Datos oficiales de la FGE, que han sido documentados, indican que en los últimos cinco años al menos 31 mujeres han sido reportadas como desaparecidas por sus familiares en esos municipios.
Desde entonces, la situación no ha dejado de empeorar. Entre enero de 2018 y el 25 de noviembre de 2024, dos mil 322 mujeres y niñas desaparecieron, representando casi el 40 por ciento de las desapariciones registradas en la región.
También es reconocido como un lugar de origen, tránsito y destino de la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, a todas estas mujeres. Las autoridades les deben la justicia, pues se han quedado impunes cada uno de estos asuntos.
“Esta omisión impide una respuesta institucional adecuada. Las consecuencias son dramáticas, con un aumento de los casos y el acceso a la justicia casi imposible para las familias”, citó.
Luisa Fernanda, encargada de documentar agresiones contra mujeres y personas transgénero a través del Observatorio de Feminicidios en Ensenada, alertó sobre el aumento de desapariciones con posible enfoque de género en el municipio tras realizar un conteo manual de los reportes.
Destacó que la autoridad investigadora debe redoblar esfuerzos en el análisis y difusión de estadísticas, ya que los números actuales son alarmantes. Entre 2020 y abril de 2025, se ha reportado la desaparición de al menos 30 mujeres.
Este fenómeno ha tenido un crecimiento significativo en los últimos cinco años, con un repunte particular en 2023. Entre 2020 y 2022 se documentaron seis desapariciones; en 2023, la cifra aumentó a nueve casos; en 2024 se sumaron otras nueve mujeres no localizadas; y en lo que va de 2025 ya se registran 13 casos más.
De los 31 reportes, 28 mujeres continúan desaparecidas. Dos fueron localizadas sin vida, una más podría haberse ausentado voluntariamente del hogar. Las edades de las víctimas oscilan entre los 10 y 40 años.
Organizaciones como Colectivo Uniendo Familias subrayan que las denuncias pueden realizarse de manera anónima y que cualquier información puede hacer la diferencia. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien proporcione datos que ayude a localizar a las desaparecidas.
“Es urgente revisar si hay fallas en los mecanismos de protección o si ha aumentado la violencia de género en la región”, concluyó Luisa Fernanda, para reiterar la necesidad de políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres, especialmente en zonas rurales y vulnerables.
SAN QUINTÍN, MUNICIPIO CON ALTA INCIDENCIA DE DELITOS CONTRA LA MUJER
Una de las salas del recién inaugurado Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en San Quintín lleva el nombre de Lucero Ruby, en memoria de una mujer víctima de violencia, desaparición y, finalmente, feminicidio a manos de su ex pareja.
Su historia tuvo impacto porque se trataba de una mujer que trabajaba en el centro de salud, fue agredida dentro de una de las oficinas del hospital con arma de fuego.
San Quintín es un municipio donde la mayoría de sus habitantes son migrantes de comunidades indígenas que llegan para trabajar en campos agrícolas. En ese contexto, las autoridades han relacionado estos datos culturales con los casos de violencia familiar y de género.
Raúl Hernández Arellano, juez de Control en el CEJUM, explicó que durante su permanencia en San Quintín otro caso que le intranquilizó fue un intento de feminicidio cometido por un hombre que intentó quemar viva a su esposa. No podía creer el nivel de violencia, comentó durante la ceremonia de apertura del Centro en noviembre de 2024.
Hernández Arellano fue el primer juez en asumir funciones dentro del CEJUM con el compromiso de atender de manera urgente los casos relacionados con violencia contra mujeres. Para ello, ha tomado diversas capacitaciones en línea, a través del Poder Judicial.
Cuando llegó al Juzgado de San Quintín, el 1 de noviembre de 2022, antes de que el CEJUM iniciara operaciones en octubre pasado, se encontró con un rezago de aproximadamente 2 mil 200 expedientes acumulados por la ausencia de un juez. En un año logró desahogar todas las carpetas, de las cuales estimó que entre el 70 y 80% estaban relacionadas con violencia familiar contra mujeres.
Abogado penalista egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Hernández Arellano fue previamente defensor de oficio, experiencia que, según él, fortaleció sus habilidades en la defensa y comprensión del sistema penal, lo que ahora le permite abordar con sensibilidad los casos de víctimas.
Respecto a las necesidades del CEJUM, considera urgente fortalecer la plantilla ministerial con más mujeres agentes del Ministerio Público. Actualmente, sólo una fémina desempeña esta función en toda la zona, lo que ha generado cuellos de botella en la atención de casos.
“Tenemos asuntos que se nos quedan atorados porque no se da abasto (la Ministerio Público). Reconozco que hay una buena coordinación, pero es indispensable la presencia de más ministerios públicos”, señaló el juez Raúl Hernández.
Añadió que muchas veces las víctimas deben esperar uno o dos meses para tener una audiencia de imputación, lo cual retrasa el acceso a la justicia.
Uno de los compromisos que asumió al tomar el cargo fue precisamente abatir el rezago y garantizar una resolución pronta y expedita a las mujeres que enfrentan situaciones de abuso.
Recientemente, la FGE obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva contra un sujeto acusado de feminicidio en grado de tentativa y secuestro agravado. Se trata de Aurelio N, señalado por agredir brutalmente a su pareja sentimental el 23 de marzo de 2025 en San Quintín.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Mujer por Razón de Género, el imputado privó de la libertad a la víctima y la llevó a un lugar aislado, donde intentó asesinarla. Durante el ataque, la mujer sufrió múltiples lesiones, incluyendo fractura en un pie.
Fue por la intervención oportuna de un familiar que la localizó con vida, la rescató y la trasladó a un centro médico para recibir atención urgente. El 31 de marzo, Aurelio N fue vinculado a proceso y se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.
AUTOR: LORENA LAMAS.
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