Carreteras semivacías, comercios cerrados, calles sin peatones, huellas de llantas y vehículos quemados, múltiples casas abandonadas; este es el panorama en los 165 kilómetros que hay del municipio Comitán a Siltepec, y en las cabeceras municipales de las zonas sierra y fronteriza de Chiapas, donde por tres semanas la población fue colocada como barrera de contención y rehén, en el marco de la disputa por el territorio y las rutas de tráfico que mantienen los dos principales cárteles de la droga de México.

Desde el pasado lunes, elementos del Ejército mexicano llegaron a la región fronteriza y sierra de Chiapas, e iniciaron patrullajes en las zonas donde uno u otro cartel tienen presencia.

Con la llegada en 2018 de López Obrador a la Presidencia, y la promesa de que su gobierno resolvería el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, las multitudinarias marchas que se vivieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se fueron reduciendo en tamaño y espacio en la agenda informativa. Sin embargo, la novena marcha, celebrada este martes, volvió a tomar en masa el Paseo de la Reforma de la capital mexicana.

Las escenas y consignas de la marcha recordaron a las manifestaciones de 2014 y 2015, cuando miles de personas, especialmente los jóvenes estudiantes, expresaban su rechazo al gobierno priista y a la construcción de la llamada “verdad histórica” por parte de la entonces Procuraduría General de la República que encabezaba Jesús Murillo Karam -hoy en prisión preventiva.

A seis meses del trágico incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que fallecieron 40 migrantes, diversas organizaciones civiles denuncian que el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha hecho efectiva la reparación integral del daño, a pesar de haber aceptado la Recomendación 111VG/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Tras el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró: “nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la llamada Verdad Histórica”.

Así lo dijo, el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que esta mañana el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que su nombre aparece en el primer y segundo informe de dicha Comisión. “Está tanto en el primero como en el segundo informe… Está, así de concreto”, contestó a los cuestionamientos de la prensa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el martes fue un día difícil en casos de homicidios dolosos, en especial, Nuevo León, por el hallazgo de cuerpos mutilados que fueron sembrados en siete puntos del estado.

“Ayer fue un día muy difícil en violencia, sobre todo en Nuevo León, 12 homicidios, sí estamos analizando eso”, indicó.

De aprobarse su propuesta de presupuesto para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará en términos reales una deuda superior en 2.6 billones de pesos a la que México tenía en el 2018.

Equivaldrá al 48.8% del PIB y habrá crecido 5.2 puntos respecto al último año de la administración de Enrique Peña Nieto.

Ni Ángel Aguirre Rivero ni alguno de los actores del primer círculo de responsabilidades públicas en Guerrero, encargados de hacer las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa hace nueve años, enfrentaron consecuencias penales, pero al menos sí terminaron vieron frenadas sus carreras políticas.

En la actualidad, son personajes que no han podido reinsertarse en el servicio público por la sombra de este caso, aún sin resolver.

El segundo informe de la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa ignora la gran petición de las familias de los 43 normalistas estos meses, las decenas de documentos de espionaje militar que aportarían, a su juicio, información sobre el ataque y la desaparición de los estudiantes. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala nueve lugares cerca de Iguala como posible destino de los muchachos, todos apuntados en clave de hipótesis.

El horror nunca acaba en México. Las autoridades de Zacatecas han encontrado muertos a seis de los siete adolescentes desaparecidos en Villanueva, según ha confirmado a EL PAÍS el secretario de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes.

Solo uno de los jóvenes, cuya identidad no ha trascendido “por respeto a las familias”, ha sobrevivido y está siendo atendido en el Hospital General del Estado, ya que presenta dos heridas en la cabeza y los huesos de la nariz fracturados. Está “bajo protección de elementos del orden y con acompañamiento de psicólogo”, de acuerdo con la Fiscalía.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia formal en contra de Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tras encontrar irregularidades por casi 150 millones de pesos

La ASF investigará la administración de Guevara tras reportes de múltiples irregularidades y desvíos de recursos.

Este miércoles 26 de septiembre Nuevo León registró su día más violento en lo que va del año: Se registraron 18 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el recuento diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los días que previamente el estado había registrado más asesinatos eran el 29 de mayo, con 16, y el 15 de abril con 12 casos, según las mismas cifras oficiales.

La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.

La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.

El expresidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Salomé Gutiérrez Aguirre, y Guillermo Solís Lara, colaborador del Rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Javier Saldaña, fueron asesinados ayer a balazos. Además otros tres hombres fueron heridos en diferentes hechos de violencia en Acapulco.

El expresidente de la Barra de Abogados de Acapulco y exaspirante a la Fiscalía de Guerrero en 2018, Salomé Gutiérrez Aguirre, fue asesinado a balazos dentro de su automóvil y su acompañante resultó herido en la colonia Centro.

Varios cuerpos humanos desmembrados fueron localizados el martes en siete puntos de la ciudad mexicana de Monterrey, en una ola de violencia que las autoridades estatales atribuyeron a una “purga” en un grupo delictivo que opera en el norte del país.

Los hallazgos ocurrieron durante la mañana en siete de los 13 municipios de Monterrey, capital del estado industrial de Nuevo León, indicó la Fiscalía General estatal. En el caso del municipio Apodaca, había restos humanos en cinco bultos.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, prometió esta mañana a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos que lo crean o no, el Gobierno federal va a seguir con la investigación del caso Ayotzinapa “hasta conocer toda la verdad y lo más importante: saber dónde están los jóvenes”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que en la narrativa del Gobierno Federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tiene “muchas diferencias” con la llamada “verdad histórica” del sexenio anterior.

“La CoVAJ no ha torturado a nadie, no ha sembrado pruebas, no ha alterado escenas del crimen, no hemos fabricado culpables, hemos actuado con ética”, declaró este miércoles durante la presentación del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, buscará la anulación del proceso que se le sigue por el caso Odebrecht, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) y la petrolera lo acusan de haber sigo beneficiado con presuntos sobornos por 7.3 millones de dólares para la adjudicación de tres contratos.

Así lo dio a conocer esta mañana su abogado, Miguel Ontiveros, durante una entrevista con Aristegui en Vivo, en la que señaló que las pruebas presentadas por la FGR conseguidas en Brasil fueron obtenidas de forma ilícita en ese país y así lo declaró el Supremo Tribunal Federal de Brasil en la sentencia del caso contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena en la Ciudad de México, sí participó en la junta de autoridades del Gobierno de Enrique Peña Nieto donde se fabricó la “verdad histórica”, confirmó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Al presentar el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, dijo que debido a un amparo otorgado a Tomás Zerón, no podrá exhibir la información relacionada con el exfuncionario en el caso.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto: el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.

Las conclusiones del Segundo Informe de la Covaj refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

Mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene una cifra de 2 mil 6 personas desaparecidas en Baja California de diciembre de 2006 a septiembre de 2023, la fiscalía estatal reporta un total de 17 mil 306 carpetas de investigación abiertas por ese delito en el mismo periodo.