Casos como las disculpas públicas de La Barra Noticias en Campeche a Layda Sansores, y Karla Estrella a la diputada Diana Karina Barreras, evidencian una tendencia al uso de la censura contra periodistas y ciudadanos.
Entre las figuras jurídicas utilizadas para justificar estas acciones está la “violencia política de género”, que ha derivado en sanciones, censura y eliminación de publicaciones.
Uno de estos casos fue el del periodista Héctor de Mauleón, obligado a retirar una columna y ofrecer disculpas tras una denuncia por violencia política de género en Tamaulipas; otro más fue el de Ángel Camarillo, multado y sancionado en Veracruz por señalar presunto nepotismo; y el de Jorge Luis González en Campeche, sujeto a revisión de sus publicaciones por orden judicial.
También se registraron sanciones contra periodistas de La Barra Noticias en Campeche; contra la periodista Rubí Soriano, en Puebla, y contra reporteros de El Tlacolol, en Guerrero.
En el ámbito ciudadano, destacan el caso del abogado Carlos Velázquez de León, denunciado por Gerardo Fernández Noroña y obligado a una disculpa pública; el de Karla Estrella, sancionada por un mensaje en redes de 2024 en el que cuestionó a la diputada Diana Karina Barreras, ahora conocida como “dato protegido”; y el de la actriz Laisha Wilkins, requerida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir “Dora la Censuradora” en una publicación sobre una excandidata a la SCJN.
Incremento de acoso judicial
De acuerdo con datos de la organización Artículo19, cada tres semanas se registra al menos un caso de censura en contra de periodistas o medios de comunicación en México, considerando todo tipo de incidentes, incluidos litigios, demandas por daño moral y acusaciones de violencia política en razón de género. Dentro de esa cifra general, el acoso judicial representa solo una parte: entre 2020 a la fecha, la organización ha documentado entre 20 y 30 casos de este tipo, cuyo objetivo ha sido detener investigaciones, retirar contenidos publicados o generar un ambiente de intimidación.
Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, señala en entrevista que, desde 2007 —año en que la organización inició el monitoreo de la libertad de expresión en México—, las agresiones contra periodistas han aumentado entre 8 % y 10 %. Las agresiones incluyen asesinatos, desapariciones, amenazas en línea y acoso judicial.
Cárdenas menciona que legislaciones como la llamada “Ley censura” en Puebla afectan no solo a periodistas y medios, sino también a ciudadanos que critican a autoridades en redes sociales. La reforma sanciona el “ciberasedio” —insultos, hostigamiento o intimidación digital— con penas de hasta tres años de prisión y fue impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y publicada el 13 de junio en el Periódico Oficial del estado, entrando en vigor al día siguiente.
El representante de Artículo 19 advierte que el acoso judicial es utilizado para silenciar investigaciones o eliminar publicaciones, así como para generar un clima en el que los periodistas duden sobre los temas que pueden abordar. Indica que, incluso con coberturas basadas en derechos humanos, existe el riesgo de enfrentar procesos legales.
Casos en Tamaulipas, Campeche, Puebla y Guerrero
El primer caso del año se registró el 1 de mayo, cuando Héctor de Mauleón publicó en El Universal la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, en la que vinculó a Tania Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial estatal, con una red de huachicol. Contreras presentó una denuncia por violencia política de género, y el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó al medio y al columnista retirar la publicación y ofrecer disculpas públicas.
Días después, el 17 de mayo, el periodista veracruzano Ángel Camarillo fue sancionado por publicar una investigación sobre presuntos casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos en Veracruz. La sala regional del Tribunal Electoral ordenó retirar la nota, pagar una multa y ofrecer disculpas.
En Campeche, Jorge Luis González fue vinculado a proceso por “delitos de incitación al odio y violencia” contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Inicialmente se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y suspender el medio Tribuna, pero las medidas se modificaron para imponer la revisión judicial previa de sus publicaciones y prohibir declaraciones sobre Sansores.
🚨 Gobierno de #Campeche abusa del poder público y poder judicial excede sus funciones.
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 18, 2025
Expresamos nuestra preocupación por el cúmulo de procesos legales que enfrenta el periodista independiente Jorge Luis González Valdéz, y el periodico Tribuna:
🔗 https://t.co/uCsWAugMYP pic.twitter.com/iLpLaApSnZ
Otros periodistas de La Barra Noticias en Campeche —Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali— ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora por orden del Tribunal Electoral local, tras críticas en un programa transmitido en redes sociales.
“Porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, dijeron los periodistas en un video en redes sociales.
La periodista Rubí Soriano, en Puebla, recibió una queja de la diputada morenista Elvia Graciela Palomares Ramírez por violencia política en razón de género, derivada de publicaciones en X sobre su trayectoria política. La sanción fue eliminar las publicaciones.
En Guerrero, tres periodistas de El Tlacolol —Jesús Guerrero Salgado, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena— fueron acusados de “inducción al voto” y “violencia política en razón de género” por un texto sobre el proceso de selección de candidatos en la elección judicial. El medio señaló que las denuncias, presentadas ante el INE, carecen de sustento.
Casos contra ciudadanos
En septiembre de 2024, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció al abogado Carlos Velázquez de León por insultos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El caso se resolvió con una disculpa pública desde la sede del Senado y transmitida en redes sociales de la Cámara alta.
El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla Estrella publicó en X un mensaje sobre la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, lo que derivó en sanciones del Tribunal Electoral: multa económica, inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por 18 meses, disculpas públicas diarias por 30 días, que ya culminó, y cursos obligatorios.
“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia”, se lee en la publicación que diariamente, durante 30 días, realizó Karla Estrella, desde el 12 de julio, fecha exacta en la que fue publicada la sentencia.
Cumplidos los 30 días con la publicación del extracto de sentencia fijado en mi cuenta, procedo a removerla. https://t.co/xLVhvilcj2
— Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) August 12, 2025
En julio de 2024, la actriz Laisha Wilkins se burló en X de un titular del portal Aristegui Noticias sobre la entonces candidata a la SCJN, Dora Martínez Valero, en el que informaron que buscó censurar todos los reportajes de la investigación Televisa Leaks mediante una queja por supuesta “violencia política de género” que el INE desechó por improcedente. El titular de la nota decía: “Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”.
La actriz respondió “jaja Dora la Censuradora jaja” y el Tribunal Electoral le solicitó aclarar si el tuit fue pagado por alguna persona física o moral y si tenía vínculos con partidos políticos o candidaturas.
Perspectiva legal y derechos humanos
Artículo 19 recuerda que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben mantener un umbral más alto de tolerancia a la crítica. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis CCXIX/2009 que los servidores públicos deben resistir un mayor grado de escrutinio debido a su exposición pública.
Sin embargo, el acoso judicial “se convirtió en una tendencia y en una forma de buscar acallar voces críticas, voces que nos están publicando información que les puede ser incómodas a personas en el poder y no solo poder público, sino también poder privado”, dice Cárdenas en entrevista.
“Desafortunadamente en México, aunque los medios de comunicación se cuiden, aunque los medios de comunicación tomen medidas, cuando se está abusando de estas normativas, lo cierto es que aunque te cuides y aunque cumplas con todos los marcos normativos, todavía hay un riesgo de que se inicie algún proceso legal”, asegura.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES.
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