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En dos décadas, Universidad Autónoma de Chapingo acumula 3 casos de feminicidio de alumnas

Nelly Concepción Soto Mijangos, la estudiante que denunció violencia sexual contra el rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en 2022, se convirtió en el rostro de la lucha estudiantil que busca justicia ante los casos de violencia de género que ocurren dentro de la institución, pero lo que resulta alarmante es que 3 casos de feminicidio acontecidos en el recinto le preceden, así como uno de violencia sexual, todos ocurridos contra alumnas.

A raíz del caso de Nelly, la colectiva Las Circasianas realizaron una petición en Change.org para que la universidad haga público los protocolos y la ruta a seguir en torno a la prevención, atención y erradicación de la violencia de género; así como dar seguimiento a las denuncias de las estudiantes donde manifestaron haber sido víctimas de acoso, abuso, violencia sexual y vejaciones por parte de docentes, trabajadores, compañeros estudiantes e incluso egresados. No obstante, dicha información permanece privada.

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) es reconocida por ser de los pocos centros educativos en México que se dedica a la enseñanza e investigación en las ciencias agrónomas y ambientales, enfocadas en el desarrollo del medio rural. Su oferta educativa se extiende a los niveles educativos de la preparatoria, licenciatura y posgrado en sus diferentes instalaciones repartidas en Durango, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, y estado de México.

En los dormitorios de mujeres de la UACh, Zuly Shanty Cruz Mendoza fue asesinada con un arma de fuego en el 2004. A sus 18 años era estudiante del segundo año de semestre de la carrera de Ingeniería Forestal Industrial y tenía 7 meses de embarazo. De acuerdo por la entonces Procuraduría de Justicia ubicada en Texcoco, Estado de México, sería el joven Cristian N., quien llevó a cabo el feminicidio por hacer público que él era el padre del bebé que esperaba.

Zuly era originaria de Ocotlán, ubicado en el estado de Morelos. Al contar con una beca, vivía en las instalaciones de la universidad. Asimismo, estudiantes de la universidad denunciaron que no era la primera agresión en contra de una mujer dentro de los dormitorios de la UACh.

A pesar de más de 10 años sin justicia, se sabe poco de la muerte de la estudiante Minerva Pacheco Ramón cuyo cuerpo fue hallado el 30 de octubre de 2014 en la zona de los campos de futbol dentro de la UACh. Se sabe que tenía 21 años de edad cuando fue asesinada y cursaba el sexto año de la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables; sin embargo, se atribuyó que su muerte fue un suicidio debido a que había sido dada de baja, sin investigar a fondo el escenario en que ocurrió.

Reportes de prensa, en 2016 informaron sobre el caso de otra estudiante, cuya identidad permanece oculta, dio su testimonio sobre la violencia sexual que sufrió durante la noche del Baile de la Quema de ese año. Para ese momento, se encontraba de regreso al internado de Chapingo cruzó las canchas de la colonia El Cooperativo, frente a las instalaciones de la UACh.

Para el cruce usó un puente peatonal que conecta la colonia con la universidad y ahí ocurrió el acto de violencia sexual. La entonces alumna, decidió no denunciar penalmente por miedo, ya que los sujetos le advirtieron que eran estudiantes de la universidad, aunque por sus características la joven concluyó que en realidad se trataban de trabajadores.

El lunes 23 de diciembre de 2019, fue encontrado el cuerpo de la estudiante Nazaret Bautista Lara de 15 años de edad, después de haber sido reportada como desaparecida cuatro días atrás. Sus compañeras de cuarto, con quienes compartía el dormitorio número 8, notaron su ausencia y la denunciaron ante las autoridades escolares; sin embargo, no se le buscó hasta el día siguiente.

La joven era originaria del estado de Hidalgo y tras ser aceptada en la institución abandonó su hogar para viajar a Texcoco, estado de México, e iniciar el primer semestre de la preparatoria gracias a la beca interna que le permitió adquirir derechos de estudio y estancia para mudarse a las instalaciones de la UACh.

Dentro de las investigaciones se reveló que la última vez que alguien la vio con vida fue en la cafetería La Meche, la cual se ubica dentro de las instalaciones de la UACh. Ahí se vio con uno de sus amigos, quien mencionó a las autoridades que estuvo con ella entre las 3 y 5 de la tarde, posteriormente, ambos se despidieron y el supuesto amigo salió de las instalaciones al no tener acceso a los internados de la institución, se le vio irse a través de las cámaras de seguridad.

Después de no tener noticias sobre la estudiante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, emitió una alerta Amber y Alba ante su desaparición y hasta el 23 de diciembre pudieron entrar a las instalaciones en donde la hallaron dentro de un contenedor de agua pluvial que se usa para regar los campos experimentales de la UACh.

Tras su feminicidio, el entonces rector José Solís Ramírez reveló a la comunidad estudiantil que el caso sería investigado como tal. Tres días después, las instalaciones se llenaron de carteles y reclamos de las y los estudiantes en donde denunciaron el acoso, la violencia y los asesinatos que se dan dentro de la UACh y demandaron el esclarecimiento de la muerte de Nazaret.

Para el 29 de diciembre, el entonces fiscal Alejandro Gómez Sánchez del Estado de México, anunció en sus redes sociales que el Ministerio Público Especializado en Adolescentes llevó ante un juez los elementos para que se ordenara la detención del adolescente menor de 15 años quien fue llevado al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, en el municipio de Zinacantepec.

Si bien el feminicidio de Nazaret puso en la mira a la UACh, fue el caso de Nelly Concepción Soto Mijangos el que terminó por evidenciar las fallas en cuanto a la seguridad de las estudiantes, sobre todo porque la violencia sexual que sufrió provino de una persona con poder y quien dirige la institución: Ángel N. rector de la universidad (del 6 de abril de 2023 al 5 de abril de 2027).

Fue en septiembre de 2023 que la estudiante se animó a denunciar con pruebas ante la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género (FCADVVG). No obstante, hasta enero de 2024 se giró una orden de aprehensión en contra de su presunto agresor, pero las autoridades encontraron al rector atrincherado en su oficina y las autoridades ministeriales no lograron detenerlo, ya que trabajadores y colaboradores impidieron el acceso de la policía dado el carácter autónomo de la institución.

Unos días después se llevó a cabo el segundo intento de detención después de que las Fiscalía General de Justicia del Estado de México consiguieran una orden de cateo para que oficiales puedan entrar a las instalaciones de la Universidad. No obstante, se filtró la orden de aprehensión dificultando el arresto del rector, además de que el funcionario consiguió un amparo para poder evitar su detención.

Con un grupo de cerca de 50 agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las autoridades entraron a la universidad mediante una orden de cateo; sin embargo, no fue encontrado, por lo que se le consideró prófugo de la justicia. Posteriormente se dio a conocer que Ángel N. buscó interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y solicitó un permiso de 4 meses para ausentarse de su cargo como rector.

Anteriormente, el 17 de julio de 2025 se llevó a cabo el inicio del juicio oral en los juzgados anexos al Penal Molino de Flores, en Texcoco, estado de México. En ese espacio, los peritos explicaron su metodología y detallaron cómo elaboraron los dictámenes psicológicos, de violencia de género, antropológicos, médicos y criminológicos, los cuales resultaron fundamentales para sustentar la denuncia de Nelly. En respuesta, la defensa legal de Ángel “N” intentó descalificar el trabajo pericial y su marco interpretativo, sin éxito.

El desarrollo del juicio fue favorable para la estudiante. Su equipo jurídico logró objetar, con fundamentos, las inconsistencias en los planteamientos de la defensa, mientras que el juez mantuvo una postura imparcial, de acuerdo con los testimonios recogidos. No obstante, el caso aún no termina para la estudiante, quien ya ha sufrido repercusiones por parte de la institución y de sus compañeros por denunciar.

Las cifras

De acuerdo con su informe «Estadísticas de Bolsillo 2024», de la Universidad Autónoma de Chapingo señala que durante 2023 había 4 mil 529 mujeres (47%) matriculadas en esa universidad en comparación con los 5 mil 96 hombres inscritos (53%). Asimismo, cuentan con mil 125 trabajadoras (40%), mil 669 trabajadores (60%), 270 profesoras (33%) y 888 profesores (77%). Y pese a que las mujeres van ganando terreno en los espacios estudiantiles, académicos y administrativos; la institución continua sin proporcionar medidas de seguridad para ellas.

Alrededor de 2 mil 127 estudiantes son indígenas (22%), de los cuales mil 58 son mujeres (49.7%) frente a mil 69 de los hombres (50.8%). Entre las lenguas indígenas de las y los estudiantes de Chapingo son náhuatl, zapoteco, mixteco, totonaco, mixe, otomí, mazateco, mazahua, tseltal, chinanteco, tlapaneco, tsotsil y ch ́ol.

Al venir desde otros estados de la república, es común que soliciten becas que les permitan adquirir derechos de estancia. Según muestra el informe de la UACh, durante 2023 se emitieron 7 mil 911 becas que fueron repartidas entre el 48% de las mujeres y el 52% de los hombres, siendo el 82% de toda la planilla estudiantil cuenta con una beca y estas pueden dividirse entre becas completas, internas y externas.

El estar lejos de casa en un territorio desconocido y sin la cercanía de la familia es un escenario que permite muchos de los casos de violencia de género contra las estudiantes, sobre todo aquellas que provienen de comunidades indígenas y quienes se niegan a denunciar ante el miedo y la desprotección de la universidad.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

A diez años del caso Narvarte, la justicia sigue sin llegar

A una década del multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas cinco personas, incluido el fotoperiodista Rubén Espinosa, Artículo 19, organización dedicada a defender la libertad de expresión y el derecho a la información, afirmó que el caso sigue sin resolverse y que la fiscalía capitalina no ha esclarecido el móvil ni identificado a todas las personas responsables.

Durante estos años, las familias han enfrentado negligencia institucional, retrasos y omisiones. Fue hasta 2021, por presión de los abogados, que se accedió a pruebas clave que apuntan a una operación planeada. Sin embargo, las líneas de investigación, como las vinculadas a Veracruz o al crimen organizado, siguen abiertas.

Artículo 19 desmintió la idea de que la Ciudad de México es un refugio seguro para periodistas y defensores. Espinosa y Nadia Vera habían huido de amenazas en Veracruz, pero fueron asesinados semanas después en la capital. «Ningún gobierno ha asumido el compromiso de llegar a la verdad» afirmó la organización.

La Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos sigue incumplida. Las familias y Artículo 19 exigen justicia, sanción a responsables y una investigación a fondo. «A diez años, la impunidad persiste, pero la memoria resiste», advirtió la organización de defensa de la libertad de expresión.

COMUNICADO:

A diez años del caso Narvarte: la impunidad 
sigue siendo la norma

Ciudad de México, 31 de julio de 2025.– A una década del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete, ocurridos el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, la impunidad continúa siendo la norma. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales.

Durante estos diez años, las familias de las víctimas, junto con sus representantes legales, han enfrentado negligencia institucional, dilación injustificada y falta de acceso a la verdad. Las irregularidades han sido sistemáticas: filtraciones de información, revictimización, omisiones en actos clave y estigmatización a las víctimas.

La negligencia como constante

Desde el inicio, las autoridades negaron cualquier vínculo del crimen con la labor periodística de Rubén Espinosa y la defensa de derechos humanos de Nadia Vera. Ambos habían salido de Veracruz pocas semanas antes, huyendo de amenazas directas recibidas en un contexto de represión bajo el gobierno de Javier Duarte, señalado como uno de los más letales para la prensa en México: de 2010 a 2016, 17 periodistas fueron asesinados y 3 más desaparecidos.

El caso Narvarte desmintió la idea de la Ciudad de México como “refugio seguro”. Lo ocurrido evidenció que la persecución política y la violencia contra periodistas y activistas no se detienen en las fronteras estatales.

Investigación sin diligencia, sin voluntad

Desde 2015, han pasado tres presidentes, tres jefaturas de gobierno y cinco titulares de la entonces Procuraduría (hoy Fiscalía). Ninguna autoridad ha asumido con seriedad el compromiso de esclarecer plenamente este crimen.

La investigación ha dependido en gran medida de la labor incansable de las familias y sus representantes legales, quienes han tenido que litigar por el acceso a la información, solicitar diligencias y proponer líneas de investigación que las autoridades omitieron por años. Incluso fue gracias a estos esfuerzos que, en 2021, se accedió por primera vez a copias completas de la averiguación previa y a evidencia digital que estuvo retenida por más de seis años.

De este análisis surgieron datos que revelaron la existencia de una operación planificada y coordinada, en la que participaron al menos 10 personas. También se documentó la utilización de un segundo vehículo en el crimen y el posible encubrimiento desde dentro de las instituciones. Sin embargo, la Fiscalía solo aceptó estos hallazgos tras ser expuestos públicamente en 2022.

Hasta hoy ninguna de las líneas de investigación ha sido agotada: ni la relacionada con Veracruz, ni con trata de personas, ni con crimen organizado. La Fiscalía tardó cuatro años en establecer un plan de investigación formal y no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas involucradas.

Omisiones, encubrimiento y deterioro de pruebas

La falta de debida diligencia ha provocado la pérdida de evidencia fundamental. Las autoridades no han sancionado a las personas servidoras públicas que incurrieron en filtraciones, omisiones o manipulación de pruebas, a pesar de las denuncias formales interpuestas por las familias desde 2022. Estas omisiones fortalecen la hipótesis de que algunos involucrados pudieron haber sido protegidos institucionalmente.

En 2017, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy CDHCM) emitió la Recomendación 4/2017, en la que documentó las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Fiscalía. Hasta hoy, esa recomendación sigue incumplida.

Por todo lo anterior, a una década de este crimen, ARTICLE 19 y las familias exigimos:

• Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realice todas las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación pendientes, especialmente las relacionadas con el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos.

• Que se investigue y sancione a todas las personas responsables materiales e intelectuales.

• Que se investigue y sancione a funcionarias y funcionarios públicos que hayan incurrido en filtraciones, omisiones o actos que hayan obstaculizado la justicia.

• Que se cumpla en su totalidad la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

A diez años, en ausencia de verdad y justicia, la memoria se siembra en las calles. Y así florece.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Vicefiscal de desaparecidos de Jalisco se deslinda de omisiones en el procesamiento del rancho Izaguirre

La funcionaria estatal insistió en que no tiene la facultad de ordenar o detener un procesamiento, en este caso del rancho Izaguirre, donde presuntamente ocurrieron hechos relacionados con reclutamiento forzado e inhumaciones clandestinas de cuerpos humanos.

La vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas en Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, se lavó las manos de las omisiones en el procesamiento del rancho Izaguirre.  

Este jueves declaró que no tiene responsabilidad en las decisiones tomadas en ese caso. La funcionaria afirmó que su rol se limita a coordinar y supervisar las actividades de los servidores públicos, y que las decisiones jurídicas corresponden exclusivamente a los responsables directos, como los Ministerios Públicos y las instancias judiciales.

Cabe recordar que, en septiembre de 2024, cuando fue hallado el lugar por un enfrentamiento de personas armadas y la Guardia Nacional, Trujillo Cuevas ocupaba el cargo de titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Aunque el puesto cambió de denominación en la actual administración estatal, sus responsabilidades permanecen prácticamente igual.  

La funcionaria estatal insistió en que no tiene la facultad de ordenar o detener un procesamiento, en este caso del rancho Izaguirre, donde presuntamente ocurrieron hechos relacionados con reclutamiento forzado e inhumaciones clandestinas de cuerpos humanos. 

Al ser cuestionada sobre si ordenó la no realización del proceso en Izaguirre, la vicefiscal respondió que no cuenta con la autoridad para emitir ese tipo de órdenes, y que esas decisiones corresponden a los agentes del Ministerio Público responsables de la investigación, quienes actúan conforme a las normativas legales aplicables.  

“No está dentro de mis facultades y atribuciones ordenar tal situación. La figura que en ese momento era fiscal en especial en personas desaparecidas, ahora la nomenclatura cambia a vicefiscal es coordinar y verificar que efectivamente los servidores públicos realicen sus funciones. Mucha también de la función es tema administrativo, pero quién es el responsable jurídicamente de un procesamiento y que decide cuándo inicia y cuándo jurídicamente lo va a declarar concluido, pues son los servidores públicos que intervienen directamente en el mando y conducción firmando registros y pues haciendo su trabajo. Son miles de carpetas de investigación las que se integran y obviamente para eso existe cada agencia del Ministerio Público que es la responsable de los casos que tiene a cargo. Entonces, en este caso yo no podría porque no está dentro de mis facultades el ordenar que inicien o dejen de hacer algo porque los servidores públicos saben que la Ley Orgánica, la Ley General, la Ley Estatal y el mismo reglamento este establecen muy claramente las facultades y atribuciones que tenemos cada servidor público en el organigrama”, declaró a pregunta expresa. 

Además, Trujillo Cuevas argumentó que la responsabilidad jurídica de cuándo se inicia o concluye un proceso la tienen los servidores públicos que intervienen en la investigación, firmando registros y conduciendo las acciones correspondientes, pero que ella, dijo no puede intervenir en esas decisiones.  

La vicefiscal puntualizó que no le corresponde a ella indicar si está libre de responsabilidad en este caso, aseveró que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción determinar si hubo irregularidades en el trabajo realizado y, en ese caso, establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. 

¿Por qué no está usted entre las 12 personas que están siendo investigadas por posibles omisiones?, se le preguntó. 

“Yo creo que esa es una respuesta que tendría que dar el fiscal anticorrupción, eso no es decisión mía. Eh, yo comparecí eh cuando me citaron a declarar como testigo (en un juicio anterior relacionado con el rancho Izaguirre), establecí las circunstancias tiempo, modo y lugar que me preguntaron y ellos son los que deciden el carácter que le dan a cada persona en la investigación”, anotó. 

¿Usted siente que está libre de responsabilidad en esas omisiones?, se le insistió. 

“Yo no puedo opinar, ellos tienen la carpeta, ellos son los que toman las decisiones jurídicas”, contestó Trujillo Cuevas. 

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación, la 180/2025, que ya está judicializada por las omisiones en el procesamiento de los indicios del rancho Izaguirre, la cual ya fue judicializada contra 12 funcionarios públicos, aunque Trujillo Cuevas no está incluida entre ellos. El funcionario de más alto cargo en esa indagatoria es Saúl Arámbula, director de Búsqueda de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas; también está siendo investigada la actuación de la agente del Ministerio Público, Ana Berenice Zúñiga Vargas, quien inicialmente tomó conocimiento del caso en el rancho Izaguirre en septiembre de 2024. 

La lista completa de los funcionarios que están señalados o investigados en esta carpeta de investigación por los delitos de: abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público son: Ana Berenice Zúñiga Vargas, Isis Lizbeth Hernández Quintero, Ana Renata Moreno Esparza, Edgar Brandon Ramírez Márquez, Enrique Yeragzmel Barragan Barbosa, Juan José Huerta Valdivia, Joel Alejandro Robles Zuzuarregui, Betsaida Aguilar Castro, Ubaldo Robles Pastrano, Martin Alonso Argote Chávez, Rodolfo Rodríguez Montes y Francisco Javier Becerra Bizarro. 

El juicio relacionado con esta investigación de la causa administrativa 4794/ 2025, aún no tiene fecha definitiva de realización; después de dos aplazamientos, la audiencia inicial está programada para efectuarse el próximo 4 de agosto, pero las partes aún no han sido notificadas.  

En cuanto a los procedimientos penales en curso, Trujillo Cuevas informó que en general existen cinco investigaciones en etapa complementaria por asuntos relacionados con el rancho Izaguirre, referentes a distintas víctimas. También reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo otras indagatorias, relacionadas con hechos similares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LIZABETH RIVERA AVELAR.

México hará operativos contra piratería cada 15 días para evitar aranceles del 30% de EU

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la protección a la propiedad industrial se ha convertido en el eje de discusión con EU, luego de que Trump señalara que México no ha cumplido con los compromisos del panel sobre propiedad intelectual.

Ante el anuncio de Donald Trump, de aplazar hasta octubre la entrada en vigor del aumento arancelario del 30% a productos mexicanos, en México se realizarán operativos cada quince días en aduanas y centros de comercio informal donde prolifera la piratería de productos asiáticos.  

Esta medida forma parte de los acuerdos informales alcanzados durante las recientes conversaciones bilaterales y responde a uno de los puntos más sensibles en la agenda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su participación en el evento Hecho en México: Mentes en Acción, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la protección a la propiedad industrial se ha convertido en el eje de discusión con Estados Unidos, luego de que Trump señalara que México no ha cumplido con los compromisos del panel sobre reglas de origen. 
“Eso incluye propiedad intelectual, de nuestra parte, porque no se ha cumplido el panel de reglas de origen, que ganó México, o no se ha cumplido al 100%, o las disposiciones que debemos tener para verificar los productos agropecuarios y una serie de temas. Pero esos, pues tenemos que trabajarlos con miras ya a la revisión del tratado, ya estamos trabajando”, sostuvo Ebrard. 
El funcionario agregó que el gobierno mexicano cuenta con 90 días para demostrar que está implementando los ajustes exigidos por el magnate y que hay evidencia de un cambio efectivo en campo.

En ese marco, Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), detalló a Proceso que los operativos se llevarán a cabo cada quince días, de aquí a fin de año, en puntos del país donde hay evidencia de comercio de productos apócrifos. 

“Sí, vamos a aumentar los operativos (...) Tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones del tratado libre comercio (...) Lo que estamos planteando es que cada quince días debemos de tener un operativo en distintas partes de la República de aquí a fin de año”, afirmó. 

Este calendario representa un giro frente al ritmo que se había sostenido desde finales de 2024.  

Entre el 28 de noviembre de 2024 y el 31 de julio de 2025, sólo se realizaron nueve operativos, lo que equivale a una frecuencia aproximada de uno cada 27 días, es decir, casi mensual.  

De haberse implementado desde entonces el esquema quincenal, que ahora se anuncia, ya se habrían efectuado al menos 16 operativos en ese mismo periodo, de acuerdo con un análisis de Proceso.  

Se trabajará con el Inegi

Nieto explicó que, por primera vez, el gobierno federal está elaborando un estudio en coordinación con el Inegi y los gobiernos estatales para mapear los mercados y puntos críticos donde opera la piratería en el país. 

Señaló que uno de los sectores más vigilados por Estados Unidos es el farmacéutico, el cual ha sido identificado como prioritario en informes internacionales como el Special 301 Report. 

“Forma parte de nuestros temas de destrucción y ahí se trabaja también de la mano de Cofepris, sobre todo en la industria farmacéutica”, indicó el titular del IMPI. 

El daño del contrabando asiático en la industria mexicana

Nieto insistió en que la piratería de origen asiático ha generado impactos económicos severos en sectores clave como el calzado y la industria textil.  

En el caso de Guanajuato, la llegada masiva de productos ilegales ha contribuido a la pérdida de 20 mil empleos directos en el sector zapatero. En cuanto a la industria textil, el impacto ha sido aún más profundo. 

“En la industria textil, cinco de cada tres pantalones de mezclilla que se vendían en Estados Unidos hace unos años eran mexicanos. Hoy en día hay una afectación de 60 mil empleos en la industria textil en los últimos años y eso es algo que evidentemente tenemos que cambiar”, asentó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Hallan centro de vigilancia clandestino en Ecatepec conectado a cámaras de la policía municipal

Autoridades creen que estaría ligado a un probable desvío de recursos durante el gobierno de Fernando Vilchis, actual diputado federal por el PT.

La Secretaría de Marina, la Fiscalía del Estado de México (FGJEM) y la Policía de Ecatepec localizaron un centro de monitoreo clandestino con tecnología de punta valuada en 20 millones de pesos, que se presume intervenía de manera ilegal la señal de las cámaras de vigilancia del C4 municipal y podría estar relacionado con un probable desvío de recursos del Proyecto Jaguar II, del anterior gobierno municipal encabezado por el ahora diputado federal petista Fernando Vilchis.  

Las autoridades locales y federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la colonia Venta de Carpio de ese municipio, derivado de una denuncia penal interpuesta por el gobierno local por un probable desvío de recursos.  

Durante la diligencia, en el local con razón social Zavoli Conversiones de Autos a Gas Natural se hallaron dispositivos tecnológicos que se presume intervenían, desde el año pasado, la señal de las cámaras de video vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  

La bodega, ubicada sobre la calle 3 de Mayo, tenía rótulos de la supuesta empresa de gas para distraer de la actividad clandestina que se realizaba al interior.  

Durante el cateo, efectuado por la Fiscalía de Asuntos Especiales, se ubicó equipo con tecnología de punta como antenas bipolo, fibra óptica, herramienta y cámaras de vigilancia, entre otros, con un valor estimado en 20 millones de pesos.  

La denuncia del gobierno municipal plantea la posibilidad de que el equipo se encuentre relacionado con un probable desvío de recursos del Proyecto Jaguar II del anterior gobierno municipal, encabezado por el exmorenista Fernando Vilchis, actual diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México.  

Durante su administración como presidente municipal morenista, Vilchis Contreras lanzó tres ediciones del proyecto Jaguar que tenía por objetivo la compra e instalación de tecnología de punta para tareas de vigilancia.   

Concretamente, con Jaguar II se contemplaba la instalación de mil 500 puntos de monitoreo con cuatro cámaras de video vigilancia cada uno, enlazados por una red de 540 kilómetros de fibra óptica que permitirían obtener imágenes en alta definición, seis arcos detectores de vehículos robados, un sistema de reconocimiento facial, 500 botones de pánico conectados con el C4 de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y 100 repetidoras del sistema de alertamiento temprano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Gastos no reportados y pagos en efectivo: por esto el INE sancionó a ministros electos a la Corte

Yasmín Esquivel fue la ministra que más irregularidades presentó en su informe de gastos de campaña, aunque su multa tuvo un descuento de 452 mil 333.72 pesos.

Ocho de las nueve ministras y ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán sancionados por irregularidades encontradas en gastos de campaña de la elección judicial, como no reportar gastos de campaña, uso indebido de cuentas bancarias y pagos excesivos en efectivo, determinó el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Hugo Aguilar Ortiz es el único que no será multado por irregularidades durante la fiscalización de su campaña, aunque sí recibirá una sanción de 39 mil 712.14 pesos por beneficiarse de los acordeones.

El Consejo General aprobó el lunes 28 de julio en sesión el dictamen de fiscalización que detalla las irregularidades y las sanciones tras la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las candidatas y los candidatos. Sin embargo, las personas sancionadas todavía pueden apelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

En total, las sanciones por gastos irregulares en campañas y beneficios por acordeones suman 10 millones de pesos a nivel federal y 8 millones de pesos en el ámbito local. El monto de estas multas es el resultado de descuentos aplicados tras evaluar la capacidad de gasto de cada una de las personas aspirantes.

Es decir, el INE redujo las sanciones luego de analizar las circunstancias económicas reportadas por cada candidata y candidato, considerando costo de vida, bienestar y situación económica del infractor una vez satisfechas las necesidades primarias. 

¿Cuáles son las sanciones que aprobó el INE por gastos en campañas?

Las ministras y los ministros de la nueva Corte fueron sancionados con las siguientes cantidades por gastos irregulares en campañas:


El INE detectó que la contendiente que cometió más irregularidades fue Yasmín Esquivel, quien  incurrió en faltas como pagos en efectivo de pasajes terrestres y aéreos por 15 mil pesos cuando los lineamientos permitían gastos en efectivo sólo por hasta 2 mil 262.80 pesos.

Omitió presentar comprobantes fiscales, incumplió en utilizar una cuenta bancaria a su nombre exclusivamente para el manejo de sus recursos de campaña y tampoco reportó los egresos generados por pautas en redes sociales, mantas y banners, gastos que además estaban prohibidos. 

Tampoco reportó los egresos generados por la producción y edición de video e informó de manera extemporánea un evento de campaña el mismo día de su celebración. Otra de las irregularidades identificadas en la campaña de Yasmín Esquivel fue que no rechazó la aportación de publicidad pagada en páginas de internet, por parte de una persona impedida por la normatividad electoral, por un monto de 379 mil 677.42 pesos.

Por todas estas omisiones, Yasmín Esquivel acumuló una sanción de 547 mil 823.88 pesos, pero se le redujo a 95 mil 490.16 pesos.

También se ordenó investigar la detección de propaganda a su favor en sobres con boletos de autobús Estrella Blanca. La ministra electa fue quien más irregularidades cometió entre todos las candidatas y los candidatos a la Corte.

Loretta Ortiz fue sancionada con 52 mil 270.68 pesos sin descuento por no utilizar una cuenta bancaria a su nombre solamente para el manejo de sus recursos de campaña, no reportar los egresos generados por mantas y banners que no estaban permitidos y no rechazó la publicidad pagada en internet por más de 30 mil pesos de parte de una persona no permitida por los lineamientos del INE. 

La multa original para Lenia Batres fue de 81 mil 008.24 pesos y quedó en 44 mil 690.30 pesos. En su campaña se detectaron irregularidades como no presentar muestras por concepto de gastos como gestión de eventos, pagos en efectivo de pasajes terrestres y aéreos por 29 mil 315 pesos y no realizó el registro contable de sus operaciones en tiempo real por más de 85 mil pesos. 

Asimismo, informó de manera extemporánea de 49 eventos de campaña, omitió utilizar una cuenta bancaria a su nombre exclusivamente para el manejo de sus recursos de la campaña, y no rechazó publicidad en páginas de internet pagada por una persona impedida por 40 mil 230.72 pesos.

En tanto que Arístides Rodrigo Guerrero fue multado por 270 mil 744.02 pesos, aunque la cifra final tras el descuento aplicado fue de 40 mil 277.84 pesos. Las irregularidades identificadas fueron no presentar estados de cuenta bancarios ni documentación que compruebe depósitos o transferencias bancarias por gastos de campaña. 

El candidato propuesto por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo recibió además ingresos prohibidos de 190 mil pesos, informó eventos de campaña de manera extemporánea y no hizo el registro contable de sus operaciones en tiempo real por más 170 mil pesos.

En contraste, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Azael Figueroa e Irving Espinosa no obtuvieron descuentos en sus multas al considerar que contaban con capacidad de gasto suficiente para solventar el monto original, el cual fue el menor al de sus contendientes por presentar una cifra menor de irregularidades.

Renta de baños portátiles y rituales, entre los gastos indebidos reportados por el INE

En el reporte de visitas de verificación a los eventos de las candidatas y los candidatos, el INE identificó que Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loreta Ortiz, Hugo Aguilar e Irving Espinosa incurrieron en gastos no permitidos en eventos realizados del 7 de abril al 28 de mayo. 

Por ejemplo, Yasmín Esquivel utilizó transporte de personal, lonas, pantallas de televisión, sillas, volantes, equipo de sonido, camarógrafo y fotógrafo, alimentos y arrendamiento de inmuebles, durante eventos a los que acudió como invitada en universidades públicas y privadas. 

Las y los aspirantes sí tenían permitido realizar eventos en espacios públicos o recintos sin costo, pero únicamente podían auxiliarse de un megáfono o una bocina no profesional, y repartir propaganda impresa, por lo que fue restringido el uso de recursos para otros gastos personales que no sean para viáticos, traslados y hospedaje personal.

En el caso de Lenia Batres hizo uso de mamparas, camarógrafo, volantes, equipo de sonido, cajas de luz, mesas, arrendamiento de inmuebles, equipo de cómputo, sillas, templete y escenarios, alimentos, fotógrafo personal, microperforados, batucada, equipo de transporte, lonas, baños móviles, transporte de personal y pantallas de televisión.

Las anotaciones de los insumos y materiales utilizados por la ministra indican que se desconoce su procedencia y contó con la ayuda de varias personas para repartir volantes. 

Mientras que Loretta Ortiz utilizó camarógrafo, volantes y automóvil. Hugo Aguilar Ortiz dispuso de cantantes, grupos musicales, volantes, alimentos, carteleras, artistas, fotógrafo, camarógrafo, mesas, sillas, lonas, equipo de sonido, arrendamiento de inmuebles, pantallas de televisión y equipos de cómputo. 

Otro gasto irregular se reportó en un evento del próximo ministro presidente, celebrado el 28 de mayo en Oaxaca, cuando se realizó un ritual de buena suerte para el candidato como parte de su cierre de campaña. 

Irving Espinosa ocupó sillas, volantes, camarógrafo, fotógrafo, arrendamiento de inmuebles y servicio de live streaming. María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García no aparecen en el documento de verificación del INE. 

Yasmín Esquivel y Lenia Batres, con más publicaciones inequitativas en medios impresos

El 17 de julio, el INE publicó los resultados del monitoreo de actividades de campo correspondientes al proceso electoral del Poder Judicial 2024-2025. En este informe se registraron las inserciones impresas en medios de comunicación que favorecieron a las candidatas y los candidatos en periódicos tanto locales como de circulación nacional. 

Además, se reportó el uso de propaganda indebida como mantas y espectaculares. Las visitas de verificación revelaron que las y los aspirantes al Poder Judicial emplearon materiales, inmuebles y personal no permitidos por el INE para sus eventos de campaña, mítines y reuniones. 

Según el monitoreo, las ministras en funciones Yasmín Esquivel y Lenia Batres concentraron el mayor número de publicaciones inequitativas en medios impresos durante las campañas para la elección judicial. 

En el monitoreo, Yasmín Esquivel sumó 36 publicaciones, de las cuales 30 se marcaron como cobertura inequitativa respecto a otras candidatas y candidatos. Entre los medios de comunicación con este tipo de inserciones se encuentran Unomásuno, Diario Basta, El Universal, La Crónica de Hoy y Forbes. 

Las anotaciones correspondientes a Yasmín Esquivel también indican que las publicaciones estaban destacadas en la página en comparación con otras notas y que el título de la nota mantuvo una tendencia favorable hacia la entonces candidata.  

En total, Yasmín Esquivel apareció cinco veces en portadas, de las cuales cuatro correspondieron a Unomásuno, medio de la empresa Libien & Sons. 

Lenia Batres acumuló 22 publicaciones y ocho estuvieron marcadas como inequitativas o destacadas a su favor. Sin embargo, cinco de estas inserciones inequitativas compartieron página con Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, en el diario El Debate, de Sinaloa, con información favorable hacia las tres.

Las publicaciones a favor de la ministra en funciones aparecieron en medios como El Sol de Durango, El Universal, El Mexicano Ensenada, El Sur, entre otros. A diferencia de Yasmín Esquivel, ninguna de estas publicaciones apareció en portada. 

Loretta Ortiz apareció en cinco inserciones inequitativas, y en una ocasión con una leyenda que indica la publicación de los resultados de una encuesta en el medio De Peso de Yucatán que no menciona la empresa que realizó dicha encuesta. 

El instituto contabilizó tres publicaciones inequitativas de María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Hugo Aguilar, y cinco de Arístides Rodrigo Guerrero; mientras que de Giovanni Azael Figueroa e Irving Espinosa, los otros dos ganadores de un lugar en la Suprema Corte, no se identificó ninguna publicación. 

El artículo 37 de los lineamientos de fiscalización de la elección judicial prohíbe la contratación o adquisición de tiempos de radio y televisión para la promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales, anuncios espectaculares y bardas en la vía pública.  

En el análisis se especifica que dichas publicaciones no tienen la leyenda de inserción pagada. El INE analizó 300 publicaciones del 30 de marzo al 28 de mayo, periodo dispuesto para las campañas electorales. 

Todas las inserciones analizadas contienen invitación directa al voto, las redes sociales de las y los aspirantes, adjetivos calificativos, más de dos propuestas de campaña y la fecha de la jornada electoral. 

A partir del 1 de septiembre, la Corte reducirá su número de integrantes de 11 a nueve ministras y ministros electos por voto popular, tras el proceso electoral federal extraordinario realizado el 1 de junio. 

Con ello además se eliminaron las dos salas especializadas y la Corte operará únicamente en sesiones del Pleno, con nueve ministras y ministros.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (EL SABUESO)
AUTOR: ITZAXAYA CAMPOS.

Plantón de víctimas cumple 10 días; exigen que se destituya a la titular de la CEAV “porque no trabaja y nos revictimiza”

Un grupo cerró la sede de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en CDMX para exigir la destitución de la titular Martha Yuriria Rodríguez; la acusan de abuso de poder.

Las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la Ciudad de México están cerradas por un grupo de personas que desde hace diez días protestan en contra de Martha Yuriria Rodríguez, designada como titular de la institución en diciembre de 2021.

“No trabaja, nos revictimiza, se burla de nosotras las víctimas, todo lo resuelve sin favorecernos y siempre abusa de su poder”, dijo desde el plantón Milagros Flores, lideresa del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, al referirse Rodríguez Estrada.

Desde una de las casas de campaña colocadas afuera de la CEAV, Milagros Flores explica que se sumó al plantón porque tiene un hermano sobreviviente de desaparición forzada cometida en 2019, sin embargo, a la fecha la Comisión no le ha brindado medidas de protección, a pesar de que las ha solicitado la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, otros dos de sus hermanos, Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, se encuentran desaparecidos desde 2015 y 2019, respectivamente, lo que la convirtió en buscadora y por lo cual ha tenido que enfrentar diversas dificultades para acceder a los apoyos destinados para víctimas.

“Nos ponen todo tipo de obstáculos, principalmente no nos acompañan en las búsquedas ni nos dan viáticos para los traslados, o nos dicen que habrá reembolsos, pero se tardan en pagar. A mí me han dado atención psicológica y médica, pero en todo lo demás sólo he recibido revictimización; es muy difícil el trato que nos da la CEAV, pero sobre todo el que da la titular”, lamenta la buscadora.

Hasta el pasado viernes había un acceso a la CEAV abierto. Sin embargo, el lunes pasado  los manifestantes cerraron por completo las instalaciones, ante la falta de respuestas. Desde entonces, cercaron con cinta de seguridad y en sus muros colocaron cartulinas con los mensajes “Verdad, justicia y reparación”, “Presidenta, las víctimas llegamos y estamos solas”, “Justicia para los desaparecidos” y “Disculpe las molestias, estamos trabajando en defensa de las víctimas revictimizadas por esta institución”.

Animal Político buscó una postura por parte de la comisión acerca de la protesta que mantienen las víctimas, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.

“Que se vaya la titular de la CEAV y nos vamos nosotros”, reclaman víctimas

Socorro Ross es otra de las víctimas que se encuentra en la protesta. Su esposo fue secuestrado en 2015, en Veracruz, y desde entonces no tiene noticias de su paradero, como tampoco ha recibido apoyo de las autoridades: “Por eso hay que seguir luchando, estar en plantones, tomar edificios e incluso hemos tenido que litigar contra la CEAV”.

Molesta, comenta que desde que comenzaron con el plantón no han tenido respuesta o acercamiento por parte de las autoridades, salvo por los trabajadores de la CEAV que este martes les dijeron que “por nuestra culpa no se van a dispersar los apoyos (para víctimas) este mes”, ya que no pueden ingresar al edificio para realizar los trámites.

“Y nosotros respondimos que la solución es sencilla: que se vaya la titular y nos vamos nosotros. Estamos en un plan pacífico, no queremos tener problemas, pero ellos le apuestan a dividir a las víctimas para hacer un conflicto. Además, tuvieron varios días con un acceso abierto y hubo personal entrando y saliendo, fue apenas que se cercó por completo el edificio”, reclamó Ross.

De acuerdo con su experiencia, “en tiempos pasados hubo buenos comisionados, con aciertos y errores, pero en esta administración han sido más los desaciertos. De pronto no depositan, tengo que pagar mis traslados y el pago de reembolsos tarda hasta cuatro años, lo que habla de la calidad del apoyo que dan”.

“Hace aproximadamente un mes tuvimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, y entonces la titular Rosa Icela Rodríguez mencionó que quien no quisiera hacer su trabajo podía irse, pero ahora la posición es otra. Sabemos que no somos las únicas víctimas, pero deberían tener un poquito de empatía”, indicó.

En el caso de Viridiana Molina, quien estuvo presa por un delito que no cometió en el Centro Federal de Readaptación Social Núm. 16 (Cefereso 16), se sumó al plantón en reclamo de que su expediente como víctima de tortura lleva más de dos años estancado en la CEAV, sin que le brinden medidas de apoyo.

“Desde 2023 he estado preguntando por mi caso porque no se comunicaron conmigo para las medidas de apoyo, y ahora que vine a acompañar a otras víctimas a revisar su expediente pedí que me informaran sobre el mío y me salieron con que la funcionaria que me hizo el estudio de trabajo social dejó la CEAV hace dos años, ¿y desde entonces no pudieron asignar a otra persona, hasta apenas? Así la ineptitud”, apunta Molina.

“No hay una política pública de atención a víctimas”, señala ONG

Para 2025, la CEAV tuvo una disminución de 42 millones 303 mil pesos, lo que representó un recorte del 3.64 % de presupuesto, en comparación con lo que tuvo el año anterior.

En cuanto al gasto operativo, se programaron un millón 2 mil pesos menos; la disminución de ayudas sociales –que son los apoyos para las víctimas– fue de 2 millones 852 mil pesos, mientras que el mayor recorte –38 millones 448 mil pesos– se dió en el rubro de servicios personales.

Ángel Ruíz, investigador de la asociación civil Fundar, explica que esta baja de recursos para la CEAV se da en un contexto donde hay un recorte general del gasto público, que en el caso de la Comisión fue menor que el de otras dependencias, por lo que este no justifica los reclamos por la falta de atención y la revictimización que reclaman las víctimas.

“En realidad no hay una política pública de atención a víctimas, únicamente intentan administrar el problema, pero no es por un tema de presupuesto, sino de cómo lo manejan, porque tienen la decisión de definir las medidas de reparación para algunas personas, pero para otras no”, detalla Ruíz.

“Cuando había más presupuesto (en la CEAV) se tenían el mismo tipo de problemas, que no tienen que ver con la disponibilidad de recursos, sino con cómo discrecionalmente se están evaluando las necesidades de las víctimas, y a partir de ahí vemos que los criterios son cada vez más restrictivos para interpretar lo que dice la Ley General de Víctimas para el reconocimiento de derechos por sufrir un hecho victimizante”, subraya el investigador.


Para Patricia De la Cruz, este ha sido el caso. Su hijo Fernando Hernández fue víctima del delito de desaparición forzada en junio de 2022 en Tamaulipas, y desde entonces ha intentado que la CEAV le brinde apoyo a ella y sus nietos de 5 y 9 años, pero no ha tenido éxito.

“Tengo dos años pidiendo ayuda para mis nietos, porque mi hijo se encargaba de ellos al 100 %. Únicamente me han ofrecido apoyo psicológico, pero los niños viven hasta Atizapán, por lo que trasladarse hasta la Ciudad de México no les conviene, porque gastarían mucho en pasajes, y aunque he pedido que se gestione allá la atención apenas están viendo si se puede”, comenta.

Debido a que no han tenido solución a sus demandas, las manifestantes pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que se destituya a la titular de la CEAV y se atienda a las víctimas que no reciben apoyos.

Colectivos rechazan plantón, al considerarlo “desproporcionado”

A través de un comunicado, colectivos de diversos estados del país, así como personas que se identificaron como “víctimas usuarias de la CEAV”, expresaron su rechazo al plantón que demanda la destitución de Martha Yuriria Rodríguez.

“Entendemos solidariamente el derecho a las exigencias que cuatro personas han decidido hacer y su derecho a manifestarse, sin embargo, nos parece desproporcionado e injusto detener el funcionamiento institucional de la CEAV CDMX, del que dependemos miles de víctimas de todo el país, por las exigencias personales de unas pocas”, se lee en el escrito.

Además, exigieron a las autoridades responsables que realicen lo conducente para que puedan realizar sus trámites “y recibir las atenciones previstas en tiempo y forma dentro de las instalaciones institucionales, ya que entre otras actividades tenemos permanentemente en curso diligencias ministeriales, audiencias, búsquedas, investigaciones, pagos, depósitos, atenciones psicoemocionales y médicas”.

El pronunciamiento fue firmado por colectivos de Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Querétaro, Baja California, Morelos, Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Oaxaca, así como más de cien personas víctimas.

Sin embargo, Socorro Ross afirma que, en tanto no tengan respuesta, la protesta continuará “y seguirá creciendo, aunque nos vengan a decir que no se van a dispersar los apoyos… ya seremos muchas víctimas acá afuera peleándonos entre nosotros, o tal vez seamos todas contra la institución. Cada quién le va a apostar a lo que crea que es más conveniente”.

FUENTE: ANIMAP OLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.

Ejecutan a dos hombres en el Centro Histórico de Querétaro

A ese crimen se sumaron las imágenes de un hecho distinto, ocurrido sobre la misma vialidad, de ocho hombres armados que se trasladaban en camionetas blindadas

El asesinato de dos personas al interior de un vehículo en la avenida Zaragoza, una de las vialidades más transitadas del Centro Histórico de la ciudad generó conmoción en Querétaro.? 

A ese crimen se sumaron las imágenes de un hecho distinto, ocurrido sobre la misma vialidad, de ocho hombres armados que se trasladaban en camionetas blindadas y fueron revisados por la policía.

Sobre la ejecución realizada la noche del martes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, primer respondiente del hecho, informó que había desplegado un operativo, para localizar al “presunto responsable”. 

Según la dependencia, el perpetrador viajaba a bordo de una camioneta, cuyas placas estaban identificadas. 

Medios de comunicación locales difundieron imágenes del vehículo y de las placas del estado de Guanajuato. 

También fue difundida la versión de que las víctimas “tenían antecedentes penales” sin que se haya confirmado oficialmente que sea así. 

"Me imagino que ya agarraron a los delincuentes. En pleno centro y millones de cámaras de seguridad ni modo que se les pelarán", escribió el usuario Juan Carlo Muñoz en reacción a una publicación sobre el hecho. 

En contraste, con lo que difundió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sobre un presunto responsable, la Fiscalía de Querétaro habló de agresores. 

“Fiscales y Policías de Investigación realizan las acciones necesarias para obtener información que abone a la identificación de los agresores”, se lee en el mensaje difundido dos horas y media después del mensaje de la dependencia municipal. 

Un día después personal de la Fiscalía de Querétaro realizó diligencias en establecimientos cercanos a donde ocurrió el ataque a balazos. 

Sin embargo, hasta el momento, la dependencia no ha brindado más información. 

Detienen a 8 armados?

Horas después de la agresión a balazos en la avenida Zaragoza, elementos de policía detuvieron a un grupo de personas armadas en esa misma vialidad a la altura de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Querétaro. 

Entre las personas detenidas estaba el presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable de Cortazar, Guanajuato, Diego Armando Estefanía Torres, hermano de Mauricio, presidente Municipal de Cortázar por Movimiento Ciudadano. 

El grupo de personas avanzaba en tres camionetas en fila y con los vidrios polarizados.? 

Al hacer la revisión, la autoridad queretana detectó armas de fuego de diversos calibres y que las personas, los supuestos escoltas de Estefanía Torres, no tenían permiso vigente para portarlas. 

De manera extraoficial, se dio a conocer que el equipo de escoltas fue trasladado a la Fiscalía General de la República. 

Diego es hermano del alcalde de Cortazar, Marco Mauricio Estefanía Torres, que en agosto de 2024 denunció amenazas de muerte. 

El padre de ambos fue el exalcalde Hugo Estefanía, que fue señalado de vínculos con un operador del Cártel Santa Rosa de Lima. 

El alcalde Hugo Estefanía fue asesinado ocho meses después de la difusión de una conversación telefónica que le atribuyeron a él y a Noé Lara Belman, “El Puma”. 

Hora después de la revisión Diego Armando Estefanía Torres grabó un video en Celaya, ya no en Querétaro, donde agradeció “la gran seguridad que tiene Querétaro”. 

“Nos pararon y nos revisaron, pero pues aquí anda su servidor afuera”. 

Y agregó: “Muy amables los POES de Querétaro, revisaron a mi escolta, al personal que traía y nada más”. 

Posteriormente difundió un comunicado en el que señaló que su equipo de seguridad privada había sido sujeto a una revisión preventiva, pero no dio más detalles. 

“No fui detenido ni existe señalamiento alguno en mi contra”, informó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.

Baja California publica protocolo para manifestaciones; afirman que “es para funcionarios"

El gobierno estatal publicó un protocolo para prevenirse ante las manifestaciones, definen conceptos como “Manifestación”, “Bloqueos” y “Resistencia de Alta Peligrosidad”, además de que indica cómo actuar para el “Uso de fuerza”. Las autoridades afirmaron que solamente está dirigido a funcionarios.

El gobierno estatal publicó un protocolo para prevenirse ante las manifestaciones que sean realizadas en Baja California, donde definen desde su visión conceptos como “Manifestación”, “Bloqueos” y “Resistencia de Alta Peligrosidad”, además de cómo actuar para el “Uso de fuerza”. 

El documento tiene fecha del 25 de julio de 2025 y está disponible en el Periódico del Estado de Baja California, con el nombre “Protocolo Estatal de Actuación Gubernamental para la Prevención Manifestaciones y/o Protestas Desarrolladas en Baja California”.

Dicha publicación generó polémica en estos días, ante la creencia de que los manifestantes tendrían “que avisar”, “llenar formularios” o “contar con requisitos”, como circuló en redes sociales. 

El miércoles 30 de julio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, aclararon en rueda de prensa que solamente está dirigido a funcionarios públicos y busca crear soluciones mediante mesas de trabajo, y que no existe alguna obligación para la gente que desee protestar. 

“Este protocolo es una armonización a un protocolo nacional y lo que busca es que las manifestaciones tengan una mesa de trabajo. Que no quede nada más en manifestación, sino que también podamos integrar una mesa de trabajo donde podamos encontrar de manera conjunta una solución”, aseguró la mandataria estatal. 

Dicho documento destaca por contar con 52 páginas y sólo está firmado por Alfredo Álvarez Cárdenas, según se constató. 

El funcionario estatal precisó que “la única obligación está dirigida a los funcionarios públicos”. 

“Los funcionarios públicos del Gobierno del Estado que nos encargamos de atender los temas relacionados con manifestaciones somos los obligados a seguir ese protocolo… está alineado a una política nacional que impulsó la presidenta de la república (Claudia Sheinbaum Pardo) desde el primer día que tomó posesión en el sentido de no reprimir las manifestaciones y permitir la libertad de expresión en todas sus formas”, aseguró Álvarez Cárdenas. 

El también abogado rechazó que exista alguna obligación para los manifestantes. 

“Ni de que tengan que avisar, ni de que tengan que llenar una solicitud, ni de que tengan que hacer algún otro tipo de requisito que no hagan ya, que es presentarse directamente y manifestarse”, agregó. 

En una revisión general, en el Protocolo para las Manifestaciones se delimitan conceptos como “Bloqueos”, “Manifestación”, “Protestas sociales”, “Resistencia Activa”, “Resistencia de Alta Peligrosidad”, “Resistencia Pasiva” y “Uso de fuerza”. 

Por ejemplo, de la primera define que es la “obstrucción y cierre de paso o de lugares realizado por personas manifestantes que, con el fin de expresar sus inconformidades impiden la libertad de tránsito o el desarrollo normal de la instalación, dificultando la realización de las actividades cotidianas, tanto en inmuebles, vialidades, como en las vías de comunicación”. 

Para el gobierno estatal, una manifestación es “la concurrencia temporal de personas en un espacio público, con una finalidad concreta, que puede adoptar la forma de encuentros, huelgas, protestas, campañas, marchas, mítines, plantones, entre otros, con cualquier tipo de propósito”. 

La “Resistencia de Alta Peligrosidad” implica que la persona emplea “la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad, lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el personal de seguridad”, 

Y que el “Uso de la Fuerza” es la “inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables”. 

El documento dedica capítulos o enfatiza la actuación policial y “el orden gradual y uso progresivo de la fuerza”. 

“En ninguna circunstancia podrán portar ni usar armas letales durante las protestas, y queda estrictamente prohibido el uso indebido de cualquier objeto, sea o no parte del equipo. Bajo ningún motivo se permitirá el uso de armas contra quienes participen en una protesta o reunión pública pacífica con objeto lícito.”, según el texto, además de que se garantiza la labor periodística. 

Las personas interesadas en revisarlo podrán hacerlo mediante el siguiente enlace: https://acortar.link/nSREJz.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

CCEE acusa “ausencia de resultados” en caso del asesinato la líder pesquera Minerva Pérez Castro

El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) publicó un desplegado en el que exhortaron a la FGR, FGE y al gobierno estatal a dar seguimiento transparente a la investigación por la emboscada y asesinato de la empresaria.

A un año del asesinato de la líder pesquera Minerva Pérez Castro y ante la “ausencia de resultados concluyentes”, el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCE) publicó un desplegado en el que exhortaron a la Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) y al gobierno estatal a dar seguimiento transparente a la investigación. 

El organismo presidido por Julio Salinas López lo enfatizó mediante en su posicionamiento el legado de la presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), quien fuera emboscada la noche del 8 de julio de 2024.

“Su legado como líder valiente, comprometida con la legalidad, la equidad y el desarrollo sostenible del sector, permanece como una inspiración para quienes creemos en un México más justo”, expresaron. 

Desde el CCEE reiteramos nuestro respeto y reconocimiento a su labor, prosiguieron, así como nuestra solidaridad con su familia, amistades y colegas del sector.


“A un año de los hechos, y ante la ausencia de resultados concluyentes sobre su asesinato, exhortamos respetuosamente a las autoridades competentes —la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Baja California y el Gobierno del Estado de Baja California— a dar seguimiento puntual, transparente y eficaz a la investigación”, remarcaron. 

Y su vez, pidieron garantizar el acceso a la justicia para su familia y para la sociedad ante estos hechos. 

El consejo llamó a un trabajo coordinado entre gobierno, sociedad y sector productivo para construir entornos seguros, combatir prácticas ilegales que afectan a nuestras comunidades, y fortalecer el estado de derecho. 

“Minerva representó mucho más que una voz en el sector pesquero: fue un símbolo de innovación, participación de las mujeres en espacios de liderazgo y compromiso con el desarrollo integral de nuestros productos pesqueros y acuícolas”, enfatizaron. 

Además, recordaron la vida de Minerva Pérez Castro, así como su trayectoria profesional y la importancia de no rendirse ante la adversidad e impulsar un futuro “donde la legalidad, la seguridad y la productividad puedan convivir plenamente”. 

La entonces presidenta de la Canainpesca fue emboscada el 8 de julio de 2024, afuera de su empresa Atenea en el Mar, en El Sauzal de Rodríguez, después de denunciar públicamente extorsiones al sector; a la fecha se habla de dos detenidos, a pesar de que habrían actuado cinco personas, quienes estudiaron los movimientos de la empresaria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Sinaloa: 52 menores de edad permanecen detenidos durante crisis de violencia

Los menores detenidos durante la crisis de seguridad en Sinaloa están vinculados a delitos como portación de armas de fuego y drogas.

En medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, 52 menores de edad permanecen recluidos en el Centro de Internamiento para Adolescentes, mejor conocido como tutelar de menores, ubicado en Aguaruto, junto al penal de Culiacán.

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela, detalló que entre los detenidos se encuentran dos mujeres, una persona no binaria y el resto varones, todos vinculados a delitos como portación de armas de fuego y drogas.

“De septiembre a la fecha son alrededor de 52 menores de edad los que están en el Centro de Internamiento de Adolescentes, dos mujeres, uno no binario y el resto son masculinos y ese es el último dato que te tengo”, declaró Hernández Valenzuela.

Los más de 50 menores se encuentran detenidos actualmente, pero Hernández Valenzuela no detalló si estos han sido detenidos en durante los meses que lleva la crisis de seguridad que enfrenta el estado.

El dato surge tras los recientes operativos que evidencian la creciente participación de menores en actividades delictivas, un fenómeno que se ha acentuado conforme se han elevado los niveles de inseguridad en la entidad.

Por otro lado, cabe destacar que desde el repunte de la inseguridad en septiembre pasado, 57 menores de edad han sido asesinados, de los cuales 34 han ocurrido este año producto de ataques directos o víctimas colaterales de hechos violentos.

En ese contexto, el Congreso de Sinaloa aprobó una reforma al Código Penal con la que elevó las penas por homicidios, tanto simples como con agravantes, con lo cual se modificó el artículo 139 y se consideró una pena de 25 hasta 50 años de cárcel a quien asesine a menores de edad, a personas con actividad dentro del periodismo y a servidores públicos de las instituciones policiales.

Desde septiembre del año pasado, con corte al 28 de julio, en la entidad se han registrado mil 798 asesinatos, mil 798 privaciones de la libertad, 6 mil 362 vehículos robados, mil 526 detenidos y 108 abatidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/

“Las urnas no mienten”: familiares de cuerpos hallados en crematorio Plenitud en Ciudad Juárez realizan vigilia

A finales de junio en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se encontraron 386 cuerpos, de los cuales apenas 33 han sido identificados.

El colectivo Justicia para Nuestros Deudos, el cual agrupa a familiares de personas fallecidas cuyos cuerpos no fueron incinerados por el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron una vigilia en exigencia de justicia y verdad al exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con fotos, pancartas y lonas, los manifestantes se reunieron al exterior de la dependencia y encendieron cientos de veladoras en memoria de sus seres queridos.

El pasado 26 de junio se encontraron 386 cuerpos embalsamados y acumulados en condiciones insalubres, lo que destapó una serie de irregularidades y negligencias sanitarias en la operación de servicios funerarios.

De acuerdo con el último reporte de la FGE, 33 cadáveres han sido identificados, se han realizado 19 notificaciones a familiares, 14 ya fueron entregados físicamente y hay 34 con nombre probable.

La vigilia fue parte de las actividades de protesta que realizan los familiares, quienes demandan justicia, que se acelere el proceso de identificación y entrega de los cuerpos, que se explique qué les entregaron en lugar de cenizas y qué pensaban hacer con los cadáveres.

“Las urnas no mienten. La verdad duele, nos robaron el duelo. Exigimos justicia, ni un cuerpo más sin identificar”, se podía leer en una de las pancartas por uno de los asistentes.

En días pasados, la agrupación Justicia para Nuestros Deudos realizó una marcha que concluyó con una reunión con Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito Zona Norte; también protestaron en el Puente Internacional Paso del Norte y permitieron el libre paso de usuarios, y este miércoles se reunieron con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Para agilizar la identificación y entrega de cuerpos, la FGE habilitó en su plataforma justiciadigital.chihuahua.gob.mx el programa “Registro de Información crematorios Plenitud”, para que los familiares puedan aportar datos y fotografías que ayuden a proceso.

Por este caso hay dos personas detenidas y vinculadas a un proceso penal. Se trata del propietario y responsable sanitario del crematorio, José Luis A.C., y su trabajador, Facundo Teófilo M.R., quienes fueron acusados de haber cometido dos delitos: ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Peso se recupera tras acuerdo de Trump y Sheinbaum sobre aranceles

Según datos de Bloomberg, el peso mexicano inició la sesión con una ganancia de 0.14%, cotizando alrededor de 18.85 pesos por dólar.

El acuerdo entre México y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para postergar 90 días la entrada en vigor de los aranceles hasta el 31 de octubre ya generó que el peso se aprecie en el último día de julio. 

Según datos de Bloomberg, el peso mexicano inició la sesión con una ganancia de 0.14%, cotizando alrededor de 18.85 pesos por dólar.

A lo largo del día, el tipo de cambio ya registró un máximo de 18.88 y un mínimo de 18.78 pesos por billete verde. 

Grupo Monex señaló que el peso se encuentra entre las divisas que más se aprecian en la sesión, esto por el optimismo del mercado de que México alcance un acuerdo comercial con Estados Unidos. 

De acuerdo con Donald Trump, está mañana tuvo una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la antesala de la aplicación de un arancel del 30% a las importaciones mexicanas.  

El mandatario estadounidense confirmó a través de su red social Truth que se postergó la entrada en vigor de las medidas arancelarias. 

Fortaleza del dólar por datos de inflación

En contraste con el fortalecimiento del peso, el dólar estadounidense también mostró fuerza. 

Esto impulsado por la publicación de los indicadores de ingreso y consumo personal correspondientes a junio.  

En particular, el índice de precios del consumo personal (PCE deflator), que es el dato favorito de la Reserva Federal para monitorear la inflación, reportó un incremento mensual de 0.28%, en línea con lo esperado por el mercado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Caso Narvarte: 10 años de impunidad entre negligencia, complicidad y desinterés

En estos 10 años, las familias de las víctimas y su coadyuvancia han pugnado por mantener abiertas las dos principales líneas de investigación del caso: Las amenazas del gobierno de Javier Duarte en Veracruz que Nadia Vera y Rubén Espinosa denunciaron y por las cuales se refugiaron en la CDMX.

Este jueves 31 de julio se cumplen 10 años del multihomicidio de la colonia Narvarte en la Ciudad de México; el crimen que cimbró al país y retumbó en el mundo, cuya investigación estuvo plagada de vicios y no ha sido llevada al fondo por ninguno de los cinco fiscales que lo han tenido en sus escritorios y que, por el contrario, lo han enterrado en la impunidad, la complicidad y la negligencia. 

Peor aún, según los abogados de las familias de las víctimas, a lo largo de esa década, las autoridades capitalinas han mantenido la estigmatización y revictimización contra ellas y contra la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia, la activista cultural Nadia Vera y el fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa.

Los cinco fueron ejecutados en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909, en la alcaldía Benito Juárez, una de las más vigiladas de la capital. Aquella tarde, a plena luz del día, tres sujetos llegaron al departamento, uno de ellos conocía a Mile, quien los dejó pasar. Adentro, Yesenia, Mile, Nadia y Rubén fueron golpeados, torturados y vejados y, junto con Alejandra, recibieron el “tiro de gracia” con un arma con silenciador.  

Solo Nadia, Mile y Yesenia vivían en el departamento. Rubén era amigo de Nadia y estaba de visita. Alejandra solo hacía la limpieza del lugar, a petición de Mile, a quien conocía desde antes. 

La policía detuvo a Abraham Torres Tranquilino, Daniel Pacheco Gutiérrez y César Omar Martínez Zendejas como autores materiales del crimen. Los tres están sentenciados y encarcelados en una zona de alta seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.  

Sin embargo, las familias de las víctimas y sus abogados demostraron a la autoridad que hubo, al menos, un cuarto cómplice en la masacre apodado “El Duy”, pero no ha sido capturado. También aportaron información de la existencia de una red de 10 personas que se comunicaron entre sí antes, durante y después del multihomicidio, pero no pasó nada. De los autores intelectuales tampoco se sabe nada. Del móvil, menos. 

Los deudos y sus abogados también descubrieron que uno de los presuntos cómplices en la operación del multihomicidio tenía vínculos con funcionarios de la Procuraduría que entorpecieron la indagatoria. Y aunque hay una carpeta de investigación en la Fiscalía contra Servidores Públicos, la autoridad tampoco ha querido ir al fondo ni sancionar a los responsables.  

Negligencia

En entrevistas por separado, los abogados coadyuvantes coinciden en que la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Rodolfo Ríos Garza, -cuando Miguel Ángel Mancera era el jefe de gobierno- dejó perder muchas evidencias y omitió buscar información esencial desde las primeras horas después del crimen. 

Llamadas telefónicas, videos, testimonios, declaraciones, antecedentes de otros delitos y más datos perdieron vigencia, desaparecieron o se ignoraron. Así, se esfumó la posibilidad de capturar a todos los autores materiales y a los intelectuales. Con el fiscal sustituto, Edmundo Garrido, no hubo avances. 

Tanto los familiares de las víctimas, como su defensa han reconocido que, con la fiscal Ernestina Godoy, actual consejera Jurídica de la Presidencia, hubo acercamiento y apertura para retomar la investigación. De hecho, la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, les prometió que no habría impunidad.  

Sin embargo, luego de que Godoy no fue ratificada en el puesto y dejó como encargado de despacho a su vocero, Ulises Lara, se rompió toda la comunicación entre la Fiscalía y las familias. Con la nueva fiscal, Bertha Alcalde, quien lleva siete meses en el cargo, ni siquiera han tenido contacto.  

La exigencia de justicia, verdad y reparación del daño de las familias de las víctimas ha quedado en el olvido de la FGJCDMX, igual que el cumplimiento de la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos local sobre el caso.  

La línea Veracruz

En estos 10 años, las familias de las víctimas y su coadyuvancia han pugnado por mantener abiertas las dos principales líneas de investigación del caso: Las amenazas del gobierno de Javier Duarte en Veracruz que Nadia Vera y Rubén Espinosa denunciaron y por las cuales se refugiaron en la CDMX; y un presunto robo o ajuste de cuentas del crimen organizado contra Mile Martín y Yesenia Quiroz, por su presunta participación en una red de trata y narcomenudeo. Ninguna línea ha sido cerrada ni investigada a profundidad. 

La línea que apunta a Veracruz fue la que más indignación despertó en la CDMX y el mundo desde que se supo que entre las víctimas estaban una activista y un fotoperiodista y que denunciaron en sus redes sociales y en entrevistas de prensa que el priísta Duarte y su secretario de Segurida, Arturo Bermúdez, identificado como “Tormenta”, los perseguían y amenazaban. 

El hecho levantó protestas del gremio periodístico a nivel local y nacional. La noticia llegó a los titulares del mundo que reiteraban que en México son asesinados periodistas y activistas críticos del poder. La indignación creció por las declaraciones del procurador, Rodolfo Ríos, quien, a menos de 24 horas del hecho, descartó que los asesinatos fueran por el trabajo periodístico de Rubén, mismo que fue publicado en el semanario Proceso en portada y en sus interiores. 

La insistencia de la familia de Rubén, en particular de su hermana Patricia, y de la organización Artículo 19 como su coadyuvante, obligó a la Fiscalía a hacer distintas diligencias en Veracruz, a interrogar a Duarte y a analizar el contexto de violencia contra periodistas y activistas en la entidad. Las diligencias más recientes, hace más de un año, incluyeron que la Fiscalía les diera acceso a carpetas de investigación sobre hechos denunciados, pero con tiempo limitado, lo que imposibilitó estudiarlas a fondo. 

“No había la más mínima intención de profundizar en esa línea, era simplemente cumplir”, denuncia Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica y coadyuvante de la familia de Rubén y Nadia. 

La línea de trata de personas

Pocas horas después del crimen, aquel 31 de julio de 2015, desde la PGJ se filtró información que apuntaba al robo como móvil, pues se difundieron videos que captaron a los asesinos llevando una maleta negra que sacaron del departamento. Se habló de que ésta tenía dinero o droga, pero nunca se aclaró. 

 Fue hasta el 2023 cuando, a insistencia de los abogados de las familias de Yesenia, Alejandra y Mile, se abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. Esta línea apunta a una conocida de Yesenia, quien aún era menor de edad, quien la habría involucrado en una red de mujeres que trabajaban como scorts o acompañantes en el Estado de México. De la operación de esa red había antecedentes penales, pero no dieron seguimiento.  

Las indagatorias descubrieron que en ese ambiente Yesenia conoció a Mile, quien también era scort, y juntas visitaban el antro “El Gorila”, donde presuntamente conseguían clientes y vendían droga bajo el yugo de un grupo del crimen organizado llamado “Los Perros” dedicado al narcomenudeo en el corredor comercial de Insurgentes Sur. Esa carpeta de investigación sigue abierta, pero no se han anunciado detenciones. 

“Si en su momento se hubiera hecho ese planteamiento, es decir, que fue una ejecución de la delincuencia organizada donde pueden confluir estas conductas criminales, el resultado en términos de derechos, de acceso a la verdad y a la justicia, hubiera sido muy diferente, con más claridad, pero fue parte de una política institucional el negar esa problemática”, afirma Héctor Pérez, del despacho Pérez Rivera, Salas & Peña Defensa Legal. 

Caso olvidado

Tanto Maldonado como Pérez lamentan que el multifeminicidio y homicidio en la colonia Narvarte ha quedado en el olvido de la Fiscalía de la CDMX. 

“Es un caso que, además de todo el dolor en las familias, se ha caracterizado por la impunidad, por la estigmatización y por la revictimización, incluso como parte de la complicidad y la negligencia” de las autoridades, acusa Leopoldo Maldonado.  

Asegura que, tanto Godoy como Alcalde, identificadas con la llamada 4T, “no han marcado una diferencia” con lo hecho por Ríos Garza. “Lo que refleja este nuevo régimen es que nunca ha pretendido desmontar los pactos de impunidad. Al contrario, ha buscado reforzarlos”, insiste. 

Son, dice, “prácticamente siete años, desde 2018, en los que la entonces Procuraduría ahora Fiscalía ha mostrado una absoluta incapacidad para llevar a cabo una investigación compleja. Y no podemos ser ingenuos, mantiene también inercias de complicidad y del pacto de impunidad”. 

Por su parte, Héctor Pérez, denuncia: “es claro que el haber manejado la investigación tan mal a un inicio permitió que se perdiera muchísimo información y tiempo”. El Caso Narvarte, insiste, “no está en las prioridades de las autoridades, es un caso olvidado ya por la Fiscalía”. 

Y si tiene algún avance, advierte, “tiene que ver más con los esfuerzos individuales de algunas personas que están en la investigación y la presión que ejercen las coadyuvancias”. 

Quienes no olvidan, son los familiares de las víctimas. El pasado sábado 26 hicieron un acto en memoria de Rubén Espinosa en Xalapa, Veracruz. El jueves 31 darán una conferencia afuera de la sede de la FGJCDMX y el sábado 2 de agosto harán el acto simbólico “#Justicia a 10 años” frente al edificio donde sus familiares fueron ejecutados.  

Además, en los próximos días y con aporte de la Secretaría de Cultura local, instalarán en calle Luz Saviñón un memorial para recordar la vida de Alejandra, Mile, Nadia, Rubén y Yesenia, que se llamará “Marca de la Memoria. Caso Narvarte”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.