Jesús Muñoz Mata, de 35 años, permanece desaparecido desde el 20 de octubre de 2024, cuando fue secuestrado en el municipio de Alvarado, Veracruz. A pesar de que su familia accedió a las exigencias económicas de los captores, hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero. 

Jesús es sobrino de la periodista Gloria Muñoz, quien junto a familiares ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para compartir su ficha de búsqueda, difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) a través del programa “¿Has visto a…?”.

A inicios de mayo, el Subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Arturo Medina, articuló la voz oficial del Estado mexicano, para el reconocimiento internacional y la disculpa pública ofrecida por la desaparición de Ivette Melissa Flores Román, ocurrida el 24 de octubre de 2012, cuando un comando armado entró a su casa en Iguala, Guerrero, y se la llevó de manera forzosa. Tenía entonces 19 años y casi 13 años después, continúa desaparecida. 

La disculpa fue consecuencia del dictámen emitido por el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que halló responsable a México de haber discriminado y criminalizado a la joven desaparecida y a su familia, dilatando la investigación criminal y omitiendo cualquier mecanismo para buscarla, ignorando el contexto de violencia extrema y predominio del crimen organizado que vivían entonces en Iguala y que, en 2014, se volvió tristemenente conocido como el sitio de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

Así como las Naciones Unidas han hecho énfasis en sus condenas previas a México, en la relación entre la violencia machista y feminicidio; este caso sentó un precedente por su denuncia del vínculo entre la desaparición de mujeres “como una de las representaciones más graves de la violencia de género” y la dificultad para su reconocimiento cuando la delincuencia organizada participa en los crímenes. 

Conocida como la “sentencia CEDAW sobre la desaparición de mujeres”, el dictámen del caso de Ivette Melissa incluye varios puntos extra, que exigen al Estado una política eficaz para proteger a las mujeres “en contextos de extrema violencia”. Eso vale incluso para su madre, Sandra Luz Román Jaimes, principal artífice de este proceso que puja por la justicia, quien pidió a las autoridades presentes en el evento, su compromiso de brindarle seguridad a ella y a su familia, para continuar en este camino. 

El caso fue presentado para el análisis del Comité por la organización civil Idheas Litigio Estratégico en octubre de 2019, fue aceptado en 2020 y dictaminado el 24 de octubre de 2022, al cumplirse diez años de la desaparición. El Estado tardó otros dos años y medio en ofrecer la disculpa, catalogada como “un primer acto de reparación”, por el encargado de la oficina del Alto comisionado para las Naciones Unidas en México, Jesús Peña Palacios. 

Una red

Ivette Melissa conoció a su novio estudiando en Iguala y fue madre a los 16 años, tras lo cual se mudó a vivir con la familia de su pareja, un joven de su edad. El maltrato en ese sitio comenzó pronto, fue obligada a cortar el contacto con su familia y aislada, signos reconocidos como episodios de violencia machista. La familia de la joven madre también reconoció la violencia que envolvía a Ivette, quien comenzó una segiudilla de escapatorias de su familia política. Mientras su madre y sus hermanos, intentaban auxiliarla, del otro lado emergió la figura de su suegro, el padre de su pareja, llamado Humberto Velázquez Delgado, como el personaje que mandataba la violencia. 

Vélazquez Delgado era entonces comandante de la policía ministerial de la Fiscalía de Guerrero, y acumulaba una larga trayectoria, -desde los años 90- de denuncias en su contra por violencia policial y señalamientos de su vinculación con el grupo criminal, Guerreros Unidos. A pesar de las múltiples evidencias que se acumularon contra él durante la década que lleva abierto el caso, nunca fue citado a declarar. Fue asesinado en su tienda de equipamiento militar en Iguala, en la tarde del 21 de junio de 2021. 

Así como las autoridades se negaron a citar al identificado agresor, las autoridades ignoraron este contexto de violencia criminal como un hecho vinculado a la desaparición de la joven. Incluso existe un antecedente en el expediente, señalado por las abogadas de Idheas, dónde se argumentó no encontrar elementos para acreditar la razón de género como motivo de su desaparición. 

“Estamos ante un caso emblemático, y aunque no puede considerarse suficiente por sí misma, esta disculpa implica reconocer, de manera explícita y oficial, la existencia de una violencia estructural en contra de las mujeres, y asumir la responsabilidad por las omisiones institucionales graves, que permiten esta violencia extrema”, sostuvo Frida Velázquez, representante legal de Idheas. 

Luz en el camino

Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa, recorrió (y aún recorre) un tortuoso camino en pos de la justicia, ya que las amenazas continuaron hacia ella y su familia, una vez que su hija fue desaparecida. Los primeros dos años los sufrió casi en soledad, cobrándole a su salud y cambiando su vida por completo, dedicándola a la búsqueda. La familia recibió otro duro golpe cuando su sobrina y prima de Ivette, Norma Angélica Bruno Román, fue asesinada por el grupo criminal, frente a sus hijos pequeños. Su muerte continúa en la impunidad. 

Por eso, cuando en 2014 explotó la atención sobre las desapariciones en México, tras la desaparición de los 43 normalistas, Sandra junto a otras familias igualtecas claves para este país, -como la familia Vergara, por ejemplo- fundaron “los Otros desaparecidos” y surcieron el camino a la justicia que abrió el Comité de madres y padres de los 43, hacia el resto de las familias que sufren la desaparición de uno de los suyos. 

Tres años después, fundó su propio colectivo Madres Igualtecas en busca de sus desaparecidos AC y desde entonces, ha sido referente para acompañar a otras familias que pasan por lo mismo. Durante el acto de disculpa pública, las compañeras del colectivo llenaron los espacios disponibles para los invitados de la familia. 

En entrevista con Desinformémonos, Sandra contó que han conseguido que la justicia emita algunas órdenes de aprehensión referidas al caso; y que como parte de este proceso de reparación, buscan que se instale una placa en Iguala, en memoria de su hija. También que el dictámen de CEDAW ha permitido la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con ellos han retomado las búsquedas en vida en el vecino estado de Morelos, dónde trabajaron la última semana de mayo, y la primera quincena de junio. “Estoy emocionada, no tengo palabras, pero esperemos que en todo lo que se comprometió el Estado, la Federación y las autoridades internacionales sigan apoyándome, y que no termine yo en un ataúd, como varias de las buscadoras que buscan como yo”, concluyó.

Cuatro policías de Romita, Guanajuato, fueron liberados tras haber sido acusados de desaparición forzada y homicidio del matrimonio conformado por Daniela Castro y Juan Pablo Vargas, de 27 y 25 años, y de Carlos Esteban Rocha Anguiano de 25.

El pasado 11 de enero de este año, el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado, Alfonso Israel Valdez Alvarado, liberó a cuatro expolicías de Romita que habían sido acusados por el delito de desaparición forzada, incluido el entonces director de Policía de dicho municipio, pues la Fiscalía no pudo sostener mediante pruebas que existieron amenazas previas y que las personas detenidas fueron entregadas a un grupo delincuencial.

De acuerdo con la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato, el 19 de febrero de 2023 a las 19:00 horas, las víctimas viajaban en un automóvil, cuando colisionó con otro que se encontraba estacionado en la calle. Al lugar de los hechos arribaron agentes de la policía vial para proporcionar asistencia, pero la víctima refiere al oficial que ya se están arreglando con los propietarios del vehículo y que su presencia no es necesaria.

Además, la madrugada del 19 de mayo, se registró un ataque armado en la comunidad de San Bartolo, en el municipio de San Felipe, que dejó como saldo siete muertos, todos del sexo masculino, informó el ayuntamiento.

Siete policías municipales de Ziracuaretiro, entre ellos una mujer, fueron declarados culpables de la desaparición forzada de un agricultor, ocurrida el 10 de septiembre de 2019, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con el organismo de procuración de justicia, durante el juicio oral el agente del Ministerio Público demostró que el día de los hechos el agricultor Isaac G. se encontraba en una huerta de aguacate, ubicada en la avenida 5 de mayo del municipio señalado, cuando llegaron los agentes imputados y sin motivo alguno golpearon a la víctima en diversas partes del cuerpo.

Lo que comenzó como la búsqueda angustiosa de cinco jóvenes músicos terminó en un giro oscuro, cargado de sospechas, contradicciones oficiales y un posible crimen premeditado. 

A las 9:47 horas del jueves 29 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en una zona despoblada. Las autoridades informaron que podrían corresponder a los integrantes del Grupo Fugitivo, desaparecidos desde el sábado.

¿UNA TRAMPA PLANEADA?

TAMAULIPAS Y LA RUTA DE LA IMPUNIDAD

Este caso revive viejas heridas en Tamaulipas, un estado donde los desaparecidos suman miles y los patrones de violencia tienen el sello del crimen organizado, a menudo con la complicidad del poder. El hallazgo de cuerpos calcinados en zonas rurales es tristemente común, y las investigaciones suelen diluirse entre laberintos burocráticos.

La mentira oficial sobre el presunto “rescate con vida” hizo más profundo el dolor. En palabras de una de las madres: “Nos dieron esperanza para después matarnos dos veces”.

El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) denunció las «violaciones graves a víctimas de desaparición, homicidios y feminicidios» cometidas por el personal del Servicio Médico Forense y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, ante las demoras en los análisis forenses y de identificación de cuerpos en la entidad.

En un comunicado, los familiares del FUNDENL ejemplificaron las faltas con tres «deficiencias que vulneran los derechos de las miles de víctimas» en Nuevo León. La última de ellas se registró en abril de este año, cuando fueron localizados diversos restos humanos que hasta el momento siguen sin ser analizados y la familia buscadora del caso continúa «sin alguna información al respecto».

«Así como este hallazgo, existen miles de restos humanos localizados en otros sitios en años anteriores, que permanecen en resguardo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales sin ser identificados y tampoco cuentan con algún dictamen a través del cual la Fiscalía proporcione alguna información a las familias de las víctimas», precisaron las familias.

Otro caso es el de un joven reportado como desaparecido que fue localizado sin vida en junio de 2024, pero a casi un año del hallazgo el Servicio Médico Forense no ha expedido el Certificado de Defunción, «argumentando a los familiares que no ha sido posible determinar la causa de muerte», a pesar de la importancia del documento.

El FUNDENL agregó que también en junio de 2024 la madre de una joven desaparecida fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que su hija fue identificada dentro de los hallazgos de “El Tubo” en Hidalgo, Nuevo León, recuperados desde 2022. «Sin embargo, hasta el día de hoy, a casi un año de esta identificación, no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna, siendo esto un acto grave de su parte», acusó el colectivo.

Los familiares entregaron un escrito al Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar, y al Director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León, Porfirio Díaz Torres, para urgir su intervención en las «deficiencias» de las instituciones.

COMUNICADO:

En menos de cinco meses de este 2025, ya en la nueva administración de Claudia Sheinbaum, más de mil adolescentes y jóvenes mexicanos de entre 15 y 19 años están desaparecidos. 

Este dato supone hasta un 75 % más de casos activos que en el mismo periodo del año pasado que, de por sí, ya había batido el récord como el año con más adolescentes y jóvenes desaparecidos desde que en 2020, en el segundo año de López Obrador, se presentó la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Segob. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales de ese registro, hasta el 20 de mayo de este año sumaban 2 mil 785 denuncias de desaparición de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años, de las cuales 1 mil 068 continúan activas. Es decir, a día de hoy, hay más de un millar de jóvenes en México que permanecen en paradero desconocido.

También supone un alza del 191 % respecto al mismo periodo de 2020, el año de la pandemia (366 casos), y de un 252 % respecto a 2019 (303 casos). De hecho, los más de mil jóvenes desaparecidos de estos apenas cinco meses de 2025 ya superan, por ejemplo, a todos los registrados en 2022 (879).

De continuar así la tendencia durante el presente año, se batirá el récord de 2024, que en 12 meses registró 1 mil 717 casos activos de adolescentes y jóvenes desaparecidos; 634 más que en 2023, un 60 %; y 838 más que en 2022, un 96 %.

CDMX y Edomex, a la cabeza de jóvenes desaparecidos

Por entidades federativas, un análisis realizado por Animal Político revela que tanto en lo que va de este 2025, así como en 2024 y 2023, la Ciudad de México y el vecino Estado de México se han intercalado los dos primeros lugares con más casos de hombres y mujeres jóvenes desaparecidos. 

Por ejemplo, en lo que va del año, suman 190 jóvenes que siguen desaparecidos en la capital mexicana, que ocupa hasta el momento el lugar número uno. De ese total, son más las mujeres jóvenes desaparecidas (118) que los hombres (72). 

El Estado de México ocupa el segundo lugar, con 178 casos vigentes (107 mujeres, 71 hombres); y Puebla, el tercero con 124 casos mayoritariamente de mujeres (82 frente a 42 hombres). En este caso, cabe destacar que en todo 2024, Puebla registró 78 casos vigentes, por lo que el aumento en menos de cinco meses de 2025 fue de casi un 60 %.

Sinaloa, que desde el verano pasado vive inmersa en una cruenta batalla al interior del cártel de Sinaloa, ocupa el cuarto lugar con 42 casos activos, de los cuales casi todos son de hombres (36 frente a 6); y Sonora, otro estado afectado por la violencia criminal de los cárteles y las desapariciones, está en el lugar cinco con 39 adolescentes y jóvenes desaparecidos (29 frente a 10).

En cuanto a las edades y el sexo de los desaparecidos, otro análisis realizado por Animal Político apunta que el grupo más afectado por las desapariciones en el país es entre los 15 y 17 años, con 777 casos que continúan vigentes, el 72 % del total registrado en 2025. 

Y dentro de este bloque de edad, destaca que son mayoría los casos de mujeres desaparecidas. Por ejemplo, de los 281 casos de 15 años, 175, el 62 %, son mujeres; y de 16 años, 177, el 61 %, también son mujeres. 

En cambio, de los 151 casos de 18 años, el 63% son hombres; y de los 139 de 19 años, casi un 70 % también son hombres. 

“Se quieren invisibilizar las desapariciones y el reclutamiento”

“No todo reclutamiento es para sicariato”, subraya. “También hay explotación laboral, por ejemplo. O sea, tienen a los jóvenes como esclavos o los utilizan para servidumbre”. 

Otra de las ‘tareas’ más recurrentes para los que reclutan a adolescentes y jóvenes, agrega Juan Martín, es para labores de vigilancia, para el clásico ‘halconeo’. 

“Estos grupos necesitan tener vigilancia de los territorios controlados, y tienen además una enorme economía informal que también requiere de vigilancia. Y para esas labores utilizan a los adolescentes y jóvenes reclutados, a los que también utilizan, por ejemplo, para el cobro de las extorsiones, o para traslados entre un punto y otro de la ciudad”.

En cuanto a las mujeres, el experto apunta que buena parte de las desapariciones se explican por dos temas: la explotación sexual y los feminicidios. 

“La producción de material de explotación sexual digital de niñas, jóvenes y mujeres está generándose desde vías criminales y hasta cotidianas”, apunta Juan Martín.

“Además –agrega–, recordemos que nuestro país ha sido señalado insistentemente en la última década como uno de los mayores productores de material de explotación sexual digital de niñas y adolescentes, y obviamente para eso se necesitan víctimas que, lamentablemente, son esclavas sexuales”.

Por último, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia puso sobre la mesa que, ya desde el pasado gobierno de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la capital mexicana, le expusieron la preocupación por el aumento de la desaparición de jóvenes, a pesar de lo cual no hubo respuesta que se tradujera en alguna política pública para abatir este fenómeno. 

“El tema del reclutamiento se ha querido invisibilizar. Y lamentablemente, continuará creciendo en tanto no se asuma que el reclutamiento de adolescentes y jóvenes ya es un tema de seguridad nacional”, recalca Juan Martín.

Sergio Gerardo Jiménez Guerrero desapareció el 20 de octubre de 2023, cuando tenía 33 años, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. En abril de 2024 su familia denunció la lentitud en las primeras acciones de búsqueda e investigación y, para octubre, cuando se cumplía un año sin saber su paradero, la frustración por la falta de respuestas solo había crecido para su hermana Caro y su mamá Julieta.  

“La verdad no ha habido avance, no hay avance, y a raíz del cambio de gobierno han sido muchos cambios, nos cambiaron a los primeros MP, nos los han cambiado tres veces”, dice su mamá a exactamente un año y medio de su desaparición, de pie sobre las barrancas de Tarango, donde ha acudido a buscarlo más de una vez.

“A veces dicen que es por falta de recursos, a veces materiales, humanos, o que es peligroso el lugar, y no lo hacen; ya para más de medio año que dieron esas coordenadas y ellos no van, ya no sé si es incapacidad, negligencia, o no sé lo que es, apatía, o están rebasadas de ya tanta desaparición en la ciudad, y en todo México supongo. En distintos lugares, pero en Álvaro Obregón se han visto demasiadas desapariciones de un tiempo para acá”, lamenta. 

El problema, recuerda, empieza desde que las familias llegan a levantar reportes: “Lo tratan de disuadir a uno, lo mandan con el psicólogo, no sé si para tratar de no levantarlo, no sé cuál es su intención. Llegas y te dicen ‘señora, tenemos 8 mil carpetas’, como diciéndote que yo soy la 8 mil 1 y que no sé para cuándo me vayan a atender a mí, y a la desaparición de mi hijo, que es la víctima principal en este caso”.

Víctimas como Sergio: perfiles y patrones en Álvaro Obregón

La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México le ha puesto un poco más de atención después de pegar las fotos de su hijo durante un año. Todo lo hizo sola, lejos de los colectivos de familiares. En ese tiempo, cuenta, se enfrentó al cambio de dos MP que nunca tuvieron avances y no hicieron nada. Ahora, uno nuevo le da un poco de esperanza. “Ahí vamos trabajando, pero no se hizo nada al principio”, lamenta.   

Ella también había estado en esa zona de difícil acceso y colmada de basura el año pasado, pero no encontró nada. “Está muy complicado, sí hay mucha basura, muchísima basura, y entre que la gente sigue tirando y tirando, no se puede. Yo creo que sí hay que buscar otra estrategia con la que podamos hacer más porque aquí no, es muchísima basura”, dice a unos minutos de haber subido a rapel del fondo de la barranca.

De las autoridades solo espera que se pongan a trabajar, no solo en la carpeta de su hijo porque hay mucha gente desaparecida, y a nadie le gusta estar buscando en áreas como esa.

“Que busquen como buscamos nosotras, que raspen, y no nada más así por fuerita, que se comprometan más y que sientan nuestro dolor para que hagan algo”, pide. “Que se metan con nosotros más a buscar, a buscar; no es una búsqueda que nos deje satisfechas”.

“Es la deshumanización”, dice María Isabel Cruz Bernal. Mira hacia una losa de concreto, la cual cubre una fosa séptica. La mañana del viernes 16 sacaron de ahí tres cuerpos. “A uno de ellos todavía se le veía la expresión de miedo, de dolor”, explica la madre buscadora.

Después de los preparativos reanudan la búsqueda. Han tenido cinco días consecutivos con resultados “positivos”; desde una falange a una osamenta o un fragmento de costilla y omóplatos. Restos óseos de seres humanos sumergidos en excrementos.

Del otro lado, varias mujeres revisan el fondo del pozo. Hallaron un omóplato y una costilla. Los acomodan sobre uno de los trajes que utilizan para no contaminarse de heces. El color blanco de la prenda destaca lo ennegrecido de los huesos por la mierda. El olor es indescriptible, pero te acostumbras, explican las mujeres, todas con cubrebocas.

Las desapariciones forzadas escalaron otra vez en Sinaloa poco antes del inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos. Al principio, las madres buscadoras se limitaron a pegar carteles y emitir fichas de búsqueda, pero los casos escalaron tanto que tuvieron que volver al campo, a pesar del peligro que significa por sí misma la actividad, incrementado con los constantes enfrentamientos en zonas enmontadas o agostaderos en las afueras de Culiacán.

“Cuando nos contaron de este punto no podíamos creer el testimonio”, advierte Isabel sobre la historia que está a punto de compartir. El sitio es un predio que pertenece al municipio, son instalaciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac). El cárcamo da pie a una planta tratadora de aguas negras y ahí casi nadie se acerca. Casi nadie.

Isabel revela cómo un hombre hizo contacto con el colectivo de madres buscadoras Sabuesos Guerreras. Les explicó que en la fosa séptica de Tacuichamona hay cadáveres. ¿Cómo lo supo? Pues porque él estuvo flotando ahí, en aguas negras, explica la mujer.

En octubre, les contó, viajaba junto a otras cuatro personas a trabajar a Mazatlán en una obra de construcción. Sobre la carretera Internacional México 15, en Tacuichamona, se detuvieron en una tienda de conveniencia. Al salir los siguieron y metros adelante hombres armados los bajaron de la camioneta.

Después los llevaron a un predio. Isabel explica que el sobreviviente le reveló que les taparon los ojos, pero él tuvo idea del sitio donde estaban por los reductores de velocidad y porque conoce la zona. Los bajaron en la losa de concreto, los desnudaron y quemaron sus prendas para luego abrir fuego contra ellos. ¿El motivo? Estar en el lugar equivocado a la hora equivocada.

Los cuerpos fueron lanzados al interior de las losas que conforman la fosa séptica, que después taparon. Esta persona estuvo flotando en las heces casi durante 24 horas hasta que los hombres armados se marcharon. Cuando pudo salir, estaba oscuro y comenzó a caminar siguiendo las torres de energía eléctrica distribuidas en esa zona rural.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtió, tras la actualización del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco, que entre jóvenes de 15 y 19 años se ha detectado un aumento en las desapariciones, propiciado principalmente por el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

El pasado sábado 10 de mayo se publicó la actualización al mes de abril del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco (REPD). “Los datos indican un alarmante incremento de jóvenes desaparecidos con edades entre 15 y 19 años que no están siendo localizados”, señaló el Comité en su comunicado.

Entre enero y abril de 2025 se reportaron mil 123 desapariciones, de las cuales 616 personas permanecen sin localizar, señala la investigación realizada a partir de cifras oficiales.

Aunque estas cifras son similares a las del mismo periodo del año anterior, el Comité advirtió un cambio en la composición por edad de las víctimas.

El Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) alertó sobre un aumento en la desaparición de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años en Jalisco.

Esto, relacionado presuntamente con prácticas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

“El pasado sábado 10 de mayo se publicó la actualización al mes de abril del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco (REPD). Los datos indican un alarmante incremento de jóvenes desaparecidos con edades entre 15 y 19 años que no están siendo localizados”, señaló el Comité en un comunicado.

Entre enero y abril de 2025 se reportaron mil 123 desapariciones, de las cuales 616 personas permanecen sin localizar, señala la investigación realizada a partir de cifra oficiales.

El pleno del Congreso de Chiapas, determinó retirar el cargo y el fuero de sindico del ayuntamiento de Ocosingo a Martín Martínez Díaz, para que sea investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la República (FGR), por los delitos de desaparición forzada de personas, extorsiones en la región de la Selva Lacandona y portación de armas. 

A puerta cerrada, la mayoría legislativa, con la asistencia de 37 diputados, votó el juicio de procedencia contra el exservidor público, por lo que será llamado su suplente para asumir el cargo.

Mujeres integrantes del colectivo Madres en Resistencia Chiapas denunciaron que niñas, niños y adolescentes con familiares desaparecidos o madres víctimas de feminicidio, no reciben atención integral del Estado.

Aunque algunas de estas personas menores de edad participan en acciones como marchas, plantones o la colocación de fichas de búsqueda, carecen de apoyo psicológico, educativo o médico, declaró Adriana Gómez Martínez, coordinadora del colectivo, a Aristegui Noticias.

En este sentido, lamentó que ni la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) brinde respaldo.

Las reuniones entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y la Secretaría de Gobernación no contemplan una metodología clara que incorpore observaciones específicas sobre la iniciativa presidencial de reforma a la Ley General en la materia, mientras el Senado descarta un parlamento abierto para escuchar todas las voces y está a la espera de la nueva propuesta del Ejecutivo. 

En siete mesas de diálogo con nueve jornadas de trabajo de conocimiento público, con diversos colectivos de todo el país, la dependencia federal ha tomado nota de las más diversas peticiones, que incluyen casos particulares, omisiones de autoridades y fiscalías locales, quejas en torno a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Nacional de Derechos Humanos y la Nacional de Búsqueda; sin embargo, no ha dado espacio ni ha establecido una metodología para una revisión directa, punto por punto, de la iniciativa.

Entre otras propuestas, la iniciativa enviada al Senado a principios de abril por la presidenta Sheinbaum establece la obligación para los servicios periciales y forenses que tengan cuerpos en resguardo de practicarles pruebas dactilares y genéticas para su identificación, así como registrar los resultados en el Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta ya contemplada en la ley vigente y que la Fiscalía General de la República se opuso a poner en marcha durante años. 

La propuesta presidencial también plantea que Segob y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones creen una Plataforma Única de Identidad que permita búsquedas a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP), además de diseñar el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes. El documento plantea dar acceso irrestricto a fiscalías e instancias de seguridad a información resguardada por autoridades y particulares. 

Colectivos acusan falta de transparencia y voluntad política

El análisis se enfoca exclusivamente en la iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum, mediante dos apartados: vigilancia masiva –aspecto central de la ley, señalan– y personas desaparecidas. “Una parte considerable de la propuesta se centra en el tema de la identidad personal y la creación de una base de datos que concentraría los datos personas y la actividad de las personas”, indican, por lo que proponen eliminar por completo lo relativo a la Plataforma Única de Identidad. 

En lo que respecta a personas desaparecidas, observan una falta de enfoque en el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda y del Sistema Nacional de Búsqueda. “Si bien se identifican aspectos positivos que, con una adecuada reorientación, podrían contribuir en las tareas de localización, resulta notable la prioridad otorgada a la implementación de plataformas tecnológicas como principal estrategia de acción, así como en modificaciones superficiales a la redacción de los artículos. Esta concentración deja un vacío significativo en el desarrollo de las capacidades de las comisiones de búsqueda”, sostiene el documento. 

El análisis puntualiza observaciones y recomendaciones concretas para cada uno de cuatro bloques temáticos: bases de datos, institucionalidad, penas y sanciones administrativas, y otros. Entre ellas, enfatizan la necesidad de una centralidad de la Comisión Nacional de Búsqueda en la reforma y de mejorar disposiciones que tienden a entorpecer la comunicación con las fiscalías. Del mismo modo, apuntan que la disminución de penas debe discutirse de manera más amplia e incluir el análisis de otros beneficios por colaboración eficaz. 

Además de sugerir cambios de redacción a artículos en específico, enfatizan la insuficiencia de la propuesta para atender el tema, así como la preocupación en torno a la minimización de las desapariciones forzadas y a la instauración de un Estado de vigilancia masiva. En el escrito se solicita, además, una respuesta formal tanto a las recomendaciones planteadas como a la solicitud de convocar a un parlamento abierto, que no ha sido recibida.  

“La conclusión central es que la iniciativa debería ser dictaminada en sentido negativo, sin embargo, a pesar de la poca apertura del Ejecutivo federal para construir una propuesta en conjunto, insistimos en que se convoque a un ejercicio de Parlamento Abierto, en el entendido de que la iniciativa no fue retirada y sigue el curso del proceso legislativo. Esto quiere decir que le corresponde al Senado de la República dar una respuesta digna a las exigencias de las familias de personas desaparecidas”, añaden.

Grace Fernández, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, que participó en las mesas de Gobernación entre el 21 y 25 de abril, comenta que los colectivos no han obtenido respuesta a la inquietud que plantearon en las reuniones, y en la que han insistido, en torno al seguimiento a las observaciones a las reformas presidenciales en lo particular.

Recuerda que cuando tuvieron un diálogo con la senadora Valdez les aseguró que por su lado no tenía inconveniente en llevar a cabo foros regionales, además de que el Senado quedaba abierto para las víctimas, pero les pidió conversar prioritariamente con la Secretaría de Gobernación.

“Nosotros seguimos esperando que nos reboten la recuperación de las aportaciones de los colectivos y del Movimiento, y poder ver cómo queda plasmado, pero de momento todavía no tenemos información de que ya estén enviadas al Senado, o que siquiera ya hayan terminado de hacer esa sistematización”, precisa.