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El adolescente Alexander salió por refrescos y la policía de Acatlán lo mató; 5 años después, su familia sigue exigiendo justicia

A 5 años del asesinato de Alexander, joven de 16 años, su mamá exige que las autoridades cumplan con la reparación del daño, como una disculpa pública y una investigación seria sobre el actuar de la policía de Acatlán, Oaxaca.

“¿Ya viste al asesino que mató a tu hijo?”. Virginia Gómez, de 46 años, recuerda con los ojos muy abiertos la escena en la que se encontró de frente con uno de los cinco implicados en el homicidio de su hijo Alexander Martínez Gómez; un joven de apenas 16 años que jugaba en la Tercera División del futbol mexicano, y que tenía serias posibilidades de debutar como profesional. 

Han pasado cinco años de la muerte de su hijo y de que un video suyo se hizo viral en grupos de whatsapp y redes sociales, y su caso escaló a nivel nacional. En ese video, tomado la noche del 9 de junio de 2020, se observa a la mujer en la puerta de un hospital en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, gritando desgarrada por el dolor. Minutos antes, a eso de las 22:30 de esa noche, su hijo adolescente había muerto de un balazo en la cabeza a manos de la policía municipal.

“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos. ¡Y miren lo que le hicieron! ¡Me lo mataron esos malditos!”, gritaba Virginia fuera de sí aquella noche ante la pérdida de ‘Chander’, como lo conocen en la comunidad.

La mujer habla ahora mucho más serena sentada en una silla de plástico en su casa, en un poco habitual día gris y lluvioso en la muy calurosa Acatlán, un municipio de unos 45 mil habitantes que está separado de Tezonapa, Veracruz, por una calle. 

Uno de los implicados en la muerte de Chander está preso y condenado a 35 años de cárcel, en buena medida, y así lo reconoció en una recomendación la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, por la investigación que ella misma emprendió contra la policía de su localidad. Una investigación, no obstante, y una búsqueda tenaz de la verdad que la ha llevado, además de soportar el tremendo peso de la muerte de su hijo, a vivir con escoltas por las amenazas.

–He sido amedrentada, amenazada e intimidada. Me llegan muchos mensajes por medio de Messenger de Facebook diciéndome ‘ya cállate’, ‘ya lo que pasó, ya se olvidó, no le muevas más’, ‘te estás metiendo con el patrón, ya párale’. Pero nunca me callé. He ido a la Fiscalía una y otra y vez, y todas las veces que han sido necesarias, a denunciar.

Virginia, a quien conocen en Acatlán  más por el nombre de ‘Vicky’, dice a continuación que, a pesar de la detención y sentencia de uno de los policías implicados –supuestamente, el que realizó el disparo fatal–, el caso de Chander continúa sin lograr la “justicia plena”, además de que no se han cumplido las medidas de reparación del daño que en 2021 determinó tras una investigación la Defensoría de Derechos Humanos oaxaqueña, la cual consideró el caso de Chander como “una ejecución arbitraria” de la policía local de Acatlán. De ahí que los otros cuatro elementos implicados en el caso sigan en libertad y trabajando vestidos de uniforme, placa y pistola por las calles de la localidad, donde se encontró de frente con uno de ellos.


–Fui a la graduación de una sobrinita que va al kínder. Nunca pensé que el hijo del policía que asesinó a Chander iba a estar también ahí. 

El hijo del policía condenado es Sergio R. R., también agente de policía municipal de Acatlán, y uno de los cinco implicados en la muerte del adolescente. 

‘Vicky’ asegura que él fue el policía que trató de ‘plantar’ una pistola al cadáver de su hijo, para luego pregonar la versión de que el joven futbolista era un peligroso criminal que se había negado a detenerse en un retén policiaco. De hecho, esa fue la versión oficial: en un escrito enviado por el alcalde de aquel entonces del municipio oaxaqueño, Adán Maciel, a la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, el edil, que es el jefe de la policía, aseguró que de acuerdo con sus elementos el joven iba armado y se negó a parar en un retén. Además, aseguran que a un policía se le cayó el arma al suelo y por accidente se disparó matando en el acto al adolescente.

Por fortuna, o más bien por “una señora con las faldas bien puestas”, como apunta ‘Vicky’, que testificó que ella vio cómo el policía trató de plantar el arma al joven, la versión oficial quedó desacreditada.

–No tengo estómago para ver a la cara a los policías de Acatlán –murmura ‘Vicky’–. Para mí, siempre serán los desgraciados que le quitaron la vida a Chander.

Por eso dice que el día que se encontró a uno de los implicados de frente en la graduación de su sobrina, donde muchos otros niños y niñas se graduaban para salir del kínder, se tuvo que sentar para procesar sus emociones. 

–Al principio no lo reconocí, porque ahora está más robusto. Él venía de recoger a uno de los niños, y cuando se topó frente a mí se puso rojo como un tomate. Yo todavía en mi mente pensé: ‘pobre muchacho, se ve que no ha caminado mucho entre tantas personas y se ha puesto rojísimo por la pena’. 

Fue entonces, dice la mujer, cuando alguien se le acercó por la espalda y le susurró al oído: 

“¿Has visto al asesino de tu hijo?”. 

Asesinato de Alexander: la versión de la policía de Acatlán y la de la familia

La noche del 9 de junio de 2020, la patrulla de policía municipal con número 023 se encontraba en un ‘filtro de seguridad’ sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez de Figueroa, a la altura del taller de ‘Los Hinestrozas’. El ‘filtro’, o el retén, se instaló debido a la presencia de grupos delictivos en la región –dos años antes, en abril de 2018, sujetos armados bajo aparentemente la siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron en un video al alcalde– y por “las constantes amenazas” a la corporación policiaca, justificó el edil de Acatlán, Adán Maciel, en el escrito que envió a la Defensoría de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la versión policiaca, a eso de las 22:30, la patrulla se percató de unas luces que, al parecer, eran de motocicletas que venían a exceso de velocidad en su dirección. 

“Al notar que se trataba de nueve motocicletas, el mando Sergio R. R., indicó al conductor de la unidad, Higino C. M. que encendiera los códigos parlantes de la patrulla, y a los elementos Isaac R. G., Sergio R. R. (padre del mando) y Adolfo D. G., que con sus lámparas de mano les hicieran señas para que bajaran la velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones. Al no detenerse y pasar por donde se encontraba parado el elemento Sergio R. R. (padre del mando) lo tiran, y al caer su escopeta se acciona al impacto con el suelo”, asegura la versión oficial, que señala que de inmediato los policías trataron de brindar los primeros auxilios al joven Alexander, aunque subrayó que el adolescente iba armado.

“El mando corre a brindarle los primeros auxilios y observa que aproximadamente (sic) se encontraba un arma de fuego tipo pistola en el suelo”, continúa el escrito de la versión oficial, que más adelante asegura que, debido a la beligerancia de los vecinos y de la madre que llegó al lugar, los agentes pidieron apoyo a la comandancia y uno de ellos, Sergio R. R., “priorizó tomar el indicio que se encontraba cerca del lesionado –pistola color negra–” para resguardarlo como evidencia en el caso.

Posteriormente, a las 00:05 horas, un policía había sido detenido para esclarecer los hechos ante la fiscalía oaxaqueña, y a las 00:30 horas se presentaron agentes ministeriales en el lugar para iniciar la investigación. 

Sin embargo, esta versión oficial fue desmentida por la investigación de la Defensoría de Derechos Humanos, y también ante la justicia, que condenó a Sergio R. R. a 35 años de prisión, aunque se quedaron fuera de la imputación el resto de elementos que intervinieron. 

A continuación, ‘Vicky’ cuenta una versión muy distinta de los hechos. 

–Ese 9 de junio, mi hijo y unos amigos celebraban el cumpleaños de otro amiguito, y salieron a comprar unos refrescos y unas pizzas para pasar un rato en mi casa. Salieron con sus motos a comprar a una tiendita a menos de un kilómetro de mi casa y, de los nueve, ya solo regresó el hijo de una maestra y otro muchacho que iba con una amiga. 

–Ellos fueron los que me dijeron que los policías municipales les habían cerrado el paso cuando mi hijo y los amigos venían ya de regreso. Me dijeron que la policía no les hizo ningún alto, que nada más les cerraron el paso, que varios policías se bajaron de la batea de la camioneta y que comenzaron a tirarles, y que vieron cómo Chander se había caído de la moto.

Otro adolescente resultó herido al caer también de su moto tratando de huir de los disparos. 

De inmediato, ‘Vicky’ se trasladó al lugar de los hechos, un camino de terracería donde, asegura, nadie podría transitar a gran velocidad por lo irregular del camino. 

–Vi a mi hijo tirado en el suelo junto a su moto, que aún tenía las luces encendidas, pero nunca pensé que estuviera muerto. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza por la caída y que estaba inconsciente. 

La mujer recogió a su hijo entre sus brazos. Cuenta que los cinco policías la observaban en silencio. 

–Les gritaba qué le habían hecho a Chander, pero ninguno contestaba. Solo se miraban unos a otros. 

Ante el bullicio, vecinos del lugar se acercaron. Los ánimos comenzaron a caldearse, al tiempo que los policías trataban de sacarlos del lugar. 

Hasta ese momento, ‘Vicky’ asegura que, pese a lo que señaló el informe policial, los agentes no habían pedido una ambulancia, ni le dieron primeros auxilios. Fue una persona de la multitud que conocía a ‘Vicky’ quien llamó a la ambulancia, que llegó 15 o 20 minutos después. 

–Pero uno de los policías se acercó al chofer de la ambulancia y le dijo algo en corto, y éste hizo el amago como para retirarse del lugar. Entonces, mi otro hijo, Alexis, se puso delante de la ambulancia y comenzó a golpear el cofre, y mucha gente se tiró encima de la ambulancia y le obstruyó el paso. Al de la ambulancia ya no le quedó más remedio que sacar una camilla, subir a Alexander, y llevarlo al hospital de la comunidad.

Pero ya era demasiado tarde. 

Chander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, estaba muerto.

Violaciones a los derechos de las víctimas en el caso del homicidio de Alexander en Oaxaca

La Defensoría de Derechos Humanos, en su investigación previo a la emisión de la recomendación 1/2021, la cual elaboró a partir de dictámenes oficiales que fueron materia en el juicio del caso, señaló numerosas irregularidades en el actuar de la policía y en su posterior informe de los hechos.

Por ejemplo, la Defensoría establece que “no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”, por lo que concluyó que “la muerte arbitraria de un menor de edad fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la Policía municipal de Acatlán de Pérez de Figueroa”. 

El informe de la Defensoría también contradice la versión de la policía de que el arma de uno de los agentes se habría detonado por accidente al caer al suelo, producto de la supuesta embestida de uno de los jóvenes que iban en moto. 

“Según un informe pericial, es poco probable que el tipo de arma del policía Sergio R. R. se accionara en la forma en la cual dicen los policías que se disparó”, señala la Defensoría, que agrega al respecto: “Existe, además, un dictamen de criminalística en el que se documentó la existencia de otros disparos en la escena del crimen”. 

“La actuación omisa y negligente de los primeros intervinientes fue evidenciada por los familiares del adolescente que perdió la vida, su madre, padre y hermano, quienes se dieron a la tarea de investigar”, continúa señalando la Defensoría. 

“Fueron ellos quienes, al acudir a la escena del crimen, se percataron y se fijaron en –fotografía y video– de varios daños en árboles y un vehículo estacionado que en dictámenes posteriores la Fiscalía General corroboró que algunos fueron producidos por disparo de arma de fuego. Incluso, ubicaron y lograron que un perito en criminalística de campo extrajera de un árbol un elemento balístico esférico”.

El informe de Derechos Humanos concluye que los agentes locales, así como el agente de investigación estatal Gerardo P. C., cometieron “violaciones graves” en la preservación de la escena del crimen, y apunta también a la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que tampoco investigó las demás armas de fuego de los policías para determinar si habían sido accionadas o no.

En definitiva, remata la Defensoría, los elementos policiacos violaron el derecho de las víctimas a una “investigación seria, imparcial y efectiva” para esclarecer los hechos, a partir de los cuales un joven de 16 años fue muerto de un disparo en la cabeza, al que, además, intentaron criminalizar al ‘plantarle’ una pistola junto a su cuerpo, tratando de crear una narrativa de que se trataba de delincuentes que quisieron evadir un supuesto retén de la autoridad. 

Por todo ello, la Defensoría, desde marzo de 2021, determinó en su informe una serie de medidas de reparación del daño dirigidas tanto al presidente municipal de Acatlán, como a la Fiscalía estatal oaxaqueña. 

Entre esas medidas están, por ejemplo, que se realice por parte de ambas autoridades un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones graves cometidas contra Chander y su familia, y que se haga una investigación “seria, imparcial, y efectiva” sobre la actuación policiaca, y sobre “la manipulación y alteración en la preservación y procesamiento de indicios y evidencias (…), incluyendo a la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, independientemente de la persona que ya se encuentra sujeta a proceso penal por estos hechos”. 

Sin embargo, a cinco años del caso, y a cuatro de la recomendación que ‘Vicky’ lleva siempre consigo cuando va a pedir a pedir ayuda al consulado estadounidense –su hijo tenía la doble nacionalidad– o cuando acude a la fiscalía estatal, o a tocar la puerta de las autoridades del Gobierno Federal, la mujer denuncia que esas medidas de reparación del daño no se han cumplido, y que los otros cuatro elementos involucrados no han sido investigados y continúan en activo.

Además, tampoco le han querido pagar el dinero que, por ley, corresponde a las víctimas cuando hay un caso de homicidio. 

–Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo. Jamás –subraya tajante ‘Vicky’–. Ningún dinero me va a regresar su vida, porque mi hijo no tiene precio. Pero, como me dicen los abogados, es un derecho que tenemos, y aunque no quisiéramos ese dinero, es algo que están obligados a pagar, a cumplir, y tampoco lo han hecho. Se han hecho de la vista gorda. 

Mamá de Alexander dejó su trabajo de secretaria para buscar justicia para su hijo

Como muchas otras víctimas en México que ante la falta de resultados de las autoridades asumen el peso de las investigaciones en sus casos, o las búsquedas de sus seres queridos, ‘Vicky’ tuvo que dejar su trabajo como secretaria en una empresa y se ha convertido en una activista y en una voz autorizada y respetada en Acatlán, donde otras víctimas acuden a ella –mandadas a veces incluso por gente que trabaja en el Ayuntamiento– pidiéndole ayuda, a pesar de que les deja muy en claro que ella solo es una madre en busca de justicia para su hijo. 

–Les dicen: ‘miren, acá no podemos hacer nada, pero vayan con ‘Vicky’. Y pues no sé –se encoge de hombros–, creo que la gente me ve como una especie de ‘heroína’ porque fui una mamá que sí levantó la voz ante la injusticia de la muerte de un niño. Yo levanté la voz en un lugar donde la gente, por miedo, no lo hacía; preferían irse del municipio para que no les hicieran daño, porque inmediatamente empezaban las amenazas diciéndoles ‘si no te callas, te vamos a matar’. 

Su lucha, incluso, no pasó desapercibida para los partidos políticos, pues asegura que llegaron a tocar su puerta para que se presentara como candidata a la alcaldía, propuesta que rechazó. 

–Se los he dicho cuando han venido a buscarme para la ‘poliquería’: ustedes no piensan en mí, no piensan en lo que siento al ver a esos policías. ¿Ustedes creen que me voy a sentar en una silla en la Alcaldía y voy a ver a esos policías que mataron a mi hijo? No, sólo de pensarlo se me revuelven las tripas. 

Cuestionada si, por el desgaste que implica la búsqueda de justicia en México, un país con niveles de impunidad por arriba del 90 %, y por el hecho de que su vida cambió para siempre con cuatro escoltas cuidando cada uno de sus pasos, no ha pensado en irse de Acatlán para empezar de cero en otro lugar, la mujer de inmediato niega con la cabeza. 

–Hay gente que después de lo de Chander se me acerca y me dice: ‘ay, cómo estás, pensamos que ya no vivías aquí’. Y siempre les contesto lo mismo: ‘no, nunca me he ido de aquí, ¿por qué debería irme yo? Ellos, los policías, son quienes mataron a mi hijo. Yo no he hecho nada malo. 

Además, Vicky asegura a colación que está convencida que lo que está haciendo, la búsqueda de esa “justicia plena”, es la mejor forma de honrar la memoria de Chander. 

–Ha quedado claro que fue un crimen de Estado, pues agentes del Estado asesinaron a mi hijo. Por eso fui a la Fiscalía Anticorrupción y puse otra denuncia en contra de los otros cuatro policías y los funcionarios que los protegieron y respaldaron en sus mentiras. 

A continuación, la mujer hace una pausa y reflexiona en silencio. 

–Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida, y que nunca estuvo sometida en un rincón llorando –recalca aseverando con la cabeza–. Por eso, yo voy a seguir luchando hasta que haya justicia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Se registra incendio en campamento del tramo 6 del Tren Maya, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

Por el incendio, el libramiento salida a Mérida se encuentra temporalmente cerrado.

Servicios de emergencia se movilizan para sofocar un incendio que se registra en un campamento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en el tramo 6 del Tren Maya, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Mary Hernández, presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, informó que el libramiento salida a Mérida se encuentra temporalmente cerrado para que los servicios de emergencia atiendan el reporte de incendio.

El incendio ocurrió en una zona estratégica para las obras, por lo que las autoridades locales se mantienen en alerta.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre daños a la infraestructura del Tren Maya.

Las autoridades tampoco han dado detalles sobre qué originó el siniestro.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados de la 4T aprueban ley de Inteligencia; viola el derecho a la privacidad: oposición

Con esta reforma el gobierno tendrá acceso a datos de geolocalización, biométricos, cuentas de banco e incluso conversaciones telefónicas, acusa el PAN.

Los diputados oficialistas aprobaron el dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Investigación de Seguridad Pública que tiene como objeto establecer los fines y regular la integración, el funcionamiento y la operación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La reforma fue aprobada en lo general por 368 votos a favor y 102 en contra por parte del PRI y del PAN.

La minuta fija que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) será adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para tareas de investigación. También establece que el CNI podrá acceder irrestricta y directamente o a través de la Plataforma a toda la información que integre, almacene, genere, recopile, sistematice o procese la Secretaría de Gobernación mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI).

Asimismo, en el artículo 12 fracción III se establece que la SSPC podrá solicitar a las instituciones de seguridad pública, entes públicos y a entes privados el envío de información contenida en cualquier registro administrativo que contenga datos vehiculares y de placas.

También de datos biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas.

Además, la SSPC podrá solicitar registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia.

La reforma se prevé sea discutida en el pleno del Senado el próximo lunes 30 de junio, dos días antes de que termine el periodo extraordinario en el Congreso.

OPOSICIÓN ACUSA QUE CON LA REFORMA SE VIOLA EL DERECHO A LA PRIVACIDAD

A inicio de la discusión, se presentaron tres mociones suspensivas por parte de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y PRI. Todas fueron desechadas en votación económica por parte de los legisladores oficialistas.

El diputado del PAN, José Alfonso Rubalcaba, afirmó que los dictámenes a discusión en materia de seguridad no sólo no abonan a resolver el problema, sino que además representan una amenaza directa al derecho a la privacidad de los ciudadanos.

“No es menor la atrocidad que están intentando aprobar. Si esto se aprueba, van a tener el poder para acceder a toda la información, incluyendo geolocalización, datos biométricos, cuentas de banco, incluso conversaciones telefónicas, fotos y videos personales de todas las personas que utilicen un celular.

“Eso es a todas luces inconstitucional, ya que viola el principio básico que dice nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino a través de un mandamiento judicial”, enfatizó.

Por su parte, el diputado del PRI, Emilio Lara, afirmó que con la reforma se estaría sacrificando el derecho a la privacidad para recuperar el derecho a la paz y la seguridad, pero enfatizó que se perderán los dos.

“Esto es vigilancia masiva. Una violación al artículo 6 y al artículo 16 de la Constitución. Un control absoluto, sin filtros judiciales, sin contrapesos y sin transparencia que busca clasificar de manera indefinida el espionaje con la excusa de que es un asunto de seguridad nacional”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Fiscalía de Morelos reporta hallazgo de 85 restos en fosas de Jojutla

En un informe preliminar la FGE aclaró que se trata de indicios y no cuerpos, seis corresponderían a bebés, lo que contrasta con lo reportado por buscadoras que estuvieron presentes como observadoras desde el primer día y reportaron el hallazgo de 60 cuerpos completos, 10 de bebés y 10 de mujeres.

Edgar Maldonado Ceballos, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), aseguró que durante la cuarta diligencia de exhumación de las fosas de Jojutla fueron rescatados 85 restos, “no cuerpos (de personas), y de estos, seis son bebés y uno restos fetales”. Además, destacó que se cumplieron con los lineamientos establecidos por ley. 

Estas cifras contrastan con lo documentado por las buscadoras que ingresaron como observadoras desde el primer día hasta el cierre de la diligencia. Hace unos días, las integrantes de colectivos informaron públicamente que durante esta cuarta etapa fueron recuperados más de 60 cuerpos completos, entre ellos más de 10 mujeres y más de 10 bebés, además de decenas de restos óseos en distintas condiciones.

En su informe preliminar, el fiscal Maldonado explicó que la intervención se realizó del 26 de mayo al 13 de junio de 2025 en la fosa común del panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla.  

Subrayó que esa diligencia se condujo conforme a los protocolos establecidos por ley y enfatizó que “no se trata de una fosa clandestina, como erróneamente se ha señalado en algunos espacios públicos, sino de una fosa común”, que fue utilizada en años anteriores por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos para inhumar personas en calidad de desconocidas sin estudios periciales adecuados. 

El fiscal también indicó que esta cuarta etapa fue planeada desde el 26 de abril, en una reunión con representantes de colectivos de búsqueda y autoridades de los tres órdenes de gobierno.  

Afirmó que durante los trabajos participaron especialistas en criminalística, antropología física, arqueología, odontología, medicina legal, genética y fotografía forense, así como integrantes de la Comisión Nacional y la Comisión Local de Búsqueda, personal de la Guardia Nacional —que, dijo, estuvo presente durante toda la diligencia—, visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, personal de la Visitaduría General de la FGE y notarias y notarios públicos. 

Sin embargo, es importante recordar que, al concluir la primera semana de trabajos, los colectivos denunciaron que durante varios días no hubo especialistas adecuados en campo, que se violaron lineamientos básicos para la preservación y recolección de restos, y que por lo menos en dos días no estuvo presente personal de la Guardia Nacional, a pesar de que su participación había sido anunciada como permanente. 

Estas omisiones fueron reconocidas por la FGE en un comunicado emitido un día antes de la presentación del informe de resultados. En ese comunicado, la institución admitió que no se contó con todos los perfiles técnicos necesarios y anunció que, en la siguiente etapa de intervención, se garantizará la presencia de los especialistas faltantes y se permitirá la participación de peritos independientes. 

A pesar de estas denuncias, Maldonado Ceballos reiteró que “la inclusión de estos sectores refleja el compromiso institucional de mantener un trabajo abierto, acompañado y supervisado por las familias de personas desaparecidas”. 

El fiscal detalló que los 83 indicios hallados —seis correspondientes a bebés y uno a restos fetales— deben ser considerados como tales hasta que concluyan los estudios periciales que permitirán su identificación. “Hablar de 83 hallazgos no significa que se trate de 83 personas; un solo individuo puede generar múltiples indicios”, explicó. 

El periodo autorizado para la intervención se amplió una semana más, debido al número de hallazgos, aunque el 19 de junio los trabajos se suspendieron temporalmente por el riesgo de colapso de una barda perimetral y por condiciones climáticas.  

La Fiscalía informó que la reanudación dependerá de que existan condiciones de seguridad adecuadas. 

También aclaró que los restos no son recientes. La última inhumación documentada en la carpeta de investigación data de junio de 2014. Desde 2017, en ese sitio se han localizado 219 indicios, de los cuales 78 ya cuentan con perfil genético. 

En respuesta a los cuestionamientos sobre el Coordinador General de Servicios Periciales, el fiscal defendió la trayectoria del Dr. Samuel Nava, pero advirtió: “Si las funciones no se cumplen, habrá consecuencias. Aquí no hay compromisos personales con ningún servidor público; el único compromiso es institucional”. 

Finalmente, Maldonado Ceballos afirmó que continuará el proceso en coordinación con las familias y colectivos. “Este proceso conlleva un desgaste institucional, pero si esta Fiscalía tiene que intervenir las veces que sea necesario para dignificar los restos y regresarlos a sus núcleos familiares, se hará. Estoy dispuesto a asumir ese desgaste y a cumplir con esta obligación institucional, pero también con el compromiso moral que tenemos con las familias y los colectivos de búsqueda. Las veces que sea necesario, lo haré”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.