En el comunicado, la CNDH contó que ya había solicitado medidas cautelares para los integrantes del colectivo, luego de que sufriera amenazas “la dirigente de Guerreros Buscadores de Jalisco, quien recientemente fue víctima de un atentado mientras circulaba en compañía de sus hijos”.
En un comunicado, el organismo lamentó las muertes y sostuvo que los hechos constituyen una “subsistencia de agresiones y atentados” contra miembros del Guerreros Buscadores, por lo que exigió la intervención de autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “a fin de salvaguardar la integridad de la familia de las víctimas y de los integrantes del colectivo”.
La CNDH reconoció que los integrantes del colectivo, que dio a conocer hallazgos de restos humanos calcinados en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, “con motivo de su lucha de acceso a la justicia y a la verdad, continúan siendo objeto de agresiones que los colocan en una grave situación de riesgo”.
El organismo hizo un “llamado urgente a las autoridades investigadoras y persecutoras del delito a fin de que esclarezcan con celeridad este lamentable homicidio, así como las agresión y atentados que han sufrido otras personas integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco”.
En el comunicado, la CNDH contó que ya había solicitado medidas cautelares para los integrantes del colectivo, luego de que sufriera amenazas “la dirigente de Guerreros Buscadores de Jalisco, quien recientemente fue víctima de un atentado mientras circulaba en compañía de sus hijos”.
Sin mencionar el nombre de la dirigente amenazada, el organismo agregó que esa persona fue “interceptada por un sujeto que le exigió que saliera del estado de Jalisco bajo amenazas de un grupo de delincuencia organizada”, por lo que la CNDH “solicitó a las autoridades competentes acciones urgentes para salvaguardar la vida, integridad y seguridad personal de la defensora y de su familia”.
El organismo aseguró que mantenía contacto con los integrantes del colectivo para ofrecerles su “apoyo y acompañamiento en el marco de todas nuestras competencias, recursos y facultades”.
Por lo pronto, a través del Programa de Personas Desaparecidas (Perdes) y del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, se dará seguimiento “a la implementación de las medidas cautelares solicitadas al desarrollo de las investigaciones que se realicen para el esclarecimiento de los hechos para que haya justicia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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