El operativo tiene como objetivo combatir el despojo en territorio mexiquense, por lo que se han implementado diversas acciones de seguridad para recuperar domicilios.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ EDOMEX) anunció la noche del viernes que, en el marco de la denominada ‘Operación Restitución’, se ejerció una acción penal en contra de “tres notarios, cinco servidores públicos estatales y cuatro municipales“, así como la aprehensión de “objetivos prioritarios integrantes de organizaciones sociales autodenominadas “sindicatos“.
Según destaca la publicación en su cuenta oficial de X, donde se compartió el operativo y posterior comunicado, destacaron que los “sindicatos” serían “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “22 de octubre” y del grupo delictivo “Los Gastones” que formaban parte de las redes criminales de despojos en 14 municipios, principalmente en el Valle de México y la zona Oriente del Edomex”.
En el operativo participó también la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Edomex y autoridades de la Ciudad de México y Veracruz.
#Resultados. En el marco de la #OperaciónRestitución, la #FiscalíaEdoméx ejercitó acción penal en contra de tres notarios, cinco servidores públicos estatales, cuatro municipales y cumplimentó órdenes de aprehensión a 11 objetivos prioritarios integrantes de organizaciones… pic.twitter.com/cnM8WmqZ1Y
“Las indagatorias permiten establecer que los investigadores llevaron a cabo acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios.
Destaca en este modus operandi la participación de grupos violentos de choque al amparo de “sindicatos” avalados por autoridades municipales en complicidad con servidores públicos estatales para finalmente regularizar las propiedades ante notarios públicos quienes conocían plenamente su origen irregular”.
El operativo tiene como objetivo combatir el despojo en territorio mexiquense, por lo que se han implementado diversas acciones de seguridad para recuperar domicilios.
El caso de Doña Carlota ha echado luz sobre el delito de despojo en la entidad mexiquense: desde 2015, y sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, estos crímenes han aumentado sin freno.
El caso de Doña Carlota, una mujer adulta mayor que asesinó a balazos a un joven y a un hombre adulto, e hirió a otras dos personas, en una disputa por la propiedad de un inmueble en Chalco, Estado de México, echa luz sobre un problema que sufren miles de familias al año en la entidad: el despojo de propiedades, y cómo es un delito que, aunque ha crecido en los últimos años, poco o nada se ha hecho para perseguirlo y castigarlo.
En todo el 2024, se registraron 4 mil 936 casos de despojo en el Edomex, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra más alta en un lustro y un promedio de 13.5 despojos diarios.
Pero esos números son apenas las que se denuncian, y el delito es uno que, por sus características, no siempre se denuncia. El mismo año pasado, por ejemplo, en otros delitos contra el patrimonio, el Secretariado recaba 16 mil 348 casos en 12 meses.
México, en general, reportó 28 mil 364 casos de despojo en 2024, es decir, 77.7 casos diarios. El delito disminuyó ligeramente con respecto a 2023, pero en el caso del Edomex, sólo ha aumentado.
Es el caso, hace ya casi una década, de Jesús, una víctima de despojo en el Edomex que prefiere no dar a conocer su nombre. "Fue en el fraccionamiento Fiesta de los Bosques, en el kilómetro 42.5 de la carretera Toluca-Temazcaltepec, la carretera vieja hacia Valle. Mi cabaña está metida como 7 kilómetros hacia adentro. Pero aquel día, me avisó la persona que me ayudaba a cuidarla que había llegado La Familia Michoacana, que ni me fuera a parar por allá", cuenta a SinEmbargo.
Desde entonces, no ha vuelto a su terreno ubicado en el Estado de México. "Uno se asusta y no denuncia ni mucho menos", ahonda. "En ese tiempo busqué hablar a las fiscalías, pero nadie me dio razón. Uno con el estado de ánimo que le dejan no sabes qué hacer".
Con respecto al año anterior (2023), los casos como el de Jesús crecieron en la entidad mexiquense, pues en aquel año se registraron oficialmente 4 mil 886 casos, prácticamente más de 400 casos al mes en los últimos 24 meses.
La tendencia ha venido creciendo en el Edomex. En 2022 fueron 4 mil 752 casos. En 2021, se elevó hasta los 4 mil 921 despojos en el año.
Incluso en 2020, el año de los confinamientos masivos por la pandemia de COVID-19, las cifras estuvieron elevadas: fueron en total 4 mil 559 casos en 12 meses.
Por ahora, 2025 pinta en la misma tendencia creciente, pues en los primeros dos meses del año, los delitos por despojo han crecido un 7 por ciento con respecto a los primeros dos meses del 2024: fueron 861 contra 804.
El municipio de Ecatepec, que colinda con la capital mexicana, encabeza la mayoría de los reportes por despojo, con 580; luego, siguen Tecámac (367); Nezahualcóyotl (255); Chimalhuacán (240); Toluca (231); Ixtapaluca (164), Cuautitlán Izcalli (149); y Naucalpan (147).
En septiembre de 2020, ante el aumento de los casos de despojo, la Fiscalía mexiquense creó la Unidad Especial para la Investigación de Delitos contra el Desarrollo Urbano y Despojo, pero específicamente para el municipio de Ecatepec, la cual duró de forma transitoria hasta finales de 2021 sin dar buenos resultados.
Lo cierto es que el caso de Chalco llegó a Palacio Nacional. "Vamos a esperar a ver exactamente cuál es la condición de este delito o de esta situación que se presentó", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada". Vamos a esperar toda la información por parte de la Fiscalía y luego ya daremos nuestra opinión para tener toda la información", añadió en su conferencia de prensa.
Luego, dijo que es un tema que se atiende en las fiscalías estatales. "Cuando fui Jefa de Gobierno [en la CdMx] había una fiscalía especializada sobre despojos, atendió una parte importante incluso desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía en el suelo de conservación en zonas de Topilejo y otros pueblos en donde se presentaba esta situación", recordó.
También llegó al escritorio de la Gobernadora mexiquense, Delfina Gómez. "Estamos fortaleciendo la cuestión de seguridad. Efectivamente, algo que debemos de tomar en cuenta es la parte de que llegan algunos grupos, algunas personas a invadir espacios y eso ya lo estamos trabajando", expresó también la semana pasada.
La Gobernadora también dijo que el tema ya se venía revisando en semanas anteriores pero "lamentablemente ahorita nos ganó este suceso”, y advirtió que una de las causas es que "hay una falta de reordenamiento" territorial que permite casos como el de la señora Carlota.
Jesús, la persona que fue despojada de su terreno y su cabaña en el Edomex, cuenta cómo incluso las inmobiliarias saben que el control de los lugares despojados es de grupos criminales, o de personas coludidas con este tipo de organizaciones. "Básicamente me comentaron que lo que tienen ellos es, aparte, un monopolio de la construcción, ellos llegan porque ya tienen amañadas las casas de materiales, y todo lo venden a sobreprecio", explica al medio. Incluso denuncia que los presidentes de las sociedades de vecinos están coludidos o sometidos, porque son quienes avisan a los grupos que despojan dónde se ubican las propiedades que deben el predial, o el agua, o adeudos parecidos, para apoderarse más fácilmente de estos sitios.
El aumento de los despojos no es nuevo
En el periodo 2015 a 2019, las entidades federativas con mayor número de delitos de despojo denunciados fueron: Ciudad de México (17 mil 653); Estado de México (14 mil 553); Jalisco (9 mil 417); Veracruz (6 mil 316); y Baja California (5 mil 724), de acuerdo con el análisis "El delito de despojo: situación actual y labor legislativa en el tema", publicado en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en septiembre de 2020.
"Una de las modalidades más difundidas del delito de despojo es el relativo a la invasión de predios, el cual puede incluir la modalidad de violencia, ya sea física o por amenazas", explica Juan Pablo Aguirre Quezada, el autor.
Ya en el lustro 2015-2020, el despojo había ido incrementando progresivamente en el Edomex "con una alarmante subida" en 2017 (3 mil 514) respecto al año inmediato anterior (mil 923).
¿Cómo denunciar el delito de despojo?
De acuerdo con el artículo 308 del Código Penal del Estado de México comete el delito de despojo:
I. El que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, y
II. El que de propia autoridad ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos que la ley no le permita, por hallarse en poder de otras personas, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante.
En el Edomex, existe la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal cuando existe denuncia por invasión de metros cuadrados de terreno del vecino con una construcción, por ejemplo.
Y para que no se tenga que demoler parte de la vivienda, se puede acudir a la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa y/o la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México más cercana al domicilio para poder llegar a un acuerdo benéfico para ambas partes.
Ahora, si se está cometiendo despojo, se pueden denunciar los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México más cercano al domicilio, que a través de las Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa reciben las denuncias de delitos considerados no graves y que pueden solucionarse mediante voluntad de las partes para llegar a un acuerdo de reparación de daño.
También se puede llamar al Centro de Atención Telefónica en el 800 7028 770, de igual manera mediante el Sistema de Denuncia Vía Internet (SIDEVIT) en el sitio web pre denuncia en línea en la página de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: https://fgjem.edomex.gob.mx/pre-denuncia-en-linea o bien se podrá acudir al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México a efecto de llegar a una mediación o conciliación benéfica para las partes, para más información se puede ingresar a la página: http://centromediacion.pjedomex.gob.mx/conciliacion/vista/index.php?#
Con el mismo modus operandi denunciado en Oaxaca, unas mujeres adultas mayores denunciaron ante la Fiscalía de Nuevo León un intento de despojo de un predio en Santa Catarina.
Unas adultas mayores han enfrentado desde 2022 a una red de despojo de propiedades en Nuevo León.
Al igual que en el modus operandi detectado en Oaxaca, miembros de notarías públicas, del Instituto Catastral, de la Fiscalía estatal y del poder judicial estatal, son acusados de participar.
La Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación (711/2023) tras la denuncia relacionada con el intento de despojo de su terreno, que las adultas mayores poseen escriturado desde 1947.
Está ubicado en el municipio de Santa Catarina, cerca del río del mismo nombre y frente a los cerros de la Huasteca, cuyas áreas verdes aumentan la plusvalía del sitio.
Al predio le faltaba la expedición del expediente catastral para culminar una compraventa, lo cual se abordó en una reunión con el Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera (Morena, antes PAN), quien posteriormente les notificó que el predio ya se había vendido a una tercera persona.
En vísperas navideñas de 2023, una llamada telefónica de vecinos les advirtió que gente estaba rompiendo la malla perimetral del predio en Santa Catarina con una supuesta orden judicial.
Fue la Jueza del Juzgado Segundo Civil Oral del Primer Distrito Judicial (a nivel local), Cinthia Nallely Sierra Vega, quien admitió a trámite esa supuesta “terminación de arrendamiento” para desalojar.
“Aun así teniendo la posesión del inmueble, el 15 de diciembre de 2023, nos hablan en la mañana y nos dicen que se está metiendo una gente al terreno y que trae una orden judicial. Se me hizo extraño porque el terreno está en materia penal, no en civil. Habíamos denunciado previamente a esto, la cuestión del supuesto expediente catastral con documento falso. Hablé a la Fiscalía de Nuevo León para ver si eran ellos los del desalojo, pero no eran ellos. Al llegar al predio, ya se había ejecutado la orden de desalojo. Nos dejaron una hoja que decía que era un ‘juicio de terminación de arrendamiento’ entre una persona física y una persona moral. Se hizo el desalojo forzoso y le entregaron la posesión a la persona con la que fuimos a hablar (prestanombres), ¡que dijo que ya lo tenía vendido! ¿Qué está pasando?, ¿cómo se metieron, cómo hicieron eso?”, cuestionó el abogado de las víctimas, Israel Martínez.
Aunque acudieron al juzgado donde despacha la jueza local referida, les dijo que el procedimiento jurídico ya estaba hecho y “que no era su problema”. Ni siquiera la nomenclatura del predio la tenían correcta, observó el abogado.
Ante ello, solicitaron a un Juez de Distrito un juicio de amparo contra el intento de despojo (587/2023), del cual obtuvieron una suspensión definitiva que ordena que se les regrese el predio en Santa Catarina mientras culmina el juicio.
Las órdenes de arriba
La Fiscalía de Nuevo León notificó a la defensoría legal que tenían “órdenes de arriba” de soltar el caso de despojo del predio en Santa Catarina, compartió el abogado Israel Martínez.
“Una vez asegurado el inmueble a favor de nosotros, a la semana nos habla el Fiscal y nos dice: ‘oigan, acaban de hablarme de arriba, que ya no me meta en el asunto, lo va a tomar otro Fiscal y le van a echar todo para atrás ustedes, y van contra ustedes porque vienen órdenes de arriba, que ya se metieron los grandes’. Así nos dijeron. ‘Así son las órdenes, así aquí se maneja’. Fueron a cabildear el asunto los del despacho del hermano del Alcalde (de Monterrey, Adrián de la Garza), Filiberto de la Garza”, compartió el litigante.
El área de comunicación social de la Alcaldía de Monterrey aseguró que una vez publicado este texto emitirían un comentario al respecto.
Posterior a la llamada, la Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación de supuesta falsificación de identidad (407/2024), “igual que con (Alejandro) Murat, nos están alegando que nosotros no somos los propietarios porque no aparecemos en el intestado de nuestras clientas. Nos quitó el carácter de víctimas”.
A lo largo de esta lucha jurídica que comenzó en 2022, las adultas mayores y la defensa legal han recibido amenazas e intimidaciones en persona y por redes sociales.
“(Mis clientas) están desesperadas. No sabemos qué hacer o cómo va acabar esto, ya son amenazas, mensajes por Facebook, llamadas por teléfono que no conocemos. ¿Con quién vas a resguardarte?, ¿con la Fiscalía? Ellos mismos te están quitando el terreno”, dijo.
De marzo de 2021 a julio de 2022, los últimos dos años del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, se acumularon mil 467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca.
El entonces Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022), hoy militante de Morena, tuvo acceso a documentos que señalaban a funcionarios públicos de su administración –con apoyo de jueces de distrito– de despojo de propiedades.
Murat se comprometió a que se investigaría y habría sanciones, pero “solo nos tomó el pelo”, aseguran los hermanos Gómez Conzatti, tres de las miles de víctimas de esta red.
El entonces subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, expuso que de marzo de 2021 a julio de 2022, los últimos dos años del Gobierno de Murat Hinojosa, se acumularon mil 467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca, una entidad donde este delito se ha acelerado en el marco de la gentrificación del Centro Histórico y la zona de playas.
El 14 por ciento de estos casos, dijo, está relacionado con notarios públicos que avalan documentos falsos. Pero, agregó Mejía, también participan funcionarios del Registro Civil, del Registro de la Propiedad y del Instituto Catastral de Oaxaca, así como jueces de distrito.
Imagen: Gobierno federal.
El lunes 17 de febrero un periodista le recordó el caso a la Presidenta Claudia Sheinbaum y le dejó unos documentos sobre un despojo de cinco hectáreas en Tlacolula. “Le das el caso aquí a Adriana para que podamos revisarlo”, respondió la Presidenta. Los hermanos Gómez Conzatti hicieron lo propio con el entonces Gobernador Murat.
“Tuvimos oportunidad a finales del sexenio de la administración pasada de exponerlo, con prueba en mano, al entonces Gobernador y ahora Senador. En esa reunión, el entonces Gobernador viéndonos a la cara, y enfrente de todo su gabinete, afirmó que las personas que habían falsificado esos documentos desde el Registro Civil, es decir, sus servidores públicos, tenían que estar en la cárcel, que no era posible una bajeza de ese tamaño. Simplemente hoy, a cuatro años de haber emprendido esta lucha, no hay un solo servidor público en la cárcel ni ninguna persona particular en la cárcel”, dijo Caleb Gómez Conzatti.
Los documentos mostraron al Gobernador Murat que la red de despojo había alterado desde el Registro Civil y el Registro público de la Propiedad local las identidades de los hermanos para apoderarse de sus propiedades en el Centro Histórico de Oaxaca.
“Él mostraba una sorpresa aparentemente legítima de oír lo que estaba oyendo, de ver y leer las pruebas. En su momento se giraron instrucciones para que el Registro Público de la Propiedad opusiera la situación, aparentemente nos reinscribieron en el Registro Civil porque aceptaban todas estas irregularidades. Sin embargo, me di a la tarea de hacer una solicitud de información para obtener el expediente completo con el que supuestamente nos habían reinscrito de oficio y me encuentro con la sorpresa de que nos habían reinscrito hasta en tanto un juez dijera lo contrario, es decir, nada. Fue una tomada de pelo lo que sucedió. Nos ‘reinscribieron’ para que dejáramos de incomodar al Gobierno en turno con la condición de que los venciéramos en juicio. Por eso continuamos en nuestra batalla legal”, dijo Caleb Gómez.
Imagen: Gobierno federal.
En las mismas fechas en que los hermanos lo denunciaron ante el Gobernador Murat, también desde la conferencia matutina del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador se abordó el caso. El 15 de septiembre de 2022, a dos meses de que concluyera el Gobierno de Alejandro Murat, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, expuso desde Palacio Nacional que esta red estaba conformada por funcionarios públicos coludidos con grupos criminales para despojar inmuebles y luego revenderlos:
“En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, supuestos líderes que intervienen en colusión con servidores públicos y notarios para alterar las escrituras. También esto va acompañado en ocasiones de violencia física, extorsión, amenazas, privación de la libertad e incluso en los casos más extremos, privación de la vida. Una vez que hacen las alteraciones, inscriben las nuevas escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles”, explicó.
Un caso de homicidio para culminar el delito de despojo es el del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique “N”, quien fue asesinado el 13 de septiembre de 2021, de acuerdo con el exsubsecretario Mejía. La propiedad despojada de este Magistrado se ubica a lado de uno de los inmuebles de los hermanos Gómez Conzatti que la misma red pretendía despojarles.
Sin embargo, el ahora Senador Alejandro Murat terminó su gobierno en noviembre de 2022 y, tras no lograr ser el candidato presidencial del PRI en 2024, se acercó a la denominada Cuarta Transformación y hoy milita en Morena.
De acuerdo con el dirigente de Morena Oaxaca, Emmanuel Navarro, Murat insistió en reunirse con el Secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, para tomarse la foto de su afiliación. También logró una foto con la dirigente nacional Luisa Alcalde. Ante los señalamientos, el expriista Murat dijo recientemente a la prensa:
“No tengan la piel tan delgada. No me preocupa nada, mi trayectoria habla por mí mismo”, aseguró. “A mí me han tratado de poca madre aquí en Morena y pa’ atrás ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas”.
El despojo a los hermanos
El caso de los hermanos Gómez Conzatti inició en 2020. Son propietarios de inmuebles en el Centro Histórico de Oaxaca, una zona de alta plusvalía.
El primer paso de esta red de despojo fue eliminar desde el Registro Civil de Oaxaca las actas de nacimiento de los hermanos Herbe, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti, y sustituirlas con datos de personas ya fallecidas. A la par, les inventaron tres identidades nuevas con el apellido López. Con ello, desde el Registro Público de la Propiedad y el Instituto Catastral dejaron de reconocerlos como copropietarios de sus inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Oaxaca, los cuales dieron de alta a nombre de un tercero.
“En el año 2020, nos dimos cuenta que ninguno de los tres hermanos existíamos en el Registro Civil de Oaxaca, nos habían desaparecido de los archivos, del sistema e incluso de la base nacional del registro de nacimiento. Y nos crearon una nueva identidad de apellido López, donde nos cambiaron de papá y de nombre, y con ese nombre (falso) aparecíamos dados de alta en el Registro Nacional de Población, en la base de datos de Oaxaca. Al tiempo que sucedía esto, los inmuebles donde somos copropietarios en el Centro Histórico desaparecían del Registro Público de la Propiedad y del Catastro”, compartió Caleb Gómez.
Uno de los involucrados, señalan los hermanos, es Jorge Alberto Melo Gómez, notario público 135 actualmente residiendo en Italia. La Fiscalía de Oaxaca, bajo la gestión del Fiscal Bernardo Rodríguez, no ha solicitado su extradición pese a las carpetas de investigación existentes. Merlo utilizó el programa de Aristegui Noticias para calumniar en 2023 a los hermanos Gómez Conzatti, a quienes señaló de haber agredido a su familia y dijo estar suspendido como notario público en Oaxaca.
“Jorge Melo aparece como beneficiario de nuestros inmuebles. Uno de los inmuebles, donde ahora el que pretende llamarse dueño es este notario público 135, el inmueble de a lado del Centro Histórico que colinda en más de 100 metros lineales con nuestro predio, a ese propietario (Magistrado Enrique ‘N’) lo asesinan y sacan una carta póstuma donde el Magistrado exculpa de cualquier responsabilidad a este notario público 135. Nosotros hemos aportado los elementos necesarios para la judicialización penal de este notario, sin embargo, tiene un año prófugo en Italia bajo unas omisiones de la Fiscalía del estado”, aseveró Caleb Gómez.
Herbe Gómez, el otro hermano afectado, abundó en que el notario público 135, Jorge Alberto Melo Gómez, era el director del Registro Público de la Propiedad en 2004, el último año de Gobierno de José Murat (1998-2004), padre de Murat Hinojosa; el mismo periodo cuando comenzaron noticias sobre despojo de terrenos y cambios desde el Registro Público de la Propiedad.
“Son los mismos personajes moviéndose en círculos en esas instituciones y haciendo lo mismo por décadas”, observó Herbe.
Los jueces coludidos
Al iniciar una batalla legal en tribunales federales desde 2020, los hermanos Gómez Conzatti cuentan con una sentencia firme donde se condena al Estado de Oaxaca a que los reinscriban en los registros públicos con sus verdaderas identidades.
Sin embargo, parte del modus operandi de la red de despojos en Oaxaca es inventar delitos a las víctimas con apoyo de jueces de distrito con base en las identidades falsas obtenidas en el Registro Civil.
“Al mismo tiempo que te desaparecen del Registro de la Propiedad, del Registro Civil, te abren carpetas de investigación ya prefabricadas por delitos de suplantación de tu propia identidad, por despojo a tus propios inmuebles y supuesto uso de documentos falsos de tus propias actas de nacimiento y de tus propias escrituras. Es decir, hay que sumar también a una Fiscalía de Oaxaca que se presta a la integración de este tipo de carpetas de investigación con documentos falsos. También hay que superar a los jueces. Tenemos una sentencia firme que reconoce nuestra identidad, pero para eso tardamos casi tres años en superar obstáculos de algunos jueces de distrito –que después los protegen cambiándolos de suscripción– que, con toda esta documentación, al mismo coro de las instituciones de Oaxaca, son capaces de resolver que estás queriendo suplantar una identidad; te acusan de dolo, etcétera”, aseguró Caleb Gómez.
Asimismo, además de esta intimidación jurídica, los hermanos también comenzaron a ser blanco de acoso a través de noticias falsas, de gente armada afuera de su casa y demás.
Esta red de despojo de propiedades desde Oaxaca tuvo alcances nacionales al menos desde 2004, el último año de Gobierno del priista José Murat (1998-2004), padre del Senador morenista Alejandro Murat.
“Comienzan a salir muchísimas víctimas a lo largo del país que se quejan que desde Oaxaca los mismos notarios públicos que habíamos señalado, y que han sido señalados por décadas, escrituran inmuebles en la CDMX, Edomex, Morelos, Sinaloa a través de documentos falsos. Este fenómeno social, que es el cártel del despojo, podemos sintetizar que es un mecanismo que se organiza y alinea a las instituciones locales y federales”, aseguró Caleb Gómez.
Por este caso de intento de despojo a sus propiedades, y la lucha e intimidación jurídica durante cuatro años que les ha implicado, Herbe Gómez envió un mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que pertenece al movimiento que le abrió las puertas al expriista Alejandro Murat:
“Quiero hacer un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum de que voltee a ver lo que está sucediendo en el sur, que voltee a ver qué es lo que hicieron estos personajes y que repiense quiénes son los que están integrando su equipo porque ese tipo de personajes realmente no pueden seguir viviendo de la impunidad y del pueblo que gobernaron”, aseveró.
El caso de despojo de propiedades en Oaxaca ya está en manos de la asistencia de Presidencia desde el 17 de febrero.
La excusa que usan las autoridades estatales para iniciar los despojos es que los terrenos salieron del fideicomiso turístico de Nayarit de forma irregular, asegura el empresario Eduardo Valencia.
El empresario inmobiliario Eduardo Valencia Castellanos denunció en Aristegui En Vivo que el actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, junto con la Fiscalía del Estado, presuntamente despoja de sus propiedades privadas a empresarios a través de juicios civiles exprés de primera instancia, como lo hizo en su momento el ex fiscal estatal, Édgar Veytia, procesado por narcotráfico en Estados Unidos.
En la alcaldía Benito Juárez, actuarios, policías y civiles participan en despojos de viviendas contra adultos mayores, para después regularizar el predio y construir edificios, involucrados en la presunta red de corrupción inmobiliaria relacionada con el PAN.
En la alcaldía Benito Juárez, actuarios, policías y civiles participan en despojos de viviendas contra adultos mayores, para después regularizar el predio y construir edificios, involucrados en la presunta red de corrupción inmobiliaria relacionada con el Partido Acción Nacional (PAN).
En un reportaje de La Jornada, el exconsejero de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y habitante de la colonia Álamos, Guillermo Meixueiro, aseguró que el despojo de inmuebles es una “operación muy bien diseñada, como si fuera el crimen organizado”, y sentenció que los adultos mayores son las principales víctimas, en casos que han documentado en su colonia, así como en la Del Valle y Narvarte.
En la Ciudad de México ya no hace falta una sentencia judicial para vaciar una vivienda. Desde 2016 la fiscalía ambiental ganó potestad para investigar las denuncias por despojo de inmuebles en la capital. En múltiples casos ha utilizado ese poder para –sin intervención de un juez– expulsar a los vecinos que habitan dichos inmuebles. Los hace sin permitirles defenderse. Luego puede entregar sus viviendas al capital inmobiliario.
Cuando escuchó las patadas en la puerta se alarmó y miró la hora: pasaba las once de la mañana. Abrió la puerta y dos policías de investigación encapuchados entraron a la sala, apuntando a su mujer y a su hijo. Se metieron al departamento, gritando que de una vez les dijeran dónde estaban las armas, las drogas. Antes que los sacaran de su casa sin explicación, el padre identificó a quien traía la operación a cargo. Vestido de traje y corbata, con un fajo de hojas en un expediente, encaró al agente del Ministerio Público, Juan Carlos Díaz Alamilla, con quien tuvo la siguiente discusión:
Para el abogado oaxaqueño, Caleb Gómez Conzatti, se trata de una “operación de Estado”, de la cual forma parte el notario Jorge Merlo.
Una disputa entre particulares ha puesto en relieve la presunta operación de un supuesto grupo de notarios que presuntamente actúa en contubernio con funcionarios públicos para robarle las propiedades a particulares en el estado, conocida popularmente como “el cártel del despojo”.
Cancún. En Quintana Roo, 345 mil familias enfrentan juicios de desahucio o desposesión, y están en riesgo de perder sus casas por transacciones fraudulentas debido a que los créditos que contrataron son impagables, usureros o anatocistas, denunció el jurista José Luis González Navarro, presidente de la asociación civil “Abogados de Cancún”. En entrevista con La Jornada, el litigante exhortó a quien tenga planes inmediatos para comprar vivienda a buscar la asesoría y orientación de los especialistas en derecho para no ser sorprendidos con créditos impagables o anatocistas (intereses sobre intereses); en el caso de la agrupación que preside, los servicios son gratuitos. Señaló que en 2015, de acuerdo con las cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última década se construyeron más de 345 mil casas “de interés social” en el municipio de Benito Juárez, de las que casi el 50 por ciento se vendieron mediante empréstitos usureros. “En los últimos 10 años se disparó el número de usuarios de créditos hipotecarios; en ese caso, las Udis (unidades de inversión) protegían a los inversionistas y no a los acreditados, y ahora muchos van a quedarse sin casa por los juicios hipotecarios especiales o mercantiles. Hablo de mil 700 familias afectadas”, explicó el abogado. El jurista aclaró que el número de afectados prácticamente se duplica si se habla de los 11 municipios de la entidad; es decir, “estarían en riesgo de perder su patrimonio un mínimo de 345 mil familias, que serían desalojadas en juicios de desahucio o desposesión del inmueble debido a que no pueden pagar los intereses sobre intereses. En ese sentido, González Navarro señaló que actualmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que se supone se encarga de garantizar casas dignas a los mexicanos, es uno de los principales acreedores y presiona para cumplimentar alrededor de 300 desalojos en la entidad contra gente imposibilitada para pagar. José Luis Navarro argumentó que con esos antecedentes, “al menos durante los próximos dos años mucha gente va a perder sus viviendas porque les están cobrando intereses sobre intereses que no pueden pagar, no tienen liquidez debido a los créditos suprime, que se liberaron a cualquier persona, emulando a Estados Unidos. “Los resultados están a la vista: la gente no puede pagar, y lo mismo está sucediendo con los automóviles y terrenos, aunque son menos pero también estoy seguro que conforme pase el tiempo los casos se van a incrementar por la misma razón: la gente no tiene dinero para pagar créditos que se vuelven impagables”, sostuvo el litigante. El jurista dijo que por ley los nuevos compradores de vivienda deben ser acompañados por un abogado al momento de la compraventa, para certificar que no está siendo víctima de un fraude ya sea de una hipotecaria o en la compraventa fraudulenta de una transacción donde no reciban el inmueble, pero sí paguen o el vendedor desaparezca. “En las nuevas transacciones con terrenos o casas, el comprador debe ser asesorado o representado por un abogado; si no es así, y quien vende no está certificado, se cae en el supuesto de un delito de fraude”, de acuerdo con la ley inmobiliaria de Quintana Roo, que advierte que ya no se puede engañar al comprador ofreciéndole créditos que “nada más van a subir conforme al salario mínimo”.
Explicó que el artículo 13 de la Ley estatal de Prestación de Servicios Inmobiliarios faculta a los leguleyos a dar asesoría, consultoría o representación jurídica en la transacción, y los artículos 421 al 425 de la misma legislación, marcan que también pueden llevar a juicio penal a la inmobiliaria que no esté matriculada y a sus asesores que no estén certificados, pues como peritos en leyes tienen que estar presentes para dar certeza al comprador. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CARLOS ÁGUILA ARREOLA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/04/miles-de-familias-en-riesgo-de-perder-sus-hogares-en-qroo
