En estos 10 años, las familias de las víctimas y su coadyuvancia han pugnado por mantener abiertas las dos principales líneas de investigación del caso: Las amenazas del gobierno de Javier Duarte en Veracruz que Nadia Vera y Rubén Espinosa denunciaron y por las cuales se refugiaron en la CDMX.
Peor aún, según los abogados de las familias de las víctimas, a lo largo de esa década, las autoridades capitalinas han mantenido la estigmatización y revictimización contra ellas y contra la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia, la activista cultural Nadia Vera y el fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa.
Los cinco fueron ejecutados en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909, en la alcaldía Benito Juárez, una de las más vigiladas de la capital. Aquella tarde, a plena luz del día, tres sujetos llegaron al departamento, uno de ellos conocía a Mile, quien los dejó pasar. Adentro, Yesenia, Mile, Nadia y Rubén fueron golpeados, torturados y vejados y, junto con Alejandra, recibieron el “tiro de gracia” con un arma con silenciador.
Solo Nadia, Mile y Yesenia vivían en el departamento. Rubén era amigo de Nadia y estaba de visita. Alejandra solo hacía la limpieza del lugar, a petición de Mile, a quien conocía desde antes.
La policía detuvo a Abraham Torres Tranquilino, Daniel Pacheco Gutiérrez y César Omar Martínez Zendejas como autores materiales del crimen. Los tres están sentenciados y encarcelados en una zona de alta seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Sin embargo, las familias de las víctimas y sus abogados demostraron a la autoridad que hubo, al menos, un cuarto cómplice en la masacre apodado “El Duy”, pero no ha sido capturado. También aportaron información de la existencia de una red de 10 personas que se comunicaron entre sí antes, durante y después del multihomicidio, pero no pasó nada. De los autores intelectuales tampoco se sabe nada. Del móvil, menos.
Los deudos y sus abogados también descubrieron que uno de los presuntos cómplices en la operación del multihomicidio tenía vínculos con funcionarios de la Procuraduría que entorpecieron la indagatoria. Y aunque hay una carpeta de investigación en la Fiscalía contra Servidores Públicos, la autoridad tampoco ha querido ir al fondo ni sancionar a los responsables.
Negligencia
En entrevistas por separado, los abogados coadyuvantes coinciden en que la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Rodolfo Ríos Garza, -cuando Miguel Ángel Mancera era el jefe de gobierno- dejó perder muchas evidencias y omitió buscar información esencial desde las primeras horas después del crimen.
Llamadas telefónicas, videos, testimonios, declaraciones, antecedentes de otros delitos y más datos perdieron vigencia, desaparecieron o se ignoraron. Así, se esfumó la posibilidad de capturar a todos los autores materiales y a los intelectuales. Con el fiscal sustituto, Edmundo Garrido, no hubo avances.
Tanto los familiares de las víctimas, como su defensa han reconocido que, con la fiscal Ernestina Godoy, actual consejera Jurídica de la Presidencia, hubo acercamiento y apertura para retomar la investigación. De hecho, la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, les prometió que no habría impunidad.
Sin embargo, luego de que Godoy no fue ratificada en el puesto y dejó como encargado de despacho a su vocero, Ulises Lara, se rompió toda la comunicación entre la Fiscalía y las familias. Con la nueva fiscal, Bertha Alcalde, quien lleva siete meses en el cargo, ni siquiera han tenido contacto.
La exigencia de justicia, verdad y reparación del daño de las familias de las víctimas ha quedado en el olvido de la FGJCDMX, igual que el cumplimiento de la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos local sobre el caso.
La línea Veracruz
En estos 10 años, las familias de las víctimas y su coadyuvancia han pugnado por mantener abiertas las dos principales líneas de investigación del caso: Las amenazas del gobierno de Javier Duarte en Veracruz que Nadia Vera y Rubén Espinosa denunciaron y por las cuales se refugiaron en la CDMX; y un presunto robo o ajuste de cuentas del crimen organizado contra Mile Martín y Yesenia Quiroz, por su presunta participación en una red de trata y narcomenudeo. Ninguna línea ha sido cerrada ni investigada a profundidad.
La línea que apunta a Veracruz fue la que más indignación despertó en la CDMX y el mundo desde que se supo que entre las víctimas estaban una activista y un fotoperiodista y que denunciaron en sus redes sociales y en entrevistas de prensa que el priísta Duarte y su secretario de Segurida, Arturo Bermúdez, identificado como “Tormenta”, los perseguían y amenazaban.
El hecho levantó protestas del gremio periodístico a nivel local y nacional. La noticia llegó a los titulares del mundo que reiteraban que en México son asesinados periodistas y activistas críticos del poder. La indignación creció por las declaraciones del procurador, Rodolfo Ríos, quien, a menos de 24 horas del hecho, descartó que los asesinatos fueran por el trabajo periodístico de Rubén, mismo que fue publicado en el semanario Proceso en portada y en sus interiores.
La insistencia de la familia de Rubén, en particular de su hermana Patricia, y de la organización Artículo 19 como su coadyuvante, obligó a la Fiscalía a hacer distintas diligencias en Veracruz, a interrogar a Duarte y a analizar el contexto de violencia contra periodistas y activistas en la entidad. Las diligencias más recientes, hace más de un año, incluyeron que la Fiscalía les diera acceso a carpetas de investigación sobre hechos denunciados, pero con tiempo limitado, lo que imposibilitó estudiarlas a fondo.
“No había la más mínima intención de profundizar en esa línea, era simplemente cumplir”, denuncia Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica y coadyuvante de la familia de Rubén y Nadia.
La línea de trata de personas
Pocas horas después del crimen, aquel 31 de julio de 2015, desde la PGJ se filtró información que apuntaba al robo como móvil, pues se difundieron videos que captaron a los asesinos llevando una maleta negra que sacaron del departamento. Se habló de que ésta tenía dinero o droga, pero nunca se aclaró.
Fue hasta el 2023 cuando, a insistencia de los abogados de las familias de Yesenia, Alejandra y Mile, se abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. Esta línea apunta a una conocida de Yesenia, quien aún era menor de edad, quien la habría involucrado en una red de mujeres que trabajaban como scorts o acompañantes en el Estado de México. De la operación de esa red había antecedentes penales, pero no dieron seguimiento.
Las indagatorias descubrieron que en ese ambiente Yesenia conoció a Mile, quien también era scort, y juntas visitaban el antro “El Gorila”, donde presuntamente conseguían clientes y vendían droga bajo el yugo de un grupo del crimen organizado llamado “Los Perros” dedicado al narcomenudeo en el corredor comercial de Insurgentes Sur. Esa carpeta de investigación sigue abierta, pero no se han anunciado detenciones.
“Si en su momento se hubiera hecho ese planteamiento, es decir, que fue una ejecución de la delincuencia organizada donde pueden confluir estas conductas criminales, el resultado en términos de derechos, de acceso a la verdad y a la justicia, hubiera sido muy diferente, con más claridad, pero fue parte de una política institucional el negar esa problemática”, afirma Héctor Pérez, del despacho Pérez Rivera, Salas & Peña Defensa Legal.
Caso olvidado
Tanto Maldonado como Pérez lamentan que el multifeminicidio y homicidio en la colonia Narvarte ha quedado en el olvido de la Fiscalía de la CDMX.
“Es un caso que, además de todo el dolor en las familias, se ha caracterizado por la impunidad, por la estigmatización y por la revictimización, incluso como parte de la complicidad y la negligencia” de las autoridades, acusa Leopoldo Maldonado.
Asegura que, tanto Godoy como Alcalde, identificadas con la llamada 4T, “no han marcado una diferencia” con lo hecho por Ríos Garza. “Lo que refleja este nuevo régimen es que nunca ha pretendido desmontar los pactos de impunidad. Al contrario, ha buscado reforzarlos”, insiste.
Son, dice, “prácticamente siete años, desde 2018, en los que la entonces Procuraduría ahora Fiscalía ha mostrado una absoluta incapacidad para llevar a cabo una investigación compleja. Y no podemos ser ingenuos, mantiene también inercias de complicidad y del pacto de impunidad”.
Por su parte, Héctor Pérez, denuncia: “es claro que el haber manejado la investigación tan mal a un inicio permitió que se perdiera muchísimo información y tiempo”. El Caso Narvarte, insiste, “no está en las prioridades de las autoridades, es un caso olvidado ya por la Fiscalía”.
Y si tiene algún avance, advierte, “tiene que ver más con los esfuerzos individuales de algunas personas que están en la investigación y la presión que ejercen las coadyuvancias”.
Quienes no olvidan, son los familiares de las víctimas. El pasado sábado 26 hicieron un acto en memoria de Rubén Espinosa en Xalapa, Veracruz. El jueves 31 darán una conferencia afuera de la sede de la FGJCDMX y el sábado 2 de agosto harán el acto simbólico “#Justicia a 10 años” frente al edificio donde sus familiares fueron ejecutados.
Además, en los próximos días y con aporte de la Secretaría de Cultura local, instalarán en calle Luz Saviñón un memorial para recordar la vida de Alejandra, Mile, Nadia, Rubén y Yesenia, que se llamará “Marca de la Memoria. Caso Narvarte”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
No hay comentarios: