Las redadas antiinmigrantes del presidente estadunidense, Donald Trump, no debieron tomar por sorpresa al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguran líderes de organizaciones civiles que defienden a los connacionales.
En entrevista, miembros de esas ONG denuncian que el gobierno mexicano los ignoró cuando le ofrecieron ayuda para evitar lo que ya advertían con la entrada en vigor del segundo mandato de Trump: las deportaciones masivas.
El apoyo consistía en un plan que le ofrecieron desde 2022 al entonces presidente López Obrador para tejer una red de abogados que defendiera a los mexicanos en territorio estadunidense, migrantes a los que AMLO llamó “héroes vivientes” durante seis años de discursos, pero que en la realidad les cerró la puerta.
En cambio, quien sí cumplió con sus amenazas fue Donald Trump; sus redadas causan terror entre los latinos, comunidad que se ha visto forzada a modificar su manera de vivir porque tras las detenciones ellos padecen otro viacrucis: buscar asesoría legal, que los propios migrantes deben costear, para determinar quién, en su ausencia, se queda con la custodia de sus hijos menores de edad, o nombrar legalmente a qué hijo le dejarán sus casas, autos, ahorros…
Puertas cerradas en Palacio Nacional
En este río revuelto detonado por las redadas quienes salen ganando son los abogados, pues un defensor que normalmente cobraba cinco mil dólares por una representación legal, ahora lo hace por al menos siete mil 500 dólares; pese a ello, hay migrantes que terminan deportados o detenidos en centros en condiciones que violan los derechos humanos.
Uno de los líderes históricos de organizaciones civiles en pro de los derechos de los indocumentados mexicanos es Juan José Gutiérrez. Su labor data desde los noventa. En entrevista, dice que acepta que ha habido cierto apoyo del gobierno mexicano y detalla: “Ha habido apoyo, de que ‘llamen a este número´; a los migrantes les dicen que ‘son héroes’ y que nos van a condecorar ‘con una medalla de oro’. También nos dicen: ‘México no los va a abandonar’, ‘si los deportan, los vamos a recibir con los brazos abiertos’”.
Sin embargo, considera: “En la práctica los apoyos deben ser económicos para la constitución de equipos legales que realmente representen y protejan en los tribunales los derechos adquiridos de los trabajadores”.
También director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, Juan José fue uno de los convocados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para presentar un plan, al que se comprometió en una de sus visitas a Estados Unidos antes de llegar a la silla presidencial.
Recuerda su encuentro con el tabasqueño:
“Tuvimos que ir a la Ciudad de México costeando nuestros gastos. Me tocó ir seis veces a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La primera reunión fue el 29 de agosto de 2022 y el 9 u 11 de noviembre del mismo año se produjo un documento que se le denominó ‘Plan de acción para los mexicanos en el exterior 2022-2024’.
“Pese a que Marcelo Ebrard me dijo ‘aquí está ya el plan’, lo tenían engargolado, eran 37 peticiones (…) pero nunca hubo la famosa reunión que por seis años trabajamos para concretarla con el presidente López Obrador”.
De las 37 consideraciones de la estrategia, denuncia, se eliminó un punto central: el de la defensa legal.
Ese punto, explica Gutiérrez, “hacía un llamado en 2022 a financiar una brigada de abogados de respuesta rápida en preparación para estructurarla sobre cómo debería de hacerse ante la posibilidad de que regresara Donald Trump al poder.
“Vanessa Calvo, encargada de los consulados de Estados Unidos, eliminó (la propuesta de la red de abogados) en alianza con Luis Gutiérrez, quien en ese momento era el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
“Yo pregunté: ‘Oiga, ¿por qué cortaron nuestra propuesta de las 37?’, contestaron: ‘No, es que no es necesario’”.
Tres años después Calvo es precisamente la funcionaria que ha informado sobre la asesoría legal, que no significa la representación ante un proceso judicial.
Juan José expone que solicitaron conocer la lista de abogados de esa red “y nos respondieron que tenían alrededor de 300 nombres. Ahorita dicen que tienen como tres mil. Pedimos que nos dieran los nombres de 10 o al menos de cinco… No nos dieron el nombre de un solo abogado”.
A la indignación por ese trato del gobierno federal se suma Aniceto Polanco, diputado federal migrante:
“Informamos en tiempo y forma que necesitábamos recurso y hacer una red de abogados de respuesta rápida para contrarrestar y poder salvar a los migrantes, los más que pudiéramos lograr.
Hay un grupo de Relaciones Exteriores que se llama Pale, que está encargado de la defensa y la protección de los inmigrantes, pero no ha sido suficiente porque no tenemos suficiente recurso.
El legislador morenista recuerda a las autoridades mexicanas que, cuando hay mexicanos detenidos, son maltratados y a algunos les imponen fianzas de unos cinco mil dólares y la misma comunidad latina es la que se moviliza para fondear lo necesario, en especial para ayudar a su familia porque muchos de los trabajadores viven al día y necesitan dinero para pagar sus rentas y alimentos.
Abogada en materia de migración, Noemí Ramírez ha sido testigo de esta realidad: “Todo es por su cuenta, no por la ayuda del gobierno de México, que no provee una defensa. Los propios migrantes tienen que conseguir un abogado privado y pagarlo”.
También habla sobre el cambio de planes de muchos mexicanos en Estados Unidos:
Muchas de las consultas que tengo son porque se están preparando para autodeportarse, llevarse sus ahorros, arreglar para que sus hijos tomen posesión de la casa que compraron aquí (en EU). Están haciendo su plan para recibir su retiro. Quienes nunca tuvieron hijos, pero tienen casa, están planeando venderla y llevarse el dinero.
Agrega: “Ha venido gente que son más jóvenes y tienen sus hijos menores de edad nacidos aquí, están haciendo planes de a quién le van a dejar la custodia legal en caso de que sólo por ir en la calle Migración los detenga y no regresen”.
Piden transparencia a Sheinbaum
Migrantes entrevistados coinciden en la preocupación por la falta de transparencia en el presupuesto del gobierno federal para defender a la comunidad mexicana en EU, pese a que se asegura que aumentarán los recursos para tal fin.
Solicitan al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum seguir el ejemplo del gobernador de California, Gavin Newsom, sobre todo cuando los migrantes han logrado cifras récord en el envío de remesas: más de 65 mil millones de dólares.
“Newsom nos dijo que nos va a dar 75 millones de dólares para la defensa de nuestros hermanos migrantes, y está bien, nosotros le aplaudimos ese gesto, pero también queremos que el gobierno de México (diga cuánto). La presidenta, que lo ha hecho bien, dijo que va a doblar el presupuesto, pero no sabemos cuánto es. Urge esa información y cómo se van a repartir esos fondos (…) Ahorita estos héroes y heroínas necesitan el apoyo de su gobierno, es muy difícil la situación que estamos pasando”, dice Polanco.
En febrero último el gobernador Newsom promulgó leyes que contemplaron 50 millones de dólares para proteger a su estado de las políticas del presidente Donald Trump, así como para defender a los migrantes de los planes de deportación masiva.
En México, ni el diputado federal conoce cuánto recurso ha dado el gobierno mexicano, “porque si estaban dando mil, pues el que nos den dos mil ahora a los consulados pues no alcanza ni para pagar un abogado para representar un caso”.
Originario de Jalisco, Gutiérrez considera que “hasta el momento parece un secreto de Estado (el monto de los recursos para la ayuda) porque no se sabe a cuánto asciende ese apoyo, a partir de cuándo y cómo la gente puede tener esa presentación legal que urgentemente necesitan”.
Recordó que, quienes necesitan la ayuda “son migrantes que han estado mandando millones y millones de dólares religiosamente a sus familiares en México ya por décadas. Entonces, sí creemos que ya llegó el momento en que se tiene que transparentar cuál es el compromiso del gobierno de México con el pueblo trabajador inmigrante de origen mexicano en Estados Unidos (…) ¿Y México con cuánto le va a entrar?”.
Otra propuesta de Polanco Morales es invitar a empresarios, “como Carlos Slim” para que aporten de buena fe recursos para la defensa de los migrantes.
Ayuda psicológica
El arquitecto Sergio Aguirre, cofundador y presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en América del Norte, asegura que en 45 años nunca vivieron una situación tan terrible con las redadas del presidente republicano, por lo que impulsan un programa de ayuda en salud mental, en la que participa la Universidad de Berkeley.
Los niños no están yendo a la escuela, ni las personas a trabajar o salir siquiera a las esquinas porque es un pánico que nunca había pasado. Es lamentable, es algo muy feo (…) Es la pesadilla americana.
Para Aguirre, “si hubiera seguridad en México, yo y miles de gentes nos regresaríamos encantados, pero estamos viendo lo que está pasando. Está muy difícil aquí, pero allá tampoco está muy fácil por la violencia, se sabe, el cobro de piso… Veracruz…”.
A su vez, el árbitro profesional Arturo Ángeles, radicado en Estados Unidos, advierte sobre las redadas contra los migrantes: “Mucha gente que votó por él (Trump) ha sido afectada, se sienten traicionados”.
