El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) alertó en su reciente informe sobre una violencia sostenida en contra de defensores del medio ambiente, en la que ha identificado cada vez mayor participación de actores del Estado; registra cuatro víctimas de ejecución extrajudicial.
El 6 de junio de 2024 organizaron un plantón frente a una granja porcícola en la comunidad de Totalco, 14 días después cerraron la carretera Perote-Puebla y el acceso a la granja. Ante las acciones de protesta, el gobierno del estado envió a la Fuerza Civil, quienes reprimieron a los manifestantes, persiguieron a las personas hasta sus domicilios, incluso entraron a sus viviendas y dispararon armas de fuego, golpearon a las personas y detuvieron arbitrariamente a varios integrantes de su movimiento.
Jorge y Alberto intentaron protegerse huyendo en un tractor, sin embargo, fueron perseguidos y asesinados por los elementos de seguridad. Tras el impacto de la noticia su padre sufrió un infarto y también murió.
En 2024, 25 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México, un aumento de 25 % respecto a 2023, cuando se registraron 20 homicidios; cuatro casos, entre ellos los de Jorge y Alberto se trataron de ejecuciones extrajudiciales, es decir, la privación de la vida fue perpetrada por un agente del Estado u otra persona actuando bajo su mando, de acuerdo con el informe realizado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Las cifras de agresiones letales documentadas durante el 2024 sólo han sido superadas en el año 2017, cuando se registraron 29 víctimas de asesinatos.
El Estado, principal agente agresor de defensores del medio ambiente
La organización alertó en su último informe sobre una violencia sostenida en contra de defensores del medio ambiente, en la que se ha identificado cada vez mayor participación de actores del Estado mexicano como responsables de gran parte de las agresiones.
De hecho, según sus datos, el año pasado el principal agente agresor de los defensores ambientales fue el Estado: sus ataques subieron 16 puntos porcentuales, al pasar de 49.5 % a 65.9 % entre 2023 y 2024.
De acuerdo con el informe, el Estado participó en 62 eventos de agresión, de un total de 94 ocurridos en 2024, le siguieron las empresas privadas, que participaron en 25 eventos de agresión relacionadas con megaproyectos impulsados o financiados por ellos. En tanto, la delincuencia organizada participó en 17.
Los eventos de agresión atribuidos a la delincuencia organizada descendieron de un 29.6 % a 18 % de 2023 a 2024. Mientras que los encabezados por las empresas privada se incrementaron del 15.4 % a 26.5 %.
Asimismo, la información registrada revela que el gobierno federal participó en 18 eventos de agresión contra defensores ambientales; algún tipo de cuerpo de policía (13); fiscalías (13); el gobierno estatal (9); la Guardia Nacional (3); gobiernos municipales (2); la Secretaría de Marina (2); la Secretaría de la Defensa Nacional (1); y otras autoridades (1).
Tras el episodio violento del 20 de junio en la comunidad de Totalco en el que murieron Jorge y Alberto, el gobierno de Veracruz anunció la desaparición de la Fuerza Civil, corporación policiaca que confrontó y disparó contra los habitantes de esa comunidad. De esta manera, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quedaron bajo un mando único dependiente directamente de la Subsecretaría de Operaciones.
La Fuerza Civil fue creada en 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y presentada como una agrupación élite dentro de la misma Secretaría de Seguridad Pública. Desde su creación ha sido señalada por abuso de autoridad y violencia y extorsión.
Adriana y Virginia, otros dos casos de probables ejecuciones extrajudiciales
Adriana y Virginia Ortiz García, mujeres indígenas triquis originarias de San Juan Copala, Oaxaca, defensoras de la tierra y su territorio, fueron asesinadas la madrugada del 6 de noviembre de 2024 al momento de descender de un taxi que las trasladó a su domicilio después de vender sus artesanías en el Zócalo de la ciudad.
Las hermanas formaban parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que denuncia el despojo de territorio y recursos naturales en perjuicio de las comunidades triquis de Oaxaca.
La Fiscalía Oaxaca identificó que uno de los sujetos imputados en el asesinato de las hermanas era elemento activo de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, por lo cual este caso se trata como una probable ejecución extrajudicial.
Los ataques contra defensores ambientales
En el 2024 se documentaron 94 eventos de agresión, con 236 agresiones específicas, así como cuatro casos de desaparición. Las principales formas de agresión a personas defensoras de los derechos ambientales, además del homicidio, son la intimidación, el hostigamiento, la difamación, la estigmatización y la criminalización.
Quienes sufrieron más agresiones son personas que pertenecen a una comunidad, ya sea indígena o agraria.
Oaxaca, con 15 agresiones, fue la entidad federativa más peligrosa para los defensores del medio ambiente el año pasado, seguida de Chiapas (9), Michoacán (9), Puebla (9) y Veracruz (8). En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados, lo cual equivale al 53.1%.
Otros estados, como Quintana Roo, Ciudad de México, Sonora y Baja California Sur, también registraron eventos de agresión.
En tanto, los sectores más letales para la defensa del medio ambiente y el territorio fueron: minería (11 víctimas), forestal (5 víctimas), urbano (1 víctima), contaminantes (1 víctima), agropecuario (3 víctima), vías de comunicación (1 víctima) y otros (3 víctimas). Estos datos corresponden a los homicidios y ejecuciones extrajudiciales documentadas.
Según los datos del informe de Cemda, los proyectos con más eventos de agresión registrados durante 2024 fueron las granjas porcícolas (10), distintas edificaciones habitacionales, de servicios y comerciales (10), la tala forestal ilegal (11), el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (7), distintos proyectos mineros como La Revancha y Natividad (6), el Tren Maya (4), relleno sanitario en Paso de Ovejas y en Cholula (4), y la pesca ilegal (3).
De 2020 a 2024 han asesinado a 112 defensores
Durante los últimos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses del de Claudia Sheinbaum, de 2020 a 2024, se han documentado 578 eventos de agresiones y se registraron mil 428 agresiones a defensores del medio ambiente, de las cuales 112 corresponden a agresiones letales.
En todo este periodo, el gobierno es el principal agente agresor en México y sus porcentajes de participación en los eventos documentados por el informe del Cemda han crecido considerablemente en los últimos años.
En el 2020 algún servidor público fue señalado con algún tipo de participación en el 40 % de las agresiones; en el 2021 este señalamiento fue de 41.7 %. Para el 2022 fue de 45 %; en 2023 subió a 59.5% y en el 2024 el porcentaje incrementó significativamente, al registrar el 65.9 % de dichas agresiones.
En ese periodo, la mayor parte de las agresiones se ha registrado en Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.
El informe de la organización advierte que ante el panorama de violencia contra defensores ambientales y del territorio es urgente la implementación y aplicación de medidas de prevención y de reacción que vayan acorde al Acuerdo de Escazú, el tratado que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales dentro de América Latina y el Caribe.
Finalmente, la organización aborda la necesidad de continuar exigiendo la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos ambientales, tomando en consideración que estos derechos, al ser de carácter colectivo, requieren que su defensa también lo sea.
“La labor de las personas y comunidades defensoras, su resistencia y resiliencia, así como la reflexión colectiva, nos dan esperanza de un país en donde defender los derechos humanos sea una labor que pueda realizarse en un entorno seguro y propicio. El contexto actual no ha cambiado significativamente y los ataques en contra de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales representan un grave problema en México que no se detiene”, señala.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA CASASOLA.
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