El albergue Casa del Migrante San Agustín en Chihuahua está en su máxima capacidad, mientras los apoyos de las autoridades son escasos y la ayuda que recibían de compañías y empresarios se ha limitado ante la incertidumbre económica por las amenazas arancelarias de Donald Trump.
–Hace poco platiqué con mi tía que me esperaba en Estados Unidos. Me dijo que ya todo está bien difícil allá para los emigrantes; que ella ni sale a trabajar por miedo a que la detengan los del ICE y la deporten. Está muy pesado por Trump. Mi tía me había dicho que me cruzara antes de que este presidente llegara, pero estuve esperando a que me confirmaran mi cita para el refugio por medio de la aplicación CBP One. Pero la cita nunca llegó.
La hondureña Génesis, de 40 años, dice resignada que está cansada, sin dinero y con problemas de estrés y ansiedad. Para ella, asegura encogiendo los hombros, ‘el sueño americano’ ya se terminó, y ahora solo le resta esperar en la Casa del Migrante San Agustín, en la ciudad de Chihuahua, la oportunidad para poder regresar a su país.
Como ella hay al menos otras 80 personas en el albergue. La mayoría, tras la segunda llegada del presidente Donald Tump y la eliminación de un plumazo de la app de refugio CBP One –antes, los migrantes que conseguían la cita podían llevar su proceso de asilo en suelo estadounidense– esperan también en el refugio a que las autoridades migratorias mexicanas les den el retorno asistido hasta sus países, o a que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la ONU, les ayude a volver a casa.
El problema, plantea Linda Flores, la activista y coordinadora de la Casa del Migrante San Agustín, es que están confluyendo al mismo tiempo diferentes tipos de personas que necesitan refugio.
Por un lado, plantea la defensora de derechos humanos, están los migrantes que aún buscan llegar a Ciudad Juárez para cruzar la frontera a Estados Unidos; por otro, los migrantes extranjeros y mexicanos que son deportados, o que se ‘autodeportaron’ por la presión del ICE en la nueva era Trump; además, los jornaleros mexicanos que van a trabajar por toda la frontera norte; y por último, otra población que ha aumentado considerablemente en los últimos años: los mexicanos desplazados de sus comunidades por la violencia del crimen organizado y que tienen necesidades especiales como víctimas de delitos o violaciones graves a derechos humanos.
A todos hay que atenderlos, plantea Linda Flores. El problema, recalca, es que como ha venido siendo la tónica habitual, especialmente desde el pasado sexenio de López Obrador, que declaró prácticamente la ‘guerra’ a los albergues de la sociedad civil –a los que anunció desde 2019 que les quitaría todos los apoyos económicos por considerarlos corruptos–, las ayudas de las autoridades son muy escasas, mientras que las que recibían de ciudadanos y de empresas y empresarios se han visto seriamente mermadas, precisamente, por la llegada de Donald Trump y su ‘guerra comercial-arancelaria’, la cual ha generado que muchos de esos empresarios y grandes compañías limiten las donaciones y apoyos en espera de que el panorama económico se aclare.
Sobre lo anterior, cabe recordar que otra de las políticas más agresivas de Trump, además de la antiinmigrante y antirefugio, ha sido la de amenazar e imponer elevados aranceles a diferentes países, entre ellos a México; al que en varias ocasiones ha amagado con establecer impuestos del 25 % a diferentes productos si no se detenía el tráfico de drogas y de personas indocumentadas hacia su país. Hasta el momento, Trump no ha materializado esos aranceles, debido a que los ha pospuesto en varias ocasiones. Pero la amenaza de imponerlos ha provocado zozobra en las grandes empresas que operan a uno y otro lado de la frontera norte.
–Vemos al sector empresarial con mucha incertidumbre por el tema de los aranceles de Trump. Por ejemplo, en todo lo que va de año, no nos ha llegado ni una donación de alguna empresa maquilera, que antes solía aportarnos botellas de agua y comida para quienes están en el albergue –señala Flores, que explica que son la comunidad de vecinos y la eclesiástica las que están apoyando para atender a las casi 100 personas que saturan el albergue a diario.
–Pero aún con ese apoyo… no nos damos abasto. Necesitamos ayuda –recalca la coordinadora del refugio que pide, por ejemplo, que las autoridades municipales los ayuden a sufragar ciertos gastos, o a que les condenen el pago de servicios como la luz o el agua.
–Necesitamos programas en los que, por ejemplo, se nos condonen los recibos de luz, que son más de 100 mil pesos al año que costeamos nosotros como podemos. Es decir, o pagamos la luz, o ayudamos a la gente. Y hay otros espacios como este en Juárez, por ejemplo, al que el municipio les condona el predial. Necesitamos ayudas como esas, no estamos pidiendo dinero para sueldos; solo lo básico para continuar ayudando a la gente.
Por otra parte, Linda Flores señala que, además de ayudas con lo básico, se requiere también la implementación de políticas públicas en vivienda y de la apoyos a la renta para personas vulnerables que llegan desplazadas por la violencia y sin trabajo, y que, a diferencia de los migrantes extranjeros, o las personas deportadas, que solo buscan estar unos días en el albergue para luego continuar con su camino, necesitan un hogar donde establecerse de nuevo y de una fuente de ingresos.
–También se requiere de programas de empleo o de algún programa productivo para estas personas, y de programas educativos y de becas para los hijos de las familias que están siendo desplazadas por la violencia –agrega Flores, que insiste una vez más en que, a raíz de la segunda llegada de Trump, las cosas se complicaron mucho más para los migrantes extranjeros, pero también para los mexicanos que buscaban refugio en Estados Unidos. Especialmente, dice, tres meses después de la toma de posesión del republicano.
–No sabemos por qué, pero fue a partir de marzo que empezamos a notar mucho el aumento de personas llegando al albergue. Antes, teníamos entre 15 y 20 personas, ahora estamos llenos con más de 80. Y por eso antes no habíamos sentido tanto el impacto de que las empresas dejaran de donar por el miedo a los aranceles. Quizá pueda deberse a que los migrantes ya se están cansando, y muchos deciden regresar a sus países y antes de hacerlo pasan por el albergue.
“Estar con mis hijas será mi nuevo sueño americano”
La hondureña Génesis es una de esas migrantes que decidió arrojar la toalla y regresar a su país.
–Estuve esperando un rato, para ver si volvían a reactivar las citas de refugio, pero estamos en mayo y ya veo que no. Y pues lo mejor es que me regrese para mi país. Ahora, estar con mis dos hijas, cuidarlas, y tratar de enseñarles lo poco que yo he aprendido de la vida y que hagan algo bueno con las suyas, será mi nuevo sueño.
Génesis, que pide que no se mencione su verdadero nombre, dibuja en su rostro moreno una mueca que es una mezcla de alivio y de cansancio extremo. Está sentada en una silla de plástico en una de las habitaciones de la Casa del Migrante San Agustín.
Como ella, muchos otros migrantes que ya intentaron cruzar la frontera, o ya lo hicieron pero fueron detenidos y expulsados, aguardan en el albergue reponiendo fuerzas en lo que deciden qué hacer: si volverlo a intentar o volver a sus países.
–Ya uno se da por vencido, pues –lamenta Walter, otro migrante hondureño que interviene en la plática–. Ya lo intentamos varias veces y no se pudo. Y pues sí, como dice la compañera, lo mejor es regresarnos para nuestras casas. Porque aunque uno quisiera intentarlo con un coyote, pues ya gastamos todo nuestro dinero y, además, está bien peligrosa y difícil la pasada.
Walter, originario de San Pedro Sula, explica que él intentó hasta por tres veces cruzar la frontera con su esposa y con su bebé, una niña que nació durante su estancia en Chihuahua, pero ninguna de las veces tuvieron éxito: fueron detenidos y expulsados a México, donde encontraron asilo en el albergue de San Agustín. Sentado en otra silla, el hondureño cuenta que también tiene familiares del otro lado que lo esperaban, y que también le desaconsejaron que intentara cruzar de nuevo.
–Mi tío me dijo: ‘mira, si te ayudo… es tirar el dinero porque te van a expulsar muy rápido de acá. La migra está más dura que nunca con Trump.
Sobre esto, cabe recordar que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, presumió el 7 de mayo ante el Congreso que, como resultado de la política antiinmigrante de Trump, hubo menos de 200 arrestos al día de personas indocumentadas a lo largo de la frontera sur de su país; una cifra, aseguró Noem, que es la más baja en la historia de Estados Unidos.
Desanimados ante este contexto, la familia hondureña decidió también que lo mejor era regresar a Centroamérica e intentar establecerse de nuevo, aunque Walter asegura que está muy preocupado, pues la situación en su país no ha mejorado en cuanto a la violencia de las pandillas y el cobro de extorsiones al por mayor.
–De donde salimos huyendo, si vos tenés un negocito pequeño, de lo que sea, tenés que pagar a diario 200 o 300 lempiras (unos 200 pesos mexicanos) a los pandilleros. Vos tenés que trabajar para ti, para sacar adelante a tu familia, y tenés que trabajar para los pandilleros. Así es la vida en Honduras.
El problema para regresar a sus países, paradójicamente, es cómo salir de México. Tanto Génesis como Walter aseguran casi al unísono que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) los llevarían hasta Tabasco, al sur de la frontera mexicana; una práctica que desde 2020, con la pandemia de Covid 19, comenzó a ser denunciada por migrantes y organizaciones de derechos humanos, que señalaban que éste era un intento de desgastar a los migrantes para que ellos mismos se autodeportaran por su cuenta y gasto a sus respectivos países en Centroamérica.
–Nosotros quisiéramos que nos llevaran de vuelta a Honduras, que nos ayudaran con el retorno asistido. O que al menos nos dejaran más cerca de la frontera –plantea Génesis.
Por su parte, Walter dice que acudieron con la Organización Internacional para la Migración (la OIM de Naciones Unidas), para tratar de que los asistan en el retorno a Honduras. Pero mientras obtienen una respuesta, todos están ‘varados’ en albergues como este de San Agustín, puesto que la gran mayoría ya están cortos de recursos económicos tras intentar varias veces pasarse del otro lado, y rentar una vivienda o un cuarto es sumamente costoso y difícil para ellos, por la gran cantidad de requisitos que les ponen los arrendatarios.
Como resultado, especialmente a raíz de la toma de protesta de Trump en enero de este año, las instalaciones de albergues como este de San Agustín están al 100% de su capacidad; por lo que la activista Linda Flores recuerda que necesitan ayuda para apoyar a los migrantes, a los retornados, y a quienes están desplazados por la violencia criminal en México.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
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