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Gobierno de Noruega vende toda su participación en PEMEX, por riesgo de corrupción

Norway Wealth Found, el fondo de inversión gubernamental de Noruega .el más grande del mundo., anunció, el 11 de mayo de 2025, que vendió todas sus inversiones de renta fija en la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que llamó un “riesgo inaceptable” de que la compañía mexicana estuviera involucrada en corrupción.

Citado por la agencia británica Reuters, el organismo de control ético del Fondo noruego, el Consejo de Ética, dijo en un comunicado, que “sus investigaciones han revelado que PEMEX puede estar vinculada a múltiples acusaciones o sospechas de corrupción en México en el período 2004-2023”.

Norway Wealth Found consideró importante que un número significativo de empleados de la petrolera estatal mexicana, incluido un ex alto ejecutivo -del cual no dijo su nombre-, hubiera recibido presuntamente sobornos en varias ocasiones.

“El Consejo [de Ética] considera importante que un número significativo de empleados de la compañía, incluido un ex alto ejecutivo, hayan recibido presuntamente sobornos en varias ocasiones”, aseguró el fondo de inversión gubernamental noruego.

Según lo recordó Reuters, el Norway Wealth Found -de1.8 billones de dólares y que operaba según las directrices establecidas por el Parlamento de Noruega-, poseía el 1.5 por ciento de las acciones cotizadas de 9 mil empresas en todo el mundo.

El 12 de mayo de 2025, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el el Salón Tesorería del Palacio Nacional- la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que revisarían el retiro de las inversiones que Norway Wealth Found tenía en PEMEX.

“Sí, vimos la nota, no tenemos ninguna otra notificación. En la nota se habla que es desde el 2004, probablemente su investigación sea sobre todo el fenómeno de Odebrecht, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que, por qué están haciendo este planteamiento, pero vale la pena informar que viene del 2004”, comentó la mandataria nacional.

“Vamos a ver, voy a preguntar a PEMEX, apenas vi la nota, no teníamos información adicional y vamos a ver de qué se trata”, agregó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sheinbaum Pardo firmó, el 30 de octubre de 2024, el decreto de los artículo 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas, con la cual se devolvía a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su carácter de Empresas Públicas del Estado.

La mandataria nacional firmó ambos decretos después de su aprobación en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los poderes legislativos estatales, por tratarse de reformas constitucionales.

Respecto a la reforma en materia energética, Sheinbaum Pardo expuso que el Congreso de la Unión la envió un día antes al Poder Ejecutivo, después de declararla constitucional, para que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Es una reforma que le devuelve al pueblo las empresas que siempre fueron del pueblo de México y que en 2013 privatizaron, porque al convertir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en Empresas Productivas del Estado, en realidad hacían que dejaran de ser públicas y que se convirtieran en empresas privadas”, dijo la presidenta.

Sin embargo, la mandataria nacional aclaró que habría un espacio para la inversión privada en las leyes secundarias, pero acotó que ello se realizaría con orden. También garantizó que PEMEX y CFE serían empresas operadas eficientemente. Asimismo, que brindarían servicios, combustibles y electricidad, a precios accesibles.

“Ya tiene tiempo la Secretaría de Energía, con PEMEX y CFE, trabajando estas leyes y también es importante que se sepa que hay un espacio también para la inversión privada. Es decir, PEMEX y CFE regresan a ser empresas públicas, del pueblo de México, y se mantiene un espacio para la inversión privada que quedará establecido con orden, con certeza, en las leyes secundarias”, comentó Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (SENER) detalló que con la aprobación de la reforma constitucional, se logró que la CFE y PEMEX pasaron de ser empresas productivas, a Empresas Públicas del Estado.

“Hoy ya es una reforma constitucional que nos llena de mucho orgullo porque con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución se retoma por el Estado algo que nunca se debió haber perdido”, enfatizó la funcionaria federal.

González Escobar agregó que con la reforma también se incorporaba al litio como área estratégica, respecto de la cual no se podrían otorgar concesiones para explotar dicho metal, y explicó, que, además, se daba prevalencia a las empresas públicas.

“Con esta reforma lo que se logró es regresarle al pueblo de México estas empresas, se cambia la naturaleza tanto de CFE como de PEMEX, para devolverles su carácter público, como Empresas Públicas del Estado. Se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico”, puntualizó la titular de la SENER.

Con 353 votos a favor y 122 sufragios en contra, el Plano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en lo general, el 9 de octubre de 2024, el dictamen por el que se reformó el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas.

Presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero de 2024, con la que buscaba establecer a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, como empresas públicas del Estado.

Los votos a favor fueron emitidos por los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), mientras que los sufragios en contra fueron de las bancadas de Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Esposo de Marina del Pilar fue rebotado en la garita

Carlos Torres, esposo de Marina del Pilar, habría sido rechazado en su intento de cruzar a Estados Unidos. En el caso de la gobernadora, sí hubo un aviso para evitar que pasara por ese momento penoso.

La revocación de visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres, ahora se llena de contradicciones, al parecer Torres no fue notificado “como muchas otras personas”, sino que fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera. 

La reciente revocación de la visa a Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha generado un escenario de contradicciones y versiones enfrentadas entre lo publicado por medios locales y lo expresado oficialmente por los implicados.

Torres Torres fue rebotado hace aproximadamente dos semanas al intentar cruzar hacia Estados Unidos por la garita de Tijuana, Según reveló el medio ZETA.

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectaron una alerta en su estatus migratorio y lo condujeron al área de inspección secundaria. Ahí le notificaron que su visa de turista había sido revocada, se la retiraron y le negaron el ingreso al país vecino. No se le dio más información y regresó a territorio mexicano sin oponer resistencia. 

En contraste, el propio Carlos Torres publicó en su cuenta de Facebook el sábado 10 de mayo una versión muy distinta: “Fui notificado por autoridades consulares de los Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no migrante, una medida que ocurre con muchas personas en contextos similares…”.
Incluso agregó que no era objeto de ninguna investigación: “Cabe señalar que mi conciencia está tranquila y estoy seguro que se resolverá la situación de manera favorable. En la actualidad, la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común, y como tantos otros, estoy incluido en ese universo.

“Este procedimiento no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos”.

La contradicción es evidente. Mientras el medio  ZETA sostiene que la revocación ocurrió en la garita y fue resultado de una investigación desde Washington, Torres afirma que fue una simple notificación consular, como si se tratara de un trámite rutinario. 

Además, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana negó haber participado en dicho proceso, aclarando que la orden vino directamente del Departamento de Estado en Washington, como parte de una indagatoria más amplia.

También la gobernadora Marina del Pilar intentó suavizar el hecho en redes sociales, señalando que “poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”. No especificó si su visa fue efectivamente cancelada, pero fuentes estadounidenses aseguraron a ZETA que fue notificada previamente como “cortesía diplomática”, para evitarle un momento incómodo si intentaba cruzar.

La información publicada por ZETA  no ha sido confirmada por autoridades de Estados Unidos, por lo que tampoco se puede hablar de una investigación federal en territorio vecino.

SHEINBAUM NO SABÍA NADA

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno no fue notificado oficialmente por Estados Unidos sobre la revocación de visas a Marina del Pilar ni a su esposo. “Nos enteramos por el comunicado que ella misma publicó en redes sociales. No nos vamos a adelantar… vamos a esperar la información”, declaró en su conferencia matutina. La mandataria también dijo desconocer las causas del retiro de las visas y si existen otros casos similares.

Mientras tanto, desde Morena se han cerrado filas en apoyo a la gobernadora, y diversas voces han salido a denunciar supuestas campañas de calumnia y persecución política, pese a que aún no se han esclarecido las razones detrás de la medida adoptada por el gobierno estadounidense.
Sin embargo, lejos de tratarse de un trámite habitual, como han intentado presentar los involucrados, las autoridades de Estados Unidos han sido enfáticas: la revocación de las visas no fue aleatoria ni rutinaria.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Anulan condena de 50 años a psicóloga acusada de asesinar a su madre en Nayarit

El ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, en 2013 exhibió públicamente a Venus María Valdez Ponce como responsable, sin juicio de por medio, del asesinato de su propia madre. Luego de años y señalamientos de indebido proceso, logró la anulación de su condena y la reposición del procedimiento.

Venus María Valdez, psicóloga acusada en 2013 de asesinar a su madre, Aurora Ponce del Ángel, recibió el anuncio de que la sentencia por 50 años en su contra, fue anulada y será repuesto el proceso, informó Rodrigo González Barrios, vocero de la Promotora de la Comisión de la Verdad.

El 27 de septiembre de 2023, la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit resolvió que su sentencia de 50 años, dictada previamente, fue emitida en violación de sus derechos procesales.

González Barrios, en entrevista para ‘Aristegui en Vivo’ explicó que la sentencia fue anulada por diversas irregularidades en el proceso.

“Los tres magistrados (que atendieron el caso) han concluido que fueron vulnerados los derechos procesales de Venus, que hubo violaciones al debido proceso, y que muchas de las audiencias y litigios no contaron con la firma del secretario de acuerdos”, indicó González Barrios.

El caso, que había sido ampliamente mediático por su relación con el exfiscal de Nayarit Edgar Veytia —convicto por narcotráfico y demandado civilmente por tortura en Estados Unidos—, será revisado por completo.

El caso de Venus comenzó en 2013, cuando fue acusada de asesinar a su madre, quien trabajaba para el Servicio Médico Forense, un área bajo la responsabilidad de Veytia.

La versión oficial sostenía que Venus la mató con un cuchillo, después de haberle administrado 15 pastillas de Diazepam mezcladas con pollo, pero las pruebas periciales mostraron inconsistencias con esta teoría, pero a pesar de estas y otras irregularidades que demostró Venus con revisiones periciales, fue condenada a 50 años de prisión.

González Barrios relató que la defensa de Venus no fue adecuada desde el inicio.

“En 2014 no hubo ningún abogado que atendiera y llevara el caso (…) no tuvo absolutamente ninguna defensa y obviamente, se fue llevando a este proceso, conculcando todos sus derechos, así lo dicen tres magistrados del Poder Judicial del Estado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.”

El activista dijo que en 2018, la Promotora de la Comisión de la Vedad, tomó el caso y “se desvelaron más irregularidades”, señaló.

A lo largo de los años, se demostraron varios elementos que apuntaban a un posible fraude judicial y un manejo indebido de las pruebas.

Uno de los puntos más relevantes en la resolución de los magistrados fue la invalidación de varias pruebas, entre ellas, una videograbación donde Venus se declaraba culpable.

“El famoso video donde ella se declara culpable, que Miriam me dijo, señor Rodrigo, nos obligaron a filmar ese video”, recordó González Barrios.

El video al que hace referencia, fue difundido bajo encargo del ex fiscal Veytia, donde se presentó a Venus María y a Miriam “N” como responsables del homicidio de Aurora, sin juicio de por medio, con dos comunicadores dependientes de la institución exigiendo respuestas afirmativas a ambas mujeres.

El video ha servido como ejemplo, incluso para diplomados y cuestiones académicas, para mostrar patologías e historias de terror, en los que señala a Venus, sin seguimiento a la situación legal.

El tribunal ha ordenado que el proceso sea reanudado desde cero, con una revisión exhaustiva de las pruebas y un nuevo juicio.

“Lo más valioso de esta resolución es que se reconoce la vulneración de los derechos de Venus y se comprometen a un juicio justo. La nueva sentencia podría ser absolutoria”, afirmó González Barrios.

En su última conversación con Venus, el defensor señaló que ella se mostró optimista ante la reactivación del proceso.

“Venus está contenta, ya se reactivó el caso, y se va a revisar todo el procedimiento”, detalló González Barrios.

La situación ha sido motivo de atención en Nayarit, especialmente por los vínculos entre el caso y el exfiscal Edgar Veytia, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, relacionado con los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, durante su gestión entre 2011 y 2017.

Además, en febrero pasado, un grupo de seis personas nayaritas demandaron al exfiscal en una corte civil de Washington por los delitos de tortura, abuso de poder y coerción, con fines reparatorios; a la que Veytia negó los cargos y destacó que se trata de un asunto político encabezado por González Barrios.

Este último negó que forme parte del nuevo proceso civil, aunque respaldó a los demandantes porque afirmó que es necesario que se haga justicia con los casos que lograron proceder legalmente contra el exfuncionario.

Finalmente, el entrevistado mencionó que la resolución del tribunal representa un avance en la búsqueda de justicia para Venus María Valdés, cuya condena de 50 años fue considerada una de las mayores irregularidades judiciales en el estado.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Retiro de visas a gobernadora de BC y su esposo se debe a investigación en curso en EU: Navarro

La periodista Adela Navarro, directora general del Semanario ZETA Tijuana, señaló en 'Aristegui en Vivo' que a Carlos Torres, esposo de la gobernadora, le fue notificado el retiro de su visa cuando intentó cruzar a Estados Unidos hace aproximadamente dos semanas.

La revocación del visado de entrada a Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo Carlos Torres, es un caso “grave”, ya que es la primera vez que a un mandatario en funciones se le retira la visa, aseguró Adela Navarro, directora general del Semanario ZETA Tijuana.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, dijo que fuentes estadounidenses señalaron al semanario que las versiones que han dado a conocer tanto la gobernadora como su esposo no coinciden con la información con la que cuentan.

En el caso de Carlos Torres, quien ocupa un cargo honorario como encargado de Proyectos Especiales en el gobierno de su esposa y también labora en el Ayuntamiento de Tijuana, señaló que no fue notificado como aseguró sino que hace aproximadamente dos semanas “él intentó cruzar por una de las dos garitas internacionales en Tijuana para ir hacia San Diego, California, y el oficial que lo atendió en la garita, del CBP, vio una alerta del Departamento de Estado en la computadora al momento de introducir los datos”, por lo que fue invitado a pasar a una segunda inspección para hacer una revisión más detallada.

“Después de hacer la revisión a su documentación, y seguramente al revisar la alerta que aparecía en las computadoras, fue donde le notificaron que le iban a retirar la visa, que no puede entrar al país y que va a tener que regresarse a México”, dijo Navarro.

Según las fuentes consultadas por el diario, “no hubo resistencia de ninguna forma” por parte de Torres, aunque sí preguntó a qué se debía el retiro de la visa, una cuestión sobre la que los elementos del CBP no dieron información adicional. “Le dijeron que la tenía que buscar por otras vías, ya directamente con las autoridades del Departamento de Estado”, mencionó.


La periodista apuntó que, en el caso de la gobernadora, “ella sí fue notificada por vías consulares”, debido a la naturaleza de su cargo. Dado que Ávila tiene relación con autoridades estadounidenses, los funcionarios “no querían que pasara un momento incómodo en caso de que decidiera cruzar también hacia los Estados Unidos por cualquier vía terrestre —sea Mexicali, Tecate o Tijuana— y que le fuese retirada su visa en ese momento”.

“En el caso de ella, no sabemos si le dieron información adicional, la cual no le dieron a su esposo en el momento en que le retiraron la visa, porque no lo ha comentado. El comunicado personal que ella sube a su página de Facebook es muy escueto. De hecho, no dice directamente que le fue retirada la visa, sino que recibió una notificación similar, pero sí se confirma por las propias autoridades que también le retiraron la visa. Eso es lo que sabemos hasta ahorita, producto de investigaciones que se están realizando”, puntualizó.

Navarro detalló que el gobierno estadounidense no ha informado públicamente sobre la revocación de las visas a la gobernadora y a su esposo, ya que se trata de asuntos que únicamente se discuten con las personas afectadas.

“Lo que nos dijo una de las fuentes consultadas por el Semanario ZETA el día de ayer es que el retiro de las visas es la consecuencia de una investigación que ya tiene tiempo llevándose a cabo. No precisó detalles —si es ‘huachicol’, si son otras relaciones— pero sí que se trata de relaciones, negociaciones o acuerdos con grupos que no están dentro de la ley”, dijo.

Recordó el contexto de inseguridad que se vive en la entidad, así como los recientes decomisos de “huachicol”, uno de los cuales ocurrió hace unos meses en Ensenada, muy cerca de la frontera con Tijuana, “donde incluso el dueño del predio donde se almacenaba la gasolina y el diésel es un exsenador de Morena”.

“También en ese caso y otro de ‘huachicol’ hubo personas implicadas o relacionadas con el gobierno de Baja California, con Morena precisamente. Entonces, sí van varios casos. Tecate también es otra zona donde el tema del ‘huachicol’ es bastante importante, y donde también se ha implicado a autoridades locales”, señaló la periodista.

Señaló que, además del ‘huachicol’ en Baja California, también coexiste el problema del trasiego del fentanilo, “porque es una frontera por la que se trafica mucha droga de México a los Estados Unidos”.

“Y la cuestión es que, como todo el crimen organizado, los cárteles no pueden subsistir sin el apoyo de una parte del Estado, sea por parte de corporaciones policiacas que los protegen, o jueces que los protegen, o funcionarios que les permiten adquirir tierras o transitar por las calles”, comentó.

ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aplazan audiencia del rector de la UAZ, acusado de violación contra una menor

El rector enfrenta acusaciones por el delito violación equiparada agravada en contra de una menor, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Hasta el próximo jueves se reanudará la audiencia judicial de Rubén “N”, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien permanece desde el 9 de mayo en prisión preventiva en el penal de Cieneguillas. 

El rector enfrenta acusaciones por el delito violación equiparada agravada en contra de una menor, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El día 10 del presente mes, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en la sala 3 del juzgado de Control y Enjuiciamiento de la capital, donde los fiscales hicieron del conocimiento a Rubén “N” de los hechos por los que se le investigan, a partir de una denuncia interpuesta en noviembre de 2024. 

El juez Alfredo Sánchez Domínguez determinó, a petición de la defensa del rector, que la audiencia continuará este lunes 12, para resolver o no la vinculación del imputado a proceso penal. 

Sin embargo, se reprogramó, para el jueves 15, la reanudación de la audiencia a petición de la defensa del imputado, quienes solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALONSO CHÁVEZ LANDEROS.

Asesinan al “Señor de la Sierra”, en Choix, Sinaloa; era buscado por la DEA

Adelmo Núñez Molina, alias “Lemo”, “01” y/o “Señor de la Sierra”, de 50 años de edad, fue encontrado asesinado, la mañana del 11 de mayo de 2024, junto con el cadáver de otra víctima -identificada como “El Pelochas”-, debajo del arco de bienvenida al municipio de Choix, al norte del estado de Sinaloa.

El cadáver de “Lemo” tenía los pantalones abajo, evidentes signos de tortura y heridas por arma de fuego, además de que le fue clavada una cartulina en el abdomen, misma en la que se le acusó de ser un presunto líder delincuencial.

“Pueblo de Choix. Aquí está la lacra que tenía sometido todo el municipio ‘Adelmo Nuñes 01’. Esto le paso (sic) por dedo, rata, extorsionador […] Que tengan tranquilidad y paz”, se leía en el mensaje escrito en la cartulina.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa envió peritos y agentes del Ministerio Público, para realizar las diligencias, entre ellas el levantamiento de los cadáveres, los cuales fueron trasladados a una funeraria, para la necropsia de ley.

Según registros de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), “Lemo”, nació el 15 de diciembre de 1970 y se le atribuía ser uno de los principales operadores del narcotráfico en la región serrana entre Sinaloa y Chihuahua. Su lugar de residencia, era Bacayopa, en el municipio de Choix.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), tenía identificado a “Lemo”, desde el 12 de mayo de 2021, como un presunto “asociado clave” del capo sinaloense Jesús González Peñuelas (también conocido como “Chuy González”), líder de la organización de tráfico de drogas (DTO, por sus siglas en inglés) González Peñuelas.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de EE. UU., afirmó que Núñez Molina era “una fuente de suministro de goma de opio sin procesar para Jesús González Peñuelas”. Según lo detalló, en un comunicado, en el año 2019, la Fiscalía Federal del Distrito de Colorado acusó a “Lemo”, de varios cargos de tráfico de drogas.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

El Regidor de Santiago Niltepec es asesinado a balazos mientras daba regalos a mamás

Como resultado de un ataque armado, David Castillejos Cruz, Regidor de educación de Santiago Niltepec, Oaxaca, fue asesinado mientras repartía regalos en un evento del Día de las Madres.

David Castillejos Cruz, Regidor de educación del municipio de Santiago Niltepec, Oaxaca, fue asesinado ayer a balazos durante un evento que se había organizado en la localidad como parte de las celebraciones del Día de las Madres.

Según reportes de lo acontecido, el asesinato ocurrió en la comunidad de Santo Domingo de Guzmán, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde un grupo de hombres armados habría arribado e interceptado al funcionario, a quien habrían atacado sin motivo alguno mientras éste repartía regalos.

Testigos de la zona aseguraron que los responsables dispararon en varias ocasiones contra el Regidor para posteriormente huir del lugar. Tras el atentado, los familiares de Castillejos Cruz, así como otras personas que estaban en el lugar del incidente, intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un hospital para que pudiera recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes, a pesar de los esfuerzos que se realizaron para tratar de salvar su vida, el Regidor de educación murió minutos después en el nosocomio debido a la gravedad de las heridas por el impacto de bala.

Más tarde, personal de la Policía Estatal y elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) de Oaxaca acudieron al sitio del ataque para acordonar la zona e iniciar las primeras indagatorias sobre lo acontecido.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la agresión ni se ha identificado a las personas responsables del crimen. En tanto, el Ayuntamiento de Santiago Niltepec lamentó el asesinato del regidor y agradeció su labor con el municipio.
“Su legado vivirá para siempre en los corazones de aquellos a quienes sirvió y en la historia de nuestra sociedad. A los familiares y amigos, extendemos nuestras más sinceras condolencias. Que la paz y el consuelo los acompañen en este momento de dolor”, expresó la administración municipal.
Durante enero y marzo de este año se registraron alrededor 200 homicidios dolosos en Oaxaca, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senadores del PAN piden explicación a gobernadora de BC por revocación de su visa

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado solicitó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, exponer los motivos de la revocación de su visa de no inmigrante a la que procedió el gobierno de Estados Unidos.

El GPPAN, coordinado por el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, refirió este domingo 11 de mayo que el caso concerniente a la mandataria estatal emanada de Morena así como a su esposo, Carlos Torres Torres, “plantea serias interrogantes sobre la integridad y la ética en el ejercicio del poder que deben ser aclaradas”.

El día de ayer Ávila Olmeda informó vía red social que “poco tiempo después” de que el gobierno de EE.UU le revocara la visa de no inmigrante a Torres Torres, a ella le fue aplicada la misma medida consular.

“Les informo a todos los ciudadanos de Baja California que esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona”, publicó la ex alcaldesa de Mexicali. Se dijo con la “conciencia tranquila” y segura de que la situación se aclararía para su esposo y ella. “Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso con Baja California”, afirmó.

El Grupo Parlamentario del PAN indicó que la ciudadanía de Baja California y del país merece saber las razones que obraron de por medio en la revocación de la visa y cómo semejante situación podría repercutir en el desempeño Ávila Olmeda como gobernadora, teniendo en consideración la relación comercial, de inversiones y cultural entre Baja California y Estados Unidos.

“Exigimos transparencia sobre esta situación que podría ser un muy mal precedente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos”, sostuvo el GPPAN.

El presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, Álvaro Aldrete Gruel, a su vez demandó que se transparente el “motivo por el cual le fue removida la visa a la gobernadora y a su esposo el señor Carlos Torres Torres”.

Definió la revocación como “un hecho inédito en la historia de Baja California”. Se pronunció porque “los mexicalenses, los tijuanenses y todos los bajacalifornianos” conozcan “la causa real de este suceso”.

Además, mencionó que el PRI solicitaba “la renuncia inmediata” de Carlos Torres como coordinador de Proyectos Estratégicos del Estado, o de la ciudad de Tijuana”, pues según expuso, “su evidente falta de probidad no es un hecho por el cual debería estar inmiscuido en los asuntos políticos de Baja California”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO ANDRADE URIBE.

Respalda bancada de MORENA en Congreso local a gobernadora, tras revocación de visa

Las y los diputados de Baja California de la bancada de MORENA, emitieron un comunicado respaldando a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tras su anuncio donde informó la revocación de su visa por parte del gobierno de los Estados Unidos.

En el comunicado compartido este domingo, argumentaron que, la administración encabezada por la mandataria estatal ha sido un buen referente en cuanto a administración pública se refiere, resaltando programas como la denominada Tarjeta Violeta, apoyos para adultos mayores y becas para estudiantes.

Además, señalaron que Marina del Pilar ha encabezado la estrategia de seguridad en el estado, misma que se encuentra compuesta por la participación de los tres niveles de gobierno.

Por otra parte, añadieron que, actualmente la relación entre México y los Estados Unidos ha sido complicada, principalmente por el tema arancelario; sin embargo, de acuerdo a las y los legisladores locales de Morena, el gobierno federal ha mantenido una postura firme ante dichos problemas.

“Como grupo parlamentario de Morena en Baja California, reconocemos la transparencia y apertura de nuestra gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para atender con dignidad la situación personal que ha compartido en este momento”; se lee en el comunicado.

Finalmente, hacen el llamado al gobierno americano ofrecer aclaraciones sobre la decisión de revolcarle la visa a la mandataria estatal y a su esposo Carlos Torres Torres, esto, de acuerdo a ellos y ellos, para que se resuelva de la manera correcta.

El comunicado fue firmado por las y los 14 diputados y diputadas morenistas que forman parte de la 25 legislatura de Baja California.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ARATH CASTILLO.

Infancias en el contexto de violencia: suman 570 menores asesinados a nivel nacional en lo que va del 2025

De enero a marzo de 2025 se han registrado 570 homicidios de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Jalisco tienen el mayor número de casos.

El pasado 6 de mayo Alexa y Leidy, niñas de 7 y 11 años, fueron asesinadas en Badiraguato, Sinaloa. Los primeros reportes indicaron que ocurrió durante un presunto enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad; sin embargo, familiares acusan que fue un ataque directo de parte del Ejército al confundir el vehículo en el que viajaban.

Este no es el único caso registrado. Desde el inicio de la ola de violencia en Sinaloa han sido asesinados al menos 39 menores.

Mientras que a nivel nacional, según los datos publicados el 17 de abril de 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a marzo de este año se han registrado 570 homicidios de niñas, niños y adolescentes en todo el país, siendo Guanajuato; con 77 casos, la entidad con mayor cantidad de víctimas de este delito, seguido de Michoacán con 65 casos, Oaxaca con 48 y Jalisco con 45.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo, además, las autoridades deben llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida, sin embargo, esto no se ha cumplido.

Juan Martín Pérez García, coordinador regional de la organización Tejiendo Redes Infancia, dijo en entrevista con Animal Político que el contexto de violencia se ha ido normalizando a partir del 2007 con la llamada “guerra contra el narco” y cuando se empezó a hablar de víctimas eran colaterales, pero a partir del 2010 se comenzaron a observar ataques directos en contra de los menores de edad. 

“A partir de ahí, todos los indicadores nos muestran un incremento de homicidios y de desaparición, pero lo más grave de todo esto, es un deterioro de la institucionalidad del Estado mexicano. En ese contexto, la violencia se fue generalizando con efectos muy lamentables para toda la población, pero especialmente ha afectado a los niños y las niñas”.

Esta situación también se ha reflejado en la percepción de seguridad que tiene la población. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detallan que durante el primer trimestre de 2025, el 61.9% de la población considera que es inseguro vivir en su ciudad, además, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que el 44.8% de la población ha decidido modificar sus hábitos y evitar salir de casa por temor a la inseguridad.

En el contexto de las infancias, no existe ningún estudio o métrica que asocie los casos de homicidios de niñas y niños directamente con el combate contra el crimen organizado. 

Juan Martín Pérez García explica que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se intentó llevar un registro sobre las muertes de menores de edad ocasionadas por el combate contra el crimen organizado, no obstante, fue una práctica que no se concluyó y que tampoco siguieron los demás presidentes. 

“No hay datos oficiales que asocien la muerte o el homicidio de un niño o una niña con la guerra contra el crimen. Son homicidios dolosos y homicidios culposos. Hubo un intento todavía en el sexenio de Calderón de llevar un registro de las muertes vinculadas a la lucha contra el crimen y en aquel tiempo, en ese primer ejercicio, se quedó en un corte de 35 mil casos, pero a partir de Peña Nieto se han negado y por supuesto López Obrador y Claudia Sheinbaum se han negado a poder hacer este recuento”, dijo el coordinador de Tejiendo Redes infancia.

Violencia contra las infancias: REDIM contabiliza 7 asesinatos diarios de menores de edad

Todos los días se asesinan niños, niñas y adolescentes, datos recabados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) durante la administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, detallan que, en promedio,  se registran 7 asesinatos diarios de menores de edad, mientras que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ocurrieron un promedio de 6.6 asesinatos diarios, lo que significa un aumento del 0.4%  en 7 meses de haber iniciado el sexenio.

Para Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, los asesinatos no son la única problemática que enfrentan. También está el reclutamiento forzado, una práctica que ha aumentado a la par que la incidencia del crimen organizado en los últimos años. 

“Creo que es muy importante  mirar que otro de los impactos graves de la violencia en niños y adolescentes es el reclutamiento, que lo hemos estado documentando desde hace 15 años y donde la complicidad, la omisión y la quiescencia de las autoridades ha permitido que aunque es un crimen de guerra y es una observación realizada a México desde hace 14 años por el Comité de Derechos del Niño, siga manteniéndose sin certificado y en total impunidad este crimen que afecta principalmente a hombres adolescentes y hombres jóvenes”, recalcó. 

Aunque actualmente no hay cifras oficiales sobre la cantidad de menores que han sido reclutados por el crimen organizado, la organización Tejiendo Redes Infancia, ha alertado que existen entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes que fueron atraídos a participar en las células delictivas con la promesa de acceder a mejores condiciones de vida, sin embargo, estas promesas son falsas y solo han propiciado el aumento de menores de edad desaparecidos. 

En datos, según el último informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), publicado el 14 de marzo de este año, desde 1952 hasta la actualidad, se tiene registro de 112, 579 menores de edad desaparecidos o no localizados, de los cuales 17, 349 siguen sin regresar a sus hogares.

Estrategia de seguridad de Sheinbaum no prioriza a las infancias
 
Juan Martín Pérez García explica que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum consta de 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas, está incumpliendo con las leyes, pues no priorizan los intereses de la niñez ni brinda una vida libre de violencia, como se establece en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“La estrategia de seguridad, en qué gastamos como país y qué priorizamos, tiene que cumplir el artículo 4º constitucional y eso no se está haciendo. La Ley General de Derechos de Niños y Niñas establece que tienen derecho a una vida libre de violencia. Y esto no está sucediendo”, afirmó. 

Finalmente, Pérez García exhortó a las autoridades a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos enfocados a las infancias y adolescencias, además de mejorar las condiciones de vida que han sido afectadas por la situación de violencia que existe desde hace años.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARÍA GUADALUPE FUENTES.

“10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”: mamás reclaman omisiones y falta de reconocimiento del Estado

Cientos de mamás, familiares y personas solidarias marcharon en la capital del país y otras entidades para reclamar al Estado por sus desaparecidos y recordar que las madres encontrarán la verdad.

Socorro Gil Guzmán es mamá de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, desaparecido por policías municipales de Acapulco el 5 de diciembre de 2018 cuando tenía 26 años, en un país donde el gobierno insiste en rechazar la existencia de desapariciones forzadas. 

Junto a cientos de madres que lo han hecho desde hace 13 años, Socorro salió este 10 de mayo a las calles de la capital mexicana para resignificar la palabra dignidad y la palabra madre.

Así lo dijeron desde las escalinatas del Ángel de la Independencia las mamás que marcharon desde el Monumento a la Madre entre consignas como “Las madres no se rinden, las madres no se van, nos hace falta un hijo y lo venimos a buscar” o “No, no, no, no es un hecho aislado, las desapariciones son crímenes de Estado”. 

Desde la colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, Socorro recuerda cómo el día que desapareció su hijo iba acompañado de otro joven para jugar en una cancha ubicada muy cerca del zócalo de Acapulco. Se los llevaron a los dos, y al día siguiente el cuerpo del amigo fue hallado con signos de tortura. 

“Mi hijo sigue sin aparecer. En la fiscalía cometieron muchas omisiones, como desaparecer las pruebas de un video donde fueron a tirar a Carlos, que es el amigo de mi hijo. Me amenazaron, me persiguieron, me desplazaron, sufrí persecución y desplazamiento del estado de Guerrero, por la misma fiscalía, que fue la que se encargó de cubrir a todos los perpetradores”, relata.

Jornadas de memoria

Las jornadas de memoria por hijas e hijos desaparecidos comenzaron desde la tarde del viernes, cuando el Frente de familias de personas desaparecidas de la CDMX Luxiérnagas instaló un Árbol de la Memoria junto a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) de la capital, con fotos de sus seres queridos desaparecidos.

Más tarde, veladas en el Monumento a la Madre y el Zócalo capitalino recordaron a las 27 mamás que han sido asesinadas en la búsqueda de sus hijos, así como tres que permanecen desaparecidas, con velas, imágenes y flores que encendieron las causas de la lucha mientras caía la noche.

Frente a las puertas de Palacio Nacional, durante la madrugada del 10 de mayo, un grupo de madres de víctimas de feminicidio encabezó la velada y protestó para que sus hijas, que no han encontrado justicia, sean nombradas.

Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendia, víctima de feminicidio en 2010, estuvo al frente del acto de memoria haciendo un llamado a las autoridades recordándoles que “no llegaron todas, faltan nuestras hijas”. Clara Yañez Lopez, Antonia Alemán Andrade y Lidia Florencio también se acompañaron durante la madrugada de memoria por sus hijas Karla, Kari y Diana. 

Compartieron el sentir de un 10 de mayo doloroso, en el que sus hijas no están. El día, como para tantas otras, se ha resignificado mediante la protesta, acompañamiento y conmemoración. “No tenemos nada que festejar”, señaló Clara Yañez, mamá de Karla Marisol Valencia Yañez.
Ya en las primeras horas del 10 de mayo, el Monumento a la Madre fue escenario de un evento de memoria y oración, con elementos de diferentes espiritualidades y creencias religiosas, en el que a las mamás las acompañó la exigencia y la rabia, pero también el canto y la oración. 

“Marchamos juntas, hasta llegar a la justicia”

“Marchamos juntas, hoy, como signo de esperanza, hasta llegar a la justicia”, dijeron las mamás antes de enfilarse hacia Paseo de la Reforma para tomar el trayecto al Ángel de la Independencia. Una vez ahí, desde las escalinatas recordaron que al país le faltan más de 126 mil personas, no solo a sus familias.

“Decidimos este día que se conmemora en nuestra cultura, el 10 de mayo, salir al centro del país a demandar, a exigir la búsqueda y localización de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, que aún no los hemos encontrado. El Estado mexicano ha fallado, y sigue estando en deuda con nosotras. Por eso, hoy estamos aquí congregadas”, se escuchó desde las escalinatas. 

Las madres recordaron que entre otras omisiones, no se ha querido fortalecer a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda para que de verdad hagan su trabajo. Además, acusaron que las han desgastado en reuniones que no las acercan a encontrar a sus seres desaparecidos. 

“Ya basta de tanta farsa, señora presidenta Claudia Sheinbaum, debe saber que no nos engaña con falsas promesas, con falsas reformas que no son la solución, que no nos dan la verdad y justicia, que no se dan estrategias para frenar, para prevenir, la escalada de desapariciones. La solución va más allá.

“No somos ignorantes, somos personas sujetas de derechos; tenga respeto por nuestra lucha y nuestro dolor; en la medida que opte por romper con los pactos de impunidad, podremos empezar a confiar en usted. Un signo de voluntad política implica iniciar una reestructuración de la Fiscalía General de la República y procesos contra quienes han llevado al país a esta grave crisis de derechos humanos”, sostuvieron.

Adicionalmente, apoyaron y saludaron la decisión del Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas de invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que implica la apertura —por primera vez en la historia— de un procedimiento especial a México ante la posibilidad de que estén ocurriendo desapariciones forzadas de manera generalizada y sistemática. 

“El Comité ha seguido la situación en México por más de 10 años. Su decisión no es contra un proyecto de gobierno, es para proteger a las víctimas actuales y potenciales. Señora presidenta, Claudia Sheinbaum, se trata de que como representantes del Estado mexicano, con un poco de humildad y de responsabilidad, miren sus debilidades y limitaciones, y acuerden con el secretario general de Naciones Unidas un mecanismo independiente de investigación y de impulso a la verdad y la justicia con un componente de búsqueda e identificación”, pidieron.

“No nos escuchan, nos minimizan y nos revictimizan”

A Socorro, en lo personal, le da muchísimo coraje que el gobierno de México no reconozca plenamente la existencia de desapariciones forzadas: “Quisiera poder tener enfrente a este gobierno y decírselo en su cara, que se supone que era un gobierno para el pueblo, y este gobierno nos traicionó, porque no tenemos apoyo ni del gobierno municipal ni del gobierno estatal, y menos del gobierno federal. No nos escuchan, nos minimizan, nos revictimizan y desaparecen a nuestros hijos por dos, tres, cuatro ocasiones”, reclamó al pie del Ángel de la Independencia.

En el caso de su hijo, cuenta, hay incluso una carpeta de investigación abierta por desaparición forzada, gracias a testigos que declararon que fueron policías municipales quienes se lo llevaron, cuando solo estaba apoyando a su amigo a poner una denuncia contra su empleador en un bar. Socorro acusa que en la investigación no hay avances porque desaparecieron todas las pruebas de la carpeta. “Actualmente, la carpeta la tiene la ONU y está exigiendo que se llame a citar al fiscal porque él fue el que detuvo la diligencia con los nueve policías que ya habían citado”, agrega.
Como dicen las madres que buscan, que marchan y que toman el altavoz en el Ángel de la Independencia, quizá el gobierno no ordena las desapariciones, pero las solapa, las sigue permitiendo a sabiendas de la estadística y las consecuencias, y ha perpetrado y mentido a la comunidad internacional. 

“Las madres no se rinden, las madres no se van, nos hacen falta nuestros hijos y los tenemos que buscar”, se escuchó durante diferentes momentos de la protesta. La jornada también tuvo como objetivo recordar, a cada paso y en cada consigna, a las mamás que ya no están. 

“Este 10 de mayo, en el cual nada tenemos que celebrar, también marchamos y gritamos los nombres de las madres que ya no están en vida, para tenerlas presentes y recordar a las autoridades que para ellas no hubo verdad y justicia, y también para exigir que cesen los feminicidios, los ataques y las violaciones a los derechos humanos hacia las madres que, día a día, salen de sus hogares en busca de sus seres amados, haciendo el trabajo de la autoridad, y por ello han sido víctimas de estos hechos tan lamentables”, denunciaron en las escalinatas del Ángel. 

“10 de mayo no es de fiesta”

“10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta” y “dónde están, nuestros hijos, dónde están”, se escuchó durante el avance de la marcha por Paseo de la Reforma, pero también en sus puntos de salida y destino. Madres del colectivo Una luz en el camino, de la Ciudad de México, se sumaron a esas voces e hicieron énfasis en que se reconozcan las desapariciones en todas las entidades. Pidieron que se haga justicia para sus desaparecidos; este 10 de mayo, dijeron, no pueden celebrar porque les hacen falta sus hijos.

“Que busquen, que realmente hagan su trabajo, que se pongan en los zapatos de las madres, de los padres, de los hijos, de los esposos en busca de nuestros seres queridos que están desaparecidos”, pidió Verónica Apodaca, quien busca a su hijo Bryan Quintero Apodaca, desaparecido el 15 de julio de 2016 en la alcaldía Gustavo A. Madero. 

Ella marchó bajo la misma convicción que muchas otras, y desde el reconocimiento de que la colectividad que encontró hace cinco años ha hecho la diferencia. “No nos rindamos, las madres nunca nos vamos a rendir, y no vamos a permitir que nos apaguen las voces ni las exigencias”, se escuchó desde esa colectividad antes de que las escalinatas del Ángel comenzaran a vaciarse.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Edil de Morena pide licencia y los datos brotan. Le hallan armas y droga. Lo buscan

El Edil de Cuautempan, reelecto por Morena-PT en 2024, desapareció tras operativos que revelaron posible uso de recursos municipales en actividades delictivas.

Tras una serie de cateos simultáneos en propiedades vinculadas al Alcalde Gerardo Cortés Caballero, autoridades estatales y federales aseguraron armamento, drogas, vehículos y cartuchos útiles, como parte de una investigación por presuntas actividades delictivas que operaban desde inmuebles relacionados con el Ayuntamiento.

Cuautempan es un municipio de 95 kilómetros cuadrados, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, en los límites con Ahuacatlán. Con una población cercana a los 10 mil habitantes, sus comunidades están dispersas en la montaña, y dependen principalmente de la agricultura y el comercio informal. Como otras localidades de la región, enfrenta altos niveles de marginación y migración forzada desde hace décadas, además de una creciente presencia del crimen organizado.

La operación, coordinada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, incluyó la intervención de elementos del Ejército, la Marina y la Policía Estatal, y se enfocó en domicilios particulares, comercios familiares y una propiedad conocida como "Casa de Piedra", la cual sería una residencia de empleados municipales.

De acuerdo con el periódico Reforma, la dependencia también inspeccionó la casa de su padre, Gerardo Cortés Betancourt, quien fue dos veces Alcalde del municipio, de 2008-2011 y 2018-2021.
Asimismo, el diario añade en su publicación que las investigaciones realizadas por la FGE de Puebla permitieron detectar una serie de actividades ilícitas que afectaban a comerciantes y transportistas en la región. Entre ellas, el cobro de cuotas de 200 a 500 pesos a vendedores por permitirles operar, el robo de mercancía a negocios y transportistas, así como la venta y distribución de droga.

A través de labores de inteligencia y operativos en campo, se identificaron cuatro inmuebles presuntamente utilizados para estos fines, lo que llevó a la solicitud de órdenes de cateo para intervenir dichos espacios y profundizar en las indagatorias.
"Como resultado de labores de inteligencia y de campo, realizadas ante reportes de diversas actividades ilícitas en los puntos referidos, entre estas, el cobro de 200 a 500 pesos a comerciantes por dejarlos trabajar; robo de mercancía a transportistas y negocios; así como venta y distribución de droga, se logró identificar cuatro inmuebles utilizados para estos fines, por lo que se solicitaron las órdenes de cateo correspondientes", indicó la FGE de Puebla en un comunicado.
Durante el cateo realizado en inmuebles de Cuautempan y Ahuacatlán, se decomisaron drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos que estaban vinculados a estos delitos. Los bienes asegurados y los indicios recopilados quedaron bajo resguardo de la FGE mientras continúan las investigaciones para determinar su origen y esclarecer los hechos.

La institución de justicia no precisó si parte de lo incautado pertenece al Alcalde de Cuautempan, quien llegó al cargo arropado por Morena y el Partido del Trabajo (PT), fuerzas que lo postularon.

Aunque el despliegue comenzó desde la madrugada del sábado, las autoridades no lograron localizar al Edil, quien desde el jueves dejó de presentarse a actos públicos.

Horas después del operativo, el Cabildo recibió una solicitud de licencia por 20 días, firmada por Cortés Caballero. No obstante, hasta el cierre de esta edición, su paradero es desconocido y ya se le considera prófugo.

Alcalde de Cuautempan pide licencia

El titular de la Secretaría de Gobernación estatal, José Samuel Aguilar Pala, dio a conocer ayer que Gerardo Cortés Caballero presentó un oficio para solicitar licencia a su cargo como Alcalde de Cuautempan, luego de los cateos realizados por la FGE.

Además, manifestó que el Gobierno de Puebla se mantendrá "respetuoso" del proceso legal contra el Edil, quien pidió licencia para ausentarse 20 días, aunque la Ley Orgánica Municipal permite una ausencia de hasta 90 días.

Mientras avanza la investigación por delitos contra la salud, acopio de armas, extorsión, robo a transporte de carga y secuestro, las autoridades estatales reiteraron la importancia de esperar la determinación judicial antes de emitir juicios sobre el caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas por presunta violación

El próximo 14 de mayo, la universidad celebrará elecciones en las que se elegirá a un nuevo rector y a otros 700 cargos.

Un juez de control ordenó la prisión preventiva en contra de Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), detenido la noche del pasado viernes en el municipio de Guadalupe por la fiscalía estatal y quien es señalado de la presunta comisión del delito de violación equiparada agravada.

En la audiencia, que se llevó a cabo el sábado en el Centro de Justicia Penal de Cieneguillas, el juez determinó la prisión preventiva hasta el próximo lunes 12 de mayo, en la que el juez Alfredo Sánchez Domínguez determinará la situación jurídica del rector.

La acusación, por la que la fiscalía pretende imputar al rector, se desprende de una denuncia presentada en noviembre de 2024.

En un comunicado la institución señaló en un comunicado que “la atribución de estos hechos corresponde a la esfera personal del imputado, sin que exista conexión alguna con su desempeño o gestión dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas”.


Del mismo modo lo precisó el secretario general interino de la UAZ, Armando Flores de la Torre, en una rueda de prensa, al mencionar que se trata de un “procedimiento meramente personal, no tiene nada que ver con la institución”.

Ante la aprehensión del rector, el Flores de la Torre asumirá sus funciones provisionalmente, de acuerdo con la ley universitaria, en tanto el Consejo Universitario no defina las acciones a seguir.

“La institución no es una persona, somos todos los universitarios: docentes, estudiantes y personal administrativo”, dijo.

El próximo 14 de mayo, la UAZ celebrará elecciones en las que se elegirá a un nuevo rector y otros 700 cargos, con la participación de estudiantes, maestros y trabajadores. Los principales contendientes son la líder del sindicato universitario, Jenny González Arenas, y el exsecretario general, Ángel Román Gutiérrez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Responde exfiscal de Nayarit a demanda civil por tortura en Estados Unidos

En Nayarit, en juicios penales, el exlíder priista Carlos Saldate fue condenado por secuestro agravado a 35 y 76 años de prisión en dos casos distintos. En ambos, el exfiscal Édgar Veytia fue señalado como coautor con control policial; enfrenta 176 años de cárcel y acusaciones de tortura.

Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, respondió el pasado 6 de mayo a la demanda civil presentada en su contra ante una corte federal en Washington D.C., Estados Unidos, en la que seis personas lo acusan de abusos de poder, coerción y tortura durante su tiempo como fiscal (2011-2017), con fines de reparación de daños.

Veytia, quien se encuentra cumpliendo una sentencia de cinco años de libertad supervisada por narcotráfico, rechazó las acusaciones y advirtió un trasfondo político, tras asumirse exintegrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El señor Edgar Veytia fue fiscal general del estado de Nayarit y miembro del partido político PRI”, y argumentó que la demanda fue impulsada por “un grupo de personas que colaboran con su antiguo oponente político, llamado Rodrigo González Barrios, quien es miembro del partido rival PRD”, señala el documento presentado por su defensa, Alexei Schacht.

Cabe destacar que Schacht ha llevado casos complejos en tribunales federales de Estados Unidos, particularmente relacionados con conspiración, migración, lavado de dinero y narcotráfico internacional, según detalla en su sitio profesional.

Asimismo, Veytia afirmó que González se “autoproclama como presidente de una Comisión de la Verdad en Nayarit que ha utilizado a personas, incluyendo a los demandantes, para presentar acusaciones falsas con el fin de enriquecerse injustamente”.

“Esta Comisión no es una organización sin fines de lucro patrocinada por el gobierno, sino una operación de ‘extorsión’ con fines de lucro”, dijo.

Además, el exfiscal acusó a algunos de los demandantes de tener nexos con el narcotráfico y señaló que uno de los demandantes es “un expolicía rural corrupto aliado con el Cártel de Sinaloa y un narcotraficante que trabajaba para el Cártel H-2”.

En su respuesta, Veytia exigió “pruebas rigurosas” de las acusaciones en su contra aunque admitió haber sido condenado por delitos de narcotráfico y haber cumplido una sentencia, pero negó haber orquestado actos de tortura “contra los demandantes o que haya dañado a los demandantes de alguna manera”.

Sobre las acusaciones específicas de tortura y coerción contenidas en la demanda, respondió que “son todas negadas“, y subrayó que personas que se dicen agraviadas ya han obtenido beneficios económicos mediante denuncias similares en México, pero omitió dar detalles.

“Algunos demandantes han logrado extorsionar dinero de diversas personas en México mediante el uso astuto de procesos legales”.

El exfiscal presentó varias defensas legales en su respuesta, como la prescripción de los hechos, alegando que los presuntos abusos ocurrieron hace más de 10 años, a excepción de uno de los casos.

Argumentó que las demandas de enriquecimiento ilícito carecen de fundamento y resaltó que las reparaciones solicitadas están sujetas a doctrinas como cosa juzgada, negligencia, encarcelamiento injusto, y arresto colateral.

Finalmente, Veytia solicitó a la Corte que la demanda sea desestimada y se emita un fallo a su favor.

“Por lo tanto, el acusado Edgar Veytia ruega que se desestime la demanda, se dicte sentencia a su favor y se otorgue cualquier otro alivio que la Corte considere apropiado”, dice.

El juez Timothy J. Kelly fijó la audiencia inicial para el 20 de junio a las 14:30 horas, la cual se realizará por teleconferencia.

El exfiscal, torturador confeso

Édgar Veytia fue detenido a finales de marzo de 2017 y condenado en Estados Unidos por narcotráfico a 20 años de prisión aunque redujo a 8 años, con el pago de un millón de dólares y quedó en libertad desde el 10 de febrero de 2025.

Esto a partir de colaborar con las autoridades estadounidenses en el caso del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública federal del sexenio calderonista (2006-2012), Genaro García Luna.

En la audiencia para ese caso, el 7 de febrero de 2023, en la Corte de Brooklyn, Veytia reconoció que estuvo involucrado en al menos “10 homicidios o más”, secuestro y entre 30 y 40 casos de tortura, según respondió a la fiscal Saritha Komatireddy.

– En general, fiscal general Veytia, ¿en cuántos asesinatos ha estado involucrado? –le preguntó la fiscal Komatireddy.

–Soy responsable de 10 o más.

–¿Ha estado involucrado en la tortura de alguien?

–Sí

–¿Estuvo involucrado en el secuestro de gente?

–Sí

–¿Y esconder pruebas?

– Sí.

Bajo juramento admitió haber participado en 30 o 40 casos de tortura y que él mismo había usado pistolas de descarga eléctrica (taser) para martirizar a las personas.

Además, reveló su participación directa con los cárteles de drogas, específicamente con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación durante los años en los que fue funcionario en el gobierno de Roberto Sandoval (2011-2017) -quien permanece bajo proceso en prisión desde el 6 de junio de 2021 por cargos federales como lavado de dinero-.

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) también lo consideró para formar parte de la acusación contra el exsecretario de Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos, pero fue desestimada su participación en la corte.

Investigaciones y solicitudes de extradición

El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, ha declarado en distintas ocasiones que mantiene vigente una orden de extradición en contra del exfiscal Veytia a partir de seis carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Algunos casos están relacionados con las víctimas que demandaron reparación de daños por la vía civil en Estados Unidos en contra del exfiscal.

Se desconoce el estatus de la solicitud de extradición en la FGR y en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), toda vez que ésta última dependencia respondió a peticiones de información sobre el caso, que “no desglosa datos por nombre, por lo que no confirmó si hubo petición por Edgar Veytia”.

En febrero pasado, Carlos Saldate, exlíder del PRI en Tepic, exdiputado local y dirigente transportista, fue sentenciado a 35 años de prisión por un caso de secuestro agravado, condena que ya fue confirmada en segunda instancia.

En otro proceso, por el mismo cargo recibió sentencia de 76 años de prisión en primera instancia. En ambos juicios, Édgar Veytia fue señalado como coautor con poder sobre las fuerzas policiales, y enfrenta en total 176 años de cárcel por hechos en los que las víctimas también denunciaron tortura.

Durante los años de Veytia al frente de la Fiscalía de Nayarit se registraron casos de desapariciones forzadas, torturas, homicidios y secuestros que afectaron gravemente a la población local.

La Comisión de la Verdad en Nayarit

Veytia respondió a la demanda civil al referirse a su enfrentamiento con Rodrigo González Barrios, quien en 2017 promovió la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos por el exfiscal y el exgobernador Roberto Sandoval.

La entonces mayoría priísta en el Congreso del Estado rechazó la creación de esta comisión, argumentando fines políticos, porque también el presidente de la XXXII Legislatura, Leopoldo Domínguez (PAN), formaba parte de la iniciativa.

A pesar de este rechazo, la Promotora de la Comisión de la Verdad continuó promoviendo investigaciones, y su vocero, Rodrigo González, anunció su salida del PRD en 2018 para, dijo entonces, dar seguimiento a los casos.

Personas que se consideran víctimas del exfiscal siguen buscando justicia, esperando que las instituciones reconozcan la magnitud de los crímenes cometidos cuando Nayarit, bajo su mando, dejó de ser un estado de leyes y se convirtió en un territorio marcado por el miedo, la violencia institucional y el silencio.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.

Perfiles cercanos al gobernador buscan puestos en el Poder Judicial de Coahuila

Las propuestas enviadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas son las mismas que presentó el Poder Judicial y en ellas aparece el actual presidente, Mery Ayup, en cuya gestión incluso llegó a faltar tonner para las impresoras.

Sin competencia real, porque los listados de los candidatos a los distintos puestos de elección en el Poder Judicial de Coahuila tienen pocas diferencias, es como el viernes 9 de mayo iniciaron las campañas locales para renovar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el de Disciplina Judicial y los cuatro Tribunales Distritales, mientras que el próximo 19 será para la elección de jueces en el estado. 

Los listados de candidatos fueron publicados desde hace semanas en el sitio del Instituto Electoral de Coahuila.

En el caso del TSJ se elegirán 9 de 13 magistrados, y los tres listados emitidos por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo los encabeza la magistrada Gricelda Elizalde Castellanos.  

Las propuestas enviadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas son las mismas que presentó el Poder Judicial y en ellas aparece el actual presidente, Mery Ayup, en la posición número seis y en la siete por parte del Congreso de Coahuila. 

Para la segunda posición en las magistraturas del TSJ está Jesús Homero Flores Mier, quien fuera Fiscal Especializado en Delitos contra la Corrupción y cuyo trabajo fue fuertemente cuestionado; en tercera posición se encuentra María Eugenia Galindo Hernández, actual magistrada en la Sala Civil y Familiar. 

Le sigue la aún directora del Centro Regional de Identificación Humana, Yezka Garza Ramírez; luego Vladimir Kaiceros Barranco, también actual magistrado y presidente de la Sala Civil y Familiar. 

En el lugar siete aparece Isadora de Lourdes Rodríguez Garza, actual delegada de la Fiscalía General del Estado en Sabinas, luego Adriana del Amor Serna Calderón, quien ahora se desempeña como jueza penal y, finalmente, el consejero jurídico del gobierno de Manolo Jiménez Salinas, Valeriano Valdés Cabello, a quien también respaldó el Congreso del Estado. 

En la propuesta del Congreso aparece en la cuarta posición Tamara Garza Garza; en la seis la excomisionada de Atención a Víctimas del estado y también fuertemente cuestionada por familias de personas desaparecidas, Magdalena López Valdez; en la ocho ubicó a Gloria Sánchez Tallabas. 

En el caso de las magistraturas del Tribunal Disciplinario Judicial, el Poder Legislativo y el Judicial hicieron la misma propuesta compuesta por Dulce María Fuentes Mancilla, actual presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información; Jafia Pacheco Valtierra, exintegrante del Consejo Anticorrupción, así como el notario Rodolfo Rábago Rábago, mientras que el Ejecutivo propuso en el segundo lugar a Rebeca Villarreal Gómez. 

En los Tribunal Distritales la lista de los tres poderes es igual y la integran Francisco José Adame Acosta, María del Pilar Flores Velázquez, Ricardo López Campos y Lariza Montiel Luis, una de las panistas que ha estado colaborando con los gobiernos del PRI en el estado.  

En la lista de suplentes también aparecen varios nombres de panistas y cercanos colaboradores del gobernador. 

Por su parte la abogada Sofía Díaz Lozano opinó que el proceso puede considerarse como una elección normal en el estado, al verse perfiles que ya se han desempeñado dentro del Poder Judicial o en la administración pública y han dejado “mucho qué desear”. 

“Vemos a mucho militante del PRI, son pocos y pocas los que están en las listas que no han desempeñado cargos públicos con anterioridad. Me llama la atención que a nivel nacional se pidieron requisitos muy específicos y en Coahuila se agregó el certificado de perfil judicial idóneo, que era un tipo de curso examen que se tenía que presentar bajo lineamientos del Poder Judicial para demostrar que tienen el perfil, pero es algo que se sacaron de la manga. También es cuestionable que haya quienes quieran repetir y su trabajo como magistrados o jueces ha sido cuestionado, como Mery Ayup, con quien los juzgados fueron en decadencia y hubo hasta falta de tonner”, señaló. 

Agregó que el proceso de selección no fue transparente y muchos de los perfiles están asociados al mismo presidente del Poder Judicial y también adheridos al gobierno estatal y Partido Revolucionario Institucional. 

“Quien revisó el examen de idoneidad fue gente del mismo Poder Judicial y quienes obtuvieron las mejores calificaciones es gente con perfiles partidistas y del equipo de Mery o del gobernador. Aquí no fue tómbola, pero sí la selección desde muy arriba del gobierno”, afirmó. 

El actual presidente del Poder Judicial y quien busca mantenerse dentro del organismo, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que las actividades serán austeras. 

“No es necesario constitucionalmente suspender las labores, vamos a seguir trabajando como normalmente lo hacemos y emitiremos un acuerdo del Consejo de la Judicatura y del pleno para que de las 8:30 a las 16:30 horas es horario de trabajo y después hacer campaña, aunque realmente estas campañas van a ser muy diferentes, de muchos de redes y no creo que cada candidato vaya a usar más de 50 mil pesos”, señaló. 

Sostuvo que la austeridad definirá las campañas porque no harán uso de espectaculares ni contratación de publicidad en medios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.