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Candidatos a jueces y magistrados impugnan elección judicial; “fue un proceso electoral viciado de origen”, aseguran

Candidatos a jueces y magistrados argumentaron diversas irregularidades durante la elección judicial, incluyendo los acordeones.

Jueces y magistrados federales que participaron en la elección judicial presentaron un juicio “madre” de inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con el que buscan que se declare la invalidez total de las elecciones. 

“A partir de hoy, con la representación del juicio madre de inconformidad, suscrito por las personas juzgadoras federales que participamos en este viciado proceso judicial 2024-2025, queda en manos de las y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restablecer el estado constitucional de derecho, el respeto a la división de poderes y por supuesto a la independencia judicial”, señaló el magistrado Froylan Muñoz Alvarado al presentar la impugnación.

Así, tras enumerar diversas irregularidades supuestamente cometidas antes, durante y después de la jornada electoral, el también expresidente de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales (Jufed) señaló que todas las pruebas recabadas para el juicio de inconformidad los llevaron a concluir que se debe anular por completo la elección judicial.

“Lo que culminó en el fondo del asunto, un hecho notorio y público, fue la violación a la veda electoral con algo que se llamaron acordeones […] los organismos internacionales lo tienen visualizado como una situación que no prospera, que no es viable, que contraviene principios constitucionales y convencionales. A través de estos puntos completos estamos hablando de un proceso electoral viciado de origen hasta la conclusión. Esto es (que) hubo un efecto corruptor durante todo el procedimiento que provoca su nulidad total”, señaló.

Por su parte, al acompañar a las y los juzgadores que presentaron la impugnación, el exsenador Emilio Álvarez Icaza, de la organización Somos MX, explicó que entre las irregularidades que comprueban una “intervención ilegal y de Estado” en la elección judicial hubo uso indebido de padrones, intervención indebida de gobernantes y fallos desde el proceso de selección de las y los candidatos. 

“Y los acordeones, por supuesto, como una práctica absolutamente indebida que lo que demuestra es una intervención ilegal y de Estado en términos de lo que significa atentar contra el voto libre […] este tipo de prácticas son las que nos llevan a solicitar la nulidad”, dijo el exsenador que estuvo acompañado de figuras como el político Fernando Belaunzarán.

En representación de las y los 23 juzgadores demandantes estuvieron presentes el magistrado Raúl Angulo Garfias y el juez José López Martínez, ambos en funciones, que especificaron que este recurso será utilizado para llevar a ámbito internacional la impugnación contra la reforma y la elección judicial. 

“Nosotros, las personas que estuvimos contendiendo, en funciones, bajo reglas desconocidas absolutamente y sin financiamiento o patrocinio alguno no sabíamos para dónde íbamos, pero somos personas que durante más de 20 años o mucho más tiempo hemos estado en la función jurisdiccional. Esto es lo que debe evaluar el INE al momento de calificar esta elección”, señaló el magistrado Angulo Garfias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

“Subsidio evitará alza en gasolinas”: Sheinbaum descarta aumento en precios de combustibles por conflicto en Medio Oriente

Sheinbaum reconoció que el conflicto en Medio Oriente puede tener un impacto en el precio de la gasolina en México, pero destacó que el subsidio que existe evitará el alza de precios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el cierre del Estrecho de Ormuz debido al conflicto en Medio Oriente no representa, por ahora, un riesgo significativo para el abasto ni el precio de combustibles en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que la operación de las ocho refinerías -incluidas Dos Bocas y Deer Park- permite que México produzca prácticamente todo lo que necesita para la elaboración de gasolinas.

“Prácticamente se ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones, por la compra de la Refinería en Texas, Deer Park, y por la Refinería Dos Bocas, y el trabajo que se está haciendo en las seis refinerías que ya existían en nuestro país”, destacó.

Cuestionada sobre un posible aumento en los precios internacionales de la gasolina, indicó que el gobierno cuenta con el mecanismo del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), mediante el cual se otorgan subsidios para evitar alzas en el precio al consumidor.

“Si subiera mucho el precio de las gasolinas, el IEPS permitiría mantener los precios estables en México”, aseguró.
Sobre el conflicto en Medio Oriente, Sheinbaum Pardo reiteró que la posición de México está definida por su política exterior constitucional.

“México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución”, señaló.

Amenazan con cerrar el Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es un punto de paso clave para el comercio mundial de petróleo, que Irán ha amenazado con bloquear en múltiples ocasiones durante situaciones de crisis.

Varios diputados iraníes volvieron a activar esta amenaza tras los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares en Irán, aunque la decisión final recae en el consejo de seguridad nacional, instancia de seguridad más alta del país.

El estrecho de Ormuz es la principal vía de navegación que conecta a los ricos países petroleros de Medio Oriente con el resto del mundo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desgaste de Morena y judicialización atoran resultados electorales en Veracruz

La 4T perdió bastiones históricos y enfrenta un escenario de impugnaciones en 11 municipios. Con diferencias de menos de 100 votos en casos como Acatlán (14) y Poza Rica (500), Morena recurre a tribunales para revertir derrotas denunciando fraude, violencia y quema de paquetes electorales.

Tras la jornada electoral del 1 de junio último, en la que se eligieron autoridades para los 212 municipios veracruzanos, el proceso sigue abierto y la judicialización de los resultados mantienen en vilo la decisión final en varios ayuntamientos. La cerrada competencia, los disturbios durante los cómputos y litigios por los votos han mantenido tensos a los partidos políticos, candidatos y organismos electorales.

La elección fue particularmente reñida. En más de la mitad de los municipios los candidatos ganadores obtuvieron el triunfo con una diferencia menor a mil sufragios. En 27 municipios la diferencia entre el primero y segundo lugar fue inferior a 300 votos, y en 13 casos fue menor a 20.

Como ejemplo de los cambios geopolíticos está el PAN que, aunque logró recuperar presencia tras la debacle de 2021, perdió bastiones emblemáticos como Veracruz y Tantoyuca. Eso representa un golpe significativo para la familia Yunes, históricamente dominante en la zona conurbada del puerto.

Durante los cómputos, la tensión escaló a niveles preocupantes. En siete consejos municipales se registraron actos de violencia, quema de papelería y daños a instalaciones. En otros cinco, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se vio obligado a trasladar los paquetes electorales a su sede central en Xalapa para continuar los conteos, debido al riesgo de disturbios.

El alto nivel de competitividad derivó en una judicialización de la elección. Cinco partidos (Morena, PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano) han interpuesto recursos de impugnación en al menos 35 alcaldías. Las acusaciones incluyen quema de boletas, manipulación de paquetes electorales, sustitución irregular de funcionarios y alteraciones en los resultados.

El OPLE confirmó la recepción de más de 65 recursos relacionados con los cómputos municipales. Ayuntamientos como Papantla, Hidalgotitlán, Chalma, Chicontepec, Sayula de Alemán y Poza Rica se encuentran en el centro de la disputa. En muchos casos la diferencia entre el primero y segundo lugar no supera los 100 votos.

La última palabra sobre estos resultados la tendrá el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). Sin embargo, varios de los casos más complejos podrían escalar a la Sala Regional Xalapa o incluso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que retrasaría la entrega de resultados definitivos.

El clima de judicialización e incertidumbre electoral se vio agravado por un incremento alarmante de la violencia política. De acuerdo con la organización Data Cívica, el proceso electoral de 2025 en Veracruz fue el más violento en al menos siete años. Se registraron 32 hechos de violencia político-criminal, incluidos tres asesinatos de candidatos, 16 ataques contra aspirantes, dos secuestros y múltiples amenazas.
Según el recuento, dos candidatos fueron asesinados y al menos diez abandonaron sus campañas por amenazas directas. La mayoría de estos casos se concentraron en municipios altamente disputados, donde la competencia electoral se combinó con la presencia del crimen organizado.
Desde 2018 Veracruz ha permanecido entre las tres entidades con más violencia política en México, y esta elección no fue la excepción. 

La fragmentación del voto y el reacomodo de fuerzas políticas generaron un escenario de tensión y riesgo. Las consecuencias aún se están litigando en los tribunales.

Fragmentación del voto

Para el investigador Efraín Quiñonez, de la Universidad Veracruzana, la alta competitividad electoral refleja un reacomodo profundo en el mapa político del estado. La caída de Morena en bastiones clave y el ascenso de Movimiento Ciudadano y el PT evidencian la fragmentación del voto.

“Estamos viendo un desgaste de Morena tras dos periodos municipales, el rompimiento de alianzas con el PT y la emergencia de fuerzas como MC, que se presenta como una alternativa distinta”, explicó. A esto se suma el desencanto ciudadano con las opciones tradicionales y una nueva distribución del voto en distintas regiones.
El escenario muestra volatilidad -advierte-, competencia reñida y pérdida de hegemonías. En lugar de partidos dominantes, hay una ciudadanía que reparte su voto, muchas veces por desconfianza, lo que hace que cualquier resultado sea estrecho y, por tanto, impugnable. 
Un ejemplo de lo que analiza el académico del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV es Movimiento Ciudadano, que se posicionó como la segunda fuerza política de Veracruz, luego de ganar 572 mil votos y 40 alcaldías. Su avance incluye el control de municipios estratégicos como Poza Rica y Tantoyuca, antes gobernados por Morena y PAN.

El dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, anunció impugnaciones en José Azueta, Medellín de Bravo, Hidalgotitlán y Papantla. 

En ese último municipio, su candidato Mariano Romero perdió por 403 votos frente al morenista Gonzalo Flores Castellanos, tras un recuento que cambió el resultado preliminar. Sobre la elección, Máynez denunció que los paquetes trasladados a Xalapa llegaron abiertos y con boletas nulas alteradas.

“Fue un fraude grotesco. Nos quieren robar mil votos y no lo vamos a permitir. Ganamos con votos y vamos a defender el triunfo hasta las últimas consecuencias”, declaró.

Ante el avance de MC, la gobernadora Rocío Nahle denunció que el partido postuló candidatos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Álvarez Máynez respondió que quienes han sido señalados en realidad son “perseguidos políticos” y retó a la mandataria a presentar pruebas.

El PAN confirmó que impugnará los resultados en al menos diez municipios, incluyendo Soteapan, Hidalgotitlán y Úrsulo Galván. El argumento principal del partido es la diferencia mínima de votos entre el primero y segundo lugar. “Estamos recopilando la documentación necesaria para presentar las impugnaciones donde la diferencia es mínima”, dijo su dirigente estatal, Federico Salomón.

Un caso representativo es el de Chontla, donde el PAN ganó con dos mil 440 votos, pero enfrenta impugnaciones del PRI –que quedó a sólo 43 votos– y de Morena, que perdió por poco más de mil. Además, los panistas han documentado alteraciones en actas y actos de violencia durante la jornada electoral, lo cual, afirman, comprometió la validez de los resultados.

A escala estatal el PAN obtuvo 35 alcaldías con más de 400 mil votos. 

El partido con más impugnaciones

El Partido del Trabajo anunció que impugnará los resultados en 15 municipios y se presentará como tercero interesado en otros cinco. Entre los casos más cerrados se encuentran Amatlán de los Reyes, donde perdió por 707 votos; Chumatlán, con una diferencia de 75 votos; y Chocamán, donde la distancia frente al PAN fue de 756 votos. En este último, el PT denunció que boletas marcadas en favor de su candidato fueron encontradas en cañales tras el cierre de casillas.

El crecimiento del PT en estas elecciones se explica en parte por la ruptura de su alianza con Morena. Esta decisión estratégica le permitió impulsar candidaturas competitivas en zonas donde Morena enfrentaba divisiones internas, lo que a su vez facilitó al PT posicionarse como una fuerza relevante. Obtuvo más de 370 mil votos y ganó 30 alcaldías, convirtiéndose en uno de los partidos con mayor expansión territorial.

Sin embargo, ahora enfrenta el reto de sostener sus triunfos ante los tribunales. En municipios como Hidalgotitlán, donde la diferencia fue menor a 500 votos, el partido buscará probar irregularidades en el conteo y en la cadena de custodia de los paquetes. La batalla legal será clave para mantener su posicionamiento.

Al igual que MC, PAN y PT, el PRI también recurrió a los tribunales para disputar resultados en cinco municipios. Aunque logró triunfos importantes en localidades como Orizaba y Cosoleacaque, donde mantiene estructuras políticas fuertes, el tricolor busca revertir derrotas cerradas en zonas estratégicas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Tuxtilla, donde el PRI denunció la quema de paquetería electoral, lo que impidió un recuento confiable. La diferencia fue de apenas 225 votos frente a la alianza Morena–PVEM. En Chicontepec, acusó la alteración de boletas y paquetes, tras perder por sólo 169 votos, equivalentes a 0.68% del total. En Tlaltetela el argumento se centró en que los votos nulos superaron la diferencia entre los punteros (115 votos), lo que, según el partido, justifica la nulidad de la elección.
Incluso en municipios donde la diferencia fue más amplia, como Xalapa, el PRI presentó denuncias. Alegó la desaparición de mil 685 boletas y deficiencias en la cadena de custodia de la documentación. Si bien la ventaja de Morena fue de casi 28 mil votos, el tricolor busca sentar un precedente sobre los estándares mínimos de integridad en el proceso electoral.

La respuesta de Morena

En este contexto de disputa generalizada, Morena no se quedó al margen. El partido en el poder anunció que impugnará los resultados en 11 municipios argumentando irregularidades graves como la sustitución ilegal de funcionarios de casilla, destrucción de paquetes electorales y manipulación durante el conteo de votos. Entre los casos más relevantes se encuentran Tlalnelhuayocan, Chalma, Acatlán, Sayula de Alemán, Tlacotalpan y Poza Rica.

En Acatlán Morena perdió frente al PRI por apenas 14 votos. En Poza Rica, donde la diferencia con Movimiento Ciudadano fue de 500 sufragios, el partido denunció la negativa de la autoridad electoral para realizar un recuento total.

En Las Choapas, impugnará el triunfo del candidato de MC, Jesús Uriel Esquivel, quien fue electo pese a enfrentar un proceso penal por homicidio y haber ganado bajo el amparo de un juez federal.

Un caso especialmente simbólico es el de Tlalnelhuayocan, donde el PRI ganó por mil votos, pero Morena sostiene que hubo agresiones físicas contra miembros de su estructura, así como quema parcial de documentación. “La violencia previa y la manipulación de actas deberían ser causales suficientes para anular la elección”, argumentaron representantes del partido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Reforma a la Guardia Nacional permite que militares compitan por cargos públicos: MC

Ivonne Ortega advierte sobre una “licencia especial” que sólo podría ser otorgada por quien encabece el Poder Ejecutivo o la Secretaría de la Defensa.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Ivonne Ortega, acusó que la reforma sobre la Guardia Nacional que se discutirá este martes tiene un artículo que permite a militares para competir por cargos públicos. 

En entrevista en la Cámara de Diputados, la legisladora emecista explicó que el artículo 44 concede una “licencia especial” para que el o la titular del Ejecutivo o secretario de Defensa puedan otorgar la licencia a los militares para competir por cargos públicos.

“Hay muchísimos temas que me parecen muy graves en la reforma, pero este artículo en particular, en el 44, en donde concede una licencia especial que no está contemplada en el 35, esta licencia especial solo la podría dar la persona que esté en el alto mando, sea presidenta, presidente de su momento o el secretario de la Defensa, ellos son los que pudieran otorgar esta licencia. 

“¿Para qué? Para competir en cargos de elección popular, para poder ser funcionarios de gabinete, para poder ser funcionarios descentralizados, para poder ser funcionarios municipales, estatales o federales, o cualquier encomienda que su cargo no la instruya”, detalló. 

El artículo 44 en su numeral III establece que la “licencia especial” es la que se concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional, para desempeñar cargos de elección popular cuando la persona titular del Ejecutivo Federal los nombre para el desempeño de una actividad ajena a la Guardia Nacional, y desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente de sus funciones de seguridad pública para estar en aptitud legal de desempeñarlos. 

Ivonne Ortega advirtió que con el “permiso especial” los militares pueden entrar a cualquiera de las categorías de trabajo, municipales e instituciones federales sin que pase por el Senado, la Cámara de Diputados u otra cosa, sólo la libre disposición de quien los imponga.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Sin orden de cateo, policía de Campeche allana domicilio, golpea y arresta a familia

Una mujer policía acusó a los hermanos de agredirla, tras lo cual, sus colegas ingresaron a la casa de la madre de Ángel, Alan, Eduardo, Jorge, donde fueron golpeados y arrestados, junto con su tío Miguel. Los cuatro actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos.

Policías estatales allanaron la casa de los hermanos Bastarrachea Puga en la colonia Lázaro Cárdenas, el 17 de junio; sin presentar una orden de cateo entraron al predio tras derribar el portón. Lanzaron gas lacrimógeno, dispararon al aire e hirieron a uno de ellos.

Pese a los elementos de prueba que la familia presentó sobre lo ocurrido, la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez determinó la legal detención.

Todas las agresiones de los policías quedaron grabadas en videos. Se observa a los policías estatales amenazarlos con las pistolas y macanas. Se escuchan los insultos, detonaciones de armas y los golpes al portón para entrar a la casa.  

“Me asusté muchísimo y me metí al cuarto pegadito a la sala y de ahí empecé a grabar cómo estaban alzando el portón. Estaban entrando todos los policías, eran muchos, no sé cuántos, pero sí eran bastantes policías”, declaró a Proceso la mamá de los hermanos Bastarrachea Puga y dueña de la casa, Leticia Puga. 

Los hermanos Ángel, Alan, Eduardo, Jorge y su tío Miguel actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos, se les dictó prisión preventiva como medida cautelar. La próxima audiencia en la que se determinará su situación judicial será el martes 24 de junio.  

Eran alrededor de las 12:00 del día cuando Leticia y sus hijos escucharon los golpes contra el portón. La mujer, con mucho miedo, tomó su celular y grabó el momento en que derribaron la puerta de metal y se metieron a la casa.  

Una mujer policía se dirigió a los hermanos con insultos y los acusó de agredirlos en la calle.  

“¡Oye tiraron mi moto! ¡Hey! ¿qué hacen? ¡Están dentro de la casa!”, se escuchó decir a uno de los hermanos. 

“¡Están en el patio!”, gritó otro mientras grababa.  

La mujer policía señaló a uno de ellos. “¡Es ese pendejo! ¡Tú fuiste parte de eso!”, le reclamó.  

En otro de los videos la misma mujer policía insistió en las acusaciones. “¿Qué hiciste puta madre? ¡La cámara te grabó!”, se escuchó. 

Uno de los jóvenes alcanzó a cerrar la puerta de la casa, pero no fue suficiente para impedir a los policías ingresaran, los golpearan y arrestaran. Incluso, tuvieron que ser ingresados al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” para ser atendidos por las lesiones que les causaron. 

La familia escuchó varias detonaciones en el patio y grabó el momento en que también entraron policías por la parte trasera de la casa. Desde ahí les lanzaron gas lacrimógeno y en la confusión no alcanzaron a distinguir qué oficial disparó contra uno de ellos. 

Alan, uno de los hermanos Bastarrachea, tiene fracturado el pie y se encontraba en la casa por incapacidad laboral. Le dispararon en la espalda y aunque la herida no fue de gravedad, sí resultó con una lesión por las esquirlas.   

Mientras que a Jorge lo golpearon al punto que puede perder la vista y necesita una cirugía.

De la denuncia de los policías estatales, que presuntamente fueron agredidos por los hermanos Bastarrachea Puga, se inició la carpeta de investigación CI- 2- 2025- 914 por los delitos de ultrajes a la autoridad y lesiones calificadas.   

Los agentes denunciados son: que Carlos José Panti Chi, Miguel Dzul Chi, José Alberto López Rodríguez, Celina Anahí Pérez Santos, José Miguel Casanova Maldonado, Ramón Isidro Hu Panti y David Alejandro Uc. 

La audiencia de control para determinar sí fue legal o no la detención se realizó el viernes a las 9:30 de la mañana y terminó a las 23:00 horas. Durante 13 horas y media la defensa de los hermanos Bastarrachea Puga y la fiscalía debatieron sí era legal o no la detención. 

La carpeta judicial CJ-703/24-2025/JC quedó asignada a la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, quien, además, cambió de última hora el formato de presencial a virtual, para negar el acceso de medios de comunicación, a pesar de que se trataba de una audiencia pública.  

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) llevó la defensa de los policías y alegó que existieron dos momentos en que se cometieron delitos, lo que motivó que se allane la casa sin una orden de cateo y de aprehensión. 

En un primer momento se expuso ante la jueza que tres hombres, cuyas características eran parecidas a tres de los cuatro hermanos, apedrearon una unidad policial en la que iba la policía Giselle; huyeron y entraron a la casa con portón gris.  

Expusieron que minutos después, la policía Giselle vio a tres hombres distintos a los referidos afuera de ese predio, preguntó por ellos y le respondieron con insultos, además que a su compañero le rompieron una botella en la cabeza.  

La agente pidió refuerzos y acudió otra unidad en la que iba a bordo la policía Celina, a quien supuestamente Eduardo y Alan, en presencia de los demás oficiales, metieron a la casa y amagaron con un cuchillo. Según la defensa, esos hechos obligaron a los policías a entrar sin orden de cateo y arresto.  

El abogado Edwin Trejo representa a los hermanos Bastarrachea Puga; para él no fue sorpresa que la jueza determinó la legal detención. Expresó que después del motín de Koben, que tuvo como resultado que la gobernadora Layda Sansores desarticulara a la corporación, de ningún modo pueden reconocer que los policías actuales se equivocaron. 

“Si la jueza decretara ilegal la detención estaría avalando que la policía está actuando mal, que la Secretaría de Seguridad Pública está permitiendo que esta policía actúe mal y para la visión que tiene el gobierno del Estado, para su narrativa, esto ya no es permisible. Por eso la premura y la urgencia de que diga un juez que fue legal la detención. Para que salga el próximo martes, la secretaria de justicia, Marcela Muñoz salga a decir ´ya lo vieron, yo estoy deteniendo a delincuentes, todo estuvo apegado a derecho, un juez ya lo dijo”, manifestó. 

Para el abogado de los hermanos Bastarrachea Puga la versión de la FGECAM no tiene coherencia y mucho menos existe evidencia de sus dichos. “En serio quieren que creamos que tres personas salieron rodeadas de policías y metieron una policía dentro de la casa”, acotó. 

Denuncian robo de teléfono

Gloria es la hermana de Ángel, Alan, Eduardo y Jorge y sobrina de Miguel; durante el ataque de los policías a su casa, Alan alcanzó a llamarle y avisarle de los hechos. Sus compañeros de trabajo alcanzaron a escuchar los gritos del joven.  

Al cortar la llamada, sus compañeros ofrecieron acompañarla a la casa para ver qué ocurría. En el trayecto recibió una llamada de Leticia, quien le informó que los habían arrestado y que ya se dirigían a la FGECAM. 

Gloria llegó justo en el momento que subían a la patrulla a su tío Miguel. Se acercó a los policías, entre gritos preguntó por qué se los llevaban. A la joven la detuvieron tres hombres policías y, luego de someterla, una mujer policía intentó quitarle el celular que llevaba consigo, pero no lo consiguió. 

“Me detuvieron por agresión, hay un video en vivo donde se ve que no los agredí, sí me alteré, pero cualquiera en mi situación. Fui detenida por tres policías hombres y después por dos mujeres que llegaron, uno de los agentes usó mucha fuerza. Tenía mi celular en la mano, y lo metí a la bolsa del pantalón, creo que fue un error y me lo debí quedar en la mano, en el video se ve claramente que lo agarran”, declaró Gloria en entrevista para Proceso. 

En un segundo momento se acercó a la escena una segunda oficial, que coincidentemente era Celina Anahí Pérez Santos, la misma que presuntamente fue privada de su libertad en la casa, ésta le sustrajo el celular. 

A Gloria la llevaron directo al juzgado cívico; la policía la intentó acusar de desorden público, pero no había ningún delito que perseguir y la dejaron en libertad. 

Al salir intentó recuperar su celular y acudió a la Secretaría de Seguridad Pública, manifestó los hechos en Asuntos Internos y le dijeron que sería atendida por el jefe César Alegría. Sin embargo, nunca la recibió. 

Luego de tres horas se dirigió a la FGECAM, en donde interpuso la denuncia por robo. Gracias a una aplicación logró rastrear su celular y lo ubicó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. 

De la mujer policía, la FGECAM se negó a dar información, fueron ciudadanos quienes lograron ubicarla y revelar su nombre.  

En la transmisión de “Martes del Jaguar” del 17 de junio, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcela Muñoz y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores simplemente aseguraron que el robo del teléfono no ocurrió.  

La casa de Leticia Puga no fue asegurada, ni resguardada. Ella reitera que sus hijos no cometieron ningún delito. Después de ser atacados por los policías estatales, a la casa llegaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR). Uno se le acercó y le aconsejó que denunciara las agresiones que habían vivido. 

“Uno me dijo ‘No se preocupe, ya sabemos cómo se portan la policía. A nosotros no nos caen bien, los polis son muy prepotentes”, contó. 

Leticia recordó que ese día estaba feliz porque todos sus hijos estaban en casa y cocinaría para ellos. Hoy debe dormir en una casa destrozada, en la que no puede acomodar ni mover nada porque son evidencias de la investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Trabajadores judiciales de CDMX en paro exigen auditoría interna, bono extraordinario y basificación

Trabajadores del Poder Judicial de CDMX en paro entregaron un pliego de exigencias que incluye una auditoría interna, incremento salarial con base en ahorros presupuestales, un bono extraordinario en diciembre y la basificación del personal con más de seis meses de antigüedad.

Tras más de dos semanas de paro de labores en el Poder Judicial de CDMX, el viernes pasado la base trabajadora entregó a autoridades capitalinas un pliego de exigencias. Entre los puntos principales se encuentra la solicitud de una auditoría interna antes de agosto, con el fin de detectar y suspender gastos considerados injustificados, y destinar los recursos resultantes a un incremento salarial general.

Además, demandaron la aprobación de un bono extraordinario en diciembre, así como la basificación de personal administrativo, proyectistas, secretarios y trabajadores de medidas cautelares con al menos seis meses de antigüedad, conforme a lo planteado en una “Carta convenio” redactada por el colectivo en paro, documento al que tuvo acceso el Observatorio de Justicia de la Universidad Iberoamericana.

Los trabajadores exigieron participar en la planeación presupuestal de 2026, con el objetivo de garantizar mejoras en condiciones laborales, mobiliario, insumos y atención a la falta de personal.

Finalmente, demandaron que en las negociaciones para el levantamiento del paro no tenga ninguna participación el Sindicato Único de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o cualquiera de sus secciones, luego de que este órgano gremial se ha mantenido omiso ante la movilización de la base trabajadora.

Tribunal Superior de Justicia de CDMX recibe pliego petitorio de trabajadores en paro

En respuesta, el Tribunal Superior de Justicia, en su calidad de parte patronal, propuso revisar el presupuesto para analizar la viabilidad de otorgar un estímulo económico. También se comprometió a no tomar represalias contra los trabajadores movilizados.

Durante la mesa de negociación del pasado viernes, que se prolongó por más de seis horas, las autoridades reiteraron que el monto del posible bono se conocería hasta septiembre, una vez que se revisen los ahorros presupuestales, pero se negaron a establecer un monto concreto o, incluso, a garantizar dicho estímulo.

Esta propuesta oficial implica una modificación al acuerdo ofrecido en la mesa de diálogo previa, realizada el martes 18 de junio, en la que se prometió a los trabajadores un bono y, si quedaba presupuesto, un aumento adicional.

Sin embargo, el viernes, con la presencia del oficial mayor, las autoridades manejaron la entrega del bono sólo como una posibilidad. “Ya no existió esa flexibilidad”, señaló Erika Italia Ojeda, trabajadora administrativa especializada, quien es una de las voceras del movimiento.

Según los trabajadores, las autoridades insisten en que no es viable un incremento adicional este año por la política de austeridad, pero el movimiento consideró que el problema no es la falta de recursos, sino la necesidad de revisar el gasto y redistribuirlo con justicia, mediante una auditoría.

“Incluso, nos dijeron que no jugáramos a las vencidas con Sansón. Fue una especie de amenaza entre líneas. Los trabajadores ya queremos volver a las actividades, pero no así, si firmamos cualquier cosa, en diciembre nos dicen que no hay dinero y otra vez quedamos igual”, subrayó.


Paro en juzgados de CDMX: trabajadores denuncian amenazas

Tras la reunión, los trabajadores en paro denunciaron que han recibido amenazas de nuevas agresiones por parte de grupos de choque, como la que sufrieron el pasado 11 de junio, cuando personas no identificadas atacaron a los trabajadores en el plantón e intentaron liberar los accesos a las instalaciones judiciales.

La movilización de trabajadores en el Poder Judicial de CDMX inició el 5 de junio, con el cierre del edificio de Niños Héroes 132, al que luego se sumaron oficinas como Plaza Juárez, Ciudad Judicial, los archivos judiciales y varias áreas de los reclusorios.

En total, los trabajadores en paro calculan que en el movimiento participan aproximadamente 800 empleados de las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia capitalinos, inconformes con los rezagos acumulados desde la transición al sistema penal acusatorio, la falta de insumos, mobiliario, instalaciones adecuadas y la sobrecarga de trabajo sin compensación salarial.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR:                           /EDGAR LEDESMA.

Sinaloa, 14 años con su seguridad bajo control militar, pero sin lograr frenar la violencia

Desde 2011, militares encabezan la seguridad en Sinaloa sin lograr frenar la violencia; expertos advierten riesgos y falta de resultados reales.

El pasado 17 de junio, Alejandro Bravo Martínez fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM). El Coronel, con más de 25 años de servicio en el Ejército Mexicano, ahora se suma a la creciente lista de militares que en Culiacán y Sinaloa han asumido cargos en dependencias locales encargadas de garantizar la seguridad, prevenir y combatir el delito y proteger a la ciudadanía. Abonando con ello a la militarización del Estado.

Desde 2011, la mayoría de los secretarios de seguridad de Sinaloa ha sido personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a un estudio realizado por México Evalúa.

Durante la administración del gobernador Mario López Valdez, quien llegó al poder tras una alianza entre el PAN, PRD y Convergencia, se nombró al Comandante Francisco Manuel Córdova como secretario de seguridad pública de Sinaloa. Se mantuvo en el cargo durante 2.4 años, desde enero del 2011 hasta enero del 2013.

En 2017, el gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordáz Coppel, nombró al General Genaro Robles Casillas secretario de Seguridad Pública. Duró en el cargo 1.53 años, hasta que fue cesado en julio del 2018.

Tras su salida,Ordáz Coppel colocó en la Secretaría al General Inocente Fermín Hernández Montealegre, un militar especializado en inteligencia para el combate a la delincuencia. Duró menos de un año en el puesto, para integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Después de Hernández Montealegre, el militar Cristóbal Castañeda Camarillo fue nombrado por Ordaz Coppel, como secretario de Seguridad, un nombramiento que fue ratificado por el siguiente gobernador Rubén Rocha Moya. Por lo que, se mantuvo en el cargo durante 4.75 años.

En septiembre del 2023, Rocha Moya colocó en el puesto al general Gerardo Mérida Sánchez, quien renunció al cargo en diciembre del 2024.

Fue sustituido por el general Óscar Rentería Schazarino, siendo el militar que se encuentra actualmente en el puesto.

A nivel municipal, en Culiacán también se le ha dado continuidad a la estrategia de militarización, pues Alejandro Bravo Martínez no es el único militar que ha sido nombrado titular de la SSPyTM. En 2022, estuvo al frente Pedro César Rojas Ibarra, adscrito a la Guardia Nacional; en 2021 se nombró a Mauricio García Rodríguez, coronel de infantería retirado y durante 2017 y 2021 el titular de la SSPyTM fue el Coronel Óscar Guinto Marmolejo.

Esto indica que si bien actualmente tanto la capital como el Estado de Sinaloa tienen a militares al frente de las Secretarías de Seguridad Pública, no es algo nuevo, sino que se viene repitiendo en cada administración estatal

¿Puede la militarización acabar con la violencia?

La estrategia de fortalecer la seguridad de una entidad mediante la experiencia castrense tiene diversas implicaciones e impactos en la seguridad pública de una región. De acuerdo con organizaciones internacionales como México Evalúa y Amnistía Internacional, la militarización no tiene un impacto significativo en la pacificación de una región, pero sí en el control político, la disminución de la proximidad ciudadana y la generación de violaciones a los derechos humanos.

Mientras que a nivel local, organismos como la Comisión Estatal  de Derechos Humanos (CEDH) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (CESP) han decidido dar el voto de confianza a los titulares actuales de estos cargos, enfatizando la necesidad de su experiencia militar ante el contexto actual de violencia que se vive en Sinaloa generada por la “guerra” entre facciones internas del Cártel de Sinaloa.

Consecuencias principales de poner a militares en cargos de seguridad pública local

Armando Vargas Hernández, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, indicó que el colocar a militares en cargos de seguridad pública local tiene dos consecuencias principales. En primer lugar la transformación de la manera de implementar la política pública que sustituye los modelos de prevención por una aproximación más punitiva, reactiva y sancionatoria. En segundo lugar, la adopción de prácticas castrenses que se refleja en menos rendición de cuentas, menos transparencia y mayor jerarquización en la toma de decisiones.

“Estos cambios son promovidos por los titulares de las dependencias, entonces, un efecto es, insisto, directo e inmediato, que es la manera en que se implementa la política pública, la manera en cómo se combate el delito a través de la fuerza, la reacción y la sanción y un segundo impacto menos visible tiene que ver con la transformación de las prácticas institucionales dentro de las dependencias de seguridad”, explicó.

¿La violencia disminuye con políticas de militarización?

De acuerdo al estudio “La otra militarización” de México Evalúa, en las regiones donde se implementan políticas de militarización, la violencia no tiende a disminuir, sino a incrementar.

“Eso está en sintonía con mucha de la literatura internacional y la explicación es bastante sencilla, cuando sumas militares que están entrenados para la eliminación del enemigo en un territorio de mucho conflicto criminal, por ejemplo, pues están sumando capas a la violencia, entonces, eso va a propiciar confrontaciones violentas que van a derivar mayor violencia homicida”, explicó Vargas Hernández.

En cuanto a la rendición de cuentas, indicó que en teoría los militares deberían responder ante el gobierno estatal al haber sido nombrados por el gobernante en turno, pero en la práctica sus altos mandos responden directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y, por extensión, al Ejecutivo Federal.

“Si bien el gobernador es el que coloca y remueve y en ese sentido es a quien se le rinde cuenta, pues muchos de los perfiles que vemos en varios de los estados son fieles a la SEDENA y por descuento al Ejecutivo Federal”, dijo.

Por su parte, para Amnistía Internacional la estrategia de seguridad pública militarizada ha fallado, pues los homicidios en México incrementaron un  218% entre 2006 y 2022. Además, “miembros de las corporaciones militares mexicanas han cometido con frecuencia crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad”.

Por su parte, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, indicó que si bien una recomendación de la ONU es que los asuntos de policías sean manejados por personal civil, en el caso del nombramiento reciente de Alejandro Bravo decidió darle el beneficio de la duda.

“Sin embargo, señalo lo siguiente, fue invitado por el presidente municipal de Culiacán para que SEDENA propusiera a una persona y pues le damos el beneficio de la duda, y le deseamos que tenga éxito porque de eso depende la seguridad nuestra y de nuestras familias, eso es lo que he señalado”, dijo.

En este sentido, Miguel Calderón, del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (CESP), indicó que ante la situación actual de violencia que se vive en Sinaloa, es necesaria la experiencia militar para combatir la delincuencia.

“Vemos como una decisión positiva el que los mandos con experiencia militar lleguen a las corporaciones civiles debido a que estamos viviendo tiempos extraordinarios y ocupamos garantía de experiencia, de comportamiento honesto y creemos que las corporaciones de alcance federal, de alcance militar son las mejores calificadas en ese sentido. Ya que se normalice la situación, que regrese  la paz, quizá pensar en perfiles más ciudadanos y menos militarizados, podría ser como una opción a posterior del conflicto”, dijo.

Indicó que la militarización de mandos es un factor que podría ayudar a bajar los índices de inseguridad en Sinaloa, pero no es el único, ya que el problema es muy complejo y pasa por la obtención de presupuestos necesarios para fortalecer las capacidades de obtención de justicia.

Finalmente, Vargas Hernández señaló que una ruta alternativa para mejorar la seguridad de una región evitando la militarización permanente, es dignificando a la policía, mejorando sus condiciones laborales, su profesionalización y creando alianzas entre sociedad civil, gobierno y organizaciones privadas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/REVISTA ESPEJO.
AUTOR:                           /ALEXANDRA FIGEROA.

Investigan al dirigente del PAN en Puebla por ciberacoso contra Sheinbaum y Armenta

De acuerdo a un especialista en monitoreo de medios, el gobierno federal detectó una granja de bots financiada por la dirigencia del PAN de Puebla, encabezada Mario Riestra Piña.

Alberto Rangel Ortega, comunnity manager especialista en el analítica y monitoreo de medios, aseguró que el gobierno federal investiga al dirigente del PAN en Puebla, Mario Riestra, por encabezar en sus redes sociales una campaña de odio en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

Según Rangel Ortega, el gobierno federal detectó una granja de bots financiada por la dirigencia del PAN en el estado de Puebla, encabezada Mario Riestra Piña.

“Sabemos que el Gobierno de México ya rastrea los movimientos financieros hechos a través de terceras personas, se estima que la dirigencia del PAN en el estado de Puebla pudo aportar hasta 500 mil pesos para difundir y pautar los mensajes de odio”, señaló el consultor.

A través de un seguimiento que hizo público y compartió con Proceso digital, el consultor informó que localizó las cuentas de bots de Mario Riestra y de algunos de sus colaboradores en los que se dedican a generar una campaña de ataques y de odio tanto a la presidenta Sheinbaum, así como al mandatario estatal.

En una muestra de 18 ejemplos en los que se leen mensajes y se muestran figuras caricaturescas que denigran la figura de la jefa del Ejecutivo, se registra que son de las cuentas de Riestra, su secretaria general Genoveva Huerta y la ex diputada federal Carolina Beauredard.

Los mensajes van desde acusar a la presidenta Sheinbaum de narcotráfico hasta los insultos personales y familiares. Mientras que al gobernador lo denigran y, paradójicamente, cuestionan la ley de ciberacoso que propuso y el dirigente panista, Mario Riestra, terminó apoyado tras ser requerido por la dirigencia nacional del PAN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Contradicciones del PAN ante la Ley Censura en Puebla

Todo parece indicar que los políticos de todos los partidos tienen la piel muy sensible a la crítica, que es condición esencial del periodismo. No se puede entender el ejercicio periodístico sino hay una crítica razonada al poder, llámese como se llame quienes lo detenten.

Hace una semana en Puebla el Congreso estatal aprobó una ley llamada “Ley de Ciberseguridad”, que pone en alto riesgo la libertad de expresión y de prensa. Lo mismo pasa con la acción penal en Campeche que la gobernadora Layda Sansores realizó contra del periodista Jorge González Valdez bajo los cargos de odio y violencia.

Todo parece indicar que los políticos de todos los partidos tienen la piel muy sensible a la crítica, que es condición esencial del periodismo. No se puede entender el ejercicio periodístico sino hay una crítica razonada al poder, llámese como se llame quienes lo detenten.

En el caso de Puebla hubo reacciones contradictorias entre los legisladores del PAN, pues mientras unos responsabilizaron al líder, Mario Riestra Piña, de haber fracturado al partido con su tibia y contradictoria posición frente la “ley censura”, otros siguieron la línea nacional de Jorge Romero, que rechazo la ley y dio un jalón de orejas a Riestra.

La Ley de Ciberseguridad en Puebla fue propuesta en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, entonces diputado plurinominal y hoy coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta. El 11 de junio último fue aprobada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, para luego pasar al pleno el 12 de junio y ser publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes 13.

La llamada “Ley de Ciberasedio” considera dos nuevos delitos: el espionaje digital, que lo comete la persona que a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación acceda a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legítimo titular o propietario, a efecto de conocer u obtener sus datos o cualquier tipo de información o documentos personales.

Y el ciberasedio, que lo cometerá quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
Esta ley, que ya fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ocasionó divisiones serias en el PAN poblano, pues mientras que Mario Riestra abrió la puerta para discutir y aprobar esas reformas, su hermana Susana Riestra, diputada local panista, se pronunció por interponer una acción de inconstitucionalidad para revertirlas.
El nuevo episodio ha generado otra vez reacciones contra la forma en que Riestra Piña lleva las riendas del blanquiazul en el estado. Hace una semana, el también diputado local panista y exsecretario del PAN en Puebla, Marcos Castro Martínez, expresó su desacuerdo al demandar que debe dejar la utilizar la unidad sólo como un discurso, para llevarla a la práctica.

A partir de este nuevo entuerto la dirigencia panista de Mario Riestra se tambalea pues se añade a las denuncias en su contra y de su familia por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Gabriel Biestro, presidente de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, dio a conocer hace unas semanas que Riestra Piña y sus familiares estaban siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues habrían incurrido en desfalcos que les permitieron comprar al menos tres propiedades en el Caribe, cuyo costo superaría los 12 millones de pesos, recursos cuya procedencia no han podido comprobar.

Por cierto… Cabe recordar que el Artículo 7 de la Constitución señala: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Andrea Chávez no descarta buscar la presidencia del Senado

La morenista aseguró que por el momento su atención está en la entidad que representa, Chihuahua, pero no negó la posibilidad de que podría ir por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

La vocera del grupo parlamentario de Morena del Senado, Andrea Chávez, no descartó presidir la Mesa Directiva del Senado, pero afirmó que por el momento su atención está en el Estado de Chihuahua. 

En entrevista en el Senado de la República, la morenista detalló que los próximos días dará a conocer un comunicado en donde informará su decisión.

“Ya les comenté que mi atención está completita en el estado de Chihuahua y no hay forma de que nos desapeguemos de esa tarea. Voy a estar compartiendo un comunicado pronto, con la decisión que tome, pero calma, calma, que todavía estamos conversando con el grupo parlamentario”, detalló. 

El próximo 31 de agosto, Gerardo Fernández Noroña, dejará de presidir la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, el legislador ha descartado buscar la reelección y aseguró que quiere retomar su escaño para poder debatir libremente. 

Además, Fernández Noroña informó que los acuerdos de la Cámara alta señalan que la próxima titularidad de la Mesa Directiva corresponde a una senadora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Ortiz Franco: 21 años de impunidad

La exigencia de identificar a los responsables y castigarlos

La normalidad de la mañana de aquel martes 22 de junio del 2004 se volvió desgarradora cuando empezó a circular de manera extraoficial, la información del homicidio del editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco. Tomaron su vida impunemente frente a sus dos menores hijos.

Primero, la defensa del cerebro que se niega a creer que una horda de criminales, traficantes, envenenadores, repulsivos, le quitaran la vida a un hombre justo, tranquilo, íntegro y ecuánime sin afanes protagónicos, al compañero periodista, al editor, al maestro.

Inmediatamente después, el golpe de realidad que derrumba, que ahoga, mientras se tiene la extraña sensación de que las manos de la muerte oprimen dolorosamente el corazón y el pecho.

Luego la furia, la impotencia frente a los augurios de injusticia. Ortiz Franco fue asesinado a plena luz de día, a 300 metros de las oficinas principales de la Fiscalía General del Estado, pero nadie fue detenido. La camioneta de los homicidas la abandonaron en la misma vialidad donde cometieron el homicidio, apenas unas cuadras rumbo al este, pero, aun así, tardaron muchas horas en encontrarla.

Las primeras investigaciones determinaron tres hipótesis, que no se excluían una a la otra, porque en todos los casos los sicarios estaban ligados al Cártel Arellano Félix. Pero después de 21 años sin que los responsables hayan sido detenidos, juzgados y sentenciados, evidencian que las fiscalías, estatal y federal, decidieron no avanzar.

En la primera hipótesis, se indicaba que el traficante Arturo Villarreal Heredia -detenido junto a Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, el 14 de agosto de 2006 y procesado en Estados Unidos- ordenó su muerte, después que el licenciado Ortiz Franco exhibió las relaciones del gobierno con el cártel, al publicar en un reportaje las caras de 71 sicarios del CAF, a los que les dieron credenciales oficiales como agentes ministeriales de la PGJE de Baja California.

La segunda era por el mismo motivo, pero involucraba como autores materiales a agentes ministeriales del estado, con pistoleros de los Zetas, y sicarios del Barrio Logan en California. En la tercera los matones también eran del CAF, pero el móvil era la revisión que Ortiz Franco estaba haciendo de la carpeta de investigación por el homicidio del codirector de ZETA, Héctor Félix que involucraba a Jorge Hank Rhon.

Este sábado 22 de junio se cumplirán 21 años de la tragedia, y la respuesta de los gobiernos y sus fiscalías continúa siendo el irresponsable silencio.

En este contexto, Francisco no sólo fue víctima de los asesinos materiales e intelectuales del CAF que lo privaron de la vida. Muerto, las autoridades estatales y federales decidieron revictimizarlo con la ausencia de justicia. Y esta impunidad alcanza a las otras víctimas, su familia, Gabriela su viuda y sus tres hijos hoy adultos con vidas hechas, quienes también han sido expuestos al desdén gubernamental.

Hace cuatro años, el 15 de febrero del 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la familia Ortiz enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informando su “voluntad de iniciar un proceso de solución amistosa” con el Estado Mexicano para la reparación del daño sufrido por la familia.

En aquel momento, la CIDH remitió un comunicado al Gobierno Federal, informando que había decidido “ponerse a disposición de ambas partes con miras a alcanzar una solución amistosa” y solicitó a la Federación “tenga a bien manifestar, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, si tiene interés en iniciar el procedimiento”. Cuatro años y cuatro meses después, el Estado continúa sin responder.

Sin la participación del gobierno, el 20 de febrero de 2025, la CIDH informó “que el caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo”, los que únicamente significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto “con base en la información disponible en el expediente”.

Ante el evidente desaire del Gobierno Federal, se le preguntó a Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), si han explorado algún otro camino para buscar el resarcimiento del daño; el representante de periodistas explicó que si la CIDH emite un informe con recomendaciones al Estado y éstas no se cumplen en un plazo razonable, la Comisión podría decidir, someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así las cosas. Después de 21 años, la indolencia del gobierno continúa ampliando, extendiendo, el camino de impunidad que la familia sigue recorriendo.

Por eso, de nuevo, como se ha hecho de manera permanente desde el año 2004, esta casa editora exige a los gobierno y fiscalías estatal y federal, que continúen la carpeta de investigación que irresponsablemente mantienen abandonada; que identifiquen a los autores materiales e intelectuales, los procesen, que los castiguen. Y cumplan con su obligación de atender a la familia Ortiz con el respeto que merecen todas las víctimas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

México plantea a EEUU acuerdo general de seguridad, migración y comercio

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo planteó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un acuerdo bilateral general de seguridad, migración y comercio; el cual incluiría a familias mexicanas en Estados Unidos y sería distinto a la revisión del T-MEC.

El viernes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, “se va a reunir de nuevo con el secretario de Comercio de Estados Unidos (Howard Lutnick), para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes y en el caso de seguridad y migración que nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, pues ya se estaría viendo con el Departamento de Estado”.

Sheinbaum dijo que su planteamiento se debe a que ambos países han alcanzado muchos acuerdos y al avance que se ha tenido para tener una frontera mucho más segura, y se ha reducido la migración que pasaba por México.

Asimismo, calificó de “buena conversación” la llamada telefónica con Trump, luego de que el mandatario dejó la Cumbre del G-7 en Canadá sin que se llevara a cabo la reunión programada con Sheinbaum, por motivo del conflicto bélico Israel-Irán.

A decir de la morenista, la llamada telefónica duró 20 minutos aproximadamente. “(Trump), primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo: ´no puede pasar por Washington de regreso a México´. Le dije: ´no lo tengo planeado y además hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos´”.

Durante la Cumbre del G-7, Sheinbaum se reunió con el primer ministro de Canadá, el canciller de Alemania, el presidente de Sudáfrica; el presidente electo de Corea del Sur, el presidente de Brasil y la presidente de la Comisión Europea con quienes acordó fortalecer lazos de cooperación económica, comercial y tecnológica.

A propósito de la reunión con el representante del Banco Mundial, Sheinbaum Pardo indicó que el organismo multilateral planteó distintos proyectos que están desarrollando y con nuestra representante Diana Alarcón “se está viendo qué posibilidades habría, no necesariamente de préstamo, sino de colaboración en otros sentidos” indico la mandataria.

Sobre el acuerdo general, el secretario de Economía Marcelo Ebrard comentó que se trata de tener certidumbre sobre las tarifas (aranceles) sobre el acero y el aluminio, los automóviles y vehículos pesados, entre otros temas comerciales, de aquí a que se hace la revisión del T-MEC

Por otro lado, el 24 de mayo acudirá junto con la representación de todos los estados a Arizona, para abordar el tema de semi conductores, anunció.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

La SSP de Colima abate a 3 presuntos integrantes del CJNG; otros 15 fueron detenidos

Tras un operativo implementado en el municipio de Tecomán, elementos de la SSP de Colima abatieron a tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Otras 15 personas también fueron detenidas a raíz de los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Colima informó sobre la implementación de un operativo que llevó a la detención de 15 personas y el abatimiento de otras tres, quienes presuntamente forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado en redes sociales, la SSP de Colima detalló que los hechos tuvieron lugar en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, tras una denuncia que se realizó al 911 sobre la presencia de civiles armados y actividades sospechosas.

Derivado de tal aviso "la Policía Estatal Preventiva implementó de inmediato un operativo interinstitucional con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México", indicó la dependencia.

La Secretaría también apuntó en su mensaje que en el operativo se detuvieron a 15 personas y se aseguraron armamento y equipo táctico presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.


"Durante el operativo, elementos de las corporaciones fueron agredidos por civiles armados", resaltó la SSP de Colima, lo que derivó en un enfrentamiento en el que tres presuntos delincuentes fueron abatidos.

La operación interinstitucional, que incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tecomán, mantuvo vigilancia en la zona para garantizar la seguridad de la población y capturar a los responsables de actos violentos.

La SSP, junto al Gobierno de Colima, reiteró "su compromiso de salvaguardar la paz y seguridad de todas las y los colimenses".

Por último, exhortó a la ciudadanía a "hacer del conocimiento de la autoridad cualquier hecho que pudiera constituir un delito o poner en riesgo a la sociedad" a través del 911 o de la línea anónima 089.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 JUNIO 2025.

La SSC-CdMx detiene a presunto generador de violencia con armas y droga en Iztapalapa

Elementos de seguridad de la Ciudad de México detuvieron a Edwin Matías "N", alias "Matías del Hoyo", a quien se señala como uno de los principales generadores de violencia de Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este domingo que elementos de la dependencia lograron la detención de un sujeto identificado como Edwin Matías "N", alias "Matías del Hoyo", de 28 años de edad, en la colonia El Paraíso de la Alcaldía Iztapalapa, quien es señalado como uno de los principales generadores de violencia.

El Secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, confirmó el arresto del presunto criminal a través de un mensaje compartido en su cuenta de X, antes Twitter, en el cual detalló que el detenido podría estar involucrado en delitos de homicidio, robo y venta de drogas.

Mediante un comunicado, la SSC-CdMx detalló que el presunto criminal fue detenido a raíz de que elementos de la policía capitalina reforzaron los patrullajes y la vigilancia en la zona, esto luego de que el pasado jueves 19 de junio uniformados arrestaron a cuatro sujetos que dispararon en su contra, en la esquina de las calles Reyna Xóchitl y Totli
Durante un recorrido de seguridad, elementos de la Policía capitalina recibieron una alerta por parte de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, debido a un reporte de disparos en el cruce de las calles Huitzilihuitl y cerrada de Huitzilihuitl, en la colonia El Paraíso de la Alcaldía Iztapalapa.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a un sujeto que estaba manipulando varios envoltorios similares a los que se utilizan para la venta de drogas, por lo que los agentes intentaron acercarse al sospechoso, sin embargo, éste intentó darse a la fuga, pero no lo logró.

Cabe mencionar que, al ser detenido Edwin Matías "N" intentó sobornar a los policías que lo detuvieron ofreciéndoles dinero para no ser presentado ante el Ministerio Público, sin embargo, esta oferta fue rechazada por los agentes y reportada para que se integre a la carpeta de investigación.

Luego de la detención del sospechoso, agentes de la SSC-CdMx procedieron a realizar una revisión de seguridad al sujeto, en la cual lograron asegurar un arma corta, un cargador y nueve cartuchos útiles, además de 10 bolsitas con una sustancia en polvo con características similares a la cocaína, además de una bolsa con la misma sustancia en presentación de piedra.

Derivado del hallazgo de las presuntas drogas y el arma que estaban en posesión del detenido, policías capitalinos procedieron a arrestar del sospechoso, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de realizar las indagatorias necesarias en torno a este caso.

Es importante mencionar que Edwin Matías "N" podría estar relacionado con dos homicidios cometidos en la Alcaldía Iztapalapa en los meses de marzo y diciembre del 2024, además de que es señalado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la zona.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 JUNIO 2025.

El Congreso de la Unión arranca periodo extraordinario con 16 reformas en la agenda

Con temas como la desaparición forzada, el lavado de dinero y la protección del medio ambiente, el Congreso comenzará un nuevo periodo legislativo extraordinario para atender reformas urgentes.

El Congreso de la Unión arrancó este lunes el periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 2 de julio, en el que se prevé discutir y votar un paquete de al menos 16 reformas legislativas consideradas prioritarias.

Cabe recordar que la Comisión Permanente aprobó la realización de dicho periodo el pasado viernes 20 de junio, con 26 votos a favor y nueve en contra, donde la secretaria de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, adelantó que también se discutirán cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —relacionada con el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo—, la Ley General de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda; así como reformas a la Ley General de Población para fortalecer la localización e identificación de personas desaparecidas, y una nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De acuerdo con Morena, este mismo día lunes se abordarán las primeras tres reformas: el reconocimiento a las mujeres en la historia nacional (modificación al Artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales), la prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos (reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre) y la protección de especies en peligro como la totoaba (modificación a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación).
En el Senado se prevé abordar también una nueva Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos. Por su parte, la Cámara de Diputados debatirá proyectos como la creación de una Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional y un proyecto para otorgar nuevas facultades a la Contraloría Interna de San Lázaro.

CSP confía en aprobación de reformas

Durante su conferencia matutina del 19 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el Congreso de la Unión discutiría más de 20 reformas legales en el periodo extraordinario de sesiones que comenzó este lunes.

La mandataria federal destacó que estas iniciativas abarcan temas como desaparición forzada, seguridad pública, justicia, competencia económica y telecomunicaciones.


Entre las propuestas más relevantes, Sheinbaum subrayó la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, así como los avances alcanzados en la construcción de una nueva Ley de Búsqueda y en la Ley General de Población.

Además, afirmó que estas últimas han sido trabajadas en coordinación con colectivos de personas buscadoras, con quienes la Secretaría de Gobernación ha establecido consensos. Según la Presidenta, más de 100 colectivos respaldan la propuesta actual.

La titular del Ejecutivo también señaló que varias de las iniciativas ya fueron presentadas en legislaturas previas, por lo que se espera que haya condiciones para su aprobación. Entre ellas se encuentran reformas a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y nuevas normas para fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: BLANCA JUÁREZ, ROMINA GÁNDARA.

Suprema Corte rechaza resolver el amparo de Tomás Zerón por caso Ayotzinapa

La ministra Loretta Ortiz Ahlf determinó que el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México es la autoridad competente para resolver el asunto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó resolver el amparo de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), contra la orden de aprehensión por desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura derivada del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf determinó que el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México es la autoridad competente para resolver el asunto, pese a que Zerón de Lucio argumentó la inconstitucionalidad de artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de Amparo.

“Se tiene por recibido el oficio signado por el actuario adscrito a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual informa que mediante proveído de trece de junio de dos mil veinticinco, dictado en el Amparo en Revisión 748/2023, la Presidenta de esa Primera Sala determinó que en ejercicio de la competencia delegada, éste tribunal colegiado es quien debe resolver íntegramente el presente asunto, para lo cual envía los autos originales, así como el juicio de amparo indirecto 968/2021 en dos tomos y seis anexos”, notificó el Tribunal Colegiado que este lunes recibió el asunto enviado por el Máximo Tribunal.

En el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra Zerón de Lucio por desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, identificado como líder de los Guerreros Unidos, grupo vinculado a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Contra esa orden, emitida por el entonces juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en la causa penal 148/2021, Tomás Zerón tramitó un amparo que le fue negado por la juez Octavo de Distrito en la materia, Luz María Ortega Tlapa el 17 de noviembre de 2022.

El exmando de la AIC indicó que nunca fue citado a comparecer ante el ministerio público federal para ejercer su derecho de defensa y que no hay elementos que acrediten la supuesta tortura contra “El Cepillo”, misma que fue difundida en un video publicado en redes sociales del interrogatorio a Rodríguez Salgado en el que este aparece sometido, encapuchado y esposado mientras Zerón da vueltas frente a él y lo amedrenta.

Contra la negativa del amparo tramitó un recurso de revisión que fue enviado al Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la CDMX con el número de toca 48/2023 ante quien Zerón alegó que el CNPP no establece los requisitos que debe satisfacer la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión.

El Colegiado consideró que la Corte no ha emitido criterio alguno sobre este tema por lo que desde agosto de 2023 envió el expediente al Máximo Tribunal y le solicitó reasumir su competencia originaria para resolver el asunto.

Con la decisión de la ministra Ortiz Ahlf de que el asunto debe ser resuelto por el Colegiado, ahora los magistrados deberán analizarlo y dictar su resolución.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.