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Denuncian exclusión de radios indígenas y comunitarias en foro sobre Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones

Colectivos y radios comunitarias de Michoacán, Puebla y Oaxaca denunciaron que la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados no los convocó a participar en el foro que inició hoy para revisar la actual Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, a pesar de que uno de los sujetos de la Ley son los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y de que con la exclusión se incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No tenemos persona representante, ni mucho menos hemos delegado o nombrado ninguna persona u organización social que hable a nuestro nombre y representación en el foro convocado por la Comisión de Radiodifusión y Telecomunicación de la Cámara de Diputados de San Lázaro”, señalaron las radios comunitarias e indígenas.

Hasta el momento, sólo la representación de la Radio Comunitaria La Patrona 105.7 FM “La radio del pueblo”, de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, logró acceder al foro “y se encuentra en espera de poder participar”, informó la organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad (Redes) la mañana de este martes.


Las radios comunitarias denunciaron que con la exclusión del foro el poder Legislativo “está incumpliendo lo que señala el Convenio 169 de la OIT, en donde se establece que el Estado no podrá realizar una reforma constitucional o legal cuando esa reforma afecte los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, por lo que exigieron un espacio de diálogo directo y permanente con los pueblos sobre la materia.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía de CDMX investiga 4 empresas relacionadas a muerte de fotoperiodistas en Axe Ceremonia

Sin mencionar los nombres de las empresas investigadas, la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, detalló el giro de cada compañía.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó este martes que investiga a cuatro empresas por el accidente que provocó la muerte de dos periodistas en el Festival Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario de la capital.

En conferencia de prensa, Alcalde Luján aseguró que la dependencia ha “avanzado de manera muy importante con la investigación”, pero argumentó que no podría dar más detalles para cuidar “el sigilo” de las pesquisas.

La funcionaria se refirió así al accidente ocurrido el pasado 12 de abril, cuando una estructura decorativa movilizada por una grúa cayó sobre los fotógrafos Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26 años, y Citlalli Berenice Giler Rivera, de 28.

Alcalde Luján señaló que se han realizado más de 35 entrevistas y más de 20 peritajes en distintas materias, como seguridad industrial, medicina, criminalística y química.

“Hay distintos peritajes que hemos realizado y lo que podemos adelantar es que tenemos investigadas a cuatro empresas importantes“, dijo, sin precisar el nombre de las compañías bajo investigación.

Una de las empresas fue la encargada de presentar el plan de Protección Civil, y de supervisarlo, para lo que “se subcontrató una empresa que estaba encargada de este punto”, indicó la fiscal capitalina.

La segunda es la concesionaria del parque, que presentó el plan ante la alcaldía Miguel Hidalgo; y la tercera es la empresa que organizó el evento y realizó el montaje de toda la estructura, incluidas las grúas que se colocaron, una de las cuales se desplomó y aplastó a los dos fotógrafos.

Por último, señaló Alcalde, se indaga a la empresa que se subcontrató para que instalara estas grúas en específico.

Asimismo, afirmó que han tenido “mucho contacto con los familiares de las víctimas” y que se está “trabajando con ellos, para determinar también las acciones a seguir en este caso”.

La concesión la administración del Parque Bicentenario fue otorgada a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, el 1 de marzo de 2018, durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El festival ‘Axe Ceremonia’ se realiza todo los años desde 2013 en la capital mexicana con un promedio de 100 mil asistentes durante dos días de espectáculos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CSP reprueba desfile del CJNG en Michoacán; Gabinete de Seguridad y FGE ya investigan

El desfile de presuntos miembros del CJNG en Huajúmbaro desató críticas y el rechazó de la Presidenta Sheinbaum, quien confirmó que el Gabinete de Seguridad abrió una indagatoria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) expresó este martes su rechazo al desfile de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, y aseguró que ya se inició una investigación por parte del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad también da seguimiento al caso, aunque la responsabilidad principal recae en las autoridades locales. "No estamos de acuerdo, obviamente", señaló.

El desfile ocurrió el pasado Sábado de Gloria en la comunidad de Huajúmbaro, municipio de Ciudad Hidalgo, al oriente de Michoacán. En videos difundidos a través de las redes sociales, se observa a hombres armados con chalecos tácticos con las siglas “CJNG” viajando en camionetas mientras habitantes les lanzan agua, les dan cerveza y los animan.

Las imágenes muestran cómo varios jóvenes aplauden a los sujetos encapuchados, les entregan bebidas alcohólicas y corean consignas mientras suena música de banda de fondo.
“Se manifestó el Gobernador ayer, qué bueno. También lo hice personalmente y no estamos de acuerdo, obviamente, y a partir de ahí se abren procesos de investigación”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán asumió la indagatoria, aunque la Presidenta confirmó que el Gobierno federal también está involucrado en el análisis del caso a través del Gabinete de Seguridad. Sheinbaum criticó la glorificación de los grupos criminales y reiteró que no se debe promover su imagen. "No se puede hacer apología de la violencia ni celebrar a las organizaciones criminales", subrayó.

El evento no dejó personas heridas ni se reportaron enfrentamientos, pero generó una fuerte polémica en redes sociales por la actitud festiva de los pobladores ante los hombres armados.
“Los mismos que están jugando ahí con el agua son los que extorsionan, los que secuestran, los que asesinan, los que levantan, los que desaparecen. Es una tragedia”, declaró el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al condenar el suceso.

El convoy circuló por la carretera que conecta Huajúmbaro con Bocaneo, a unos 70 kilómetros de Morelia. La escena, pese a su gravedad, no tuvo intervención inmediata de fuerzas del orden. En los videos se observa al menos dos camionetas rojas con hombres armados de alto poder, quienes fueron recibidos con entusiasmo por los vecinos, como si se tratara de una celebración tradicional.

Según la Presidenta, en casos como este, las investigaciones no se dirigen inicialmente contra individuos específicos, sino que se abren como parte de un protocolo para esclarecer los hechos.
“La hace la Fiscalía del Estado, que es a quien le corresponde hacer esta investigación, pero de todas maneras el Gabinete está investigando”, agregó.
Claudia Sheinbaum insistió en la necesidad de ofrecer alternativas reales para la juventud que no involucren el crimen organizado. “Es una opción de muerte”, aseguró. A pesar del despliegue de armas, la presencia del convoy y la respuesta de los pobladores, no se han reportado hasta ahora detenciones ni operativos posteriores en el lugar.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Harfuch confirma asesinato de suboficial de la SSPC en Guanajuato; hay 2 detenidos

Omar García Harfuch informó la muerte del suboficial Jonathan "N" en León de Aldama, Guanajuato, y confirmó dos detenciones en el ataque armado contra la SSPC.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este martes el fallecimiento del suboficial Jonathan “N”, quien fue asesinado durante un ataque armado en el municipio de León de Aldama, Guanajuato.

En la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló que el agente formaba parte de un grupo de trabajo de la Subsecretaría de Investigación que realizaba labores en el sitio cuando fue agredido por sujetos el día de ayer.

El funcionario reveló que ya se logró la detención de dos personas presuntamente implicadas en el ataque, aunque aclaró que aún hay más responsables por detener.
“De manera lamentable quiero informar que el día de ayer al realizar trabajos de investigación, compañeros de la Subsecretaría de Investigación fueron agredidos por sujetos armados. Tras estos hechos el suboficial Jonathan perdió la vida”, declaró Harfuch.

El Secretario de Seguridad calificó al suboficial como un servidor que “representó con honor el valor y el compromiso de servir a nuestra Nación”. También añadió que la muerte del agente no quedará impune y garantizó respaldo institucional a la familia de la víctima, “Ya hay dos detenidos por estos lamentables hechos y faltan personas por detener”, sostuvo.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pésame a los familiares de los elementos de seguridad que han muerto en el cumplimiento del deber. La mandataria compartió que “han fallecido 25 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad” desde el inicio de su Gobierno.
“Siempre hay que pensar, cuando ayer que veíamos a jovencitos porque son a los 18 años entran, en este caso ayer a la Escuela Naval Militar, pero cuando entran los cadetes del Colegio Militar o a la Guardia Nacional o a la propia Secretaría de Seguridad, pues la decisión que toma una persona, un joven, al ser parte de la Marina, del Ejército, de la Secretaría, de policías, es la entrega personal para salvaguardar la vida de los demás y eso es un acto heroico", indicó Sheinbaum.
La titular del Poder Ejecutivo reiteró su “cariño, agradecimiento y reconocimiento” a las familias de los elementos caídos en servicio.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha emitido una postura sobre el caso ni ha dado a conocer si los detenidos pertenecen a algún grupo delictivo. El ataque contra los elementos de la SSPC ocurrió en el marco de un operativo desplegado en León. No se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento.

En redes sociales, Omar García Harfuch lamentó el fallecimiento del suboficial: “Lamentablemente, en el cumplimiento de su deber, nuestro compañero el suboficial Jonathan perdió la vida”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian intimidación, hostigamiento y vigilancia durante el Encuentro Rebel y Revel del EZLN

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció los «actos de intimidación y vigilancia» de las fuerzas de seguridad estatales y de las fuerzas armadas durante el Encuentro de Arte Rebel y Revel, llevado a cabo por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del 13 al 19 de abril en el Cideci-Unitierra y el caracol Jacinto Canek, en Chiapas.

«En medio de una estrategia de seguridad de la nueva administración estatal, caracterizada por ser de carácter militar y policíaca, y respaldada por el gobierno federal, se impulsó un esquema de actuación para el festival plagada de violaciones al libre tránsito, así como acciones de intimidación y hostigamiento durante los traslados de las personas participantes», señaló el Frayba en un comunicado.

Entre las irregularidades destacaron los patrullajes de la Guardia Nacional y el ejército mexicano en tramos carreteros entre Chamula y Tenejapa, camino de paso rumbo al Caracol zapatista de Jacinto Canek, y la denuncia del Subcomandante Moisés sobre los rondines de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las afueras de las instalaciones de Cideci-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas.

El centro de derechos humanos añadió que durante el encuentro también se registraron puntos de revisión de la policía estatal en la carretera de salida de San Cristóbal de Las Casas a Tenejapa y en la carretera San Cristóbal de Las Casas – San Juan Chamula, «justo en una de las rutas para llegar a Cideci-Unitierra». Además, documentó la presencia policial sobre el camino a Tenejapa, a poco más de cinco kilómetros de la desviación al Caracol zapatista de Jacinto Canek.

«Estos actos de intimidación y vigilancia por parte de los gobiernos federal y estatal se enmarcan dentro de una estrategia de seguridad en Chiapas donde están rehaciendo pactos con la criminalidad, se apropia de narrativas de paz, al mismo tiempo que con mensajes de cero corrupción e impunidad fortalece un estado policiaco y militar a través de grupos especiales como las FRIP, la cual a pesar de haber entrado en operaciones recientemente, ya cuenta con denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, cometidas contra la población civil, y señalamientos de sus mando por colusión con la delincuencia organizada», acusó el Frayba.

El centro de derechos humanos se pronunció contra «toda intimidación y hostigamiento» hacia el EZLN y sus Bases de Apoyo, así como hacia los más de mil artistas, colectivos y organizaciones que participaron en el encuentro que reunió «las expresiones más humanas desde donde se construye también los fragmentos de las posibilidades para combatir y construir más allá de los sistemas racistas, patriarcales, y de opresión que despojan a los pueblos del mundo».

COMUNICADO:

El «(Rebel y Revel) Arte: Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después» convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se llevó a cabo entre los días 13 al 19 de abril de 2025 en el Caracol Zapatista de Jacinto Canek en Tenejapa, y en CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por este motivo llegaron cientos de asistentes al evento en donde se presentaron más de 1000 artistas de 28 países.

En medio de una estrategia de seguridad de la nueva administración estatal, caracterizada por ser de carácter militar y policíaca, y respaldada por el gobierno federal, se impulsó un esquema de actuación para el festival plagada de violaciones al libre tránsito, así como acciones de intimidación y hostigamiento durante los traslados de las personas participantes. Ubicamos la presencia de Fuerzas de seguridad del estado de Chiapas y las Fuerzas Armadas en las rutas e inmediaciones de las sedes del Rebel – Revel Arte, situación inusual en el territorio.
  • Se lograron documentar puntos de revisión de la Policía Estatal de Chiapas en la carretera de salida San Cristóbal de Las Casas a Tenejapa en donde cuestionaron a varios asistentes qué hacían, a dónde iban y cuánto tiempo estarían ahí, y también en la carretera San Cristóbal de Las Casas- San Juan Chamula, justo en uno de las rutas para llegar a Cideci-Unitierra.
  • Presencia de la Policía Estatal sobre el camino a Tenejapa, a 5 kilómetos y 300 metros cerca de la desviación al Caracol de Jacinto Canek.
  • Se vieron patrullajes de la Guardia Nacional y Ejército mexicano compuestas por 5 camionetas en total, en tramos carreteros entre Chamula y Tenejapa, camino de paso rumbo al Caracol de Jacinto Canek.
  • El sábado 19 de abril de 2025 aproximadamente a las 18:50 hrs. El Subcomandante Insurgente Moisés denunció en el encuentro Rebel y Revel Arte que hubo rondines de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las afueras de las instalaciones de CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Estos actos de intimidación y vigilancia por parte de los gobiernos federal y estatal se enmarcan dentro de una estrategia de seguridad en Chiapas donde están rehaciendo pactos con la criminalidad, se apropia de narrativas de paz, al mismo tiempo que con mensajes de cero corrupción e impunidad fortalece un estado policiaco y militar a través de grupos especiales como las FRIP, la cual a pesar de haber entrado en operaciones recientemente, ya cuenta con denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, cometidas contra la población civil, y señalamientos de sus mando por colusión con la delincuencia organizada.

Por consiguiente, denunciamos toda intimidación y hostigamiento en contra del EZLN y sus Bases de Apoyo, así como contra las personas que, a título individual, colectivo y como organizaciones participaron en El (Rebel y Revel) Arte: Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después», nutrido por las expresiones más humanas desde donde se construye también los fragmentos de las posibilidades para combatir y construir más allá de los sistemas de racistas, patriarcales, y de opresión que despojan a los pueblos del mundo.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía pretende cerrar caso de Diego Bonilla, indígena ñuhú torturado por la policía en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) notificó el posible cierre de la investigación de la tortura que policías ministeriales cometieron contra el indígena ñuhú Diego Bonilla, “a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, denunciaron organizaciones y centros de derechos humanos.

Bonilla, originario de la comunidad El Pericón, en el municipio de Texcatepec, fue testigo del homicidio de su amigo el 29 de mayo de 2023, por lo que al día siguiente fue trasladado a Huayacocotla para rendir su testimonio en la FGEV, donde policías ministeriales “lo inmovilizaron amarrándolo con una cobija, luego lo presionaron con las rodillas, trepados sobre su cuerpo, y comenzaron a meterle agua por la nariz repetida y violentamente” para que incriminara a otra persona por el crimen, explicaron el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, entre otras organizaciones.

De acuerdo con la denuncia, el testimonio de Bonilla “fue tergiversado y redactado en español, sin respetar su idioma ni su versión real”, para detener a Silverio Reyes, hoy preso por el crimen a pesar de que Diego Fernando nunca lo señaló como responsable. Durante su declaración ante el fiscal itinerante, en presencia de una intérprete oficial, Bonilla relató en ñuhú cómo fue torturado por la policía, pero “tanto el Fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio” y redactaron una versión “que Diego no entendió” y que “le pidieron firmarla y retirarse”, precisaron.

Con el acompañamiento de las organizaciones, el 30 de junio de 2023 Bonilla presentó una denuncia formal por tortura y la Fiscalía Especializada abrió una carpeta de investigación, pero durante más de cuatro meses “no se realizó ninguna diligencia sustancial”, por lo que se interpuso un amparo. La demanda fue admitida en marzo de 2024 y a partir de entonces se realizaron algunas diligencias, como la toma de declaración de Diego, la ratificación de su denuncia y la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), así como se programó la aplicación del examen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul.

“A pesar de estas evidencias y del avance impulsado por el juicio de amparo, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura anunció su intención de cerrar el caso, al enviar una determinación de no ejercicio de la acción penal a revisión de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Es decir, considera que Diego no fue víctima de tortura, a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, señalaron las organizaciones.

Frente a la pretensión de la Fiscalía de Veracruz, las organizaciones y centros de derechos humanos exigieron que las autoridades no cierren la investigación sin agotar todas las diligencias, que respeten el derecho de Bonilla a una investigación con enfoque intercultural, y que cese el uso de declaraciones obtenidas bajo coacción.

“La tortura no puede seguir siendo ignorada ni encubierta por las propias instituciones encargadas de impartir justicia”, subrayaron las organizaciones, que aseguraron que la decisión de la Fiscalía “refuerza el patrón de impunidad” en Veracruz frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos.

COMUNICADO:


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Villahermosa, 1er lugar nacional en donde ciudadanos se sienten más inseguros; Culiacán, segundo

Durante marzo de 2025, 61.9 por ciento de la población de 18 años de edad y más consideró inseguro vivir en su ciudad, según resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados el 22 de abril de 2025, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados de la más reciente encuesta -que se recolecta cada trimestre en 91 áreas urbanas del país- no representaron un cambio estadísticamente significativo en comparación con marzo (61.0 por ciento) y diciembre (61.7 ciento) de 2024.

En esta edición de la ENSU, 18 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2024: 7 con reducciones y 11 con incrementos. En marzo de 2025, 67.5 por ciento de las mujeres y 55.0 por ciento de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años de edad y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron: Villahermosa, Tabasco, con 90.6; Culiacán de Rosales, Sinaloa, con 89.7; Fresnillo, Zacatecas, con 89.5; Uruapan, Michoacán, con 88.7; Irapuato, Guanajuato, con 88.4; y, Chimalhuacán, Estado de México, con 86.1 por ciento.

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Nuevo León, con 10.4; Benito Juárez, Ciudad de México, con 20.4; Piedras Negras, Coahuila, con 20.5; Puerto Vallarta, Jalisco con 23.0; Saltillo, Coahuila, con 24.5; y, Los Cabos, Baja California Sur, con 24.7 por ciento.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 69.1 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 62.8 por ciento, en el transporte público; 56.1 por ciento, en la carretera y 53.2 por ciento, en el banco.

Durante marzo de 2025, de la población de 18 años de edad y más, residente en las áreas urbanas de interés, 31.6 por ciento consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que 22.9 por ciento de la población refirió que la situación empeorará.

En contraste, 16.9 por ciento de la población mencionada dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 27.5 por ciento manifestó que mejorará.

Conforme a los resultados de la ENSU del primer trimestre de 2025, de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, el primer lugar lo tuvo el consumo de alcohol en las calles, con 58.0 %; el segundo lugar fueron los robos o asaltos, con 49.6 %; el tercer lugar lo ocupó vandalismo en las viviendas o negocios, al alcanzar 40.4 %; en cuarto lugar, con 39.2 %, figuró la venta o consumo de drogas, seguido de cerca por disparos frecuentes con armas, con 39.1 por ciento.

Durante el primer trimestre de 2025, 35.0 por ciento de la población de 18 años de edad y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, con personas vecinas, con personas compañeras de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o con autoridades de gobierno.

Los porcentajes más altos de conflictos o enfrentamientos correspondieron a demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: Azcapotzalco (64.8 %), La Magdalena Contreras (63.7 %) y Álvaro Obregón (58.6 %). Mientras que las áreas urbanas que reportaron los menores porcentajes de conflictos o enfrentamientos fueron: Irapuato, Guanajuato (7.8 %), Ciudad Obregón, Sonora, (10.3 %); y Tapachula, Chiapas (10.4 por ciento).

En marzo de 2025, 44.8 por ciento de la población de 18 años de edad y más, residente en las áreas urbanas de interés, manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito. Además, 42.2 % modificó rutinas en cuanto a permitir que las o los menores que viven en el hogar salgan sin compañía.

Por su parte, 40.5 por ciento reconoció haber cambiado hábitos en cuanto a caminar de noche por los alrededores de su vivienda y 25.5 por ciento cambió rutinas relacionadas con visitar parientes o amistades.

En el primer trimestre de 2025, para la Marina, 87.8 % atribuyó un desempeño muy o algo efectivo, mientras que la Fuerza Aérea Mexicana alcanzó 83.7 %, y el Ejército, 83.7 por ciento. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional con 75.1 %, la policía estatal con 55.4 % y la policía preventiva municipal con 48.1 por ciento.

En cuanto a los principales problemas que impactan su ciudad, 81.4 % de la población de 18 años de edad y más consideró que son los baches en calles y avenidas; 62.0 %, las fallas y fugas en el suministro de agua potable y 57.4 por ciento, la insuficiencia del alumbrado público.

En marzo de 2025, 31.4 % de la población de 18 años y más consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes. Las áreas urbanas de interés donde se percibió mayor efectividad fueron: Piedras Negras (66.8 %), San Pedro Garza García (61.4 %) y Apodaca, Nuevo León (61.3 %). Por otro lado, las áreas urbanas de interés donde resultó menor esta percepción fueron: Ecatepec de Morelos, Estado de México (10.6 %), Cuautitlán Izcalli, EDOMEX (13.8 %) y Oaxaca de Juárez (16.0 por ciento).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Despiden al director del Hospital General de Ensenada tras denunciar las carencias de la institución

El doctor Juan José Godínez Montaño fue removido de su cargo como director del Hospital General en transición a IMSS-Bienestar de Ensenada, luego de hacer públicas las carencias que enfrenta el personal, falta de medicamentos y equipo.

La destitución fue notificada a través de un oficio con fecha del 16 de abril de 2025, firmado por Miguel Bernardo Romero Flores, coordinador estatal del IMSS Bienestar en Baja California.

En febrero, Montaño envió un oficio a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para informar sobre la suspensión del servicio en Ensenada debido a las agresiones por parte de los usuarios al personal médico por la falta de medicamento, equipo y materiales.

Las familias de los enfermos no sólo tienen que comprar medicamentos, sino también llevar sus propias sábanas, gasas, cubrebocas, soluciones, sondas. Es decir, que para cada intervención quirúrgica se le entrega a las familias una larga lista de materiales, esta situación de escasez, ha generado molestia.

De acuerdo con el oficio de despido, se informa que, “a partir de la recepción del presente documento, se da por concluido su cargo como director de la unidad hospitalaria denominada Hospital General de Ensenada”.

El escrito también señala que el doctor deberá realizar el proceso de entrega-recepción de la unidad hospitalaria.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LORENA LAMAS.

La fiscal de Derechos Humanos de la FGR busca ser electa ministra, pese a historial de impunidad en la oficina a su cargo

La fiscal Sara Irene Herrerías es candidata a ministra de la Suprema Corte, con un “récord” del 90 % de impunidad en los casos que han pasado por sus manos.

Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la Fiscalía General de la República (FGR), compite en esta elección judicial para ser una de las próximas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a encabezar una fiscalía especializada que tiene más del 90 % de impunidad en diversos casos bajo su mando. 

Es decir, un rezago importante en la resolución de delitos como la desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares, los delitos cometidos contra las personas migrantes, los cometidos contra la libertad de expresión, que incluye el asesinato y desaparición periodistas y comunicadores del país, y la tortura. 

Ahora, la candidata a ministra aparecerá el próximo 1 de junio de 2025 en la boleta electoral morada -que es para elegir a los próximos ministros y ministras de la Corte- postulada por el Poder Ejecutivo (PE) y el Poder Legislativo (PL).

Animal Político buscó a la candidata a ministra de la Corte para hablar sobre su paso por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y los resultados de cuatro de las nueve áreas que tiene bajo su mando, quien accedió a dar una entrevista especificando que, sobre temas relacionados con funciones o resultados de la Fiscalía Especializada no puede hablar, pues dichos asuntos competen a la Fiscalía General de la República. 

“Lo que sí le puedo decir es que cada uno de los delitos que lleva la FEMDH son muy complejos para investigar y para judicializar”, señaló en entrevista.

Candidata promete defender a víctimas, pero deja pendiente resolución de sus casos

“La justicia que llega tarde no es justicia”. Con esta frase, la candidata a ministra Sara Irene Herrerías Guerra se presenta ante la ciudadanía en la plataforma Conóceles del INE, para informar su intención de ser una de las próximas ministras de la Suprema Corte.

En dicha página, la candidata señala que desde 2019 y “a la fecha” ha encabezado la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), órgano de la FGR que tiene bajo su mando nueve áreas entre las que están la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura. 

No obstante, su función al frente de esta área inició desde mucho antes, en 2016, cuando fue nombrada como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Es decir que lleva ocho años en el cargo.

Precisamente, de una revisión hecha por este medio sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación que fueron iniciadas; judicializadas y consignadas; en las que se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP); y la reserva o archivo temporal de los casos se puede constatar que la resolución de asuntos de las áreas a cargo de Herrerías fue muy baja.


Por ejemplo, respecto a las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especial en Desaparición Forzada se encontró que del 2016 al 2023 está área inició 968 indagatorias por el delito de desaparición forzada de personas, mientras que en el mismo periodo inició mil 44 investigaciones por desaparición cometida por particulares, una suma total de dos mil 12 casos, según una solicitud de acceso a la información con número 330024624001942. 

“En caso de desaparición de personas, en donde se hacía antes como un seguimiento de los casos, pero no se consignaba y se judicializaba, hemos estado también en distintas investigaciones, [pero] para datos como muy específicos tendría, y con todo gusto podemos verlo con el área de comunicación social de la Fiscalía, porque de acuerdo a lo que me marca el INE, sólo puedo hablar como justo de mi trayectoria en general y hacia dónde quiero ir”, señaló la candidata a ministra de la Corte. 

Sin embargo, en otra solicitud (330024624000781) un ciudadano solicitó conocer el número de casos en los que la FGR logró consignar o vincular a proceso a presuntos responsables de los delitos previstos en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, obteniendo la siguiente respuesta: 

“Al respecto la Unidad Administrativa informa que localizó una averiguación previa consignada y treinta y seis carpetas de investigación judicializadas por los hechos que la ley considera como delitos”. Es decir, que la Fiscalía presentó ante un juez solo el 1.84 % de los casos. 

Respecto a la labor de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, el organismo a cargo de Herrerías Guerra respondió en otra solicitud de información (330024624001942) que en el periodo del 2018 al 2024 inició 10 mil 409 carpetas de investigación por delitos cometidos en contra de personas migrantes o extranjeras. 

A principios de 2024, otra persona solicitó (330024624000879) a la FGR conocer cuántas carpetas de investigación iniciadas por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en contra de migrantes habían sido judicializadas (presentada ante un juez) entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023. 

La respuesta de la FGR nuevamente fue contundente: “Después de realizar una minuciosa búsqueda en sus archivos, se localizaron CERO REGISTROS de carpetas de investigación judicializadas por hechos posiblemente constitutivos de delitos en contra de personas migrantes”. 

En contraste, la candidata aseguró a este medio que “desde que entramos nosotros, hay también más de 50, 60 sentencias condenatorias por los distintos delitos que afectan a migrantes, como es el tráfico de migrantes, que es el que nos toca a nosotros en la FEMDH”. 

Finalmente, respeto a la labor de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura, el organismo informó que del 2016 al 2023 inició cinco mil 833 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura, un ilícito en el que, aunque haya pasado mucho tiempo desde que se cometió, existe la posibilidad de investigarlo y denunciarlo.

De estás indagatorias, la Fiscalía informó que 261 habían sido enviadas a la “reserva” o “archivo temporal” y cuatro mil 955 habían sido determinadas con el “no ejercicio de la acción penal”, mientras que solo 75 habían sido “consignadas” o “judicializadas”; es decir, que fueron presentadas ante un juez solo el 1.29 % de las investigaciones. 

“Yo en este momento como fiscal atiendo a las víctimas, trato de ser empática con ellas, ponerme en su lugar para entender qué es lo que ellas necesitan y quieren, pero al momento de impartición de justicia, están ambas partes. Fui 13 años proyectista de sala penal y sé la importancia de, sobre un mismo asunto, ver las distintas versiones sobre un mismo hecho y en todo momento respetar los derechos procesales también del imputado. Y en caso de que no es la materia penal, en los demás casos, justo de ambas partes tenemos que ser objetivos y cercanos a las partes en un proceso para impartir justicia”, señaló.

Delitos cometidos contra la prensa, con el 98.27 % de impunidad: Artículo 19

Hace unos días, la organización Artículo 19, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de la libertad de expresión y a la información, presentó su informe anual titulado Barreras informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, en el que se documentan 639 agresiones contra periodistas en posible nexo con su trabajo. 

Durante la presentación del informe la organización hizo un llamado a consolidar una política de protección a periodistas que se enfoque en la prevención, la justicia y la reparación para acabar con la impunidad en los casos que llegan a la FEADLE. 

En dicho documento, la organización señaló que en todo 2024, la FEADLE inició un total de 84 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos contra periodistas, con tan solo una indagatoria por el delito de homicidio, que en comparación con los datos registrados por Artículo 19, y documentados en el informe, la FEADLE sólo ha atraído un porcentaje bajo de casos. 

“Una vez atraído el caso, los procesos de investigación para las víctimas pueden ser interminables o mantenerse incluso en un limbo de impunidad. En el caso de la FEADLE misma, de 2,781 indagatorias o carpetas de investigación iniciadas entre 2010 y 2024, hay 201 casos resueltos, ya sea por sentencias condenatorias, suspensión condicional del proceso, o por acuerdos reparatorios. Es decir, 84.77 % de los casos se mantienen en la impunidad y si se considera sólo los casos de sentencias, 98.27%”, señaló la organización. 

Respecto a su labor al frente de la FEADLE, la candidata Herrerías Guerra aseguró que en libertad de expresión “más de 200 personas han sido imputadas por este delito. También tenemos sentencias condenatorias y soluciones alternas”.


“Siempre he pensado que no solo las sentencias son las que dan justicia a las víctimas, sino también los resultados que uno puede tener por los medios alternativos de solución de conflictos. En esa materia, la libertad de expresión tiene que ver mucho con el delito de amenazas, que se puede solucionar por medios alternos y finalmente, al solucionar ese delito, evitas que la violencia crezca y que luego tenga otras consecuencias”.

En el informe, Artículo 19 señala que la FGR enfrenta serias dificultades para cumplir con su responsabilidad de investigar y procesar delitos contra la libertad de expresión. A pesar de los compromisos de asegurar la justicia para los periodistas afectados por delitos, los avances son escasos, enviando el mensaje de que los agresores no serán perseguidos y gozan de impunidad.

Además, la candidata asegura que en materia de los asuntos derivados de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también han seguido las investigaciones, así como judicializado y consignado varios de ellos.

Sara Irene: ocho años encabezando la fiscalía especializada en derechos humanos

“¿Por qué quiero ocupar un cargo público? Para que la justicia sea confiable, entendible y contribuya a la justicia social. Para que todas las personas sean oídas”, asegura la candidata a ministra de la Corte en su perfil publicado por el INE. 

En su currículum vitae, después de una larga lista de aspectos para describir su formación académica, tesis y doctorados, la candidata a ministra expone que de 2016 a 2019 fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). 

Herrerías Guerra se incorporó a la extinta PGR en noviembre de 2016, cuando el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, la nombró subprocuradora, cargo que mantuvo durante la administración del procurador Alberto Elías Beltrán. Luego de dejar sus puestos ambos funcionarios fueron indagados por la presunta comisión de diversos delitos. 

En 2019, el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la ratificó al frente de la ahora Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, cargo que desempeña hasta la fecha. 

“El que suscribe, doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República […] en lo dispuesto en el Acuerdo A/013/19 por el que se instala la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con efectos a partir de esta fecha ha tenido a bien designarla Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos”, se puede leer en un oficio de la FGR publicado el 16 de julio de 2019.

Sin embargo, de acuerdo con diversos medios nacionales, el nombramiento de la fiscal se dio a pesar de que el colectivo #FiscalíaQueSirva pidió al fiscal general que el proceso de designación de este puesto fuera abierto y transparente. 

La exigencia de las organizaciones de la sociedad civil fue sobre todo debido a que la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos tendría bajo su cargo organismos clave para la defensa de los derechos humanos de las personas en el país, casos que en su mayoría continúan pendientes de resolución. 

—¿Ahora por qué quiere ser ministra de la Suprema Corte? —, se le pregunta.  

—Llevo toda mi vida profesional como servidora pública y siempre he querido que el presupuesto público se use para lo que es, para hacer un servicio público y cumplir una función pública. He estado en prevención del delito, en procuración de justicia, impartiendo justicia cuando fui proyectista y en protección de derechos humanos cuando estuve en CNDH y en SEGOB. Quiero que toda esta experiencia pueda servir para hacer una justicia más cercana a la ciudadanía, más ágil, más entendible. Por eso quiero ser ministra de la Suprema Corte—, responde. 

Por ese motivo, asegura, no pidió licencia -como lo recomendó el propio INE- para competir por un cargo de ministra de la Suprema Corte, “porque considero que tengo un compromiso con mi trabajo”.

“Tengo nueve áreas de investigación, no solo eso, también llevo las quejas y recomendaciones de CNDH y otras… todo lo que es la atención ciudadana de la Fiscalía. Y dentro de esos asuntos de la Fiscalía tengo en curso temas muy delicados y creo que tengo un compromiso para hacerlo y para resolverlos, porque son asuntos que conozco y que considero que debo de resolver. No creo que pueda dejar a las víctimas que confiaron en nosotros así. Sábados y domingos, y muy temprano o en la tarde, es cuando estoy atendiendo la campaña, pero sí creo que tengo un compromiso con el trabajo que realizo”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Seguridad, la culpa es de los derechos humanos; la trampa de Estado

Cada vez más personas parecen estar dispuestas a intercambiar democracia por seguridad. ¿Cómo llegamos a este punto? Por una trampa perfecta: el Estado, desde su propia descomposición, ha trabajado durante años para consolidar la idea de que la seguridad solo es posible si los derechos humanos no estorban.

Me sucedió recientemente, una vez más. Esta vez en una mesa cerrada de análisis, donde se presentó un nuevo reporte sobre política de drogas, delincuencia organizada y su impacto en los derechos humanos. Al presentar mi argumento, sugerí que tal vez hemos llegado al límite de la caja de herramientas políticas y técnicas para defender y promover un paradigma de seguridad con enfoque de derechos humanos. Inmediatamente, alguien reaccionó con énfasis: “¡No podemos dejar de luchar!”, o algo similar.

A mi juicio, se trata de un error analítico ampliamente extendido. Profundizar en la definición del problema y reconocer las pérdidas con franqueza, antes de insistir en las soluciones, es visto por muchas personas como una especie de rendición. Lo he presenciado innumerables veces. Observar a fondo y con el mayor realismo posible la crisis de derechos humanos provocada por las políticas de seguridad hegemónicas suele detonar una respuesta mecánica de evasión, que se aleja del problema y se aferra a lo que se percibe como una solución inmediata.

Creo que existe un temor profundo ante la realidad abrumadora y, también, frente a la posibilidad de nombrarla. A ello se suma, con fuerza, el sesgo de confirmación descrito por Daniel Kahneman: la tendencia a interpretar la información de manera que confirme creencias previas, ignorando o desvalorizando la evidencia contraria.

La dupla Trump-Bukele se ha posicionado, al menos en esta región del mundo, como la vanguardia de la erosión de los derechos humanos en nombre de la seguridad. Me detengo en el caso de El Salvador. La información que recibimos en el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX confirma que cada vez más personas reconocen la política de seguridad de ese país como un modelo a seguir. Celebran la caída de los homicidios intencionales, ignorando la evidencia contundente sobre detenciones ilegales y arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza, violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes, demoras en el control judicial de las detenciones, ineficacia del habeas corpus, ausencia de pruebas para imputaciones, uso abusivo de la prisión preventiva, audiencias masivas, restricciones al derecho de defensa, violaciones al debido proceso y la posible muerte de cerca de 200 personas privadas de libertad, entre otras (ver informe de la CIDH).

Este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca que “existe un falso dilema entre adoptar acciones efectivas contra el crimen organizado y respetar las obligaciones legales e internacionales en materia de derechos humanos”. La frase resume el núcleo del conflicto actual, que va más allá del ámbito de la seguridad: se trata de una disyuntiva que pone en riesgo la supervivencia misma de la democracia constitucional de derechos, al menos en nuestra región. Reconocerlo es crucial para así enfrentarlo.

Cada vez más personas parecen estar dispuestas a intercambiar democracia por seguridad. ¿Cómo llegamos a este punto? La pregunta revela una trampa estructural de Estado: la transición democrática en América Latina —y sin duda en México— dejó fuera la seguridad. Lo evidencia la persistencia de la seguridad nacional como refugio que impide una verdadera rendición de cuentas del aparato policial y militar. De esto se sigue lo que Rut Diamint denomina la remilitarización de América Latina.

Una trampa perfecta: el Estado evitó la reforma democrática del sector seguridad, impidiendo su profesionalización y el establecimiento de controles eficaces. Ese abandono produjo un fracaso sistemático ante la violencia y el crimen, generando así las condiciones para el respaldo político y social que hoy lleva al poder a quienes sostienen que los derechos humanos son un obstáculo para nuestra seguridad.

Los derechos humanos llegaron a las normas —nacionales e internacionales—, pero no se integraron en las políticas ni en las prácticas institucionales. Paradójicamente, la omisión deliberada de profesionalizar, en especial el uso de la fuerza pública, sembró la desconfianza hacia los propios límites que imponen los derechos humanos. La falla institucional, en lugar de impulsar una reforma, trasladó el costo hacia los derechos, debilitando el consenso en torno a su legitimidad. Hoy, el aplauso es para quien propone eliminarlos.

Con razón la CIDH afirma que es falso el dilema entre derechos humanos y eficacia frente al crimen organizado. Pero tal vez ya es tarde. El Estado, desde su propia descomposición, ha trabajado durante años para consolidar la idea de que la seguridad solo es posible si los derechos humanos no estorban. De ese tamaño es el desafío.

Reconocer esto puede ser más útil que negarlo, precisamente para equilibrar el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad, tal como lo propuso Antonio Gramsci.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERNESTO LÓPEZ PORTILLO.

Localizan seis fosas clandestinas con restos humanos en Colima

La FGE manifestó que además de los restos humanos hallados después de los cateos, también había en el área otros indicios relacionados con la desaparición de personas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras la realización de dos cateos, fueron localizadas seis fosas clandestinas con restos humanos en este municipio, durante la semana del 14 al 20 de abril. 

En los operativos, que se llevaron a cabo luego de obtener órdenes judiciales, participaron de manera coordinada elementos de corporaciones de seguridad estatales y federales, indicó el organismo de procuración de justicia a través de un breve comunicado.

Aunque la fiscalía no precisó el número de personas a los que pertenecen los restos humanos encontrados en las fosas, de manera extraoficial se supo que todavía no se conoce esa información porque los restos estaban desmembrados y actualmente se realizan los estudios forenses. 

La FGE manifestó que además de los restos humanos hallados después de los cateos, también había en el área otros indicios relacionados con la desaparición de personas. 

El pasado 24 de marzo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas informó que Colima ocupa el segundo lugar en hallazgo de fosas clandestinas, con 308, sólo después de Veracruz, donde se han registrado 344 entierros ilegales, mientras que Sinaloa se encuentra en tercer sitio, con 283, seguido por Guerrero (238), Michoacán (228), Jalisco (176), Tamaulipas (154), Chihuahua (146) y Sonora (146). 

Entre los principales hallazgos se encuentran el de la comunidad de Santa Rosa, municipio de Tecomán, donde en 2019 fueron ubicadas 49 fosas con un total de 73 cuerpos; el poblado Cerro de Ortega, en el mismo municipio, donde en 2023 fueron descubiertas más de 60 fosas con más de 90 cuerpos, y el caso de Agua de la Virgen, municipio de Ixtlahuacán, donde entre 2023 y 2024 se registró un gran hallazgo del que las autoridades federales no informaron cifras y se manejaron con total opacidad al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Isaías fue a vender gelatinas y desapareció en Puebla; exigen avances en su búsqueda

Isaías, de 14 años, fue a vender gelatinas al Mercado Independencia el 30 de marzo y desde entonces desapareció; familiares del adolescente exigen avances en las investigaciones para localizarlo.

Familiares del adolescente Isaías Flores Garibaldo, de 14 años de edad, marcharon este día por calles del Centro Histórico para exigir avances en las investigaciones para localizarlo luego de que desde el 30 de marzo salió de su casa para vender gelatinas y ya no regresó. 

Los manifestantes salieron desde el Paseo Bravo para llegar hasta Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, donde exigieron ser atendidos por las autoridades porque consideran que no hay avances en las indagatorias para dar con el paradero del adolescente.

De acuerdo con la denuncia, Isaías salió de su domicilio en el Fovissste San Roque para dirigirse al Mercado Independencia, ubicado entre 11 Sur y Boulevar Las Torres de esta ciudad, para vender gelatinas, actividad de donde obtenía dinero para sus gastos.   

En videos de las cámaras de vigilancia, se puede ver que Isaías sí llegó hasta el mercado, donde encargó su canasto con las gelatinas en una dulcería para luego retirarse.
Los familiares señalaron que también hay imágenes del niño en la estación Tarascos del sistema de transporte Ruta, pero que hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha reportado avances en las investigaciones para encontrarlo.


Señalaron que la Fiscalía dejó pasar más de 16 días para buscar las imágenes de cámaras de seguridad que eran claves para identificar el trayecto que siguió el menor. Para cuando la autoridad buscó esos videos, la mayoría ya se habían perdido porque sólo tienen capacidad de almacenamiento de una semana o 15 días. 

Uno de los familiares mencionó que la mayoría de las investigaciones las han tenido que hacer ellos, pidiendo colaboración de vecinos de la zona.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Guerrero termina la Semana Santa con la masacre de una familia

Del Domingo de Ramos al de resurrección se cometieron 40 asesinatos en la entidad, 26 de ellos en Acapulco.

Guerrero cerró la Semana Santa con la masacre de cuatro integrantes de una familia en la comunidad de Montecillos, Cuajinicuilapa, en la región Costa Grande. 

Del Domingo de Ramos al de resurrección se cometieron 40 asesinatos en la entidad, 26 de ellos en Acapulco.

En lo que va del año, en el puerto se han registrado 29 asesinatos contra taxistas y choferes de combis. 

Autoridades informaron ayer el hallazgo de los cuerpos decapitados de tres hombres y el cuerpo de una mujer integrantes de una familia en Montecillos, municipio de Cuajinicuilapa. 

La masacre se perpetró a las 9 de la noche del sábado 19. Hombres armados irrumpieron en el domicilio de las víctimas, las acribillaron y posteriormente incendiaron la vivienda. 

También prendieron fuego a una camioneta marca Chevrolet, tipo Explorer que quedó calcinada. 

Vecinos sofocaron el fuego y localizaron en el interior a las víctimas que fueron identificadas como Francisco Peláez Agustiniano, su esposa Eustolia Arellanes Cruz y sus hijos Gustavo y Hugo Peláez Arellanes. 

En el crucero a San Nicolás fueron localizadas tres extremidades cefálicas correspondientes al sexo masculino. A 200 metros del lugar, se ubicó un domicilio incendiado, en cuyo interior se encontraron los cuerpos decapitados de tres masculinos, así como el cuerpo sin vida de una femenina, dice el parte ministerial. 

Familiares de las víctimas se opusieron al traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO), manifestando su intención de sepultarlos de inmediato. 

Esta masacre se suma a los asesinatos a balazos del comisario de Comaltepec, del municipio de Cuajinicuilapa, Ángel Medel Lorenzo, registrado la tarde del viernes 18 y del ganadero Armando Añorve López en la cabecera municipal el sábado. 

El miércoles 16, fue hallado el cuerpo decapitado del taxista y ex comandante de la policía municipal de Cuajinicuilapa, Jorge Morales.? Sus restos fueron dejados en el cofre y dentro de la unidad en la carretera Acapulco – Pinotepa Nacional, en la comunidad La Soledad, del municipio de Cuautepec. 

Esa noche, pero en la cabecera municipal de Marquelia fue ultimado a balazos Julio César Suastegui, el Güero Loco, promotor de fiestas patronales y expolicía ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). 

El “Sábado de gloria” por la noche fueron privados de su vida a balazos Jared Cortés Moctezuma, de 19 años, y otras tres personas, en Tecomate Pesquería, municipio de San Marcos, de acuerdo con reportes policiacos. 

La víctima era sobrino de la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gladys Cortés Genchi, originaria de esa localidad. 

El ataque se perpetró en una carrera de caballos que era parte del Festival del Caldo 2025. 

En Acapulco se contabilizaron 26 homicidios del domingo 13 al domingo 20 de abril. Poco ha servido la presencia de 5 mil efectivos de la Guardia Nacional, Marina, Ejército, policía estatal y municipal.

En el contexto de violencia criminal, el viernes por la noche Marco Antonio Suastegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) y representante de prestadores de servicios turísticos fue herido de tres balazos que recibió en el abdomen, tórax y hombro. Ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y su estado de salud es delicado. 

Uno de los crímenes que conmocionó a la población fue el cometido contra el futbolista Leonardo Jair Dillanes Bello, de 19 años. El joven fue visto por última vez el martes 15 de abril en la peligrosa colonia La Mira. Su cuerpo decapitado apareció flotando la tarde del viernes 18 en la bahía de Acapulco, entre Sinfonía del mar y la playa La Angosta. 

Efectivos de la Marina rescataron el cadáver.

Usuarios de Facebook manifestaron su indignación: “Leonado es víctima de un Estado fallido, de una sociedad perdida y de un gobierno inepto. Sí, estoy enojado, siento rabia, impotencia y dolor”. 

Otros dos asesinatos se cometieron en Iguala.? La mañana del sábado 19 el militar en activo, Enrique N, de 40 años y su esposa Mónica N, de 38, fueron ultimados a balazos en la colonia Ciudad Industrial.

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, alcaldes y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado han desdeñado la crisis de gobernabilidad y seguridad que padece la población.

La mandataria ha festejado la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos en esta temporada vacacional.

Y en?una publicación la mañana de este lunes manifestó: “Me uno al duelo por el fallecimiento de su Santidad el Papa Francisco, reconociendo su legado espiritual y firme compromiso con la fe, la paz y la humanidad”. 

La síndica de Acapulco, Estrella de la Paz Bernal, declaró que “la violencia no se genera dentro de un gobierno”, sino dentro de la sociedad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Elección judicial: abogadas transfóbicas y antiderechos buscan ser ministras de la Suprema Corte

Activistas feministas y de la diversidad sexogenérica señalaron que las posturas de dos candidatas a ministra de la Suprema Corte representan un retroceso en los derechos humanos. Se trata de Arely Reyes Terán, quien se ha manifestado en contra de las personas trans y no binarias, e Ingrid de los Ángeles Tapia, opositora a la despenalización del aborto.

Las abogadas Arely Reyes Terán e Ingrid de los Ángeles Tapia buscan llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha encendido las alertas entre activistas feministas y de la comunidad LGBTIQ+, quienes consideran que, en ambos casos, representaría un retroceso en materia de derechos humanos. Reyes Terán se ha manifestado en contra de las personas trans y de la diversidad sexogenérica, mientras que Tapia mantiene una postura contraria al aborto y ha sido vinculada con la organización conservadora Frente Nacional por la Familia.

Se trata de dos personajes independientes que, incluso como parte de su campaña para llegar a ministras, han usado sus redes sociales para pronunciarse en contra de ciertos temas sobre los cuales la Suprema Corte ha trabajado en los últimos años. Reyes Terán ha publicado sobre su desaprobación de las leyes para la identidad de género de personas trans y no binarias, y contra el trabajo sexual; y Tapia contra la libre interrupción del embarazo.

“Desde que se anunció la reforma judicial, algo que nos ponía sobre el tablero es que personas alineadas a ciertas agendas de derecha quisieran ser candidatas, y estas personas son una prueba de que personas con agendas que no están alineadas a los feminismos, a los derechos humanos, van a intentar llegar a la Suprema Corte para poder influir en la parte de la interpretación de las leyes para imponer sus agendas”, expuso Ninde Molre, directora de AbortistasMX.

La abogada resaltó que la importancia de identificar posturas en contra del trabajo sexual, personas trans, no binarias, despenalización del aborto, entre otros, radica en que es un reflejo de una falta de perspectiva de derechos humanos, y podría traducirse a que no se juzgará con base en los estándares internacionales y nacionales que ya se han establecido.

“Eso nos debería de preocupar porque podrían decir, ‘Bueno, que las personas trans, las disidencias, las abortistas, se hagan pelotas, ¿esto en qué me afecta a mí?’. Bueno, son personas que no aplican la perspectiva de género, que no saben de derechos humanos, y que sin duda cualquier decisión que les llegue –de cualquier tema de derechos humanos– a modo amplio van a tomar una decisión que nos afecte a todas, todos y todes”.

En contra de leyes de identidad de género y el trabajo sexual

En su perfil del Instituto Nacional Electoral (INE), Arely Reyes Terán se presenta como una abogada enfocada a “proteger a los sectores poblacionales tradicionalmente discriminados y vulnerados”, pero en sus redes sociales se ha pronunciado en contra de una “doctrina trans”, a la cual llama “una verdadera aberración jurídica”.

Sus publicaciones datan de entre 2020 y 2022 en su perfil de Facebook, con posturas en contra del trabajo sexual y las leyes de identidad de género. Entre sus propuestas principales como candidata a la Suprema Corte está “abolir la explotación sexual y reproductiva”.


“Es peligroso que alguien que busque vulnerar a un grupo ya vulnerable, es inverosímil, que llegue a un puesto tan grande (en la SCJN)”, consideró sobre el tema Eme Flores, integrantx de la Red de Resistencia y Disidencia S&G. 

“Busca considerar a la comunidad trans como un peligro, o una amenaza que hay que combatir, y es algo que una persona que esté en el órgano más grande del Poder Judicial no puede tener posturas así”.

Tras los señalamientos, Reyes Terán escribió en redes sociales: “Yo no odio al transactivismo, yo defiendo sin restricción, como dice una de mis propuestas (…), los derechos de las mujeres, los cuales incluyen el derecho a su seguridad, a no ser violentadas, a no ser explotadas sexual y reproductivamente”.

“La doctrina acientífica queer de la que deriva el transactivismo propone que el género, el sexo y la sexualidad son realidades mutables y por tanto, susceptibles de ser elegidas (…)”.


La candidata envió una carta de aclaración a Animal Político, en la que amplió sobre sus posturas. “Criticar el discurso transgenerista y las leyes de identidad que emanaron de ella, es también apostar por una justicia social que se enfoque desmontar los esencialismos de género”, expuso Reyes Terán en un documento de cinco cuartillas. Más adelante, remarcó que se identifica con una política de izquierda, que ha sido “dinamitada” por un discurso de “transgenerismo”.

La abogada añadió: “Se puede no estar de acuerdo con cierta forma de pensamiento sin que esto implique un odio personalizado o un interés por desproteger los derechos fundamentales de todas las personas”.

Candidata participa en foros antiaborto del Frente Nacional por la Familia

En el caso de la abogada Ingrid de los Ángeles Tapia, ha participado en foros en contra de la despenalización del aborto, y en noviembre de 2024 formó parte de un panel contra la libre interrupción del embarazo en el Estado de México, junto con representantes del Frente Nacional por la Familia y diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN).

A inicios de abril del año en curso, también impartió la conferencia “Vida, familia y Suprema Corte de la Justicia” como parte de un ciclo de conferencias titulado “Peregrinos de la esperanza en un mundo convulso”, organizado por el Consejo Nacional de Laicos, una asociación reconocida por la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Ahí, criticó la decisión que tomaron las y los ministros en 2023 para definir que la criminalización del aborto es inconstitucional y vulnera los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Ha participado como abogada externa del antes Instituto Federal Electoral (IFE), y participó en los litigios de los casos Pemexgate y Amigos de Fox, que promovió a Vicente Fox como candidato presidencial para los comicios del 2000.

La candidata tiene previsto dar una ponencia titulada “La vida y la familia en la Suprema Corte” el próximo 9 de mayo, como parte de un evento del Frente Nacional por la Familia Xalapa, en el estado de Veracruz.


Dar tribuna a discursos antiderechos

Si bien las decisiones en la Suprema Corte son tomadas de manera colectiva y se requiere el voto mayoritario para determinar un asunto, la presencia de personajes con posturas contra los derechos humanos abre paso a amplificar discursos antiderechos, señaló Ninde Molre.

“No es lo mismo estar discutiendo en redes sociales, a que de repente alguien con esta investidura tenga estos pronunciamientos. Sin duda empieza a generar situaciones que permiten que la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, etcétera, se vea legitimada, y que lo hemos visto en otros países”, advirtió la directora de AbortistasMX.

Por eso, Eme Flores sumó que sólo un individuo en la máxima tribuna de Justicia puede hacer una diferencia. “Una sola persona puede dejar precedentes, incluso si no es una sentencia”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Tribunal Electoral desecha impugnación de ministra Loretta Ortiz contra acuerdo del INE por publicaciones de arranque de campaña

La ministra Loretta Ortiz impugnó el acuerdo del INE que le ordenó retirar de sus redes sociales las publicaciones sobre un foro en el marco del arranque de las campañas de la elección judicial. Sin embargo, el Tribunal Electoral desechó el recurso al determinar que fue presentado fuera del plazo legal.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) desechó la impugnación presentada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordenó retirar publicaciones de redes sociales sobre un evento que se llevó a cabo el pasado 30 de marzo, en el marco del arranque de campañas para la elección judicial, organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En sesión privada, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, por unanimidad de votos, desechar la queja de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por extemporánea, pues señaló que el recurso fue presentado fuera del plazo legal de 48 horas que se tiene previsto para interponer el medio.

El pasado 14 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó tanto a la ministra como al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) retirar de sus redes sociales y otras plataformas las publicaciones sobre un foro en el marco del arranque de las campañas de la elección judicial.

El órgano electoral argumentó que el evento organizado por dicho sindicato no se llevó a cabo conforme a las reglas establecidas para la realización de foros de debate o mesas de diálogo previstas por la autoridad electoral.

Dos días después, Loretta Ortiz Ahfl, quien busca permanecer en la Corte, impugnó ante el Tribunal Electoral el acuerdo el INE.

A través de un comunicado, la candidata argumentó que el instituto “se equivoca una vez más” al imponerle una medida cautelar y pidió al Tribunal Electoral que se pronuncie para “tener claridad” sobre los límites de actuación de candidatos y candidatas en los foros informativos, distintos a los de debate.

Asimismo, dijo que el INE está enfrentando una confusión en la interpretación normativa al equiparar un foro informativo con uno de debate, pese a que tienen funciones distintas.

“El INE se equivoca una vez más, como ocurrió cuando intentó limitar la difusión del proceso judicial electoral, y me impuso una medida cautelar ilegal. El Instituto, insisto, de manera errónea, intenta equiparar el foro informativo al que fui invitada con un foro de debate, cuando ambos son notoriamente distintos y cuando, por cierto, ambas modalidades están previstas en la normativa del propio INE”, señaló.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.