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Poder Judicial será autónomo, pero sin aislarse ni confrontarse con el gobierno, dice Hugo Aguilar

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participó en un evento en la Cámara de Diputados para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Luego de eso, se deslindó de Morena y aseguró que no es cercano a ningún partido político.

Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que en su gestión peleará por la autonomía del Poder Judicial, aunque esto no implicará que se aísle o se confronte con el gobierno y el Congreso.

Aguilar, quien será ministro presidente de la Corte entre 2025 y 2027, señaló que bajo su mandato el Poder Judicial tendrá autonomía, aunque no una “malentendida” en la que no haya diálogo con los otros Poderes de la Unión.

“A lo largo de mi vida he sido un constructor de la autonomía de los pueblos indígenas y con esa experiencia no voy a dejar de pelear por la autonomía del Poder Judicial, pero no una autonomía malentendida que implique aislamiento, ruptura o confrontación. Vamos a construir un diálogo con los otros poderes por el bien de México, todos somos parte del mismo país y tenemos propósitos comunes”, señaló el ministro presidente electo.

Hugo Aguilar participó en un evento en la Cámara de Diputados para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Luego de eso, en conferencia de prensa, se deslindó de Morena y aseguró que no es cercano a ningún partido político, a pesar de que entre 2019 y 2025 fue funcionario público en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

“No tengo carrera política, no tengo compromiso con ningún partido político, agrupación política ni con otros sectores que tengan intereses en la Corte. Yo llego por la reforma judicial (…) para mí en lo personal ha sido la oportunidad histórica para llegar a este espacio y servirle a la nación, a mí me respaldan los votos que la ciudadanía me dio”, señaló.

Hugo Aguilar Ortiz iniciará su periodo como ministro presidente de la Corte en septiembre, mes en el que saldrán los 11 ministros que actualmente componen el Pleno del máximo tribunal y entrarán las nueve personas que fueron elegidas en la elección judicial para tomar ese cargo.

En el caso de Aguilar Ortiz, él recibió 6.1 millones de votos, la mayor cantidad de apoyos, por lo que ganó la presidencia del máximo tribunal para los próximos dos años.

Nueva Corte revisará el anteproyecto de presupuesto de 2026

Hugo Aguilar adelantó que los nuevos ministros de la Corte revisarán el anteproyecto de presupuesto para 2026 de casi 5 mil 870 millones de pesos, el cual fue aprobado por el Pleno del máximo tribunal ayer 12 de agosto.

“Estamos revisando el funcionamiento de la Corte y vamos a hacer algunos ajustes, a proponer algunos ajustes porque quien va a tomar decisión va a ser el Órgano de Administración Judicial, pero lo hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja”, dijo el ministro presidente electo.

Añadió que “acercar la justicia al pueblo” no requerirá un presupuesto mayor al que actualmente tiene la Corte, ya que se reorientará el dinero a otras tareas. “No va a haber una contradicción entre austeridad y eficiencia, vamos a hacer mucho con poco”, expresó.

El futuro ministro presidente agregó que será hasta que tome protesta de su cargo cuando empiece a revisar el presupuesto de 2026 junto con la Cámara de Diputados, que es la instancia que lo debe aprobar.

Hugo Aguilar insta al Congreso a aprobar leyes secundarias de reforma indígena

Entre otros temas, Hugo Aguilar Ortiz enfatizó ante los diputados que uno de los pendientes del Congreso es aprobar las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que se aprobó el año pasado.

“Uno de los retos es generar una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que está mandatado en la reforma constitucional. Si la norma constitucional no adquiere un desarrollo normativo importante que le dé certeza a todos, puede quedar en letra muerta”, advirtió Hugo Aguilar.

La reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024. A partir de esa fecha, el Congreso tenía seis meses para aprobar las leyes secundarias que le dieran operatividad a los cambios planteados en la Constitución, pero eso no ha sucedido hasta ahora.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

En 2024, 38.5 millones de mexicanos vivían en situación de pobreza, 6.8 puntos porcentuales menos que en 2022: Inegi

La población en México en pobreza multidimensional pasó del 36.3 % en 2022 al 29.6 % en 2024, lo que significa una reducción de 6.8 puntos porcentuales.

En 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional en México. Esta cifra representa una disminución de 8.3 millones de personas respecto a 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos porcentuales, la población en pobreza multidimensional pasó del 36.3 % en 2022 al 29.6 % en 2024, lo que significa una reducción de 6.8 puntos porcentuales.

El Inegi presentó por primera vez los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, atribución que le fue conferida y que asumió desde el pasado 17 de julio tras la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La población en situación de pobreza multidimensional es aquella que tiene ingresos insuficientes para poder adquirir bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades y que además no tienen garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales, como son educación, vivienda, seguridad social, salud y alimentación.

En ese sentido, sus resultados mostraron que el año pasado, 3 de cada 10 mexicanos no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales y su ingreso mensual no era suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios necesarios.

Carencias sociales muestran disminución en 2024; seguridad social es la que más afecta

Los resultados del Inegi indicaron las carencias sociales por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación se redujeron en 2024, sin embargo, entre 2022 y 2024 aumentó el porcentaje de población vulnerable por dichas carencias en 2.7 puntos porcentuales, ubicándose en 32.2 % el año pasado.

Asimismo, indicó que a nivel nacional, la carencia con mayor impacto en la población fue la de acceso a la seguridad social, pues el 48.2 % de la población -62.7 millones de personas- se vio afectada por ella.

Aunque persistió, esta carencia disminuyó dos puntos porcentuales entre 2022 y 2024, pasando del 50.2 % al 48.2 % de la población.

En cuanto a otras carencias sociales, todas mostraron una reducción.

• Rezago educativo: Afectó a 24.2 millones de personas (18.6 %).

• Acceso a los servicios de salud: disminuyó de 39.1 % en 2022 a 34.2 % en 2024, afectando a 44.5 millones.

• Calidad y espacios de la vivienda: pasó de 9.1 % en 2022 a 7.9 % en 2024, afectando a 10.3 millones de personas.

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda: disminuyó de 17.8 % en 2022 a 14.1 % en 2024, impactando a 18.4 millones de personas.

• Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad: se redujo de 18.2 % en 2022 a 14.4 % en 2024, afectando a 18.8 millones de personas.


En cuanto al Bienestar Económico, en 2024, 46.0 millones de personas tenían un ingreso inferior a las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), lo que representa el 35.4 % de la población, una reducción desde el 43.5 % en 2022.

Asimismo, 12.1 millones de personas contaban con un ingreso inferior a las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) en 2024, lo que significa el 9.3 % de la población, disminuyendo desde el 12.1 % en 2022.

Pobreza por entidades

Las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza multidimensional en 2024 fueron:

1. Chiapas: 66.0 %
2. Guerrero: 58.1 %
3. Oaxaca: 51.6 %
4. Veracruz: 44.5 %
5. Puebla: 43.4 %

En contraste, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California (9.9 %), Baja California Sur (10.2 %), Nuevo León (10.6 %), Coahuila (12.4 %) y Sonora (14.1 %).

Para la pobreza extrema en 2024, las entidades con los porcentajes más altos fueron Chiapas (27.1 %), Guerrero (21.3 %), Oaxaca (16.3 %), Veracruz (8.8 %) y Puebla (7.3 %). Las entidades con los porcentajes más bajos incluyeron Baja California (0.4 %), Nuevo León (0.5 %) y Aguascalientes (0.6 %).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU alerta por terrorismo en 30 estados de México

La alerta señala que hombres armados patrullan libremente y que las fuerzas de seguridad locales tienen capacidad limitada para responder

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje de nivel 4 (el máximo en su escala) debido a terrorismo, violencia, inseguridad y secuestro en 30 de las 32 entidades de México –excluyendo a Yucatán y Campeche-. 

La alerta señala que hombres armados patrullan libremente y que las fuerzas de seguridad locales tienen capacidad limitada para responder. Incluso advierte de ataques a autobuses y vehículos particulares con fines de secuestro.

México no es seguro para sus ciudadanos debido a la alta incidencia de delitos violentos como homicidios, robos de vehículos y asaltos, así como el riesgo de ataques por parte de grupos criminales, advierten. 
Tenga más cuidado en México debido al terrorismo, la delincuencia y el secuestro. En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. 
“Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México. Para más información, consulte los informes nacionales sobre terrorismo del Departamento de Estado”, dijo el Departamento de Estado.

Entre los estados con alerta se encuentra Tamaulipas, en la que prohíbe a sus ciudadanos viajar a la entidad debido a la violencia e inseguridad. 

En el mismo nivel se encuentran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. El aviso advierte sobre homicidios, robos, secuestros y presencia de grupos armados, especialmente en la franja fronteriza de Matamoros a Nuevo Laredo, así como en Reynosa, San Fernando y Ciudad Victoria. 

En el caso de Tamaulipas, el aviso señala que la violencia generada por organizaciones delictivas es frecuente, sobre todo en la franja fronteriza, de Matamoros a Nuevo Laredo, de Reynosa a San Fernando, y en Ciudad Victoria. Ahí se han registrado tiroteos, secuestros, robos con violencia, desapariciones forzadas y agresiones sexuales. 

La alerta advierte también sobre ataques en la zona norte del estado dirigidos a autobuses y vehículos particulares, cuyo objetivo, en ocasiones, es secuestrar a ciudadanos estadounidenses para exigir rescate. Casos similares se han registrado en pasajeros y automovilistas que viajan de Monterrey a Reynosa y Matamoros. 

El gobierno estadunidense señala que, en estas zonas, muchos de sus ciudadanos y residentes legales permanentes han sido víctimas de secuestro, y que hombres fuertemente armados de organizaciones delictivas patrullan libremente, especialmente a lo largo de la región fronteriza entre Reynosa y Nuevo Laredo. Las fuerzas del orden locales, advierte, tienen capacidad limitada para responder. 

El documento concluye que incluso los empleados del gobierno estadounidense tienen estrictas restricciones de viaje, entre ellas: no viajar entre ciudades durante la noche, evitar desplazarse solos, no abordar taxis en la calle y no conducir entre ciudades fronterizas ni en el interior del país, salvo en casos excepcionales.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA QUINTÁ URESTI.

Nuevo titular de la UIF promete no ser “instrumento de persecución” y pone la mira en el lavado de dinero

Colmenares reconoció que uno de los puntos inmediatos que estará atendiendo es la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Al ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares expuso que el organismo que ahora encabeza no será “un instrumento de persecución”, esto mientras el gobierno de Estados Unidos incrementa la presión sobre México para golpear financieramente a los cárteles. 

“No seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. Fortaleceremos la cultura de la denuncia, la colaboración con la sociedad civil, ampliaremos los programas de capacitación en prevención de lavado de dinero y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero”, dijo desde el Senado.

Sin embargo, Colmenares expuso que su nueva gestión no será pasiva. Adelantó que desplegarán procesos de análisis de información para identificar el lavado de dinero que circula en la banca mexicana y que es aprovechado por los narcos, los mismos que Estados Unidos catalogó como grupos terroristas. 

“Asimismo, quisiera comentarle que todo el tema de las organizaciones transnacionales y las organizaciones nacionales que operan y utilizan la banca nacional para poder blanquear su dinero, en la Unidad de Inteligencia Financiera estaremos utilizando procesos de análisis de información para poder identificar estos riesgos y poder mitigarlos”, dijo el nuevo titular de la UIF, que llega al cargo tras la salida de Pablo Gómez, quien ahora encabeza la Comisión para la reforma electoral. 

La estrategia que delineó incluye reforzar los canales de cooperación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para enfrentar el lavado de dinero transnacional y los delitos fiscales globales. 

También, dijo, se rastrearán las redes de corrupción que desvían recursos públicos y se pondrá la lupa sobre funcionarios que participan en ellas. 

Evaluación de GAFI

En paralelo, Colmenares reconoció que uno de los puntos inmediatos que estará atendiendo es la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Esta mide si México cumple con los estándares globales contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. 

“Estamos trabajando para demostrar ante este organismo internacional el cumplimiento técnico y la solidez de nuestro marco legal”, sostuvo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Los 26 extraditados seguían delinquiendo desde prisión: García Harfuch

Además buscaban beneficios judiciales, dijo el titular de la SSPC durante la conferencia del Gabinete de Seguridad en la que se explicó el traslado de “generadores de violencia” a Estados Unidos.

Bajo el argumento de que los 26 “generadores de violencia” enviados a Estados Unidos continuaban operando delincuencialmente dentro de las cárceles mexicanas “ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”.y además buscaban beneficios judiciales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, defendieron el traslado de criminales como un “acto de soberanía” de México.

En conferencia de prensa, García Harfuch sostuvo que aún recluidos en cinco penales federales y cuatro federales, los 26 expulsados del país “continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas” autorizadas legalmente que “eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”.

Sin explicar si esas actividades delictivas desde prisión implicaban la colusión de autoridades penitenciarias o si se habían integrado carpetas de investigación, el funcionario agregó que “muchos” de los 26 obtuvieron amparos para ser trasladados a “cárceles de baja seguridad e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión, en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga”.

Como ejemplos de beneficios judiciales  obtenidos por delincuentes de alto impacto, García Harfuch contó que entre los 29 capos enviados a Estados Unidos en febrero pasado, Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, logró posponer su proceso de extradición en 79 ocasiones, mientras que Óscar Treviño, alias Z-42, lo logró en 54.

A punto de entrar en vigor el nuevo Poder Judicial, que sustituiría según los argumentos oficiales a un Poder Judicial “corrupto”, el funcionario señalo que “existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”.

Tras siete años de gobiernos de Morena al frente de la seguridad pública y nacional, García Harfuch insistió que enviar a Estados Unidos a 26 personas implicadas en cárteles del narcotráfico fue una “medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, misma que forma parte de la anunciada Estrategia Nacional de Seguridad y contra la Extorsión.

Al puntualizar que se trató de “una decisión soberana” apegada a la Ley de Seguridad Nacional y determinada por el Consejo de Seguridad Nacional, García Harfuch reconoció la coordinación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo el traslado de los “26 generadores de violencia”, contra quienes había en aquel país causas judiciales abiertas.

“El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas que han sido víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en los mensajes, donde muchas veces lamentablemente desde prisiones siguen operando.

“¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan, es eso, tal cual, de manera muy concreta, que, al sacarlos de nuestro país, no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana”,  es decir, de lo que se trata es de que “no continúen operando desde los centros penitenciarios y romper sus redes de influencia” puntualizó Omar García Harfuch.


Posibles nuevos traslados

El titular de la FGR apuntó la posibilidad de continuar realizando ese tipo de traslados, que se suman a los 29 registrados en este mismo año, ambos envíos en coincidencia con amenazas del presidente Donald Trump de la imposición de aranceles a México.

“Estas acciones se hacen a petición de un país requeriente, si hubiera alguna otra solicitud en el futuro, la consideraría el Consejo y, si es procedente, la vamos a cumplir; no es ni limitativo ni privativo, pero sí tiene que haber una solicitud de un gobierno y esa solicitud tiene que venir debidamente fundada y motivada”, dijo Gertz, quien destacó que dentro de las consideraciones que el país solicitante tiene que tomar en cuenta es que las personas requeridas no pueden ser sometidas a pena de muerte, por no ser compatible con la legislación mexicana.

Tras señalar que el fundamento jurídico que se ha usado tanto en el traslado estos 26 como de los 29 criminales enviados a Estados Unidos en febrero pasado es el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y no el Tratado de Extradición, Gertz Manero dijo que los traslados representan “un mensaje fundamental que va dirigido a toda la delincuencia que opera en contra de los países”.

Apuntó que el mensaje es que “para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países no va a haber ningún obstáculo legal que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad”.

El fiscal general reiteró que las acciones están fundamentadas en “la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la Convención de Palermo, existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo de nuestros dos países, y eso es lo que estamos ejerciendo”.

De acuerdo a la SSPC en el operativo de traslado de los 26 criminales participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.

Los capos fueron salieron desde la Base Aérea Militar Número 1, de Santa Lucía, en 11 aeronaves de la Sedena  y una aeronave de la Semar, siendo ocho trasladados a White Plains en Nueva York;  uno a John F. Kennedy también en Nueva York; cinco a San Diego, California;  seis a Phoenix, Arizona, y seis a Dulles, Virginia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Dato protegido y disculpas públicas: morenistas recurren a la censura contra periodistas y ciudadanos

Casos como las disculpas públicas de La Barra Noticias en Campeche a Layda Sansores, y Karla Estrella a la diputada Diana Karina Barreras, evidencian una tendencia al uso de la censura contra periodistas y ciudadanos.

En lo que va de 2025 se han documentado públicamente casos de censura contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación por críticas o cuestionamientos hacia actores políticos de Morena y a personas candidatas a distintos cargos.

Entre las figuras jurídicas utilizadas para justificar estas acciones está la “violencia política de género”, que ha derivado en sanciones, censura y eliminación de publicaciones.

Uno de estos casos fue el del periodista Héctor de Mauleón, obligado a retirar una columna y ofrecer disculpas tras una denuncia por violencia política de género en Tamaulipas; otro más fue el de Ángel Camarillo, multado y sancionado en Veracruz por señalar presunto nepotismo; y el de Jorge Luis González en Campeche, sujeto a revisión de sus publicaciones por orden judicial.

También se registraron sanciones contra periodistas de La Barra Noticias en Campeche; contra la periodista Rubí Soriano, en Puebla, y contra reporteros de El Tlacolol, en Guerrero.

En el ámbito ciudadano, destacan el caso del abogado Carlos Velázquez de León, denunciado por Gerardo Fernández Noroña y obligado a una disculpa pública; el de Karla Estrella, sancionada por un mensaje en redes de 2024 en el que cuestionó a la diputada Diana Karina Barreras, ahora conocida como “dato protegido”; y el de la actriz Laisha Wilkins, requerida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir “Dora la Censuradora” en una publicación sobre una excandidata a la SCJN.


Incremento de acoso judicial

De acuerdo con datos de la organización Artículo19, cada tres semanas se registra al menos un caso de censura en contra de periodistas o medios de comunicación en México, considerando todo tipo de incidentes, incluidos litigios, demandas por daño moral y acusaciones de violencia política en razón de género. Dentro de esa cifra general, el acoso judicial representa solo una parte: entre 2020 a la fecha, la organización ha documentado entre 20 y 30 casos de este tipo, cuyo objetivo ha sido detener investigaciones, retirar contenidos publicados o generar un ambiente de intimidación.

Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, señala en entrevista que, desde 2007 —año en que la organización inició el monitoreo de la libertad de expresión en México—, las agresiones contra periodistas han aumentado entre 8 % y 10 %. Las agresiones incluyen asesinatos, desapariciones, amenazas en línea y acoso judicial.

Cárdenas menciona que legislaciones como la llamada “Ley censura” en Puebla afectan no solo a periodistas y medios, sino también a ciudadanos que critican a autoridades en redes sociales. La reforma sanciona el “ciberasedio” —insultos, hostigamiento o intimidación digital— con penas de hasta tres años de prisión y fue impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y publicada el 13 de junio en el Periódico Oficial del estado, entrando en vigor al día siguiente.

El representante de Artículo 19 advierte que el acoso judicial es utilizado para silenciar investigaciones o eliminar publicaciones, así como para generar un clima en el que los periodistas duden sobre los temas que pueden abordar. Indica que, incluso con coberturas basadas en derechos humanos, existe el riesgo de enfrentar procesos legales.

Casos en Tamaulipas, Campeche, Puebla y Guerrero

El primer caso del año se registró el 1 de mayo, cuando Héctor de Mauleón publicó en El Universal la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, en la que vinculó a Tania Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial estatal, con una red de huachicol. Contreras presentó una denuncia por violencia política de género, y el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó al medio y al columnista retirar la publicación y ofrecer disculpas públicas. 

Días después, el 17 de mayo, el periodista veracruzano Ángel Camarillo fue sancionado por publicar una investigación sobre presuntos casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos en Veracruz. La sala regional del Tribunal Electoral ordenó retirar la nota, pagar una multa y ofrecer disculpas.

En Campeche, Jorge Luis González fue vinculado a proceso por “delitos de incitación al odio y violencia” contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Inicialmente se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y suspender el medio Tribuna, pero las medidas se modificaron para imponer la revisión judicial previa de sus publicaciones y prohibir declaraciones sobre Sansores.
Otros periodistas de La Barra Noticias en Campeche —Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali— ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora por orden del Tribunal Electoral local, tras críticas en un programa transmitido en redes sociales.

“Porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, dijeron los periodistas en un video en redes sociales.

La periodista Rubí Soriano, en Puebla, recibió una queja de la diputada morenista Elvia Graciela Palomares Ramírez por violencia política en razón de género, derivada de publicaciones en X sobre su trayectoria política. La sanción fue eliminar las publicaciones.

En Guerrero, tres periodistas de El Tlacolol —Jesús Guerrero Salgado, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena— fueron acusados de “inducción al voto” y “violencia política en razón de género” por un texto sobre el proceso de selección de candidatos en la elección judicial. El medio señaló que las denuncias, presentadas ante el INE, carecen de sustento.

Casos contra ciudadanos

En septiembre de 2024, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció al abogado Carlos Velázquez de León por insultos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El caso se resolvió con una disculpa pública desde la sede del Senado y transmitida en redes sociales de la Cámara alta.

El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla Estrella publicó en X un mensaje sobre la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, lo que derivó en sanciones del Tribunal Electoral: multa económica, inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por 18 meses, disculpas públicas diarias por 30 días, que ya culminó, y cursos obligatorios.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia”, se lee en la publicación que diariamente, durante 30 días, realizó Karla Estrella, desde el 12 de julio, fecha exacta en la que fue publicada la sentencia.
En julio de 2024, la actriz Laisha Wilkins se burló en X de un titular del portal Aristegui Noticias sobre la entonces candidata a la SCJN, Dora Martínez Valero, en el que informaron que buscó censurar todos los reportajes de la investigación Televisa Leaks mediante una queja por supuesta “violencia política de género” que el INE desechó por improcedente. El titular de la nota decía: “Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”. 

La actriz respondió “jaja Dora la Censuradora jaja” y el Tribunal Electoral le solicitó aclarar si el tuit fue pagado por alguna persona física o moral y si tenía vínculos con partidos políticos o candidaturas.

Perspectiva legal y derechos humanos

Artículo 19 recuerda que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben mantener un umbral más alto de tolerancia a la crítica. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis CCXIX/2009 que los servidores públicos deben resistir un mayor grado de escrutinio debido a su exposición pública.

Sin embargo, el acoso judicial “se convirtió en una tendencia y en una forma de buscar acallar voces críticas, voces que nos están publicando información que les puede ser incómodas a personas en el poder y no solo poder público, sino también poder privado”, dice Cárdenas en entrevista.

“Desafortunadamente en México, aunque los medios de comunicación se cuiden, aunque los medios de comunicación tomen medidas, cuando se está abusando de estas normativas, lo cierto es que aunque te cuides y aunque cumplas con todos los marcos normativos, todavía hay un riesgo de que se inicie algún proceso legal”, asegura.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES.

“A la CEPAL no llegamos todas”: colectivas feministas protestan afuera de la XVI Conferencia Regional de la Mujer

En la Conferencia de la Mujer de la CEPAL, que se realiza en CDMX, feministas demandaron acciones para combatir la violencia de género y presupuesto para refugios.

Colectivas feministas y ciudadanas protestaron afuera de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, para reclamar que las demandas de la sociedad mexicana, como combatir la desaparición de mujeres y brindar presupuesto a refugios para víctimas de violencia, sean escuchadas.

Bajo la consigna “A la CEPAL no llegamos todas”, unas treinta de activistas se manifestaron con pancartas y mantas afuera del CCU Tlatelolco, mientras adentro funcionarios del gobierno mexicano, gobiernos latinoamericanos y representantes de las Naciones Unidas daban inicio a las labores por el evento institucional.

“Estamos ejerciendo nuestro libre derecho a la protesta porque creemos que estos foros de la CEPAL son un evento institucional”, remarcó Susana Jiménez, una de las protestantes. 

“Estamos mostrando la realidad de un México en el que las mujeres todavía no tienen un pleno derecho al acceso a la justicia, que se está invisibilizando todo lo que pasa, todas las violencias que viven las mujeres todos los días”.

La Conferencia Regional, que se realizará del 13 al 15 de agosto en Ciudad de México (CDMX), tiene como eje principal los sistemas de cuidados, y contará con la participación de políticas mexicanas como Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres; la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada; además de homólogos de países latinoamericanos y representantes de las Naciones Unidas.

No hay presupuesto para los refugios para víctimas de violencia

El pasado 12 de agosto, también en el marco de la inauguración del evento regional, la Red Nacional de Refugios publicó una carta abierta, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y demás autoridades, en la que denunció la falta de pagos de honorarios y el estancamiento del presupuesto destinado para refugios que acogen a mujeres e infancias víctimas de violencia.

“A pesar de nuestras solicitudes de reunión, comunicaciones formales y mensajes directos, la Secretaría de las Mujeres no ha respondido sobre temas urgentes: la publicación de la segunda convocatoria de subsidios, el pago completo de honorarios y la realización de mesas de trabajo que garanticen la operación de los refugios”, exhibió en el documento.

El reclamo fue recogido por manifestantes este miércoles, quienes portaban carteles con mensajes como “A mí me salvó un refugio” y “Desaparecer los refugios es violencia institucional”.

Valeria, una de las mujeres que protestaron en CCU Tlatelolco, profundizó que varios recintos que pertenecían a la Red Nacional de Refugios dejaron de funcionar a raíz del recorte presupuestal que enfrentaron en 2025, que según la organización fue de 4.3 %, o 21.8 millones de pesos.

“Por eso estoy aquí presente”, señaló. “No hemos sido escuchadas, hay organizaciones que no han sido invitadas, y es por eso, para que sepan que estamos al pendiente, que estamos presentes, y queremos ser escuchadas. Que se sepa que en México hay mujeres que están necesitando seguridad, que México vive un grave problema de violencia y necesitamos espacios seguros”.

Exigen reconocimiento del trabajo sexual

En el primer día de los diálogos de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, también se presentaron integrantes de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer EMAC para exigir que el trabajo sexual sea reconocido formalmente, y así puedan acceder a mayor protección del Estado mexicano contra extorsiones, inseguridad, y prestaciones laborales.

“Nuestra denuncia es que quieren hacer que el trabajo sexual es trata de personas, cuando el trabajo sexual es trabajo”, expuso Mónica Sarmiento, miembro de la Brigada.

Sumó la importancia del reconocimiento de los derechos de las mujeres trans a nivel nacional, así como la no discriminación y garantía de seguridad para sus vidas.

“El gobierno, desgraciadamente, a nosotras nos tiene muy estigmatizadas y nunca voltean a ver nuestras necesidades. Ya basta de tanta violencia, de tanta corrupción, que nos quieren extorsionar los policías”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

A pesar de las calumnias nos vamos con dignidad: ministro Pardo Rebolledo

En la última sesión de la Primera Sala de la SCJN, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá parafraseó a Cerati

En la última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó que, pese a las calumnias, los integrantes salientes del Máximo Tribunal se retiran con dignidad. 

Al término de la sesión de la Primera Sala en la que los ministros rechazaron debatir diversos proyectos con temas de trascendencia como prisión preventiva oficiosa, uso lúdico y terapéutico de hongos alucinógenos, el pleito legal entre la periodista Lourdes Mendoza y Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros; los integrantes del cuerpo colegiado pidieron dirigir unas palabras de despedida.

Ello, no sólo porque, a excepción de Loretta Ortiz, todos saldrán de la Corte el próximo 1 de septiembre sino porque la reforma judicial estableció la extinción de las salas. 

El primero en hacer uso de la voz fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien luego de afirmar que la importancia y trascendencia de las resoluciones emitidas en la Primera Sala están a la vista, agradeció a todos los integrantes de la misma. 

“Mi respeto y agradecimiento también a todo el personal de las ponencias, a las señoras secretarias, a los señores secretarios de todas las ponencias y, de manera también muy destacada, a los integrantes de esta Primera Sala”, dijo. 

 “Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y vocación intactas”. 

Al término de estas palabras el llanto estuvo a punto de romper la voz del ministro y mientras que los aplausos de los presentes inundaron la sala en los rostros de algunos de ellos comenzaron a caer las lágrimas.


Posteriormente, Juan Luis González Alcántara Carrancá también destacó el trabajo del personal administrativo y judicial que integra la Sala y concluyó su intervención parafraseando al desaparecido cantante argentino, Gustavo Cerati. 

“Parafraseando a Cerati ‘¡gracias, totales!’, a todos ustedes”, enfatizó. 

La ministra Margarita Ríos Farjat dijo que las diferencias de criterio en los asuntos nunca trascendieron más allá de los propios asuntos y lamentó la desaparición de la Sala. 

“Me llevo la alegría de haber coincidido con cientos de personas comprometidas en alcanzar un mejor porvenir para el país”, apuntó 

“Lamento profundamente la desaparición de la Primera Sala que lleva décadas haciendo historia, pero confío en que su legado permanecerá por siempre (…) Gracias, gracias, gracias”.
El discurso de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue breve y sólo destacó que fue un privilegio haber formado parte de la Primera Sala. 

Mientras que sus compañeros fueron aplaudidos por todos los presentes, el discurso de la ministra presidenta de la Primera Sala, Loretta Ortiz, apenas logró algunos aplausos de ellos. 

“La desaparición de las salas plantea retos institucionales, pero confío en que la nueva Corte sabrá afrontarlos, inaugurando una época de justicia abierta, más abierta, incluyente y transformadora.  

“Así cerramos un capítulo trascendente para dar paso a otro igualmente relevante, el de la legítima expectativa social de un poder judicial más democrático, accesible y comprometido con la justicia social”, indicó.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

La extradición de capos, una política fracasada en México y Colombia

A la DEA le ha servido que extraditen narcotraficantes para engrosar de manera artificiosa las estadísticas de lucha contra el crimen, las cuales le permiten aumentar sus presupuestos, afirman especialistas en política criminal.

La extradición de narcotraficantes a Estados Unidos solo ha tenido un beneficiario: la agencia antidrogas de ese país, la DEA, porque esa medida le ha servido para engrosar de manera artificiosa las estadísticas de lucha contra el crimen, las cuales le permiten aumentar sus presupuestos, pero para Latinoamérica, en especial para México y Colombia, ha resultado una “estrategia fallida”.

Así lo plantean, en entrevistas por separado con Proceso, especialistas en política criminal de México y Colombia, los países del mundo que más traficantes de droga extraditan a Estados Unidos y los que más presiones, y hasta amenazas, han recibido de la administración del mandatario estadunidense Donald Trump para combatir el narcotráfico, especialmente la producción y el contrabando de fentanilo.

En el contexto de esas presiones, y de los ultimátum arancelarios de Trump, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por la entrega masiva de capos del narcotráfico a la justicia estadunidense.

“La DEA ha convertido las extradiciones en un indicador de gestión que le sirve para obtener más presupuesto, incluso para subsistir, pero es un indicador que esconde una realidad: más extradiciones no significan más éxitos en la lucha contra el narcotráfico sino mantener de manera artificiosa una política fracasada”, dice el experto en crimen organizado Pablo Reyes.

En dos hechos sin precedentes, este martes 12 el gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a 26 jefes criminales, entre ellos Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, cabecilla de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia “El Cuini”, operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En febrero pasado, el gabinete de seguridad de Sheinbaum había entregado a las autoridades estadunidenses a 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara en los 80.

La especialista en derechos humanos y política de drogas, Renata Demichelis, afirma que la profundización de esta política de “entregas” y extradiciones implica “renunciar” a la posibilidad de que los jefes de las organizaciones criminales enviados a Estados Unidos aporten verdad para esclarecer delitos atroces que ellos perpetraron en México, como desapariciones y ejecuciones de miles de personas.

De acuerdo con la directora de la organización Elementa DDHH en México, a pesar del gran nivel de impunidad y de las grandes fallas del sistema mexicano de justicia, es preferible que los capos del narcotráfico respondan en su país por los crímenes atroces que han cometido y para que reparen a sus víctimas.

Su extradición, señala, “sepulta por completo las posibilidades de conocer la verdad de muchos hechos de graves violaciones a derechos humanos” porque la prioridad del sistema de justicia de Estados Unidos no son las víctimas, sino que esos criminales respondan por delitos de narcotráfico en el marco de una “guerra contra las drogas” que privilegia el combate de la oferta y no de los factores que estimulan la demanda.

El abogado colombiano, Juan Carlos Palou señala que a pesar de que su país convirtió la extradición “en la política criminal y no en unos de los instrumentos de esa política”, no existe ninguna evidencia de que esa práctica haya tenido algún efecto para combatir el narcotráfico.

“Hay una degradación de ese instrumento por su uso indiscriminado, por su falta de selectividad y porque hay varios casos de colombianos que Estados Unidos acusa, sin pruebas sólidas ni investigaciones rigurosas, de delitos relacionados con el narcotráfico”, dice el coordinador del estudio “Usos y abusos de la extradición en la lucha contra las drogas”.

Palau indica que la extradición cobró auge en Colombia durante los gobiernos del presidente ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2010), quien emprendió una guerra total contra las FARC, una guerrilla a la que definía como “narcoterrorista”.

Extradiciones a granel

Entre 1997 y 2002, Colombia había extraditado a Estados Unidos a unos 15 presuntos narcotraficantes cada año en promedio. Pero a partir de 2002, cuando inició el gobierno de Álvaro Uribe, la cifra creció en forma exponencial.  Durante los ocho años de mandato del expresidente fueron extraditados mil 131 colombianos a Estados Unidos, un promedio de 141 cada año, nueve veces más que en los gobiernos precedentes.

Bajo las presidencias de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de Iván Duque (2018-2022) ese promedio mantuvo y en la actual administración de Gustavo Petro se ha registrado un leve descenso, a 115 extradiciones por año.

Entre 2000 y 2024 este país extraditó a Estados Unidos a unas tres mil 100 personas. Y en el trascurso de este año ya van 86, según informó el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

Esto quiere decir que, en el transcurso de este siglo, Colombia ha enviado a Estados Unidos a 124 presuntos narcotraficantes cada año, una cifra que le ha venido muy bien a la DEA para presentar esos “resultados” al Congreso estadounidense y obtener cada vez más presupuesto.

La DEA, que es el brazo armado de la fracasada política de droga prohibicionista, nació en 1973 con un presupuesto de 70 millones de dólares, el cual ha crecido 50 veces desde entonces.

Sólo en los últimos 15 años el presupuesto de esa controvertida agencia antidrogas, la cual ha estado envuelta en sonados casos de corrupción y bajo constantes críticas por su ineficiencia para combatir el tráfico de drogas en su propia casa, ha crecido 67% al pasar de dos mil millones de dólares en 2010 a tres mil 339 millones de dólares este año.

El profesor de la Universidad Nacional de Colombia Pablo Reyes, un doctor en estudios internacionales, dice que la DEA tiene “una necesidad de legitimar su actividad con resultados estadísticos de sus operaciones en el extranjero porque al interior de Estados Unidos es conocida su baja efectividad”.

“¿Cuándo se ha escuchado que esa agencia capture a los capos estadunidenses o que haga algo para detener el tráfico de drogas, el lavado de miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y epidemias como la del fentanilo, que comenzó con el tráfico ilegal de opioides producidos por las farmacéuticas estadunidenses?”, plantea el académico.

En cambio, asegura, ha convertido las estadísticas de extradiciones en un “falso indicador de eficacia, porque todos sabemos que esa política no se ha traducido en una reducción del narcotráfico ni en México ni en Colombia, sino todo lo contrario”.

Las miles de extradiciones de capos y presuntos narcotraficantes colombianos a Estados Unidos no han servido para acabar con las grandes organizaciones de la droga, que se han ido fraccionando a lo largo de los años mientras aumentan su capacidad para abastecer a los consumidores de Estados Unidos, donde está el mayor mercado de estupefacientes en el mundo.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en los años ochenta, la producción potencial de cocaína de todos los países andinos eran 600 toneladas al año, mientras que en 2023 llegó a dos mil 664 toneladas únicamente en Colombia.

México, colaborador inesperado de la DEA

Ahora, México emerge como un nuevo colaborador inesperado de la DEA, una agencia fustigada de manera recurrente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su heredera política, Claudia Sheinbaum, parece dispuesta no sólo a extraditar masivamente a presuntos narcotraficantes, sino a “entregarlos” al margen del tratado bilateral de extradición, lo que contribuirá a abultar las estadísticas de ese organismo.

Según datos de Elementa DDHH, López Obrador extraditó a Estados Unidos durante su sexenio a 341 presuntos narcotraficantes, un promedio de 62 por año, con lo cual cumplió “la cuota” de extradiciones a la que se comprometió con Washington en el Acuerdo Bicentenario.

En el informe “Extraditar la verdad México”, la ONG reveló que, según documentos obtenidos del colectivo Guacamaya, mientras se negociaba en 2022 el Acuerdo Bicentenario la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) garantizó a las autoridades estadunidenses que México extraditaría cada año al vecino país a 60 presuntos narcotraficantes. 

Y este compromiso fue seguido al pie de la letra por López Obrador, quien cada año de su sexenio firmó la extradición de 61.9 mexicanos en promedio, casi la cifra exacta para cumplir la cuota de 60.

López Obrador realizó menos extradiciones que los presidentes Felipe Calderón (615) y Enrique Peña Nieto (421), pero su vehemente discurso contra el intervencionismo de la DEA contrastó con su colaboración con Estados Unidos no sólo en materia de lucha contra el narcotráfico, sino también en el tema de la migración, con el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional para contener los flujos de migrantes latinoamericanos.

La política de extradiciones y “entregas” masivas de presuntos narcotraficantes que sigue ahora la presidenta Sheinbaum elevará sustancialmente las estadísticas en esos rubros de los últimos sexenios.

La directora de Elementa DDHH en México, Renata Demichelis sostiene que a los capos de la droga hay que perseguirlos y penalizarlos, “pero nada en la historia de la lucha contra las drogas indica que la extradición es una estrategia exitosa”.

Señala que está suficientemente documentado que una vez que los grandes capos son extraditados surgen otros cabecillas, “como estamos viendo en Sinaloa”.

Agrega que, además, la extradición no es una garantía de justicia porque cada vez es más frecuente que los jefes mexicanos del narcotráfico que son extraditados a Estados Unidos alcancen acuerdos con las fiscalías de ese país en lo que se declaran culpables y entregan gran cantidad de bienes, a cambio de sustanciales rebajas de penas y de la legalización de parte de sus fortunas.

De acuerdo con un estudio de Elementa DDHH, el 80% de los presuntos narcotraficantes mexicanos extraditados opta por un acuerdo con las autoridades estadunidenses.

Los Extraditables light

En Colombia, la extradición se convirtió también en un mecanismo conveniente para los grandes capos del narcotráfico. Lejos quedaron los días en que, en medio de la guerra contra el Estado, Los Extraditables –nombre genérico que adoptaron Pablo Escobar y otros jefes del Cártel de Medellín en los 80— escribían como epígrafe en sus amenazantes comunicados: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”. 

El exfiscal general y ex ministro de Justicia de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, afirma que “hoy, los narcotraficantes prefieren una cárcel en Estados Unidos que una cárcel en Colombia”, porque allá legalizan parte de sus capitales, pagan penas de cárcel relativamente bajas, a cambio de sus delaciones y de los acuerdos que alcanzan con la justicia de ese país.

Es por eso que cada vez es más amplia la lista de grandes capos solicitados en extradición que se entregan a las autoridades de Estados Unidos.

En México, el caso más emblemático es el de Jesús Guzmán López, el hijo del “Chapo” que no sólo se entregó a las autoridades estadunidenses, sino que ayudó a secuestrar a Ismael “El Mayo” Zambada como parte de un acuerdo que también cobijó a su hermano Ovidio Guzmán, quien había sido extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023.

Renata Demichelis recuerda también el caso del narcotraficante sinaloense Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, quien está acusado en México de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez pero llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se entregó a la justicia de ese país.

Los fiscales estadunidenses, señala Demichelis, han promovido las negociaciones para lograr que una persona acusada testifique en contra de otro procesado o pueda apoyar al gobierno a señalar a personas implicadas en actividades delictivas.

“Esto permite que se mantenga la espiral de persecución en países productores de drogas, sin afectaciones concretas a la operación del mercado”, asegura.

Lo que hay en la práctica es un sistema burocrático en el que todo se convierte en un juego de apariencias para simular que hay una lucha efectiva contra las drogas cuando la realidad es que el narcotráfico y el consumo aumentan cada año, según se constata en los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

“A diferencia del pasado, hoy la extradición ya no asusta”, dice el exfiscal colombiano Alfonso Gómez Méndez.

De acuerdo con el abogado, “la extradición debe ser un mecanismo excepcional” y no parte del juego de apariencias con el que las agencias estadunidenses buscan asumir que la política de drogas basada en el prohibicionismo ha fracasado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

En una semana, renuncian dos fiscales de Baja California por “motivos personales”

Sobre el fiscal Efrén Ruiz Romo pesa una denuncia penal por abuso de autoridad, interpuesta por la hija de una víctima mortal de un ataque de perros.

En apenas una semana, dos fiscales han renunciado a sus cargos dentro de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), asegurando que se debe a “motivos personales”. 

El martes 5 de agosto fue el fiscal central, Rafael Orozco Vargas, y el lunes 11 de agosto, hizo lo propio el fiscal regional de Mexicali, Efrén Ruiz Romo.

Del primero, su salida fue divulgada durante la tarde del día indicado, bajo el argumento de “cuestiones personales”, sin brindar más detalles. 

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró, en la conferencia matinal posterior, que la decisión correspondió a la titular de la FGE, Ma. Elena Andrade Ramírez. 

“La verdad es que fue una decisión que tomó la fiscal general del Estado. Me lo informó y es un organismo autónomo. Ella tomó su decisión, habría que preguntarle a ella”, afirmó Ávila Olmeda al respecto. 

Como encargado de despacho, en relevo de Orozco Vargas –quien se mantuvo casi cuatro años como segundo al mando–, quedó Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, con experiencia en cargos fiscales regionales en Tijuana y Ensenada, según difundieron las autoridades. 

En el caso de Efrén Ruiz Romo, estuvo en el cargo como fiscal regional de Mexicali desde noviembre 2024, en sustitución de Rafael Cervantes Sánchez, quien a su vez duró un año. 

Fiscal de Mexicali cuenta con denuncia penal

Destaca que Ruiz Romo está denunciado penalmente por abuso de autoridad por Ana Lidia Soto Romero, abogada de profesión, agente del Ministerio Público durante 11 años, así como hija de Amparo Romero, quien falleció por el ataque de una jauría de perros, el 18 de agosto de 2024. 

El 1 de julio, Soto Romero publicó un video en redes sociales para explicar el motivo de la denuncia ante la FGE contra Ruiz Romo, además de exigir a la fiscal general Ma. Elena Andrade que judicializara la carpeta en 13 días, así como lo hicieron con otra en la que se le violentó a la abogada su derecho a la defensa. 

“Porque hay datos suficientes para darle vida al hecho que la ley señala como delito que es el abuso de autoridad. De igual manera, quiero que giren las medidas de protección lo antes posible porque al señor Efrén Ruiz Romo lo creo capaz de todo. Si se atrevió a ordenar la judicialización de una carpeta sin respetar mi derecho de defensa, sabiendo que no iba a quedarme callada, es capaz de todo. A partir de este momento, 1 de julio, exijo que se integre con celeridad la carpeta por el delito de abuso de autoridad en contra del fiscal Efrén Ruiz Romo y quien resulte responsable”, remarcó. 

En el contexto, el pasado 10 de abril acudió al Congreso del Estado para denunciar a las y los diputados que se contaba con “una fiscalía podrida, ineficiente, inepta y corrupta”, y que había sido revictimizada al ordenar la judicialización de dicha carpeta. 

“Que por un hecho falso, la familia dueña de los perros que mataron a mi madre, interpuso en mi contra, y que tres escritos de datos de prueba para desestimar eso me fueron negados por órdenes de él. Lo sabe la fiscalía… saben que ese fiscal me hizo así en la mesa (golpear la mesa con la mano extendida)”, dijo al tiempo de recrear el gesto, además de echarles en cara a los legisladores su falta de pronunciamiento al respecto. 

Este martes, al conocer la renuncia del fiscal, Ana Lidia Soto celebró la salida. 

“¡Sí, un violentador institucional menos! Estoy muy contenta. Muy merecida la salida y bendito Dios, qué bueno por Baja California, qué bueno por Mexicali, que personas que violentan los derechos de las víctimas salgan de las instituciones donde no les corresponde estar”, declaró a la prensa. 

Sobre las razones de la salida, desconoció el motivo, pero consideró que podría ser “la presión mediática” y reiteró su celebración.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Dron de EU que vuela en Valle de Bravo, no es militar; fue petición de MX, asegura Harfuch

Luego que se dio a conocer que una aeronave no tripulada del Gobierno de Estados Unidos estaba sobrevolando en círculos el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México, el titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Omar Hamid García Harfuch, aseguró, el 13 de agosto de 2025, que se trataba de un dron y que volaba en territorio mexiquense, a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano, vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país”, declaró el funcionario federal, durante una conferencia de prensa.

“En este caso está volando en la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera”, aseveró García Harfuch.

“Todo vuelo responde a una solicitud formal de nuestro país y está alineado con nuestras investigaciones”, puntualizó el titular de la SSPC respecto al dron con la matrícula CBP-113, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

Según el rastreo de la plataforma Flightradar24, la aeronave no tripulada sería una General Atomics MQ-9B Guardian, operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés), bajo el indicativo TROY701, modelo diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés), que cuenta con sensores avanzados y autonomía de más de 40 horas.

La aeronave habría despegado desde San Angelo, Texas, y, aunque no se especificó el destino final, el trayecto reportado por Flightradar24 indicaría una misión de vigilancia prolongada en los límites de los municipios mexiquenses de Zacazonapan y Valle de Bravo, donde opera el cártel de La Nueva Familia Michoacana.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Harfuch descarta que “El Jando” hubiera participado en traslado de “El Mayo” a EU

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, el piloto aviador civil, no tuvo que ver en el secuestro en esa entidad y posterior traslado por la fuerza a EE. UU., de Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, según se retractó, el 13 de agosto de 2025, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien el 24 de marzo del mismo año, había dicho que lo contrario.

“Él no participó de manera directa en el traslado, es decir, físicamente él no participó pero sí se confirma que es piloto privado y persona de confianza de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, de Iván Archivaldo”, enfatizó García Harfuch, durante la conferencia de prensa ofrecida para detallar la entrega de 26 capos a EE. UU., entre los cuales estaba “El Jando”.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó, el 12 de agosto de 2025, que entre los 26 presuntos delincuentes, que a su solicitud fueron trasladados por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con las secretarías SSPC del Gobierno Federal, de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB) a dicho país, se encontraba Núñez Ojeda, quien sería juzgado en la Corte Federal del Distrito de Columbia -en Washington D.C.-, donde podrían condenarlo hasta una posible cadena perpetua.

Según lo previó García Harfuch, “El Jando” podría proporcionar al Gobierno de Estados Unidos, información sobre el caso de “El Mayo”, pero, también sobre “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, facción del Cártel de Sinaloa, como se le conoce a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Güero Moreno” y/o “El Alfredillo”, así como a Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, estos últimos presos en Estados Unidos.

“Va a aportar [Núñez Ojeda], por supuesto, información sobre este [la investigación del traslado de ‘El Mayo’] y de la organización criminal a la que pertenece”, comentó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno Federal.

Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, otorgó, el 26 de marzo de 2025, una suspensión definitiva que impediría decretar la apertura a juicio oral en el proceso que se seguía contra “El Jando”, detenido el día sábado 8 de febrero del presente año, en la Sindicatura de Jesús María, en Culiacán de Rosales, Sinaloa, y quien según dijo García Harfuch, dos días antes, tuvo que ver en el secuestro en esa entidad y posterior traslado por la fuerza a EE. UU., de “El Mayo”.

El juzgador federal concedió la medida cautelar solicitada por el quejoso, el 6 de marzo de 2024, con la que buscaba anular la vinculación a proceso que enfrentaba dentro de la causa penal 54/2025, por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo y clorhidrato de metanfetamina.

No obstante, Niño Jiménez aclaró que el proceso contra “El Jando” podría seguir su curso, pero solo hasta la etapa intermedia y, una vez concluida la misma, no se podría declarar la apertura a juicio oral. Lo anterior, porque primero se debería resolver de fondo el juicio de amparo que promovió Núñez Ojeda.

Asimismo, la decisión del titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, no implicaría la libertad de “El Jando”, por lo que éste continuaría interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, ‘El Altiplano’, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, del EDOMEX.

El 18 de febrero de 2025, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, vinculó a proceso al presunto narcotraficante, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo y clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

“En audiencia inicial el Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba suficientes para que el Juez de Distrito decretara la vinculación e impusiera prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘Altiplano’ y tres meses para la investigación complementaria”, informó la FGR, en un comunicado.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió, el 12 de febrero de 2025, una suspensión de plano a “El Jando”, para frenar su extradición a Estados Unidos de “El Jando”.

El juzgador concedió una suspensión de plano al quejoso, misma que impedía que se llevara a cabo, por el momento, su extradición, deportación o destierro a Estados Unidos, además de que ordenaba no “El Jando” no fuera sometido a malos tratos.

Asimismo, el juez federal solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que rindiera sus informes justificados, para conocer si en verdad existía una solicitud de entrega de “El Jando”, por parte de las autoridades estadounidenses.

Mejía Ojeda determinó un plazo legado de tres días para que la defensa de “El Jando” ratificara la demanda o, de lo contrario, la medida cautelar dejaría de tener efectos.

Un juez federal decretó prisión preventiva de oficio, el 11 de febrero de 2025, contra “El Jando”, el piloto aviador civil, arrestado el día sábado 8 del mismo mes y año, en la Sindicatura de Jesús María, en Culiacán de Rosales, Sinaloa, y quien según dijo García Harfuch, el mismo día, tuvo que ver en el secuestro en esa entidad y posterior traslado por la fuerza a Estados Unidos, de “El Mayo”.

El cofundador del Cártel de SInaloa, de 76 años de edad, fue supuestamente privado de la libertad, el 25 de julio del 2024, en Culiacán de Rosales, por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad e hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”- , quien presuntamente también habría asesinado -el mismo día y lugar-, a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, la FGR imputó a “El Jando” por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

No obstante, la defensa de “El Jando” solicitó al juez de control la duplicidad del término constitucional, para presentar pruebas a su favor, por lo que en los próximos días se resolvería su situación jurídica.

“Es una investigación en curso de la Fiscalía General de la República. Podemos adelantar que esta persona es, en efecto, piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos”, dijo García Harfuch, sin mencionar por su nombre a Joaquín Guzmán López.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el funcionario federal presentó los resultados de la estrategia de seguridad durante los últimos 15 días, donde destacó acciones en Sinaloa.

“En Culiacán, Sinaloa, derivado de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Mauro ‘N’, identificado como piloto aviador y operador clave de una organización delictiva”, detalló García Harfuch.

“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y nuestras más sentidas condolencias a la familia del compañero que perdió la vida, a nombre del gabinete de seguridad”, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

La mañana del 8 de febrero de 2025, fue detenido alias “El Jando”, tras un enfrentamiento a balazos en Culiacán de Rosales. El piloto era considerado un miembro clave en la organización criminal de “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, como se le conoce a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Güero Moreno” y/o “El Alfredillo”, así como a Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, estos últimos presos en Estados Unidos.

Previamente, medios locales informaron de enfrentamientos a balazos en la comunidad de Jesús María, donde en 2023 fue capturado “El Ratón”, en un segundo intento, tras su fuga del “Culiacanazo”, el 17 de octubre de 2019.

“El Ratón” fue capturado en dos ocasiones en México. La primera ocurrió el 17 de octubre de 2019, en Culiacán de Rosales, Sinaloa, pero debido a los disturbios que ”Los Chapitos” causaron en dicha ciudad, conocidos como ‘El Culiacanazo’, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por liberarlo.

Luego, el 5 de enero de 2023, Guzmán López fue capturado por segunda ocasión en la Sindicatura de Jesús María, en Culiacán de Rosales. Aunque sicarios de “Los Chapitos’ intentaron replicar lo sucedido en 2019, el Ejército Mexicano logró asegurar a ‘El Ratón’.

El hijo de “El Chapo” posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, ‘El Altiplano’, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde permaneció hasta su extradición a EE.UU., el 15 de septiembre de ese mismo año.

“El Jando” habría sido uno de los personajes que trataron de impedir el arresto de “El Ratón”, el 5 de enero de 2023. Además, se le atribuye la autoría de los ataques con artefactos explosivos ocurridos en Vascogil y Tamazula, en Durango, el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2024, respectivamente.

Durante el operativo llevado a cabo el sábado 8 de febrero de 2025, murió un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), en el enfrentamiento con los sicarios de “Los Chapitos”, mismos que agredieron primero a los militares.

“Esta madrugada, tras un enfrentamiento ocurrido en Sinaloa, efectivos de @SEDENAmx y @GN_MEXICO_ detuvieron a Mauro “N”, piloto aviador y operador importante en la estructura de una célula delictiva generadora de violencia en la entidad. Identificado como hombre de confianza del líder del grupo delictivo. Esta persona está vinculada con ataques y enfrentamientos con autoridades y con el tráfico de drogas a Estados Unidos. A nombre del Gabinete de Seguridad reconocemos la valentía y compromiso del Ejército Mexicano; nuestras más sentidas condolencias a la familia del valiente militar que perdió la vida en esta acción”, indicó, ese mismo día, el titular de la SSPC, en su cuenta de la red social X.

“Resultado de los trabajos para reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, junto con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un generador de violencia en el estado, el cual agredió con disparos de arma de fuego a los efectivos”, detalló el Gobierno de México, en un comunicado conjunto.

“Los agentes de seguridad que realizaban patrullajes de vigilancia en el poblado Jesús María, en el municipio de Culiacán, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que los efectivos, al ver en peligro su integridad física repelieron la agresión y controlaron la situación. Como resultado, detuvieron a Mauro ‘N’, identificado como generador de violencia y vinculado a un grupo delictivo en la región”, agregó el Gobierno Federal.

“Al detenido se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso. Con estas acciones, las instituciones que del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para recuperar la paz y tranquilidad de la ciudadanía en el estado de Sinaloa”, finalizó el Gobierno de México.

“El Jando” fue trasladado, el mismo día, en una aeronave a las instalaciones de la Base Aérea Militar (BAM) número 10, de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) de la DEFENSA, ubicada en Culiacán de Rosales.

El piloto aviador civil apareció escoltado, en un video, por dos elementos de la Guardia Nacional y uno del Ejército Mexicano, en las instalaciones de la BAM de la FAM, de la DEFENSA, en la capital sinaloense.

En la grabación se observa que “El Jando” estaba esposado con las manos hacia atrás, vistiendo un pantalón de mezclilla azul, una sudadera negra. Luego de caminar por algunas de las instalaciones castrenses, fue subido a un avión de las Fuerzas Armadas, en el cual lo trasladaron hacia la Ciudad de México, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), de la FGR.

Según datos del Registro Nacional de Detenciones (RDN), de la SSPC, ‘El Jando’ fue detenido exactamente a las 05:30 horas del sábado 8 de febrero de 2025. En su ficha se le describió como un hombre de tez clara y aproximadamente 1.70 metros de altura. Al momento de su detención vestía una playera negra, pantalón de mezclilla negro y tenis del mismo color.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

"Es una decisión soberana": Sheinbaum defiende el envío de 26 líderes criminales a EU

Claudia Sheinbaum afirmó que el envío de 26 capos y otros criminales a Estados Unidos no fue parte de un acuerdo, sino una decisión soberana, basada en un análisis de la seguridad de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó esta mañana que el envío de 26 líderes y capos del narcotráfico, así como de otros criminales, a Estados Unidos (EU) no fue parte de un acuerdo, sino una "decisión soberana" de México basada en la seguridad pública.

"Sí podemos decirles que en todos estos casos, de extradición, de envío, de miembros de la delincuencia organizada, las decisiones son por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones", dijo este miércoles en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
"Pero la decisión del Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas, tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad del país, a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación", insistió Sheinbaum Pardo.
El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que 26 personas recluidas en diferentes penales del territorio nacional fueron entregadas a Estados Unidos para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trata del segundo traslado de capos de México al vecino del norte tras el inicio del Gobierno de Donald Trump.


"Esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública", anunció la FGR.
De acuerdo con el Departamento de Estado, entre los narcotraficantes entregados a Estados Unidos destaca Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", líder de "La Familia Michoacana" y a quien las autoridades mexicanas identificaron como uno de los capos más sanguinarios del país.

Entre los demás reos trasladados se encuentran Juan Carlos Félix Gastelum, alias "El Chavo Félix" y yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos; Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis", un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Pablo Edwin Huerta, alias "El Flaquito", exlíder del Cártel de Tijuana.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó por su parte que el Gabinete de Seguridad, en coordinación bilateral y con pleno respeto a la soberanía, "trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México. La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia de EU, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte".
"Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", añadió el funcionario del Gabinete de Sheinbaum.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos celebró la detención. "Estamos profundamente agradecidos con la Presidenta Sheinbaum y su Administración por demostrar determinación frente al crimen organizado", declaró el Embajador Ronald Johnson.

La FGR adelantó que el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa este miércoles 13 de agosto, a las 11:00 horas, en el auditorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para dar detalles sobre los reos enviados a Estados Unidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.