En las elecciones federales, las únicas que había organizado directamente el IFE, no había mayores cuestionamientos, pero sí un histórico repunte de los candidatos priistas, quienes recuperaron muchas de las posiciones que habían perdido en la Cámara de Diputados en los comicios de 1988.
La combinación de elecciones estatales muy cuestionadas y el insólito crecimiento tricolor obligó al PRI a acceder a reformar nuevamente la legislación electoral y, entre otras cosas, modificar la conformación del Consejo General del IFE antes de los comicios presidenciales de 1994. El recién nacido IFE no había logrado su objetivo: ganar la confianza ciudadana.
En octubre de 2003, los grupos parlamentarios del PRI y el PAN decidieron excluir al PRD de la negociación para la renovación del Consejo General del IFE, lo cual provocó que la designación de los nueve integrantes del órgano de gobierno del instituto fueran designados con el voto en contra de los partidos de izquierda, que dos años más tarde postularían a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la Presidencia de la República. Como se recordará, aquella campaña fue muy polarizadora, y al final la elección se resolvió con el triunfo de Felipe Calderón por poco más de medio punto porcentual, hecho que dio lugar a un prolongado conflicto poselectoral.
La crisis se había gestado en octubre de 2003, cuando PRI y PAN marginaron al PRD de las negociaciones, pues le habían dado el argumento principal para arremeter contra la institución electoral, precisamente porque desconfiaba de los integrantes de su órgano de gobierno. Hay que reconocer que otros dos factores potenciaron la inconformidad: los errores de la autoridad electoral y el estrecho margen por el que perdió la elección López Obrador. La embestida contra esa autoridad fue la principal razón de la reforma electoral –constitucional y legal– de 2007.
El pasado 30 de septiembre el Consejo General del INE aprobó el nombramiento de 126 consejeros que integrarán los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) de 18 entidades de la republica, que serán los responsables de organizar, entre otras cosas, los procesos de renovación de nueve gubernaturas en elecciones coincidentes con las federales.
Los nombramientos fueron muy cuestionados por los principales partidos de oposición (PAN, PRD y Morena) por considerar que favorecían claramente al PRI y por evidentes problemas surgidos en la mecánica de selección (Proceso 1978); conflictos que llevaron incluso a modificar las propuestas en la misma sesión del Consejo al detectarse que en Tabasco se había incluido a una consejera con vínculos comprobables con el PRI; en Chiapas a una pareja de esposos; en San Luis Potosí a padre e hija… Una muestra más del descuido del proceso de selección.
Con todo, el INE ignoró las protestas de los representantes partidistas y siguió adelante con las designaciones. PAN, PRD y Morena ya advirtieron que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar los nombramientos; pero, más allá del resultado de ello, el conflicto se podría agudizar conforme avance el proceso electoral, y particularmente si en las nueve entidades donde se elegirá gobernador el candidato de alguno de los partidos que hoy se queja de la conformación del órgano local pierde por una diferencia muy estrecha. En esos estados el conflicto poselectoral está asegurado desde este momento.
Las entidades donde se elegirá gobernador son Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. En varias de éstas el PAN, el PRD o ambos partidos, los principales contendientes del PRI, ya hicieron señalamientos específicos; y, sobre todo en los casos de Campeche, Michoacán, Nuevo León y Sonora, la designación no se efectuó por unanimidad: la consejera Pamela San Martín votó en contra por considerar que se estaba violando la ley al haber incluido entre los consejeros a exintegrantes del Servicio Profesional Electoral, lo que está prohibido en la ley. Al menos en tres de esos estados (Michoacán, Nuevo León y Sonora) las elecciones se esperan muy reñidas, con la consecuente posibilidad de que el conflicto se agudice.
Aunque no se hayan hecho señalamientos concretos, todo indica que los comicios en Baja California Sur, Querétaro y San Luis Potosí (donde ya se ha dado doble alternancia), así como en Guerrero, entidad en manos del PRD, tendrán contiendas muy cerradas.
Los consejeros del INE repitieron una y otra vez que en esta ocasión se mantendría una supervisión cercana de la actuación de los organismos estatales, y aun si aquellos cumplieran su promesa, el problema es que sus posibilidades de acción son muy limitadas. Realmente las dos únicas vías que tienen son la de atraer la organización, aunque para ello requieren implementar un procedimiento especial y el voto de 8 de los 11 consejeros electorales, lo cual será casi imposible de conseguir pues el bloque priista está conformado por cuatro consejeros, con que prácticamente cancelan la opción. Todavía más difícil sería establecer y concretar un mecanismo de remoción de alguno de los consejeros recién designados.
Y la gran diferencia con 1991 es que ahora es la misma institución la que organiza las elecciones federales y estatales, y que la votación se emitirá un una casilla única, en el mismo local y con los mismos funcionarios de casilla, por lo cual las irregularidades y/o ilegalidades automáticamente contaminarán las dos elecciones.
Por las intervenciones de los consejeros del Poder Legislativo del PAN (Javier Corral) y el PRD (Guadalupe Acosta Naranjo) en la sesión del Consejo del INE, es evidente que los dos partidos (o al menos los dos representantes) están arrepentidos de la creación de éste. Si el proceso electoral del próximo año se complica al menos en uno de los estados donde se renovará gobernador, las posibilidades de una nueva reforma electoral que cree otra institución electoral se multiplicarán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
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