En el marco del primer año de vigencia de la Ley, cumplido este 26 de junio, las organizaciones señalaron que resulta “sumamente preocupante” la adopción, por parte de la SCJN, de una tesis de jurisprudencia “que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional”.
Agregaron que la misma tesis dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación, la cual normalmente es una confesión.
Por otra parte, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció el febrero pasado “que había adoptado mediante un proceso opaco un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de la tortura”. Mientras la Ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos.
De esta forma, explicaron las organizaciones, “el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación”.
Los colectivos y organizaciones, entre las que se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, agregaron que resulta “cuestionable” la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa Nacional contra la tortura previsto en la Ley General.
Frente a ello, hicieron un llamado a los candidatos a los cargos públicos a comprometerse con la Ley General contra la Tortura y su cumplimiento, así como exigieron a las autoridades estatales y federales adoptar “inmediatamente” acciones encaminadas a erradicar la tortura.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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