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Intercam, del festejo por aumentos de salarios a la ola de despidos tras escándalo por narcolavado

Intercam Banco anunció a sus empleados un aumento salarial, también tendrían más dinero en los vales de despensa y, por lo tanto, una mayor cantidad de aguinaldo. Dos semanas después, el júbilo se esfumó cuando el Departamento de Estado reveló una investigación contra la firma mexicana por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El gobierno de Donald Trump también investigaba a CiBanco y a la casa de Bolsa Vector, de Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

En Intercam la ola de despidos estaba por comenzar...
Un día después de que el sistema financiero mexicano entró en pánico por los señalamientos criminales, el presidente ejecutivo y director general de Intercam Grupo Financiero, Eduardo García Lecuona, convocó de urgencia a todos sus colaboradores vía Zoom. 

Los empleados de las oficinas de Lago Zurich 245, en la Torre Frisco, y los de Río Tiber 67 en la colonia Cuauhtémoc escucharon el mensaje. El empresario se la pasó explicando y resolviendo dudas durante casi dos horas. En general, todo se resumía en una frase: “No se preocupen”. 

Al día siguiente de que se publicaron las acusaciones de Estados Unidos todas las operaciones del banco dejaron de funcionar por varias horas. La revelación de la investigación contra Intercam se dio a conocer el 25 de junio último; cinco días después comenzaron los primeros despidos. 

El lunes 30 las oficinas de Recursos Humanos de Intercam se fueron llenando poco a poco; los primeros ceses fueron de empleados de recién ingreso. Ese mismo día las liquidaciones fueron depositadas en sus cuentas, también prestaciones como aguinaldo y prima vacacional, además de otros conceptos como la prima de antigüedad y una indemnización por despido injustificado.

Fuentes consultadas por Proceso dan cuenta que, a menos de un mes del escándalo, perderían su trabajo cerca de dos mil personas. La cifra podría ser mayor, dependiendo del avance de las investigaciones. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hay tres mil 55 empleados en 62 sucursales de Intercam.

“Dijeron que el banco atravesaba por una crisis muy fea y que no era por trabajo, capacidades ni nada, simplemente supervivencia”, relata un empleado que decidió contar su historia, pero que pidió mantenerse en el anonimato para evitar represalias. 

“En mi área corrieron a cuatro antes que a nosotros, uno de ellos cumplía tres meses y ya no le renovaron; otros un año y ese mismo día les dieron las gracias”, dice otra persona que fue despedida. 

El personal que iba a ser cesado fue convocado a las oficinas de la institución en la colonia Ampliación Granada. En ese lugar está Plaza Carso, propiedad del empresario Carlos Slim. El banco pagó el viaje de los empleados que serían despedidos en diferentes aplicaciones de traslados, no quería sumar una arista más al pánico. Poco a poco los rumores de los despidos comenzaban a materializarse. Los trámites de liquidación tardaron hasta tres horas. 

Los de recursos humanos “no se daban abasto con tanto despido”. En sus rostros había una mezcla de preocupación, pena y, sobre todo, incertidumbre; aún no saben si ellos también formarán parte de la ola de desempleados. 

Mientras eso ocurría con los trabajadores, el banco tenía otro problema: comenzaron las solicitudes de cancelación de cuentas y el retiro del dinero invertido. La gerencia tomó una decisión y en la aplicación móvil de Intercam apareció bloqueada la opción de mover divisas. Las cuentas de los clientes se congelaron.

Un torneo de golf antes de la tormenta

Previo al golpe estadunidense, en los primeros días de junio la institución bancaria realizó su Torneo Anual de Golf en el exclusivo club Vallescondido, en el Estado de México; para ello contrató a la empresa Hughes Events, propiedad de Mariana Hughes, una golfista rankeada entre las 10 mejores jugadoras de la Ciudad de México. Entre los patrocinadores del evento estuvieron El Mueble Perfecto, Grupo Brisas, Porcelanosa y Porsche. Ninguno de los jugadores, que además eran inversores, se esperaba el anuncio de la investigación criminal. 

De acuerdo con el informe de la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por su acrónimo en inglés), Intercam es señalada por facilitar operaciones financieras relacionadas con el tráfico de fentanilo, principalmente para el CJNG.  

La investigación estadunidense detalla que la institución procesó transferencias en dólares americanos para financiar la compra de precursores químicos provenientes de China. El documento estadunidense precisó que, a finales de 2022, altos ejecutivos de Intercam supuestamente se reunieron con presuntos miembros del CJNG para definir esquemas de lavado, incluyendo el movimiento de fondos desde Asia hacia México.


En mayo último, García Lecuona fue cuestionado sobre su perspectiva para México en los próximos meses. “Podría resumirlo en una palabra: incertidumbre”. El ingeniero fue entrevistado por el medio Alto Nivel y se refería al panorama económico frente a la amenaza arancelaria de Donald Trump. No sabía que él y su banco estaban en la mira de la administración estadunidense. 

“El reto más grande es que las reglas están cambiando constantemente y, peor aún, también están cambiando las reglas de cómo cambian las reglas. Todos los días surge una nueva interpretación o incluso se contradicen decisiones previas. 

“Mientras no sepamos con claridad cuáles serán las nuevas reglas del juego, será muy difícil adaptarnos al nuevo entorno”, declaró en aquel momento.

Proceso consultó a Intercam sobre la situación laboral de sus empleados, en particular si se contemplan más despidos o si existe alguna estrategia para evitar la reducción de su plantilla. 

No obstante, la institución financiera respondió que “por el momento no se está proporcionando ningún tipo de información al respecto”. 

Con las mayores multas

De acuerdo con la base de datos de la CNBV, al corte de junio de 2025, de las 52 multas impuestas a participantes del sistema financiero, 80%, es decir, 42 sanciones, estuvieron relacionadas con omisiones o deficiencias en los controles contra el lavado de dinero, y el monto acumulado por ese tipo de infracciones asciende a 156.8 millones de pesos.

Intercam fue la institución más castigada en este rubro, con 86.1 millones de pesos por deficiencias en sus mecanismos antilavado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA, RODRIGO HERNÁNDEZ LÓPEZ.

Fitch retira calificaciones a CIBanco, Intercam y Vector; la calificadora ve un daño irreparable

Desde el ámbito empresarial, la evaluación no es más alentadora. Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el caso de CIBanco, Intercam Banco y Vector no tendrá un desenlace favorable y se perfila hacia escenarios de insolvencia.

Para Fitch Ratings, las acusaciones de narcolavado provenientes de autoridades estadunidenses contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa ya generaron un daño irreparable. La calificadora determinó que dejará de seguir evaluando a estas entidades, más allá de ser un tema comercial es que tendrán problemas de dinero. 

“El retiro de las calificaciones obedece a razones comerciales. A partir de esta fecha, Fitch dejará de dar seguimiento a las calificaciones de Vector CB, CIBanco, Intercam Banco y las afiliadas no bancarias de los dos últimos”, informó la agencia este 16 de julio, en un informe publicado por la mañana.

Como última acción antes del retiro definitivo, Fitch redujo las calificaciones nacionales de riesgo contraparte de largo y corto plazo, manteniéndolas en Observación Negativa. En el caso de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, la nota bajó de ‘B(mex)’ a ‘CCC(mex)’ en el largo plazo, y de ‘B(mex)’ a ‘C(mex)’ en el corto plazo. La misma degradación se aplicó a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, y a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector CB). 

Además, Fitch confirmó que las calificaciones de todas las afiliadas de estas entidades también fueron rebajadas, permanecieron bajo Observación Negativa y, finalmente, fueron retiradas. 

La agencia señaló que esta acción va más allá de un ajuste técnico, para Fitch, los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, relacionados con supuestas debilidades estructurales en los controles contra el lavado de dinero, particularmente en lo vinculado al tráfico ilícito de fentanilo, han causado un daño reputacional irreversible. 

Ni la intervención de los reguladores financieros mexicanos ni la postergación hasta el 4 de septiembre de 2025 de la entrada en vigor de las sanciones han sido suficientes para revertir la percepción negativa del mercado. Fitch expuso que el riesgo de incumplimientos financieros por parte de estas instituciones es elevado. 

“Fitch reconoce los esfuerzos realizados por las entidades afectadas, así como por las autoridades financieras nacionales tras decretarse la intervención gerencial temporal de las mismas, en aras de mantener operaciones en la medida de lo posible. Sin embargo, Fitch considera que la calidad crediticia de estas entidades podría seguirse debilitando conforme sus clientes actúen en relación con los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, se lee en el comunicado. 

La calificadora también puntualizó que hay una tendencia negativa en la generación de ingresos de estas instituciones, impulsada por la salida de clientes clave en varias líneas de negocio, la reticencia de participantes del mercado a continuar operaciones con ellas y la reducción drástica en los volúmenes de transacciones diarias, así como en los activos bajo administración o custodia. 

“Además, en el caso de los bancos mencionados, Fitch ha percibido también un deterioro en la liquidez”, puntualizó.

“No habrá un buen fin”: IMEF

Desde el ámbito empresarial, la evaluación no es más alentadora. Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el caso de CIBanco, Intercam Banco y Vector no tendrá un desenlace favorable y se perfila hacia escenarios de insolvencia. 

El organismo considera que lo ocurrido también es reflejo del debilitamiento institucional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), responsable de supervisar la operación del sistema financiero mexicano. 

“En los últimos años ha ido perdiendo capacidad de respuesta y talento”, dijo José Antonio Quesada, asesor de la presidencia nacional del IMEF, durante la conferencia mensual del instituto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

La CNBV multa con 185 mdp a Vector, CIBanco e Intercam por violar leyes financieras

De acuerdo con la CNBV, las sanciones fueron clasificadas bajo el concepto de irregularidades en prevención de lavado de dinero e infracciones a la Ley de mercado de valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer este martes que sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con una multa de 185 millones de pesos (mdp), luego de que hace unas semanas el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara a dichas instituciones bancarias por presunto lavado de dinero.

Intercam recibió 16 multas por un monto de 44.5 millones de pesos (mdp) e Intercam Casa de Bolsa tuvo que pagar 47.5 mdp en 10 multas. CI Banco recibió 16 multas por 53.3 mdp y CI Casa de Bolsa deberá pagar 13.3 mdp. Vector, en cambio, recibió una multa de 26 millones de pesos, por un total de seis sanciones.

De acuerdo con la CNBV, las sanciones fueron clasificadas bajo el concepto de irregularidades en prevención de lavado de dinero e infracciones a la Ley de mercado de valores.
Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que, hasta el momento, no existen carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los directivos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre la situación de estas tres instituciones financieras y el riesgo de que sus directivos puedan cambiar de casa de bolsa. En respuesta, Sheinbaum Pardo aseguró que se está dando “seguimiento puntual” al caso, y subrayó que hay reuniones permanentes con las autoridades correspondientes.

El Gobierno mexicano asumió temporalmente la gestión de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con el objetivo de supervisar su operación, garantizar el cumplimiento de las regulaciones y evitar afectaciones a los usuarios del sistema financiero.
“Se les está dando seguimiento. Hay reuniones permanentes. Estamos en total comunicación con los interventores. Banxico [Banco de México] está asesorando en todo el proceso y también hay mucha comunicación con la Asociación de Bancos de México”, dijo.

El pasado 9 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la propia Presidenta confirmaron que el Gobierno de Estados Unidos concedió una prórroga para el inicio de las restricciones a las transferencias de fondos de estas tres instituciones.

Según una nota informativa de Hacienda, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunció una extensión de 45 días al plazo para la entrada en vigor de las órdenes, por lo que las medidas comenzarán a aplicarse a partir del 4 de septiembre de 2025.

El Departamento del Tesoro de EU afirmó el pasado 25 de junio que CIBanco e Intercam, con activos totales por más de siete mil millones y cuatro mil millones de dólares, respectivamente, junto con Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares, han desempeñado de forma conjunta un papel clave y prolongado el lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tesoro de EU da prórroga a sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector por narcolavado

FinCEN recordó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron clasificadas como de “preocupación primordial en materia de lavado de dinero” por su presunta participación en operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió el plazo de la entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio de 2025, que prohíben envíos de fondos relacionados con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), se informó que tendrán ahora un periodo adicional de 45 días, es decir, hasta el 4 de septiembre de este año, para implementar las restricciones impuestas sobre la transferencia de fondos.

“La prórroga responde a que el gobierno de México ha adoptado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, entre ellas la asunción de la gestión temporal de las instituciones afectadas con el objetivo de promover el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento ilícito”, puntualizó el Departamento del Tesoro en su comunicado oficial.

Además, subrayó que continuará evaluando la evolución del caso y que “considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias antes de decidir futuras prórrogas a la fecha de implementación de las órdenes”.

Este 9 de julio, la Asociación de Bancos de México ofrecerá una conferencia de prensa para fijar su postura sobre las acusaciones de narcolavado.

Preocupación de alto nivel
 
FinCEN recordó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron clasificadas como de “preocupación primordial en materia de lavado de dinero” por su presunta participación en operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo.

“Durante meses, el Tesoro y el gobierno de México han coordinado esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó en las órdenes históricas emitidas contra estas instituciones”, dijo la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

EU advirtió a bancos mexicanos y a Sheinbaum sobre lavado de dinero de Vector, CIBanco e Intercam: Bloomberg

Un alto funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU. (USDT, por sus siglas en inglés) acudió, en mayo de 2025, a la 88 Convención Bancaria, de la Asociación de Bancos de México (ABM), llevada a cabo el 8 y 9 de mayo del mismo año, en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, para advertir que el Gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, “quería dejar claro que no se seguiría haciendo negocios como de costumbre con los bancos sospechosos de colaborar con los cárteles de la droga, catalogados por EE. UU. como organizaciones terroristas”.

“El funcionario reunió a representantes de entidades crediticias mexicanas en un encuentro privado y les dijo que EE. UU. no dudaría en cortar el acceso a su sistema financiero a cualquier banco mexicano que se descubriera que blanqueaba dinero para los cárteles, según personas que pidieron no ser identificadas al hablar de conversaciones privadas”, según reveló, el 3 de julio de 2025, la agencia estadounidense Bloomberg, especializada en negocios y finanzas.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), emitió, el 25 de junio de 2025, órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

“El mensaje dejó a los bancos de todo México preguntándose si podrían ser los siguientes si no eran meticulosos a la hora de erradicar el dinero del cártel. Las investigaciones que ahora sacuden al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la administración Trump, mediante un nuevo mecanismo legal que podía suponer un golpe letal”, destacó Bloomberg.

“El método busca aislar a los bancos sospechosos del sistema estadounidense, dejándolos prácticamente inoperantes sin pasar antes por una audiencia, sin pruebas ante un juez y sin derecho a apelación. Funcionarios estadounidenses defienden que se trata de una herramienta necesaria para combatir a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo que ha potenciado una epidemia en EE. UU. que ha causado cientos de miles de muertes”, comentó la agencia.

“Pero también forma parte del arsenal poco convencional de herramientas que el presidente ha utilizado para doblegar a sus enemigos, desde investigaciones sobre derechos civiles destinadas a castigar a las universidades de élite de EE. UU. y amenazas arancelarias contra países cuyos sistemas fiscales no le gustan, hasta persuadir a bufetes de abogados para que ofrezcan servicios pro bono a los conservadores”, dijo Bloomberg.

“EE. UU. también notificó a sus contrapartes mexicanas sobre su intención de actuar contra tres entidades financieras, lo que llevó a México a iniciar su propia auditoría en abril. En junio, la presidenta Claudia Sheinbaum [Pardo] fue informada de la situación y solicitó a Washington [D.C.] retrasar las medidas para ganar tiempo, según fuentes al tanto”, destacó la agencia.

“Pero las autoridades estadounidenses creían que podían actuar sin alterar la economía mexicana. En lugar de un anuncio conjunto, el Tesoro procedió de forma unilateral la semana pasada contra dos bancos y una casa de bolsa: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las tres niegan haber cometido irregularidades, mientras que Sheinbaum insiste que Washington no ha presentado pruebas suficientes para justificar medidas tan drásticas”, señaló Bloomberg.

“En el caso de las entidades sancionadas, autoridades mexicanas hallaron infracciones administrativas, pero no relacionadas con lavado de dinero. El regulador bancario impuso sanciones el mismo día del anuncio estadounidense, según personas con conocimiento de la decisión. Hacienda reportó multas por 134 millones de pesos, cuyos detalles se harán públicos a fin de mes”, subrayó la agencia.

“No obstante, la medida causó caos en mesas de operaciones y oficinas ejecutivas mexicanas. Mientras EE. UU. limitaba el contacto con las entidades, la comunidad financiera local las aisló masivamente, dijeron las personas. Bancos y casas de bolsa redujeron rápidamente su exposición”, abundó Bloomberg.

“Las tres empresas quedaron repentinamente sin acceso a fondos para cumplir sus obligaciones, con transferencias interrumpidas y clientes retirando sus depósitos, según una carta del regulador bancario a la que tuvo acceso Bloomberg News. El regulador consideró que la reacción fue excesiva, ya que no existía prohibición de operaciones locales”, agregó la agencia.

“Las consecuencias siguen: estudiantes en EE. UU. sin tarjetas de crédito, ahorradores preocupados por sus fondos, y una gran incógnita para el sistema financiero mexicano por el papel de CIBanco como fideicomisario de la mayoría de las emisiones financieras del país. El mayor dolor de cabeza para el sistema financiero mexicano en su conjunto proviene del papel que desempeña CIBanco como fideicomisario de la mayor parte de las emisiones financieras del país, tales como certificados de capital privado y fondos de inversión inmobiliaria”, dijo Bloomberg.

“Es posible que CIBanco deba venderse o que se reasignen todos los fideicomisos, un proceso complejo. El plazo para cumplir con la normativa vence el 21 de julio, 21 días después de la publicación de la orden de la FinCEN en el Registro Federal de EE. UU.”, finalizó la agencia estadounidense.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Los alegres lavadores del Cártel de Sinaloa

De la hebra del grupo Los Alegres del Barranco, que reavivó el debate sobre la libertad de expresión cuando en uno de sus conciertos exhibió una fotografía gigante del Mencho, líder del CJNG, se llega a tres disqueras, ligadas a un personaje identificado como narco y lavador del Cártel de Sinaloa.

Cuando el sábado 29 de marzo último Los Alegres del Barranco interpretaron “El del palenque” en el abarrotado auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, quizá sólo pretendían rendir tributo a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el violento cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La enorme fotografía de este capo aparecida en el escenario mientras sonaban los acordes del controvertido corrido fue su manera de decirle que también pueden cantar sus hazañas, aunque desde sus primeros éxitos hayan estado vinculados con sus acérrimos rivales, el Cártel de Sinaloa, mediante la familia encabezada por Liborio Núñez Aguirre, el Karateca, un prófugo de la justicia acusado de traficar drogas y, sobre todo, por lavar dinero para la facción de Los Chapitos. 

Los Alegres del Barranco entonaron corridos para el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes a partir de 2021, cuando Joaquín Chapo Guzmán ya tenía cuatro años en la prisión de máxima seguridad estadunidense ADX Florence, en espera del juicio que lo llevaría a pasar el resto de su vida bajo la sombra, y las riendas del Cártel de Sinaloa estaban en manos, justamente, de Los Chapitos y del Mayo Zambada, hasta antes de su captura el 25 de julio de 2024.

Antes de 2021 este grupo sinaloense lanzó al menos 12 álbumes –dos grabados durante conciertos en vivo– y varios sencillos sin narrar historias de personajes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde su primer elepé, En estos tiempos, su fuente de inspiración, si de narcocorridos se trataba, fueron siempre los cabecillas del Cártel de Sinaloa. 

Pero cuando Los Alegres del Barranco interpretaron “El del palenque”, las circunstancias, a ras de piso, estaban cambiando radicalmente: el Cártel Jalisco Nueva Generación peleaba, palmo a palmo, cada plaza importante contra el Cártel de Sinaloa con un ejército propio adiestrado con tácticas de élite. A los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio les tocó enfrentar al enemigo más poderoso...

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0025 de la revista Proceso, correspondiente a julio de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DANIEL LIZARRAGA.

Pedir pruebas sin indagar las propias

Pero en todos los casos, los gobiernos, tanto el anterior como el actual, solicitan pruebas a un Gobierno extranjero, al tiempo que no prueban las propias para combatir no sólo la impunidad y la corrupción, sino demostrar, sin dejar duda, en el caso de los políticos que nada deben.

“Si no hay pruebas, no se puede actuar”, fue la primera expresión que tuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la identificación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a tres instituciones financieras con operación en México, como parte de una red de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides a través de los cárteles mexicanos.

Fue el notorio caso de las instituciones financieras CIBanco, Vector e Intercam anunciado apenas el miércoles 25 de junio por el Departamento del Tesoro de la Unión Americana, que trastocó especialmente a los usuarios de las tres instituciones en un mar de incertidumbre, dado que fueron puestos en una lista negra en el vecino país, pero protegidos, de alguna manera con la indiferencia inicial del Gobierno de la República, de la Secretaría de Hacienda, de su Unidad de Inteligencia Financiera y, por supuesto y no menos importante, de la Fiscalía General de la República. Tales dependencias mexicanas, son las que tienen las facultades para investigar la información que el Departamento de Estado hizo pública y legal con las sanciones del FinCEN.

En el corto plazo no resultó un caso menor, y tanto la Presidenta como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cambiaron la postura. La segunda, tomó la decisión ante la incertidumbre para los usuarios de las tres instituciones financieras, de intervenirlas de forma gerencial, es decir, hacerse cargo de las operaciones administrativas, para dar certeza a quienes manejan cuentas bancarias, inversiones o transacciones en cualquiera de ellas, al tiempo que la mandataria nacional, calificó la medida como “pertinente”, dejando atrás el discurso de “no hay pruebas”.

De acuerdo al Departamento del Tesoro de la Unión Americana, CIBanco maneja un total de siete billones de dólares en activos, mientras que Intercam lo sitúan con 4 billones de dólares y Vector con operaciones y activos por 11 billones de dólares, en esa dimensión, puntualizaron en su comunicado, “En conjunto, desempeñaron un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”. 

Posterior a la declaratoria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y al desdén del Gobierno de México al no contar con “pruebas” sobre los señalamientos de las tres instituciones financieras, la Fiscal General de la Unión Americana, declaró en una conferencia de prensa que México había sido adherido a la lista de países adversarios a los Estados Unidos, sus palabras textuales fueron: “No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo gracias al liderazgo del Presidente Trump. No sólo frente a Irán, sino también frente a Rusia, China y México. Frente a cualquier adversario extranjero, ya sea que intente matarnos físicamente o mediante la sobredosis de nuestros hijos con drogas”.

La temeraria declaratoria de la Fiscal norteamericana Pam Bondi, contrasta con la ausente manifestación sobre el caso del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, o con la condescendiente actitud de la Secretaría de hacienda, desde donde junto con la presidencia solicitan que los Estados Unidos envíe las pruebas de su declaratoria y sanciones, para poder iniciar una indagación propia.

“Si hay pruebas de que hay lavado de dinero se actúa, administrativamente, incluso penalmente”, dijo la Presidenta Sheinbaum para asegurar que no va a “cubrir a nadie, no hay impunidad”, pero evidentemente y por los resultados en declaraciones posteriores, esa arenga presidencial no fue suficiente para las autoridades del vecino país, especialmente cuando la declaratoria del departamento del Tesoro tiene como uno de sus objetivos, hacer un llamado a no establecer acuerdos, negociaciones o relaciones comerciales o financieras con las empresas y las personas incluidas en la lista negra. La única reacción de México fue a través de la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un órgano ciertamente público, pero desconcentrado del Gobierno federal. Donde también reaccionaron fue en las agencias privadas, como las casas certificadoras de valor crediticio, que han puesto notas negativas a las tres instituciones financieras por la incertidumbre que generan en los derechos de sus usuarios, los ahorros de los mismos, hecho por el cual la CNVB tomó la administración gerencial, Edgar Zamora, Secretario de Hacienda, lo había dicho así: "Hubo problemas de financiamiento en estas tres empresas. Es muy importante mencionarlo, en su conjunto no representan ni el uno por ciento de los depósitos del sistema bancario. Son bancos de escala pequeña…  (pero) no quisimos tomar riesgos, lo importante es proteger a los ahorradores, proteger a la integridad del sistema financiero y con estas medidas, con esta intervención temporal se restituyeron las condiciones de confianza”.

El tema con México, especialmente con la Administración federal, cuando se trata de acusaciones en otros países, con frecuencia en especial y dada la cercanía de los Estados Unidos, no existe un tema de convivencia y coordinación vecinal internacional. Por lo menos en cuatro casos, dos recientes ya en el sexenio de la doctora Sheinbaum, dos durante el anterior Gobierno que encabezó López Obrador, la primera reacción oficial mexicana ha sido desestimar la información del vecino país, no investigar en territorio nacional, y con ello, mantener la impunidad ante la presunción de delitos.

Así sucedió en dos visibles casos de la Administración anterior, la aprehensión en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, del general Salvador Cienfuegos, por presuntas ligas, conspiración y colaboración con organizaciones criminales mexicanas En el tiempo en que el general fue Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto. Bajo amenazas y advertencias públicas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador logró que el Gobierno de los Estados Unidos, al cual había tachado de actuar indebidamente al no informarle de la investigación sobre el militar, lo liberara, aun con el compromiso de hacer una investigación en México. Para la FGR las documentales aportadas, en este casi sí, por el Gobierno vecino, no fueron suficientes y no probaron la comisión de delitos, por lo que sólo tres meses después, decidieron no ejercer la acción penal contra el extitular castrense.

Unos años más tarde pero aún en la Administración de López Obrador, en julio de 2024 y también en un aeropuerto, pero este en Nuevo México y de pista privada, fue detenido por elementos de seguridad de la Unión Americana, el inatrapable e impune en México por cinco décadas, Ismael Zambada García. Pero la Presidencia de México no celebró la captura del capo, exigió información sobre el operativo de captura y de hecho la FGR inició una investigación contra Joaquín Guzmán López, por traición a la Patria, dado que él fue quien “secuestró” y entregó a Zambada con los estadounidenses.

Esa misma práctica, de exigir investigaciones ajenas en lugar de iniciar las propias, la ha continuado la Presidenta Claudia Sheinbaum. No sólo siguió, y de hecho continúa, solicitando información sobre la captura de Zambada García al Gobierno de los Estados Unidos, sino en dos casos que a ella le han tocado, ha actuado de igual forma. El 10 de mayo de 2025, la Gobernadora de Baja California, la morenista Marina Ávila Olmeda, dio conocer posterior a una publicación de su esposo Carlos Torres en redes sociales, que el Gobierno de los Estados Unidos le había retirado la visa de turista para entrar a ese país. Pero a pesar que fue un hecho que nunca antes había sucedido en México, la Presidenta lo minimizó, como también dejó pasar el tema de que el investigado, en dos países, es el esposo y el cuñado de la Gobernadora bajacaliforniana, una indagación que, de hecho, está en la FGR por huachicol, y de la cual no sólo el Fiscal Gertz tiene conocimiento, también el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Y tan reciente como el 25 de junio, la determinación de las sanciones del Departamento de Estado de la Unión Americana sobre la participación de las tres instituciones financieras en el lavado de dinero de los cárteles y la adquisición de precursores para la elaboración de fentanilo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

PAN denuncia a Vector y Alfonso Romo ante la FGR

Vector presuntamente facilitó pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento en contra de Vector Casa de Bolsa y de su titular, Alfonso Romo.

El escrito presentado este miércoles acusa a la empresa de presuntamente haber desempeñado colectivamente un papel prolongado y esencial en el lavado de millones de dólares a favor de cárteles de la droga.

La denuncia hace eco del señalamiento de lavado de dinero que hizo la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El PAN denunció que Vector presuntamente facilitó pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo, así como realizar transacciones irregulares con altos funcionarios del gobierno mexicano.

Denuncia contra Alfonso Romo

La denuncia incluye un apartado titulado “Alfonso Carlos Romo Garza y sus vínculos”, en el que señala que el empresario de Nuevo León es “presunto amigo cercano” de Carlos Aspe, principal representante del proyecto económico puesto en marcha durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el cual se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Apunta que es cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el que fue jefe de Oficina de la Presidencia de la República.


Señalamientos de la denuncia:

La FinCen acusó a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., de presuntamente permitir que empresas mexicanas realizaran pagos por 1 millón de dólares a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos. La FinCen también concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., ha sido determinante al procesar transferencias a empresas chinas identificadas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Desde al menos 2019, más de 20 compañías con sede en china, incluidas las 3 que se destacan a continuación, se presume que remitieron precursores a México para actividades ilícitas.

FINCEN ha identificado además varias transacciones que involucran a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y a afiliados del Cártel De Sinaloa. Por ejemplo, de acuerdo con FINCEN, los registros indican que entre 2013 y 2016 una presunta “mula de dinero” del citado cártel transfirió más de 1.5 millones de dólares estadounidenses a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Posteriormente, de 2019 a 2021, la misma persona realizó transferencias adicionales por más de $500,000 dólares a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., a través de una empresa radicada en Estados Unidos. Asimismo, FINCEN concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., participó activamente durante varios años en operaciones que implicaron recursos derivados de presuntos sobornos pagados por el Cártel De Sinaloa a altos funcionarios del gobierno mexicano.

Esto deja en evidencia el patrón continuado y sistemático de operaciones financieras que posiblemente facilitan el “lavado” de activos, y el financiamiento directo y/o indirecto de actividades criminales y designadas como terroristas por el gobierno estadounidense. Se ha documentado la intervención de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., bajo la dirección de su titular ALFONSO CARLOS ROMO GARZA, en transferencias millonarias a favor de empresas posiblemente fachada vinculadas con el Cartel de Sinaloa y otros, así como pagos a proveedores chinos de precursores químicos para la producción de fentanilo, salvo error de apreciación. Asimismo, se ha documentado que la Unidad de inteligencia Financiera conocía, al menos en parte, de este esquema desde 2024, sin que a la fecha exista imputación en contra de alguno de los sujetos activos o alguna medida cautelar o aseguramiento a fin de congelar los recursos involucrados.
 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados aprueban que SHCP solcite información financiera y patrimonial, sin orden judicial

El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, el 30 de junio de 2025, el dictamen por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reformó el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Dicha reforma facultaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solicitar directamente y sin orden judicial información financiera y patrimonial de las personas, a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y empresas públicas estatales.

Las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal estableció que serían consideradas actividades vulnerables en materia de lavado de dinero cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de una tarjeta de servicios o de crédito fuera igual o superior a 91 mil pesos.

Asimismo, tendrían la misma clasificación la comercialización o el abono de recursos en tarjetas prepagadas cuando el monto fuera igual o superior a 72 mil 975 pesos por operación y cuando la emisión, comercialización o abono a instrumentos de almacenamiento de valor monetario iguale o superara los 72 mil 975 pesos por operación.

En la votación en lo general, se emitieron 297 votos a favor, 37 sufragios en contra y 87 abstenciones, mientras que en lo particular fueron 349 votos a favor, 38 sufragios en contra y 91 abstenciones. El dictamen pasó al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.

Los votos en favor fueron emitidos por los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), mientras que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PR) votó en contra y los diputados federales de Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), emitieron se abstuvieron.

La minuta, que fue considerada en votación económica como de urgente resolución para someterla a discusión y votación de inmediato en el Pleno de San Lázaro, destacó que el objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita era recabar elementos útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Incluyó las definiciones de Beneficiario Controlador, Cliente o Usuario, Persona Políticamente Expuesta, Representante Encargado de Cumplimiento y Riesgo. Amplió la denominación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía.

Se entendía como Beneficiario Controlador a quien tuviera el control de una persona moral en términos del inciso b) anterior, aunque dicha persona moral no fuera cliente o usuaria de alguien que realizara Actividades Vulnerables o se llevaran a cabo actos u operaciones con éstas a su nombre.

Cliente o Usuaria era cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebraran actos u operaciones con quienes realizaran Actividades Vulnerables. El desarrollo inmobiliario, al proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes, estaba destinado a su venta o renta.

Mientras que el Riesgo era la probabilidad de que las Actividades Vulnerables pudieran ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

La Persona Políticamente Expuesta era aquella persona física que desempeñaba o había desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplieran con las condiciones y características que la Secretaría estableciera en reglas o disposiciones de carácter general.

Señalaba la obligación de la SHCP de establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico que determinara el Reglamento de la Ley de quienes realizaran las Actividades Vulnerables previstos en el artículo 17 de esta Ley y de las Entidades Colegiadas, así como recibir y administrar la información de dichos trámites.

También, coordinaba sus funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para los fines de esta Ley, en términos de las disposiciones aplicables y en el ejercicio de las atribuciones que estableciera el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, fijaba medidas específicas cuando, derivado del ejercicio de sus atribuciones, identificara que un país representaba un mayor riesgo en materia de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Dichas medidas debían ser proporcionales al riesgo identificado, establecidas en reglas de carácter general que emitiera la propia autoridad y serían de observancia obligatoria para quienes llevaran a cabo Actividades Vulnerables.

Además, promovía entre las entidades federativas la implementación coordinada de unidades especializadas en la recepción y análisis de información patrimonial, conforme a sus facultades, que contribuyeran a la prevención y detección de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Fungía como enlace entre el Gobierno Federal y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales, respecto a las materias que estuvieran relacionadas con el objeto de esta Ley y coordinaba la implementación de los acuerdos que se adoptaran.

Mencionaba que serían objeto de aviso ante la SHCP: cuando el monto de la operación que realizara cada cliente o usuario de quien realizara la Actividad Vulnerable a que se refería esta fracción fuera por una cantidad igual o superior al equivalente a doscientas diez veces el valor diario de la UMA; cuando las operaciones dieran lugar al cobro de una contraprestación por el servicio brindado, independientemente de su denominación, ésta fuera por una cantidad igual o superior al equivalente a cuatro veces el valor diario de la UMA.

Subrayaba que quienes realizaran las actividades vulnerables establecidas en esta fracción debían obtener, mantener y poner a disposición de las autoridades competentes la información precisa sobre las operaciones con activos virtuales del originante, del receptor y, en su caso, del Beneficiario Controlador, de conformidad con lo que dispusieran las reglas de carácter general.

Destacaba que la SHCP, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) debían establecer programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Precisaba que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionaban a la Secretaría la información, datos, imágenes y documentación a la que tuvieran acceso y que les fuera requerida en el ejercicio de sus atribuciones.

La información relativa a los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido era requerida por la SHCP al Instituto Nacional Electoral u Organismo Público Local Electoral que correspondiera, teniendo la obligación de proporcionarla. Mientras que la información de los sindicatos y sus dirigentes podía ser requerida por la SHCP, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) u órgano equivalente a nivel local.

Respecto al Código Penal Federal, se especificaba que en caso de conductas en las que se utilizaran servicios de instituciones que integraran el sistema financiero, el Ministerio Público estaba en todo momento facultado para investigarlas y para el caso de ejercer la acción penal se requería la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tenía el carácter de víctima u ofendida.

En el régimen transitorio, exponía que durante los primeros seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las reglas de carácter general de la Ley que se reformaba, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), implementaría un programa de capacitación y orientación dirigido a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones VII a XI del artículo 18 de la Ley que se reformaba.

Asimismo, las medidas simplificadas de cumplimiento de las obligaciones de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, de acuerdo con el nivel de riesgo que representaran, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, a efecto de armonizar la debida aplicación de la Ley con la protección del espacio cívico y el derecho a la libertad de asociación.

Además, los congresos de las entidades federativas, dentro de un término de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, realizarían las reformas conducentes para la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 58 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El 25 de junio de 2025, con 74 votos en favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, PVEM y PT, en el Senado, aprobaron el dictamen relacionado con el combate al lavado de dinero, tan sólo horas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusara a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, de incurrir en ese delito.

La bancada del Partido Revolucionario Institucional votó en contra, con 13 sufragios, mientras que los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, emitieron 19 abstenciones.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

La CNBV remueve a los administradores de CIBanco e Intercam, tras acusaciones de EU

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco e Intercam por estar presuntamente involucrados en actividades de lavado de dinero para el crimen organizado, la junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que intervendrá en la gerencia de dichas instituciones.

La junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco S. A. e Intercam Banco S. A., esto después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) los considerara "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

A través de un comunicado, la CNBV informó que el decreto se llevó a cabo "con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores" de ambas instituciones.
"La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos", indicó la Comisión.
Asimismo, precisó que, pese a las acusaciones del Gobierno estadounidense, las autoridades financieras mantienen su confianza en "la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano", además de que seguirán trabajando de manera coordinada para "continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento" de dicho sistema.
EU pone en la mira a Vector, CIBanco e Intercam

El mensaje emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se da luego de que el Departamento del Tesoro de EU afirmara ayer que CIBanco e Intercam, con activos totales por más de siete mil millones y cuatro mil millones de dólares, respectivamente, junto con Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares, han desempeñado de forma conjunta un papel clave y prolongado el lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.
“El Tesoro de Estados Unidos considera que facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en México.
“Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, se lee en el boletín.


A su vez, las autoridades estadounidenses detallaron que se trata de medidas que forman parte de una colaboración intergubernamental con México, con el objetivo de implementar sistemas financieros que cuenten con controles sólidos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y que protejan a las y los ciudadanos de ambos países de amenazas transnacionales asociadas al financiamiento ilícito.

Dichas acciones se emprenden después de que el Presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas para nombrar a al menos seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y/o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs), en donde las medidas implementadas –según explicó el Departamento del Tesoro– “complementan esas designaciones, con el objetivo de negar acceso al sistema financiero estadounidense a entidades vinculadas con los cárteles del narcotráfico”.

De acuerdo con lo establecido, las instituciones financieras cubiertas tendrán prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, incluyendo cuentas o direcciones de moneda virtual convertible asociadas a dichas entidades. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
En cuanto a CIBanco, se le señaló como una institución financiera extranjera que opera fuera de Estados Unidos y que representa una preocupación principal debido a su patrón sostenido de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que han facilitado operaciones delictivas relacionadas con opioides por parte de cárteles mexicanos, como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. También se le atribuye la facilitación de adquisiciones ilícitas de precursores químicos provenientes de China.

Respecto a Intercam, Estados Unidos aseguró que también es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero por su prolongada relación con operaciones financieras que facilitaron el tráfico ilícito de opioides. Se le vincula específicamente con el CJNG y con el procesamiento de transferencias de fondos en dólares que habrían financiado la adquisición de precursores químicos en China.

México exige pruebas

Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México exigió pruebas a las autoridades estadounidenses sobre que los bancos y la casa de bolsa estarían involucrados en actividades de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
En una nota informativa sobre las investigaciones en el sector financiero, la SHCP dio a conocer que "el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones".
"Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto", precisó la dependencia.
Apuntó que "la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas". "No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales", aclaró.

Vector y CIBanco rechazan acusaciones

Por su parte, Vector Casa de Bolsa rechazó los señalamientos de narcolavado por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y aseguró que, en sus 50 años de funcionamiento, ha operado bajo estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión de autoridades financieras nacionales.
"Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad Institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales", destacó en un comunicado.
Por su parte, en un posicionamiento, CIBanco aseguró que "no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad" y "reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes". Además, recalcó que la SHCP advirtió que no se han presentado pruebas al respecto.
"La institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)", explicó.
EU no dio pruebas: Sheinbaum


El tema de los señalamientos por parte del Tesoro estadounidense también fue abordado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este 26 de junio, donde mencionó que EU alertó hace semanas sobre las acusaciones de lavado de dinero contra dos bancos y una casa de bolsa con sede en México, por lo que el Gobierno federal pidió más información de las operaciones que probarían la comisión de dicho delito, pero los datos nunca llegaron.
"Quiero hacer una posición sobre lo que salió ayer por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de estas sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda", dijo al inicio de su tradicional conferencia de prensa matutina.
De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibieron hace algunas semanas "información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de FinCEN -que es la institución espejo, digamos, en Estados Unidos de la UIF- de estas tres instituciones financieras".
"La información que provenía en este comunicado que hacía el Departamento del Tesoro... Bueno, en el momento en que saben la UIF y la Secretaría de Hacienda, me lo comunican. En este comunicado, venía información muy general. No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero", detalló.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado aprueba reformas a la ley de lavado de dinero

Las reformas incorporan el financiamiento al terrorismo y amplían el alcance de la ley mediante nuevas definiciones clave, como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta.

El Senado de la República aprobó el miércoles reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero.

Los cambios aprobados con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones se da en un contexto marcado por los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas.

El dictamen avalado busca reforzar la coordinación interinstitucional para investigar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los cambios más relevantes, se amplía el objeto de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo, se introducen nuevas definiciones clave —como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta— y se obliga a las entidades que realicen actividades vulnerables a identificar, monitorear y reportar transacciones sospechosas.

El dictamen aprobado persigue mejorar la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Establece facultades para que participe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en la supervisión de las actividades vulnerables y exige a las entidades del sector financiero utilizar sistemas automatizados para el continuo monitoreo de sus operaciones con clientes de alto riesgo.

Asimismo, amplía de cinco a diez años el plazo de conservación de documentación relevante y permite auditorías proporcionales al nivel de riesgo.

En materia penal, se modifica el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y se mantiene la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera como instancia denunciante en casos de uso del sistema financiero para actividades delictivas.

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral Jurado, destacó que la reforma no tiene carácter persecutorio, sino preventivo, y busca impedir que los recursos ilícitos contaminen al sistema financiero nacional.

Además, reiteró que estas adecuaciones responden a compromisos internacionales asumidos por México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo señalamientos contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestos vínculos con operaciones ilícitas.

Las instituciones rechazaron los señalamientos, mientras la Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.

Hasta ahora, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139.000 millones de dólares anuales.

La reforma aprobada será enviada a la Cámara de Diputados para su debate y posible aprobación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU sanciona a lavadores de dinero vinculados al Cártel de Sinaloa, con sede en México y China

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó, el 1 de julio de 2024, a un lavador de dinero con sede en México y a miembros de una organización de lavado de dinero con sede en China, con “vínculos criminales” con el Cártel de Sinaloa.

Ello, “como parte de los esfuerzos en curso para perturbar el flujo de narcóticos ilícitos hacia los Estados Unidos. Esta acción es el resultado de los esfuerzos continuos del Gobierno de Estados Unidos, en cooperación con el Gobierno mexicano, para interrumpir el tráfico de fentanilo y salvar vidas, una prioridad bajo la Agenda de Unidad del presidente Joseph Biden”, según indicó el Departamento del Tesoro de EE.UU., en un comunicado.

Ligan a mexicanos con lavado en EU; exgobernador Yarrington y Legionarios de Cristo, entre los señalados

Un reporte del centro de estudios Global Financial Integrity revela que oligarcas y criminales de cinco países han invertido durante dos décadas 2.6 mil millones de dólares en el sector inmobiliario comercial estadunidense.

En las últimas dos décadas oligarcas y criminales de México, Irán, Corea del Norte, Kazajstán y Rusia han invertido masivamente en el sector inmobiliario comercial de Estados Unidos, principalmente en California, Florida y Nueva York en el que lavaron por lo menos 2.6 mil millones de dólares en hoteles, centros comerciales, supermercados o, incluso, en un centro equino.

Representante de Xóchitl en NL, señalado por lavado de dinero; Reforma: lo investigan

Cienfuegos dijo el jueves, tras la revelación de que la UIF lo había denunciado ante la FEMDO, que “si una sola transferencia a los países que dicen que se hicieron se comprueba que son mías, se las regalo al DIF Capullo” en Nuevo León.

Francisco Cienfuegos Martínez, exdiputado priista en Nuevo León y representante en esa entidad de la candidata presidencial opositora del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, es señalado por lavado de dinero, según revela el periódico Reforma este viernes, por lo que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Alcaldesa de Tijuana pide investigar presuntos nexos de Peso Pluma y Fuerza Regida con el narcotráfico, tras cancelación de conciertos

La alcaldesa de Tijuana aseguró que "ningún grupo criminal marca la agenda ya que las autoridades no suspendieron los conciertos".

Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, señaló que “se podría sospechar que Peso Pluma y Fuerza Regida están relacionados con el Cártel de Sinaloa“.

Durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, la alcaldesa dijo que “se debe poner sobre la mesa” la preferencia que tienen ambos artistas hacia un grupo criminal y no al otro.

FBI y DEA desmantelan en San Diego, organización de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Una investigación realizada durante dos años por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) -ambas agencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos-, resultó en la acusación de doce personas.

Así como el desmantelamiento de una organización criminal transnacional que presuntamente lavó al menos 16.5 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, además del rescate de dos víctimas de un complot de extorsión.

‘Operación Safiro’ se extendió a Coahuila: abren proceso a extesorero de Rubén Moreira por desvíos

La fiscalía acusó formalmente a Eugenio Ramos Flores por desvíos millonarios en el Fortafin, un fondo federal, cuando el hoy coordinador de los diputados del PRI era gobernador de Coahuila.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante un juez federal a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira Valdez (2011-2017), por presuntos desvíos de recursos por alrededor de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), en un esquema idéntico al de la llamada “Operación Safiro”.

La audiencia inicial de vinculación a proceso comenzó ayer ante un juzgado federal con sede en Coahuila y concluyó esta madrugada. Ramos Flores, quien asumió el cargo el 20 de febrero de 2014, fue acusado por la FGR del delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades durante el ejercicio de su cargo en la administración de Moreira, que hoy es coordinador de los diputados federales del PRI.

La FGR detecta posible lavado de dinero en Segalmex: llevará el caso ante un juez e indaga otras 20 denuncias por corrupción

La fiscalía se prepara para llevar ante un juez federal el caso por posible lavado de dinero derivado de la colocación de bonos bursátiles por 950 mdp. René Gavira Segreste, quien trabajó en Segalmex y Liconsa, es el principal exfuncionario en la mira.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga más de 20 denuncias sobre presuntos casos de corrupción y desvío de recursos cometidos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en esta administración, así como en sus empresas operativas Diconsa y Liconsa. El caso más avanzado es por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales y será el primero que llegará a los jueces. 

Se trata de la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.