Entre el  jueves 12 y la madrugada de este viernes 13 de junio dos cadáveres fueron localizados al interior de dos vehículos abandonados en los distritos de La Presa y Playas de Tijuana, en esta última dirección también se halló el cuerpo sin vida de un hombre con lesiones de arma de fuego, hecho en el que se detuvo a dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa (CDS).

El primer hallazgo fue el registrado a las 14:19 horas de la tarde del jueves en la colonia Los Laureles, donde se encontró a un hombre sin vida, identificado como Vicente Chávez García, quien tenía una lesión de bala en la cabeza.

En este hecho fueron detenidos José Ángel Solis Bueno y Manuel Munguía Moreno, quienes supuestamente están identificados como integrantes del CDS.

Varias horas más tarde del hecho anterior, a las 21:24 horas en el Ejido Rojo Gómez se halló el cadáver de otro hombre, el cual no ha sido identificado, al interior de un vehículo estacionado en un lote baldío. La víctima tenía lesiones de arma de fuego.

La madrugada de este viernes 13 de junio a la 01:27 horas en la colonia Herrera, fue localizado un vehículo marca Toyota línea cambry color guinda con placas de circulación A49NWB4, y en el asiento trasero de este se encontró un bulto con silueta humana envuelto en una cobija color rojo con amarillo, al inspeccionarlo se descubrió que se trataba de una mujer sin vida que estaba maniatada.

Tijuana suma 44 homicidios en junio.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmaron el hallazgo de ocho cuerpos en una fosa clandestina en la zona turística de Bahía de Los Ángeles, en el municipio de San Quintín, Baja California. 

El hallazgo de los cuerpos se da en el marco de ocho personas desaparecidas, entre ellas dos menores de edad, según dio a conocer en su momento el Colectivo Madres Buscadoras de San Quintín, según el reporte público hecho el 1 de junio.

Bahía de Los Ángeles es una delegación turística al sur de la península, ubicada a más de 540 kilómetros por carretera desde el puerto de Ensenada, y a unas ocho horas de distancia.

El plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que durante tres semanas ocupó el Zócalo de la Ciudad de México se ha replegado. Sin embargo, los docentes han advertido que no por ello concluyen las demandas. A nivel local, el plantón en el Sistema Educativo de Tijuana se estaría retirando este jueves en la tarde, el lunes volverán a las aulas.

“El viernes pasado se acordó levantar el plantón que tenemos en la Ciudad de México, pero no con ello terminar la lucha”, indicó el coordinador estatal de la CNTE, Marco Antonio Pacheco Peña. El siguiente paso será el “brigadeo municipal y estatal, escuela por escuela” para informar el estatus del movimiento, sin embargo, se reincorporan a clases el próximo lunes, hasta el cierre del ciclo escolar, entre finales de junio y principios de julio.

En los días anteriores, los maestros cerraron y abrieron la semana con la liberación de casetas de cobro, el viernes en la carretera Tijuana-Tecate y el lunes las casetas de Playas de Tijuana, Rosarito y San Miguel, de manera simultánea.

Este miércoles, se concentrarán en una asamblea estatal en Ensenada, donde se tomarán parcialmente las instalaciones de la Marina, en el puerto del citado municipio.

Tras la reunión, se manifestarán con dirección a la Plaza de Las Tres Cabezas, “sostendremos una asamblea estatal para acordar las acciones una vez que levantemos el paro, porque estamos muy claros que habría que regresar a las escuelas para cerrar el circo escolar con los padres y familia y con los estudiantes”.

Pacheco informó que acudirán a inicios de la próxima semana a los planteles, “para recibir a nuestros estudiantes y preparar el cierre del ciclo escolar. Y con los padres de familia, hablar con ellos, agradecerles su comprensión y su apoyo durante esta jornada de lucha”.

Sin embargo, advirtió, “si no hay respuesta del Gobierno Federal, queda latente la posibilidad de no iniciar el ciclo escolar en el mes de septiembre”.

“Nosotros vamos a tomar clases el día lunes, a platicar con los chamacos, las clases van a ser de dignidad, de justicia, de democracia (…) durante unas dos semanas más estar trabajando con ellos e ir preparando el fin del ciclo escolar 24-25”, aclaró

Ante el cuestionamiento del contacto con los estudiantes, Pacheco estableció:

“Los maestros tienen el compromiso con nuestros educandos con una educación a distancia, donde se conectan de vez en cuando, platican, charlan, se ponen de acuerdo sobre los trabajos que se les entregan en las escuelas cada determinado día”.

“Cada maestro puso su dinámica de entregar trabajo a las escuelas para que los niños se lleven a su casa, trabajos de investigación, interactúan uno o dos días por semana a través de la red y esa es la forma en cómo estamos atendiendo a los niños para no perder el contacto directo con ellos”, aseguró.

ZETA cuestionó la cantidad de contenidos que no podrían cubrirse a raíz de la suspensión de actividades, en ese sentido, el profesor Marco Antonio estableció que no es cuantificable a raíz de las transformaciones pedagógicas recientes.

“Hoy por hoy la Nueva Escuela Mexicana permite la libre adquisición de conocimiento de acuerdo a la dinámica de los niños. No hay específicamente que tengas que cumplir cierta cantidad de conocimientos para los chamacos. Hoy van accediendo al conocimiento de acuerdo a sus necesidades y sus curiosidades por saber o aprender. Es a través de investigaciones, son proyectos, es un proyecto que puede durar una semana como puede durar un mes o un día”, declaró.

“Ya no son así, contenidos de que hay que ver de tal página a tal página como en otros ciclos escolares, esto ya es abierto, no pudiera estarse cuantificando cuánto retraso hubo, porque ya no hay esa palabra que usan todavía algunos secretarios de Educación, del rezago educativo. Porque ya no es de cantidades, sino de interacción entre las comunidades educativas, entre los estudiantes, los padres de familia y los maestros”.

Este viernes se llevarán a cabo pláticas con los padres de familia para plantearles el estado del movimiento. Pacheco aseguró que han contado con el respaldo de este grupo en las escuelas adscritas a la Coordinadora, “ya saben cuál es la dinámica nuestra, saben aguantar, saben respaldar las actividades del magisterio”, pronunció.

El dirigente compartió que además se han sumado escuelas de educación media superior, y que la próxima semana habrá un encuentro sobre la NEM (Nueva Escuela Mexicana) y la insurgencia magisterial, “vendrán algunos ponentes de la Ciudad de México a platicar con media superior sobre cómo plantea la Nueva Escuela Mexicana lo que es la insurgencia a través de la propuesta pedagógica”, estableció.

El docente acusó que el Gobierno Federal “apoya más a los empresarios que a los propios maestros”.

“Nosotros como maestros no hemos ofendido físicamente a nadie”, comentó, refiriéndose a las acciones de presuntos maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Tales manifestantes, quienes apedrearon e intentaron forzar las puertas de Palacio Nacional mientras se sostenía una mesa de trabajo el pasado miércoles, impulsaron además un incendio provocado el jueves, a las afueras del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el Centro Histórico, que terminó propagándose.

Durante esta huelga nacional, se produjo una ruptura entre la CNTE y el SNTE, dado que el sindicato aprobó y celebró las propuestas realizadas por las autoridades federales, sosteniendo una afinidad que la CNTE condenó. En medio de esta coyuntura y las reacciones de la CETEG sobre reclamar el curso de las acciones en su mandato, Sheinbaum anuló una gira prevista en Guerrero para el final de la semana anterior, justificando la cancelación de agenda como una medida preventiva ante potenciales provocaciones.

“La CNTE lo que logra durante este periodo es desenmascarar a la ‘cuarta transformación’, que sí saben mentir, sí saben no cumplirle al magisterio y traicionar, sí ha habido algunos detalles de algunos compañeros, pero con edificios y con puertas, no con seres humanos. No ha habido esa violencia y ni la habrá, violencia han cometido ellos cuando no escuchan al magisterio”, comentó el coordinador bajacaliforniano.

De acuerdo a Pacheco, 25 de 29 estados continuarían movilizados. “Hay autonomía desde las bases, lo que sea cada municipio, y en este caso cada entidad”, especificó.

La demanda central ha sido reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para exigir el cumplimiento de su promesa de campaña sobre la abrogación de la reforma de 2007 a la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La mandataria, sin embargo, rechazó el diálogo directo a causa de los eventos “violentos” durante las manifestaciones. Las mesas de trabajo se sostuvieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo.

La protesta que inició el 15 de mayo, Día del Maestro, frente al Palacio Nacional y en todo el país, dejó como resultado la congelación y reducción progresiva de la edad de jubilación, así como un incremento en los salarios del 10%.

En perspectiva, los docentes reclaman que no todos calificarán para la obtención de los beneficios dado que muchos no se encuentran dentro del régimen Décimo Transitorio, sino en el sistema de Afores o Cuentas Individuales, por su parte, la demanda de incremento salarial apuntaba al 100%.

Aunado a ello, se ofreció un complemento mediante las pensiones del Bienestar para aumentar la cantidad del retiro, mismo que el magisterio rechaza por no cubrir las necesidades reales de los trabajadores de la educación.

Los maestros reiteraron que esta acción es estratégica, se trata de una fase de reorganización y construcción de alianzas, “es una victoria política”, concluyeron.

Cabe destacar que en Baja California se unieron al paro más de 200 escuelas, afectando a aproximadamente 60 mil alumnos.

Carlos Torres Torres, el esposo de la gobernadora, habita un condominio en el lujoso complejo New City, ubicado a escasos metros de la línea fronteriza por la garita de San Ysidro, que no podrá cruzar, pues justo ahí a finales de abril, un oficial del CBP (Custom and Border Patrol, por sus siglas en inglés) le retiró su visa para cruzar a los Estados Unidos.

Los condominios que en la actualidad se ofertan en un precio promedio de 600 mil dólares (unos 11 millones de pesos), se promocionan como “un lugar donde tienes todo”, y destacan las áreas comunes para disfrute de los privilegiados residentes: alberca techada, alberca exterior, restaurantes, spa, parque para perros, barbería, cancha de tenis, de raquetbol y de basquetbol, gimnasio, salón de póker, salón VIP, mini market, tintorería, y jacuzzi, entre otras amenidades.

Carlos Torres ha residido en ese complejo desde antes de contraer matrimonio con la gobernadora Marina Ávila Olmeda en 2019, y fue conocido como su domicilio, incluso después de las nupcias. La mandataria llegaba ahí a pernoctar, según lo dicho por el propio ex panista.

Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPC) no aparece ninguna propiedad, vivienda o bien material a nombre de Carlos Torres Torres. Lo que sí se muestran son algunos negocios en los que tiene participación.

Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora, y junto al cual aparecen los nombres de los Torres en una investigación por huachicoleo y defraudación fiscal, entre otros delitos, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República, en una carpeta de investigación iniciada el 26 de marzo de 2025 cuando en Ensenada, Baja California, Fuerzas Armadas y de la FGR, aseguraron un predio con contenedores con diésel ilícito por casi ocho millones de litros, tampoco tiene propiedades registradas en el RPPC.

A pesar de ello, Luis Alfonso Torres, quien ha sido funcionario federal y local, administrador de la Aduana de Tijuana y subdirector de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tiene un domicilio conocido, donde viven él y su familia, y que se encuentra, de acuerdo a vecinos entrevistados por ZETA, en el 4892 de la calle prolongación Puerta de Hierro, en el residencial Puerta de Hierro, erigido en los terrenos de lo que fue el Hipódromo de Agua Caliente, hoy día residencia, casa de casinos y equipo de futbol de Jorge Hank Rhon.

Las casas en el exclusivo residencial de Puerta de Hierro, se ofertan en algunas compañías inmobiliarias de Tijuana, desde el millón 150 mil dólares hasta los tres millones 800 mil dólares, cantidades en dólares americanos que, al convertirlas a pesos, van desde los 58 millones 975 mil pesos a los 194 millones 871 pesos por propiedad, dependiendo la extensión del terreno, de la construcción y las amenidades.

Ambos hermanos, esposo y cuñado de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, no han dejado rastro de su presencia en Baja California, desde el 10 de mayo de 2025, cuando Carlos Torres dio a conocer vía Facebook que su visa de no migrante para cruzar a los Estados Unidos le había sido retirada. De hecho, la última ocasión en que se vio públicamente al primer caballero de Baja California, fue durante la celebración del Tianguis Turístico en Baja California, que se realizó del 28 de abril al 1 de mayo de este 2025.

De Luis Torres, vecinos refieren haberle visto aun el fin de semana del 10 de mayo, degustando platillos en restaurantes en las inmediaciones del Hipódromo Agua Caliente, pero una semana después se desconocía su paradero. Hasta la fecha, comentaron residentes de Puerta de Hierro, “guardaron sus camionetas y en la casa no se les ve”; de manera eventual alguno de sus vástagos acude a la mansión, pero del cuñado de la gobernadora, nada se sabe.

La bodega cateada durante el viernes 6 de junio de 2025 en Playas de Rosarito pertenece a “Los Mayitos”, reveló el secretario de seguridad federal Omar García Harfuch, que detalló en su cuenta de red social en X que el “inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de drogas sintéticas, vinculado a la célula delictiva “Los Aquiles” facción “Mayitos”. Se aseguraron 10 vehículos modificados utilizados para el trasiego de drogas”, explicó.

En el comunicado del 7 de junio las autoridades omitieron detalles como la ubicación exacta y la cantidad de droga asegurada. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional informaron sobre el cateo de una bodega en Playas de Rosarito en el que aseguraron 10 autos alterados presuntamente para el transporte de droga; así como 10 cartuchos.

Personal de la Armada de México @SEMAR_mx en coordinación con autoridades de Baja California y elementos del Gabinete de Seguridad @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico ejecutaron una orden de cateo en un inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de drogas… pic.twitter.com/5WgpxE8dA9

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 7, 2025

Omitiendo detalles como la ubicación exacta y la cantidad de droga asegurada, es como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional informaron sobre el cateo de una bodega en Playas de Rosarito en el que aseguraron 10 autos alterados presuntamente para el transporte de droga; así como 10 cartuchos.

En el cateo participaron elementos de la Marina a través de la Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública en esa entidad, además de Defensa, FGR, GN y SSPC

Cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca adjudicada a la familia Peña-Rivera, entonces presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera primera dama del País, por allá de noviembre de 2014, y el grupo de investigación de Aristegui Noticias develó que poseían una mansión valorada en unos 7 millones de dólares, que además estaba a nombre de una empresa relacionada con el Grupo Higa, el principal constructor de los gobiernos del priista, quien salió a dar la cara por la casa fue la esposa, entonces y ahora apodada La Gaviota por una interpretación en una telenovela.

Sola, con un traje morado, contra una pared, con los brazos sobre una mesa y sosteniendo documentos en sus manos, Angélica Rivera habló por ella y defendió su patrimonio. Pocos le creyeron. Sin embargo, salió a dar la cara por su familia, incluido su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.

En Baja California, después de que el 10 de mayo el esposo de la gobernadora informó vía Facebook que su visa de turista le fue revocada, y que con ello había afectado a su esposa, Marina Ávila, no ha dado la cara en 27 días. El primer caballero del estado, y recién afiliado a Morena, ha permanecido escondido en algún lugar de México, o del mundo, y ha dejado sola a su esposa.

No sólo la dejó con la crisis más grande que haya tenido cualquier gobierno estatal en México: que un gobernador, en este caso mujer, en funciones, le hayan retirado la visa para entrar a los Estados Unidos, que prácticamente le prohibieran el acceso a ese país, y para agravar el asunto, estando al frente de la administración de uno de los estados fronterizos con la Unión Americana una relación binacional prioritaria en esta región económica.

A los días del anuncio de la revocación de las visas, primero la del esposo y luego la de la gobernadora, otro escándalo, el segundo en menos de dos semanas, sacudió al gobierno de Baja California: una casa de cuatro millones de dólares, que la propia mandataria presumió en redes sociales, localizada en Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, California, donde departió con sus padres y su hija, pero que está a nombre de un polémico empresario, Fernando Salgado, ligado no sólo a Morena, también al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, y en algunos proyectos al gobierno del estado, a Carlos Torres Torres y hasta al exfiscal, Ricardo Iván Carpio.

Ambas polémicas, las más grandes que han sucedido en Baja California con el retiro de la visa norteamericana a la mandataria estatal, algo que nunca había ocurrido en el País, y en la utilización de una mansión millonaria en San Diego, la gobernadora Marina Ávila Olmeda las ha enfrentado sola. De su marido nada se sabe, sólo lo que publica en Facebook.

De tener una vida muy pública, de representar junto a su hermano Luis Torres los intereses de la gobernadora, de ser escoltado por camionetas oficiales con escolta y apoyado en las relaciones públicas por el publirrelacionista de Jorge Hank y del gobierno del estado, Miguel Ángel Badiola, Carlos Torres pasó al ostracismo. Se escondió, se esfumó, se ocultó del ojo público y el martes de esta semana, el 3 de junio, finalmente hizo desde donde se encuentre refugiado, lo que debió hacer cuando el retiro de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos: se deslindó del cargo “honorario” que su esposa le concedió y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño también.

Si como Torres Torres dijo en su publicación inicial que lamentaba “profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar”, y él se consideraba responsable de lo que su esposa estaba viviendo, la pregunta es por qué no se deslindó de su gobierno de manera inmediata. De hecho, fue la gobernadora, quien días después de informar de las revocaciones a ambos de las visas norteamericanas, lo ratificó en el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos.

Hubieron de pasar 25 días, para que finalmente el esposo se deslindara de los espacios de gobierno que ocupaba en la administración de su mujer y en la de Tijuana. Finalmente, fue convencido quizá, o entró en razón tal vez, de hacerse a un lado y no seguir explotando las posiciones políticas de su pareja para provecho de sí mismo, como lo ha hecho sistemáticamente desde 2019 cuando ella era alcaldesa de la capital bajacaliforniana.

La cuestión es que -a diferencia de Angélica Rivera, que lo hizo de frente, con cámaras, que no se escondió y continuó con su vida de primera dama de México-, Carlos Torres, el primer caballero de Baja California, no da la cara; informa desde la oscuridad, agazapado en algún lado justificando poner “pausa” a su vida pública para dedicarse a su familia, a sus hijos, pero dejando sola a su esposa con la crisis política más grande que ha habido en el estado, de la cual es protagonista.

Ahora sí que en el caso de la familia Ávila-Torres no hay un gran hombre detrás de una gran mujer, sino un hombre camuflajeado en el gobierno de su esposa, amparado en un partido político poderoso, confiado en la protección del oficialismo desde la Presidencia de la República, oculto en algún lugar, alejado del ojo público, arropado con la impunidad de investigaciones truncas en la FGR, pero muy señalado por la autoridad de los Estados Unidos que le niega el acceso a su territorio.

Quizá, con el ocultamiento de Carlos Torres, con el hecho de dejar sola a su esposa enfrentando las crisis políticas y personales que tiene, sus aspiraciones a ser candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana en 2027 también se hayan esfumado, así como su persona que se perdió en medio del peor brete que se tenga en la historia de Baja California.

La protesta ciudadana sigue: sea con carnes asadas, con gritos de “Fuera Marina” en cualquier concentración de personas, o con el ya muy popular “¿Y el Torres?”, emulando a quienes en Sinaloa buscaban al Gobernador Rubén Rocha. Pero en Baja California, quisieran saber dónde está el esposo de la gobernadora y por qué no da la cara. Al menos, como sí lo hizo La Gaviota, en 2014.

Gerardo Tamayo fue identificado como el hombre asesinado a balazos la tarde del pasado 5 de junio en la colonia Conjunto Urbano Universitario. Era considerado uno de los presuntos líderes de un grupo dedicado al tráfico de personas que operaba en Mexicali.

El director estatal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), César González Vaca, informó que la víctima presentaba más de 60 lesiones por arma de fuego, así como más de 60 lesiones adicionales causadas por esquirlas, sumando un total de más de 120 heridas.

“En total son más de 120 lesiones las que presenta en todo su cuerpo. La causa determinante del fallecimiento son las heridas producidas por proyectil de arma de fuego en cráneo, tórax y abdomen”, declaró.

Aunque el cuerpo ya fue identificado, aún no se han presentado familiares a reclamarlo. No obstante, las autoridades informaron que todo está listo para que pueda ser entregado en las instalaciones de SEMEFO.

El ataque ocurrió el pasado jueves en las calles Arqueólogos y Ceylán, en la mencionada colonia. Sujetos desconocidos llegaron a bordo de un vehículo gris y dispararon contra Tamayo y su acompañante, para luego huir del lugar.

El otro ocupante del vehículo fue trasladado al Hospital General de Mexicali con una herida en el brazo. Su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Gerardo Tamayo había sido detenido en varias ocasiones por autoridades municipales, con antecedentes por portación de arma de fuego, posesión de arma prohibida y delitos contra la salud. Además, estaba vinculado con un grupo delictivo de polleros que operaba en la capital de Baja California.

Durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con efectivos de la secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de Marina (SEMAR), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), además de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, tras ejecutar una orden de cateo detuvieron, el 3 de junio de 2025, en la colonia Los Altos, en Tijuana, Baja California, a José Antonio Ramírez Talavera, alias “El Chaparro”, de 42 años de edad, con posesión de armas de fuego, droga, cartuchos y dos vehículos.

Dicho individuo estaba identificado como un supuesto generador de violencia en Baja California, encargado de un grupo de Los Arzate o Los Aquiles -asociados con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa dirigida por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”-, dedicada a la distribución y venta de droga, además de coordinar ejecuciones y vigilancia o “halconeo”.

Además, “El Chaparro” era subordinado de Édgar Vicente Escobar Rodríguez, alias “Chore” o “Camarón”, quien a su vez sería operador de René Arzate García, alias “La Rana”, segundo al mando del grupo delictivo de Los Arzate o Los Aquiles.

“En seguimiento a trabajos de inteligencia para detener a generadores de violencia, se ubicó un domicilio en la calle Manuel Flores de la colonia Los Altos, en el municipio de Tijuana, donde se resguardaba José Antonio ‘N’, encargado de una célula delictiva dedicada a la distribución y venta de droga, además de coordinar actividades de vigilancia y homicidio”, informó el Gabinete de Seguridad Federal, en un comunicado conjunto.

“Para salvaguardar la integridad de la población, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas con lo que se obtuvieron datos de prueba suficientes, que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir la propiedad”, detalló el Gobierno de México.

“Los elementos de seguridad cumplimentaron la orden de cateo, donde detuvieron a José Antonio ‘N’, de 42 años de edad, además aseguraron aproximadamente 15 kilos de droga, 500 pastillas, tres armas largas, cinco cargadores, 300 cartuchos útiles y dos vehículos. Al detenido se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fue puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica”, finalizó el Gobierno Federal.

“En una acción encabezada por elementos de investigación de @SSPCMexico y @FGEBC en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ se ejecutó una orden de cateo en Tijuana, donde fue detenido José Antonio ‘N’, alias ‘Chaparro’, identificado como generador de violencia en la región”, escribió Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su cuenta de la red social X.

“El detenido era responsable de la distribución y venta de droga, así como homicidios y fungía como uno de los operadores de la célula delictiva ‘Los Aquiles’. Durante el operativo, se aseguraron más de 15 kg de droga, 500 pastillas, tres armas de fuego, cargadores, dos vehículos y cartuchos”, abundó el funcionario federal, quien anexó dos fotografías.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó, el 9 de agosto de 2023, a los hermanos Alfonso y René Arzate García, alias “El Aquiles” y “La Rana”, respectivamente, así como a Rafael Guadalupe Félix Núñez, a quienes calificó como tres miembros “notoriamente violentos” del Cártel de Sinaloa, involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas.

“La acción de hoy está dirigida a personas clave responsables de facilitar el tráfico ilícito de drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia los Estados Unidos, donde causa estragos en nuestras comunidades”, dijo Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, citado en un comunicado.

“El Tesoro sigue comprometido a aprovechar nuestras herramientas en apoyo de nuestro esfuerzo de todo el Gobierno para atacar agresivamente todos los aspectos de la cadena de suministro y privar a estos grupos criminales de los fondos que necesitan para operar”, agregó el funcionario federal estadounidense.

La OFAC detalló que dicha acción fue coordinada “de cerca” con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y era el resultado “de la colaboración continua” con la División de Campo de San Diego de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Campo de San Diego del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), así como la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego y el Departamento del Sheriff de San Diego.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. indicó que como “jefes de plaza” con sede en Baja California, para el Cártel de Sinaloa, los hermanos Arzate García, manejaban las operaciones de narcotráfico en Tijuana y los municipios circundantes, además de que estaban involucrados en la importación de grandes cantidades de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, a los Estados Unidos.

“Conocidos por ser extremadamente violentos, los hermanos Arzate García también están involucrados en la realización de operaciones de cumplimiento, como secuestros y ejecuciones, para el Cártel de Sinaloa. En acusaciones separadas, ambas presentadas el 25 de julio de 2014, los hermanos Arzate García fueron acusados ​​de delitos de narcotráfico en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de California. A la fecha, los hermanos Arzate García continúan prófugos”, detalló el Gobierno estadounidense.

La OFAC también designó a Rafael Guadalupe Félix Núñez, quien inició su carrera delictiva trabajando como sicario del Cártel de Sinaloa. Pero en 2008, luego de la separación del Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva, el ahora fallecido Rodrigo Arechiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”, formó un nuevo brazo armado al cual denominó “Los Ántrax”.

Entre sus integrantes originales se encontraba Félix Núñez, quien luego pasó a ser conocido como “El Changuito Ántrax”. Tras el arresto de Rodrigo Aréchiga Gamboa en diciembre de 2013, Félix Núñez asumió más responsabilidades en la organización y el 25 de julio de 2014, fue acusado formalmente de cargos de narcotráfico en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California. Fue arrestado por las autoridades mexicanas en noviembre de 2014 y en 2017 escapó de una prisión en Culiacán de Rosales, con varios otros miembros del Cártel de Sinaloa. A la fecha permanecía prófugo.

“Desde su fuga de prisión, Félix Núñez se ha convertido en un poderoso y violento líder del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Manzanillo, Colima, México. La ciudad de Manzanillo alberga un gran puerto que lleva su nombre y sirve como puerta de entrada para las drogas ilícitas”, señaló la OFAC.

“El puerto de Manzanillo recibe envíos de todo el mundo, incluida la cocaína de Colombia y los precursores químicos ilícitos, incluidos los que se utilizan para sintetizar el fentanilo, de Asia. Además de ser un punto de entrada a América del Norte, el puerto de Manzanillo también es un centro estratégico de transporte de drogas con destino final a los Estados Unidos”, indicó el Gobierno estadounidense.

La OFAC indicó que designó a los hermanos Arzate García y a Félix Núñez, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que habían contribuido materialmente o presentaban un riesgo significativo de contribuir materialmente a la comunidad internacional, proliferación de drogas ilícitas o de sus medios de producción.

“Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas”, abundó el Departamento del Tesoro de EE. UU.

El uso de equipo de espionaje y de información de inteligencia que puede resultar en la violación de Derechos Humanos, ponderando la investigación de delitos de alto impacto, se ubica en una línea muy delgada que sólo puede clarificarse por medio de la transparencia, el cuidado, los protocolos y la rendición de cuentas.

Pero todos estos conceptos -que no son ni remotamente actuales o modernos- son ajenos para la Fiscalía General del Estado (FGE), ente encargado de la investigación de delitos del fuero común, pero que bajo la flexible premisa de que debe proteger la secrecía la investigación, puede hacer lo que desea sin rendir cuenta alguna.

El autor de esta columna llevó a cabo una petición de acceso a la información con número 021381025000239, dirigida a la institución encabezada por María Elena Andrade Ramírez -hoy nombrada ya como “Fiscala”- que insiste en colocarse como una dependencia más del Poder Ejecutivo, aunque -en teoría- ya es independiente.

La respuesta de la FGE, a nombre del agente del Ministerio Público César Octavio Iribe Reyes, confirmó que la institución cuenta con el equipo de inteligencia para la intervención telefónica y para la geolocalización satelital de cualquier ciudadano que se pueda considerar probable responsable de un crimen.

Sin embargo, la institución refirió que no puede proporcionar el resto de la información solicitada. El único dato requerido era conocer sí durante el 2024 y 2025, la FGE utilizó este recurso para robustecer indagatorias y mencionar en cuántas ocasiones intervinieron teléfonos u obtuvieron datos satelitales de geolocalización. Es decir, números y datos que no influyen o afectan en expedientes específicos.

Sin embargo, argumentaron que la información solicitada debido a que hacer pública la diligencia de investigación pone en riesgo la misma, además de que alertará a los grupos delictivos que se encuentran bajo una indagatoria judicial.

Pero no tienen razón, porque la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) establece una sección específica para que las Fiscalías -obligadamente- brinden información relacionada con intervenciones telefónicas o de geolocalización que no pongan en riesgo el trabajo de la FGE.

Además, el autor de esta columna no solicitó datos específicos de las investigaciones, ni mucho menos si se trata de investigaciones activas o antecedentes de un expediente judicial.

No conformes con negar la información, la FGE definió un periodo de cinco años para reservar cualquier dato relacionado con el tema, sin justificar la necesidad de ocultar los datos por el plazo máximo permitido por la Ley.

Sí la “Fiscala” Andrade Ramírez, acepta que tiene equipo y mecanismos para espiar a la sociedad, es obligación del Estado informar y justificar las acciones que violan los Derechos Humanos de los ciudadanos.

¿Qué garantiza que la “Fiscala” u otro funcionario de la FGE no utiliza los equipos con otros fines? ¿Cuántas veces y en qué condiciones irrumpen en la privacidad de las personas para robustecer investigaciones o para fines políticos? ¿Qué pasa con la investigación que no es relevante? ¿Existe una cadena de custodia de esta información? ¿cómo se almacena?

Todos estos datos carecen de una respuesta y la FGE no tiene disposición de informar un acto que no es diferente a una intromisión de una propiedad, que sólo puede justificarse a través de una orden de cateo, una invasión a la privacidad también. Pero la FGE se siente más cómoda escondiendo sus acciones.

Sí no hay transparencia en estas acciones, es imposible dejar de considerar que el gobierno tiene carta abierta para cometer espionaje contra la ciudadanía.

El Capitán de Fragata, Omar Armando Valdés Neria, fue nombrado nuevo Director de la Policía Municipal de San Felipe, en sustitución de Marco Vinicio Tisnado García, el cual dejó el cargo luego de mantener la titularidad de la corporación desde que José Luis Dagnino se volvió presidente del Concejo Fundacional de San Felipe hace ya casi 4 años.

La modificación en el séptimo municipio obedece -oficialmente- a rotaciones normales dentro de la Secretaría de Marina, pues el ahora ex jefe Marco Vinicio Tisnado, está próximo a jubilarse y será enviado a una misión castrense en el Sur del país.

La renuncia fue presentada el pasado sábado 31 de mayo, pero se hizo efectiva al término de la jornada electoral del primero de junio, toda vez que ya estaba definido todo el plan de trabajo para garantizar la seguridad dentro la jornada.

Este lunes 2 de junio, el Cabildo de San Felipe, recibió tanto la renuncia como la propuesta de José Luis Dagnino, presidente municipal del puerto, para presentar al nuevo mando de la seguridad, el cual fue respaldado por los ediles.

Según el curriculum vitae, Omar Armando Valdés Neria, es Capitán de Fragata Infantería de Marina, Paracaidista, quien ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar, en 1999, como Cadete del Cuerpo de Infantería de Marina.

Cuenta con 24 años de experiencia de servicio al mando y manejo de personal, recursos financieros y materiales.

“Durante su desarrollo profesional se ha desempeñado como Oficial de cargo en diversas unidades de Infantería de Marina de la Armada de México, así como Comandante y Jefe de Grupo de Comando en Compañías y Batallones de Infantería de Marina; específicamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta, Jalisco; siendo su última comisión operativa, la de Jefe de Grupo de Comando del Batallón de Infantería de Marina Número 37 en Coatzacoalcos, Veracruz”, reza el documento público.

Cuenta con experiencia en áreas civiles, como cuando en 2019 fue nombrado Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, en La Paz, Baja California Sur.

Cuenta con “Diplomado en Políticas Públicas de Seguridad Nacional y de Seguridad Pública impartido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión de Defensa de la H. Cámara de Diputados, en la Ciudad de México”.

Cabe señalar que se ha hecho acreedor a las Condecoraciones de Perseverancia de Sexta, Quinta y Cuarta Clase por haber cumplido de 10 y 15 y 20 años de servicio activo en la Armada de México, también ha sido merecedor del Distintivo de Mando Naval.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchó desde el plantón en el Sistema Educativo, avanzando hacia la garita de San Ysidro para llevar a cabo el cierre total del flujo vehicular proveniente de San Diego hacia Tijuana.

“Se va a cerrar la garita como medida de protesta y cobertura a esta mesa nacional”, indicó el Coordinador Estatal de la CNTE en Baja California, Marco Antonio Pacheco Peña, con respecto a la mesa de trabajo que se llevará a cabo el día de hoy a las 12:30 p.m. con los titulares de las Secretarías de Gobierno, Educación y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Apenas iniciaba la jornada electoral que marcaría el rumbo de jueces y magistrados del Poder Judicial cuando ya eran reportados al Instituto Estatal de Baja California y al INE, que a la casillas ubicadas en el distrito correspondientes al municipio de Tecate, los encargados no llegaban.

En la delegación de la colonia Agrícola y Ganadera de Valle de Las Palmas, desmonte redes sociales informaron que a la casilla no llegó nadie, por lo que requerían de ciudadanos que se ofrecieran a desarrollar esta histórica elección.

Un multihomicidio donde hubo cuatro personas muertas y dos lesionadas, como resultado de un ataque armado, y el hallazgo del cuerpo de un hombre, se registraron este viernes 30 de mayo en la delegación Playas de Tijuana y La Presa.

El ataque armado se registró a las 14:04 horas de la tarde en un domicilio ubicado en la calle Paseo Pedregal de la Sección Costa Hermosa de la delegación Playas de Tijuana. De acuerdo con el reporte, a esa hora se atendió el reporte vía central de radio sobre un hombre de 47 años, identificado como Guadalupe Martínez Ramos, que se encontraba frente a la Escuela Leyes de Reforma lesionado por proyectil de arma de fuego, quien indicó que a la vuelta había más personas lesionadas.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal, quienes confirmaron el hecho y encontraron al interior de una casa usada como picadero, en el segundo nivel, a José Manuel Escobar Aguilar, de 53 años, quien también estaba lesionado; así como a dos hombres, Antonio Saucedo Cadena y Everardo García Álvarez; y dos mujeres sin vida, una de ellas identificada como Erika Zavala Higuera, mientras que la otra permanece en calidad de desconocida.

De acuerdo a los primeros reportes, el testigo indicó que los responsables del ataque fueron dos hombres vestidos de negro, quienes entraron al domicilio y abrieron fuego contra ellos.

Sin embargo, la misma tarde del viernes, la Policía Municipal informó de la captura de un grupo delictivo en la colonia Obrera, cuyos integrantes, presuntamente, podrían tener relación con el ataque armado en Playas de Tijuana.

Según el reporte de la Policía Municipal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, se detuvo a cinco personas con cinco armas largas, dos armas cortas, tres chalecos tácticos y varias sustancias prohibidas, tras haber atendido un reporte ciudadano sobre un vehículo sospechoso que se encontraba obstruyendo la entrada de una casa en la citada colonia.

En ese hecho, agentes arribaron al sitio, quienes al percatarse de que una de las personas sostenía lo que parecía ser un arma de fuego, se solicitó el apoyo de más agentes policiacos para resguardar la integridad de la ciudadanía durante la intervención, misma que se llevó a cabo sin la utilización de la fuerza letal.

Los detenidos fueron identificados como: Rodrigo “N”, Adán Geovani “N”, Miguel Iván “N”, Karina Lizeth “N” y Génesis Susana “N”; y junto a las armas, sustancias prohibidas y chalecos tácticos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSPCM), se mencionó que los detenidos son de interés dentro de las primeras investigaciones en el multihomicidio en Playas de Tijuana, así como también en la agresión armada de una persona en la colonia Obrera, registrado el mismo viernes, donde los presuntos responsables habrían huido en un vehículo con las mismas características del que les fue asegurado.

El segundo incidente se registró a las 22:33 horas, cuando se localizó el cuerpo de un hombre, identificado como Luis Joel Juárez Ruiz, tirado sobre el suelo en la colonia Villa Fontana. Según el reporte del hallazgo la causa de muerte fue por lesiones de proyectil de arma de fuego.

A poco más de un año de la desaparición de Karla Estefanía Soto García el pasado 24 de febrero de 2024, en un rancho de Ensenada, junto a 5 personas, se unieron sus familiares junto a colectivos en una búsqueda este sábado 21 de mayo.

Raúl Cornejo Carbajal, coordinador del colectivo Enlace y Restauración, compartió que está jornada se realiza en conjunto al colectivo Uniendo Familias y Buscando a Tolano, así como la Comisión de Búsqueda de personas, la cuál tiene lugar en el área del Valle de Guadalupe.

El contexto de su desaparición apuntaría hacia esa zona, por lo que sus familiares buscan descartar el punto, tras información brindada de manera anónima.

“El acceso hasta donde está urbanizado, hay muy buen acceso, ya después son zonas montañosas que tenemos que hacerlo a pie”, comentó Cornejo Carbajal.

Alrededor de 3 hallazgos se han registrado en la zona de Valle de Guadalupe, informó. Por lo que resaltó la importancia de las acciones urgentes brindadas por el comité de la ONU, a través de las cuales han logrado obtener un poco más de actividades en favor a la localización de los desaparecidos.

“Es una diferencia enorme, no es de un día para otro, pero ya tus casos tienen mayor relevancia. Ya no es lo mismo ser una víctima común a tener una acción urgente te da un plus”, dijo.

Aunque las víctimas de desaparición forzada datan de más de 6 años; señaló que es más probables que desaparecidos de menor tiempo tienen mayores posibilidades de obtener una, pues hay casos en donde han esperado hasta 4 meses por una.

La desaparición de Karla

Fernando Salgado Chávez es un personaje muy cercano al poder en Baja California. Aunque públicamente se mueve con un bajo perfil, su influencia la viven y la padecen otros empresarios de la región, particularmente en Tijuana, Rosarito y Ensenada.

Originario del puerto de Ensenada, dicen quienes le conocen que es dado a ser la mano que mueve los hilos, o la cuna de la política, lo cual logra a partir de invertir recursos en las campañas políticas. En el puerto bajacaliforniano fue muy ligado al gobierno de Armando Ayala, quien a su vez fue señalado incluso ante la hoy alcaldesa, Claudia Agatón, como quien obstaculizaba obras y desarrollos por no llegar a acuerdos extraoficiales financieros.

En Baja California, hace unos 15 años, Salgado Chávez hizo amistad y compadrazgo con quien sería el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, motivo por el cual, la esposa del ex fiscal, Anakaren Sánchez Rodríguez, aparece como la directora financiera de la empresa INTL Builders Inc, que dirige Salgado, y la cual compró la casa en Rancho Santa Fe en la que se exhibió la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (y su familia cercana) en redes sociales.

Para darse una idea de la estrecha relación entre Salgado y Carpio, la esposa de este último es lo que en Estados Unidos se conoce como CFO (Chief Financial Oficcer, por sus siglas en inglés), pero en México en cualquier empresa ese cargo se conoce como “Director Financiero”, y se trata del “responsable de gestionar las actividades financieras de una organización. Supervisa la planificación financiera, la gestión de riesgos, el mantenimiento de registros y la elaboración de informes financieros, garantizando así la salud financiera de la empresa. Los CFO suelen reportar al CEO y tienen una responsabilidad fiduciaria ante la Junta Directiva y los accionistas”, de acuerdo a su definición.

En Rosarito, en la época en que el ayuntamiento lo encabezaba Araceli Brown, el encargado de Desarrollo Urbano, Enrique Díaz Pérez -refieren empresarios de la construcción- tenía dos jefes extraoficiales: uno el notorio por haber sido detenido por narcotráfico en 2009, Candelario Arceaga, el Cande; y el otro, Fernando Salgado Chávez.

Pero cuando esa administración en el quinto municipio terminó, esos poderes fácticos mudaron a Tijuana.

Efectivamente, empresarios de la construcción en la fronteriza ciudad, comentaron a esta columnista cómo Fernando Salgado controla toda obra, concesión o contrato que se otorga en la administración de Ismael Burgueño; para ello proveyeron la lista de funcionarios que se reportan no con el alcalde, sino con Salgado. Entre ellos, por supuesto, Enrique Díaz Pérez, quien pasó del Ayuntamiento de Rosarito, a ser el encargado de Desarrollo Urbano de Tijuana.

Se suma Pedro Montejo Peterson, secretario de Economía, quien es íntimo amigo de Fernando Salgado; Juan Diego Mascareño López en el IMPLAN; Nelly del Carmen Pabello Vega en Oficialía Mayor; y, muy importante, Fran Ochoa Chávez, en la Dirección de Obras e Infraestructura.

Con este entramado de colaboradores municipales, la red de Salgado -confiaron los empresarios- se encarga de bloquear proyectos que no concilian con ellos en términos financieros. Varios de los entrevistados para este texto, que solicitaron el anonimato por muy obvias razones de represión o mayores obstáculos en los trámites municipales, confiaron que los permisos, anuencias, citas, proyectos que entregan al Ayuntamiento de Tijuana no tienen el visto bueno del alcalde Burgueño, sino del empresario Fernando Salgado, a quien los funcionarios le reportan directamente. Algunos de estos desarrolladores están esperando que concluya la presente administración en Tijuana, para poder reactivar sus proyectos en otras condiciones y con otros funcionarios.

Toda esta red de funcionarios al servicio de externos y no del ayuntamiento, salió a colación una vez que se hizo público que la casa en la que la gobernadora Marina Ávila Olmeda presumió la celebración del Día del Padre en junio de 2024, y que publicó en su red social X, y que se asumió era su residencia, está a nombre de la empresa de Fernando Salgado donde la esposa del ex fiscal Carpio, Anakaren Sánchez, también aparece como directora financiera.

La mansión, porque, de hecho, el término de casa le queda chico, tiene alberca, seis recamaras, cuatro baños y medio, jacuzzi, barra, y hasta una playa artificial; además, claro, de las áreas de uso personal y común como salas, cocina, estancias y etcétera. Esta casa se descubrió cuando Marina Ávila publica la foto festejando a su padre, y la escenografía, un elegante sofá blanco con cortinas cafés, coincide con la de la mansión puesta en venta en marzo de este mismo año, un mes antes de que, al esposo de la gobernadora, Carlos Torres, y a ella misma, les fuera revocada la visa para internarse en los Estados Unidos.

La residencia en cuestión fue adquirida por tres millones 995 mil dólares, y por ejemplo, en el 2024, nada más de predial, pagó poco más de 50 mil dólares.

Tanta opulencia presumida por la gobernadora en sus redes, en momentos de una crisis política como la que vive por la revocación de su visa, hizo que se investigara la foto que publicó, y a la persona que ella señaló como el propietario de la mansión. Así se conoce la influencia de Fernando Salgado Chávez en la política bajacaliforniana y los bienes y raíces en los Estados Unidos, que utilizan mexicanos; o utilizaban, cuando podían entrar a aquel país.

La cuestión es si el poder y la influencia de Salgado seguirá ahora que se conoce de sus redes; o si, por ejemplo, el alcalde Ismael Burgueño retoma la administración de su gobierno y nombra a sus propios funcionarios; o si de plano el compromiso es tanto que se mantiene el escenario como está. Y eso, se verá en los próximos días.

Pero de que se ha destapado algo en Baja California, es una realidad innegable.