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Isaías fue a vender gelatinas y desapareció en Puebla; exigen avances en su búsqueda

Isaías, de 14 años, fue a vender gelatinas al Mercado Independencia el 30 de marzo y desde entonces desapareció; familiares del adolescente exigen avances en las investigaciones para localizarlo.

Familiares del adolescente Isaías Flores Garibaldo, de 14 años de edad, marcharon este día por calles del Centro Histórico para exigir avances en las investigaciones para localizarlo luego de que desde el 30 de marzo salió de su casa para vender gelatinas y ya no regresó. 

Los manifestantes salieron desde el Paseo Bravo para llegar hasta Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, donde exigieron ser atendidos por las autoridades porque consideran que no hay avances en las indagatorias para dar con el paradero del adolescente.

De acuerdo con la denuncia, Isaías salió de su domicilio en el Fovissste San Roque para dirigirse al Mercado Independencia, ubicado entre 11 Sur y Boulevar Las Torres de esta ciudad, para vender gelatinas, actividad de donde obtenía dinero para sus gastos.   

En videos de las cámaras de vigilancia, se puede ver que Isaías sí llegó hasta el mercado, donde encargó su canasto con las gelatinas en una dulcería para luego retirarse.
Los familiares señalaron que también hay imágenes del niño en la estación Tarascos del sistema de transporte Ruta, pero que hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha reportado avances en las investigaciones para encontrarlo.


Señalaron que la Fiscalía dejó pasar más de 16 días para buscar las imágenes de cámaras de seguridad que eran claves para identificar el trayecto que siguió el menor. Para cuando la autoridad buscó esos videos, la mayoría ya se habían perdido porque sólo tienen capacidad de almacenamiento de una semana o 15 días. 

Uno de los familiares mencionó que la mayoría de las investigaciones las han tenido que hacer ellos, pidiendo colaboración de vecinos de la zona.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Vienen personas que no tienen experiencia en búsqueda de desaparecidos: Núñez Barojas

La activista fundadora del Colectivo 'Voz de los Desaparecidos en Puebla’ manifestó la inconformidad de los familiares de desaparecidos con el proceso para cambiar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla.

María Luisa Núñez Barojas, activista fundadora del colectivo ‘Voz de los Desaparecidos en Puebla’, exigió este lunes en Aristegui en Vivo que el gobernador Alejandro Armenta Mier reciba a las familias de los desaparecidos, como prometió en su campaña electoral, y manifestó su preocupación luego de que la administración poblana lanzó una convocatoria para cambiar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la entidad a menos de dos años de gestión.

Núnez Barojas manifestó la inconformidad de los familiares de desaparecidos con el proceso para cambiar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla (CBP), decisión que los deja al margen, atenta contra su derecho de participación y sin conocer los motivos para este relevo.

E, incluso, Núñez Barojas advierte que con el cambio se corre el riesgo de repetir la mala experiencia de los primeros tres años de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla en los que hubo omisión y simulación en materia de desaparición forzada de personas en la entidad.

La madre buscadora y activista insistió en que el gobernador Armenta Mier reciba a los colectivos de personas desparecidas, para que les informe cuál es el sentido de cambiar al titular de la CBP, cuál es el diagnóstico y qué evolución ha tenido el trabajo de la dependencia.

De acuerdo con la convocatoria para el proceso de cambio en la CBP será la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, donde se reciban las  postulaciones y decidan quién sí  y quién no cumple los requisitos,  pero no se sabe bajo qué criterios  se tomará esta decisión.

“Estamos muy preocupados y estamos parados en la incertidumbre porque desde el gobierno de Alejandro Armenta están lanzando esta convocatoria para hacer el cambio de un funcionario que es el responsable de encabezar la Comisión de Búsqueda.

“Nosotros no defendemos  a ningún funcionario público,  no tenemos compromiso con los servidores que están en las instituciones del Estado, pero nos preocupa porque es el segundo comisionado que está a partir de que se crea esta comisión.
Los tres primeros años fueron un lastre, pues se trató de una comisionada a modo del entonces gobernador Miguel Barbosa y nos fue muy mal, luego al fallecimiento llega al gobierno interino Sergio Salomón Céspedes, que hoy está en Migración Federal, y sin escuchar a las familias, nombra al comisionado que está hoy.
Núñez Barojas señaló que el actual titular de la CBP, Luis Javier Cervantes Gómez, tiene más de un año en el cargo por lo que ya pasó su curva de aprendizaje.

“No lo conocíamos, no estuvimos de acuerdo en que lo nombrara porque no tenía experiencia en búsqueda, pero bueno, le otorgamos el beneficio de la duda y hemos ido trabajando  con él y ha aprendido.
La preocupación ahora es que lo quieren cambiar y vienen personas que desde el gobierno no tienen experiencia en búsqueda y, entonces, nos van a someter otra vez a una curva de aprendizaje de ocho meses, de un año, cuando nuestros desaparecidos tienen años esperando ser buscados y encontrados.
“Y sobre todo, se lo dijimos, el gobernador no sabe de búsqueda, el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala no sabe de búsqueda, la persona que está al frente de la Subsecretaría  de Prevención y que es quien está manejando todo el teje y maneje de esta convocatoria, mucho menos sabe de búsqueda, entonces estamos parados ante la angustia, la preocupación, la incertidumbre, cuando las familias ya no tenemos tiempo, las madres, los familiares estamos envejeciendo, nos estamos enfermando, ya no vamos a poder seguir buscando, cada día que pasa es un día menos para nosotros”.

“Fui yo quien lo buscó, fui yo quien los encontró”

María Luisa Núñez Barojas narró que fundó el colectivo ‘Voz de los Desaparecidos en Puebla’ en agosto del 2018 a raíz de la desaparición de su hijo, Juan de Dios Núñez Barojas,  quien fue desaparecido el viernes 28 de abril del 2017 en el municipio Palmar de Bravo, Puebla, junto con sus amigos Abraham y Vicente Basurto Linares.
Fue mi búsqueda, fue mi trabajo, fue mi propia investigación la que me llevó a encontrar a mi hijo sin vida, con los otros chicos, en una fosa clandestina a media hora de mi comunidad. Fui yo quien lo buscó, fui yo quien los encontró, fui yo.
“Nosotros desde el colectivo hemos parido en Puebla todo lo que hay en materia de desaparición de personas, impulsamos la fiscalía especializada, impulsamos la creación de la comisión de búsqueda, trabajamos, impulsamos la  aprobación de la ley estatal en materia de búsqueda y también impulsamos la ley de declaración especial de ausencia que se aprobó apenas el año pasado, nosotros hemos llevado la batuta y lo hemos hecho solos, como familiares teniendo que aprender,  abriendo brecha de la nada y yo encontré a mi hijo, pero fue mi trabajo, fue mi propia investigación, fue ponerme en riesgo yo.
Nosotros lamentablemente sí sabemos de qué hablamos y con esa calidad en todos los sentidos es que le exigimos al gobernador que mínimamente escuche a las familias, pero también tome en cuenta lo que decimos, porque ellos no saben.
Un día que no debería de existir

El pasado 19 y 20 de abril se conmemora en México el Día Nacional de las Familias Buscadoras, un día que, a juicio de Núñez Barojas, no debería estar marcado en el calendario.

“Ante la omisión del Estado surgimos las Madres Buscadoras, antier y antes de antier fue el Día Nacional de las Familias Buscadoras, un día que ni siquiera tendría que existir, sin embargo,  ante la omisión, inacción, indiferencia del Estado, nosotros tenemos, tomamos la batuta,  tomamos las palas, los picos y nos vamos a buscar a nosotros y sin privilegios, porque lo hacemos a través de nuestros propios medios, de nuestros propios recursos, que dicho sea de paso, son muy limitados, nosotros no disponemos del aparato del Estado, no disponemos de dinero público, todos trabajamos para que podamos tener recursos y los medios para salir  a buscar a nuestros desaparecidos.
Yo no me puedo quedar cruzada de brazos y quedarme en casa, cuando mis compañeras buscadoras, más grandes, en cuestión de edad que yo y también de estatura, pues ellas siguen buscando a los suyos, ellas confiaron en un colectivo, ellas sumaron su voz a la voz de la madre de Juan de Dios, para hacer una voz más fuerte y seguir luchando por nuestros desaparecidos en Puebla y en todo el país, pues también colaboramos con colectivos del movimiento nacional por nuestros desaparecidos.
El colectivo ‘Voz de los Desaparecidos en Puebla’ también ha buscado y encontrado a migrantes en territorio poblano y a poblanos desaparecidos en otros estados.

“No podemos dejar que el gobierno o quienes están ocupando espacios del gobierno, se crean los dueños del estado, no son los dueños, no pueden disponer de nuestros derechos, no son nuestros papás, no son nuestros patrones, son funcionarios y servidores públicos que prometieron,  que se comprometieron a trabajar por las necesidades de las comunidades, de los pueblos,  de quienes necesitamos que el estado ponga atención, y entonces no nos vamos a quedar  callados.
En Puebla les molesta que levantemos la voz, pero no nos vamos a quedar  callados, no lo hemos hecho y no lo haremos, la voz de nuestros desaparecidos no debe ser  silenciada por nadie, por poderoso que se sienta en este país o en este estado.
ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

28 desaparecidas en Ensenada y SQ

Datos oficiales de la FGE, que han sido documentados, indican que en los últimos cinco años al menos 31 mujeres han sido reportadas como desaparecidas por sus familiares en esos municipios.

En su último informe, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FDH) presentó que un ejemplo en el país es el Estado de México, que registra cifras alarmantes en cuanto a desapariciones de mujeres y niñas. Pero también Guerrero mantiene una de las estadísticas más altas a nivel nacional.  En 2019, fue la entidad con el mayor número de desapariciones en el país, con mil 790 casos oficialmente registrados.

Desde entonces, la situación no ha dejado de empeorar. Entre enero de 2018 y el 25 de noviembre de 2024, dos mil 322 mujeres y niñas desaparecieron, representando casi el 40 por ciento de las desapariciones registradas en la región.

También es reconocido como un lugar de origen, tránsito y destino de la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, a todas estas mujeres. Las autoridades les deben la justicia, pues se han quedado impunes cada uno de estos asuntos.
“Esta omisión impide una respuesta institucional adecuada. Las consecuencias son dramáticas, con un aumento de los casos y el acceso a la justicia casi imposible para las familias”, citó.
Luisa Fernanda, encargada de documentar agresiones contra mujeres y personas transgénero a través del Observatorio de Feminicidios en Ensenada, alertó sobre el aumento de desapariciones con posible enfoque de género en el municipio tras realizar un conteo manual de los reportes.

Destacó que la autoridad investigadora debe redoblar esfuerzos en el análisis y difusión de estadísticas, ya que los números actuales son alarmantes. Entre 2020 y abril de 2025, se ha reportado la desaparición de al menos 30 mujeres.

Este fenómeno ha tenido un crecimiento significativo en los últimos cinco años, con un repunte particular en 2023. Entre 2020 y 2022 se documentaron seis desapariciones; en 2023, la cifra aumentó a nueve casos; en 2024 se sumaron otras nueve mujeres no localizadas; y en lo que va de 2025 ya se registran 13 casos más.

De los 31 reportes, 28 mujeres continúan desaparecidas. Dos fueron localizadas sin vida, una más podría haberse ausentado voluntariamente del hogar. Las edades de las víctimas oscilan entre los 10 y 40 años.

Organizaciones como Colectivo Uniendo Familias subrayan que las denuncias pueden realizarse de manera anónima y que cualquier información puede hacer la diferencia. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien proporcione datos que ayude a localizar a las desaparecidas.
“Es urgente revisar si hay fallas en los mecanismos de protección o si ha aumentado la violencia de género en la región”, concluyó Luisa Fernanda, para reiterar la necesidad de políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres, especialmente en zonas rurales y vulnerables.
SAN QUINTÍN, MUNICIPIO CON ALTA INCIDENCIA DE DELITOS CONTRA LA MUJER

Una de las salas del recién inaugurado Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en San Quintín lleva el nombre de Lucero Ruby, en memoria de una mujer víctima de violencia, desaparición y, finalmente, feminicidio a manos de su ex pareja.

Su historia tuvo impacto porque se trataba de una mujer que trabajaba en el centro de salud, fue agredida dentro de una de las oficinas del hospital con arma de fuego.

San Quintín es un municipio donde la mayoría de sus habitantes son migrantes de comunidades indígenas que llegan para trabajar en campos agrícolas. En ese contexto, las autoridades han relacionado estos datos culturales con los casos de violencia familiar y de género.


Raúl Hernández Arellano, juez de Control en el CEJUM, explicó que durante su permanencia en San Quintín otro caso que le intranquilizó fue un intento de feminicidio cometido por un hombre que intentó quemar viva a su esposa. No podía creer el nivel de violencia, comentó durante la ceremonia de apertura del Centro en noviembre de 2024.

Hernández Arellano fue el primer juez en asumir funciones dentro del CEJUM con el compromiso de atender de manera urgente los casos relacionados con violencia contra mujeres. Para ello, ha tomado diversas capacitaciones en línea, a través del Poder Judicial.

Cuando llegó al Juzgado de San Quintín, el 1 de noviembre de 2022, antes de que el CEJUM iniciara operaciones en octubre pasado, se encontró con un rezago de aproximadamente 2 mil 200 expedientes acumulados por la ausencia de un juez. En un año logró desahogar todas las carpetas, de las cuales estimó que entre el 70 y 80% estaban relacionadas con violencia familiar contra mujeres.

Abogado penalista egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Hernández Arellano fue previamente defensor de oficio, experiencia que, según él, fortaleció sus habilidades en la defensa y comprensión del sistema penal, lo que ahora le permite abordar con sensibilidad los casos de víctimas.

Respecto a las necesidades del CEJUM, considera  urgente fortalecer la plantilla ministerial con más mujeres agentes del Ministerio Público. Actualmente, sólo una fémina desempeña esta función en toda la zona, lo que ha generado cuellos de botella en la atención de casos.
“Tenemos asuntos que se nos quedan atorados porque no se da abasto (la Ministerio Público). Reconozco que hay una buena coordinación, pero es indispensable la presencia de más ministerios públicos”, señaló el juez Raúl Hernández.
Añadió que muchas veces las víctimas deben esperar uno o dos meses para tener una audiencia de imputación, lo cual retrasa el acceso a la justicia.

Uno de los compromisos que asumió al tomar el cargo fue precisamente abatir el rezago y garantizar una resolución pronta y expedita a las mujeres que enfrentan situaciones de abuso.

Recientemente, la FGE obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva contra un sujeto acusado de feminicidio en grado de tentativa y secuestro agravado. Se trata de Aurelio N, señalado por agredir brutalmente a su pareja sentimental el 23 de marzo de 2025 en San Quintín.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Mujer por Razón de Género, el imputado privó de la libertad a la víctima y la llevó a un lugar aislado, donde intentó asesinarla. Durante el ataque, la mujer sufrió múltiples lesiones, incluyendo fractura en un pie.

Fue por la intervención oportuna de un familiar que la localizó con vida, la rescató y la trasladó a un centro médico para recibir atención urgente. El 31 de marzo, Aurelio N fue vinculado a proceso y se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LORENA LAMAS.

Rechazan familiares y organizaciones solicitud del Senado para destituir al presidente del CED

Colectivos de búsqueda y centros de derechos humanos rechazaron el pronunciamiento aprobado por el Senado para exigir la destitución del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, después de que el organismo, dirigido por Olivier Frouville, inició un procedimiento contra el Estado mexicano tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática” en el país.

“Nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de Derechos Humanos. Los lamentables antecedentes inmediatos de inconformidad no llegaban a este extremo”, criticó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en sus redes sociales.

 
El pronunciamiento contra el CED fue aprobado el pasado 8 de abril con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. Los legisladores, en su mayoría de Morena, aprobaron la moción bajo el argumento de que la crisis que suma más de 124 mil desaparecidos en México no son “una política de Estado”.

“En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones. Lo votado en el Senado no augura un buen trabajo en la revisión de la reforma a la Ley General en la materia”, agregó el Centro Prodh.

Por su parte, la Glorieta de las y los Desaparecidos lamentó “profundamente” la posición de un Senado “lejano a las víctimas y a la realidad que vive en el país en materia de desaparición”.

“Nos avergüenza la clase política que hoy vota en contra de la justicia pero que en el pasado nos utilizó como bandera política. Muchas familias de personas desaparecidas, desde hace años hemos solicitado, y lo seguiremos haciendo, a la ONU su intervención en México ante las desapariciones generalizadas que se perpetran en el país. Respaldamos al CED de los ataques de algunos políticos”, señalaron las familias y colectivos de la Glorieta.

La acción del gobierno contra el Comité de la ONU sucede luego de que el 7 de abril el CED activara el procedimiento, considerado “el más extremo” del organismo internacional, para la crisis de desapariciones forzadas en el país, la cual fue negada por la presidenta Claudia Sheinbaum al declarar que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el dictamen del CED era una “acusación carente de sustento”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desde 2021 el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios pidió que se lleve a México ante la Asamblea General de la ONU por graves violaciones a los DH

También se solicitó que se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.

En 2021 el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios pidió que se lleve al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos, y se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.

También pidió el apoyo en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que con el acuerdo actual no cumple con lo que necesitamos para una certera identificación y así poder saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, regresarlos a casa, la verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición del delito y una reparación de daño que jamás alcanzará a ser justa.

DOCUMENTO DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021:

Estimada Carmen Rosa Villa Quintana
Presidenta del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) y

Albane Prophette Pallasco
Secretaria Técnica

Contexto de la desaparición en el Estado de Coahuila

Bienvenidas a Coahuila y agradecemos ser tomadas en cuenta para la visita que este Comité realiza a nuestro país. Una visita que hemos esperado durante años y por fin se lleva a cabo.

Coahuila es un estado que hasta el día de hoy cuenta con 3,452 personas desaparecidas, con ocho colectivos de familiares de personas desaparecidas que hoy estamos presentes y que compartimos un pequeño panorama de la crisis en desapariciones en el estado y el porqué. Aunque a Coahuila la reconozcan como un estado ejemplo, podemos decir que el único ejemplo es el de la IMPUNIDAD.

La región noreste de México se ha visto sumamente afectada por la disputa entre grupos del crimen organizado que, con la participación o connivencia de fuerzas de seguridad y el apoyo o aquiescencia del Estado, ha resultado en un nivel de violencia exacerbado.

Ese fue y sigue siendo el origen de la desaparición de cientos de personas y que alertamos de esta crisis humanitaria desde el 2009; sin embargo, a la fecha continúan y el número, desgraciadamente, es mucho mayor.

Las desapariciones continúan

Del 12 de agosto al 12 de septiembre, oficialmente la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informa que en Coahuila hay un incremento de tres mil 679 nuevos reportes, de las cuales mil 269 se encuentran en estatus de desaparición o no localización. Esto significa que en promedio 122 personas desparecen al mes, es decir por lo menos tres diarias. De las personas localizadas con o sin vida, no hay datos públicos sobre la naturaleza de la desaparición o no localización, solo discurso político mediático. Mientras que la Fiscalía de Personas Desaparecidas reportan 5,488 con 1,891 personas sin localizar.

Búsqueda inmediata

Cuando desaparece una persona, es importante que se inicie la búsqueda inmediatamente pues las primeras horas son fundamentales para su localización; sin embargo, las autoridades todavía dicen a las familias que esperen 72 horas, lo que incumple el protocolo de búsqueda establecido.

Las familias aprendimos a sobrevivir con la desaparición de nuestro familiar; nuestro mundo se convirtió en la búsqueda de la verdad y justicia. Sabemos en donde desapareció, pero no a donde se lo llevaron. La búsqueda en vida es importante porque los podemos encontrar en situación de calle; recorremos en caravanas con la intención de localizar en centros de detención, CERESOS, CEFERESOS, hospitales psiquiátricos, centros de beneficencia y rehabilitación; queremos encontrar a nuestros desaparecidos con vida, aunque también aprovechamos para buscar en SEMEFOS porque tampoco descartamos la posibilidad de encontrarlos en este lugar; utilizamos medios cibernéticos como un apoyo para nuestra búsqueda; realizamos desde brigadas callejeras vespertinas, hasta brigadas nocturnas; organizamos marchas pacíficas para concientizar a las autoridades y sociedad civil; visitamos iglesias en donde se ofician misas por nuestros desaparecidos y nosotras sus familias; planteles educativos para una visibilización, concientización y prevención.

La omisión de las autoridades prevalece pues no integran en las carpetas de investigación la información que nos aportan en las búsquedas en vida y que se han dado positivos en personas que se encuentran en situación de calle; necesitamos que las autoridades les den seguimiento a esas líneas de investigación, a esos posibles positivos para poder localizarles.

Búsqueda en fosas clandestinas

En Coahuila existe la Ley Estatal de Exhumación e Identificación Forense creada en el 2016;. Del 2017 al 2020 se han recuperado 135 restos; en el 2021 se realizaron cinco exhumaciones masivas en las que se recuperaron 703 cuerpos sin identificar en fosas comunes, de las cuales oficialmente solo se ha reportado un cuerpo identificado y entregado y 14 con posibles cotejos.

Las familias tenemos un papel muy importante porque presionamos a las autoridades para que realizaran este trabajo ante la crisis que vivimos; también nosotras decidimos salir al campo en donde hemos recuperado 115 mil fragmentos óseos y 700 kilogramos de fragmentos, sin contar lo que la fiscalía ya en operativos anteriores había recuperado y que esperan ser procesados y confrontados para obtener un nombre y regresar a casa.

Exigimos el cumplimiento real de su trabajo y no la simulación, exigimos el debido proceso en cada trabajo forense, pues su incumplimiento llevó al estado a tener estas cifras de inhumados sin identificar y familias con el sufrimiento; exigimos que nos muestren paso a paso dónde está lo recuperado, pues ya nos demostraron que se les pierden los cuerpos. Queremos resultados, no voluntades ni simulaciones.

El CRIH, una conquista de las familias en riesgo de convertirse en un hermoso mausoleo

Las entrevistas a prensa siguen siendo el recurso privilegiado por las autoridades de Coahuila para “informar” de supuestos cotejos. De estos a la fecha se tiene un rezago de 837 número mínimo de individuos (NMI), de los que no hay información sobre los procesos de identificación, ni las consecuentes acciones ministeriales necesarias para concluir procesos de identificación, notificación y entrega de cuerpos.

Nos preocupa la postura expresada desde el CRIH y en alianza con la Fiscalía de Personas Desaparecidas de no procurar e integrar la información ministerial a los procesos de identificación forense. El riesgo de que se emitan sólo certificados de muerte desvinculados a los procesos de procuración de justicia puede llevar a concluir que en varios casos no hubo delito como el de desaparición forzada, tipificándolos como simples homicidios entre particulares, lo que perpetuaría la impunidad. Así como el que se repita la práctica de emitir certificados de defunción sin plena identificación y entrega de cuerpos, con tal de “dar resultados”. La estrategia de desaparición de personas está encaminada a desaparecer a nuestros Pueblos.

Siguen desapareciendo a los desaparecidos

La autoridad sigue acumulando y así sigue desapareciendo. Siguen desapareciendo a los desaparecidos. El Gobierno desaparece una, dos y tres veces. Estas exhumaciones han demostrado cómo antes, ayer y hoy, siguen repitiendo las mismas malas prácticas de inhumaciones. No está claro y más bien hay evasivas de qué va a hacer el Gobierno de Coahuila por las graves violaciones a los derechos humanos.

El impacto en la familia, sobre todo en los/as hijos/as

La desaparición forzada se convierte en un viacrucis que cambia la dinámica familiar completamente; cuando el papá desaparece y es quien provee económicamente el hogar, la mamá tiene que hacerse cargo de todo, no solo de la educación, sino también en la manutención; aunado a ello, los hijos e hijas, que en su mayoría eran pequeños cuando ocurrió el hecho, deben enfrentar el impacto en la salud física y emocional. Madres, padres, hijos, hijas, esposas, esposos, hermanas, hermanos, después de tantos años de búsqueda, se enfrentan al deterioro de la salud personal y familiar, situación no atendida por las autoridades; si bien existe el Programa de Familias de Personas Desaparecidas en Coahuila (PROFADE), éste no ha sido suficiente para responder a la urgencia provocada por esta crisis humanitaria.

Autoridades cómplices

Uno de los colectivos documentamos más de 100 casos de desaparición forzada perpetrada por las distintas corporaciones policiacas del estado de Coahuila,  desde el inicio de su operación como Grupo de Armas y Tácticas Especiales (G.A.T.E) en la administración del Ex Gobernador Rubén Moreira Valdés, seguida del cambio de nomenclatura a Fuerza Coahuila y al día de hoy en cualquiera de sus denominaciones: Policía Civil Coahuila (PCC), Policía Especializada Coahuila (PEC), Policía de Acción y Reacción (PAR) dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Policía de Investigación Criminal, Grupo Operativo Especial del Estado GOEE, estas últimas dependientes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Los elementos aprehensores continúan violentando los derechos humanos del detenido y consumando las desapariciones forzadas, pues es evidente el grado de IMPUNIDAD que el Estado permite. Los colectivos hemos desarrollado mecanismos de Búsqueda Inmediata que hoy en día representa el 90% de los casos localizados con vida.

Impunidad y tortura en México-Coahuila

La justicia en Coahuila y en todo México no es ni pronta ni exhaustiva. Tenemos más de diez años en diálogo directo con autoridades, pero, a pesar de los esfuerzos, no hemos encontrado a nuestros seres queridos desaparecidos y cada día son más y más a quienes buscamos. En un estado donde nunca ha habido alternancia de partido en su gobierno, las redes de corrupción están tejidas y afianzadas muy fuertes y por lo tanto muy, muy difíciles de romper.

Los vínculos con la delincuencia organizada de empresas, políticos y gobiernos son evidentes, e incluso comprobadas, como se dio en los Juicios de Texas, donde, pese a sentencias de relevancia por graves crímenes en nuestro país, no se han fincado responsabilidades o se ha sancionado responsables. Lo mismo en la llamada “Masacre de Allende”, donde la verdad y la justicia se entierra o esconde con simulaciones de investigaciones y recomendaciones amañadas de la CNDH.

La tortura es otra de las constantes para con las familias, pues sólo simulan hacer un trabajo que es deficiente, pobre y poco profesional intencionadamente. No es falta de capacitación, es decidida acción de ocultamiento, encubrimiento y protección de intereses de grupo y coaliciones corruptas.

Y pese al mal desempeño, en Coahuila se premia a los funcionarios que son cómplices de la desaparición, acción, omisión o aquiescencia del Estado, que a la vez son corruptos y no hacen su trabajo. Se les premia como magistrados en el poder judicial para seguir entorpeciendo el arduo camino hacia la JUSTICIA.

Por eso afirmamos que la impunidad es la principal problemática en este país, es por esta circunstancia que se han podido cometer delitos de cualquier naturaleza, hasta llegar a los más graves que son los crímenes de lesa humanidad como son la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales.

Por eso pedimos que en esta visita confirmen lo que les comunicamos y nos otorguen a través de sus recomendaciones:

Que se lleve al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos, y se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.
Apoyo en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que con el acuerdo actual no cumple con lo que necesitamos para una certera identificación y así poder saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, regresarlos a casa, la verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición del delito y una reparación de daño que jamás alcanzará a ser justa.

Firman:

Alas de Esperanza

Buscando Desaparecidos México (BUSCAME)

Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, A.C.

Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M)

Grupo VI.D.A (Víctimas por sus Derechos en Acción)

Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas

Rastreadoras Nacionales de Personas Desaparecidas, A. C. (RANADES)

Organización acompañante:

Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comité ONU sobre Desapariciones defiende sus acciones tras protesta del Gobierno mexicano

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

El Comité sobre las Desapariciones Forzadas emitió este miércoles una nota aclaratoria en la que justifica su reciente decisión de solicitar que la situación de México en esta materia sea tratada en la Asamblea General de la ONU, una petición que ha sido muy criticada por el Gobierno mexicano.

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

Las decisiones del comité que implican referir una situación nacional de desapariciones forzadas a la Asamblea “se toman siempre con extremo cuidado y con gran sentido de responsabilidad”, asegura la nota, en la que se expresa el deseo del Comité de “mantener la cooperación y los intercambios constructivos con México”.

El pasado 4 de abril, el grupo de expertos -cuya misión es vigilar el cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzada– anunció su intención de llevar el caso mexicano a la Asamblea General, en virtud del artículo 34 del tratado.

Esta decisión provocó las protestas de distintas autoridades mexicanas, incluida la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien este martes acusó al Comité de tener “mucho desconocimiento” sobre su país.

El Comité recordó que el artículo 34 (cuyas decisiones no tienen un carácter vinculante) permite llevar casos nacionales a la Asamblea General si recibe información creíble de que las desapariciones forzadas se están cometiendo de forma generalizada o sistemática en un país.

Sheibaum comentó a este respecto que las desapariciones forzadas en México eran perpetradas por “la delincuencia organizada“, no por el Estado, e indicó que se había enviado una nota diplomática al Comité para expresar la disconformidad del Gobierno mexicano.

El Comité afirmó que algunas reacciones tras su decisión “revelan cierta confusión respecto al procedimiento” y aseguró que su decisión de aplicar el artículo 34 se adoptó “por consenso” y sobre la base de denuncias recibidas, de informes -incluido el del Estado parte- y otros elementos.

Asimismo señaló que solicitará información al Estado parte sobre las denuncias recibidas, “lo cual no prejuzga en modo alguno los próximos pasos del procedimiento en virtud del artículo 34“.

Subrayó, por otro lado, que las desapariciones forzadas que cubre la Convención no se refieren solamente a las cometidas por actores estatales, sino también por grupos paramilitares o el crimen organizado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Inédito y mal augurio que Senado exija sanción contra funcionario de la ONU: Centro ProdH

El pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que estableció medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) rechazó el pronunciamiento aprobado por el Senado de la República que busca sancionar al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de Derechos Humanos”, escribió Centro Prodh en su cuenta de X.

“En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones”, añadió.
Este martes, con 71 votos a favor de la mayoría oficialista de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, el Senado aprobó el pronunciamiento contra el funcionario de la ONU.

Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña anunció que recurrirán a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada.

Al leer el pronunciamiento, Noroña dijo:

“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración?

“Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México

[…]

Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso, que la citada comisión plantee a nuestro país”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum acusa a Comité de Desaparición de ONU de 'mucho desconocimiento' sobre México

El presidente del CED, Olivier De Frouville, expuso que comenzó el proceso tras recibir "información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México".

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó el martes de “mucho desconocimiento” sobre México al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que busca llevar la crisis nacional de desapariciones a la Asamblea General bajo el argumento de que son “sistemáticas o generalizadas”.

“No es desaparición forzada perpetrada desde el Estado, entonces se mandó una nota diplomática para expresar nuestra inconformidad y, en todo caso, se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”, declaró la mandataria en su conferencia diaria.

La gobernante mexicana rechazó el diagnóstico del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), que activó el viernes en carácter de urgente un procedimiento sobre México bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El presidente del CED, Olivier De Frouville, expuso que comenzó el proceso tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”.

Pero Sheinbaum argumentó que en México “hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada“, no con el Estado, al defender que su Administración está “haciendo todo lo que esté en sus manos para combatir, atender, desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito”.
Rechazamos (los dichos del Comité), lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México.
El pronunciamiento del organismo ocurre tras el reciente hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, en el occidental estado de Jalisco, donde colectivos de buscadores de desaparecidos denunciaron un “campo de exterminio” en marzo.

México acumula a la fecha más de 120 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado aprueba 'moción' para condenar y pedir sanciones a funcionario de la ONU que pidió investigar desapariciones en México

A nombre de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el presidente de la CED de la ONU, Olivier de Frouville, por señalar que México tiene un problema generalizado de desapariciones forzadas.

El Senado de la República condenó las declaraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Olivier de Frouville, en las que se afirma que en México hay desapariciones forzadas “de manera general o sistemática”, por lo que incluso pidió al funcionario de la ONU que se retracte.

En voz de Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva, la Cámara de Senadores también advirtió que pedirá a la ONU sancionar al titular del Comité contra la Desaparición Forzada por sus aseveraciones “irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país” en materia de desaparecidos.

Morena acusa al Comité de la ONU contra desapariciones forzadas, de actuar de manera facciosa

Diversos liderazgos del partido Morena se pronunciaron en contra del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus sigla en inglés), que el 4 de abril de 2025, anunció que iniciaría, por primera vez, un procedimiento contra México, que eventualmente podría llegar a la Asamblea General de la ONU, al considerar que en dicho país se registraban desapariciones de manera general o sistemática.

El 7 de abril de 2025, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena señaló que dicho órgano internacional actuaba de manera “facciosa” contra el Gobierno mexicano, “sin ningún elemento objetivo”.

“A propósito del procedimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la @ONU_es. No es la primera vez que grupos dentro de este organismo actúan de manera facciosa sin ningún elemento objetivo”, escribió la presidenta del CEN de Morena, en su cuenta de la red social X.

“Desde 2018 a la fecha, el @GobiernoMX no desaparece personas ni viola derechos humanos, tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad. Al contrario, como nunca se han desplegado estrategias de búsqueda y combate a la impunidad derivadas de este delito”, afirmó Alcalde Luján.

“El mejor ejemplo son las acciones implementadas en su momento durante el sexenio pasado, así como las que, con mucha contundencia, envió la Presidenta @Claudiashein al Congreso de la Unión en días recientes”, enfatizó la líder partidista.

“No cabe duda que este señalamiento contra México tiene orientación política e ideológica. No les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”, finalizó la presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Un día después, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, cuestionó al presidente del citado Comité, Olivier de Frouville, por haber sostenido que en México la desaparición forzada se lleva a cabo “de manera general o sistemática”

En la apertura de la sesión de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el legislador anunció que recurriría a las más altas instancias de la ONU para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que eso significara que el Estado mexicano dejaría de cumplir con sus obligaciones para informar lo que se les solicitara.

“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno”, alegó el senador de Morena.

Asimismo, Fernández Noroña aseguró que el informe del Comité no contemplaba ninguna consideración crítica, exigencia o reclamo hacia el Gobierno mexicano, en materia de desapariciones forzadas. Además, opinó que el funcionario de la ONU no tenía facultad para hacer esos señalamientos a nombre de la Comisión que presidía, lo cual provocaría, dijo, la falsa e injusta especulación de que había desapariciones forzadas en México.

“Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México. Simplemente el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de manera unilateral, incluyó en su declaración el grave señalamiento, sin sustento alguno, de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando la temeridad de que éstas son generalizadas y sistémicas, cuando el Estado Mexicano en su actual momento no realiza esa práctica infame”, enfatizó Fernández Noroña.

“Frívola aseveración. ¿Sobre qué casos y sobre cuáles presunciones pedirá información? ¿Y con qué facultad lo hace? Lo hace a título personal, arrogándose atribuciones que sólo puede asumir si se dieron con fundamento en decisiones colegiadas del Comité aquí señalado. El Gobierno que encabeza la jefa del Estado Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada”, insistió el senador de Morena.

El 8 de abril de 2025, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anunció que, por acuerdo de la mayoría, San Lázaro enviaría una nota legislativa a la ONU por los señalamientos del Comité contra las Desapariciones Forzadas, al cual acusó de actuar con irresponsabilidad y frivolidad, al iniciar un procedimiento contra el Gobierno mexicano, por considerar que en México se registran desapariciones forzadas de manera general y sistemática.

Además, el legislador zacatecano expresó el rechazo de la mayoría al comunicado emitido por el organismo de la ONU el 4 de abril de 2025, el cual, según él, contenía desaciertos, inexactitudes y falsedades. Aunque reconoció que estaban conscientes del enorme reto que implicaba la defensa y protección de los derechos humanos, aseguró que el Gobierno de Sheinbaum Pardo lo estaba haciendo de manera enérgica y con eficacia. Por tanto, acusó al Comité de tener una actitud injerencista e incluso perversa.

“Enviaremos también nosotros notas legislativas al Congreso norteamericano, pero, sobre todo, a la ONU, de que no se puede actuar con tanta irresponsabilidad y frivolidad por parte de un organismo tan importante que, sin bases, sin pruebas, sin elementos, de manera directa, establecen culpabilidades contra el Estado mexicano y que no estamos de acuerdo”, dijo Monreal Ávila.

“Lo que nos pareció es una actitud injerencista, de mala fe, perversa, sin información. Y, por eso, el grupo parlamentario de Morena respalda a la presidenta en su lucha contra la inseguridad, contra las desapariciones, y en mantener el principio rector que el Estado mexicano tiene sobre la protección de los derechos humanos”, expresó el diputado, quien reconoció que sí existían desapariciones en México, pero, según él, era la delincuencia organizada la que las estaba generando.

“Sí existen desapariciones, pero decir ‘desapariciones forzadas’ es decir que el Gobierno las está haciendo y eso no es así. Está demostrado que la delincuencia organizada es quien principalmente está generando este tipo de desaparición. Está documentado”, subrayó el coordinador de los diputados federales de Morena.

Aunado a lo anterior, el legislador zacatecano aseguró que México no iba a desconocer sus obligaciones de carácter internacional en materia de derechos humanos, pero sí expresaría su desacuerdo, cuando se tratara de falsedades.

“México seguirá atendiendo las solicitudes de todos los Comités y habremos de expresar con contundencia y fuerza que no estamos de acuerdo con falsedades. Entonces, aquí mismo tenemos que hacer valer nuestra inconformidad con el Alto Comisionado, con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que está en México. Por eso, no podemos de ninguna manera quedarnos callados cuando se señala a México, al Gobierno, como el autor de estas desapariciones forzadas”, reiteró Monreal Ávila.

El mismo día, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México envió una nota diplomática de reclamo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego que el Comité contra las Desapariciones Forzadas iniciara un procedimiento contra su Administración, por considerar que ese registraban desapariciones de manera general o sistemática.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal expresó su inconformidad y acusó al organismo internacional de carecer de información para emitir una opinión sobre el problema de las desapariciones en México.

“Se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y, en todo caso, se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”, reclamó la mandataria nacional, quien recordó que las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB), habían emitido una primera respuesta.

Sheinbaum Pardo sostuvo que en México no existía la desaparición forzada de personas a manos del Estado, ya que los casos registrados estaban vinculados a grupos del crimen organizado. No obstante, reveló que su Gobierno había solicitado a las fiscalías General de la República (FGR) y de los estados, actuar frente a estos delitos, para que no hubiera impunidad.

“En México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México, hay un fenómeno de desaparición vinculado con la delincuencia organizada. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para atender a las víctimas, prevenir y combatir este delito, principalmente de la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado”, finalizó la presidenta.

El 7 de abril de 2025, tras una reunión de cuatro horas con el colectivo jalisciense, Guerreros Buscadores, la titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se comprometió a remover de su cargo a “funcionarios indolentes”, por no dar seguimiento a las denuncias de desapariciones.

La funcionaria federal lanzó un ultimátum para los trabajadores de las fiscalías estatales y de instituciones federales, incluso de la propia Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al pedirles que realizaran su trabajo con apego a los derechos humanos.

Asimismo, la titular de la SEGOB apuntó que, de no atender dicha petición, serían destituidos de sus funciones, en atención a las demandas de los integrantes de la organización no gubernamental.

“Hay cambios que se van a hacer y también cambios de servidores públicos, que si no lo hacen, pues van a tener que irse porque la presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien ella va a tomar una actuación distinta”, advirtió Rodríguez Velázquez.

“Yo tenía que hacer un llamado de atención para que los funcionarios de la Secretaría pongan atención a los casos de las víctimas. Lo único que no podemos permitir es que tengan un maltrato hacia las víctimas. Entonces se va a poner remedio, eso no se justifica”, expresó la titular de la SEGOB.

“¿Es un ultimátum?”, le preguntó un reportero. “Sí, esto es a nivel nacional y federal, también dentro de la propia Comisión Nacional de Búsqueda”, respondió Rodríguez Velázquez, quien también comentó que los activistas acusaron que los funcionarios de fiscalías estatales, como Nayarit, Jalisco y Sonora, no investigaban, ni daban seguimiento a los casos, y, además, eran indolentes.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Gobierno alista ley para "desaparecer a los desaparecidos": Madre buscadora

Cecilia Flores acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum ignorar a las madres buscadoras y no tomar en cuenta sus demandas.

La activista Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó este lunes al Gobierno de México de preparar una ley para “desaparecer completamente” a las personas no localizadas, en medio de la crisis por desapariciones que atraviesa el país.

Flores sostuvo una reunión con Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, para conocer el paquete de reformas que el Legislativo prepara ante la problemática de las desapariciones en México, puesta sobre el relieve tras el hallazgo de presunto campo de adiestramiento y exterminio en Jalisco.

“Quieren hacer una ley que va a desaparecer completamente, por completo, a los desaparecidos”, advirtió Flores, al salir de la reunión en la Ciudad de México.

La activista señaló a medios que ella misma buscó el encuentro porque considera que las leyes deben prepararse escuchando a las víctimas, y acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de ignorarlas y no tomar en cuenta sus demandas.
Debe pensar en tomarle la voz a las víctimas, no nada más lo que ella (Sheinbaum) diga, porque la verdad todo lo hacen para minimizar y perjudicar la búsqueda.
La madre que busca a dos de sus hijos desaparecidos consideró que estas leyes “lamentablemente van a perjudicar más, y van a empezar a desaparecer por completo las personas”.

A juicio de Flores, lo que necesitan los colectivos de buscadores es que se agilice la búsqueda, investigación y localización de inmediata ante una desaparición.

“Ellos (el gobierno) tienen todas las herramientas y los recursos para hacerlo, lo que no tienen es disponibilidad, sensibilidad, empatía en el tema (…) porque es un trabajo que estamos haciendo sin recursos, sin herramientas, sin tecnología y que lo hacemos mejor que ellos como autoridad”, agregó.

Flores participó en la reunión en el Legislativo con varias personas buscadoras, que pedían ser tomadas en cuenta para la construcción de las reformas anunciadas por la presidenta del país hace unos días.

A la par, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió por primera vez con colectivos de personas que buscan a sus seres queridos, la mayoría de Jalisco, donde no estuvo Flores.

Según Rodríguez, este es el inicio de una serie de mesas de diálogo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para atender “como prioridad de Estado” el problema de las desapariciones, como le instruyó Sheinbaum.

“Ese es un primer compromiso que nosotros queremos hacer y queremos que nos ayuden a hacer esta agenda de trabajo, que nos lleve a la localización de sus seres queridos”, afirmó Rodríguez.

El hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco, ha elevado la presión para que el Gobierno atienda la crisis de desapariciones en el país.

México acumula a la fecha más de 120,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones registradas desde la década de 1950.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Colectivos de búsqueda piden a ONU “mano dura” contra el Estado mexicano por desapariciones

Colectivos de búsqueda de desaparecidos calificaron de positiva la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, que inició un procedimiento contra el Estado tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”.

El Comité de Naciones Unidas también ordenó al Estado mexicano resguardar el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde el pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló un campo de exterminio del crimen organizado, restos humanos y más de 400 indicios de víctimas de desaparición. La orden de la ONU incluye el resguardo del predio y de todos los restos óseos y elementos probatorios encontrados en el lugar, así como realizar de manera inmediata el análisis genético de los fragmentos para su identificación.

Frente a las medidas del CED, familiares de búsqueda y colectivos celebraron la intervención, pero señalaron que la ONU debe ser “más dura” en sus medidas contra el Estado por la crisis de desaparecidos y su falta de atención a las víctimas. “Nosotros siempre estamos acudiendo a organismos internacionales porque la justicia mexicana ya se nos negó. La ONU debería ser más dura en sus medidas y en las resoluciones que dicta”, dijo al diario El Universal Yoltzi Martínez, del Colectivo Raúl Trujillo Herrera.

Se trata de la primera vez que se activa este procedimiento, considerado “el más extremo” del Comité, para la crisis que suma más de 124 mil víctimas en México, explicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que llamó al Estado a colaborar activamente en el nuevo análisis “enviando información fidedigna y abriéndose al escrutinio internacional”.

“Este recurso extremo no se habría adoptado si México hubiera implementado la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, que el Comité recomendó en su visita de 2021”, añadió el Centro Prodh.

Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo señaló que la decisión del CED “es un reconocimiento sobre la preocupante situación que ha vivido México en materia de desaparición por años, y abre la posibilidad para que haya un escrutinio internacional que ayude en el acceso a la verdad y la justicia para miles de familiares que buscan a sus seres queridos”.

Las medidas del CED para Teuchitlán también incluyen la comparación de los resultados con perfiles genéticos de personas desaparecidas, analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad, así como llevar a cabo un análisis de contexto para determinar patrones, motivos, modus operandi, perfiles de las personas desaparecidas y particularidades de la región que explican el fenómeno.

La intervención de la ONU tras los hallazgos del Rancho Izaguirre es resultado de la petición de la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que presentaron ante el organismo internacional 18 casos con medidas cautelares, en los que argumentan que estas son de interés para todos los colectivos y personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los fragmentos encontrados y objetos con sus respectivos dueños.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comité de la ONU usa por primera vez 'sistemáticas' para referirse a desapariciones forzadas en México: expresidente

El expresidente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera, consideró que el organismo activó el procedimiento contenido en el artículo 34 por primera vez en su historia como último recurso frente al Estado mexicano.

El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) activó el pasado viernes y por primera vez en su historia el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que permite llevar una situación grave de desapariciones generalizadas o sistemáticas a la atención de la Asamblea General de la ONU.

Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM (CCU), hablaron en Aristegui en Vivo de la activación de este mecanismo, del que coincidieron que se ha dado en un contexto de negación por parte del gobierno mexicano y de creciente preocupación internacional.

Corcuera explicó que la decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se produjo después de una serie de alertas y recomendaciones emitidas por el Comité desde 2015, cuando por primera vez se señaló un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en México. “El Comité ya había señalado, en informes previos, que México vivía un contexto de desapariciones generalizadas, una conclusión que reiteró en 2018 y luego en 2021 y 2022″, señaló.

“Lo último que le quedaba al Comité es activar el procedimiento del artículo 34. Ya se había agotado el uso de otros mecanismos, y ahora es necesario llevar el caso a la Asamblea General de la ONU”, explicó.

El académico apuntó que se trata de un procedimiento se activa cuando el Comité recibe información que considera bien fundamentada sobre desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, por lo que el CED solicitó al Estado mexicano que entregue información al respecto en las próximas semanas.

Destacó que el procedimiento del artículo 34 no había sido utilizado hasta ahora y que aunque no implica sanciones, busca que la Asamblea General considere las medidas adecuadas para abordar la situación, las cuales podrían incluir mecanismos de vigilancia, supervisión y apoyo en la búsqueda de justicia, aunque no se sabe con certeza qué decisiones tomará la Asamblea de la ONU, dado que es la primera vez que lo activa.

“Aquí quiero decir algo importante. Por primera vez, el Comité usó la palabra ‘sistemáticas’. No lo había dicho antes, solo había dicho ‘generalizadas’ en 2015, en 2018, en 2022, generalizadas. Pero ahora dijo que son ‘sistemáticas’. Entonces, hablar de ‘sistemático’ ya implica que haya un plan del gobierno o de las organizaciones no estatales, como el crimen organizado, que pueden estar cometiendo estos crímenes con base en un plan, es decir, como una política. Esta política puede ser política de Estado o puede ser política de organización, porque tanto las organizaciones criminales como los gobiernos o los Estados pueden cometer crímenes de lesa humanidad”, dijo, al tiempo que señaló que el presidente del Comité nunca usó el término “política de Estado”.

“El Comité no ha afirmado que se trate de una política de Estado. Ese es un error que ha cometido el gobierno mexicano al intentar desvincularse de cualquier responsabilidad, aunque las desapariciones puedan ocurrir bajo la aquiescencia del Estado”, añadió.


Resalta que la negación de cualquier vínculo con las desapariciones forzadas es una postura errónea, porque el Derecho Internacional establece que un acto ilícito cometido por funcionarios públicos, aunque no sea ordenado de manera directa, puede constituir una responsabilidad del Estado. “Cuando un agente del Estado no hace lo que debe hacer para evitar o sancionar estos crímenes, se considera aquiescencia. Y eso puede implicar que las desapariciones no son solo de actores no estatales, sino que pueden ser consideradas forzadas”, explicó.

En este sentido, el expresidente del CED destacó la idea de que la responsabilidad no solo recae en los perpetradores directos, sino en el Estado por su omisión o negligencia.

Recordó que el pasado jueves, el CED emitió medidas cautelares urgentes sobre los hallazgos del rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, a solicitud de un colectivo y una organización de la sociedad civil, si bien consideró que este hecho no tuvo un “impacto definitorio” para la decisión adoptada el viernes por el organismo.

De acuerdo con Corcuera, tras recibir la información solicitada al gobierno mexicano, el Comité deberá analizarla antes de decidir si llevará el caso ante el Secretario General de la ONU para que lo presente a la Asamblea General.

“Es un momento histórico, pero también incierto. No sabemos qué medidas adoptará la Asamblea General. Es la primera vez que se llega a este punto, y las decisiones que se tomen dependerán de los elementos de juicio que se presenten”, concluyó Corcuera.

“México necesita ayuda externa”: Jacobo Dayán

Por su parte Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, aseguró que “el Estado mexicano no está reaccionando de manera efectiva ante el problema”.

“Esto ha sido evidente incluso desde la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2017, que no ha dado los resultados esperados. Los registros están desactualizados y fragmentados”, agregó.

El académico también señaló que el gobierno mexicano ha minimizado la gravedad del problema, descalificando las recomendaciones internacionales. “El Gobierno federal ha hecho declaraciones en las que niega que exista una política de Estado para las desapariciones, lo cual no es correcto. La desaparición forzada no solo involucra a actores estatales directos como policías y militares, sino que también incluye casos donde el crimen organizado actúa en complicidad o con la omisión del Estado. Esto constituye una desaparición forzada bajo la definición de la Convención de la ONU”, precisó.

Ademas, señaló que es relevante  que el CED utilice los términos “sistemáticas o “generalizadas” al referirse a las desapariciones en el país: “Cuando se habla de un crimen como la desaparición forzada, que está ocurriendo de manera generalizada o sistemática, los términos preocupan a los gobiernos, porque estamos ya bajo el supuesto de crímenes de lesa humanidad. Y es por ello que es competencia de la Asamblea General o de la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional no interviene, no sugiere qué hacer, no presiona a un país por un asesinato o una desaparición o cinco casos de tortura, pero cuando esto ocurre bajo parámetros generalizados o sistemáticos, entramos en los supuestos de los crímenes internacionales o crímenes atroces, en este caso el crimen de lesa humanidad, que por definición es competencia y preocupación de la comunidad internacional”, apuntó.


Sobre el comunicado emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que negó la existencia de un fenómeno generalizado de desapariciones forzadas en México, aseguró que rechazar el diagnóstico del Comité de Desapariciones Forzadas, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra “se aleja completamente de la realidad”. “Si no se reconoce el problema, no podemos avanzar en su solución”, señaló Dayán, al tiempo que subrayó la importancia de la cooperación internacional para abordar esta crisis.

Consideró que la activación del artículo 34 implicará una mayor presión internacional sobre México. “La preocupación de la comunidad internacional no es solo por un caso aislado de desaparición, sino por un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”, explicó. “Es por ello que la Asamblea General de la ONU y otras instancias internacionales tienen la competencia para intervenir y buscar soluciones a este grave problema”, enfatizó.

Para Dayán, el Estado mexicano debe reconocer “la necesidad de colaborar con los colectivos de víctimas y con expertos internacionales para encontrar soluciones a este problema. México necesita ayuda externa para superar el caos en los registros, mejorar los procesos de identificación y, sobre todo, garantizar que las víctimas obtengan justicia”.

MESA DE ANÁLISIS:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.