El gobierno de Eduardo Ramírez comenzó con una estrategia de seguridad enfocada en los operativos espectaculares, con detenciones masivas y la creación del grupo de élite Pakal. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos temen que la paz sea producto de un pacto.
De los 319 operativos realizados desde esa fecha hasta mediados de marzo de 2025 —según una respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) a una solicitud de información—, decenas de policías y algunos alcaldes fueron detenidos bajo acusaciones graves, como vínculos con el crimen organizado o presunta participación en asesinatos y desapariciones. La FGE reportó el inicio de 3,351 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, así como la detención de 2,089 personas.
Muchos de estos arrestos ocurrieron durante operativos espectaculares y altamente mediatizados, supuestamente orientados a restablecer el orden y “limpiar” las instituciones estatales de corrupción. Sin embargo, una parte considerable de los agentes detenidos ha sido liberada casi de inmediato. Por ejemplo, tras el primer operativo en Comitán, se reportó la detención de 92 policías municipales, pero días después solo la mitad seguía en prisión. Algo similar ocurrió en Tonalá: de los 98 policías arrestados, 95 fueron liberados apenas dos días después.
Chiapas venía de una crisis de violencia que se agudizó a mediados de 2021 por la intensificación del conflicto entre grupos del crimen organizado, con más de 15 mil 700 desplazados entre enero de 2023 y junio de 2024, desapariciones que se cuadruplicaron en cinco años y homicidios dolosos que incrementaron un 63 % en un sólo año.
Por ello, la estrategia de seguridad del nuevo gobernador ha generado que algunos ciudadanos celebren las capturas y el abandono de la estrategia de “abrazos, no balazos”, pero otros cuestionan si la medida tendrá efectos duraderos o se tratará de una puesta en escena.
“Un aire distinto”
“En poquito más de cuatro meses en Chiapas se respira un aire distinto, de paz y tranquilidad”, afirmó el gobernador Eduardo Ramírez el pasado 22 de abril, al presentar una encuesta sobre percepción de seguridad. Todavía el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no divulga los datos de este año sobre la percepción de inseguridad de los chiapanecos, cuyo porcentaje se duplicó entre 2011 y 2024, pero en abril publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que muestra un gran alivio entre los habitantes de las dos ciudades más grandes e inseguras: Tapachula pasó del primer lugar a nivel nacional al octavo y Tuxtla Gutiérrez del lugar 33 al sexto. Además, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros meses del año la inseguridad sí disminuyó repentinamente, por ejemplo, los homicidios dolosos cayeron un 45.4 % si se compara con el mismo periodo de 2024.
Los medios locales, que cubrían continuos enfrentamientos y desplazamientos forzados, están contribuyendo a este cambio de percepción en la ciudadanía: desde que Eduardo Ramírez tomó posesión no reportaron ningún desplazamiento, sólo cinco enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con grupos de la delincuencia organizada y uno entre civiles armados que, de acuerdo con las autoridades, fue nada más una riña entre borrachos. A partir de este año, la cobertura de los medios chiapanecos está centrada en operativos exitosos que resultan en incautaciones y detenciones, aunque en su mayoría relacionadas con delitos menores.
Programa Cero impunidad en Chiapas, qué es
De acuerdo con el gobierno, estos resultados se alcanzaron en tan poco tiempo gracias a la presencia del recién creado grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), al incremento del salario del 40 % a los policías estatales y al programa Cero Impunidad. Sus detalles no son públicos, pero según el gobernador se trata de una estrategia integral para erradicar la impunidad y fortalecer la seguridad a través del uso de herramientas tecnológicas de vanguardia y de un sistema de incentivos para mejorar el rendimiento de los ministerios públicos y fiscalías.
Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil chiapaneca temen que la pacificación exprés de Chiapas responda a un pacto del estado con quienes generaban la violencia.
Operativos sin enfrentamientos en Chiapas
Una de las razones que lleva a los críticos del gobierno de Eduardo Ramírez a sostener esta tesis es que las fuerzas policiales chiapanecas entraron y pacificaron regiones controladas por la delincuencia organizada sin casi disparar un tiro.
“¿Cuál es la diferencia entre los operativos que se están llevando a cabo en otros estados de la República y lo que está sucediendo en Chiapas?”, dice Leonel Rivero, abogado defensor de derechos humanos y de perseguidos políticos. “Los primeros han derivado en enfrentamientos con muchos muertos, mientras que en Chiapas los grupos no se resistieron a que la autoridad retomara el control. Yo creo que no se opusieron porque hicieron un pacto con el estado para bajar la tensión y distribuirse el territorio”.
Nuevos pactos de gobernabilidad
“Eduardo Ramírez se vende como el salvador que pacífica y trae las inversiones, como la única opción para que el caos no se derrame”, dice una activista local que prefiere el anonimato. “Sin embargo, para controlar en 100 días un estado que está al borde del abismo tienes que tener la solución lista: la negociación empezó mucho antes del comienzo de su mandato y la FRIP, que es su guardia pretoriana, ya la tenía lista”.
También el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) está convencido de que el nuevo gobierno emprendió negociaciones con la criminalidad organizada. “Pensamos que el ejecutivo está ubicando a las redes locales de criminalidad para generar pactos de gobernabilidad a través de sus líderes, y si no aceptan les toca la cárcel. Algunos la llamarían pax narca”, dice Pedro Faro, coordinador de sistematización e incidencia del Frayba. “De esta forma las redes de criminalidad se desactivan, pero no se están desarticulando a la raíz y en cualquier momento se pueden reavivar. La paz actual es muy frágil y se puede romper, pues no hubo cambios reales”.
Una paz social con cimientos endebles en Chiapas
La FGE afirma que los criminales se fueron a Guatemala, pero analistas y organizaciones sociales piensan que siguen en los territorios, donde operan con un perfil más bajo. De todos modos, según el abogado Leonel Rivero, no se puede negar que la población sale beneficiada de este pacto: actualmente en Chiapas sí existe una paz social, aunque está construida sobre cimientos endebles. “La cuestión es también cuál es el precio de este pacto: hay un costo de impunidad para los cabecillas de la delincuencia”, dice.
Para el Frayba, los pactos de impunidad se podrían romper si el Estado se investigara a sí mismo, empezando por personalidades como el actual Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Decenas de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron tras su nombramiento, recordando su pasado oscuro, sobre todo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad”, escriben.
“La paz verdadera no se negocia”
“Pakal [antiguo rey de Palenque] era el protector de Chiapas y la FRIP está para defender al pueblo”, dijo en entrevista con Canal 10 el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño. “Cuando vean a un Pakal ofrézcanle una botella de agua, un pozol: que se sientan bienvenidos en Chiapas”.
El 78.1 % de la población chiapaneca recibió con ánimo la estrategia de seguridad de su gobierno, de acuerdo con una encuesta realizada por FactoMétrica en marzo de 2025, pero en el estado preocupan las violaciones a los derechos humanos que han acompañado la intervención policial y militar del territorio.
Organizaciones sociales como la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, cuyos integrantes habitan municipios que han padecido mucha violencia como Chenalhó y Pantelhó, ven con temor los continuos operativos y hablan de “paz simulada”.
“Se llevan a narcomenudistas, quizás sean pequeños delincuentes, pero no están desarticulando realmente a los grandes criminales que han metido terror en las comunidades”, escribieron Las Abejas en un comunicado.
“Reconocemos que en nuestras comunidades algunos desplazados han podido regresar a sus pobres y saqueadas casas y salir a cosechar un poco de café, aunque con miedo. Pero la paz verdadera no se negocia, porque si no, no es verdadera”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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