La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que su personal recibió un reporte de disparos en un restaurante de la colonia Roma, donde los comensales relataron que un hombre que estaba sentado comenzó a correr cuando se percató de que un sujeto con casco de motociclista se aproximaba hacia él.  

El sujeto con casco realizó dos detonaciones al aire, sin que ninguna persona resultara lesionada. Por lo anterior, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al lugar y valoraron a dos personas con crisis nerviosas.  

Los oficiales notificaron que ya realizan el análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar tanto al hombre que huyó como al que realizó los disparos. 

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió información sobre el ataque en su cuenta de X: “Me informa la SSC que lo ocurrido en Córdoba y Chiapas, en la Roma, fue un ataque directo con sello de sicariato. Un tirador llegó al restaurante, una persona se levantó gritando '¡vienen por mí!’ y huyó entre disparos”.  

La funcionaria consideró: “El crimen organizado está avanzando en CDMX y no podemos normalizarlo”.  

Ataque en barbería  

Horas antes de que se registrara la agresión en la Roma, la SSC informó que sus oficiales tomaron conocimiento de un ataque con arma de fuego en una barbería localizada sobre la calle Sur 8 y su esquina con Oriente 245D, en la colonia Agrícola Oriental.  

Durante la agresión, ocurrida antes de las 8:00 horas, una persona perdió la vida y otra resultó lesionada por impactos de arma de fuego. Ante los hechos, los uniformados solicitaron apoyo de los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Norte y Oriente, quienes implementaron un cerco virtual, con el objetivo de identificar y dar seguimiento a los presuntos responsables que huyeron a bordo de varias motocicletas.  

La ruta de escape fue localizada; los señalados avanzaron sobre la avenida Guelatao y tomaron la avenida Telecomunicaciones, en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa.  

Cuando llegaron a la calle Primera Cerrada de Justo Sierra y Justo Sierra, en la colonia Pueblo de Santa Cruz, varios de los tripulantes de las motocicletas abordaron un presunto taxi irregular. Fue en ese momento que los oficiales interceptaron dicho vehículo y solicitaron a los fugitivos, cuatro hombres y una mujer, una revisión preventiva.  

Les aseguraron cinco bolsas de plástico que contenían 130 dosis de mariguana y un arma de fuego corta con un cartucho útil, de la cual no pudieron acreditar su legal portación.   

Los policías detuvieron a los cinco individuos, quienes fueron trasladados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.   

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez precisó que tres de los hombres detenidos cuentan con antecedentes delictivos, uno de ellos, de 24 años, ingresó al Sistema Penitenciario en 2021 por Encubrimiento por receptación; también registra dos presentaciones al Ministerio Público en 2019 por robo de vehículo y a transeúnte, y una presentación al Juez Cívico en el año corriente por inhalar estupefacientes en la vía pública.  

Otro de los detenidos, de 26 años, cuenta con una presentación al Juez Cívico en 2019 por posesión de cocaína; mientras que el tercero, también de 26 años, cuenta con una presentación al Juez Cívico por encubrimiento por receptación en 2021. 

Feminicidio en Venustiano Carranza 

En las primeras horas de la mañana, una mujer de aproximadamente 35 años se encontraba al interior de un local sobre la Calle 1 y la calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Valentín Gómez Farías, cuando dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron a ella y le dispararon en la cabeza de manera directa, para después huir del lugar.  

La SSC notificó que sus oficiales fueron reportados del ataque y encontraron a la mujer tendida en una silla, con manchas de sangre en la cabeza. Paramédicos llegaron al sitio y la diagnosticaron sin signos vitales por herida de arma de fuego en el cráneo.  

La zona fue acordonada y los elementos informaron sobre los hechos al agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación del caso y para los servicios periciales correspondientes.

Los funcionarios de seguridad arribaron a Sinaloa en un contexto de un incremento en homicidios dolosos y robos de vehículos que en mayo que tuvo las cifras más elevadas en lo que va de 2025, y un inicio de junio que ha dejado en promedio 7 homicidios cada 24 horas. 

El gobernador dio a conocer en su cuenta de X sobre la reunión privada con la finalidad de revisar toda la estrategia de seguridad. 

“Sostuvimos una reunión con los mandos de las diferentes corporaciones en la que se detectaron puntos específicos de atención en donde hemos de reforzar las acciones para delitos de alto impacto que aún persisten, por lo que merecen una atención más efectiva de las fuerzas del orden”, escribió.

Me reuní en Culiacán con @OHarfuch, titular de @SSPCMexico, y el Gral. Trevilla de @Defensamx1, para fortalecer la estrategia de seguridad en #Sinaloa.

Se reforzarán los polígonos de atención prioritaria con 400 elementos más de @SSPCMexico y 1200 efectivos de @Defensamx1 para…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) June 13, 2025

La detención ocurre luego de que esta semana, el Gobierno reportara que desde febrero, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’, acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar aranceles generalizados del 25 % a México, se han detenido a 4,180 personas y más de 38 toneladas de droga confiscadas, incluyendo 1.14 millones de pastillas de fentanilo.

El hecho ocurrió por la mañana del jueves. Versiones oficiales indican que ambos compartían el mismo centro de trabajo, desde donde se perpetraba el acoso. 

Fue en la calle Chaca con avenida Tulum, cerca de la estación de autobuses de Cancún, donde la mujer fue interceptada por el hombre, quien, tras hacerse de palabras, le arrojó una sustancia corrosiva en el rostro. 

Inmediatamente emprendió la huida, mientras que la víctima recibió atención de comerciantes de la zona y se llamó a la policía del municipio de Benito Juárez (Cancún), que inició un operativo para dar con el atacante. 

Por la tarde, la Fiscalía de Quintana Roo informó la detención de un un hombre señalado de haber sido el autor material de la agresión, por lo que se inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. 

“Las primeras investigaciones señalan que el sujeto acosaba a la mujer desde tiempo atrás, por lo que el día de hoy la siguió para interceptarla en la avenida Tulum del municipio de Benito Juárez, donde después de insultarla le arrojó ácido en la cara y huyó del lugar”, informó en un comunicado la Fiscalía estatal. 

El caso inmediatamente causó consternación entre la población quintanarroense, mientras que autoridades condenaron el hecho. La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que la víctima se encuentra estable recibiendo atención médica. 

“La agresión cruel y cobarde cometida en contra de una mujer que fue atacada con ácido es inaceptable y actuaremos con todo el peso de la ley en contra de su agresor, el cual les informo, les confirmo, ha sido detenido. Aquí no hay espacio para la violencia machista, aquí se protege la vida de las mujeres”, dijo en un mensaje. 

El municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, tiene activa una alerta de género desde 2017 debido a casos de feminicidio y otros actos de violencia contra la mujer que se han registrado en la localidad turística más importante del país.

“Sí, ya por fortuna, de un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, desde el día de ayer, con apoyo de la presidenta municipal de Ayala, se dio seguimiento a lo que hoy llamamos un secuestro virtual, donde un menor de 12 años fue enganchado mediante una llamada telefónica”, indicó. 

 

Tras recibir el reporte, se activaron protocolos de búsqueda inmediata con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal y otras instancias.  

“Ayer se hicieron unas búsquedas toda la noche, y hoy en la mañana iniciamos a las 6 de la mañana con perifoneo, y se desplegó el helicóptero de la Secretaría”, detalló Urrutia. 

 

El niño fue encontrado en estado de deshidratación, pero sin lesiones visibles, resguardado en un campo cañaveral de difícil acceso.  

“Les informo que el menor está con vida, está bien, está deshidratado, fue localizado escondido en un campo cañaveral, y al día de hoy se da este seguimiento por este secuestro virtual”, añadió. 

 

La Fiscalía General del Estado informó que la búsqueda se realizó bajo la coordinación de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) en conjunto con las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, activando los protocolos de búsqueda y atención urgente. 

 

El menor fue localizado a las 11:15 horas en una zona de difícil acceso. Al momento del hallazgo, se encontraba en condiciones de resguardo y sin señales visibles de violencia. Personal ministerial, médico y psicológico brindó atención inmediata al niño. 

 

Con base en las primeras entrevistas y diligencias ministeriales, la FGE descartó que se tratara de un secuestro físico o una privación ilegal de la libertad. “Los datos recabados hasta el momento permiten establecer que se trató de un evento con características de secuestro virtual”, informó la dependencia, que continuará con las indagatorias para identificar a los responsables. 

 

No es la primera vez que en Morelos se registra un secuestro virtual a menores. En marzo de 2024, en Cuernavaca, un adolescente fue víctima de un engaño similar: tras recibir una llamada que le hizo creer que su madre estaba en peligro, salió voluntariamente de su domicilio. Las autoridades confirmaron que no hubo privación física de la libertad, pero sí amenazas a la familia para exigir pagos bajo coerción. El menor fue localizado ileso después de varias horas de búsqueda coordinada. 

 

El secretario Urrutia hizo un llamado a padres, madres y docentes para reforzar las medidas de cuidado y vigilancia sobre menores, recomendando evitar el intercambio de números telefónicos con desconocidos y reportar cualquier incidente al 911. “Ahí llamamos a la población a reportar al 911, hacer de los menores que se junten con los padres. Los padres hay que recordar que son la base de la familia, con los maestros, y que por favor no intercambien números con desconocidos. Es muy importante cuidar a nuestros menores”, expresó. 

 

Fernando ya fue entregado a sus familiares.

La solicitud la realizaron mediante un oficio escrito a mano, firmado y sellado por Saúl García García, presidente del Consejo de Vigilancia y Áreas Protegidas del Ejido Río de los Fresnos y Anexos del municipio de Coyuca de Catalán.  

Aseguraron que son 3 mil pobladores afectados por la violencia criminal de los ejidos Balcón de la Bandera, Soledad de la Palma, Río Frío de los Fresnos y Carrizal, ubicados en la zona serrana de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.  

En conjunto, afirma la autoridad, poseen cerca de 25 mil hectáreas dedicadas voluntariamente a la conservación de la naturaleza y la fauna.  

“Pedimos una base mixta en Puerto de las Ollas para que nos brinde seguridad a los cuatro ejidos que somos los afectados”. 

Relataron que el domingo 8 de junio y lunes 9 fueron atacados a balazos con armas de alto poder, bombas y drones. 

“No cesaban de atacar, quemando casas con mujeres y niños adentro y saqueando la comunidad”, señala. 

También pidieron al gobierno federal y estatal el envío de víveres y medicamentos porque les tienen cerrados los caminos.  

“El que baja por víveres le quitan el carro o cuatrimoto y lo matan. En El Nogal asesinaron violentamente a un joven trabajador que andaba con sus vacas. 

“Pedimos la atención por parte del gobierno federal y estatal para que nos dejen esta Base (de Operaciones) Mixta para el resguardo de las familias del Balcón que han sido desalojados”.  

La población de Puerto de las Ollas fue atacada, de acuerdo con pobladores, por supuestos integrantes de la organización criminal conocida como La familia michoacana. 

En el mismo contexto, el miércoles 4 de junio, criminales irrumpieron en Vallecitos de Zaragoza y Zihuaquio. Ambos poblados se ubican en la sierra en los límites de la Costa Grande y la Tierra Caliente.  

En la zona no hay energía eléctrica y las escuelas se mantienen cerradas.  

El martes 10 del presente mes, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo aseguraron que desde la semana pasada fue enviado personal de la GN y del Ejército a la zona.   

En Puerto de las Ollas, donde la población se mantiene aterrorizada, llegaron dos patrullas del Ejército y dos de la GN, pero el mismo martes les advirtieron a los pobladores que se retirarían de la zona por presuntas amenazas de integrantes del crimen organizado.

La tarde del miércoles, la organización confirmó el fallecimiento de Garduño cuando era atendido en un hospital de esta ciudad. 

“Esperamos que este atentado no sea parte de la ofensiva que el gobierno estatal está lanzando para destruir a nuestra organización como instrumento de lucha del pueblo”, manifestó la “28 de Octubre” en un comunicado. 

“Estos hechos pueden ser un velado mensaje de que nuestros dirigentes Simitrio y Xihuel (Sarabia) serán asesinados o encarcelados”, alertó al anunciar que este jueves marcharán en esta capital para exigir que se detenga a los responsables del asesinato de Garduño. 

La organización, que cuenta con más de cinco mil integrantes, recordó que este homicidio ocurre en un contexto en el que el gobierno estatal lanzó operativos contra integrantes que prestaban el servicio de taxis en la zona de Lomas de Angelópolis; les retiraron permisos para trabajar como “viene-viene” en la zona de los estadios y la Fiscalía detuvo a otro miembro llamado Antonio Vidal Pérez. 

También refirió las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Pública, quien afirmó que en los mercados y centros de trabajo de esa organización se cobra derecho de piso para la venta de drogas y mercancías robadas. 

“…lo que dijo el secretario puede ser el anuncio de que nuestros compañeros de base serán despojados violenta y sangrientamente de sus fuentes de trabajo por las fuerzas represivas oficiales y/o por grupos paramilitares que están siendo creados con los restos de la banda narcodelincuencial del extinto “Grillo””, acusó la agrupación. 

Cabe señalar que apenas el 6 de junio, la “28 de Octubre” marchó en la Ciudad de México para demandar que se detengan las supuestas acciones llevadas a cabo por el gobierno estatal para acabar con esta organización.

Denunció la “ausencia total del gobierno estatal y federal, que no han enviado ninguna fuerza de contención ni apoyo; el Estado, una vez más, ha abandonado a La Ruana, tal como ocurrió cuando asesinaron a mi hermano, Hipólito Mora”. 

Guadalupe Mora consideró “especialmente preocupante la omisión deliberada de la alcaldesa de Buenavista, perteneciente al partido Morena, quien hasta el momento se ha negado a dar entrevistas o emitir declaraciones públicas sobre la grave situación que enfrentamos; su silencio es cómplice del abandono y su falta de acción deja a nuestros ciudadanos en el más profundo estado de indefensión”. 

Ante la situación de los habitantes de La Ruana, Mora Chávez solicitó el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, así como “la difusión de esta denuncia por parte de medios de comunicación, periodistas y defensores de la verdad”, ya que la región de Tierra Caliente “está siendo devorada por el crimen organizado mientras nuestras autoridades callan”. 

Puntualizó: “No pedimos favores, exigimos que se cumpla con el deber constitucional de proteger a la población civil”.

La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, informó este martes a la prensa que tenían conocimiento del hecho, por lo que se acercaron a las familias y acudieron a Misión de San Borja, donde colaboraron por varios días con el destacamento que tiene la Secretaría de la Defensa en la zona. 

“Y finalmente fueron encontrados los cuerpos de esos jóvenes. A grandes rasgos, los familiares narran que por algunos de ellos pasó un amigo a bordo de la camioneta donde se supone que desaparecieron. Eran varios, ocho personas. Otros tenían tiempo viviendo fuera de su domicilio, así que la familia se enteró posteriormente”, detalló la funcionaria estatal. 

Agregó que los cuerpos fueron encontrados en estado de putrefacción, por lo cual no fue posible una identificación formal inmediata. 

“Hay evidencias, como señas particulares, que se presume son las personas que fueron denunciadas desaparecidas. Sin embargo, la información completa sería hasta que tengamos las pruebas de genética. Ya se les tomó las pruebas de ADN a todos los familiares para hacer las comparativas pertinentes y darles el resultado de manera oficial. Son ocho”, abundó la fiscal general. 

Ma. Elena Andrade Ramírez puntualizó que los cadáveres presentan huellas de violencia y la causa de la muerte, al parecer, es por arma de fuego, aunque no se descarta otra más, pero por el estado no se tiene todavía el diagnóstico completo. 

“Inclusive fueron encontrados en un área totalmente inhóspita, desértica, en la nada, literalmente, fueron ahí enterrados”, comentó. 

Por último, adelantó que trabajarán con autoridades de Baja California Sur para ver si tienen relación con otros homicidios que acontecieron una semana antes. 

Los desaparecidos, conforme fue divulgado en su momento, son:

Al momento de su detención también era señalado por autoridades de Coahuila como el autor material de la ejecución de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, asesinado el 3 de octubre de 2012, en represalia por la muerte de Alejandro Treviño Chávez, sobrino del "Z-40".

Actualmente, "El Flaco" se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 17, ubicado en el estado de Michoacán donde purgará el resto de su condena.

En la publicación del acuerdo 18/06/25 en el Diario Oficial de la Federación de este lunes, donde se dan a conocer los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2025-2026 aplicables en todo el país para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y de formación para la educación básica, el 8 de septiembre se llevará a cabo la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. 

En entrevista, Mariana Gil, directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) –que hizo público el caso en su informe Es un secreto–, recuerda que estas medidas de no repetición, además de las de reparación, como compensación y terapias, dirigidas a la SEP y a la Autoridad Educativa Federal fueron determinadas por el juez Padierna en adición a los 494 años que se le impusieron a la persona procesada penalmente.

“Ahí pone que se institucionalice un día en el calendario escolar para la concientización sobre el abuso y el maltrato infantil”, enfatiza. En esta ocasión, la jornada caerá en esa fecha; sin embargo, las familias decidieron no institucionalizarla en un día fijo por la movilidad de los fines de semana y las vacaciones, sino plantearla como jornada al principio del ciclo escolar. Aunque hubo propuestas diversas sobre el posible día, las familias eligieron que fuera al inicio, porque fue cuando sus hijas e hijos comenzaron a experimentar los abusos, que ocurrieron entre el 20 de agosto y el 8 de octubre de 2018.

Según el cálculo de las autoridades y de la ODI, serán aproximadamente 232 mil escuelas de todo el país, y más de 24 millones de infancias las que formarán parte de estas jornadas. Para Gil, se trata de un precedente muy relevante para generar prevención. 

“Creo que el hecho de que en la escuela haya una jornada como esta va a implicar que los niños y niñas tengan educación sexual integral, que hasta la fecha ha sido un poco a voluntad de los docentes o de las escuelas; unas que sí, otras que no, pero creo que va a poner un precedente en el sentido de que los niños, desde pequeños, tengan información y educación sexual”, puntualiza.

Por ello, ahora que se ha publicado oficialmente la incorporación de la jornada de concientización sobre abuso sexual, la comunicación también está en marcha para que la autoridad cumpla con otras medidas de reparación, materiales de prevención, conversaciones para definir una fecha de disculpa pública, así como algunos lineamientos para capacitación de docentes. 

“La Autoridad Educativa Federal, quiero decirlo, es la que está tratando de cumplir con todo, y estamos teniendo una buena respuesta por parte de ellos. De la Fiscalía, no; hay muchas medidas que son para la Fiscalía, incluidas la de seguir investigando, porque estos niños y niñas mencionan a más de 13 adultos, además de los dos que están sentenciados, y esas investigaciones no han rendido ningún fruto”, lamenta. 

Advierte, al mismo tiempo, que una cosa es oficializar la jornada en el calendario, y otra saber cómo se llevará a cabo en 232 mil escuelas: “Es un avance, suena muy increíble pensar en esto, pero ahora cómo la SEP va a responder a qué va a pasar en esa jornada, porque además es diferente la educación sexual en un jardín de niños a niños de primaria baja, de primaria alta; es un inicio, pero hay que seguir peleando, observando y documentando lo que hacen las autoridades”.

Otras medidas establecidas por la sentencia contemplan el reconocimiento público de la actividad irregular del Estado tras los hechos cometidos por uno de sus servidores públicos, al igual que la implementación de cursos de capacitación, de forma permanente, dirigidos a todo el personal de la institución sobre prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia sexual contra infancias en el ámbito educativo.

A estos se añaden el establecimiento de políticas públicas relativas a la creación de espacios escolares seguros para todos los jardines de niños; un programa de regularización académica, becas y entornos escolares seguros para las víctimas, así como la publicación de materiales didácticos y audiovisuales relacionados con las experiencias vividas en la búsqueda de justicia, así como incluir en el sitio web de la SEP materiales didácticos de prevención del abuso sexual.

Las diversas versiones del informe Es un secreto, que para 2024 han evidenciado 27 casos en 12 entidades, documentan que niñas y niños muy pequeños han sufrido violencia inimaginable en preescolares y primarias públicas y privadas. “Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”, señala el documento para ciertos casos, como el del kínder en la GAM.

Estas formas graves de violencia –subraya la ODI– develan, a su vez, tres problemas: las escuelas en nuestro país carecen de supervisión efectiva; múltiples fiscalías locales y la federal han tenido conocimiento de estos casos durante años y han sido incapaces de investigarlos adecuadamente, incluso cuando se trata de denuncias expresas de posibles delitos de explotación sexual infantil, mientras que padres y madres carecen de información adecuada sobre cómo hablar con hijos e hijas para detectar posible violencia sexual.

Los mandos en la mira

En los meses de septiembre y noviembre, se registraron los asesinatos de cinco policías en Mazatlán, dos de ellos fueron exsecretarios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El 19 septiembre atacaron a balazos y quitaron la vida a un comandante de la Municipal en la colonia Francisco Villa, tras recibir hasta 30 impactos de bala dentro de su camioneta particular.

Los extitulares de Seguridad Pública de Mazatlán, Simón Malpica Hernández y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, cayeron asesinados los días 9 y 24 de noviembre, el primero en la colonia Juárez y el segundo en la colonia Hacienda Urías.

Mientras que en la capital sinaloense, en Culiacán, el 22 de noviembre un grupo armado irrumpió en una cafetería del sector Montebello y asesinó a Benjamín Villarreal Guerrero, exsubdirector de la Policía Municipal de Culiacán, quien seguía activo, pero ya no como mando.

También en Culiacán, el 28 de noviembre encontraron sin vida por La Costerita a Francisco Javier “N”, comandante de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa.

Las agresiones a mandos policíacos se extendieron a Navolato, el 28 de abril, cuando asesinaron a Marco Antonio “N”, comandante de la Policía Municipal, en las afueras de su domicilio.

Caídos en servicio

La noche del 25 de octubre del 2024, los oficiales Carmen e Iván Orlando, de la Policía Municipal de Navolato, se encontraban dentro de una patrulla estacionada afuera de un plantel del Cobaes en San Pedro, cuando hombres armados los asesinaron.

La mañana del 6 de diciembre, un grupo de policías estatales transitaban cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán para dirigirse a un festejo por el Día del Policía, los interceptaron y asesinaron a un elemento, además de herir a cuatro más.

El 23 de enero, dos agentes de la Municipal de Culiacán perdieron la vida tras un ataque a balazos frente al Parque 87, mientras transitaban dentro de una patrulla.

Tres elementos de la Policía Municipal de Culiacán atendieron un reporte en el sur del municipio el 28 de febrero, y reaparecieron asesinados hasta el 2 de marzo, en una brecha de terracería en la sindicatura de Costa Rica. Joel Alberto, Ezequiel y Petra Emilia presentaron huellas de tortura.

La noche del 7 de mayo, en el sector Pradera Dorada de Mazatlán, un comando armado atacó a balazos a un grupo de policías municipales, dicho atentado dejó a dos oficiales asesinados y cuatro más lesionados.

Ataques a domicilio

El 12 de noviembre del 2024, un oficial de la Municipal de Mazatlán fue asesinado apenas llegó a su vivienda en el fraccionamiento San Marcos.

En la capital, el 18 de noviembre privaron de la libertad a un Policía Municipal de Culiacán en la sindicatura de Quilá, y el 20 de noviembre lo hallaron sin vida en un camino de terracería en la sindicatura Costa Rica.

Patricio “N”, otro Policía Municipal de Culiacán, estaba en un local donde venden pollos en la colonia Progreso, cuando llegaron a asesinarlo a balazos el 15 de marzo del 2025.

El pasado 8 de junio, agresores irrumpieron en una vivienda en Cofradía de La Loma, municipio de Navolato, y quitaron la vida a Rafael “N”, policía estatal activo, junto con su hermano.

La otra violencia: agentes desaparecidos

De septiembre de 2024 al 10 de junio de 2025 la Fiscalía General del Estado ha registrado 17 desapariciones de personas con ocupación Policía Estatal o Municipal.

De los agentes desaparecidos, tres fueron localizados con vida y seis sin vida, mismos que se ubican dentro de los 37 policías asesinados.

La FGE estableció que continúan activas las búsquedas de ocho agentes, pues no han sido ubicados.

Uno de los casos reportados fue el 13 de septiembre del 2024, cuando quedó abandonado dentro del Parque 87 de Culiacán el vehículo de un policía estatal activo, quien fue privado de su libertad y horas más tarde lo localizaron sano y salvo en su domicilio.

Para el 26 de septiembre del 2024, ocurrió con un oficial de la Municipal de Mazatlán.

Asimismo, una custodio del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue vista por última vez en el fraccionamiento Villa Bonita, en la capital. Pasó su periodo de descanso de 72 horas, pero ya no se presentó a trabajar.

La noche del 21 de noviembre del 2024, un agente de la Policía Estatal celebraba el cumpleaños de su padre en el poblado Estación Obispo, de la sindicatura Higueras de Abuya, en Culiacán. Sujetos armados irrumpieron en el convivio disparando al aire, luego asesinaron al padre del policía y a un amigo de la familia, y posteriormente privaron de la libertad al oficial y su hermano.

El caso más reciente registrado es el de Urías Hernández Pardiñas, policía municipal de San Ignacio y exmando de la misma corporación.

En la ficha de su desaparición se señala que no se sabe de su paradero desde la noche del domingo 8 de junio, cerca de las 21:30 horas, en la colonia Labastida Ochoa, perteneciente a San Ignacio.

Añadió que los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente llevaron a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del hotel, gracias a lo cual identificaron que la víctima ingresó al lugar junto a un hombre que abandonó el hotel solo.  

Las autoridades descubrieron que el sujeto abordó un taxi y se trasladó a Iztacalco, donde realizaron recorridos de reconocimiento en la colonia Agrícola Pantitlán y se mantuvo el cerco virtual con apoyo de los monitoristas del C2 Norte.  

Fue en la Calle 6, que los uniformados encontraron a un hombre con las características físicas levantadas en el reporte. Además, el presunto feminicida manipulaba un arma de fuego.  

Los policías se acercaron al sospechoso y le realizaron una revisión preventiva en la que le aseguraron 24 bolsitas de marihuana, así como una subametralladora con un cargador y 12 cartuchos útiles, de la que no acreditó la legal portación.  

El presunto feminicida, de 41 años, fue detenido y, junto con lo asegurado, fue disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Por lo anterior, los uniformados se dirigieron al lugar y al llegar encontraron a varias personas que causaban daños a dos camiones de volteo, además, agredían físicamente a los conductores e impedían que otros trabajadores descargaran sus unidades y continuaran con una construcción que se lleva a cabo en el sitio.  

Los elementos policiales detuvieron a 18 hombres, entre ellos un menor de edad, y a tres mujeres. También aseguraron cinco vehículos utilizados como taxis irregulares, una camioneta de alta gama, un automóvil y cuatro armas de fuego cortas.  

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.   

De acuerdo con reportes periodísticos, los señalados acudieron al lugar para pegar calcomanías y otras insignias a las maquinarias utilizada en la obra mencionada, pues pretendían apoderarse de los espacios destinados a puestos semifijos y fijos, así como el ambulantaje en los alrededores del Deportivo.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Denunciamos con mucha indignación una agresión armada en contra de miembros de Las Abejas de Acteal y de los habitantes de la comunidad Tzajalch’en. Les recordamos que la actual comunidad de Tzajalch’en, el pasado 30 de abril celebró sus 50 años de fundación y que en los inicios del conflicto armado en 1994 se estableció como campamento Civil por la Paz. Así mismo, ha denunciado las diferentes omisiones del estado por la inseguridad que se ha vivido de manera constante tanto en la comunidad como en la zona, por tal razón, en agosto del año 2024 la comunidad junto con nuestra organización Las Abejas de Acteal efectuaron una jornada de ayuno y oración por la Paz y pedir un alto a la violencia.

Como consecuencias de las iniciativas de paz y noviolencia refrendadas el pasado 30 de abril, tanto las familias integrantes de las Abejas de Acteal que viven en Tzajalch’en como el resto de las familias, han comenzado a sufrir distintas amenazas, así como de incriminaciones por parte de las autoridades estatales que a continuación relatamos y denunciamos:

a)    El día 8 de junio del presente año, a las 6 de la tarde aproximadamente, hubo detonaciones de armas de fuego. Los disparos se efectuaron desde un monte que se ubica alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad. Las balas llegaron sobre el techo del domo de la cancha de basquetbol en donde se encontraban reunidas las autoridades de la comunidad. Al poco tiempo llegaron otras balas en el atrio de la iglesia católica en donde estaban realizando una reunión nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Acteal. En este sitio estaban algunos niños de las Abejas jugando. Afortunadamente nadie salió lastimado.

b)    Minutos después de los hechos, un grupo de personas armadas, llegaron a la comunidad Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos.

c)    Ante estos sucesos se dio aviso a las autoridades municipales y tiempo después, la Guardia Nacional y el Ejercito mexicano tuvo presencia en la comunidad. Mientras se dirigían a otro lugar los habitantes de Tzajalch’en escucharon disparos de armas.

d)    A las 8 de la noche aproximadamente, las personas armadas llegaron cerca de la comunidad Tzajalch’en que talaron algunos árboles para bloquear el camino que conecta a las comunidades de Tzajalch’en, Tzanembolom y Cruzton.

e)    El día 9 de junio, la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas a cargo del Lic. Lorenzo López Méndez y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), llegaron a la comunidad Tzajalch’en, según para dar seguridad e investigar lo ocurrido el día 8 de junio. Solicitó a las autoridades de la comunidad de Tzajalch’en que los acompañe a la comunidad de Tzanembolom para efectuar una inspección. A petición de la autoridad comunitaria se incorporó un integrante de la organización de Las Abejas de Acteal para ser traductor del agente comunitario.

f)      Al volver a la comunidad Tzajalch’en, aproximadamente a las 6 de la tarde, la autoridad comunitaria y el compañero integrante de Las Abejas, abordos de los vehículos oficiales les dijeron que los llevarían presos por secuestro.

g)    El supuesto secuestro al que se referían los Pakales y el Fiscal se trata de la retención de una señora, habitante de la comunidad de Tzajalch’en que efectuaron las autoridades comunitarias días antes de los hechos.

h)    La retención de la señora se debe a que se descubrió que se dedica a vender distintos tipos de droga que está afectando a la comunidad. Por esa razón, ella estaba en proceso de investigación comunitaria para saber la procedencia de su mercancía y tomar acciones para el cuidado comunitario. Señalamos que la actuación de las autoridades comunitarias y su asamblea es con base a los acuerdos comunitarios o sistemas normativos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución.

i)      La Fiscalía y los Pakales, en vez de investigar y detener a las personas armadas o grupo armado responsable de los disparos del día 8 de junio, retuvieron e incomunicaron por unas horas dentro de la camioneta oficial a un compañero de Las Abejas de Acteal junto con el agente rural municipal de dicha comunidad mientras los intimidaban y acusaban de secuestro. Aunque finalmente a la autoridad comunitaria y el compañero integrante de nuestra organización los dejaron libres.

Ante los hechos ocurridos los días 8 y 9 de junio del presente año denunciamos que son claros ejemplos de que la autoridad en vez de brindar seguridad a la población, realmente buscan intimidar y meter miedo a quienes buscamos la paz y la justicia verdadera.

Queremos recordar que nuestro compañero retenido, intimidado y acosado por las fuerzas de seguridad fue detenido en 1992 junto con otras cuatro personas por buscar justicia y oponerse a la violencia en esos años. La detención que sufrieron en aquellos años fue de manera injusta por el ayuntamiento priista de Chenalhó en complicidad con el entonces Gobernador de Chiapas José Patrocinio González Blanco y Garrido. Esos lamentables hechos dieron origen a nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Hoy, las mujeres, niñas y niños, hombres, ancianas y ancianos de la comunidad Tzajalch’en, sus vidas están bajo riesgo por las amenazas, la intimidación y amenazas constantes y recientes de un grupo armado que opera y actúa en la zona en total impunidad.

Señalamos que es vergonzoso lo que hacen tanto los gobiernos estatal como federal, que en vez de investigar y castigar a quienes realmente cometen la violencia en nuestras comunidades, cobijan a esos grupos y propician asesinatos y posibles masacres como lo hizo el mismo gobierno y el Ejército Mexicano con la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros más los 4 bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal.

Ante esta triste realidad exigimos a los gobiernos estatal y federal y a sus fuerzas públicas como los pakales que se desistan de intimidar y criminalizar a nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Tzajalch’en y hagan su trabajo desmantelando a los grupos armados que operan en la zona.

Hermanas y hermanos de buena voluntad, defensoras y defensores de derechos humanos de México y del mundo, no dejen morir a nuestros compañeros de la comunidad Tzajalch’en, que no sea asesinado cualquier hombre o mujer en todo Chenalhó. NO NOS DEJEN MORIR. No queremos más asesinatos, no queremos más mártires. Les pedimos su voz, su fuerza, su acompañamiento y exijan a los gobiernos de Chiapas y de México a actuar con justicia verdadera y no sigan protegiendo a los criminales como lo han hecho hasta ahora.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Según medio nacionales, “Don Balde” operaba como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en territorio guatemalteco, donde presuntamente reclutaba a exmilitares conocidos como kaibiles. Su hijo, conocido como “El Teniente”, también murió durante el fin de semana en otro operativo policiaco.

Ambos eran señalados como autores intelectuales de una emboscada ocurrida el pasado 2 de junio en Frontera Comalapa, donde cinco policías estatales fueron asesinados y calcinados dentro de su patrulla.

Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, confirmó la identidad de los abatidos e informó a medios locales que todos pertenecían al Cártel de Chiapas y Guatemala.

“El jefe de plaza operaba allá, controlaba la zona, reclutaba a los kaibiles y coordinaba las operaciones desde ese lado. Él fue uno de los que cayó en este operativo”, declaró el funcionario.

Sobre la incursión de elementos mexicanos en territorio guatemalteco, el secretario informó que la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación y que también la Secretaría de Seguridad Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país fueron notificadas para analizar el alcance de lo ocurrido.

Según versiones recogidas por autoridades mexicanas, la confrontación comenzó del lado de México y cruzó la frontera hacia Huehuetenango, Guatemala. Videos compartidos en redes sociales muestran a militares y policías guatemaltecos en el lugar, quienes no intervinieron durante el enfrentamiento y, en algunos casos, parecían estar próximos a los civiles armados.

Durante el operativo se aseguraron cuatro camionetas, tres de ellas blindadas, así como tres rifles AK-47 y un fusil R-15 con aditamento lanzagranadas, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El Cártel de Chiapas y Guatemala surgió en 2023, en medio de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control de la región fronteriza. No obstante, fuentes de inteligencia apuntan que esta célula opera principalmente como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.