajuato, amenazando de muerte a un ciudadano, se volvieron virales este lunes, por lo que las autoridades tomaron cartas en el asunto e iniciaron el proceso para dar de baja a la agresora.
“A mí me cuesta 2 mil pesos que te desaparezcan”, dijo la funcionaria de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) de Celaya, Guanajuato, al amenazar a un ciudadano en un negocio.
La Jumapa informó que ya inició un proceso para dar de baja a la servidora pública, bajo el argumento de que no tolerará ningún tipo de violencia o intimidación por parte de su personal.
En Celaya, Guanajuato, el organismo encargado del sistema de agua y alcantarillado es la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (Jumapa), un organismo descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de prestar los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.
No obstante, forma parte de la estructura del gobierno municipal.
“A mí me cuestan dos mil pesos que te desaparezcan”: Nuncionaria municipal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) de Celaya, Guanajuato, amenaza a un ciudadano.
La Jumapa informó que ya inició un proceso para dar de baja a la servidora pública, bajo el… pic.twitter.com/B8a5wzaNQ9
De acuerdo con El Sol del Bajío, en palabras del presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez (de origen morenista), la funcionaria agresora, de quien no se ha proporcionado nombre, fue despedida desde el viernes.
“¿Cómo vas a desaparecer a una persona con 2 mil pesos? eso es una súper amenaza, nosotros ya la dimos de baja, no venía con nosotros, era de las anteriores administraciones”, dijo el alcalde.
Mientras que Saúl Trejo Fuentes, director de la Jumapa, señaló que la ahora exempleada ingresó en 2022 en el departamento de atención al cliente. Desconoció si la situación se judicializará y agregó que el afectado es hijo de un exalcalde y hermano de una exdiputada del PAN.
En 2024, el exalcalde de Izamal, Yucatán, y otras personas se enfrentaron a policías estatales y liberaron a presos que eran trasladados.
Warnel “N”, exalcalde de Izamal, Yucatán, fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de evasión de presos cometido en pandilla, daño en propiedad ajena cometido contra un institución pública y robo con violencia.
Los hechos ocurrieron en junio de 2024 cuando el entonces presidente municipal, acompañado del director de la Policía y tres o más personas, enfrentaron con violencia a policías estatales que trasladaban a detenidos y los liberaron.
También es probable responsable de daños a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), del robo de un radio policial y de los celulares de ciudadanos que grabaron los hechos.
La orden de aprehensión librada por un juez de control, fue ejecutada este sábado 19 de julio por elementos de la SSP y de la Fiscalía General del Estado.
Hasta este momento, las autoridades no han dado más detalles sobre los otros funcionarios y personas que participaron en los hechos en los que el Warnel “N” presuntamente estuvo involucrado.
De acuerdo con medios locales, el exalcalde fue detenido en un primer momento por policías estatales por presunto robo de ganado en Peto, pero el juez declaró ilegal su detención y ordenó su liberación.
Al salir del Centro de Justicia Oral del Tercer Distrito Judicial, el exfuncionario fue capturado nuevamente por su presunta responsabilidad en los delitos de evasión de presos cometido en pandilla, daño en propiedad ajena cometido contra un institución pública y robo con violencia.
Warnel “N” es el segundo priista detenido en una semana en el estado, luego de que el viernes 11 de julio fuera detenido Rafael Echazarreta Torres, dirigente del PRI en Mérida, a quien se le acusa del delito de fraude específico.
De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, la captura de Diego Abel Miranda Rodríguez alias “El Kateo”, operador y cabecilla criminal del Cártel Arellano Félix (CAF) en Baja California, de 32 años, se registró a las 06:50 horas del domingo 13 de julio; “iba saliendo de un restaurante bar” en Jalisco.
Al ser interrogado, el detenido dio un nombre y credencial con identidad falsa, diciendo ser Luis Mier Luna.
Los reportes oficiales indican que el pasado domingo, las autoridades de Zapopan fueron alertadas de la presencia de un sujeto armado en un negocio ubicado en los cruces de Valle de Atemajac y Avenida Servidor Público en la colonia Jardines del Valle.
En el lugar, agentes detuvieron al Kateo al salir del local y localizaron el arma Aka 47, de uso exclusivo del Ejército, en el vehículo Jeep que Miranda iba abordar; de todo este proceso el abogado del presunto traficante de drogas y personas, presentó videos.
La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, solicitó los antecedentes delictivos del detenido en Baja California, pero la FGE no envió nada, y la FGR local remitió los datos de una captura fallida del 2021, y otros cargos por falsa identidad.
El 15 de julio se venció el término para que el Poder Judicial definiera su situación legal. La fiscalía lo presentó ante un juez que declaró legal la detención, la defensa solicitó ampliación del término, y será entre el 19 y 20 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia y definan si queda o no vinculado a proceso, en libertad o en prisión preventiva.
No es la primera vez que Miranda es detenido en circunstancias similares.
Como parte de los grupos encabezados por el recientemente detenido -17 de junio del 2025- Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, Miranda Rodríguez ascendió en el organigrama criminal del CAF alrededor del año 2020 y en esa época decidido trasladarse a Jalisco, y convertir ese estado en su zona de seguridad para evitar ser capturado en Baja California.
Pero las áreas de inteligencia bajacalifornianas detectaron su regreso al estado la segunda quincena de julio de 2021, cuando asistía en calidad de padrino a un lujoso festejo matrimonial, en un rancho en la localidad poco habitada en El Coronel en Ensenada; helicóptero, drones, las Fuerzas Armadas, fueron usados para detenerlo, y procesarlo por la posesión de otro rifle que traía en un Jeep que usaba para transportarse. Y el juez Alejandro Baltazar Chávez decidido liberarlo de manera inmediata porque -dijo- no se acreditó la posesión flagrante del arma, y no le fincaron ningún cargo adicional a pesar de su historial delictivo.
De acuerdo a datos proporcionados por las áreas de inteligencia de las corporaciones bajacalifornianas, Miranda inició su actividad delictiva en el CAF siendo adolescente, y en su temprana juventud fue detenido por corrupción de menores e investigado por secuestro.
En 2018, el Gobierno de Estado Unidos lo incluyó en sus cartelones de búsqueda como traficante de personas y de droga y solicita información que pueda llevar a su captura. Ese mismo año sobrevivió a una balacera en su contra.
ZONA NORTE, CENTRO, HASTA DELEGACIÓN PLAYAS
En noviembre del 2021, las autoridades de la Mesa por la Paz y Seguridad de Baja California actualizaron el organigrama criminal y reiteraron la identificación de Miranda como uno de los cabecillas de célula del CAF; definieron su área de operación en la Zona Norte, Centro y Playas de Tijuana con extensión a la zona de Otay, porque se ocupaba del territorio que colinda con la franja fronteriza.
También lo señalaron como uno de los responsables de las más de mil 500 homicidios cometidos en la ciudad ese año, relacionados con la venta de droga al menudeo.
Refirieron su alianza como el resto de los integrantes del Cártel Arellano con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con Javier Adrián Beltrán Cabrera, cabecilla del grupo homicida de Los Erres.
También investigaron la participación de la célula de Miranda en los narco-bloqueos que los días 12 y 13 de agosto del 2022, resultaron en el incendio de 24 vehículos en cinco de los siete municipios bajacalifornianos, Mexicali, Tecate, Ensenada, Tijuana y Rosarito.
Sus operadores en Playas de Tijuana fueron identificados como los responsables del homicidio de el exdirigente del Partido Nueva Alianza, Juan Pablo Rodríguez Gil, baleado el 28 de septiembre del 2022.
HOMICIDIO DE AGENTE DE LA FESC
En el año 2023, cinco de los presuntos homicidas detenido por el homicidio de Dalia Consuelo Espinoza Suszek, elemento de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, cometido el 19 de octubre del 2023, fueron identificados como subalternos de Diego Abel Miranda Rodríguez.
De acuerdo a la indagatoria, el ataque se había ordenado por un presunto robo de droga cometido en un grupo de agentes estatales el 25 de agosto de 2023 en la zona de Otay. Fueron contra la oficial porque ella fue una de las que firmó un Informe Policiaco Homologado relacionado con el caso. (Ver ZETA, edición del 20 de octubre del 2023)
SECUESTRO Y COBRO DE PISO EN 2019
Antes, la señora Soledad Anabel y sus dos hijos Samuel y Ángel, de 14 y 8 años de edad – familia de un traficante de personas que delinquía en la zona del Mirador-, fueron secuestrados del estacionamiento de Walmart sucursal Jauja, en Tijuana, el 12 de marzo; llamaron exigiendo pago de rescate con amenazas de muerte.
Los siguientes tres días enviaron videos de cómo desnudaron a dos de las víctimas y las golpearon con cinchos plásticos, en espalda, glúteos y piernas; también los asfixiaron, grabando sus gritos y súplicas. Además, la familia recibió fotos de los secuestrados con huellas de torturas mientras les apuntaban con arma.
El 16 de marzo fueron rescatados por elementos de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro (UEDS), en la casa con el número 4, en Calle Monte Casino, colonia Lomas Conjunto Residencial La Mesa en Tijuana; en la casa de seguridad encontraron otras dos víctimas femeninas del mismo delito y detuvieron a varios criminales.
En la investigación descubrieron que los habían secuestrado delincuentes del mismo cártel con el que operaban y habían ejecutado el secuestro por haber dejado de “pagar piso” a la célula criminal encabezada por Diego Abel Miranda Rodríguez “El Kateo” y los hermanos Toscano.
