Una regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal y cinco personas más fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos de extorsión agravada y secuestro exprés.
La Fiscalía del Estado de México informó en un comunicado que se determinó la vinculación a proceso de Gonzalo “N”, Yareli “N”, Alicia “N”, José Fernando “N”, Jorge “N” y Antonio “N” tras las audiencias que se llevaron a cabo el sábado 26 de julio.
Un juez ratificó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que los seis imputados permanecerán privados de su libertad durante el desarrollo del proceso penal, añadió la dependencia.
La “Operación Liberación” fue lanzada por el gobierno federal, en coordinación con autoridades del Estado e México, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión que fue anunciada el pasado 6 de julio.
En ese sentido, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló en ese momento que el Edomex es la entidad que concentra mayores casos de extorsión, con dos mil 049 carpetas de investigación.
¿De qué acusan a las seis personas detenidas en la “Operación Liberación”?
De acuerdo con la fiscalía del Edomex, Gonzalo “N” fue identificado como líder del Sindicato “Bradosva” y era el único autorizado para administrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava varilla en la región de Valle de Bravo.
Según indagatorias, el 20 de febrero de 2025, el imputado y varios sujetos armados habrían interceptado a una víctima sobre la carretera libre Valle de Bravo-Toluca, para exigir el pago de “derecho de piso” para entregar material de construcción en la zona. Además, le habría impuesto una cuota de 15 mil pesos por ingreso y 2 mil 500 por cada viaje de material que hiciera.
A Yareli “N”, quien se desempeñaba como tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, se le señala por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.
La funcionaria es investigada por hechos ocurridos en abril de 2025, donde habría participado en la privación de la libertad de un comerciante de Ixtapan de la Sal, a quien se le exigió una suma económica a cambio de permitirle continuar sus actividades, amenazándolo con hacerle daño a él o su familia, “ya que ella pertenecía a una organización criminal con orígenes en Michoacán”.
Jorge “N” es señalado como presunto líder de madererías en Valle de Bravo. El hombre fue vinculado por extorsión agravada, al supuestamente amenazar a un comerciante de madera el 20 de junio, exigiéndole 100 mil pesos para que pudiera seguir comercializando sus productos, además de una cuota mensual y la obligación de comprarle la madera exclusivamente a él.
Antonio “N” es señalado como presunto integrante de un grupo delictivo, al parecer encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán.
Él es investigado por extorsión, pues el pasado 11 de marzo, en complicidad con dos personas más, habría amenazado de muerte a una víctima si se negaba a comprar carne de res y cerdo con él o si adquiría productos con otro proveedor.
Por su parte, Alicia “N” y José Fernando “N” presuntamente laboraban para una organización delictiva con orígenes en Michoacán.
Ambos son indagados por extorsión agravada por hechos registrados el 4 de junio en Ixtapan de la Sal, donde habrían interceptado a una persona, amenazándola y exigiéndole que comprara madera exclusivamente con ellos, con un sobreprecio del 12 %, bajo amenaza de causarle daño e impedirle seguir trabajando.
Estas seis personas fueron aprehendidas el 21 de julio en un despliegue conjunto de fuerzas de seguridad federales y estatales que incluyó elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional Contra el Secuestro y la Extorsión (Conase), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía del Edomex.
Los detenidos se encuentran en Centros Penitenciarios y de Reinserción Social mexiquenses. La Autoridad Judicial otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, la cual concluye el 23 de septiembre de 2025.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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