Integrantes de Un Salto de Vida solicitaron a Semarnat una consulta pública por la construcción de una planta termoeléctrica, pero la dependencia la negó, pese a que la Manifestación de Impacto Ambiental reconoce posibles afectaciones en su comunidad.
Integrantes del colectivo Un Salto de Vida solicitaron formalmente a la dependencia federal ser incluidos en el proceso, al argumentar que resultarían afectados en caso de aprobarse el proyecto.
El colectivo está conformado por habitantes de la comunidad de El Salto, una ciudad ubicada en los alrededores de la zona metropolitana de Guadalajara.
Ejerciendo su derecho a exigir a las autoridades el acceso a un medio ambiente sano solicitaron ser incluidos en la consulta pública por el impacto que el proyecto de infraestructura fósil tendrá para la comunidad, pero no fueron tomados en cuenta.
La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V. corresponde a la modalidad regional para el proyecto denominado “El Salto I”, que se localizará en Camino a La Capilla No. 70, colonia El Conique, El Salto. El predio contempla una superficie de 107,873 metros cuadrados, equivalentes a aproximadamente 10.79 hectáreas.
La comunidad de El Salto pidió a la Semarnat ser incluídos en el proceso de consulta pública, pero el pasado 18 de junio, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, dio respuesta negativa a su solicitud.
La secretaría argumentó que dado que la ubicación del proyecto que presentó la empresa se encuentra en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la comunidad de El Salto no podría ser considerada como afectada por este proyecto.
En conferencia de prensa, integrantes de las organizaciones Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro A.C. denunciaron que la respuesta de la secretaría carece de sentido y fundamento ya que, la contaminación no se limita a demarcaciones municipales.
Ambas organizaciones señalaron que este tipo de proyectos son evaluados a nivel regional, pero impactan de igual manera en ecosistemas y sistemas ambientales que son habitados por las comunidades solicitantes de la consulta.
Nora Cabrera, abogada enfocada en justicia climática y directora de Nuestro Futuro A.C. enfatizó que la esencia de una consulta pública no sólo se trata de cumplir con un requisito, sino que, realmente exista una participación ciudadana porque este proceso, en términos medioambientales, es un tema de supervivencia.
“El colectivo está defendiendo el derecho de todas y todos en esa región para que no se siga contaminando, no siga habiendo emisiones y se pueda sanear el río Santiago, para que pueda haber un impacto general en el medio ambiente del que todos se benefician. (…) El derecho a un medio ambiente sano establece el derecho a la participación ciudadana y una de esas garantías es poder acceder a la consulta”, indicó Cabrera.
La empresa invisibiliza a El Salto como zona impactada
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional presentada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V., el proyecto “El Salto I” se localizará en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con base en la información proporcionada por el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA).
Sin embargo, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del estado de Jalisco y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) del municipio de “El Salto” indican que la ubicación del presente proyecto corresponde a dicha comunidad.
De acuerdo con Conexiones Climáticas, Nuestro Futuro A.C. y el colectivo Un Salto de Vida en Jalisco, el polígono del proyecto se ubica sobre la carretera a La Capilla, a tan solo 4 kilómetros de la cabecera municipal de El Salto, y a 6 kilómetros del municipio de Juanacatlán.
Aunque la empresa plantea controversias en torno a la delimitación territorial en su Manifestación de Impacto Ambiental, el proyecto es considerado como parte del municipio de El Salto en sus instrumentos de planeación, en el Registro Público de la Propiedad y en las últimas delimitaciones propuestas por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) en 2021.
Aunque la empresa no señala a El Salto como una comunidad impactada sí menciona cómo será impactado el territorio, según lo declarado en la MIA regional hecha por la consultora V&A Derecho-Ambiente-Comunidad. En ella argumentan que la ubicación del proyecto se debe a que observaron una tendencia de cambio hacia un uso de suelo agrícola y urbano.
En la MIA, la consultora señaló haber identificado siete tipos de uso de suelo en el territorio donde se pretende instalar la obra. En él predomina la agricultura de riego anual y temporal anual; además de asentamientos humanos, un cuerpo de agua, pastizal inducido, vegetación halófila hidrófila y vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia.
La ciudadanía de El Saldo debe ser consultada
Para que la comunidad de El Salto sea tomada en cuenta en la apertura de la consulta pública sobre el proyecto ‘El Salto I’, el colectivo Un Salto de Vida iniciará un juicio de amparo indirecto que se estará presentando en estos días donde se dirá por qué sí tienen que ser consultados, dijo la abogada Nora Cabrera.
De esta manera, un juez de distrito deberá establecer que no puede continuar con un proceso de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental en tanto no sean consultadas las personas afectadas por el proyecto.
Los elementos de la consulta pública que solicitarán son:
- Realizar una consulta desde las etapas iniciales de proceso en las que se permite el acceso a la información de forma oportuna, clara y comprensible.
- Asegurar la posibilidad real del público de participar en la toma de decisiones.
- Garantizar la participación de los diferentes intereses presentes en el territorio a través de los medios adecuados.
- Promover el aprendizaje entre las partes involucradas y valorar el conocimiento local.
- Llevar a cabo acciones específicas que permitan la participación de las personas o grupos en situaciones de vulnerabilidad y tradicionalmente subrepresentados en la toma de decisiones.
La abogada también recordó que México es uno de los países parte que reconoce el Acuerdo de Escazú, una herramienta con la que ciudadanos y defensores del territorio cuentan para hacer valer su derecho al acceso a la información sobre un proyecto que impacte a su comunidad, en términos de justicia ambiental y climática.
“Esa consulta, la autoridad debería estar llevándola al territorio. Ellos [autoridades de la Semarnat] deberían estar propiciando que haya participación y estar preguntándole a la gente: ¿Qué piensas? ¿Qué quieres hacer? No que le estén cerrando la puerta a los colectivos que están haciendo más allá de su trabajo, están intentando decir: ‘Abramos esta consulta’ (…)”, comentó.
Los colectivos hicieron un llamado al gobierno federal, a través de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, para atender el caso de El Salto y que las comunidades sean parte de esta consulta pública.
“Presumen esfuerzos de remediación del Río Santiago, al mismo tiempo que se impide la consulta pública sobre un proyecto privado que degradará aún más la calidad de vida de la zona y violaría el derecho a la salud y al medio ambiente sano”, denuncian colectivos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.
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