Como parte del sobreconcesionamiento que la Ley de Aguas Nacionales permite, la Conagua ha dado concesiones de agua para uso agrícola –que no paga derechos– a personajes con poder político.
"En el reordenamiento de concesiones tienes que corregir todo esto, cómo es que se dieron concesiones a un notario público, a un político o familiares de políticos. Por qué ellos tienen agua y nosotros, ciudadanos de a pie o comunidades, no tenemos. Seguro se lo dieron de manera legal (por la ley salinista), pero hay ahí un ejercicio de poder económico, quienes tienen una concesión pueden pagar abogados para demandar a la Conagua; se tiene el capital para poder hacerse de concesiones", dijo Wilfrido Gómez, académico de datos de agua en la Universidad Iberoamericana, quien está investigando a nivel nacional una serie de anomalías en la base de datos de los más de 500 mil títulos de concesiones registrados en el REPDA.
El titular de la Conagua, Efraín Morales, dijo que para verificar "el adecuado uso del agua" están revisando desde la dependencia federal, uno por uno, cada título de concesión dado. Llevan un avance de 260 mil títulos, de los más de 500 mil que se han dado, de manera acelerada, desde 1992 a la fecha, de acuerdo con la base de datos del Registro de Datos de Conagua (REPDA).
Una limitante de la Conagua es el insuficiente número de inspectores para revisar en el campo cuenca por cuenca. Pero a finales de 2024, contralorías de agua conformadas por ciudadanos de norte a sur de México enviaron a las oficinas centrales de la dependencia federal diagnósticos detallados de las distintas anomalías y acaparamiento de agua por región, pero no han obtenido una respuesta concreta.
"¿Por qué la Conagua continúa evitando la colaboración con las Contralorías, a pesar de que representan un esfuerzo legítimo, pacífico y técnico de participación ciudadana y contraloría social?", cuestionó la Contraloría Nacional del Agua en un pronunciamiento publicado recientemente.
El académico de la Ibero, Wilfrido Gómez, explicó que las contralorías del agua están investigando casos de acaparamiento a nivel regional y municipal. Por ejemplo, hallaron que en el acuífero de Texcoco hay un usuario que se llama Luis González, que es notario público y que en 2018 obtuvo por 30 años una concesión para tener 1.34 millones de m3 de agua/año.
En Yucatán, agregó, identifican que la empresa agroindustrial Enerall –de la familia de Alfonso Romo, exjefe de Oficina de Presidencia– contamina con pesticidas el acuífero de Yucatán, pero por la Ley Nacional de Aguas le siguieron dando concesiones de agua en 2022, 2023 y 2024 "a pesar de que se le denunció que era un acaparador; la raíz del cáncer en la gestión hídrica es esa Ley Nacional de Aguas", dijo el académico.
Pero, en contraste con las contralorías ciudadanas: "Hay mucho poder económico detrás que ha venido frenando (la Ley General de Aguas que propone no dar concesiones en zonas sobreexplotadas). La Presidenta Claudia Sheinbaum está lidiando entre las problemáticas de escasez de agua, las denuncias ciudadanas, pero también tiene que lidiar con todo el poder económico; se le cae la economía de México, demandas internacionales, si no hay un ejercicio de equilibrio (...) Son monstruos que tenemos que combatir desde la lucha ciudadana como los casos de Constellations Brands (BC), Granjas Carroll (Veracruz), Bonafont (Puebla)", agregó Gómez.
Los acaparadores del agua
Ahí ofreció una conferencia sobre la participación de la mujer en la vida política de México. "Yo no soy más que una ciudadana más de General Terán, porque tengo 50 años de venir a este hermoso lugar una y hasta dos veces por mes”, dijo la entonces Secretaria de Gobernación de acuerdo con el cronista oficial del municipio, Adalberto A. Martínez.
Olga Sánchez junto con su esposo tienen acceso a 2,557,136 m3/año de volumen de agua para uso agrícola concesionado por la Conagua en enero de 1997, cuando era Ministra de la Suprema Corte; en noviembre de 2018, cuando era Senadora de Morena y en octubre de 2020, cuando era Secretaria de Gobernación.
En contraste, los campesinos de esa zona citrícola de Nuevo León han padecido periodos de sequía prolongada que en verano de 2022 detonó una disputa por el agua. Locatarios de las comunidades de Allende, un municipio rural al sur del área metropolitana de Monterrey, incendiaron una tubería de Agua y Drenaje, y en el municipio de Montemorelos bloquearon una carretera para impedir que el organismo se llevara agua del río Ramos, Casillas y Pilón hacia la zona urbana, donde medio millón de habitantes llevaba entonces cuatro meses con tandeo por las presas semivacías.
"Qué casualidad que ya voltearon a Rayones y Montemorelos, ¿no?, volteen cuando necesitamos", acusó un citricultor de Rayones al Gobierno estatal.
En esas fecha, junio de 2022, con sequía severa en General Terán, la entonces presidenta del Senado Sánchez Cordero compartió en su Twitter que "desde hace generaciones" su familia se dedica a la agricultura, por lo que "sabemos el valor del agua y no abusamos de ella, al contrario, la cuidamos y más en el norte en donde históricamente ha escaseado. Las concesiones desde hace décadas están registradas, transparentadas y en regla".
Wilfrido Gómez, investigador de datos de agua de la Iberoamericana, ejemplifica con la ahora Diputada Olga Sánchez Cordero para asegurar que una de las anomalías de las bases de datos de las concesiones de Conagua es que un mismo usuario se transparenta en el REPDA con distintos nombres o signos de puntuación que impiden su búsqueda y la suma de volumen total de agua otorgada.
Es decir, las concesiones de la política mexicana en una zona con estrés hídrico se hallan registradas al menos bajo dos nombres: "Olga del Carmen Sánchez Cordero Dávila" y "Olga Ma. del Carmen Sánchez Cordero de García".
Otras anomalías en el registro de concesiones, expuso Gómez, es que hay errores de captura de la ubicación geográfica de la extracción; hay asignaciones de áreas-superficies sin relación con proyectos hídricos (como una bomba) que están en zonas de gasoductos; hay inconsistencias de nombres de concesiones entre actualizaciones cada año; muchas concesiones ya vencieron y siguen apareciendo en el REPDA o muchas no tienen fecha de vencimiento por lo que son infinitas; otras no muestran cuánto volumen de agua extrae...
Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León (2015-2021)
Cerca de la frontera con Nuevo León, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón posee un ejido en Paredón, Coahuila. Para uso agrícola, cuenta con 184 mil m3/año de aguas subterráneas que recibió de Conagua en noviembre de 2006, cuando ya había sido Diputado local del PRI y años después sería Alcalde de García; y en octubre de 2020 obtuvo otra concesión, cuando era Gobernador, de acuerdo con el Registro Público de Derecho de Agua (Repda) de Conagua.
Al 30 de abril de 2025, el 65 por ciento de los municipios de Coahuila registraron algún grado de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Conagua.
"Tres minutos (para bañarse) es suficiente, pero hay quien le gusta cantar, bailar, enjabonarse, ponerse doble shampoo... el agua es el vital líquido y no hay que desperdiciarla", declaró como Gobernador en un periodo de sequía más, en el verano de 2018.
Un día antes de su detención en marzo de 2022 por presuntos delitos electorales, "El Bronco" durmió en ese rancho de Coahuila, de acuerdo con su abogado Gabriel García. Por la mañana regresó a García, Nuevo León, donde hubo un cateo a su rancho llamado "El Palacio Rosa". Ahí se le hallaron dos armas de uso exclusivo del Ejército, dos millones de pesos en efectivo y caballos pura sangre.
Tras estar en un penal de Apodaca y luego ser trasladado a prisión domiciliaria por presuntos problemas de salud, en octubre de ese mismo año fue absuelto por un juez federal.
"La razón de mi detención, siempre lo dije, fue injusta y fuera de toda legalidad. Hoy, un juez federal lo confirma. He sido absuelto del supuesto delito electoral", celebró en X.
Los Fox
El Registro Público de Derechos de Agua (Repda) tiene los datos de los permisos otorgados a Vicente, Javier, Mercedes, María Cecilia y Susana Fox Quesada y otros más a José Luis Fox Lozano, sobrino del expresidente.
Son tres concesiones relacionadas directamente con los Fox Quesada para sus empresas Fox Berries y El Cerrito, para abastecer tres propiedades de 230 hectáreas de riego cada una.
La primera, que es para la empresa El Cerrito, le fue otorgada a Fox el 22 de diciembre de 1999, a unos meses de haber dejado la gubernatura de Guanajuato y de que iniciara su campaña presidencial, y vencerá hasta el 5 de noviembre de 2029. El permiso le garantiza la extracción de 240 mil metros cúbicos de agua al año.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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