El titular de la Secretaría de Seguridad señaló que 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios se realizaron sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.
A menos de un mes de la elección judicial, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acusó a jueces de cambiar las medidas cautelares para que más de 100 presuntos delincuentes salgan de prisión y regresen a las calles, pese a cometer delitos de alto impacto.
Afirmó que entre 2024 y los primeros cuatro meses del 2025 se han registrado 193 determinaciones de órganos jurisdiccionales para favorecer, ya sea con traslados, sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso, a presuntos delincuentes.
“Se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa que más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”, expuso.
Asimismo, detalló que, en ese mismo periodo, fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Golfo Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, entre otros.
Harfuch ejemplificó que uno de los jueces que favorecieron con resoluciones a presuntos delincuentes fue Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien el pasado el 24 de abril determinó el egreso de Gerardo Ponce Alanís, quien es identificado como uno de los líderes de Cártel del Pacífico.
En 2023 este juez también ordenó la libertad de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; en marzo de 2024 dictó auto de no vinculación a proceso a Juan Enrique “N”, operador del Cártel del Golfo; mientras que en noviembre de 2024 revocó la medida de prisión preventiva de José Alfredo “N”, también sobrino de Osiel Cárdenas.
Se realizaron 27 traslados sin que se cumpliera el proceso
El funcionario también señaló que 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios se realizaron sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.
“Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto”, apuntó.
Harfuch indicó que entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados destaca Silvestre Peña Crespo con cinco resoluciones de traslado entre Ceferesos, de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos.
Mientras que de los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio en medida cautelar, encabezan la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador también usaba las mañaneras para exhibir a juzgadores, a los que acusó de facilitar la liberación de presuntos delincuentes en fines de semana.
Gertz explica por qué los jueces no pueden ser procesados
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que existe un acuerdo en el Poder Judicial en el que un juez no puede ser procesado si no se autoriza internamente.
“Nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado, un ministro, ¿que es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno, en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”, dijo.
Señaló que con la nueva reforma dicha practica no continuará.
“De acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial, que tiene muchos años y no es de ahorita, no nos permite llevar esos sus juicios más que cuando ellos lo autoricen, eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal, eso se acabó, pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial, son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito, eso se acabó”, reiteró.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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