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Son 32 cuerpos los encontrados en la fosa de La Calera: FGE

Son 32 cuerpos los encontrados en una fosa clandestina ubicada dentro de un inmueble de la comunidad La Calera, en Irapuato.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado, luego de la exigencia pública que hicieron distintos colectivos de búsqueda al sentirse excluidos de los trabajos realizados in situ y sin darles información oportuna sobre el número de cuerpos localizados.

El hallazgo de esta fosa ocurrió el pasado 30 de julio y fue hasta la tarde de este 4 de agosto que la FGE informó de manera pública sobre los hallazgos específicos.

A través de un comunicado, la FGE señaló que de los 32 cuerpos, 15 han sido plenamente identificadas de forma legal y científica. 

Asimismo, justificó su labor señalando que todas las acciones de intervención en la fosa se han realizado gracias al debido trabajo técnico.
“Esta área de responsabilidad de la Fiscalía cumple a cabalidad con los estándares nacionales e internacionales en materia de identificación humana. Es importante destacar que se recuperaron restos humanos en condiciones fragmentadas y complejas lo que exigió la observancia de procesos forenses forenses minuciosos y de alta complejidad”, se señala.
Asimismo, la FGE señaló que la identificación de cuerpos se trata de un trabajo que implica varias disciplinas por lo que no puede ser “inmediato, ni se trata de un conteo superficial”.
“Reiteramos que toda la información que se comunica desde esta Fiscalía está sustentada en dictámenes periciales concluyentes y bajo lineamientos del debido proceso. Esto garantiza transparencia sin comprometer la investigación ni poner en riesgo el respeto y la protección de las familias involucradas”, dice la dependencia.
Este hallazgo, según la FGE, fue resultado de una investigación coordinada entre distintas áreas de la institución y la intervención en la fosa concluyó el pasado sábado 2 de agosto.

En el boletín también se especifica que la FGE ya estableció los canales de comunicación con las familias de las personas desaparecidas y localizadas, y que pone a disposición la herramienta denominada “Búsqueda Ciudadana”.

FUENTE: ZONA FRANCA.
AUTOR: ZONA FRANCA.

Exigen la liberación de Saúl Rosales Meléndez, defensor del bosque en Tlaxcala

Saúl Rosales, defensor del campo y el bosque en San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, continúa buscando su libertad tras ser acusado de un crimen que no cometió, por el que fue detenido el 14 de junio del 2022.

En un dossier de prensa, se explica que Rosales fue acusado por el delito de homicidio calificado después de que 400 individuos atacaran a una persona por supuestamente cometer un delito. La culpa del suceso recayó en Rosales por ser el presidente de la comunidad San Pedro Tlalcuapan.

Se afirma que al condenar a Rósales se utilizaron estereotipos sobre los pueblos indígenas. Durante su proceso, las autoridades aseguraron que el linchamiento forma parte de los usos y costumbres del
pueblo de San Pedro Tlalcuapan. «Las autoridades judiciales no recabaron pruebas para saber cuáles son los usos y costumbres del pueblo originario del que es parte Saúl» mencionaron en el dossier.

Finalmente, exigen la libertad de Saúl argumentando que «se le aplicó discriminatoriamente la ley penal». A la par, esperan que se desechen los estereotipos que tradicionalmente existen sobre las personas, pueblos y comunidades indígenas para resolver este caso de manera justa.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encapsulamiento policial, también contra protestas de trabajadores de la salud en Ciudad de México

El método del “encapsulamiento” policial, que encierra a manifestantes entre muros de granaderos impidiendo su legítimo derecho a la manifestación, fue utilizado también en tres violentos operativos contra trabajadores de la salud, que reclamaban el pago de salarios adeudados y la necesidad de insumos básicos para la atención a los pacientes del sistema público.

Anunciado por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, como un “protocolo” para evitar las acciones directas contra negocios en las marchas anti-gentrificación, la medida policial se ha utilizado contra otro tipo de manifestaciones pacíficas, como la de los trabajadores organizados.

“Somos trabajadores del órgano público descentralizado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, como personal de contratación subrogada, que no teníamos una base fija. En 2023, cuando se abrió el programa de IMSS-Bienestar, nos dijeron que nos iban a transferir con mejoras laborales y de salario, pero en cuanto aceptamos, comenzaron las anomalías”, dijo a Desinformémonos Diana Salas, encargada de Estrategia de fortalecimiento sindical, de Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras).

Este sindicato fue conformado apenas en 2024, como una forma de incidir en esas circunstancias laborales que los tenían en la indefensión, el cual asumió una postura democrática y de defensa de sus trabajadores, lejana a la clásica lealtad patronal de los sindicatos amarillos. Salas explicó que primero, como el IMSS-Bienestar para el que trabajan era un programa nuevo (ellos iniciaron labores el 1 de setiembre de 2023 en este nuevo organismo de atención pública) “dijimos: vamos a darle tiempo al gobierno de acoplarse a esta situación, no hay problema. Nosotros seguimos trabajando”.

Las deudas se multiplicaron, el sindicato nació y las mesas de negociación con las autoridades pasaron a ser una tras otra, dando largas, mientras en los hospitales, además de los adeudos a los trabajadores, comenzó la escasez de material y medicinas. Hasta que decidieron manifestarse.

“El 8 de julio de este año, hicimos una manifestación pacífica, como todas nuestras manifestaciones han sido y nunca habíamos tenido problema. Pero ese día, nuestro punto de reunión fue el metro Auditorio; íbamos caminando sobre la banqueta hacia el Paseo de la Reforma e Insurgentes, donde queríamos cerrar, cuando nos empezaron a cercar los granaderos”, contó en entrevista.

Según el relato de la fuente, aún no había comenzado su manifestación cuando el despliegue policial impidió la movilización de los trabajadores, que lucían sus uniformes blancos, a la altura de Reforma y Periférico, usando el método del encapsulamiento.

“Empiezan a llegar camionetas por todos lados de granaderos, y en el momento que decidimos cerrar la lateral de Periférico, empezaron las agresiones contra los compañeros”, explicó.

Una de las mujeres presentes sufrió un traumatismo craneo-encefálico y a otro trabajador le tiraron un diente, de los golpes que recibió en la cara. “Lo único que estábamos haciendo era acomodarnos para cerrar la vialidad y estar sentados en la calle, nunca violentamos a nadie”, explicó Salas.

Desmedida fuerza

Este uso desmedido de la fuerza evidencia, por un lado, la ampliación de una medida represiva que fue anunciada en un contexto específico, al resto del movimiento social organizado y en lucha. Y además, que no importa realmente lo que hagan los manifestantes, cuando la órden de reprimir ya fue dada.

Ante el cierre y la agresión policial, otro grupo de trabajadores intentó ese día replegarse sobre Reforma hacia Campo Marte, pero encontraron otro cierre policial, donde también fueron agredidos.

La misma respuesta obtuvieron quince días después otros trabajadores de IMSS-bienestar que llevaban una huelga de hambre frente a las oficinas gubernamentales encargadas, cuando decidieron cortar el tráfico de la avenida Insurgentes. “Pasó exactamente lo mismo, más tardaron en cerrar los compañeros que en 20 minutos ya estaban rodeados de granaderos. Ahí los arrastraron, los patearon, hasta que los quitaron de la calle y los pusieron sobre la banqueta”, contó en entrevista.

Salas calificó a ambos episodios como un “uso desmedido de la fuerza para quitarnos, cuando no estábamos haciendo pintas, ni destrozos, ni absolutamente nada, sólo estábamos manifestándonos pacíficamente”.

Por si esos dos eventos fueran poco, el 23 de julio recibieron otra vez el trato brusco de las fuerzas policiales. Derivado de la manifestación del día 8, el gobierno les ofreció una mesa de negociación para el 23, dónde esperaban ser recibidos por la licenciada de Admistración y Finanzas, así como Directivos de IMSS-Bienestar. “Acudimos a esa mesa, con la convocatoria a compañeros delegados de otros estados donde también existe el sindicato Fintras, para que pudieran negociar sus problemáticas, y resulta que la encargada de administración no fue, aunque el día anterior nos había confirmado su presencia. Pero ella es la única persona que puede resolver esta situación, entonces todos muy molestos, decidimos volver a cerrar Insurgentes”, contó.

Por tercera vez en el mismo mes de julio, los trabajadores de Fintras movilizados fueron encapsulados por la policía de choque de la Ciudad de México. “Eran 25 personas apenas, que se sentaron en el piso y empezaron a decir consignas, cuando en diez o quince minutos llegaron los granaderos y agredieron a las compañeras. Las empujaron, las jalonearon y varias de ellas terminaron lastimadas”, contó a Desinformémonos la delegada del sindicato.

Mencionó que han notado cómo la violencia ha aumentado en el último tiempo, ya que desde la primera movilización de julio, todos los trabajadores han recibido golpes de los uniformados para disuadir su protesta. “Ya luego nos llamaron y nos citaron para el día siguiente pero fue lo mismo, escucharon las quejas y las peticiones, pero dijeron que no podían resolver nada. Y de los golpes a las compañeras, tampoco se han hecho responsables”, concluyó.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.

Sheinbaum: Trump me planteó en llamada que su ejército entrara a México; le dije no

Claudia Sheinbaum afirmó que cualquier acuerdo con Estados Unidos debe respetar la soberanía nacional. En su intervención, subrayó que si bien existe cooperación, las decisiones de política interior corresponden únicamente a México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contó la mañana de este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó en una llamada que el ejército de Estados Unidos (EU) entrara a México, sin embargo, ella le dijo que no, pues existen otras formas de colaborar de manera conjunta en materia de seguridad.
“El Presidente Trump sí, en alguna llamada, me planteó que pudiera entrar el ejército de Estados Unidos, y yo le dije que no, que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba a discusión. Y él lo entendió. Pueden insistir de nuevo, pero no está sobre la mesa ese tema”, aseguró.
"En cambio, hay otras formas de colaborar, de coordinarnos. Hay información que ellos pueden proporcionarnos, información que nosotros podemos proporcionarles a ellos en un esquema de colaboración, sin subordinación y respetando nuestra soberanía", agregó Sheinbaum Pardo.


Durante su conferencia de prensa matutina, también negó que el crimen organizado esté complicando la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, como lo publicó The Wall Street Journal. Además, rechazó que exista alguna presión por parte del Gobierno estadounidense o riesgo en el acuerdo de seguridad que actualmente se negocia entre ambas naciones.
“No [es cierto]. No sé de dónde saca The Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema desde Palacio Nacional.
Asimismo, confirmó que existe un acuerdo de colaboración permanente con Estados Unidos y que el texto del nuevo acuerdo de seguridad ya está listo, aunque aclaró que aún no hay fecha para la firma. Detalló que el pacto se sustenta en cuatro principios fundamentales que delinearán la cooperación entre ambos gobiernos.
“Ya el texto está listo […] y parte de cuatro principios: el número uno es el respeto a la soberanía; el segundo, respeto a la territorialidad; tercero, confianza mutua; y cuarto, colaboración y coordinación”, precisó la Jefa del Poder Ejecutivo.
La declaración se dio luego de que fuera cuestionada sobre una publicación del medio estadounidense The Wall Street Journal, que sostiene que los cárteles del narcotráfico en México siguen complicando los avances en materia de seguridad bilateral con Estados Unidos, lo que habría generado una presión creciente sobre el Gobierno mexicano para frenar el tráfico de drogas hacia el país vecino, especialmente el fentanilo.

De acuerdo con la nota del medio, uno de los casos más relevantes ocurrió en octubre pasado, cuando las Fuerzas Armadas mexicanas localizaron a Zhi Dong Zhang, presunto integrante de una red criminal china implicada en el contrabando de precursores químicos en el extranjero.


Zhang fue detenido en las afueras de la Ciudad de México (CdMx) y es requerido por Estados Unidos para su extradición, acusado de lavado de dinero, tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo.

Sin embargo, la mandataria federal descartó que haya presiones o tensiones derivadas de ese caso y reiteró que no hay riesgo alguno para el acuerdo de seguridad. Añadió que la visita de Marco Rubio, Secretario de Estado del país vecino, a México sigue pendiente, pero que no ha sido cancelada, como se ha especulado.

A su vez, insistió en que cualquier acuerdo con Estados Unidos debe respetar la soberanía nacional y recalcó que, si bien existe cooperación, las decisiones de política interior corresponden únicamente a México.
“Hay un acuerdo de colaboración y cooperación. Somos un país soberano. Nosotros tomamos las decisiones como país, y con Estados Unidos colaboramos y cooperamos, y es muy importante esa colaboración, pero con soberanía. Viene una estrategia de seguridad y se está trabajando todos los días”, sostuvo la doctora.
Por último, recordó que su postura es firme contra cualquier intento de injerencia o intervencionismo por parte del Gobierno estadounidense.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Reforma Electoral, DECRETO ÍNTEGRO: “No se trata sólo de la estabilidad política...”

En el DOF, se publicó el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y encabezada por Pablo Gómez.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó hoy, en su edición vespertina, las cuatro páginas que componen el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apenas el sábado pasado.

La Reforma Electoral ha sido uno de los grandes pendientes de la izquierda, desde que asumió el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En 2022 se hizo una propuesta al Congreso que fue aprobada y luego rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque, dijo, no cumplió con el “procedimiento parlamentario”.

Sheinbaum Pardo ofreció en campaña y luego al asumir la Presidencia, en 2024, que habría Reforma Electoral. El sábado informó que sería Pablo Gómez, hasta hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el encargado de impulsarla.

El documento dice que la Reforma Electoral “no se trata sólo de la estabilidad política. Antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción. Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia, y se reconozca como el poder del pueblo”.

Por considerarlo de enorme interés para la República, SinEmbargo publica íntegro el Decreto Presidencial, tal y como salió en el Diario Oficial de la Federación.

¿Quiénes integrarán la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral?

De acuerdo con el documento, la Comisión dependerá directamente de Sheinbaum, quien la presidirá, y "estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias y unidades":
  • Pablo Gómez Álvarez, designado directamente por la mandataria mexicana para asumir la presidencia ejecutiva de la Comisión.
  • Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
  • José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
  • Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
  • Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
  • Jesús Ramírez Cuevas, encargado de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República.
  • Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​​, quien maneja la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La familia morenista de Hernán Bermúdez Requena

Aunque fue expulsado de Morena, los lazos de Hernán Bermúdez Requena con el partido dominante no se han cortado del todo. Y es que su hija, Fabiola Bermúdez Encalada, y su esposa, Verónica Encalada Pérez, son militantes, como lo muestran documentos.

Una de las peores crisis que ha sufrido el morenismo tiene dos protagonistas: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López. El 17 de julio, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, anunció que el presunto líder de La Barredora había sido expulsado de Morena (o por lo menos que ya se había iniciado el trámite). 

Sin embargo, los lazos de Hernán Bermúdez Requena con el morenismo no se han cortado del todo. Y es que su hija, Fabiola Bermúdez Encalada, y su esposa, Verónica Encalada Pérez, militan en el partido, como así lo muestran documentos obtenidos a través de transparencia en manos de EMEEQUIS. Además, la familia del controversial ex policía tiene otros lazos con la Cuarta Transformación. 

EL MUNDO MORENISTA DE HERNÁN BERMÚDEZ: ANTES DE LA TORMENTA

No se puede volver el tiempo atrás, como no se pueden deshacer los eventos partidistas ni las alianzas ni los recuerdos idílicos de un partido en crecimiento que se expandía por cada rincón del país. Es indudable que, por lo menos en Tabasco, Hernán Bermúdez militó en esas luchas en un estado tan simbólico para Morena, por el origen de su principal activo histórico, Andrés Manuel López Obrador, y de otros tantos que saltaron a la fama, como el propio Adán Augusto López y Javier May Rodríguez, actual gobernador de la entidad. 

En ese ambiente guinda también se ha desarrollado la familia de Bermúdez Requena, ya que dos de sus familiares directos pertenecen al partido. La primera de ellas, su esposa, Verónica Encalada Pérez, para diciembre de 2024 aún era parte del padrón de Morena, según se muestra en documentos de transparencia obtenidos por EMEEQUIS.


Una de las hijas de Hernán Bermúdez, Fabiola Bermúdez Encalada, también está inscrita al partido guinda, con fecha del primero de julio de 2024 al 31 de diciembre de ese año. Su registro aparece igual que el de su padre, fechado en el mismo periodo, antes de que en julio Luisa María Alcalde anunciara el proceso de expulsión contra el presunto líder de La Barredora.

Su otra hija, Verónica Bermúdez Encalada, también se ha relacionado con funcionarios de Morena. Como consta en el reportaje La extraña demanda entre Bartlett y la familia de Hernán Bermúdez Requena, la hija del “Comandante H” rentó espacio en edificio junto a su entonces esposo, Armando José Dorantes Lanestosa. El lugar es propiedad de la empresa Comercial Lebasi, que tiene como titulares al morenista Manuel Bartlett y a varios miembros de su familia. Y aunque esa alianza no acabó bien, tras una pelea por adeudos de renta, no está de más mencionar otro de los hilos que unen a morenistas con familiares de morenistas.

Armando José Dorantes Lanestosa, que fue el nuero de Hernán Bermúdez, es dueño de la empresa GRUPO DORLAN S.A. DE C.V., que según el registro de transparencia, tuvo un contrato con la Secretaría de Salud por 5 millones 190 mil 494.48 pesos durante la administración de Jorge Alcocer, designado por Andrés Manuel López Obrador. Los servicios fueron para el “mantenimiento de y rehabilitación de edificaciones no habitacionales” en 2022, aunque Dorantes se divorció de la hija de Bermúdez en el año 2020.




Otros de los intereses de la familia Bermúdez fueron los edificios. Así consta en los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se explica cómo se otorgó una licencia en Mérida, Yucatán, para la construcción en línea de “MULTIFAMILIARES DE 2 A 100 UNIDADES OFICINA ADMINISTRATIVA”, a nombre de Verónica Encalada Pérez, esposa del Comandante H.  

Este permiso, cuya licencia está en poder de EMEEQUIS, también está a nombre de las dos hijas del matrimonio: Fabiola y Verónica Bermúdez Encalada. 

Una de las curiosidades familiares de esta familia es que, durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, Verónica Encalada fue nombrada coordinadora del Voluntariado de esta institución policíaca. Ahí encabezó talleres y acciones altruistas, al mismo tiempo que presuntamente Hernán Bermúdez dirigía uno de los grupos delictivos más sanguinarios del país.


EL PASADO DE HERNÁN BERMÚDEZ EN MORENA

Además de los registros públicos, Hernán Bermúdez dejó más huellas sobre su militancia en Morena. Por ejemplo, el 2 de octubre de 2022 (una fecha importante por su mensaje contestatario, antimilitarista y anti represivo de las fuerzas del Estado), asistió a un evento importante de Morena en Tabasco, como así lo reseñó el periodista Fernando Hernández:

“Hernán Bermúdez Requena titular de la SSPC participó en los festejos del Aniversario 11 de la Fundación de Morena en Tabasco”. Y se tomó una foto para el recuerdo donde está Hernán Bermúdez sonriendo a la cámara, rodeado de personas, muy al estilo de la foto icónica de López Obrador en su marcha al Zócalo y que sirvió como portada para el libro ¡Gracias!

Asimismo, el 16 de julio de 2023, Bermúdez participó en el evento “‘Proyecto de Nación 2024-2030’, organizada por el INFP del CEE de Morena Tabasco que coordina la Lic. Deysi Tosca Cerino”, según palabras del medio Comunicante.

Por último, pero no menos importante, el 19 de julio de 2023 se tomó una foto con Luisa María Alcalde, hoy presidenta de Morena, en la 28 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública (CNSSSP), que se llevó a cabo en el estado de San Luis Potosí. Dos años después, la misma funcionaria anunciaría la salida de Bermúdez del partido: “Nosotros no somos tapadera de nadie”, dijo su anuncio el 17 de julio.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Américo Villarreal Jr. usó el poder político para quitarle los hijos a su exesposa

Hace unos meses, Américo Villarreal Santiago emprendió un juicio para quitarle a Brenda definitivamente todo derecho sobre sus hijos. El caso reúne todos los elementos de violencia vicaria, bajo la mirada complaciente de su padre el gobernador.

Brenda tenía el derecho legal de convivir con sus hijos. Así lo establecía el acuerdo judicial después de su separación de Américo Villarreal Santiago, actual coordinador de los programas del Bienestar en Coahuila e hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. 

Sin embargo, cada intento por verlos terminó en una batalla desigual: vigilancia, restricciones, mensajes filtrados, iPads confiscados, amenazas disfrazadas de procedimientos legales, fabricación de delitos e intimidación desde el poder.

Esta columnista tuvo acceso a expedientes judiciales y testimonios directos de personas vinculadas al caso. El material revela un patrón constante: el uso de influencias políticas e institucionales por parte de Villarreal Jr. para impedir la convivencia de Brenda con sus hijos menores de edad, bajo el argumento no declarado de control total.

El caso encaja con los elementos de violencia vicaria: uso de los hijos para castigar o controlar a la madre, instrumentación del aparato judicial y generación de denuncias como forma de intimidación. Lo que comenzó como un conflicto familiar escaló a una operación jurídica con rasgos de persecución.

Hay documentos, hay carpetas de investigación, hay detenciones. Y también hay omisiones. Lo que aquí se narra no es una inferencia ni una historia contada al oído. Son hechos documentados que cuestionan no sólo la actuación de un funcionario con poder, sino la complicidad institucional que lo rodea.

Brenda teme por su integridad y la de su familia. Por eso esta historia se publica. Porque cuando los expedientes se alinean con los silencios, la denuncia se vuelve una forma de resguardo.

DOCE AÑOS DE ASEDIO

Brenda contrajo nupcias con Américo Villarreal Santiago en abril de  2011. Ella tenía 23 años, él 27. Procrearon dos hijos varones. El primero nació ese año, el segundo en 2013. El matrimonio entró en conflicto a los cuatro meses de nacido el primer bebé, cuando Brenda descubrió una supuesta infidelidad de Américo. Además, a pesar de que el hijo del gobernador ha presumido que desde los 18 años cuenta con prósperos negocios, la “pensión” que “a veces” le daba a Brenda era de ¡500 pesos por cada niño! No le alcanzaba ni para pañales. En 2013 sobrevino la separación. Ella entabló una demanda por alimentos. 

En mayo de ese año ella se mudó a Monterrey con los niños. El acuerdo judicial del divorcio, que se concretó legalmente en 2015, le daba esa prerrogativa. Cinco meses después, el 4 de octubre, Américo Jr., con la participación de sus padres, fue señalado por sustraer a los niños del domicilio donde vivían con Brenda. La ley tamaulipeca impone de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siempre y cuando haya devolución espontánea del menor o los menores. Pero el delito se perpetró en Nuevo León, donde la pena es de 4 años de prisión e inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años.

El 13 de octubre, el juez dio a Brenda la custodia provisional de los niños. Pero estos seguían en el domicilio de los abuelos, y no se los dieron. El 18 de octubre Américo Villarreal Santiago fue detenido en Tamaulipas y trasladado a Monterrey. Brenda aprovechó el momento para llevarse a sus hijos, en cumplimiento de la disposición del juez. Encargó a su madre y a su hermana que trasladaran a los niños en un vehículo, y ella los siguió en otro, minutos atrás.

Al salir del conjunto residencial, dos vehículos se le cerraron al que conducía la madre de Brenda, donde viajaban los niños, tratando de hacerle perder el control. Uno era un Jeep Liberty en el que iban dos primos de Américo Villarreal Santiago. El otro, era la camioneta ranger propiedad de Américo Villarreal Anaya, pero conducido por la esposa, María de la Luz Santiago, actual primera dama del estado de Tamaulipas. La madre de Brenda pudo sortear la presión y recuperar el control del vehículo.

Pero, todavía más adelante, sobre la carretera Victoria Monterrey, un despliegue de unas 20 unidades de la Policía Federal las aguardaban para detenerlas, ya que la fuerza pública había sido alertada sobre el secuestro de dos niños. Llegó Brenda con los abogados, y aclarados los hechos la policía se empezó a retirar. 

Pero llegó el subsecretario de Salud del gobierno del estado, Américo Villarreal Anaya, en una camioneta con los logotipos del gobierno, se instaló como encabezando el operativo, de pie sobre el asfalto, hablando com el responsable, telefoneando a la vez a a guarnición de la Policía Federal de Victoria, y como resultado retuvieron de nuevo a Brenda, su madre, su hermana, los niños.

Tiempo después, cuando la agitación bajó un poco, Brenda se mudó a un lado de la casa de Américo hijo. Tenía los niños para ella los fines de semana o se pasaban a dormir a su casa. Fue una época en la que tenía pareja, pero la relación terminó. Brenda tuvo que mudarse a otra colonia. Américo la vio desprotegida y comenzó de nuevo a tratar de impedirle ver a los niños. 

A principios de 2017 le permitieron volver a ver a sus hijos, después de 11 meses sin contacto. Les regaló a los niños teléfonos para que estuvieran en contacto con ella, los niños le enviaban mensajes, diciéndole que su papá no les permitía verla. Al final, la madre se resignó a verlos cinco minutos a la salida de sus clases de tenis o de muay thai, les daba un abrazo rápido, un beso. Eso es todo. 

Pero desde que el abuelo, Américo Villarreal Anaya, consiguió la segunda gubernatura para la familia, las cosas se complicaron para Brenda. No la dejan ver a los niños, la siguen, la vigilan, tienen todos sus dispositivos de comunicación intervenidos.

El año pasado, le pusieron un GPS en su camioneta, y cuando conducía en la misma carretera Cd. Victoria – Monterrey, la policía estatal la interceptó, le exigieron que bajara del vehículo, el cual comenzaron a golpear. Cuando pidió la razón, la bajaron, la esposaron, y la acusaron de narcotráfico. Fue incomunicada todo el día, la encerraron, cuatro días después la presentaron frente al juez. Pero los policías entraron en contradicción, además de que se presentaron discrepancias con las grabaciones.

Cuando iban a levantar los cargos,  “apareció” un amparo, lo que permitió al juez aplicarle como medida cautelar la obligación de firmar cada semana en los juzgados de Ciudad Victoria.

Hace unos meses, Américo Villarreal Santiago emprendió un juicio para quitarle a Brenda definitivamente todo derecho sobre sus hijos, ante el Juzgado 3° de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, radicado en Ciudad Victoria, por el que exige “la declaración judicial de pérdida de la patria potestad y todos los derechos inherentes a la misma” que corresponden a Brenda, además de que también demanda de ella el pago de los costos legales del juicio.

El hijo del gobernador de Tamaulipas acusa a Brenda de “abandono de obligaciones alimenticias desde 2016”. Textualmente, el señor Delegado del Bienestar de la presidenta Sheinbaum instruye al juez para “desaplique” “porciones” de la ley adversas a sus propósitos, como la parte de la legislación que admite el alegato de abandono sólo cuando “compromete la salud, la seguridad o la moralidad”.

Dicta el hijo del gobernador, en su escrito de demanda: “En el caso actual debe desaplicar el artículo 414 fracción III en la porción normativa que se indica del Código Civil para el estado de Tamaulipas”. El argumento de la demanda es que los chicos están en riesgo de ser inducidos a consumir sustancias debido a que su madre fue detenida por narcotráfico, y que incluso está en riesgo su integridad física pues pueden ser atacados “por un bando contrario” del crimen organizado o ser víctimas de “un daño colateral”.

Y ahora, Brenda ha sido notificada de una nueva demanda, esta vez, por enriquecimiento ilícito, aunque vive solamente de la renta de una casa.

AMÉRICO III

El padre de los niños en litigio es el tercer Américo de la dinastía Villarreal. Nació en 1984, tres años antes de que su abuelo, Américo Villarreal Guerra, arrancara su gubernatura en Tamaulipas (1987-93). A sus tres años, el nieto ya corría por los pasillos de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria.

Su padre, el segundo Américo, Américo Villarreal Anaya, hizo una carrera en el ámbito de la salud pública como director hospitalario, y llegó a subsecretario del sector en la administración estatal del panista Francisco Xavier García Cabeza de Vaca. Dejó el PRI en 2017 para sumarse a Morena, partido que lo hizo senador en 2018 y gobernador en 2021, esto último tras una campaña salpicada por los escándalos del traficante de combustible Sergio Carmona, presunto operador financiero de Morena, y perseguido por el FBI debido a presuntas actividades criminales.

Villarreal Anaya conocía a Carmona a quien consideraba “cordial y amable”, según dijo al diario El Mañana de Reynosa, pero negó saber “quién era el dueño” del avión en el que viajó alguna ocasión con Yeidkol Polevsnky, entonces lideresa de Morena. 

Américo Villarreal Santiago tiene 41 años y es el primogénito del gobernador. Tiene dos hermanos, Humberto Francisco, y María. Lo mandaron a estudiar a (2004-07) a la Universidad de Monterrey (UDEM), una de las principales instituciones privadas de Nuevo León. Se tituló de administrador público en 2009, y entró directa y simultáneamente al sector privado y al público: ingresó a la dirección de ventas del consorcio Kin Energy y como secretario particular al Instituto de Cultura del estado.

Ya en 2011 se quedó de lleno en la burocracia, como Jefe del Departamento de Promoción y Relaciones Públicas del gobierno de Tamaulipas, en los gobiernos del priísta Egidio Torre Cantú, Cabeza de Vaca y en el de su propio padre. Eso dice su perfil. Otras versiones los señalan como “aviador” en instancias del sector salud del gobierno estatal, donde ha trabajado su padre.

Hasta 2024, cuando fue candidato plurinominal a senador. No resultó electo, pero en octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró delegado de Programas para el Desarrollo en Coahuila. Su gestión ha estado marcada por la polémica, con críticas y rechazos hasta de sus correligionarios. 

En febrero pasado, legisladores y regidores morenistas de Coahuila ―entre ellos el senador Luis Fernando Zalazar, los diputados federales Cintia Cuevas y Antonio Castro, el diputado local Antonio Attolini, y la regidora de Saltillo, Alejandra Salazar―  denunciaron que Américo Villarreal Santiago promovía su imagen y la de la senadora Cecilia Guadiana Mandujano, con quien públicamente mantiene una relación de pareja, con recursos de programas federales.

Entre los hechos que reclamaban estaba la atención médica de adultos mayores en las instalaciones de la delegación de Bienestar en Coahuila, con presencia de personal y camionetas rotuladas con propaganda de la senadora Guadiana y del diputado local Alberto Hurtado, que fue asistente del padre de la legisladora, Armando Guadiana. También, que el delegado entrega tarjetas de afiliación a beneficiarios en casas de gestión de la senadora.

Más tarde, en junio, la revista Proceso publicó una relación de 25 vuelos privados efectuados por Villarreal Santiago en menos de dos meses, del 31 de enero al 25 de  marzo, con un costo de más de un millón de pesos, a pesar de que su salario mensual es de 104 mil pesos mensuales, según la plataforma Nómina Transparente.

El funcionario respondió que usaba el avión “por puras cuestiones de chamba” y que lo sufragaba con recursos propios, pues contaba desde los 18 años con ingresos de sus negocios, principalmente en la ganadería y la agricultura. La presidenta Sheinbaum respaldó la versión de Villarreal en una de sus conferencias: “Pueden tener la certeza de que (…) no son dinero público, y en caso de que ésto se hiciera, lo tiene que investigar la Secretaría Anticorrupción”. Pero nadie va a investigar contra la certeza presidencial.

Es con lo que Brenda se ha enfrentado los últimos 12 años, y aún lo enfrenta. Con todas las relaciones heredadas de la primera gubernatura de la familia, y las de la actual, en un contexto de derrumbe del estado de derecho, en una era donde no importa si las gubernaturas se obtienen con relaciones cuestionables, y se ejercen sin límites, donde un mandatario estatal puede mandar a un fiscal, a pesar de que formalmente este sea independiente, y a todos los ministerio públicos y policías.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: SANDRA ROMANDÍA.

Se recrudece narcomenudeo con Layda Sansores mientras cárteles avanzan en Campeche

El narcomenudeo ha crecido 141% entre 2021 y 2024, durante la gestión de Layda Sansores en Campeche. Los homicidios dolosos aumentaron 11%y la extorsión tuvo un alza de 70% en esos tres años.

De 2021, cuando Layda Sansores asumió el cargo como gobernadora, a 2024, el narcomenudeo en Campeche creció 141%. El periodo coincide con la expansión territorial de los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la península de Yucatán.

En tres años, los homicidios dolosos también aumentaron 11%y la extorsión tuvo un alza de 70%, de acuerdo con los registros sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), Campeche es parte del asentamiento de las organizaciones criminales más poderosas en México –lo mide por la capacidad de fuego y su extensión territorial–, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ambos con “presencia significativa” en esta entidad del suroeste mexicano, con base en la Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas (NDTA) 2025.

Layda Sansores tomó posesión como gobernadora el 16 de septiembre de 2021. Los primeros nueve meses fueron parte del gobierno sustituto de Carlos Miguel Aysa González (2019-2021), quien llegó al cargo tras la solicitud de licencia definitiva de Alejandro Moreno Cárdenas para participar como candidato a la presidencia nacional de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), cargo que ostenta hasta la actualidad. 

En 2021, año del último cambio de gobierno, Campeche cerró con 145 denuncias por narcomenudeo (107 hasta septiembre), 33 por extorsión (10 hasta septiembre y el resto en los primeros meses de gestión de Layda) y 85 homicidios dolosos (73 con Aysa González).

Para 2024, las denuncias por narcomenudeo alcanzaron las 350, el número más alto en la historia reciente, en tanto que las carpetas de investigación por homicidios dolosos llegaron a 95 –cada una puede incluir más de una víctima– y las de extorsión a 55.

Hasta junio de 2025, los casos por narcomenudeo ya superaron los del mismo periodo del año anterior, con 178, versus los 157 que llevaban hasta ese mes en 2024; lo mismo sucede con los homicidios dolosos, que sumaron 55 en los primeros seis meses de 2025, en tanto que en el mismo lapso de 2024 alcanzaban los 45. La extorsión es el único de estos tres delitos que, en comparación con el primer semestre del año pasado, no aumentó, con 37 en 2024, versus los 15 contabilizados este 2025. 

El incremento del narcomenudeo ha sido paulatino en los últimos años, al pasar de los 145 casos denunciados en 2021, a los 224 en 2022, el primer año completo de gestión de la morenista Layda Sansores, lo que representó un crecimiento de 54% en 12 meses. 

Para 2023, la cifra llegó a las 272 denuncias por narcomenudeo, lo que significó otro aumento de 21% en este delito respecto a 2022, pero si se compara con el año de gobierno compartido entre Aysa González y Sansores, el aumento ya era del 88%.

En 2024 los casos por narcomenudeo llegaron a su máximo histórico reciente, con 350. Esto se traduce a un aumento de 28% entre 2023 y 2024, pero de 141% si se toma como punto de partida el año en el que inició su gestión Layda Sansores. 

El homicidio doloso ha tenido un comportamiento al alza, al pasar de 85 denuncias en 2021 a 87 en 2022, 94 en 2023 y 95 en 2024. 

En tanto, la extorsión ha tenido un comportamiento ambivalente, al llegar a su máximo histórico en 2023, pero lograr una reducción para el año siguiente. Sin embargo, si se considera el año de inicio de gobierno de Sansores y las carpetas con las que concluyó 2024, el delito ha tenido un crecimiento.

En 2021, la Fiscalía estatal reportó 33 denuncias por extorsión, que subieron a 90 en 2022 y a 96 en 2023; para 2024, las carpetas iniciadas bajaron a 55, y hasta junio de este año suman 15 más.

LOS OTROS GRUPOS

Además de las organizaciones criminales que sitúa la DEA, en Campeche operan grupos de la delincuencia organizada que disputan el narcomenudeo, la extorsión y otros giros como el sicariato, entre ellos Cártel Pura Gente Nueva y el Cártel de los Valencia Salgado. 

Con base en informes de inteligencia militar filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks, el Cártel Pura Gente Nueva opera, principalmente, en Ciudad del Carmen, en tanto que La Familia Valencia Salgado se encuentra en Campeche, Escárcega y Candelaria. Otro grupo, identificado como Los Independientes, se sitúa también en Ciudad del Carmen, Escárcega y Candelaria.

Tan sólo el 29 de julio la Fiscalía de Campeche dio a conocer cuatro detenciones por narcomenudeo en distintos días y lugares: 

El lunes 21 de julio de 2025, elementos de la Policía Estatal aseguraron a Francisco “N” y Karla “N” en la vía pública de la colonia La Peña, quienes se encontraban en posesión de sustancia ilícita.

Posteriormente, el martes 22 de julio, Laura “N” fue detenida en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la colonia Esperanza, también en posesión de droga.

Finalmente, el jueves 24 de julio, en inmediaciones del distribuidor vial de la colonia La Paz, fue asegurado Gerardo “N” por agentes estatales, al encontrarle sustancia prohibida entre sus pertenencias.

Y MIENTRAS, LA CENSURA

Mientras estos delitos han crecido y los grupos criminales han incrementado su presencia en esta entidad de la península, el gobierno de Layda Sansores ha enfrentado críticas por censura, así como violaciones a la libertad de prensa y de expresión, debido al caso del diario Tribuna, con 50 años de labor informativa, el cual enfrentó un resolutivo a favor de la mandataria que limita sus publicaciones.

El asunto es parte de un juicio que se prolongó por dos años y siete meses, en que Sansores denunció a Organización Editorial del Sureste –editora de Tribuna–; a su ex director, Jorge Luis González Valdez, y al administrador, Isidro Yerbes, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, además de difamación y calumnias.

En su defensa, la morenista dijo que Tribuna instrumentó un ataque sistemático de ofensas personales, supuestamente por su condición de mujer; por lo que, a decir de Layda, incurrió en “libertad de agresión”, en lugar de libertad de expresión. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos y, específicamente, de la libertad de prensa y expresión, han condenado el actuar de la gobernadora, al considerarlo un exceso de facultades, intolerancia a la crítica y una forma de represión.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Abandonan al menos tres cuerpos desmembrados en carretera de Veracruz

El fin de semana, se registró un motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde los reos mantuvieron el control de la penitenciaría por más de 12 horas.

Los cuerpos desmembrados de al menos tres personas fueron abandonados este lunes en una carretera del estado de Veracruz, junto con un mensaje firmado por la organización criminal Grupo Sombra, relacionada con las extorsiones y agresiones a reos que desataron un motín en el penal del puerto de Tuxpan el fin de semana.

Los restos humanos fueron localizados sobre la carretera estatal Poza Rica-Cazones, a la altura del municipio de Papantla, en el norte del estado, con un ‘narcomensaje’ atribuido al llamado Grupo Sombra o Mafia Veracruzana, una organización delictiva que mantiene una fuerte presencia en la zona.

Agentes del Ejército mexicano, Guardia Nacional y policías locales cerraron completamente la carretera y acordonaron el lugar, pero ciudadanos que previamente transitaron por la vía difundieron imágenes de los cuerpos descuartizados.

La Fiscalía General del Estado informó del inicio de una carpeta de investigación y la realización de pruebas de criminalística, tanto de campo como de laboratorio, para determinar el número de personas desmembradas y su identidad.

El hallazgo causó zozobra y temor entre habitantes de la región norte del estado, donde en las últimas semanas se ha registrado una escalada de la violencia relacionada con la operación de grupos de la delincuencia organizada.

El fin de semana, se registró un motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde los reos mantuvieron el control de la penitenciaría por más de 12 horas en protesta por las presuntas agresiones y extorsiones que sufrían por parte de integrantes del Grupo Sombra.

Fuerzas militares, federales y locales recuperaron el control del penal, pero en su interior encontraron siete reos muertos y once heridos de gravedad, uno de los cuales falleció horas después en un hospital local, sumando un total de ocho fallecidos.

A finales de julio, el caso de la profesora jubilada y taxista, Irma Hernández -originaria del municipio de Álamo, también en el norte de Veracruz- conmocionó al país, luego de que la mujer fue secuestrada y videograbada siendo sometida, de rodillas y rodeada de hombres armados, en venganza por haberse negado a pagar una extorsión al Grupo Sombra.

Veracruz lleva dos décadas sumida en violencia relacionada con la operación de carteles de la droga. Actualmente, según autoridades locales, operan en ese territorio al menos seis grupos criminales: el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, el cartel del Noreste, Grupo Sombra y Zetas Vieja Escuela.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sicarios en moto asesinan a líder sindical en Cancún

El móvil del crimen sería un asunto laboral, dijo el fiscal a reporteros de Cancún.

La tarde de este lunes fue asesinado Mario Machuca Sánchez, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún, Quintana Roo.

Raciel López, fiscal estatal, confirmó el asesinato. Adelantó que el líder sindical fue baleado por sicarios que viajaban en una moto, con una mochila de reparto de comida por aplicación.

El móvil del crimen sería un asunto laboral, dijo el fiscal a reporteros de Cancún.

Primeras versiones apuntan que Machuca Sánchez fue baleado sobre la avenida Kabah.

Las autoridades ya localizaron una motocicleta y la mochila de repartidor, que se asemeja a la de Uber Eats.

La CTM condenó el crimen e hizo un llamado a las autoridades a hacer justicia.
La Federación de Trabajadores del Estado de Quintana Roo (CTM Quintana Roo), y su Secretario General Lic. José Isidro Santamaría Casanova, condenan energéticamente el cobarde asesinato del Lic. Mario Machuca Sánchez, dirigente de la CROC en Benito Juárez, ocurrido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para esclarecer este hecho y que no quede impune. Así mismo, externamos a sus familiares y seres queridos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ejecutan a delegado de FGR en Tamaulipas

La camioneta en que viajaba quedó incendiada en el bulevard Miguel Hidalgo, en el fraccionamiento Las Quintas.

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, fue asesinado en calles de Reynosa.

La fiscalía estatal informó que el “vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en la ciudad de Reynosa”.

Escuetamente se afirmó que perdió la vida “una persona presumiblemente servidor público federal”.

Por otro lado, la vocería de Seguridad del gobierno estatal informó que se atendió el reporte de un vehículo incendiado en bulevard Miguel Hidalgo, en el fraccionamiento Las Quintas.

El reporte oficial indica que “testigos escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona”.

Primeras versiones apuntan que el funcionario federal fue atacado abordo de su vehículo, al parecer con un artefacto explosivo.

Un video captado poco después del ataque muestra a una persona de camisa blanca que se refugiaba a un lado de la camioneta, que ya estaba en llamas. Instantes después, en otro video captado por un automovilista que circulaba por la avenida, se aprecia a la misma persona tirada detrás de la camioneta.

El gabinete de seguridad estatal afirmó que “Autoridades se encuentran a cargo de la situación. Se recomienda precaución al transitar por la zona”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Amparos de Salinas Pliego, reformas del “viernes negro” y ley de amnistía: los asuntos para la nueva Corte

A partir del 1 de septiembre, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte deberán resolver los temas que sus antecesores dejaron pendientes, entre ellos están los amparos promovidos por Elektra y la facultad de la Presidencia de la República para otorgar amnistía de forma directa.

A partir del 1 de septiembre de 2025, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resultaron electos mediante voto popular en las pasadas elecciones judiciales, tendrán que resolver diversos asuntos relevantes para el país, entre los que se destacan amparos promovidos por Elektra y el empresario Ricardo Salinas Pliego, reformas a diversas leyes que fueron aprobadas en fast track por el Congreso de la Unión en el llamado “viernes negro” y la facultad de la Presidencia de la República para otorgar amnistía de forma directa, entre otras. 

Se trata de asuntos que, por su alcance político, social o monetario, sus repercusiones en materia de comunicaciones, transportes y salud pública o por su impacto en la vida de miles de víctimas que hay en el país, repercuten en la ciudadanía.

La discusión de dichos asuntos llegará en un contexto político y social muy difícil para la Corte, no solo porque pasarán de tener 11 a 9 integrantes o porque la totalidad de las y los nuevos ministros llegaron impulsados por la distribución masiva de los acordeones por parte del partido Morena, sino porque deberán resolver con nuevas reglas y tras la aprobación de reformas que limitaron los alcances que pueden tener los amparos que concedan para la sociedad. 

La discusión de estos asuntos, además, se suman a una larga lista de proyectos que tienen que resolver, como la eliminación o modificación del uso de las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa, mejor conocida como prisión automática, por la que el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos debido al uso desmedido y violatorio de derechos humanos.

De no acatarse dicha sentencia, la CoIDH podría declarar que México viola la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

El caso Salinas Pliego

En el año 2019, la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, desclasificó información que señalaba que en 2013 y 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó el pago de adeudos fiscales por 6 mil 833 millones de pesos a siete compañías del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Dos años después, en febrero de 2021, Raquel Buenrostro Sánchez, entonces jefa del SAT y actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que existían diversos juicios en trámite en contra de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas que sumaban una cantidad aproximada de 32 mil millones de pesos de impuestos no pagados, en una entrevista con La Octava. 

Uno de esos juicios llegó hasta la Suprema Corte que resolvió en octubre de 2022 que Ricardo Salinas debía pagar casi 2 mil 800 millones de pesos por uno de sus adeudos, una resolución que fue aceptada por Salinas Pliego quien aseguró que sus deudas estaban pagadas. 

“Yo cumplí con mi palabra y mis empresas pagaron lo que dicen que debían de impuestos”, señaló el empresario mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ahora X. 

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el cumplimiento del pago y reconoció que el empresario actuó con responsabilidad.

“Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte… sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones, y está de por medio también el que no haya privilegios”, dijo en una conferencia de prensa. 

No obstante, en marzo de 2024, el SAT informó que Ricardo Salinas Pliego y sus empresas adeudaban más de 63 mil millones de pesos: 53 mil millones de pesos por juicios fiscales anteriores y en proceso, y 10 mil millones de pesos por créditos emitidos en dicha administración. 

Incluso, el Gobierno de México hizo público el expediente del caso de adeudo de impuestos de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas, razón por la que el magnate anunció una demanda. 

Ya en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno Federal actualizó la cifra para asegurar que Grupo Salinas tiene pendientes 32 asuntos relacionados con presuntos adeudos fiscales por un monto de 74 mil millones de pesos, en casos que datan del 2008 y de los cuales tres de esos asuntos se litigan en la Suprema Corte. 

En uno de esos amparos en revisión (492/2023), Salinas Pliego busca impugnar diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores que tienen que ver con la capacidad del Estado mexicano de generar inteligencia financiera, misma que está en manos de la ministra Lenia Batres, con quien tiene un pleito público y legal desde hace meses. 

Los otros dos amparos directos en revisión (5654/2024 y 6321/2024) fueron interpuestos por el Grupo Elektra, mismos que quedaron en manos de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Alberto Pérez Dayán, respectivamente. 

El primero fue en contra de la determinación del SAT que le impuso un crédito fiscal de más de mil millones de pesos, por concepto de ISR, actualización, recargos y multas, por el ejercicio fiscal de 2008. El segundo es por un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos al sumar actualizaciones y recargos. 

Además, existen otros recursos de reclamación interpuestos por Grupo Elektra e incluso amparos y más recursos de reclamación promovidos por autoridades hacendarias, que ahora serán resultados por la nueva integración de la Corte.

Las reformas del “viernes negro”

El denominado “viernes negro” del 28 de abril de 2023 fue una maratónica sesión en la que Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión aprobaron 20 reformas, una cada 12 minutos, en ausencia de la oposición, dispensando dictámenes, debate o consultas, y tomando protesta a algunos suplentes para alcanzar el quorum. 

Por ese motivo, integrantes de la oposición interpusieron diversos recursos ante la Suprema Corte para que las reformas aprobadas fueran declaradas como inconstitucionales por no cumplir con el proceso parlamentario. 

En enero de este año, si bien tres ministros y una ministra propusieron anular los cambios constitucionales aprobados a dos reformas en el “viernes negro” por considerar que existieron “violaciones graves” al procedimiento legislativo, el Pleno de la Corte avaló dichas modificaciones al no alcanzar los votos suficientes para obtener una mayoría calificada. 

Al iniciar su periodo, las y los nuevos ministros deberán resolver las acciones de inconstitucionalidad 112/2023 y sus acumuladas promovidas en contra de las reformas a las Leyes de Vías Generales de Comunicación, Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Federal de las Entidades Paraestatales, relacionado con el decreto por el que el Gobierno sostiene para la Sedena el control operativo del Tren Maya. 

Además de la acción de inconstitucionalidad 127/2023 interpuesta contra la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que son reformas en materia de créditos de vivienda para los burócratas, asuntos que estaban en manos de los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, respectivamente, y quienes proponían invalidar dichas modificaciones por “violaciones al procedimiento legislativo”. 

En su proyecto de sentencia, el ministro Pérez Dayán proponía confirmar que hubo una “indebida dispensa de trámites en la Cámara de Diputados”, que no se realizaron los trámites para la “modificación temporal respecto del lugar donde sesiona el Senado” y que “no se verificó el quórum para reanudar la sesión”; mientras que Pardo Rebolledo señalaba que se añadían elementos como la detección de un “diferendo en el registro de asistencia para cómputo del quórum al inicio de la sesión”.

Facultad de Presidencia para otorgar amnistía

Al iniciar su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la publicación de una nueva Ley de Amnistía en el país con el supuesto objetivo de liberar de la cárcel a diversas personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Puedes leer: Qué es la amnistía directa que avaló la comisión de Justicia en Diputados y en qué casos se podrá otorgar

El 22 de abril de 2020, la Cámara de Diputados publicó en el Diario Oficial de la Federación (DFO) la nueva ley que decretaba medidas en favor de personas que hubiera cometido delitos como aborto, homicidio por razón de parentesco, contra la salud bajo diversas modalidades, robo simple sin violencia, sedición y cualquier delito cometido por un miembro de alguna comunidad indígena que no haya accedido a una asistencia legal justa. 

Para dar cumplimiento a dicha ley, el Gobierno creó una Comisión de Amnistía encargada de enviar todas las solicitudes de “liberación” al Poder Judicial, aunque la ley no determinaba cuánto tiempo tenían las autoridades para resolver los casos ni cuál sería la ruta a seguir para notificar su determinación final. 

Seis meses después, un grupo conformado por ocho organizaciones de la sociedad civil conformaron el Observatorio de Amnistías, fecha desde la que empezaron a denunciar nulos avances en la materia. 

“El proceso de solicitud y dictaminación de amnistía se ha caracterizado por ser opaco, discrecional y poco claro”, señalaron mediante un comunicado. 

Al no alcanzar avances suficientes, el 14 de junio de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el DOF un decreto por el que adicionó el artículo 9 a la Ley de Amnistía, que faculta al presidente de la República a otorgar la amnistía de forma directa. 

Días después, las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Congreso presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para invalidar la reforma a la Ley de Amnistía, asegurando que la medida violaba el derecho de acceso a la justicia y la reparación de daño a las víctimas y suplantaba funciones exclusivas de Legislativo. 

“Es una reforma que vulnera las facultades exclusivas del Congreso, ya que otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución. La amnistía no es igual al indulto”, señalaron.

Al llegar a la Corte, la acción de inconstitucionalidad 135/2024 y su acumulada 139/2024 quedó en manos de la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, que negó otorgar una suspensión contra la implementación de la reforma al señalar que esta figura constitucional no prevé el uso de esa medida cautelar, ni existían situaciones excepcionales para dictarla. 

“No se advierte que la norma cuya invalidez se demanda genere con claridad una transgresión de naturaleza extremadamente grave o irreparable de los derechos humanos en juego […] en el presente caso existen medios legales de impugnación que podrían ser promovidos en lo individual por quienes resientan una afectación a su esfera jurídica con motivo de la aplicación de estas disposiciones por el Ejecutivo Federal”. 

Ahora, serán las y los nuevos ministros de la Corte quienes deberán resolver si les dan la razón a los legisladores de oposición o al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Dulce pide justicia; fue torturada y sentenciada a 70 años de prisión por delito que no cometió

Dulce está privada de la libertad en Santa Martha Acatitla acusada por un delito cometido en la Ciudad de México mientras ella estaba en Guadalajara. Torturada y encarcelada con pruebas ilícitas, la Suprema Corte ordenó que su condena sea revisada.

Dulce Belén Sánchez Castañeda fue detenida el 30 de enero de 2012. A raíz de la tortura que vivió, perdió un embarazo gemelar de cuatro meses y fue sentenciada, con pruebas ilícitas, por un secuestro exprés en el que asegura nunca participó. Los 70 años que le ordenaron cumplir en prisión siguen firmes, pero desde el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla pide que la justicia revise de fondo su caso.

De hecho, en los días de comisión del delito, Dulce estaba asignada a la seguridad de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, mientras que uno de los actos que se le imputan ocurrieron en la Ciudad de México. Los cargos en su contra son dos secuestros exprés, uno ocurrido el 24 de octubre de 2011 y el otro el mismo día que la detuvieron, en la Gustavo A. Madero. En el segundo hecho estaba de guardia en su base policial.

El caso de Dulce llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México analizarlo de fondo excluyendo las pruebas ilícitas que se generaron durante un arraigo ilegal y emitir una nueva resolución.

Las únicas pruebas en su contra fueron obtenidas bajo tortura, mediante reconocimientos ilegales y declaraciones contradictorias de las supuestas víctimas. Nunca conoció a sus acusadores, los careos se realizaron por videoconferencia sin que ella pudiera verlos, y sus descripciones cambiaban de manera frecuente. Sin embargo, la jueza la sentenció a 70 años de prisión, sin considerar la tortura que vivió ni la pérdida de su embarazo.

Hoy lleva 13 años privada de su libertad en Santa Martha Acatitla, y desde la prisión pide que las autoridades volteen a ver todas las arbitrariedades de su caso y le permitan criar a un hijo de seis años que solo vivió tres con ella, y ahora está a cargo de su esposo y su abuela materna. A él también le ha cambiado la vida tras el encarcelamiento injusto de Dulce.

La detención y tortura de Dulce que la llevó a prisión

Cuando la detuvieron, recuerda Dulce, los agentes le pusieron una bolsa en la cabeza de inmediato, y la movieron a varias delegaciones hasta que perdió la noción del tiempo. Recibió una golpiza brutal y formas de tortura extrema como asfixia con bolsa, meterle la cabeza en el escusado, golpearla, cortarla, tocamientos y abuso sexual. Una patada fuerte en el vientre fue lo que provocó la pérdida de sus bebés.

“En ese trayecto de camino a varias delegaciones, pues a mí me lastimaban, a mí me pegaban, me daban codazos, rodillazos, yo venía embarazada, no les importaba, me lastimaban. Llegué a la séptima delegación, que es la GAM 5, donde a mí me lastimaron, donde empezó mi tortura, donde empezó todo el daño que a mí me hicieron”, relata en entrevista desde Santa Martha Acatitla.

Ella recuerda muy bien que cuando la bajaron de la unidad a la delegación, estaba un agente con el distintivo “Plata”; “nunca lo voy a olvidar, tenía un diente de oro”, dice. La tiró al piso, le dio patadas y la empezó a golpear. “Me acuerdo mucho que dijeron que me encerraran… Me separaron y a mí me meten a las galeras, a mí me empiezan a pegar. No tenía abogado, no me dejaron hacer ninguna llamada”, acusa Dulce.

Ella tenía mucho miedo, más conforme crecían las agresiones físicas. Se defendió ante su instinto de madre, pero la tortura solo arreció. Luego de golpearla y arrastrarla, la sentaron en una silla, le amarraron los pies y las manos, y le hicieron tocamientos, además de cortarle el cuerpo y el cabello. “Tengo cicatrices de todo ello y pues tengo también secuelas de tortura hasta el día de hoy”, remarca.

Despertó días después en una galera, con suero, ya sin sus gemelas. “Plata” le dijo que no merecía ser madre. En ningún hospital cercano hay registro de cuál fue su destino. “Hasta el momento no sé dónde están, dónde quedaron, desconozco”, lamenta.

Pese a que en un principio una jueza la absolvió en un juzgado del Reclusorio Norte, al salir el mismo oficial “Plata” volvió a detenerla por robo agravado. La jueza ordenó un arraigo inconstitucional de un mes, donde aparecieron pruebas “clave” en su contra, que fueron obtenidas de forma ilegal.

“Yo no cometí los delitos, tengo cómo comprobarlo, estaba el día 24 en los Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, cubriendo el evento de la sub-17, la FIFA, estaba ahí, la Policía Federal entrega las bitácoras, la sábana, entrega parte informativo donde yo estaba comisionada y no podía estar en dos lugares a la vez”, narra.

Para los hechos del 30 de enero también se entregó un parte informativo que consignaba que ella estaba en la base. Sin importar todo eso, la jueza la sentenció a 70 años de prisión. Dulce remarca que, además, existían certificados de su embarazo y de las heridas que había sufrido durante la tortura.

Todo ello ocurrió después de que Dulce dedicara años de su vida al servicio de la policía federal, donde se enlistó a los 18 años porque su papá había sido policía militar. En ese tránsito, pasó todo tipo de pruebas físicas, criminológicas, psicológicas y psicométricas, y se graduó de la academia internacional de San Luis Potosí.

“Sigo aquí peleando mi libertad”: la batalla legal de Dulce para revertir su condena

Aunque durante varios años Dulce permaneció presa en Santa Martha Acatitla sin poder hacer nada respecto a la injusticia de la que había sido víctima, luego de conocer a una abogada de la organización Reinserta comenzó una batalla legal en torno a su proceso, mediante un amparo directo en contra de la sentencia que confirma su condena.

Este se radicó, en un primer momento, en el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito con el expediente 78/2022. Tiempo después, el entonces ministro Arturo Zaldívar solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrajera por estar entre los que crean un criterio de trascendencia o derivan de una interpretación directa de la Constitución.

Una vez atraído con el expediente 22/2023, en un principio la Corte solo buscó la investigación de la tortura –por la que existe una queja abierta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, pero después resolvió que el arraigo de Dulce fue ilegal por derivar de la petición de un juez local, y que todas las pruebas que se recabaron ahí son ilícitas y violatorias a derechos humanos, por lo que no deben tomarse en cuenta.

“Entre ellas, una declaración de las supuestas víctimas, donde señalan a Dulce como autora o copartícipe del supuesto secuestro exprés; número dos, unos reconocimientos por fotografía, y número tres, unos reconocimientos en la cámara de Gesell. Estas pruebas, sobre todo las dos últimas, son ilícitas”, explica su abogada Jessica.

Para considerarse válidas, una persona abogada defensora de Dulce debía haber estado presente, lo que no ocurrió. Mientras que en el caso de las fotografías es indispensable mostrar a varias personas, además de la imputada, con características similares, para que la identificación no se considere inducida. En su caso, solo fue mostrada la de ella y la de los presuntos copartícipes.

La Corte entonces ordenó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ahora tiene en sus manos la apelación, excluir todas las pruebas ilícitas y pronunciarse sobre la responsabilidad penal de Dulce solo con las pruebas legales. Así, ahora está en manos de las magistradas Martha Patricia Tarinda Azuara e Inés Gabriela Medel Díaz, y al magistrado Ramón Enrique Sentíes Carriles resolver el asunto bajo el expediente 148/2014.

Después de algunos días que han pasado por el periodo vacacional y una prórroga que se solicitó ante este, es necesario que la defensa de Dulce acuda nuevamente a la Sala a explicar que las pruebas que perduraron no son suficientes para sustentar una condena. “Ahí buscamos que se logre la absolución de Dulce”, señala la abogada.

Todavía privada de la libertad en Santa Martha Acatitla, ella hace un llamado a todas las autoridades para que volteen a verla y reconozcan todas las injusticias que se han cometido durante 13 años y 8 meses que lleva recluida por un delito que no cometió, y en el que, además, existen pruebas de que no se encontraba en el lugar de los hechos.

“Me privaron de mi libertad, mataron a mis bebés, abusaron de mí y sigo aquí. Tengo un hijo de seis años que me necesita, que no lo he visto crecer, incluso ha tomado terapia por el desapego, porque no me ve, él me pregunta hasta cuándo, ‘no me quieres, tú solo me prometes’, pero no está en mis manos; está en las manos de las autoridades que volteen a ver mi caso”, pide.

El impacto para la familia de Dulce tras un encarcelamiento injusto

Lo primero que menciona Daniel, el esposo de Dulce, en entrevista es que está casado con una mujer inocente que a pesar de sus pruebas, lleva recluida 13 años 8 meses. Con ella tiene un hijo de 6 años que la necesita todos los días.

“Le hago un llamado humildemente a los magistrados que llevan su caso para que hagan justicia y tomen en cuenta todas las pruebas que avalan su inocencia. Su salud está muy deteriorada, tiene un coágulo en la cabeza por los golpes que recibió, presenta sangrados constantes de la nariz, constantemente se le va la visión de un ojo; como dicen los estudios del protocolo de Estambul, tiene secuelas de tortura”, señala.

Para su familia, relata, la privación de la libertad de Dulce ha sido muy difícil porque durante los años que han pasado, sus papás fallecieron, y han sido sus pérdidas más dolorosas estando en prisión. Su hijo y él, además, han tenido que recibir terapia psicológica para trabajar el desapego, y que el niño pueda estar bien pese a haberse separado de su mamá-

“Ha sido muy difícil para nosotros esta situación, más sabiendo que es inocente y que tenemos las pruebas, o sea, no lo decimos nosotros de palabra, sino que cada cosa que se dice hay un documento oficial que la respalda… Esperemos que esto ya termine, ha sido muy pesado, como no se imagina”, reclama.

Por ejemplo, cuando el hijo de Dulce se enferma, siempre pregunta por su mamá, y aunque está él, no es lo mismo, reconoce Daniel. Siempre extraña a su mamá. Cada vez que se puede, la visitan, pero dependen también de la economía y de la escuela, pues, además, ya va a entrar a la primaria.

“Cuando la ve, no la suelta, él quiere quedarse; ‘mamá, me quiero quedar contigo’, ‘mami, por favor, vámonos’, o sea, cada vez se hace más pesado. Se la manejamos como que ella está trabajando, y como estuvo ahí con ella hasta los 3 años, se daba cuenta que trabajaba en recaudería, en tiendas, hacia servicios limpiando oficinas, le ayuda a la iglesia, entonces él dice que son sus trabajos”, cuenta el esposo de Dulce.

Él todavía no entiende por qué no está con su mamá, pero ya está creciendo. Daniel y su hijo tienen el apoyo de la abuela paterna del niño, que lo ayuda a cuidarlo, a lo que se dedica de tiempo completo. Ya en la primaria, espera poder tener más horas al día para buscar otro ingreso.

“Yo sí hago un humilde llamado, siempre respetuoso, a los magistrados, yo lo que pido es que lean bien, que tomen en cuenta las pruebas; no son cualquier prueba, son sus pruebas que avalan que ella no estaba en el lugar, hay pruebas por peritos especializados en la materia”, apunta Daniel.

La abogada hace el mismo llamado a los magistrados de la Sexta Sala Penal para que analicen el asunto de fondo: “Es muy fácil condenar, muy fácil volver a transcribir la sentencia que ya tenía Dulce, modificarle las palabras y que vuelvan a condenar. Eso no es justicia… 13 años se escucha poco, pero adentro es muchísimo”, advierte.

“Como dice la licenciada, no es fácil 13 años”, continúa Dulce. “Aquí perdí a mi a mis papás. Perdí primero a mi papá. Luego perdí a mi mamá. Es frustrante, doloroso y tener que bloquear… no les puedes llorar como tal, porque te derrumbas. He perdido a mi familia en este lugar. He perdido a lo que más he amado también, que son mis papás.

“Si no fuera también por la reinserción que aquí nos dan, los cursos, las oportunidades, en este caso que soy estafeta del área de gobierno de dirección, me han dado la atención, han confiado en mí. La directora no me toma como una interna, ella me lo ha dicho, ‘yo te veo como una compañera, tienes que salir de este lugar, tienes que echarle ganas por tu hijo’. Me dio la confianza de ser estafeta. Yo siempre he dicho ‘gracias, Dios, por un día más de vida, y gracias por un día menos de sentencia”, dice Dulce.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.