A dicha célula delictiva se le atribuyen al menos dos secuestros ocurridos en mayo de 2024 y junio de 2025, además de un feminicidio ocurrido en junio de 2024 en Iztapalapa; y un homicidio ocurrido en Miguel Hidalgo en julio del presente año.

Por su parte, la SSPC apuntó que la detención fue resultado del intercambio de información con las instancias de seguridad del Gobierno de México, por lo cual se tuvo conocimiento que dichos hombres se encontraban en un club de playa en el municipio de Acapulco.

Por ello “se implementó un despliegue operativo coordinado, en el que se actuó sin el uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.”

Los sujetos de 42, 36, 31, 28 y 26 años de edad fueron informados de sus derechos de ley y, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México han realizado más de 5.800 detenciones, incluyendo capos buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), tras los acuerdos para evitar aranceles a México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reforzar el combate contra el tráfico de drogas.

“Si sientes polvo en los ojos, no te talles, son metales microscópicos que pueden lesionarte la córnea”, se alerta a la reportera de Proceso antes de llegar a Carrizalillo.

Hacia las piletas “no es posible acercarse mucho porque los cañones de agua con cianuro que riegan los minerales pueden dañar la piel”, agregan los ejidatarios que hace 18 años tomaron la decisión de poner en renta sus tierras, destinadas para siembra y pastizales, para que se extrajera oro del subsuelo.

Difícil creer que donde ahora hay montañas de tierra con minerales que tienen que ser procesados y que contaminan el aire, el agua y el territorio ejidal, hace más de 18 años era una zona utilizada para sembrar maíz, frijol, calabaza, que había 13 manantiales, que en las partes altas había cedros, encinos, que había tejones, jabalíes y venados, amén de que ganado vacuno y caprino pastaba por lo que antes fueron cerros verdes, como se constata en algunas fotografías compartidas por los propietarios de la tierra.

El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la noche del domingo 27 en la calle Juan Sebastián Elcano, frente al módulo de la Policía Turística y a unos metros de otro de la Guardia Nacional. 

Estas oficinas de la FGE también se encuentran a unos metros de la avenida Costera Miguel Alemán. 

Durante 20 segundos, al menos cuatro hombres dispararon con armas cortas contra la fachada del MP y la comandancia. 

Luego se posicionaron desde cuatro esquinas para accionar con rifles de asalto AK-47, de acuerdo con reportes de la policía. 

En el lugar fueron hallados al menos 100 casquillos percutidos. 

El hecho provocó pánico entre vecinos y transeúntes.? 

Una hora después la FGE informó el inicio de una carpeta de investigación tras registrarse detonaciones de arma de fuego contra la fachada de las instalaciones de la institución, en la colonia Costa Azul, municipio de Acapulco de Juárez.?Y que activó los protocolos de seguridad. 

Este lunes las oficinas amanecieron cerradas.

El crimen se cometió alrededor de las 7:30 de la noche del domingo, cuando la víctima se encontraba en su camioneta Chevrolet tipo van color gris para cargar gasolina en una estación del centro de la población en la avenida Colegio Militar, confirmaron autoridades. 

Hombres armados se acercaron para dispararle a mansalva; su cuerpo quedó dentro de la unidad. 

La víctima fue identificada como Sergio Ureiro Castañeda, de profesión arquitecto, comerciante de abarrotes y material para construcción. 

Y fue uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros, que en enero pasado logró recuperar la histórica plaza pública y área verde protegida. 

Minutos después de conocer el homicidio, su hermana Verónica Ureiro, médico, líder de la organización de vecinos y delegada de la colonia San Diego de Tlapa, llegó al lugar para reconocer el cuerpo. 

Reclamó al dos veces alcalde priista Gilberto Solano Arreaga la violencia criminal desatada contra ciudadanos en Tlapa, la principal ciudad comercial de la región. 

Y se quejó de la aparatosa presencia de policías municipales, estatales, ministeriales, así como elementos de la Guardia Nacional que llegaron para acordonar la escena del crimen. 

“¡Ya para qué están aquí!, deberían estar buscando a los responsables. ¡No sirven para nada!”. 

Sergio Hugo Ureiro formó parte del Movimiento de Defensa de la Plazuela de los Cántaros. 

La organización de vecinos se levantó en enero de 2024 luego de que el alcalde Gilberto Solano anunciara la destrucción del área que cuenta con árboles centenarios para construir 17 locales comerciales. 

Los colonos denunciaron que por más de 30 años una veintena de vendedores de comida invadieron de manera ilegal la plaza con ayuda de las autoridades municipales.   

En ese tiempo maltrataron los árboles de tlalahuacates al utilizarlos como postes de luz clavando medidores y al derramar aceite quemado usado para fritangas. La plaza se convirtió en una zona insalubre. 

La plaza fue construida a principios del siglo 20 y fue usada para esparcimiento público y el fin de semana para vender alfarería elaborada por artesanos de las comunidades Zacualpan, Huitzapula y Tlalzala. Tras demandas administrativas y ambientales, en 1996 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó mantener el área verde y de esparcimiento, libre para todos. 

Tras un año de plantones en el Ayuntamiento de Tlapa y en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, en enero pasado los vecinos desalojaron con sus propias manos los locales y sus instalaciones luego de que comerciantes y autoridades no cumplieran minutas para dejar libre la plaza. 

La plaza finalmente ha sido usada como espacio recreativo de los ciudadanos y de expresiones culturales diversas. 

“Hoy sufrimos y lloramos el cruel asesinato de un compañero defensor del medio ambiente, fiel defensor de la Plazuela de los Cantaros, el Arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, por lo que exigimos justicia. Alto a la violencia en Tlapa”, expresó el Comité al compartir una esquela. 

La tarde del lunes en el funeral del activista, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expresó que la lucha que abanderó no fue para beneficio personal, sino para abrir los últimos espacios verdes que quedan en la ciudad. 

Consideró que se perdió una conciencia ecológica. 

“Tuvo la osadía de dejar un legado en favor de las nuevas generaciones. Dentro de este dolor y esta tragedia hay indignación de la gente de Tlapa, no hay resignación, no hay complicidad, hay ese coraje de decir que no es posible que sigamos hundiéndonos en esta violencia”. 

Recordó cuando Tlapa era una provincia tranquila, pero que ahora todos se tienen se tienen que cuidar de todos, cada por su propia sobrevivencia. 

“El miedo nos ha aislado y nos ha paralizado. Ese miedo nos hace cómplices de estas tragedias”. 

Cientos de colonos, familiares y activistas despidieron al arquitecto exigiendo a las autoridades estatales justicia.

También señalaron que Cruz Fandango solo envió a jóvenes y mujeres al lugar y que como no dejaban de agredirlos, los retuvieron y los llevaron a la Comisaría de Cuyuxtlahuac, en donde, dijeron, van a seguir hasta que se presenten autoridades para atender el conflicto agrario.

La retención de los pobladores fue confirmada por el alcalde de Alcozauca, Crispín Agustín Mendoza, en entrevista con Reforma, aunque dijo que “nunca hubo disparos de arma de fuego”, y solicitó la intervención del gobierno estatal para evitar la escalada del conflicto.

En redes sociales se difundió un video en el que se ve a los dos grupos de pobladores, algunos con palos y machetes, involucrarse en la trifulca y en algún momento se escuchan disparos.

La situación también fue reportada por Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, que dio cuenta, de acuerdo con testimonios de pobladores, de dos heridos que tuvieron que ser llevados a un hospital en Oaxaca y nueve personas retenidas. 

“A mediodía de este lunes 21 de julio del 2025, se reportó una balacera entre las comunidades na savi de Cruz Fandango y Cuyuxtlahuac, municipio de Alcozauca, por un conflicto agrario que data de varios años”.

La organización denunció que este “conflicto histórico” no sólo no se ha podido resolver, sino que ha “escalado violentamente” y las autoridades municipales y estatales han sido omisas: “el presidente municipal de Alcozauca, en lugar de solucionarlo, se ha inclinado por Cuyuxtlahuac, generando mayor crispación social”.

Por ello, los habitantes de dicha región exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Evelyn Salgado y a los presidentes municipales que “dejen de simular, de engañar al pueblo” y que distribuyan los recursos para la atención de los damnificados así como de las afectaciones.

“En el mundo de la 4t, la realidad del país se cambia con discursos mañaneros (…) a nosotros y nosotras, como pueblos indígenas y afrodescendientes, no nos engañan, bien sabemos sus mentiras. Por eso estamos aquí, para exigirle a estos malos gobiernos que dejen de mentir”.

Por su parte, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña también denunció el abandono que sufren las poblaciones indígenas y afros de la Costa Chica de Guerrero por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con una carta enviada por la madre buscadora a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 23 de mayo último, Jhonatan Guadalupe fue detenido y desaparecido por policías municipales de Acapulco el 5 de diciembre de 2018, en la Costera Miguel Alemán, cuando se dirigía a jugar futbol. 

Iba acompañado de otro joven, Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente, luego de que los mismos policías lo arrojaron a la calle. 

En ese momento, Jhonatan tenía 25 años y recién se había graduado como Licenciado en Derecho. 

La misiva indicó que, en ese entonces, el fiscal regional David García Muñoz ocultó y luego desapareció un video proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública, donde se observaba cómo los agentes arrojaron el cuerpo de Carlos Ignacio Rojas, amigo de Jhonatan, desde la patrulla. 

El mismo fiscal regional, agregó, canceló una audiencia en la que los policías involucrados declararían ante el Ministerio Público. Lo que vino después, fueron amenazas de muerte contra la familia de la víctima que la hizo salir del puerto. 

Socorro Gil Guzmán es coordinadora de la Colectiva Memoria Verdad y Justicia de Acapulco. 

Como resultado de la carta que la madre de Jhonatan le envió a la mandataria, se le ofreció esta tarde una reunión con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

En un documento dirigido a la madre de la víctima, el Comité contra la Desaparición de la ONU informó que continua altamente preocupado porque la suerte y paradero del Sr. Jhonatan Guadalupe Romero Gil no han sido esclarecidos a más de 6 años de su desaparición. 

Explicó que el Estado mexicano le envió una nota el 27 de mayo de 2024, en relación con la Acción Urgente y enlista las omisiones de las autoridades respecto a las recomendaciones de búsqueda. 

“En la nota del Estado no se ha presentado información resultante de la citación a los integrantes de la patrulla de policía 388, ni información sobre el impacto de sus declaraciones en la carpeta de investigación”. 

No se hace referencia a los 17 cuerpos que habrían sido hallados en el poblado “El Carabalí” en octubre de 2023 y el resultado de las confrontas de las pruebas genéticas que surgieron de esos hallazgos. 

“No consta en ese informe estatal la apertura de una línea de indagatoria relacionada con el dueño del Bar La Mandona, donde trabajaba Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, capturado junto al Sr Romero Gil y encontrado fallecido al día siguiente”. 

El eventual involucramiento del dueño de dicho establecimiento en los hechos no habría sido investigado, a pesar de que el Sr. Rojas Montes de Oca habría pedido apoyo al Sr. Romero Gil para denunciar a su empleador porque lo habría obligado a vender drogas, agregó. 

Señaló que la comparecencia de los Policías Municipales de la patrulla 388 habría sido cancelada y no fueron citados de nuevo a declarar, ello a pesar de los elementos probatorios contundentes relacionados con su alegada participación en la desaparición del Sr. Rojas Montes de Oca. 

En otro punto, el organismo indica que la carpeta de investigación habría sido modificada en relación con un video mencionado por el fiscal David Muñoz García, que contendría material que compromete a los integrantes de la patrulla 388. 

Además, los resultados del análisis de la línea telefónica y la sábana de llamadas del Sr. Jhonatan Guadalupe Romero Gil no habrían sido incluidos en la carpeta de investigación. 

El informe del Estado, con fecha 27 de mayo de 2024, asiente al organismo, evidencia que a más de cinco años de la alegada desaparición no se adoptaron medidas eficaces para establecer un plan de acción y un cronograma para la búsqueda y la investigación de su desaparición. 

Por lo anterior, el Comité considera necesario mantener la acción urgente abierta y hacer de nuevo recomendaciones y solicitudes de información al Estado. 

Entre las recomendaciones, pidió explorar todas las hipótesis, incluida la posibilidad de que los hechos constituyan una desaparición forzada debido al alegado involucramiento de agentes estatales. 

“El Comité recuerda que, según la información reunida en el contexto de la presente acción urgente, agentes municipales de la patrulla 388 serían responsables de la desaparición del Sr. Romero Gil”, indicó.

El gobierno de Chilpancingo, a través de la Secretaría de Obras Públicas, detalló que Luquin Mendoza recibió llamadas anónimas “con exigencias de una suma millonaria, inaceptable e ilegal por un monto de 33 millones de pesos”.

El documento explicó que esta acción es “un claro esfuerzo por cooptar las funciones del Ayuntamiento y utilizarlo como un medio para legitimar y ampliar el ‘cobro de piso’ que desde hace tiempo violenta la tranquilidad, el derecho al trabajo y el sustento de la gente honesta de Chilpancingo”.

La Secretaría enfatizó que el gobierno municipal y el funcionario no cederán ante ningún acto de extorsión.

“No pagaremos a la delincuencia. La ilegalidad no tiene cabida en nuestra administración, y seremos un muro de contención inquebrantable contra quienes intenten extorsionar a los ciudadanos de Chilpancingo, o quieran usar al gobierno municipal para sus fines ilícitos”.

Además, desmintió “categóricamente todas las acusaciones infundadas de corrupción, favoritismo o relación con grupos delictivos vertidas en las lonas”.

Destacó que una reciente auditoría integral realizada por el Gobierno del Estado concluyó sin encontrar irregularidades en la Secretaría, lo que “valida la probidad de nuestra administración”

La situación en la capital guerrerense ocurre tras las declaraciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien reconoció la urgencia de fortalecer la lucha contra la extorsión a nivel nacional, y señalar que la extorsión es el delito que no han logrado disminuir las autoridades.

Ante ello, el gobierno de Chilpancingo dijo que se suma “plenamente a la visión de que el Estado debe asumir la responsabilidad de perseguir la extorsión de oficio, quitando el peso de la denuncia a la víctima, y protegiendo a todas y todos los afectados”.

Por la gravedad de las amenazas y acciones, la Secretaría de Obras Públicas presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que colaborará “con absoluta transparencia y determinación en todas las investigaciones”.

Finalmente, hizo un llamado “respetuoso y urgente” al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, así como a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para reforzar las acciones de seguridad en Chilpancingo.

“Y se brinde todo el respaldo necesario para combatir estas prácticas delictivas que amenazan la gobernabilidad, la inversión y la libertad de trabajar en cada rincón de nuestro municipio, en plena sintonía con la nueva estrategia nacional”.

La Secretaría aseguró que seguirá trabajando “con honestidad y valentía por la infraestructura que nuestra ciudad necesita, sin ceder ante la presión de la delincuencia que busca someter a nuestra gente y cooptar a nuestras instituciones”.

El convenio se firmó en el Palacio de Gobierno, con la presencia de funcionarios del gobierno de Guerrero, ejecutivos de la empresa, autoridades municipales y ejidatarios. 

La ocupación por los próximos 20 años contempla la exploración y posteriormente la extracción, principalmente, de oro. Los detalles del convenio no fueron revelados por “razones de seguridad”. 

El vicepresidente senior México de Equinox Gold, Armando Ortega, dijo que el convenio da pauta para un nuevo ciclo minero en la entidad y lo consideró una contraprestación que contempla apoyos en salud, educación, infraestructura y proyectos productivos de los dos ejidos, dijo. 

Al final en entrevista aseguró que el pago por hectárea explotada en Guerrero es el más alto por hectárea que se paga en el país, sin especificar el monto. “Se pagan onzas que se producen por hectáreas que se rentan, eso no lo paga nadie”. 

Cabe mencionar que el contrato que concluyó de Equinox Gold con Carrizalillo suscribía el pago de 6.9 onzas de oro al año por cada hectárea ocupada. Para renovar el contrato la empresa ofreció pagar sólo 2.5 onzas de oro y rechazó la propuesta de 175 ejidatarios del pago de 4 onzas por cada hectárea rentada. 

Armando Ortega, negó que el río Balsas esté contaminado por la actividad minera, tal como lo han denunciado los pobladores de Carrizalillo. 

“Afortunadamente no hay ningún impacto nocivo ligado directamente a nuestras operaciones”. 

Incluso dijo que cada año la empresa realiza estudios con el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Por su parte el gobierno de Evelyn Salgado celebró la firma del nuevo convenio de explotación. 

En un comunicado de prensa aseguró que el acuerdo es fruto de meses de diálogo en el que se privilegió la libre determinación de los pueblos y marca el inicio de una etapa basada en la confianza, el respeto al territorio y la sostenibilidad. 

“Las tierras comunales son un patrimonio invaluable; este acuerdo es también un acto de confianza”. 

En la firma del contrato estuvieron la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sarah Salinas Bravo; la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; y la diputada local y presidenta de la Comisión de Minería, Citlali Yaret Téllez Castillo; así como representantes agrarios de las dos localidades. 

“Este tipo de proyectos permiten detonar empleos, fortalecer las cadenas de proveeduría local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades”, expresó la secretaria Teodora Ramírez Vega, de acuerdo con la tarjeta informativa. 

Ejidatarios de Carrizalillo han admitido que en 20 años de operaciones de tres distintas empresas mineras han padecido daños considerables a su salud, como enfermedades crónicas respiratorias, de la piel, de los ojos y hasta cáncer.  

Una de cada 10 mujeres embarazadas ha padecido de abortos óbitos o muerte fetal, de acuerdo con los responsables de la Casa de Salud comunitaria. Mientras que sus tierras y los manantiales de agua se han secado.

Sin embargo, hasta ahora López ha obtenido resoluciones judiciales favorables que le han permitido evadir posibles sanciones en su contra. 

El pasado 5 de junio, interpuso un amparo que le fue concedido por un juzgado octavo de distrito para que las autoridades ministeriales y judiciales se abstuvieran de ejercer la acción penal en su contra sin previo desafuero o juicio de procedencia.

Mientras que el jueves 26 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió las suspensiones promovidas por el municipio de Acapulco para evitar que fuera removida del cargo y para frenar la investigación en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

Abelina López continuará con proceso en Suprema Corte

Al respecto, López reiteró que la Auditoría Superior del Estado no tiene competencia para examinar el uso de recursos federales, sino que esta tarea es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

“Todo lo que aquí se metió, amparos y todo, nos tuvimos que ir a la Suprema Corte de Justicia y ahí dan entrada a nuestra controversia constitucional donde pusimos sobre la mesa el tema de la competencia y lo refuerzo con lo que dice la Auditoría Superior de la Federación: no tiene competencia del estado”, dijo este sábado. 

La alcaldesa informó que continuará con el proceso en la Suprema Corte y aseguró que las suspensiones le fueron otorgadas porque sus demandas tenían fundamento.

Minera Equinox Gold y los residuos que dejó la extracción de oro en Carrizalillo

El martes 17 de junio, día de este recorrido por el lugar, llovió. Las lluvias propician el escurrimiento de este líquido terroso por diferentes partes de la zona ocupada y el pueblo. Una vez recorrido el perímetro que ocupaba Equinox Gold, la última empresa a la que le tenían rentadas sus tierras, el calzado de los guías y de los reporteros quedaron con la marca arcillosa de los óxidos sulfuros.

Los óxidos y los sulfuros son minerales que están en las rocas expuestas de los yacimientos donde se practica la minería a cielo abierto, y su presencia o escurrimientos, en especial de los sulfuros, podrían contaminar las aguas superficiales y subterráneas porque contienen y liberan metales pesados. El impacto inmediato es en la flora y la fauna, explicó parte del equipo que asesora a los ejidatarios y parcelarios. “Son muy fuertes para ellos”, dice uno de ellos sin tener claro la consecuencia en los humanos.

Las instalaciones mineras se pueden recorrer porque están tomadas por los ejidatarios y parcelarios de Carrizalillo. Desde el 1 de abril pasado instalaron un plantón sobre el camino que conecta a Mezcala y Carrizalillo, donde Equinox Gold tiene varias casetas de vigilancia en este camino.

Los ejidatarios y parcelarios mudaron una parte del pueblo a la caseta cuatro. En estos más de dos meses y medio que llevan de movimiento construyeron unas improvisadas casas de madera en el lugar del plantón.

En estos 20 años de explotación minera han pasado varias empresas por el ejido. Los ejidatarios y parcelarios terminaron con Equinox Gold el contrato de arrendamiento de sus tierras –unas 1,400 hectáreas– el 31 de marzo pasado. No lo renovaron porque la empresa, de acuerdo con la versión de los ejidatarios, les ofrecía un 60 % menos en comparación con el contrato que terminó, porque Carrizalillo ya no le era rentable.

Qué pide el movimiento de ejidatarios de Carrizalillo a la minera de oro

El plantón que mantienen los ejidatarios y parcelarios es en busca de una mejor oferta de la empresa para que continúe con la explotación minera o, de lo contrario, por un buen proceso de cierre. Ellos sostienen que no han cerrado el diálogo.

Derivado del movimiento, los ejidatarios y parcelarios solo dejan pasar hasta la planta a quienes tienen a cargo el trabajo de rociar la solución cianurada en los partidos de lixiviados, para no interrumpir el bombeo y evitar un derramamiento de esos lixiviados, informó el presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña.

El patio de lixiviados es el área donde comienza el procedimiento de separación de los metales, entre ellos el oro, de las rocas que son extraídas de los cerros y profundidades del suelo del ejido de Carrizalillo.

De manera visual el patio lo componen grandes cerros de rocas cargadas de metales, donde fueron instaladas una especie de fuentes que irrigan la solución cianurada. A los patios les siguen unas piletas donde escurren la solución tóxica y los metales.

La mesa ejidal de Carrizalillo, con la asesoría de expertos, calcula que en esos cerros de roca hay entre entre 350,000 y 500,000 onzas de oro, con pocas posibilidades de ser extraídos, por el método de lixiviados que usa la empresa.

Con el método de lixiviados, Equinox Gold solo recupera 30 % del oro depositado en el patio, de acuerdo con sus propios datos y estadísticas.

El patio de lixiviados y el complejo minero en general forma parte del pueblo, porque no son muchos metros los que les separan de las casas. Algunas zonas del complejo y la comunidad solo les divide una malla metálica que tiene unos pequeños carteles cada ciertos metros en los que se lee: “Solución cianurada”, la única advertencia de la alta toxicidad de este químico.

Pero con esta temporada de lluvias y con los trabajos de la empresa en pausa, el riesgo de los escurrimientos dispersos existe, lo que generaría un problema mayor.

Los habitantes de Carrizalillo viven desde hace años las consecuencias en el cuerpo de la explotación minera, por la contaminación que genera, el problema actual es que están solos y sin el pago por la ocupación de sus tierras que les permita tener acceso a la salud privada.

Horas antes, en la periferia de Acapulco, dos taxis de la ruta El Treinta fueron incendiados en hechos separados.

El presidente del comisariado estaba por iniciar un recorrido por los patios de lixiviados con reporteros, debido a que ya habían transcurrido dos meses y 17 días desde que comenzó el plantón en la caseta principal para impedir los trabajos de la empresa. El objetivo del plantón era forzar un nuevo acuerdo, ya fuera para renovar el convenio de explotación minera —vigente de forma ininterrumpida durante 20 años— o para dar inicio al proceso de cierre. En ninguno de los dos casos hubo avances; la empresa se negó a aceptar la propuesta de convenio presentada por los ejidatarios.

Rodríguez Saldaña realizó varias llamadas para que desde la Casa de Salud enviaran la ambulancia al hospital y así trasladar al pueblo el cadáver de Silvia. La Casa de Salud de Carrizalillo operaba de manera independiente a la clínica institucional, como parte de los beneficios del convenio social que los ejidatarios mantuvieron con las empresas mineras que durante dos décadas explotaron oro en este ejido, perteneciente al municipio de Eduardo Neri. El subsidio para su funcionamiento provenía tanto de la empresa minera como del Comisariado Ejidal de Carrizalillo.

Al no avanzar la negociación con la empresa, uno de los principales riesgos es que la Casa de Salud en Carrizalillo deje de operar. Según la versión de los ejidatarios, Equinox Gold les ofrece un 60 % menos por la renta de casi 1,400 hectáreas que ocupaba en su ejido, en relación al último convenio que venció el 31 de marzo pasado.

El plantón que comenzó el 1 de abril pasado ahora es un campamento que parece una extensión del pueblo, porque los plantonistas construyeron pequeñas casas de madera o techados con esqueletos de herrería para mantener el movimiento. El personal que hace el turno de la noche en la Casa de Salud ofrece el servicio desde la carpa donde atiende el Comisariado Ejidal en el campamento.

La Casa de Salud, además de ofrecer los servicios médicos básicos, subsidia en un 50 % el medicamento para la mayoría de los habitantes, y en 100 % para quienes no pueden costearlo. En este sitio trabajan tres médicos, tres enfermeros y paramédicos, y tres administrativos que dejaron de recibir sueldo desde el término del convenio.

La médica calcula que, si acaso, pueden cubrir bien tres meses más, no seis ni un año; ya no compraron la lista completa de medicamentos y dejaron de pedir tratamientos para los pacientes crónicos, como diabéticos, hipertensos y asmáticos, que son las enfermedades menores por aquí.

La tumba de Sofía, una evidencia de los daños en la salud por la explotación minera

El martes 17 de junio, cuatro reporteros recorrimos Carrizalillo en el contexto del plantón —de otro modo habría sido muy difícil hacerlo—. El pequeño panteón del pueblo resultó una parada obligada a propósito de la muerte de Silvia. La primera tumba visible al ingresar era la de Sofía Peña Figueroa, fallecida el 4 de diciembre de 2010. Su muerte fue uno de los primeros casos documentados como consecuencia de la explotación minera.

Sofía había sido contratada por Goldcorp como afanadora. La empresa inició la explotación de oro en el ejido en 2007 —aunque desde 2005 comenzó la instalación del consorcio—. Poco después, fue asignada al manejo del equipo de absorción atómica en el laboratorio. Para operar ese equipo habría requerido una especialización, ya que implicaba procesos de separación del mineral de la roca y el uso de sustancias químicas como el cianuro. Sin embargo, su escolaridad llegaba únicamente hasta primero de secundaria. En marzo de 2008, la empresa la presentó como un caso de superación, aunque su salario semanal era de apenas 1,800 pesos.

Sofía murió con los pulmones destrozados, después de dos días continuos de vómitos y convulsiones, y tres meses sin comer, de acuerdo con lo que documentaron en su momento los periodistas Marlén Castro y Rogelio Agustín en el reportaje Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio.

En el momento de su muerte, apenas habían transcurrido tres años desde el inicio de la actividad minera en la comunidad.

La médica Nancy dijo que estaban a la espera del acta de defunción del caso de Silvia, pero ya tienen registradas dos muertes recientes por cáncer, las que asocia de manera directa con la actividad minera, que acumula ya 20 años de operación.

Enfermedades causadas por la explotación minera en comunidades de México

Todos estos años de explotación minera en el pueblo han ocasionado que, de algún modo, todos los habitantes de Carrizalillo estuvieran expuestos a enfermedades: los patios de lixiviado y la planta están cerca del perímetro habitacional, además de que se practica una minería a cielo abierto. 

“Todo el polvo tiene un grado de contaminación”, dice la médica con claridad. Expone que en el ejido han comprobado que los informes semestrales que les entrega la empresa sobre los contaminantes ambientales, que siempre son bajos, están manipulados.

Ella misma forma parte de sus estadísticas de consecuencias en términos de salud; tuvo un embarazo pretérmino reciente, su bebé de poco más de dos meses nació antes de las 37 semanas. Esto también afecta a las mujeres del pueblo, incluidas las pérdidas fetales.

Además, se registraron casos de anemias severas en menores y adultos, así como malformaciones genéticas y diagnósticos de síndrome de Down. Estos casos también ocurren en lugares donde no hay explotación minera, pero en Carrizalillo tienen relación con esa función.

A sus 34 años, Didecsi Robles es madre de cinco hijos. El menor tiene tres años, se llama Pedro, y nació con síndrome de down, fallas en el corazón, presión pulmonar y hace poco le detectaron problemas en la tiroides, además de las recurrentes complicaciones respiratorias. Todo esto tiene que ver, dice la médica Nancy, con el ambiente del pueblo.

Iris Peña tiene 24 años, es madre de dos niñas, la mayor es María Guadalupe, de cuatro años, quien comienza a decir sus primeras palabras. Dice el nombre de su hermana que es una bebé. Comenzó a caminar casi a los tres años. Padece también una anemia eritropoyética, que le causa un problema en la estimulación de la producción de glóbulos rojos, por lo que deben llevarla a consultas periódicas al Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México.

Lo común que hay entre estas mujeres, además de ser habitantes de Carrizalillo, es que sus esposos, padres de sus hijos, trabajaban en la empresa minera, lo que les ponía en contacto con los químicos que se usan para la separación de los minerales de la roca. También tienen en común que Equinox Gold los liquidó en el contexto del actual conflicto con ejidatarios y parcelarios.

La etapa en la que los habitantes de Carrizalillo enfrentan solos las consecuencias de la explotación minera en sus cuerpos apenas comienza.

La solicitud la realizaron mediante un oficio escrito a mano, firmado y sellado por Saúl García García, presidente del Consejo de Vigilancia y Áreas Protegidas del Ejido Río de los Fresnos y Anexos del municipio de Coyuca de Catalán.  

Aseguraron que son 3 mil pobladores afectados por la violencia criminal de los ejidos Balcón de la Bandera, Soledad de la Palma, Río Frío de los Fresnos y Carrizal, ubicados en la zona serrana de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.  

En conjunto, afirma la autoridad, poseen cerca de 25 mil hectáreas dedicadas voluntariamente a la conservación de la naturaleza y la fauna.  

“Pedimos una base mixta en Puerto de las Ollas para que nos brinde seguridad a los cuatro ejidos que somos los afectados”. 

Relataron que el domingo 8 de junio y lunes 9 fueron atacados a balazos con armas de alto poder, bombas y drones. 

“No cesaban de atacar, quemando casas con mujeres y niños adentro y saqueando la comunidad”, señala. 

También pidieron al gobierno federal y estatal el envío de víveres y medicamentos porque les tienen cerrados los caminos.  

“El que baja por víveres le quitan el carro o cuatrimoto y lo matan. En El Nogal asesinaron violentamente a un joven trabajador que andaba con sus vacas. 

“Pedimos la atención por parte del gobierno federal y estatal para que nos dejen esta Base (de Operaciones) Mixta para el resguardo de las familias del Balcón que han sido desalojados”.  

La población de Puerto de las Ollas fue atacada, de acuerdo con pobladores, por supuestos integrantes de la organización criminal conocida como La familia michoacana. 

En el mismo contexto, el miércoles 4 de junio, criminales irrumpieron en Vallecitos de Zaragoza y Zihuaquio. Ambos poblados se ubican en la sierra en los límites de la Costa Grande y la Tierra Caliente.  

En la zona no hay energía eléctrica y las escuelas se mantienen cerradas.  

El martes 10 del presente mes, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo aseguraron que desde la semana pasada fue enviado personal de la GN y del Ejército a la zona.   

En Puerto de las Ollas, donde la población se mantiene aterrorizada, llegaron dos patrullas del Ejército y dos de la GN, pero el mismo martes les advirtieron a los pobladores que se retirarían de la zona por presuntas amenazas de integrantes del crimen organizado.

Este martes, David Molina Rodríguez, coordinador del Colectivo Lupita Rodríguez Narcizo, estuvo en la FGE en los trámites para recuperar los restos del desaparecido, sin resultados.

“Me quedó claro que la Fiscalía no tiene ni idea de dónde pueden estar los restos de Pedro Vázquez o que pasó con ellos”, indicó.

Una nueva búsqueda de José Velázquez

El pasado diciembre del 2024, a la esposa de Vázquez Culebrina, Nora Elsi Maldonado Cruz le llamaron de un Ministerio Público federal para informarle que los restos de su esposo habían sido localizados en el Semefo de Chilpancingo y, como corresponde, se los iban a entregar.

Desde diciembre, Nora Elsi va y viene de la Fiscalía, del Semefo, del MP local, MF y ninguna instancia le da informes de los restos de su esposo.

No solo eso, Dora Elsi buscó a su esposo durante 11 años, aunque la Fiscalía lo halló a los dos años de desaparecido.

Como parte de las labores de Búsqueda del Colectivo, Nora Elsi fue varias al Semefo a preguntar sobre alguien con las características de su esposo, instancia que tenía las pruebas de ADN de los hijos del matrimonio, las características del desaparecido y sus pertenencias; sin embargo, nunca habló de la posibilidad de que los restos de José Vázquez estuvieran ahí.

David Rodríguez Molina indicó que, aunque esté caso se federalizó, la FGE es la responsable de la cadena de custodia.

“Es su responsabilidad plena, no de Periciales o de Semefo, la Fiscalía es la responsable directa”.

Un ultimátum

El Colectivo considera que esa medida solo genera más corrupción, porque con esos recursos económicos, compran más camionetas que sólo les sirven a los funcionarios, no a las familias de los desaparecidos.