La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue notificada oficialmente por la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos, posiblemente implicados en el Caso Ayotzinapa.

Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, quienes estuvieron de guardia cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero.

El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo los 20 militares.

La Fiscalía de Guanajuato informó que capturó al presunto asesino de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya.

A través de un video compartido en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato muestra a dos elementos de seguridad llevar esposado a otro hombre.

Tras 12 horas de audiencia, un juez federal vinculó a proceso a 164 presuntos integrantes del grupo Pueblos Unidos detenidos el pasado 13 de agosto, cuando intentaban irrumpir en los municipios de Uruapan y Parangaricutiro, Michoacán.

Los implicados fueron vinculados a proceso a una semana de que personal de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional los detuvieran en la comunidad de Tiamba, en Uruapan.

El 30 de septiembre de 2014, mandos del Ejército mexicano registraron una llamada anónima que se recibió en el número de emergencia 089 que coordina el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), donde se informó acerca de la ubicación de un grupo de normalistas de Ayotzinapa que habían sido trasladados a una bodega ubicada en la colonia Pueblo Viejo, al poniente de la ciudad de Iguala. 

No obstante, fue hasta el 2 de octubre de ese entonces cuando la información fue considerada como “urgente” por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es decir, dos días después de haber recibido los datos sobre la posible ubicación de seis normalistas que presuntamente estaban con vida, advierte el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

El hecho de que el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch aparezca en el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los personajes que participaron en el cónclave para inventar la "verdad histórica" de Jesús Murillo Karam, no quiere decir que sea responsable de ese ilícito, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el fraccionamiento Praderas del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, unos sicarios entraron a la cochera de una casa y abrieron fuego contra las personas que estaban en una fiesta familiar, reportaron policías municipales del Distrito Valle.

El saldo fue tres hombres muertos y una mujer reportada en estado grave.

El 26 de octubre de 2016, Ángel Armando López llegó a la colonia Inmecafé de Xalapa, Veracruz, buscando la calle Tapachula del fraccionamiento Ánimas Indeco. Tenía la misión de notificar a la empresa Adso de México que el gobierno de Veracruz había decidido rescindir el contrato por más de 37 millones de pesos que en 2014 le había otorgado la Secretaría de Desarrollo Social del estado por la compra de material para atender un programa de mejora de techos para población vulnerable. La empresa nunca entregó el material, de acuerdo con los archivos de la dependencia.

El periodista Fredid Román Román fue asesinado la tarde de este lunes en Chilpancingo, Guerrero, dentro de su vehículo, en la calle Valerio Trujano, colonia Nicolás Bravo, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero ya se inició una carpeta de investigación por el homicidio.

Antoni Gutiérrez-Rubí, el asesor de comunicación catalán que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia en junio pasado, se sumará al equipo de Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura de Morena para el 2024.

De acuerdo con el diario El País, el analista y consultor le confirmó que trabajará en el área de comunicación de la mandataria capitalina, aunque no dio más detalles sobre su papel.

El grupo político de Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), encargado del Tren Maya, se pronunció este domingo por la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y no por su paisano y secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

El anunció lo hizo la diputada federal Lorena Méndez Denis, acompañada de destacados políticos morenistas, identificados con el grupo de May Rodríguez, entre ellos, José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano del presidente de la República.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, quien dijo, es un “hombre íntegro” y se quedará al frente de la dependencia, luego de que fue señalado como participante en la construcción de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.

El exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, sí aparece en los informes y dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el caso conocido como “La Estafa Maestra”, aseguró el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de la extitular de las dependencias, Rosario Robles Berlanga.

Los asistentes a la Segunda Convención Nacional Morenista acordaron este domingo desconocer a la cúpula del partido, por lo que pidieron la renuncia inmediata del presidente nacional Mario Delgado, la secretaria general, Citlalli Hernández y la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján.

Lo anterior, “por traicionar los principios fundacionales” del movimiento de “no mentir, no robar y no traicionar”.

El informe que presentó la semana pasada la Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 normalistas Ayotzinapa no solicita que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto o al General Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario fue abordado por miembros de la prensa sobre el caso y sobre quiénes habrían sido los funcionarios que supuestamente participaron en los hechos. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal sólo contestó que en la investigación “se mencionan a muchos”, aunque descartó a Peña Nieto y a Cienfuegos.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, rechazó, una vez más, haber participado en la reunión supuestamente organizada por el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino calificó de “absurda” la versión que lo nombra a él como uno de los que participó en la reunión realizada el 7 de octubre de 2014, en Iguala, Guerrero, entidad en la que entonces había estado a cargo de la Policía Federal.

Un Juez de amparo concedió una suspensión de plano a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para que reciba la atención médica necesaria, se garantice su integridad física y su vida, y se evite que esté incomunicado durante su permanencia en el Reclusorio Norte.

El Juez del Juzgado Segundo de Distrito de Amaro en Material Penal de la Ciudad de México, Antonio González García, fue la autoridad judicial que admitió que se tramitara la demanda de garantías para el exprocurador detenido el pasado viernes.

Comuneros wixaritari de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco, fueron amenazados por el cacique José Flores Sánchez y comisario municipal Cayetano Aguilar Quiñones, quienes irrumpieron en las obras del espacio cultural tepehuano y alegaron que el predio era de su propiedad.

La comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán denunció que los dos agresores llegaron al predio comunal y preguntaron a los comuneros por qué trabajaban en sus terrenos, a lo que ellos respondieron que acudiera al tribunal agrario si creía tener algún derecho sobre el lugar, el cual, aseguró, «pertenece a nuestra comunidad e incluso está en la cabecera comunal». La respuesta del cacique fue «esto no se arregla con tribunales, se arregla levantando y secuestrando».

La imputación por desaparición forzada de personas en contra del exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, es por desviar las líneas de investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, obstaculizando su localización, y por la fabricación de la llamada “verdad histórica” con el uso de declaraciones obtenidas bajo tortura en contra de cuatro detenidos, afirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

El informe con conclusiones preliminares de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, hecho público el pasado 18 de agosto, revela conversaciones telefónicas entre un militar de alto rango identificado como Coronel, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y elementos de élite de la policía municipal de Iguala –conocidos como Los Bélicos– revelan que algunos de los 43 normalistas rurales desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron llevados al 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en Iguala, Guerrero.

Los mensajes se refieren a la privación de la libertad de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, así como a la desaparición de los mismos. El informe da cuenta de las conversaciones durante las horas críticas y los días posteriores a este crimen de Estado, como lo ha calificado ya, oficialmente, el gobierno de México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí utilizó el malware Pegasus para espiar a integrantes del cártel Guerreros Unidos antes, durante y después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos –ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014–, confirma el informe con conclusiones preliminares que la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentó el pasado 18 de agosto. Asimismo, descubre que también eran espiados los policías de élite de Iguala conocidos como Los Bélicos y también algunos normalistas rurales.

En el documento se lee que dicha Comisión tuvo acceso a más de 17 mil documentos de archivos de la Sedena en las regiones, zonas y batallones militares en Guerrero y su área de inteligencia. Entre éstos, se destaca la identificación de “dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales”.