Noroña recurrió en varias ocasiones al artículo 48 de las reglas para exigir que los discursos se apegaran al tema oficial, evitando así cualquier mención directa a Adán Augusto o al escándalo en Tabasco. Mientras tanto, el exsecretario de Gobernación se mantuvo callado, sin defenderse ni dar declaraciones.

La insistencia de Fernández Noroña fue percibida como un intento por blindar políticamente a Adán Augusto frente a un caso que involucra presuntos vínculos con el crimen organizado dentro del gobierno tabasqueño.

Nueve de los detenidos fueron puestos a disposición de la FGE, mientras que el resto, 18, fueron llevados a la Fiscalía General de la República.

Estas acciones, señaló el fiscal Manuel Alonso García, son parte de la estrategia de seguridad Blindaje Aguascalientes y participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, Policía de Investigación, Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional.

“La Fiscalía General del Estado está actuando con determinación y responsabilidad. No vamos a permitir que se altere la tranquilidad de las familias de Aguascalientes, los trabajos de investigación continúan y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas”, señaló el funcionario.

Este sábado, fuerzas de seguridad realizaron un operativo en un campamento supuestamente utilizado por el crimen organizado, lo que derivó en hechos delictivos como bloqueo y daños a negocios y vehículos en distintos puntos del estado.

Entre enero y junio de este año en Aguascalientes hubo 48 homicidios dolosos, a la vez se tiene registro de 501 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con datos oficiales.

Cabe destacar que los cuatro cuerpos hallados en Ahome corresponden al del padre, dos hermanos y un primo de Javier Alonso Vázquez Salazar, alias “El Tito” y quien fue asesinado hace unos días en una riña en el penal de Goros II.

Las víctimas fueron identificadas como Rosario Vázquez Salazar, de 52 años de edad; sus hijos Rosario Vázquez Sánchez y Omar Eduardo Vázquez Sánchez, de 27 y 22; así como su sobrino Luis Fernando Carrillo Vázquez, de 26 años, y habían sido privadas de la libertad el 20 de julio por sujetos armados en su propio domicilio.

En las primeras horas de este domingo 27 de julio hubo un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal en la comunidad de Yebavito, al oriente de Navolato, el cual dejó como saldo tres presuntos delincuentes muertos, un agente herido y un vehículo asegurado.

Los hechos ocurrieron cuando los policías fueron atacados a tiros por los sujetos a bordo de un vehículo, tras lo cual se desató una persecución en las calles del mencionado poblado.

Este domingo llegaron 90 elementos más de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, luego de que esta semana desplegaron a 150 de la misma división y a otros 150 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, y posteriormente llegaron mil 500 soldados más.

Desde julio han sido enviados a la entidad más de 14 mil elementos: 11 mil militares, 3 mil 200 agentes de la Guardia Nacional y 400 de marinos.

Ante violencia, Sheinbaum se compromete a pacificar Sinaloa

Estos hechos ocurren en el contexto de la crisis de seguridad desatada en septiembre de 2024, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y que provocó una disputa interna en el Cártel de Sinaloa que, con corte al 25 de julio, ha dejado mil 773 asesinatos, mil 781 privaciones de la libertad, 6 mil 318 vehículos robados, mil 504 detenidos y 105 abatidos.

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se está trabajando y se comprometió a “pacificar Sinaloa”.

“Vamos a avanzar en la estrategia de seguridad, estoy convencida de que estamos haciendo lo correcto, lo estamos haciendo bien, están disminuyendo los homicidios y vamos a disminuir todos los delitos”, afirmó.

La capital sinaloense, Culiacán, es la ciudad en México donde los habitantes se sienten más inseguros, pues encabeza la lista de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con un 90.8 % de percepción. Un aumento considerable, ya que el año pasado registró un 44.7 %.

La “Operación Liberación” fue lanzada por el gobierno federal, en coordinación con autoridades del Estado e México, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión que fue anunciada el pasado 6 de julio. 

En ese sentido, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló en ese momento que el Edomex es la entidad que concentra mayores casos de extorsión, con dos mil 049 carpetas de investigación.

¿De qué acusan a las seis personas detenidas en la “Operación Liberación”?

De acuerdo con la fiscalía del Edomex, Gonzalo “N” fue identificado como líder del Sindicato “Bradosva” y era el único autorizado para administrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava varilla en la región de Valle de Bravo.

Según indagatorias, el 20 de febrero de 2025, el imputado y varios sujetos armados habrían interceptado a una víctima sobre la carretera libre Valle de Bravo-Toluca, para exigir el pago de “derecho de piso” para entregar material de construcción en la zona. Además, le habría impuesto una cuota de 15 mil pesos por ingreso y 2 mil 500 por cada viaje de material que hiciera.

A Yareli “N”, quien se desempeñaba como tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, se le señala por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

La funcionaria es investigada por hechos ocurridos en abril de 2025, donde habría participado en la privación de la libertad de un comerciante de Ixtapan de la Sal, a quien se le exigió una suma económica a cambio de permitirle continuar sus actividades, amenazándolo con hacerle daño a él o su familia, “ya que ella pertenecía a una organización criminal con orígenes en Michoacán”.

Jorge “N” es señalado como presunto líder de madererías en Valle de Bravo. El hombre fue vinculado por extorsión agravada, al supuestamente amenazar a un comerciante de madera el 20 de junio, exigiéndole 100 mil pesos para que pudiera seguir comercializando sus productos, además de una cuota mensual y la obligación de comprarle la madera exclusivamente a él.

Antonio “N” es señalado como presunto integrante de un grupo delictivo, al parecer encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán.

Él es investigado por extorsión, pues el pasado 11 de marzo, en complicidad con dos personas más, habría amenazado de muerte a una víctima si se negaba a comprar carne de res y cerdo con él o si adquiría productos con otro proveedor.

Por su parte, Alicia “N” y José Fernando “N” presuntamente laboraban para una organización delictiva con orígenes en Michoacán.

Ambos son indagados por extorsión agravada por hechos registrados el 4 de junio en Ixtapan de la Sal, donde habrían interceptado a una persona, amenazándola y exigiéndole que comprara madera exclusivamente con ellos, con un sobreprecio del 12 %, bajo amenaza de causarle daño e impedirle seguir trabajando.

Estas seis personas fueron aprehendidas el 21 de julio en un despliegue conjunto de fuerzas de seguridad federales y estatales que incluyó elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional Contra el Secuestro y la Extorsión (Conase), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía del Edomex.

Río Metates Copala es una comunidad que pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región triqui de Oaxaca.

Ante este hecho, el MULT exigió justicia para su compañero y lamentó el aumento de la violencia en la región y contra sus integrantes.

El pasado 25 de mayo, fue asesinado Cutberto Hernández García, entrenador triqui e integrante del MULT. Él se desempeñaba como entrenador del equipo de basquetbol Los Niños Descalzos de la Montaña.

El MULT señaló que, desde el inicio de la administración del gobernador morenista Salomón Jara, en diciembre de 2022 y hasta la fecha, han sido asesinados 38 militantes, hechos que continúan en la impunidad.

Tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público, la FGJEM integró una carpeta de investigación y solicitó una orden de aprehensión contra Sergio “N”, quien fue detenido e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

La FGJEM informó a través de un comunicado que un juez ordenó la vinculación a proceso del imputado, fijando un plazo de dos meses para la investigación complementaria y estableciendo la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Este caso forma parte de la Operación “Restitución” y la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, en la cual la Fiscalía ha detenido y vinculado a proceso a otros integrantes de “Los Souverbielle” por presunta participación en delitos de despojo y robo en municipios como Texcoco.

En la conferencia se dio a conocer que, durante cinco años, la CNDH denunció penal y administrativamente a Martínez Cruz, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) desechó la querella declarando el no ejercicio de acción penal contra el defensor. 

Finalmente, tras la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la revisión de un juicio de amparo, se desecharon las acusaciones.   

En un comunicado, la CNDH señaló que el activista “jamás fue víctima de ningún hostigamiento”, omitió mencionar su pretensión inicial de someterlo penalmente, y reconoció que el fallo del Poder Judicial de la Federación fue “parcialmente favorable” para Martínez Cruz.  

Tras un recuento del litigio administrativo, y sostener que en una primera sentencia el TFJA del 16 de mayo de 2023, “se determinó la existencia de responsabilidad administrativa en su contra por uso indebido de información obtenida en su cargo”.  

Contra esa resolución, Martínez Cruz interpuso un recurso de amparo directo que, en una resolución del 20 de septiembre, ordenó al TFJA que revocará la sentencia del 16 de mayo de 2023 y determinara “si la divulgación de información privilegiada le genero al quejoso una ventaja personal o profesional”.  

El organismo sostuvo que “la batalla legal, que no alargó la CNDH, continuó el 23 de octubre de 2023, a consecuencia de que el C. Martínez Cruz promovió un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, contra el que el organismo interpuso un recurso de revisión adhesivo.  

La CNDH reconoció que “si bien la sentencia de amparo concluyó que no se acreditó plenamente una ventaja profesional derivada de la divulgación”, el organismo destacó con tipografía en negritas y en mayúsculas que “SÍ SE CONFIRMÓ LA EXISTENCIA DE LA CONDUCTA MATERIAL: LA DIVULGACIÓN DE INFORMACION PRIVILEGIADA POR PARTE DEL C. MARTINEZ CRUZ”.  

Para la CNDH la posibilidad de Martínez Cruz para interponer procedimientos judiciales, son evidencia de que al defensor se le garantizó “el pleno ejercicio de sus derechos de audiencia, defensa, acceso a la justicia e imparcialidad procesal”, sin que el organismo ejerciera “ningún tipo de hostigamiento institucional ni persecución personal”.  

El organismo insistió que su actuación fue “estrictamente institucional” y reconoció que en el proceso litigioso el Órgano Interno de Control de la CNDH “no pudo demostrar adecuadamente cómo el C. Martínez Cruz obtuvo ventaja ‘personal o profesional’ con la divulgación que hizo de información privilegiada, y por eso no se pudo configurar la infracción administrativa”.  

La CNDH acusó a las organizaciones que acompañaron el comunicado a favor de Martínez Cruz –Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos– de tener “desempeños nebulosos, por decir lo menos”, y de estar “asociados en esta campaña propagandística contra la CNDH y de aparente ‘reivindicación’ del C. Martínez Cruz”.  

La CNDH expuso que los motivos por los que Piedra Ibarra lo destituyó como director General de la Primera Visitaduría fue por tener “cero avances en la investigación del Caso Ayotzinapa que se le encomendó, y 400% de rezago en la atención de las quejas que debió atender”. 

El organismo alegó que decidió expone su postura “ante el exceso de verborrea sin fondo que se ha vertido en los últimos días, y dejar en claro que, aun cuando el amparo resultó parcialmente favorable al C. Martínez Cruz, la CNDH mantuvo su posición jurídica”, confirmándose “la existencia de conducta material, esto es, la divulgación de información privilegiada por parte del C. Martínez Cruz”.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que la principal línea de investigación es el cobro de piso, ya que la familia no recibió una solicitud de rescate. Además, precisó que, de acuerdo con los informes periciales, la causa de la muerte fue un infarto, derivado de la situación de violencia que experimentó.

Respuesta oficial y detenciones

En respuesta a estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y fuerzas de seguridad estatales, implementó un operativo en el municipio de Cerro Azul. Como resultado, las autoridades anunciaron la detención de tres personas presuntamente vinculadas al crimen.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel “N”, alias “Cholo” o “Moyo”; José Eduardo “N”, alias “Gastón” o “Águila”; y Jeana Paola “N”. La FGE comunicó que estas personas son investigadas por su probable participación en el secuestro y homicidio de la maestra.

Durante las capturas, las fuerzas de seguridad aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del ejército, cartuchos, vehículos, equipos de telefonía celular y presuntas drogas. Un elemento clave decomisado fue una libreta que contenía registros detallados, presuntamente una nómina y listas de cobro de piso a comerciantes y transportistas de la región, lo que refuerza la hipótesis de la extorsión como móvil del crimen.

¿Qué es el Grupo Sombra?

El Grupo Sombra, que también se identifica como Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS) o Cártel Mafia Veracruzana, es una organización criminal que opera principalmente en el norte de Veracruz.[5][6] Informes de seguridad la identifican como una escisión del Cártel del Golfo, con una presencia consolidada en municipios como Tuxpan, Pánuco, Álamo Temapache y Tihuatlán.

Sus actividades delictivas incluyen la extorsión, el secuestro, el narcomenudeo y el robo de hidrocarburos. La organización utiliza la violencia y la difusión de material audiovisual en redes sociales como una estrategia para infundir miedo y ejercer control territorial.

De manera paralela a sus actos violentos, el grupo ha intentado construir una base de apoyo social mediante la repartición de despensas y otros bienes en comunidades, firmando las entregas con los alias de sus líderes locales. Esta táctica de "control social" busca generar una percepción de autoridad en zonas con limitada presencia del Estado.

La Fiscalía General del Estado aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer por completo los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados en el caso de Irma Hernández.

El periodista Claudio Ochoa Huerta, de Latinus, reveló anoche fotografías en las que se aprecia al flamante titular de la Secretaría de Organización de Morena –un cargo que fue creado para él- en la fila del buffet de ese hotel de lujo, donde la noche cuesta más de 770 dólares, o cerca de 15 mil pesos. 

López Beltrán se suma así a la lista de figuras de Morena captadas en sus vacaciones en lugares exclusivos, como el diputado Ricardo Monreal Ávila en un hotel exclusivo de Madrid –donde vacaciona también su aliado Pedro Haces Barba--, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fue captado en el hotel Pousada de Lisboa, o el panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, flamante aliado de Morena desde que traicionó a su partido para sumarse a la bancada del partido guinda en la votación de la reforma judicial, quien fue fotografiado en Capri, Italia.