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Mundial 2026: inicia la cuenta regresiva en el Estadio Azteca, entre reclamos vecinales por agua y turistificación

Vecinos del Estadio Azteca, que será sede del partido inaugural del Mundial 2026, advierten posibles afectaciones como escasez de agua, aumento en la especulación inmobiliaria y contaminación.

A un año del arranque del Mundial de futbol en México, vecinos de la zona cercana al Estadio Azteca advierten del impacto que el evento tendría para ellos: escasez de agua y especulación inmobiliaria. También, piden la cancelación de la concesión del pozo de agua de Televisa.

El pasado miércoles 11 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, develó el reloj que registrará la cuenta regresiva hasta el  siguiente año, el 11 de junio de 2026, mientras que los vecinos denuncian que las autoridades invisibilizan el impacto que el evento tendrá en la zona. El Estadio Azteca será sede del partido inaugural.

A principios de mayo, Brugada presentó en Santa Úrsula Coapa las acciones que su administración proyecta realizar en la zona con motivo del Mundial; sin embargo, los vecinos consideran que estas obras resultan insuficientes para contrarrestar los problemas de acceso al agua, turistificación, movilidad y contaminación que traería la competencia deportiva.

Acciones de gobierno proyectadas en Santa Úrsula

El proyecto que presentó Brugada en Santa Úrsula el pasado 3 de mayo incluyó la rehabilitación de siete pozos de agua, la construcción de tres colectores, iluminación de calles, construcción de ciclovías, la rehabilitación de la central de transporte y de espacios públicos.

El Gobierno de la ciudad también se comprometió a realizar obras de bacheo y el remozamiento de 11.9 kilómetros de fachadas, así como la colocación de 819 luminarias, el fortalecimiento del Tren Ligero que transita por la zona y la creación de una ruta del trolebús a Metro Universidad. Además de la implementación de un programa de casas ecológicas, con calentadores solares, captadores para recolección de agua de lluvia y huertos urbanos.

Aunado a ello, Brugada anunció la construcción de un parque temático dedicado a la exhibición de dinosaurios al aire libre —que llamarían Coyosauria— en un predio de 5 mil metros cuadrados que actualmente funciona como una área de reserva dentro de la zona.

Pero un grupo de vecinos organizados demandan conocer los proyectos ejecutivos que propone la jefa de Gobierno.

Los pobladores advierten que construir un colector de aguas pluviales contra las inundaciones, mejorar el transporte público y colocar luminarias son acciones gubernamentales que no tendrían que estar sujetas a la realización de un Mundial de futbol. 

El pozo de Televisa

Una de las principales quejas de los vecinos es sobre el pozo de agua que la empresa Televisa tiene en la zona pase a ser propiedad del gobierno capitalino.

Desde 2019, la Comisión Nacional del Agua entregó una concesión de 450 mil metros cúbicos de agua anuales a Televisa. Con base en ello, la empresa construyó un pozo en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Estadio Azteca —actualmente en remodelación para el Mundial—, que está a menos de 500 metros de otros pozos que surten del líquido a los vecinos.

Clara Brugada ha informado en varias ocasiones que el pozo ya había pasado a manos del pueblo de Santa Úrsula Coapa, pero en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Conagua,  la concesión aún aparece a nombre de Televisa S. A. de C. V., con el título  811078.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino, Televisa y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México firmaron un convenio para que la empresa done una parte del caudal de su pozo a la red de abasto público. A la llegada de Brugada, ese convenio fue renovado, pero la concesión sigue siendo propiedad de la empresa. 

Cuatro peticiones vecinales al gobierno de CDMX sobre obras para Mundial 2026

El pasado 16 de mayo, los vecinos lograron un primer encuentro con las autoridades para exponer las inconformidades con el proyecto. En esa reunión, encabezados por Rubén González, autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Coapa, entregaron cuatro peticiones al secretario de Gobierno César Cravioto.

La primera petición es la cancelación de la concesión de agua a Televisa y que el pozo que tiene dentro de Santa Úrsula Coapa pase a la red del Gobierno de la Ciudad de México.

Además de la realización de una consulta indígena libre e informada sobre los proyectos propuestos por la jefa de Gobierno en Santa Úrsula Coapa y San Lorenzo Huipulco.

Los vecinos solicitaron también la cancelación del parque temático en el predio ubicado en Santa Úrsula Coapa y que se destine una área que tenga el objeto de conservar la flora y la fauna silvestre, y la educación ambiental de habitantes de la zona.

Por último, contar con la información de estudios sobre movilidad con datos de sus aforos y sus impactos sociales y ambientales en una plataforma del gobierno capitalino que esté al alcance de una consulta. 

El funcionario capitalino les aseguró que el gobierno no busca que sean obras para el Mundial de futbol sino para los pobladores. Y que su intención no era imponer sino abrir la información para su análisis.

Como respuesta a cada uno de los cuatro puntos, César Cravioto rechazó que se trate de engañar a las personas, y les dijo que hay un “compromiso de palabra” de que el pozo en propiedad de Televisa pase a ser de manera formal para los pobladores.

Cravioto dijo que si es necesario realizar una consulta específica para la comunidad así lo realizarán. Comentó que revisarán la petición de cancelar el parque temático y abrió la posibilidad de ajustarlo para impedir el daño ecológico. También se comprometió a dar a conocer los estudios de impacto de los proyectos planteados.

Al día siguiente de esa reunión, Clara Brugada realizó una de sus audiencias públicas con integrantes de su Gabinete en Santa Úrsula Coapa, por primera vez fuera del Zócalo capitalino, y recibió durante unos breves minutos al grupo de vecinos que se habían reunido con César Cravioto el día previo. De acuerdo con los testimonios de los pobladores, la jefa de Gobierno se mostró poco abierta a los señalamientos vecinales y les dijo que no tenían la información correcta.

Aunado a ello, pese a que el secretario de Gobierno planteó realizar una reunión quincenal con los vecinos para darle seguimiento a las peticiones; el encuentro se pospuso hasta tres semanas después y el funcionario no llegó, por lo que los vecinos fueron recibidos 40 minutos después de la cita en las oficinas gubernamentales por la secretaria particular del secretario y el director de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana.

Este 11 de junio, en compañía del director del Estadio Azteca, la jefa de Gobierno anunció que la inversión para el Mundial será de más de 6 mil millones de pesos en infraestructura, agua, seguridad, movilidad e iluminación.

Los vecinos expresaron preocupación por el enfoque de la ciudad ante la Copa del Mundo, al considerar que las obras previstas priorizan la promoción turística sobre la atención de necesidades básicas de la población local.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

“Es una farsa”, consulta sobre autopista Palenque – San Cristóbal: Modevite

“La construcción de la autopista, presentada como un acto de ‘consenso’ y ‘participación comunitaria’, es una farsa”, aseguró el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), luego de que el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez inauguró las obras de la súpercarretera Palenque – San Cristóbal de las Casas, a pesar de que no se consultó a las comunidades afectadas y despojó de sus parcelas a las familias.

En un comunicado, los pueblos tseltales, ch’oles, tsotsiles y mestizos que integran el Movimiento aseguraron que “es una vil mentira” que el gobierno de Chiapas dialogó directamente con los dueños de los predios o parcelas atravesados por la línea de la autopista, además de que no realizó una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada sobre la obra y violó el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

El “banderazo” a las obras de la autopista, que forma parte de la denominada “Ruta de las Culturas Mayas”, fue dado por Ramírez Aguilar con un “ritual maya” y la bendición de la maquinaria del proyecto, aun cuando existen dos amparos en su contra por la falta de información ambiental y por las “consultas amañadas” y “a mano alzada” que realizó el gobierno para avanzar con la construcción.

“El gobierno pretende legitimar un proyecto de muerte utilizando nuestras ceremonias ancestrales y bendiciendo las máquinas que vendrán a destruir nuestro medio ambiente y la vida de la comunidad. Rechazamos que nos utilicen para legitimar proyectos que sólo benefician a las élites políticas y económicas del estado de Chiapas”, señaló el Modevite, que calificó de “engañoso” el discurso de Ramírez Aguilar por no señalar “de forma clara y precisa los daños que esta megaobra conlleva”.

Desde hace más de tres sexenios, los habitantes de los diez municipios que atraviesa la carretera han rechazado la imposición de la carretera, que conectará con otros megaproyectos extractivos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

En su campaña electoral, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum prometió concluir las obras en “beneficio de las comunidades indígenas” y posteriormente catalogó a la obra como “prioritaria”. El discurso de Ramírez Aguilar en la inauguración de la construcción reiteró que el proyecto representa “un beneficio para el pueblo”.

“Contrario al relato oficial de ‘desarrollo comunitario’, esta autopista es la puerta de entrada para la devastación de nuestra Madre Tierra”, pues tan sólo en la primera fase del proyecto se destruirán 387 hectáreas de selva, así como contaminará los ríos de la región y “arrasará” los cerros ceremoniales, aseguró el Modevite.

Además, explicaron las comunidades, el proyecto permitirá “la privatización encubierta”, pues “cuando el gobernador afirma que ‘los ingresos del peaje […] se quedarán en manos de quienes lo sostienen’ oculta que los beneficiarios serán empresas turísticas y agroexportadoras”.

Finalmente, señalaron que la megaobra abrirá paso a la militarización y represión en la zona a través del despliegue de fuerzas de seguridad, así como “el hostigamiento y criminalización” de quienes se oponen a la construcción.

Por ser una violación a sus derechos como pueblos indígenas, el Modevite exigió a las autoridades la cancelación inmediata del proyecto carretero y de los permisos ambientales “otorgados ilegalmente”, así como una investigación internacional “sobre la simulación de la consulta”. Además, demandaron el retiro inmediato de las fuerzas de seguridad en sus territorios y el respeto a su autonomía como pueblos originarios.

“No permitiremos que se repita la historia de despojo; si el gobierno insiste en imponer la muerte, los pueblos organizados defenderemos la vida con la fuerza de nuestra dignidad ancestral”, concluyó el Movimiento.

COMUNICADO:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La cuenta regresiva para el Mundial enciende tensiones en la CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, inauguró el reloj del Mundial, pero vecinos de Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez exigen frenar proyectos como el segundo piso sobre la calzada de Tlalpan.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el reloj que marca la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya inauguración será el próximo 11 de junio en el Estado Azteca. Al mismo tiempo, diversos sectores de la ciudadanía comenzaron a pronunciarse contra proyectos de infraestructura que el gobierno local promueve en el contexto de la justa deportiva.

Así, mientras la administración morenista presenta la inversión para obras ligadas al Mundial, como un legado que fortalecerá derechos y mejorará servicios, habitantes de las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez cuestionan la falta de consulta sobre esos proyectos y advierten impactos negativos como “gentrificación” y “turistificación”; incluso, exigen frenar planes como el segundo piso sobre la calzada de Tlalpan.

La revelación del reloj mundialista no sólo marca la cuenta regresiva hacia la inauguración, también una serie de tensiones sobre el destinatario de la transformación del espacio urbano.

El 11 de junio último la mandataria capitalina se presentó en un salón ubicado en General Prim 32, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí, ante a funcionarios y exfutbolistas, encabezó un acto protocolario para comenzar con el conteo regresivo a 365 días del Mundial. 

Brugada reiteró que para recibir el torneo internacional su gobierno hizo una inversión histórica, más de seis mil millones de pesos en “obras, infraestructura, agua, seguridad y movilidad”.

Frente a Félix Aguirre, director del Estadio Banorte (nombre comercial del Estadio Azteca), la jefa de Gobierno dijo que se fortalecerán los derechos de los habitantes “con más agua, con mejor espacio público (y) también con más servicios”.


De las obras a realizarse para recibir el partido inaugural de la Copa Mundial, así como otros cuatro juegos, destacó también la iluminación de 48 kilómetros en el Centro Histórico, la instalación de la ciclovía “Gran Tenochtitlán”, que irá del Zócalo hasta Periférico Sur, y el fortalecimiento de la electromovilidad con más líneas y nuevos trenes.

Pese a que los proyectos capitalinos para el Mundial impactarán principalmente a las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, residentes y colectivos en ambas demarcaciones ya comenzaron a cuestionar las implicaciones que tendrá la nueva infraestructura en sus comunidades. 

Exigen freno al segundo piso

El 10 de junio último, mientras el equipo de Comunicación de la jefa de Gobierno difundió la invitación para la revelación del reloj mundialista, la Comisión de Participación Comunitaria de vecinos de la colonia Villa de Cortés, en Benito Juárez, comenzó a circular volantes con la convocatoria a una movilización programada para el 13 de junio próximo sobre la calzada de Tlalpan, con la intención de exigir que no se construya el segundo piso en dicha vialidad.

Los inconformes argumentan que ese proyecto ocasionará deterioro urbano, gentrificación, aumento de tráfico y más inseguridad; además, denuncian que esa obra promueve una falsa ecología.

Junto con la convocatoria vecinal, se difundió un pronunciamiento ciudadano en el que diversos colectivos y organizaciones civiles manifestaron su rechazo a la imposición de megaproyectos y obras inmobiliarias asociadas a la preparación de la ciudad como sede mundialista.

También solicitaron la implementación de medidas urgentes contra lo que llaman la “turistificación”, regulación de plataformas como Airbnb, protección a la vivienda, freno a desalojos encubiertos, además de apertura de procesos de planeaciones urbana, participativa y vinculante: “La ciudad no está en venta”, expresaron.

Discurso “estético”

Para Natalia Lara, integrante del colectivo Asamblea Tlalpan-Coyoacán, “todo lo que está promoviendo (la jefa de Gobierno) de infraestructura, el colector, la red hidráulica y demás tiene que hacerse independientemente del Mundial; no nos pueden decir que un programa para atención a este magno evento sea darnos agua en nuestras casas, tener un drenaje y una mejor movilidad. Eso lo merecemos por derecho”. 

La activista denunció que faltan estudios de impacto ambiental, por lo que dijo que solicitarán los proyectos ejecutivos.

En ese contexto, Lara calificó el discurso de la jefa de Gobierno como “estético”, pues reiteró que en vez de que la mandataria proporcione a los vecinos información integral de los proyectos, parece que “está haciendo campaña; no hay evidencia de nada”.

Respecto de la escasez de agua lamenta: “No sabemos ni siquiera los impactos reales del Mundial, de la demanda de agua, la calidad del aire, si va a ser suficiente la movilidad y el transporte con la cantidad de turistas, no sólo para Coyoacán y Tlalpan, sino para el resto de la ciudad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

El INAH desmiente a Armenta: el Cablebús aún no ha sido autorizado

“Ayer nos aprobaron dos proyectos, el INAH, por unanimidad", dijo el jueves el gobernador de Puebla, pero el INAH aclaró que los proyectos apenas se habían presentado un día antes.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un boletín para aclarar que las obras propuestas por el gobierno de Alejandro Armenta Mier, como son el Cablebús y la Universidad del Deporte, aún no han sido aprobadas y siguen en evaluación, pues apenas fueron presentados sus proyectos este 21 de mayo.

En rueda de prensa el día 22, el gobernador poblano aseguró que esas dos obras ya las había autorizado el INAH “por unanimidad”.

“Ayer nos aprobaron dos proyectos, el INAH, por unanimidad. Uno, la Universidad del Deporte, porque va a estar en la zona monumental. Y dos, el Cablebús, porque las cosas las hacemos con planeación. No corremos, damos pasos firmes porque no estamos pensando en hay que hacer muchas obras para ver cuánto nos va a dejar”, declaró Armenta.

No obstante, este sábado, el Instituto emitió un boletín en el que señala que apenas fue el 21 de mayo cuando ambos proyectos elaborados por el Gobierno de Puebla fueron presentados ante el Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles.

Aunque el gobernador había declarado anteriormente que una línea del Cablebús iría de la Junta Auxiliar La Resurrección -donde pretende construir un “ecoparque”-  hacia Casa Aguayo, en el centro histórico de Puebla, el INAH aclara que ha solicitado que este transporte corra fuera de los límites de la Zona de Monumentos Históricos para evitar que elementos que soportan su estructura afecten el paisaje histórico de la capital poblana.

“En particular, el proyecto del Cablebús implica el desarrollo de una línea aérea de transporte público que conectará desde la zona de la Resurrección hasta el Centro Integral de Servicios (CIS) de la Angelópolis, siguiendo un trazo por el oriente y el sur de la ciudad de Puebla”, indica el INAH.

“Este proyecto está siendo evaluado en diferentes aspectos, para evitar que cualquier construcción pudiera tener repercusiones o afectar los valores patrimoniales del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, el cual es un sitio inscrito, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la Lista del Patrimonio Mundial”.

Puntualiza que el Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles evalúa actualmente el proyecto y en fechas próximas emitirá las recomendaciones generales y/o solicitudes de modificación del mismo, para que pueda garantizarse la protección del sitio histórico.

“Una vez que esta fase haya concluido, podrán emitirse las autorizaciones correspondientes para que, en su momento, inicien los trabajos por parte del gobierno estatal”, subraya. “El INAH reitera su compromiso con la salvaguarda de los valores universales que contiene el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GBRIELA HERNÁNDEZ.

Construcción de Utopía de Xochimilco tiene fecha de inicio, pero vecinos se oponen, quieren salvar campos de béisbol

Vecinos de la alcaldía Xochimilco alistan acciones legales y de protesta para impedir que comience la construcción de la Utopía, prevista para el 23 de mayo, porque no fueron consultados sobre el proyecto, que implicaría la desaparición de campos de béisbol.

Juan Luis Barroso, de 74 años, llega cada domingo desde temprano a los campos de béisbol del deportivo de la alcaldía Xochimilco y se instala bajo la sombra de un árbol con una silla plegable. Aficionado de toda la vida, cuenta que aunque se retiró del deporte, continúa acudiendo todas las semanas para apoyar a sus hijos y nietos que juegan en la liga local.

“Mis hijos aquí crecieron, aquí jugaron y se hicieron beisbolistas, desde hace más de 20 años ha sido nuestro segundo hogar porque pasamos la semana trabajando y los fines de semana aquí”, señala entre la algarabía de porras y chiflidos que ambientan los partidos que se realizan en los tres campos del deportivo, de los cuales al menos uno podría desaparecer para la construcción de una Utopía, proyecto impulsado por la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Itzel Arellano, nieta de Juan Luis, remarca que para ella y su familia “ha sido toda una vida de jugar aquí, siempre estamos reunidos conviviendo y platicando, es la única oportunidad que tenemos en la semana para encontrarnos con nuestra familia”, por lo que no está de acuerdo con que quieran desaparecer campos en los que desde niña ha practicado béisbol con su abuelo, tíos y primos, y tampoco con la forma en la que se decidió por parte de las autoridades.

“Ya va a empezar el proyecto y ni siquiera sabemos bien qué planean hacer. Se ha manejado que quieren hacer una chinampa artificial en uno de los campos, ¡imagínate!, cuando tenemos aquí en Xochimilco las originales que podrían restaurar… y a mí no se me hace justo, porque a lo mejor muchos no conocen el béisbol, pero para los que estamos aquí es nuestra vida”, lamenta la mujer de 30 años.

Aunque vecinos y beisbolistas se han manifestado en contra del proyecto, de acuerdo con la convocatoria de la licitación para la obra, esta tiene como fecha de inicio el próximo 23 de mayo, lo que preocupa a los inconformes, quienes reclaman que las autoridades no los consultaron e intentan minimizar sus demandas calificándolos como grupos con intereses políticos que buscan afectar a la actual administración de la alcaldía.

“Lo que quieren hacer es una injusticia, porque vea todas las personas que están jugando, todas somos personas de bajos recursos que aquí nos divertimos cada ocho días, entonces no es muy bueno lo que quieren hacer de eliminar uno o dos campos de béisbol, porque entonces ¿a dónde vamos a llevar a los niños y los jóvenes? En lugar de hacer eso, deberían arreglar lo que no funciona”, sostiene Juan Luis.

Hasta ahora, es incierto lo que ocurrirá con el deportivo de Xochimilco, que apenas en octubre pasado cumplió 60 años. La alcaldesa Circe Camacho asegura que el Gobierno en la Ciudad de México es responsable de decidir e informar sobre el proyecto, sin embargo, ni la Jefatura de Gobierno, ni Secretaría de Obras, ni la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México han indicado si habrá consulta o cambios en las fechas de la obra.

En entrevista, Camacho reconoce que no se consultó a los vecinos, aunque asegura que quienes se han pronunciado contra el proyecto son personajes políticos que tienen interés “de generar crisis” en su administración, y que en caso de que no se apruebe la Utopía la alcaldía no cuenta con presupuesto suficiente para rehabilitar el deportivo de Xochimilco que, según sus palabras, se encuentra en “condiciones infrahumanas”.

Ante esta incertidumbre, los vecinos y deportistas inconformes se preparan para emprender acciones legales y de protesta para impedir que comiencen los trabajos de construcción, ya que expusieron su descontento en las cuatro reuniones informativas convocadas por las autoridades en la alcaldía, pero más allá de escucharlos, no recibieron respuesta a su exigencia de modificar el proyecto.

Sin consulta, obra de la Utopía Xochimilco fue licitada y ya tiene fecha de inicio

“Nosotros, como comunidad beisbolera, nos enteramos del proyecto por un video en el que el actual presidente de la liga de Xochimilco cuenta que el Gobierno de la Ciudad de México se quiere apropiar de los campos para el proyecto Utopía , aunque no se especificaba cuáles ni por qué”, detalla E., madre de un niño que juega en uno de los equipos, quien solicitó mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

De acuerdo con E., desde que tuvieron conocimiento del plan de intervenir el espacio deportivo, beisbolistas y vecinos de la alcaldía comenzaron a organizarse para exigir información y que se realizara una consulta como lo marca la Constitución de la Ciudad de México, así como la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la capital; sin embargo, esto no ha ocurrido.

Pese a que no se consultó a los pobladores de la alcaldía, desde el pasado 11 de abril la Secretaría de Obras (SOBSE) publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ocho licitaciones para la construcción de una alberca semiolímpica, un auditorio y diversos inmuebles de la Utopía, en las que se establece como fecha de inicio de los trabajos el próximo 23 de mayo.

Estas licitaciones generaron preocupación entre usuarios del deportivo y vecinos, por lo que sostuvieron reuniones con la alcaldesa, en las que les presentaron algunos detalles de lo que será la Utopía, y se enteraron que los representantes de las ligas de béisbol y de fútbol ya habían dado su aprobación a la desaparición de los campos, sin haber pedido la opinión de los más de 900 jugadores activos, muchos de los cuales desconocen el proyecto y su impacto.

En las cuatro reuniones informativas convocadas por las autoridades en días pasados, algunos asistentes expresaron su molestia por la desinformación que hay sobre lo que va a construirse, las licitaciones, el área del deportivo que se verá afectada y el número de árboles que se van a talar. En algunos casos, manifestaron su rechazo total al proyecto, y en otros, sólo pidieron que se reconsidere su ubicación.

Ignacio Ocaña, autoridad tradicional de Xochimilco, fue uno de los asistentes a las reuniones, en las que se pronunció en contra del proyecto, debido a que no está de acuerdo con que se quiten campos del deportivo, y porque reclama que no se buscó un diálogo con los habitantes de los pueblos. 

“Nosotros, como pueblo originario reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, tenemos que ser consultados para cualquier situación que se tenga que realizar o modificar, por eso nos oponemos, ya que en ningún momento hubo esa consulta y en los encuentros que convocó la alcaldía con el gobierno central únicamente nos han compartido algunos datos, no conocemos el proyecto completo”, agrega Ocaña, de 66 años.

Omar Salazar, otro de los vecinos que se presentó a las reuniones informativas, coincide en que la principal inconformidad con el proyecto es que no se les haya consultado, y que aún en las reuniones convocadas se hayan “cerrado a escuchar las voces que no están a favor de la imposición”.

“Esto ya lo hemos vivido en ocasiones pasadas, que se presentan proyectos que parecieran ser la salvación y la panacea en la materia, pero no es verdad, porque si hubiera buena voluntad del gobierno de entregar espacios óptimos para el deporte, podrían empezar por recuperar los que ya tenemos”, reflexiona Salazar, de 34 años.

Las cuatro reuniones informativas convocadas por autoridades transcurrieron entre gritos en contra y a favor de la Utopía, acusaciones de intereses políticos, e incluso, con el comentario de un funcionario que intentó conminar a la gente a dar su visto bueno al proyecto por ser beneficiarios de programas sociales.

En ningún momento se dijo si en los próximos días habrá consulta o si la obra comenzará en la fecha prevista, por lo que los inconformes anunciaron que se mantendrán alertas en caso de que intenten ingresar con maquinaria, para impedirlo. También recaban firmas contra el proyecto y presentarán amparos que frenen la construcción que promete actividades para adultos mayores, atención médica, juegos infantiles, centro de cuidados, cultura, una alberca –adicional a la que ya tiene el deportivo– un gimnasio, un auditorio al aire libre y cine.

La promesa de mantener dos campos de béisbol y la desconfianza de los deportistas

Consultada por el medio, la alcaldesa indica que acordó con las ligas deportivas que se pondrán canchas “en condiciones insuperables” para que pudieran continuar practicando, “y sólo en un campo de béisbol y una cancha de futbol se iban a aumentar las posibilidades que podían tener las niñas y niños que tienen acceso, en este caso, a la Utopía”.

Asimismo, señala que no se contempló el área en la que actualmente hay un mercado de plantas dentro del deportivo para la Utopía, porque ahí se ha proyectado la construcción de un hospital, lo que de acuerdo con Camacho ya fue acordado con los comerciantes.

Sin embargo, ante la poca información confirmada y la falta de consenso a través de la consulta, deportistas y usuarios mantienen desconfianza en el proyecto. Aldo Barrera, beisbolista de Xochimilco, lamenta que “los campos nos brindan esparcimiento, y las autoridades no han querido apoyar ni darles la importancia que tienen”, y subraya que personalmente no está en contra de que se construya la Utopía, pero espera que pueda reubicarse fuera del deportivo.

“Nunca tuvimos información clara del presidente de la liga, él nos dijo que se nos garantizaba que la liga iba a continuar con tres campos, pero en las asambleas que hemos tenido todo lo que nos ha dicho no ha sido válido, e incluso ya hay acuerdos que tienen un campo cedido, mientras que los restantes dejarán de ser administrados por el deportivo para ser parte de la Utopía”, señala el hombre de 40 años, de los cuales al menos 32 ha sido jugador.

Veteranos del béisbol, como Guillermo Barrera y Wilfrido Velázquez, coinciden en que deben defenderse los espacios que desde hace años se han estado reduciendo para este deporte en diferentes espacios de la ciudad, “y hay mucha juventud que quiere jugar, pero luego no alcanzan los campos para todos”.

“En Xochimilco ha habido partidos muy interesantes y hace tiempo estuvieron viniendo hasta jugadores profesionales aquí”, recuerda Guillermo, quien cada semana desde hace décadas acude al deportivo, antes a jugar, y actualmente a apoyar al equipo de béisbol que dirige su hermano.

Por ello, expresa su rechazo a que se quiten los campos, como ya ocurrió anteriormente para poner el mercado de plantas, “porque se están metiendo con el deporte, y pues no estamos en contra de que hagan lo que hagan, pero no en esta área, que busquen otra”.

En el caso de Wilfrido, de 74 años, cuenta que le tocó vivir la eliminación de campos de béisbol hace décadas en Tlalpan, y por eso mudó la escuela infantil que tenía para Xochimilco, donde ahora se pretende reducir los espacios, por lo que llama a los beisbolistas jóvenes “a que aprendan a defender sus espacios, porque a las autoridades se les hace fácil decir ‘ocupo ese espacio’, y a los deportistas los dejan volando”.

“La mayoría de la gente piensa como yo cuando tenía 21 años” –y atestiguó la eliminación de campos en Tlalpan–. “Entonces yo dije ‘que los quiten, me voy a otro lado’, y los quitaron… pero pasa el tiempo y pienso, ¿por qué no supe defender mi espacio? Por eso, como deportistas tenemos que unirnos”, subraya el veterano.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.

Claudia destaca inicio de construcción de trenes a Pachuca, Querétaro y vía de carga

Claudia Sheinbaum Pardo celebró el arranque de la construcción de los trenes a Pachuca y a Querétaro, así como de la vía de carga del Tren Maya en los primeros siete meses de su Gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que, a siete meses del inicio de su Gobierno, la inversión pública se ha traducido en la construcción de nuevas obras ferroviarias, como parte de la Cuarta Transformación (4T). Entre los proyectos en marcha se encuentran las rutas de trenes de pasajeros AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, así como el tramo de carga del Tren Maya, los cuales están siendo ejecutados por ingenieros militares.

Durante su participación en la conferencia matutina “la mañanera del pueblo”, la mandataria federal señaló que hasta la fecha se construyen dos líneas ferroviarias hacia Pachuca y Querétaro, mientras concluyen los últimos detalles del Tren Maya, con dirección hacia Progreso.
“No llevamos ni siete meses en el Gobierno y ya se están construyendo dos líneas de tren a Pachuca, a Querétaro, se están terminando los detalles del Tren Maya, sobre todo lo relacionado con los sitios arqueológicos y una parte de la catenaria que se está terminando y al mismo tiempo ya se está construyendo el Tren Maya de carga, se está yendo hacia Progreso”, precisó.


La Jefa del Ejecutivo puntualizó que continúan con las obras de infraestructura que iniciaron en la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como la construcción de las líneas a Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Paraíso, Tabasco, del Tren Interoceánico. Además, señaló que se fortalecen los Programas para el Bienestar y se avanza en la política salarial con el incremento del 12.5 por ciento este año.
“Nosotros no hemos parado de trabajar y vamos a seguir trabajando impulsando la economía de nuestro país desde abajo, que es la visión que tenemos en la Cuarta Transformación. Lo que pasa es que antes esperaban a qué hacía en el mercado. Nosotros no, nosotros trabajamos todos los días para impulsar la inversión pública y la inversión privada”, agregó.
El Comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles" de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, detalló que los proyectos prioritarios del Gobierno de México ya están en marcha, con 10 frentes de construcción y 10 mil 300 trabajadores en el Tren AIFA-Pachuca, junto con mil 600 trabajadores en 10 frentes de trabajo en el Tren Ciudad de México-Querétaro.
Finalmente, el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Andrés Lajous Loaeza, informó que el pasado 19 de mayo se publicó en ComprasMx la convocatoria de licitación del primer segmento del Tren Querétaro-Irapuato, que es de Apaseo el Grande a Querétaro.

Sin embargo, anunció que en el caso del Tren Saltillo-Nuevo Laredo la licitación se convocó el 20 de mayo, por lo que ambos fallos serán dados a conocer en la cuarta semana de julio de este año.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Protestan en el fondo del mar contra la construcción del Cuarto Muelle en Cozumel

El 7 de mayo, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respondió que no existe autorización a favor de la construcción de la megaestructura.

Buzos protestaron dentro del mar frente a Cozumel, donde buscan impedir la construcción del proyecto Cuarto Muelle para cruceros que señalan se perfila a crear un menoscabo ambiental y social en la isla.

Cerca de 40 activistas ambientales ingresaron a las profundidades del mar frente a la ínsula, donde desplegaron mensajes de rechazo del proyecto porque se prevé un impacto al arrecife Villa Blanca, ubicada en la zona donde se han iniciado actividades de inicio del proyecto.

El 7 de mayo, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no existe autorización a favor de la construcción de la megaestructura.

No obstante, esta iniciativa a cargo de la empresa Muelles del Caribe, cuenta con una concesión para el aprovechamiento de bienes de dominio público expedido en 2022 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de un resolutivo favorable entregado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ambas anuencias fueron otorgadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En las últimas semanas, cierto sector de la población inició la campaña de rechazo con actividades para recabar firmas, escritos a las autoridades y ahora esta protesta bajo el agua.

“Es un capricho, es una necedad de un pequeño grupo, de gente que hace dinero de prostituir el Caribe mexicano. Es así, es así, no hace falta. Cada quien defiende su lugar con sus recursos al alcance y hay estrategias legales que van adelante, hay investigaciones que ponen los conocimientos a disposición y los buzos nos manifestamos buceando, poniendo en evidencia que ahí hay pastos marinos, hay corales, hay esponjas, hay vida”, sostuvo José Urbina Bravo, buzo integrante del colectivo Sélvame del Tren, que realizó la inmersión.

Han sido dos demandas de amparo que han promovido los habitantes de la isla; sin embargo, los jueces federales han desechado los recursos bajo el argumento de que no hay afectación contra las personas.

Cozumel es el principal punto de atraque de cruceros en el país. En 2024 recibió más de cuatro millones de visitantes por esta vía; sin embargo, los disidentes del Cuarto Muelle sostienen que la derrama económica no es palpable porque estiman que el 40% de los habitantes de la isla viven en condiciones de pobreza, además de que los servicios básicos son escasos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

La obra insignia de Sheinbaum, bajo la sombra de la opacidad y el riesgo ambiental

Ambientalistas, académicos y pescadores se encuentran en la incertidumbre por la opacidad que prevalece frente a los previsibles impactos ecológicos y sociales que podrían derivarse de la edificación del Puerto Nuevo Manzanillo Cuyutlán.

Calificado como una obra de corte “neoliberal”, con orígenes en los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, el Puerto Nuevo Manzanillo Cuyutlán es considerado ya el megaproyecto insignia del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Apenas unas semanas después del inicio de su administración, la mandataria dio el banderazo de salida a los trabajos de la terminal portuaria, aunque en ese momento la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, responsable de la ejecución de la obra, ni siquiera había sometido a evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Pasaron más de cuatro meses desde que la jefa del Ejecutivo federal diera luz verde al proyecto para que la Asipona entregara a la Semarnat, el 3 de abril último, la solicitud de autorización ambiental y la MIA de la primera etapa del “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, Col.”.

Sin embargo, dos semanas después, hasta el cierre de esta edición, el contenido del estudio de impacto ambiental permanecía oculto a los ojos de la población, pues no había sido publicado, como lo señala la propia normatividad federal, en el sitio web de la dependencia encargada de la preservación del ambiente.

Este proyecto ha generado preocupación y rechazo de ambientalistas, académicos y pescadores de la región, quienes se encuentran en la incertidumbre por la opacidad que prevalece frente a los previsibles impactos ecológicos y sociales que podrían derivarse de su edificación y operación.

Con una inversión aproximada de 64 mil millones de pesos, de los que cerca de 15 mil millones serán recursos públicos y el resto capital privado, el nuevo puerto se asentará sobre una superficie de mil 880 hectáreas, cuatro veces mayor que la terminal marítima de Manzanillo, que ocupa actualmente el tercer lugar en manejo de contenedores en América Latina y el 53 mundial.

El propósito de este complejo portuario es elevar de cuatro a 10 millones la cifra de contenedores movilizados anualmente, para asumir el liderazgo en la región latinoamericana y ascender a la posición 15 a escala mundial, en competencia directa con los puertos de Taiwán y Los Ángeles.

Durante la ceremonia realizada en Manzanillo por el 199 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, el 23 de noviembre último, al realizar el anuncio de la ambiciosa obra, Sheinbaum la calificó como “algo extraordinario”, que “no se podría hacer sin la (Secretaría de) Marina y la Armada de México”.

Según los promocionales oficiales, el de Cuyutlán será “el primer puerto sustentable de América Latina, impulsando la eficiencia energética y protegiendo el medio ambiente”, pues la terminal de gas natural licuado que se encuentra en operación en esa zona “garantizará el suministro de energía limpia para las nuevas generaciones de buques y la operación de grúas y equipos del puerto”.

Ruta migratoria de aves, en riesgo

La Laguna de Cuyutlán se ubica como el cuarto humedal costero más grande de México y el segundo en el Pacífico mexicano, sólo después de Marismas Nacionales en el estado de Nayarit, además de que, entre otras cosas, es un área de anidación y conservación de alrededor de 25 especies de aves costeras y un importante punto en la ruta de aves migratorias desde Alaska hasta Chile.

Según un estudio financiado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, “la presencia de varias especies de aves con estatus de protección especial y otras consideradas amenazadas, así como el hecho de que las poblaciones de flora y fauna sean importantes para mantener la diversidad biológica de la región, facilitó que los vasos III y IV de la laguna de Cuyutlán fueran designados como Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar”.

Alejandro Reyes Herrera, exdirector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanillo, detalla en entrevista con Proceso que en el polígono destinado para el nuevo puerto hay más de 305 hectáreas de flora que se encuentran en riesgo de ser retiradas, de las que al menos 119 corresponden a manglar, 75 a selva baja caducifolia y 93 a vegetación halófila.

A eso se le suman –refiere– más de 19 hectáreas de manglar y selva baja caducifolia que están en un área de valor ambiental en la zona norte de la superficie concesionada, así como dos islotes continentales, uno de 58.4 hectáreas y el otro de 35, que albergan diversas especies de fauna y son utilizados por las aves como refugio.

Maestro en Ciencias del Mar, con estudios de doctorado en Biología, Reyes Herrera dice que los impactos ambientales dependerán de la forma como se desarrolle la infraestructura, pero “el mayor problema que tenemos es que actualmente no existe información confiable de cuáles son las intenciones que hay”.

El académico alerta que “si solamente llegan a rellenar y construir los terraplenes, que es la forma más cómoda de construir, se afectará toda la hidrodinámica de la laguna, los humedales y con eso básicamente cambian todas las características fisicoquímicas del agua y las cuestiones biológicas”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Armenta revive la “Suiza poblana”, el megaproyecto que amenaza La Malinche

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, impulsa el polémico Ecoparque Tlalli Malinche. El plan revive el fallido proyecto de la “Suiza poblana”, intentado antes por gobiernos priistas. Ambientalistas denuncian que la obra es inviable por el riesgo hídrico y la biodiversidad amenazada.

En 51 hectáreas del Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional La Malinche, el gobernador Alejandro Armenta Mier ha propuesto construir un estadio con capacidad para 10 mil personas, un lienzo charro, un hotel de cinco pisos, una alberca olímpica y todo un complejo turístico con lago artificial, tirolesa, gokarts, cablebús, canal para lanchas, restaurantes, salones y auditorios, entre otras amenidades y servicios.

Para los habitantes de Canoa y La Resurrección, juntas auxiliares del municipio de Puebla, este proyecto de explotación de la montaña no es nuevo.

Aseguran que desde el gobierno priista de Melquíades Morales Flores (1999-2005) se pretendía crear un desarrollo turístico, con campos de golf, justo en los terrenos donde ahora el gobernador de Morena planea edificar el llamado Ecoparque Tlalli Malinche.

El proyecto de Melquíades Morales se canceló cuando los pobladores de La Resurrección retuvieron al mandatario y lo obligaron a firmar un desistimiento. Sin embargo, entre los vecinos de la zona circula una versión de que el exgobernador Mario Marín Torres, quien en ese entonces era alcalde de Puebla, había adquirido terrenos en esa zona vía prestanombres. “Ése ha sido un secreto a voces en La Resurrección”, aseguran sobre el también exgobernador priista.
El ambientalista Gerardo Pérez Muñoz menciona que en el sexenio marinista (2005-2011) resurgió la misma propuesta. En ese entonces, recuerda, se habló de edificar un conjunto de chalets en esa misma área de La Malinche y otra del Popocatépetl, al que se referían como la “Suiza poblana”.
“Se aseguró que era un desarrollo turístico-ambiental, pero en realidad fue un proceso de despojo de tierras a los pobladores”, refiere.

Desde los primeros días de su campaña, Armenta lanzó la propuesta de construir tres Centros Deportivos de Alto Rendimiento en la entidad.

En su primer discurso como gobernador, el 14 de diciembre de 2024, puntualizó que esas obras insignias de su sexenio estarán en La Malinche, en el Izta-Popo y en el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, que son tres de las principales cumbres del país que convergen en Puebla.

En sus primeras ruedas de prensa precisó que la primera edificación de este tipo sería en La Malinche, también conocida por los pobladores como Matlalcuéyetl o Malintzi, y ofreció que estaría concluida para finales de 2025. Incluso abrió la posibilidad de rendir ahí su primer informe de gobierno.
Igual reveló que este proyecto incluía estadios de beisbol, futbol, futbol americano y todo tipo de canchas deportivas, que lo convertirían en el centro de alto rendimiento más importante de Latinoamérica.
“Todo con un modelo bioético de alto cuidado, con una escuela de protección al medio ambiente en una zona que fue deforestada, devastada”, dijo el mandatario, pero sin precisar que los terrenos donde se pretende realizar este parque están dentro del Área Natural Protegida (ANP).

“Pronto les daremos a conocer la maqueta”, anunció el 16 de diciembre último, pero hasta la fecha eso no ha ocurrido.

Empresa favorecida

Tres días antes de que Armenta tomara protesta como gobernador, el 11 de diciembre de 2024, la empresa Brudeo Solutions Construcción, SA de CV, ingresó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Ecoparque Tlalli Malinche, que había anunciado en campaña, sin que hasta ahora se haya aclarado cómo es que esa constructora tenía información sobre este parque, si era la propietaria del terreno donde se pretende edificar o bajo qué procedimiento se le dio participación en el proyecto.

De acuerdo con información del Registro Público de Comercio (RPC), la empresa está a nombre de Kristel Flores Cruz y Maricruz Flores Cano, y fue creada en abril de 2022; pero no existe antecedente alguno sobre obras que haya realizado, no aparece en el listado de contratistas de Compranet ni se puede ubicar el domicilio de sus oficinas.

Kristel Flores Cruz figura como la representante legal de la empresa; de ella sólo se conoce que es licenciada en Criminalística y Ciencias Periciales, titulada en 2013, y que trabajó como perito en la Fiscalía General de Puebla.
La Semarnat publicó en su página que Brudeo Solution Construcción se desistió el 10 de enero de la presentación de la MIA, y el día 19 el gobierno de Puebla aclaró que la Secretaría de Infraestructura estatal continuaría ese trámite ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).
El 29 de enero Armenta se reunió con las titulares de la Semarnat, Alicia Bárcena, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, ante quienes insistió que su proyecto de ecoparque es para un “rescate ambiental”; justificó su pertinencia por la tala ilegal que se da en esa zona y adelantó que harán las adecuaciones que se requieran para concretarlo.

En el boletín sobre esa reunión, el gobierno estatal dio por hecho que Bárcena aceptó que esta propuesta “es un polo de desarrollo sustentable”. Proceso preguntó a la dependencia, en particular a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), su posición sobre el proyecto, pero al cierre de la edición, no contestó.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

“Son distintas al Fobaproa”: Sheinbaum rechaza petición de Zedillo para auditar megaobras de AMLO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en su crítica contra Ernesto Zedillo por la implementación del Fobaproa y rechazó una posible auditoría independiente a las obras de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta de México, Claudia Sheinabum, rechazó la petición del exmandatario Ernesto Zedillo para auditar de forma independiente las megaobras, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, y consideró que estas “son muy distintas” al Fobaproa,  con el que, dijo, “se convirtió deuda privada de unos cuantos en deuda pública”.

“Está el Tren Maya, ¿quién lo audita? La Auditoría Superior de la Federación, ahí está la refinería Olmeca, ¿quién la audita? La Auditoría Superior de la Federación, para todos los que nos escuchan, ¿qué es la Auditoría Superior de la Federación? Un organismo independiente que nombran las Cámaras, que además su director no fue nombrado actualmente, sino ya tiene tiempo ahí”, señaló.

“Para qué quiere una auditoría independiente, es que él no está de acuerdo en esas obras y tiene el derecho a no estar de acuerdo, nada más que representa como 20 % de la población, porque el 80 % está de acuerdo con nosotros. Es muy distinto al Fobaproa, que fue convertir deuda privada de unos cuantos en deuda pública, que también fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación y no tiene muy buena opinión”.

Sheinbaum Pardo afirmó que al expresidente Zedillo y a los opositores “no les gusta” que haya regresado la obra pública en México y que se estén construyendo carreteras con recursos públicos, “porque ellos creen que todo debería ser privado, que las carreteras deberían concesionarse”.

La petición de Zedillo

El expresidente Ernesto Zedillo aseguró que la mandataria federal solo pretende desviar la atención sobre las “obras inútiles” heredadas por Andrés Manuel López Obrador y evadir su responsabilidad sobre la “destrucción de la democracia”.

La confrontación entre ambos inició desde septiembre cuando Zedillo la acusó de promover una crisis constitucional con la reforma judicial, pero los desencuentros se avivaron cuando el expresidente publicó que Morena busca transformar la democracia en un régimen tiránico y que la reforma al Poder Judicial puesta en marcha politiza la impartición de justicia y somete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ernesto Zedillo criticó que Sheinbaum no ha respondido su propuesta para que igual que en el caso del rescate bancario, se nombre un auditor internacional independiente, “de impecable reputación profesional, para que se auditen un conjunto los proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador”, entre ellos la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

En tanto, los senadores de Morena alistan una comisión para que se investigue al expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, ya que se “han descubierto auditorías irregulares al Fobaproa”, las cuales se suman a las denuncias de presuntos vínculos con criminales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Zedillo pide a Sheinbaum auditar megaobras de AMLO; la mandataria expone las matanzas de Aguas Blancas y Acteal

Sheinbaum presentó un video en el que se acusó al gobierno de Ernesto Zedillo de represión y autoritarismo. Mientras que el exmandatario la señala de tratar de distraer la atención ciudadana para que no se percate "de los daños causados por las obras inútiles” de AMLO.

Al final de una semana de confrontación, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que el sexenio de Ernesto Zedillo estuvo marcado por “el sello de la represión y el autoritarismo” y, a través de un video, recordó las masacres de Acteal y Aguas Blancas. Mientras que en una tercera publicación en Letras Libres, Zedillo aseguró que la mandataria solo pretende desviar la atención sobre las “obras inútiles” heredadas por Andrés Manuel López Obrador y evadir su responsabilidad sobre la “destrucción de la democracia”.

La confrontación entre ambos inició desde septiembre cuando Zedillo la acusó de promover una crisis constitucional con la reforma judicial, pero los desencuentros se avivaron esta semana cuando el expresidente publicó que Morena busca transformar la democracia en un régimen tiránico y que la reforma al Poder Judicial puesta en marcha politiza la impartición de justicia y somete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los intereses de un solo partido.

La mañana de este viernes, Sheinbaum criticó que se le tache de autoritaria por la oposición, cuando en el sexenio de Zedillo hubo distintas represiones a movimientos sociales e indígenas y se atentaba contra dirigentes sociales desde el Estado.

“¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial, que haya libertad de expresión, que se pueda decir lo que uno quiera, que no se censure?”, cuestionó.

“Así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión”, dijo durante su conferencia de prensa.

En el video mostrado en Palacio Nacional se relatan lo que ocurrió durante la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995, donde 17 campesinos murieron por disparos de policías. La represión de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, donde un grupo paramilitar disparó en contra de la organización indígena Las Abejas, lo que dejó 45 muertos, entre los que habían mujeres embarazadas, niñas y niños.

Así como el caso de Ayutla de los Libres, Guerrero, ocurrida el 7 de junio de 1998, cuando el Ejército mexicano asesinó a 10 miembros de la comunidad indígena en una escuela. También se hizo referencia a lo que pasó en el municipio de El Bosque, Chiapas, donde más de mil elementos del Ejército fuerzas policiacas y atacaron tres comunidad dejando ocho muertos y decenas de detenidos.

Con la exhibición del video, en que se volvió a mencionar el caso Fobaproa, la crisis económica y la devaluación del peso, dijo que ya cerraba el tema.

Zedillo dice que Sheinbaum trata de distraer a la ciudadanía

Este viernes, Zedillo respondió nuevamente a las críticas que ha recibido de la presidenta Sheinbaum, en particular por el tema del Fobaproa. Esta vez, acusó al gobierno actual de “tratar de distraer la atención ciudadana para que no se percate de los daños causados por las obras inútiles” y acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lugar de responder con argumentos a los señalamientos de la “destrucción de la democracia”.

En su publicación publicada, Zedillo señaló que la mandataria se ha limitado a desacreditar la denuncia que he hecho desde el pasado 15 de septiembre por su “reprobable destrucción de la democracia mexicana”, que dijo, incluye la desaparición del Poder Judicial profesional e independiente y su sustitución por uno al servicio del Ejecutivo y Morena “mediante una farsa de elecciones”.

Aseguró que para difamar al gobierno que presidió, de 1999 al 2000, la actual administración insiste en utilizarlas acciones tomadas en el pasado para evitar la quiebra del sistema bancario, el sistema de pagos y la economía nacional.

“Los nuevos voceros del expresidente y la presidenta no debieran tener dificultad para revisar una vez más dicho rescate pues, como es bien sabido, pero ellos sistemáticamente lo tratan de ignorar, el rescate bancario fue objeto de una auditoría independiente llevada a cabo por un auditor internacional nombrado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión—no por el Ejecutivo. Debe subrayarse que el partido del Ejecutivo ya no contaba con la mayoría en esa Cámara cuando se dispuso y ejecutó dicha auditoría, lo cual debiera disipar cualquier duda respecto a la independencia y profesionalismo del trabajo realizado”, afirmó.

Sin dar más detalles sobre el tema del Fobaproa, Ernesto Zedillo criticó que Sheinbaum no ha respondido su propuesta para que igual que en el caso del rescate bancario, se nombre un auditor internacional independiente, “de impecable reputación profesional, para que se auditen un conjunto los proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador”, entre ellos la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

“La ciudadanía tiene todo el derecho a saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esas gravísimas tropelías de López Obrador”.

Lo más grave, insistió, es la “transformación de nuestra democracia en un régimen despótico de partido hegemónico, trágico cambio ya inscrito en la Constitución del país mediante un conjunto de fraudes y abusos a la propia Carta Magna. La presidenta Sheinbaum fue electa gracias a la democracia. Su obligación debiera ser defender esa democracia, de ninguna manera contribuir a su destrucción”.

Senadores de Morena alistan una comisión para que se investigue al expresidente ya que se “han descubierto auditorías irregulares al Fobaproa”, las cuales se suman a las denuncias de presuntos vínculos con criminales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Panel ambiental para el T-MEC recomienda investigar megaproyecto de tren de la 4T

El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte considera necesario que se investigue si el gobierno mexicano incumplió la legislación ambiental en la construcción del tren Ímuris-Nogales. El organismo detectó irregularidades en la evaluación de impacto ambiental.

El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) recomendó al consejo de esta instancia y al Comité de Medio Ambiente del T-MEC que inicie un expediente de hechos para revisar la aplicación de las leyes ambientales por parte del gobierno mexicano en el megaproyecto ferroviario Ímuris-Nogales, obra impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El secretariado concluyó que existen dudas sobre la aplicación de la legislación ambiental por este proyecto, específicamente en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA) y su calidad para prevenir impactos, así como sobre la protección de predios certificados como áreas naturales protegidas en la zona y el acceso público a la información ambiental de la obra.

“El Secretariado observó posibles irregularidades en el proceso de obtención de las autorizaciones en materia de impacto ambiental, entre otras, respecto de los plazos acordados por la normativa aplicable. Por estas razones, el Secretariado recomienda un expediente de hechos para obtener más información sobre la vocación preventiva del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA) y su efectiva instrumentación a lo largo de su ejecución en el Proyecto”, dice la comunicación oficial.

El organismo dejó en claro en la notificación que ya hizo a dichas instancias –y de la que entregó copia a la representación del gobierno mexicano– que, si bien éste último resaltó el valor comercial del proyecto y el beneficio económico que traería a la relación comercial entre México y Estados Unidos, estos no son los factores con base en los cuales revisa el cumplimiento de la normatividad ambiental para la obra.

“El Tratado no autoriza al Secretariado a dar por terminada una petición con base en consideraciones económicas, estratégicas, beneficios sociales u orientaciones en materia de desarrollo urbano, transportes e infraestructuras. En todo caso, sería información pertinente que puede incorporarse en un expediente de hechos”, dice la comunicación de 33 páginas, firmada por el director ejecutivo, Jorge Daniel Taillant.

El proyecto se aprobó y comenzó a construirse sin aplicar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en una zona en la que existen áreas naturales protegidas, pues se aplicó el decreto presidencial expedido por López Obrador que permitió dar prioridad a proyectos que su gobierno consideró prioritarios (como el Tren Maya) con autorizaciones ambientales provisionales otorgadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Pero, en los hechos, lo anterior impidió la realización de una consulta pública y la transparencia de la información sobre el megaproyecto, previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Organizaciones defensoras del medio ambiente de México y EU presentaron una petición para que la Comisión para la Cooperación Ambiental (en el marco del T-MEC) revise si el gobierno mexicano incurrió en violaciones a las normas ambientales al desarrollarlo.

Semarnat, respuesta insuficiente

Las organizaciones ambientalistas informaron en su petición que el trazo ferroviario divide el corredor migratorio Sierra Azul-El Pinito, a la altura del valle de Cocóspera, lo que tendría como efecto la reducción del hábitat de diversas especies animales, como el oso negro, el ocelote y el jaguar, lo mismo que a la tortuga pecho quebrado de Sonora, especie endémica, y describieron impactos en el polígono de Aribabi, donde está delimitada un Área Natural Protegida, afectaciones que ocurrirían tanto del lado mexicano como en territorio estadunidense. 

La CCA solicitó al gobierno federal un informe, mismo que fue remitido por la Semarnat en febrero último, en el cual el gobierno federal recriminó a la CCA que diera entrada a la queja interpuesta por organizaciones ambientalistas y solicitó que sea desestimada, pues, aseguró, la obra cumple las normas y, además, fortalecerá la relación comercial entre México y Estados Unidos. 

El gobierno federal afirmó en esa respuesta que “los impactos que pudieran ocasionarse por el desarrollo de la obra no se consideraron graves o irreparables” y que en la autorización definitiva que se otorgó se establecieron medidas de mitigación y compensación en materia ambiental.

Pero al analizar la información remitida por la Semarnat, el Secretariado notó que no se le ofrecieron datos sobre el cumplimiento de lo establecido en la autorización de impacto ambiental. “La respuesta no informa en qué consistieron las obras y actividades realizadas dos años antes de la obtención de la (autorización); si hubo oportunidad de poner alguna acción o medida antes de iniciar obras; si se consideró suspender la construcción del Proyecto a efecto de instrumentar alguna medida preventiva; o bien, si se valoraron los impactos significativos posterior a que éstos tuvieron lugar”.

El gobierno federal tampoco informó sobre las consideraciones que valoró para determinar que el proyecto ferroviario era viable desde el punto de vista ambiental, tomando en cuenta la existencia de áreas naturales protegidas, corredores biológicos, especies amenazadas o en peligro de extinción, la afectación de escurrimientos acuíferos u otros. “La respuesta no explica si en algún momento hubo factores ambientales determinantes”.

La Semarnat también reveló que algunas de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que según la queja de las organizaciones están en riesgo por la realización del proyecto ferroviario, ya no tienen esa certificación, pues ésta fue cancelada, de acuerdo con la propia Conanp, por lo que la obra ya no tendría que regularse por el régimen de protección para este tipo de reservas.

Específicamente, los registros CONANP319/2012 y CONANP-250/2011 corresponden a los predios Potrero de los Silos, Potrero Los Amorosos, predio Los Vallecitos y Rancho El Aribabi Fracción A; las certificaciones ambientales se denominan Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, ADVC y, según el gobierno mexicano, fueron canceladas después de que fueron adquiridas como parte de las extensiones territoriales del derecho de vía del tren.

Aunque en realidad, las propias autoridades promovieron esa cancelación, pues fueron las que adquirieron los predios.

Esto fue visto por la CCA: “El organismo trilateral también observó que, entre la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental para la obra a cargo de la Sedena y la obtención de la autorización, se gestionó la cancelación de los certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC)”.

Pero mientras preparaba esta notificación, la CCA encontró que los registros de ADVC todavía estaban publicados por la Semarnat.

Por eso, considera que el expediente de hechos servirá para arrojar información sobre el proceso de cancelación de los certificados, pues “no solo existen ambigüedades respecto de la cronología y regularidad de los trámites relativos a dicha cancelación, sino también, se carece de elementos en la respuesta sobre el valor ambiental del sitio” para que se pudiera preservar la certificación.

El expediente también podría aclarar si la obra tiene incidencia sobre las áreas naturales protegidas que se mencionan por parte de las organizaciones ambientalistas. Y es que el gobierno mexicano omitió incluir los certificados, la vigencia y las imágenes de su ubicación con respecto al paso ferroviario en el informe que hizo llegar al organismo.

De manera central, el Secretariado determinó que la respuesta (de la Semarnat):
No arrojó información sobre los esfuerzos desplegados para la implementación de las medidas de mitigación, prevención y compensación identificadas.
Además, dice haber encontrado “ciertas discrepancias” en la cronología que reportó el gobierno federal sobre la cancelación anticipada de los certificados de áreas de conservación en la zona impactada por el megaproyecto.

La CCA resalta que la respuesta del gobierno mexicano no aclara la falta de información pública sobre el trazo del proyecto –otro punto de la queja de los ambientalistas– “limitándose a aseverar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo disponibles ciertos documentos en su plataforma en línea (sin que su accesibilidad se pueda verificar) y en las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México”.

El organismo observó que la información del trazo permaneció confidencial por lo que no fue accesible al público en las fases iniciales del proyecto, lo que perjudicó el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía.
La información de la respuesta –expone el Secretariado– confirma una de las aseveraciones centrales de los Peticionarios: la falta de información sobre el Proyecto a efecto de estar en posibilidad de ejercer el derecho a la información consagrada en la LGEEPA, pues hubo información esencial para conocer el proyecto que no fue dada a conocer al público durante el PEIA y sólo se hizo pública (al menos la información crítica como el trazo del Proyecto) hasta que se emitió la AIA (autorización de impacto ambiental).
Consideró que un expediente de hechos servirá para brindar más claridad sobre cómo se instrumenta el acceso a la información ambiental en el marco del proyecto.

“Por ejemplo, puede determinarse el momento y alcance de la información que se tuvo para poder conocer los impactos ambientales del proyecto a efecto de poder ejercer el derecho a la información ambiental, el cual comprende, además la solicitud de una reunión pública de información”.

De acuerdo con el procedimiento de la CCA, el expediente de hechos se elaborará si dos miembros del Consejo del organismo lo aprueban, según lo establecido en el Capítulo 24 del T-MEC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Ciudadanos exigen no autorizar Viaducto Elevado sobre el río Santa Catarina, en NL

En torno a la construcción de un viaducto elevado, ciudadanos encabezan una lucha jurídica desde 2023 contra el desmonte de la vegetación del río Santa Catarina, aliada ante la contaminación atmosférica en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

La asamblea ciudadana “Un río en el río” exigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no aprobar al Gobierno de Nuevo León el permiso ambiental para construir un viaducto elevado de cuota desde el municipio de San Pedro hasta el de Guadalupe, en alrededor de 16 kilómetros del río Santa Catarina.

Las autoridades estatales aseguraron en la Manifestación de Impacto Ambiental que supuestamente reducirá el tráfico vial con seis carriles y, con ello, disminuirá las emisiones que han empeorado la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey.

Sin embargo, con evidencia científica, la asamblea ciudadana encabeza una lucha jurídica desde 2023 contra el desmonte de la vegetación del río, sobre el cual recae el mito de que está muerto.

Por el contrario, el cauce es hábitat de más de 800 especies, incluso protegidas como la mariposa monarca, el castor americano o la tortuga concha blanda, además de ser una barrera contra inundaciones derivadas de huracanes o tormentas como lo visto con “Alex” (2010) y “Alberto” (2024), fenómenos cada vez más intensos por la crisis climática.

Asimismo, en una metrópoli industrial que registra niveles insalubres de contaminación atmosférica, el río y su vegetación son aliados para la regulación de temperatura y de mala calidad del aire.
“El río Santa Catarina nace en el Parque Nacional Cúmbres de Monterrey y atraviesa toda el área metropolitana de Monterrey. Este cauce y su vegetación nos brindan una cantidad exorbitante de beneficios ambientales en una ciudad cada vez más industrializada. El cauce nos ayuda a infiltrar el agua de las lluvias al manto acuífero, ayuda a mermar las temperaturas extremas, limpia nuestro aire al capturar partículas (PM 2.5 y PM 10), es un espacio de recreación y encuentro para la comunidad, y es el hábitat de más de 850 especies protegidas por la NOM-059 de la Semarnat; y en general es de los últimos pulmones que tenemos”, dijo Andrea Villareal, integrante de la asamblea “Un río en el río”.
El río Santa Catarina tiene categoría de área natural protegida, pero se siguió permitiendo actividad comercial. Aunque no alberga tantas descargas residuales industriales como el río Pesquería, la asamblea ciudadana está buscando ampliar su polígono de protección para blindarlo de infraestructuras como un viaducto vial o un monorriel-metro y, en cambio, pueda fungir como un corredor biológico incluyendo el icónico cerro de La Silla y el parque La Huasteca.

“Tiene un potencial tremendo. El río actualmente ya tiene una categoría de área natural protegida que se estableció en 2008 con un parque lineal con ciclovía y canchas privatizadas. Pero la Conagua permitía actividad comercial en el río, entonces hay un vacío legal de si está protegido o no, por lo que estamos trabajando con las autoridades por una nueva categoría de corredor biológico para el río, blindarlo de obras de infraestructura como el Viaducto Elevado o el monorriel-tren e iniciar labores de restauración”, aseveró Andrea.

En una consulta pública abierta por la Semarnat, los integrantes de la asamblea han presentado observaciones de inconsistencias en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por el Gobierno de Nuevo León para construir el viaducto vial.

Por ejemplo, el documento admite actividades de desmonte, pero no detalla cuántas hectáreas de vegetación serán taladas y removidas; se niega que pueda afectar el cauce del río a pesar de que reconoce que habrá pilotes en medio y concluye que el viaducto elevado no tendrá un impacto ecológico al asegurar que el huracán Alex (2010) afectó a la flora y fauna del cauce, pero omite que en los últimos años se regeneró considerablemente.

Desmonte e incendios

Desde 2023 el Gobierno de Nuevo León y la Conagua comenzaron labores de desmonte de vegetación de un kilómetro a la altura de Guadalupe, alrededor del río Santa Catarina, bajo el argumento de un supuesto riesgo de que los árboles (pino, encino, sauce y alamillos) provocarían una inundación ante cualquier huracán. Sin embargo, la tormenta “Alberto” en 2024 demostró lo contrario: la vegetación ayudó a mitigar el desastre.
“Desde un paradigma hidráulico del siglo XX, la mejor propuesta que se tenía era canalizar o entubar los ríos como control de inundaciones en los procesos de aceleración urbana como la CDMX. Pero esto obedece a un modelo del siglo XX que desafortunadamente todavía está en la Conagua, tienen un gran retraso en actualizar su política hídrica. El paradigma nuevo que se tiene en materia de gestión de las inundaciones lo podemos ver en Europa, que restaura ríos y cuencas para que sirvan de defensa contra fenómenos como las inundaciones provocadas por tormentas o huracanes. Pero la Conagua todavía está desactualizada, únicmente tiene una visión desde la ingeniería civil que se traduce a concreto y cemento”, explicó Cuauhtémoc Osorno.
Detrás del desmonte no estaba la preocupación de eventuales inundaciones, sino la intención de construir un viaducto elevado, como la asamblea detectó. Con una estrategia legal, logró obtener cuatro amparos del Poder Judicial Federal que de momento detuvo las actividades de deforestación. Aunque a la par, se registraron incendios en un tramo de Guadalupe sin que hasta la fecha haya detenidos.
“Actualmente existe el plan de construir un nuevo viaducto a lado del río Santa Catarina y hace falta mucha información técnica sobre los impactos que generaría, ya que hemos revisado que la Manifestación de Impacto Ambiental omite muchos detalles técnicos sobre los riesgos que generaría al río Santa Catarina y su biodiversidad. Estamos participando en un proceso de consulta pública que puso la Semarnat a disposición del público para dirigir comentarios técnicos y legales”, dijo Cuauhtémoc Osorno, miembro de la asamblea ciudadana.
Además de las observaciones sobre el impacto ecológico del viaducto elevado, Cuauhtémoc Osorno dijo que la asamblea “Un río en el río” está luchando contra la desinformación en torno a los supuestos beneficios viales de la obra.

“Se intenta justificar por el actual tráfico y congestionamiento vehicular que existe en el área metropolitana de Monterrey, y a la par se trata de enverdecer este proyecto diciendo que se van a generar menos gases de efecto invernadero, pero si revisamos la Manifestación de Impacto Ambiental, no existe ningún estudio que aclare los beneficios puntuales; no existe información científica, solo son discursos de que este viaducto resolverá el grave problema sistémico de la mala calidad del aire”, expuso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.