Guadalupe, que busca a sus dos hijos y a su esposo desaparecidos desde 2013, revisó la carpeta del caso y encontró el registro del lugar donde habrían sido enterrados clandestinamente; autoridades desconocen quién aportó ese dato y piden a ella que investigue.
Estuvo tirada en el piso, encañonada con un arma y la advertencia de no moverse por un buen rato o de lo contrario regresarían y matarían a todos. Pensó en sus otros dos hijos que estaban en casa: un niño de 12 años y una niña de seis. También se encontraba su nieta, de tres. Solo dejó correr los minutos.
Pasaban de las seis de la tarde del 25 de junio de 2013 cuando todo ocurrió. Guadalupe todavía hacía tortillas a mano, tenía un puesto afuera de su casa.
Agustín Martínez, su esposo, estaba en el patio ocupado en la compostura de una camioneta. Le ayudaban sus hijos Agustín, de 21 años, y Héctor, que estaba por cumplir 18 años el 30 de junio. Usaban ese vehículo para acarrear leña desde la Sierra de Chilpancingo, que le servía a Guadalupe para hacer tortillas.
En épocas de lluvias, cuando el padre no tenía trabajo como conductor de camión de carga para transportar madera que cortan en las zonas serranas, acarreaba la leña que podía para venderla. En las secas era cuando más le contrataban como chofer; la venta de madera no era un negocio de ellos, su trabajo estaba limitado a llevar los troncos a los aserraderos.
En este oficio solía involucrarse su hijo Agustín, porque dejó los estudios desde que acabó la secundaria y se dedicó a trabajar. Héctor recién estudiaba mecánica.
Guadalupe recuerda que uno de los dos hijos desaparecidos le dijo que tenía hambre. Comenzaba a preparar los alimentos para darle de comer, cuando un grupo de hombres con apariencia de policías entraron de manera intempestiva. “No sé si fueron policías, pero ellos venían de policía”, comparte.
En la reconstrucción de los hechos, que ha tejido con los recuerdos de todos los que estuvieron en casa ese día, sabe que los presuntos policías que se llevaron a sus hijos y a su esposo, llegaron en carros particulares hasta su domicilio.
Los hombres la tumbaron al piso y la mantuvieron ahí por la fuerza. “A mí me encañonaron con la armas, me agacharon al piso, me tumbaron. Yo los tuve enfrente, pero es como un casete que se borra, yo nada más oí gritos”.
Entre esos gritos e insultos, escuchó que su esposo preguntó a los hombres vestidos de policías qué querían. Después les dijo que dejaran a sus hijos y se lo llevaran a él.
Al final cargaron con los tres y Guadalupe permaneció en el lugar pasmada por un rato más. Cuando los vio perderse, fue a buscar a sus otros hijos y a su nieta que estaban impávidos de la impresión. “Luego nos ponemos a platicar, pero como dicen ellos, ya no quieren recordar, porque vivieron con ese temor y hasta la fecha viven con él”.
Les ha costado mucho, dijo, salir de esa escena.
Desconocen origen del dato registrado en carpeta sobre paradero de tres desaparecidos en Guerrero
Guadalupe revisó el expediente del caso de la desaparición de sus familiares que lleva la Fiscalía General del Estado y halló en el documento un dato inesperado: sus hijos y esposo estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico, ubicado al norte de la ciudad. El sitio es conocido porque ahí está una presa de agua a la que le atribuyen el mismo nombre y suele desbordarse cada temporada de lluvias.
“Me quedé así, asombrada (…). Yo en ningún momento di esa información, hasta me dijo el fiscal, ‘nuestro MP (Ministerio Público) hasta me preguntó, ¿eso dijo usted?’, y le dije no, yo en ningún momento di esa información, yo ni sé cómo apareció esa información allí en mi carpeta”, narra.
Guadalupe se pregunta de dónde sacó la Fiscalía esa versión si tampoco está acreditado.
“Hasta me dijo el MP, ‘pero si sabe algo, usted nos puede informar o investigue’. Cómo voy a investigar yo si de por sí vivo con ese miedo”. Los investigadores locales le pidieron a Guadalupe hacerse cargo también de las indagatorias oficiales.
La dependencia, por lo que ha interpretado Guadalupe de la carpeta, tampoco ha confirmado el dato del posible entierro clandestino de sus hijos y esposo. “Ya ve, las autoridades aquí todo quiere que les pongamos en charola de plata”, agrega.
Guadalupe informó a instancias federales sobre este dato que podría cambiar el curso de la investigación. Ahora, ella logró que el gobierno federal también asuma las investigaciones del caso.
Buscadoras piden al gobierno federal revisión de carpetas de desaparecidos hace más de una década
Guadalupe pertenece al Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, que participó en la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria el fin de semana pasado. El grupo de buscadoras también está presente en mesas de trabajo organizadas por el gobierno federal desde el lunes pasado hasta este jueves.
Como parte de la jornada nacional, los familiares de desaparecidos realizaron concentraciones en plazas y espacios públicos en Chilpancingo y Acapulco. El domingo estuvieron en Atoyac de Álvarez en un acto convocado por la familia de Rosendo Radilla, desaparecido durante la década de los setenta, en la llamada guerra sucia.
En las mesas de esta semana tras la jornada nacional, Gema Antúnez Flores, fundadora del Colectivo María Herrera al que pertenece también Guadalupe, informó que exigen al gobierno federal una revisión constante de las carpetas de todos los casos de desaparición con expediente, incluso si son de larga data como el de ella. El 27 de febrero de 2011 desapareció el hijo de Gema, Juan Sebastián García Antúnez.
“Yo tengo el caso de mi hijo desaparecido desde el 2011, entonces está contemplado como una desaparición de larga data, y se les está pidiendo que esas carpetas sean manejadas de manera virtual, porque yo como madre sigo en la búsqueda”, expone.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AMAPOLA PERIODISMO.
AUTOR: /MARGENA DE LA O.
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